Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 29 de mayo de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Indocumentados y discriminación
La responsabilidad de la sociedad y las autoridades en estos fenómenos es insoslayable
Colaborador Invitado
(29 mayo 2011).- Ricardo Bucio Mújica
Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Imagine que un grupo de personas entra en su vecindario sin violencia para vivir varios días ahí. No se nos ocurriría que la situación no nos incumbe, o que sólo es tema de quién es responsable de la seguridad, pues no es así. Su estancia involucra muchos aspectos de la vida común. O imagine que usted, quizá en búsqueda de su familia o por necesidad extrema, es quien debe hacerlo sabiendo que implica grandes riesgos.
La indiferencia y la desigualdad de trato a quienes migran en México de forma indocumentada, o el rechazo y agresión expresa, son expresiones de racismo y xenofobia, motivadas por miedos, prejuicios, sensación de amenaza o inseguridad, falta de comprensión de la situación, o de la debilidad del Estado de Derecho.
Es sabido que en México las personas migrantes indocumentadas se han enfrentado a diversos tipos de riesgos durante décadas, incluida la posible pérdida de la vida y de la integridad personal. Estos riesgos, sin embargo, se han incrementado debido a los cambios en las dinámicas y actividades del crimen organizado, en un contexto dentro del cual se han desarrollado condiciones para que las y los migrantes sean víctimas de extorsión, trata, tráfico y explotación.
Las personas migrantes indocumentadas quedan seriamente expuestas al maltrato, robo, violencia física y abuso y, debido a la necesidad intrínseca de ser invisible mientras se emigra, pierden de facto la posibilidad de acercarse a las autoridades para denunciar, solicitar ayuda y exigir protección. En pocas palabras, pierden la posibilidad de exigir lo que por derecho les corresponde en lo más fundamental: protección y trato digno.
En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 se identificó a las y los migrantes indocumentados como uno de los sectores de población a quienes menos se respetan sus derechos. Una tercera parte de la población opinó que los derechos de las personas migrantes centroamericanas no se respetan nada y sólo una de cada diez piensa que se respetan mucho.
Hoy día quienes migran sin documentos enfrentan estereotipos históricos muy ligados a su pobreza, uno de los principales -o el principal- motivos por lo que se discrimina en México. La pobreza del migrante se puede asumir a priori como alguna forma de delincuencia, o su vulnerabilidad es tal que se abusa de las mujeres, o asumir que si se les emplea como trabajadoras del hogar, sus condiciones pueden ser de explotación y negación de derechos y que de cualquier manera estarán mejor que antes.
Uno de los grandes retos del Estado es lograr la protección de los derechos de las personas migrantes indocumentadas en igualdad de condiciones, lo que requiere que las políticas públicas y la legislación vigente que atiende o debiera atender a las personas migrantes indocumentadas sean diseñadas y aplicadas integralmente, no sólo como si se dirigieran a personas de origen mexicano, sino que, considerando una situación particular de desigualdad y de vulnerabilidad, se apliquen medidas especiales que permitan un acceso real a la igualdad de derechos y que den efecto práctico a lo que la ley establece en forma.
Los problemas de la migración deben ser planteados claramente y en todas sus dimensiones para que las soluciones del Estado, en todos los órdenes y Poderes, sean comprensivas y diseñadas atendiendo a la particularidad de un fenómeno que involucra, directa o indirectamente, a todas las personas. Esto implica una tarea de coordinación que se refleje en una estrategia integral de atención y protección de los derechos de las y los migrantes, que fue una de las preocupaciones de las y los expertos del Comité de Protección de todos los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares del Sistema de las Naciones Unidas durante la última sustentación del Estado Mexicano llevada a cabo en abril del presente año.
Si esto se logra hacer, estaríamos en el camino para cumplir las múltiples obligaciones que nos plantean los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las reiteradas recomendaciones de los órganos de protección del Sistema de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos que, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía estamos lejos de cumplir.
Se requiere de una sensibilidad para tratar a quien teme, con razón, ser abusado y violentado en sus derechos más fundamentales, a quien ha dejado todo por lograr realizar sus planes de vida -enfrentando riesgos que sólo se explican por la situación de la cual provienen-. No hay justificación alguna para el maltrato y menosprecio de nadie, nacional o extranjero; no hay legitimidad ni legalidad en la violación de ningún derecho en contra de ninguna persona.
Twitter: @ricardobucio
Migración: tragedia con complicidad oficial
Reportaje Abusos, corrupción y muerte. El descubrimiento de fosas clandestinas, el "aseguramiento" de migrantes por centenares y la limpia en el INM ponen al descubierto un drama humanitario advertido desde 2009 por la CNDH y ONG
Jésica Zermeño
(29 mayo 2011).- El padre Pedro Pantoja, director de Belén, Posada del Migrante, sintetiza su presente en una frase: "vivimos una situación ya no solamente de riesgo, sino de terror. Estamos emboscados".
El albergue que dirige está situado en Saltillo, Coahuila, donde convergen los ramales de las rutas ferroviarias para Reynosa, Laredo, Piedras Negras y Ciudad Juárez. Para la frontera. Por ahí pasan los trenes de la Kansas City Southern de México y el Grupo Ferroviario Mexicano, cuyos vagones son todavía el transporte más utilizado por migrantes indocumentados, principalmente centroamericanos, que sueñan con llegar a Estados Unidos. Según el secretario de Gobernación, Francisco Blake, el año pasado fueron 140 mil. Organizaciones No Gubernamentales y especialistas en el tema calculan que podrían ser más de 250 mil personas las que cruzan el país sin papeles cada año.
La posada atiende diariamente a 80 migrantes y, de unos meses para acá, la mayoría de los que tocan sus puertas son los que sobrevivieron a un secuestro, los afortunados que lograron escapar de una de tantas "casas de seguridad" diseminadas principalmente en el noreste del país donde estuvieron días, semanas o meses siendo torturados, violadas las mujeres, algunos obligados a comer carne humana de sus propios compañeros de tragedia. Son algunos de los que han podido contar el horror que vivieron.
"Las historias que nosotros tenemos son de un terror profundo. ¿Dónde existirá una terapia para sanar a una muchacha que fue abusada tres meses diariamente por todos los jefes? ¿O el otro que vivió todos los tormentos, desnudo, y ver cómo le mochaban la mano a uno, cómo le daban un tiro en la cabeza al otro? No hay salud mental. Desde que se descubrió la primera fosa en San Fernando, desde que nos enteramos de ese primer holocausto, no se ha hecho absolutamente nada, y el crimen sigue funcionando como si nada. Nosotros dijimos 'es el principio' y siguieron las otras fosas, las de Durango. Aquí en Coahuila también tenemos, nada más que se hacen patos y dicen que nada pasa.
"Cuando nosotros estuvimos en Washington para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el estado de los secuestros de migrantes, el Estado contestó que éramos exagerados, y que eso no era tan científico. Que lo que nosotros decíamos estaba basado más bien en parámetros sentimentales. Eso fue, es y ha sido una complicidad espantosa", asegura el padre, quien recibe constantemente amenazas en su teléfono celular, principalmente en la madrugada.
La visita a Washington ocurrió el 22 de marzo de 2010. Con el primer informe sobre secuestros de migrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la mano -que documenta 198 secuestros masivos entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, 9 mil 758 migrantes plagiados-, se presentaron junto con Pantoja el obispo Raúl Vera, de la Diócesis de Saltillo, y el padre Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca. Estuvieron también activistas y representantes de ONG.
Hoy, 14 meses después, 473 cuerpos presumiblemente de migrantes han sido encontrados tan sólo en dos entidades (Tamaulipas y Durango). Los 72 de agosto hallados muertos en un rancho en San Fernando (guatemaltecos, ecuatorianos, brasileños, hondureños, salvadoreños e indios) y, tras esa masacre que conmovió al mundo, fueron encontrados 401 cuerpos más en 46 fosas. De éstos, sólo una veintena han sido reconocidos gracias a las pruebas de ADN, y también eran migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos, según han relatado sus familiares, pero guanajuatenses, queretanos, mexiquenses, tlaxcaltecas... Los mexicanos ya están entre las víctimas.
La Cancillería de Guatemala asegura que por lo menos 99 guatemaltecos han desaparecido en territorio azteca. La Asociación Red de Migrantes y Familiares de Honduras ha documentado la desaparición de 800 migrantes hondureños en la última década. La CNDH cuenta con el registro de la desaparición de 5 mil 397 mexicanos desde el 2006. Imposible determinar cuántos de ellos han desaparecido en su camino hacia Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha cambiado de parecer. El problema ya no es una percepción. "Las cosas están funcionando mal", dijo el presidente Felipe Calderón el pasado 24 de mayo, al promulgar la nueva Ley de Migración, en Los Pinos. Fueron removidos siete de los delegados estatales del Instituto Nacional de Migración y se anunció la rotación de mandos para evitar que se corrompan.
Sin embargo, los plagios siguen y las medidas adoptadas son calificadas por activistas, responsables de albergues y académicos como insuficientes a todas luces. Todo sigue igual, dicen.
Las causas
El plagio masivo de migrantes es el ejemplo más acabado, y macabro, de cómo la industria del tráfico de indocumentados hacia Estados Unidos se ha sofisticado en los últimos 20 años con la complicidad de autoridades.
La evolución de esta industria ilegal comenzó en la década de los noventa, cuando Estados Unidos se volvió cada vez menos tolerante con los flujos de migrantes sin papeles e implementó medidas para pararlos.
La militarización de la frontera se inició en 1993, y estuvo enfocada en cerrar los pasos más importantes de migración indocumentada en esa época a través de operativos policiacos y el incremento de agentes de la Patrulla Fronteriza. Entre 1993 y 1997 se pusieron en marcha cuatro operativos: Blockade (El Paso), Gatekeeper (San Diego), Safeguard (sur de Arizona) y Río Grande (sur de Texas). Para 2002, la Patrulla Fronteriza contaba ya con 10 mil 221 elementos, 135 por ciento más que en 1993, cuando tenía 4 mil 337 agentes para cuidar 3 mil
Además, fue construida una triple barda de
El atentado contra las Torres Gemelas en septiembre de 2001 recrudeció todavía más el panorama para los que querían entrar ilegalmente a Estados Unidos. Desde el ataque, tanto en las políticas gubernamentales como en las calles, un migrante es sinónimo de terrorista.
Estos controles, más la crisis económica que inició en 2008, han resultado efectivos para el gobierno estadounidense. De acuerdo con los últimos datos de la Patrulla Fronteriza, entre 1999 y 2010 las detenciones de migrantes indocumentados se redujeron en 70 por ciento, al pasar de un millón 579 mil detenciones a tan sólo 463 mil 382.
En México también se ha reducido notablemente el número de migrantes deportados por el Instituto Nacional de Migración desde el inicio del sexenio. La cifra pasó de 211 mil personas en
José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, señala que la migración centroamericana en México no decreció durante la recesión económica, por lo que no puede atribuirse a eso la reducción de migrantes devueltos, tampoco a la acción del INM, sino a la corrupción del organismo.
"Uno de los factores que no está presente en el lado de Estados Unidos es el factor de corrupción de algunas autoridades gubernamentales. La corrupción estaría ocasionando que estos migrantes, al ser detectados, en vez de ser repatriados a sus países, optaran por alguna forma de quedarse en el lado mexicano y seguir su camino a Estados Unidos, que es atractivo económicamente no obstante la mala situación económica.
"Desafortunadamente, ya se ha comprobado que en algunas detenciones los migrantes son canalizados a grupos criminales. Esta situación refleja un nivel de impunidad nunca antes dado a conocer públicamente", explica.
Para Rodolfo Casillas, especialista en migración y académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la reducción en las deportaciones es consecuencia de la ineficiencia e inestabilidad del personal del INM que entró con el nuevo gobierno en 2006 (con la panista Cecilia Romero a la cabeza), pero también de la sofisticación de la industria de las redes de tráfico de indocumentados y la incursión del crimen organizado de lleno en el negocio de la migración, con los secuestros.
"No hay razones verificables para decir que el flujo centroamericano disminuyó a consecuencia de una política exitosa del INM, y sí hay razones sociales, y hasta climáticas (inundaciones que dañaron el sistema ferroviario de Tapachula), para decir que se presentaron cambios en rutas, modus operandi y actores relacionados con la migración indocumentada. Si no hubiera habido una fuerte demanda de migrantes por apoyo, no hubiera florecido el mercado de servicios paralelos, como el envío de remesas para la transmigración y, lo más contundente, la incursión del crimen organizado en el nuevo nicho de mercado delictivo, el de los migrantes", asegura.
Negocio sofisticado
Para Casillas, las restricciones impuestas por Estados Unidos a la migración en los años noventa no pararon los flujos migratorios, sólo hicieron más costoso el "servicio" de coyotaje y engrosaron el poder de las redes de tráfico de extranjeros indocumentados. La industria se consolidó.
"México empieza a coordinar sus políticas migratorias desde los años noventa en la misma lógica que Estados Unidos. Algo que va a ocurrir de manera inmediata es el florecimiento de las agencias de tráfico de personas, el incremento de los costos, y empiezan a diversificarse los servicios. Ante el endurecimiento de las medidas, un coyote empieza a ofrecer paquetes con más de un intento de paso, se dan pagos en partes, se empiezan a buscar formas de compensar por la dificultad del paso, para que el mercado fluya. La industria comenzó un proceso de sofisticación", explica.
Mientras que a mediados de los noventa un centroamericano podía pasar a Estados Unidos por 500 dólares, los 502 migrantes ocultos en dos tráileres que fueron encontrados en una carretera de Chiapas el pasado 17 de mayo tuvieron que pagar entre 5 mil y 7 mil dólares por el servicio a los polleros.
Casillas asegura que este ensanchamiento de la industria del tráfico de indocumentados tuvo un caldo de cultivo fértil, principalmente en la frontera sur: una sociedad que se aprovechó desde el principio de los indocumentados, los que cobraban más a un extranjero sin papeles que a un nacional por los mismos alimentos, la misma cama para dormir, el mismo transporte. Luego, fue el robo de pertenencias y dinero por parte de grupos delincuenciales locales.
Un detonante fundamental para el inicio del secuestro de migrantes fue la expansión de Western Union, empresa estadounidense de envío de dinero express con servicio los 365 días del año. Cuando se asoció con Elektra, la cadena de tiendas de Grupo Salinas, en 1994, la cadena estadounidense estimaba atender un mercado de mil millones de dólares anuales en envío de remesas EU-México.
Mientras más peligros hay para los migrantes más se utiliza el servicio de envío de dinero. Sus familiares enviaban recursos por tramos para que, en caso de ser asaltados, no les robaran todo. Hoy, ese servicio, que cuenta con 15 mil 600 empleados en México, es el medio más utilizado por la delincuencia organizada para el cobro de rescates. Ninguna autoridad los ha auditado.
"Fue en el 2004 o 2005 cuando empezamos a tener noticias de los primeros secuestros exprés, exclusivamente para migrantes centroamericanos. En 24, 48 horas negociaban el rescate vía Western Union y soltaban a la persona. El secuestro exprés es la evolución del robo en la calle, en las vías del tren, en la estación de autobuses, y está dirigido por el crimen organizado hoy. Y todo eso pasó con la complicidad de las autoridades.
"Ese secuestro exprés lo practican dos, tres años cuando mucho, y se dan cuenta que es una mina de oro. Y es entonces cuando empiezan a hacer secuestros en masa. Ya no agarran a dos o tres, sino que empiezan a agarrar a 20, 40,
El académico asegura que si bien todavía no hay una explicación lógica para los horrores encontrados en Tamaulipas y Durango, lo que es claro gracias a los testimonios de migrantes sobrevivientes es que Los Zetas, en su afán por hacerse de una base territorial -son la única organización delictiva que no la tiene-, han logrado mimetizarse con las redes delincuenciales locales, por eso conocen tan bien el terreno, y han reclutado a su paso, de manera voluntaria o no, a muchos que están fuera de la estructura criminal, como boleteros en las centrales de autobuses, choferes, taxistas y policías de todo tipo, incluidos agentes de Migración.
"Los Zetas no tratan de desplazar a los polleros, lo que ellos tratan es de subordinar a la estructura de los polleros para que les paguen a ellos un monto por hacer su actividad.
"Ya en este momento también los migrantes mexicanos están siendo objeto de secuestros y asesinatos. Por una lógica que ya no es la lógica racional, la de 'o estás conmigo o no', por eso detienen a un autobús y bajan sólo a los hombres, entre los adolescentes y los adultos. 'Si yo te dejo pasar de este municipio que yo controlo, el siguiente municipio lo controla mi contrario y él te va a forzar a que entres a sus filas. Potencialmente tú eres un enemigo. Por lo tanto o yo busco la manera de presionarte o forzarte, o si no le entras de manera preventiva, mejor te mato'. La otra lógica, tristemente, es ver quién es el más feroz, el que más mata, para intimidar a los contrarios. Yo sé, son explicaciones sin lógica", comenta.
Antesala del primer mundo
Otra explicación la da José María Ramos, del Colef: lo sucedido en San Fernando es una lucha entre Zetas y bandas delincuenciales que manejaban el tráfico de migrantes anteriormente, para ver quién se queda con el negocio.
La sofisticación de la industria es tal que cada vez se utilizan más documentos legales para pasar migrantes por los cruces legales, con un costo que oscila entre 20 mil y 30 mil dólares. Incluso, en noviembre pasado 48 migrantes centroamericanos fueron detenidos en Guanajuato mientras viajaban en un autobús turístico; todos tenían credenciales de elector apócrifas.
Ya ni siquiera hay redes de tráfico especializadas por nacionalidad. En un grupo de migrantes asegurados lo mismo se encuentra un guatemalteco que un indio o un nepalés. "Ante las revueltas en África y el endurecimiento de las políticas migratorias europeas, México se ha convertido en la antesala del mundo de los flujos indocumentados para ingresar al primer mundo", sentencia Casillas.
El padre Solalinde describe los rasgos de sofisticación del plagio de migrantes que ve todos los días en el albergue oaxaqueño que dirige. Antes, si un migrante era detenido por los delincuentes y no tenía dinero era soltado. Hoy su cuerpo es el ejemplo de lo que puede pasarles a los que no cooperen (desde apagarle un cigarro en la piel hasta la muerte). Se utiliza a las mujeres en las casas de seguridad como botín sexual, para el aseo y para lavar la ropa de los sicarios.
"Todos son explotados, todos dejan una ganancia. Si esto continúa como hasta ahora, con la complicidad total de las autoridades, que sabían desde hace muchos años de esto, y enviando a Policías Federales que parecen Robocops a detener a migrantes que sólo traen su mochila, totalmente empobrecidos, que no nos asombre encontrar más fosas. Lo he dicho y lo repito: lo que pasa con los migrantes en este país es un holocausto. Y ya no pasa sólo con los extranjeros, como cuando empecé mi labor. Ahora los muertos también son mexicanos. ¿Cuántos muertos tiene que haber más para que actúen", dice Solalinde.
De San Fernando a... San Fernando
Principales hechos ocurridos a partir del hallazgo de 72 migrantes ejecutados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas.
2010
Agosto 24. Son encontrados los cuerpos de 72 migrantes en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, de diversas nacionalidades (guatemaltecos, ecuatorianos, brasileños, hondureños y salvadoreños).
Agosto
31 La Secretaría de Gobernación y la CNDH presentan, junto con la PGR, la SSP y el Gabinete de Seguridad Nacional, la Estrategia Integral para la Prevención y Combate del Secuestro de Migrantes.
Septiembre
7 Agentes del INM detienen en dos operativos distintos a 86 migrantes cuando viajaban por el estado de Sonora, 50 viajaban en un autobús en el tramo carretero Hermosillo-Pesqueira y 36 fueron asegurados en el interior de un camión de carga. Eran guatemaltecos, dominicanos y salvadoreños.
14 Cecilia Romero deja de ser comisionada del Instituto Nacional de Migración para buscar la dirigencia nacional del PAN, negando cualquier responsabilidad en la masacre de San Fernando.
24 Son aseguradas 67 personas de Guatemala, Honduras y El Salvador en el municipio de Las Rosas, Chiapas.
Octubre
7 Salvador Beltrán del Río es nombrado nuevo comisionado del INM.
Noviembre
6 Son asegurados 48 migrantes guatemaltecos y salvadoreños cuando viajaban en un autobús turístico en Guanajuato.
20 En tres operativos distintos, son asegurados 58 centroamericanos en Hidalgo y Oaxaca.
25 Son asegurados 104 migrantes en Chahuites, Oaxaca. Entre los detenidos se encuentran guatemaltecos, salvadoreños, indios, un ecuatoriano, un hondureño y un nicaragüense.
27 El INM y la Policía Federal aseguran a 125 personas indocumentadas que viajaban a bordo de 27 vagones del tren que pasa por la región. Entre los detenidos había guatemaltecos, salvadoreños, un nepalí y 13 hondureños.
Diciembre
8 Cecilia Romero pierde la dirigencia nacional del PAN, pero es designada secretaria general del partido.
9 Es presentada la iniciativa de Ley de Migración en el Senado.
10 Son asegurados en distintos operativos 138 migrantes centroamericanos cerca en las inmediaciones de Ixtepec, Oaxaca.
16 Son secuestrados al menos 40 migrantes en Arriaga, Chiapas, que viajaban en un tren de carga con destino a Ixtepec, Oaxaca. El INM niega el hecho. Días después, El Salvador, Guatemala y Honduras piden a México investigar el plagio.
17 Son asegurados 92 migrantes que viajaban a bordo del ferrocarril en la zona del Itsmo, en Oaxaca. Entre los detenidos había guatemaltecos, hondureños y un salvadoreño.
Amnistía Internacional demanda en una carta abierta al presidente Felipe Calderón impulsar medidas para proteger de manera efectiva a los migrantes extranjeros en México, y llevar ante la justicia a quienes cometan abusos contra ellos.
27 El comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, reconoce que ha recibido la denuncia de 222 supuestos plagios de centroamericanos indocumentados durante 2010.
2011
Enero
7-8 Activistas e integrantes de ONG mexicanas y centroamericanas llevan a cabo la caravana "Paso a paso hacia la paz" en Chiapas y Oaxaca, exigen a las autoridades mexicanas proteger a los migrantes en su paso por el país.
27 Son descubiertos 219 migrantes indocumentados provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Sri Lanka y Nepal en un tráiler que viajaba en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez.
Febrero
22 El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, da a conocer el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México 2011: 11 mil 333 migrantes secuestrados entre abril y septiembre de 2010, en 214 plagios masivos.
24 El Senado aprueba la nueva Ley de Migración. Es turnada a la Cámara de Diputados para su discusión.
Marzo
16 En varios operativos, son asegurados 83 centroamericanos en las vías férreas a la altura de la comunidad de Irolo, en Tepeapulco, Hidalgo.
Abril
6 -26 Son encontrados al menos 183 cuerpos en 40 fosas en San Fernando, Tamaulipas. De la veintena de cuerpos que han sido identificados, todos son mexicanos, provenientes de Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Querétaro, personas que buscaban llegar a Estados Unidos. Hay señalamientos de países centroamericanos de que pueda haber ciudadanos de sus países entre los cadáveres.
11 de abril-14 de mayo Son encontrados 218 cuerpos en seis fosas en Durango, cuatro de ellas en la capital. Sólo un cuerpo ha sido identificado, el de un mexicano.
19 Son liberados 68 pasajeros plagiados en una terminal de autobuses de Reynosa, Tamaulipas. Doce eran migrantes centroamericanos, los demás, mexicanos. Es la primera vez que el gobierno federal da a conocer la existencia de secuestros en las terminales de autobuses.
25 Son liberados otros 51 migrantes en Reynosa, entre mexicanos, guatemaltecos, chinos, hondureños y salvadoreños. Estaban encerrados en una casa de seguridad. Por los hechos, seis elementos del INM son arraigados.
28 Son rescatados 52 migrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y un nicaragüense, que permanecían secuestrados en una vivienda en Reynosa.
29 La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Migración.
Mayo
12 El INM inicia una purga interna. Son removidos sus delegados en el Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
17 Son descubiertos 502 migrantes hacinados en dos cajas de tráiler, en un retén carretero en Chiapas. Los migrantes provenían de Guatemala, El Salvador, Honduras, China, India, Ecuador, Nepal y República Dominicana.
18-20 El secretario de Gobernación, Francisco Blake, realiza una gira de trabajo por Chiapas, Oaxaca y Veracruz, con el fin de conocer la problemática de la frontera sur y el trabajo de activistas y ONG con los migrantes.
22 Son asegurados 131 extranjeros en operativos carreteros en Chiapas, San Luis Potosí y Oaxaca. Entre los detenidos había guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y chinos.
24 El presidente Calderón promulga la Ley de Migración.
Fuentes: Reforma, INM, SSP y PGR.
El infierno del migrante
Las principales rutas de tránsito de migrantes y las zonas de alto riesgo para ellos coinciden con territorios tomados por el crimen organizado.
Muro fronterizo
En 1994 Estados Unidos inició la construcción de una triple barda entre Tijuana y San Diego. El muro, de
Durango
Abril-mayo 2011
Son encontrados 218 cuerpos en seis fosas.
San Fernando, Tamaulipas
24 de agosto de 2010.
Son encontrados los cuerpos de 72 migrantes en un rancho.
Abril de 2011
Son encontrados al menos 183 cuerpos en 40 fosas.
Chiapas
17 de mayo de 2011.
Son detectados en un retén dos tráileres que transportaban migrantes. En total, viajaban clandestinamente 502 personas de diferentes países.
'Que las autoridades cumplan con su deber'
Reportaje Abusos, corrupción y muerte. Fernando Batista: quinto visitador de la CNDH. La CNDH hizo 28 recomendaciones a diversas autoridades para evitar los abusos contra migrantes; hasta el momento sólo un gobierno estatal le ha respondido
Jésica Zermeño
(29 mayo 2011).- Desde el 22 de febrero, día en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su segundo Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México -que documenta que más de 11 mil migrantes fueron víctimas de secuestro entre abril y septiembre de 2010- sólo el gobierno de Veracruz ha respondido oficialmente al organismo.
La Procuraduría de Justicia veracruzana informó a la CNDH que creó una fiscalía especializada en la investigación de arbitrariedades contra migrantes. Ninguna otra autoridad ha proporcionado información actualizada, advierte Fernando Batista, titular de la Quinta Visitaduría de la Comisión.
Batista asegura que, una vez publicado el informe, la CNDH consultó a autoridades federales y estatales para actualizarlo. Sin embargo, la respuesta a su solicitud ha sido prácticamente nula.
"Lo que esperamos es la voluntad de las autoridades. Por eso les estamos solicitando información. La CNDH no solamente está en el papel de señalar y de proponer, sino también de sumarnos a lo que nuestra competencia corresponde para, en todo caso, coadyuvar con las autoridades en lo que podamos", explica.
En el informe -basado en 178 testimonios de migrantes que fueron secuestrados- la CNDH presenta 28 propuestas concretas para la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República y las procuradurías locales, así como a la Secretaría de Seguridad Pública federal y las secretarías de Seguridad Pública estatales, con el fin de empezar a combatir el problema. Sin embargo, el visitador no sabe cómo va la implementación de estas recomendaciones, pues sólo Veracruz ha informado.
"Es muy importante que las autoridades verdaderamente cumplan con su deber, porque es un deber constitucional del Ejecutivo en coordinación con los ejecutivos estatales y municipales, para poner fin a estos graves problemas que aquejan a la población migrante... Están en tiempo de entregar la información", asegura.
Batista señala que sólo una vez se ha entrevistado con el comisionado nacional del INM, Salvador Beltrán del Río, para revisar una agenda de trabajo conjunta. Pero la reunión fue a petición de él. "Estamos esperando que se concrete una segunda reunión", reconoce.
En 2009 la CNDH presentó un primer informe en materia de migración, que fue prácticamente ignorado por la entonces comisionada del INM, Cecilia Romero.
No hay panaceas
El quinto visitador considera que la promulgación de la Ley de Migración, el 24 de mayo pasado, es un gran paso para mejorar la situación de los migrantes indocumentados en el país, pero si no se publica su reglamento en tiempo y no se implementa de manera adecuada será otra ley más, sin utilidad.
"Evidentemente una ley no resuelve las situaciones de hecho, no resuelve el sinnúmero de problemas que tenemos en nuestro país relacionado con las violaciones a los derechos humanos de la población migrante. Eso está claro. Es un paso importante... pero es más importante, primero, que se reglamente y, conforme al reglamento, se trate de una ley respetuosa de los derechos humanos y por ende de la Constitución.
"Segundo, que esta ley efectivamente sirva para la implementación de políticas públicas muy concretas en beneficio de la población migrante. Las leyes son para eso. No tiene caso legislar y contar con muchas leyes de distintas materias en el país si esas leyes quedan en letra muerta", explica.
Para el visitador, el reglamento podrá delimitar responsabilidad y acciones que quedan muy abiertas en la ley, como las características del trato que habrá que darse a los migrantes menores de edad, o cómo se implementarán los operativos.
Según los términos de la ley, el reglamento tendrá que expedirse a más tardar 180 días después de que entre en vigor, es decir, el 21 de noviembre.
Además del reglamento de la ley, el gobierno federal adeuda a la sociedad un informe detallado sobre las causas que ocasionaron el relevo de siete delegados del INM, pues la dependencia no informó por qué fueron removidos.
"Lo que necesita la sociedad es conocer de manera oficial cuáles son las causas de estos relevos, cómo se ha sancionado en todo caso a aquellos funcionarios públicos que incurrieron en acciones injuriosas, negligentes, contrarias a la ley, y que en la CNDH hemos señalado", concluye.
Advertencias previas
· El 18 de julio del 2010 Enfoque publicó un reportaje donde se advertía que en materia de migración México exige a Estados Unidos un respeto que no ofrece a los centroamericanos.
La entonces comisionada del INM respondió en una entrevista publicada el 25 de julio que el gobierno contaba con una política migratoria congruente y anunció que en breve el Ejecutivo propondría una Ley de Migración.
Un mes después quedó al descubierto la primera masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
La candidata incómoda del PAN
Elecciones 2011 Nayarit. Renunció al PAN, lo hundió en Nayarit, se alió a López Obrador, denostó a Felipe Calderón, es diputada federal por el PRD y ahora... candidata del blanquiazul
Ernesto Núñez
(29 mayo 2011).- El Partido Acción Nacional perdió el decoro. Hace seis años se negó a postular a la gubernatura de Nayarit a Martha Elena García Gómez, esposa del entonces gobernador del estado, Antonio Echavarría Domínguez, y hoy -en una lógica de pragmatismo electoral- la ex primera dama ya es su candidata.
En enero del 2005 el entonces dirigente nacional panista, Luis Felipe Bravo Mena -hoy candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México-, anunció la decisión del Comité Ejecutivo Nacional panista de cancelar los procesos internos para evitar la candidatura de la primera dama nayarita y explicó que esto se debía a una cuestión de principios.
"Éste no es un tema de género, éste no es un tema de si es militante o no es militante, es un principio elemental de decoro político, que un cónyuge no puede pretender suceder a su cónyuge en el mismo puesto, no es coherente con un proceso de democratización en el país este tipo de circunstancias o de proyectos", declaró el entonces dirigente panista (Reforma, 12 de enero del 2005).
La decisión de la cúpula del PAN causó gran indignación al matrimonio Echavarría-García, que en cuestión de meses vació de militantes al PAN nayarita y lo hundió al tercer lugar en las elecciones del 3 de julio del 2005.
Echavarría y Martha Elena se aliaron al PRD, apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, denostaron a Felipe Calderón, y en el 2009 lograron postular a la ex primera dama como candidata a diputada federal.
García llegó a la Cámara y, durante la Legislatura, revivió su ambición de ser gobernadora. Fue ahora la dirigencia nacional del PRD la que le cerró el paso, pues su candidato en Nayarit era el también diputado Guadalupe Acosta Naranjo, destacado dirigente de Los Chuchos, corriente que controla la dirigencia partidista.
Al no ser postulada por el PRD, el PAN la rescató, haciendo a un lado seis años de agravios y echando por la borda el decoro argumentado por Bravo Mena.
Panistas de ocasión
En julio de 1999 una alianza PAN-PRD (a la que se sumó también el PT) ganó por primera vez la gubernatura de un estado: Nayarit, donde el ex priista Antonio Echavarría derrotó a Lucas Vallarta con una ventaja de casi 10 por ciento.
Echavarría había sido dos veces secretario de Finanzas del gobierno estatal y desde hace décadas es uno de los empresarios más prominentes del estado. Es presidente del Grupo Alica, franquiciatario de Coca-Cola en Nayarit y Puerto Vallarta; opera bienes raíces a través de la representación de Century 21 en la región; es dueño de las concesionarias Chrysler, Volkswagen y Mitsubishi; además de tener funerarias, empresas de transporte, plazas de toros, lienzos charros y un grupo financiero. Su esposa es dueña del periódico local El Meridiano.
Con la ola foxista del 2000, el nuevo gobernador no tardó mucho en acercarse al PAN, partido en el que su esposa ya militaba desde 1996. El gobernador se afilió como miembro adherente del PAN en 2001 y fue incluido en la lista de gobernadores panistas, lo que lo llevaba una vez al mes a Los Pinos para participar en reuniones de estrategia con el presidente Vicente Fox, miembros del gabinete, dirigentes y otros gobernadores panistas.
Echavarría y Martha Elena hicieron crecer al PAN en un estado donde prácticamente no existía; afiliaron a más de 34 mil personas y alistaron una estructura que permitió al PAN conquistar cuatro alcaldías en las elecciones locales del 2002, incluida la capital.
La luna de miel se acabó en 2004, cuando Martha Elena comenzó a trabajar para ser candidata a la gubernatura en los comicios programados para el 3 de julio del 2005.
Primero fue un grupo de militantes afines a ella quienes la destaparon, en enero del 2004; luego, su esposo avaló su intención en un acto público con la frase: "adelante, reina mía" (Reforma, 26 de febrero del 2004).
Después, la primera dama Marta Sahagún de Fox aprovechó su presencia en su último informe como presidenta del DIF para alentar sus aspiraciones, llamando a la dirigencia panista -que para entonces ya había logrado que ella misma declinara su intención de suceder a Fox en la Presidencia- a dejar atrás "egoísmos" y permitir la igualdad (Reforma, 28 de septiembre de 2004).
Toda la cúpula del PAN, excepto el ex gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas, se pronunció en contra de esa candidatura, y le ofrecieron en cambio buscar una alcaldía o una diputación local, lo que provocó la ira del gobernador Echavarría, que reclamó airadamente al partido dirigido por Bravo Mena.
"A mí lo que me brinca es que para ser candidata a presidenta municipal sí es ético, según el PAN, y para ser candidata a gobernadora, no. Mi mujer no anda buscando puestos públicos, mi familia nunca ha vivido de la política, al contrario, hemos pagado impuestos pa' que una bola de sinvergüenzas políticos cobren su sueldo. Nosotros no cobramos sueldo", dijo. (Reforma, 15 de octubre de 2004).
En noviembre se encendieron focos de alerta en la dirigencia panista, pues el PRD sufrió una fuerte debacle en Tlaxcala al postular a la gubernatura a María del Carmen Ramírez, la esposa del gobernador en funciones Alberto Anaya.
En paralelo, Martha Elena inició su precampaña en la Plaza de los Constituyentes de Tepic, sin esperar la decisión de su partido.
"Hace un año algunos ciudadanos me expresaron la idea de que yo fuera gobernadora, en ese momento me pareció una broma, pero cuando uno, otro, otro y miles empezaron a darme su apoyo comencé a pensarlo en serio", dijo acompañada de Dante Delgado, dirigente nacional de Convergencia, partido que estaba dispuesto a postularla.
La dirigencia panista dejó crecer la precampaña y fue hasta el 7 de enero del 2005 cuando tomó la decisión de cancelar el proceso interno en Nayarit y optar por la designación como método para elegir candidato, pues era sabido que la estructura partidista era controlada por el gobernador y su esposa.
Con esa decisión, se evitó el riesgo de que, como le ocurrió al PRD en Tlaxcala, la primera dama ganara la candidatura en un proceso interno.
Fue cuando Bravo Mena habló de "decoro político" y anunció que la candidatura recaería en el diputado federal Manuel Pérez Cárdenas.
La reacción no se hizo esperar. A través de Salvador Esquivel Fierro, representante de sus simpatizantes, la primera dama advirtió que renunciaría y se llevaría consigo al 90 por ciento de los 34 mil 700 panistas registrados en su padrón de militantes.
Ella misma arremetió una semana después contra el PAN, al anunciar que ya no buscaría la gubernatura: "ya pensé bien; Martha Elena no va a ser cómplice de una antidemocracia. Martha Elena no se va a registrar por el PAN. ¡Qué lamentable, señores! Qué lamentable que hoy me salgan con que 'dice mi mamá que siempre no, que ahora hay un dedazo'. Ya lo veremos el 3 de julio, cuando los ciudadanos vayan y emitan su voto entonces vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la ciudadanía".
El 23 de junio renunció formalmente a nueve años de militancia y volvió a cargar en contra del blanquiazul: "algunos dirigentes y candidatos han divorciado al partido de la militancia... Lamentamos la negativa del PAN para conformar una alianza de partidos que cuando la propuse, el PAN respondió con una campaña de críticas infundadas para mi persona. Lamentablemente ellos no me entendieron".
En paralelo, el candidato panista denunció que el gobernador operaba a favor del PRD.
Finalmente, el 3 de julio el PAN se hundió al tercer lugar, con apenas 22 mil votos (6 por ciento), y el PRD superó el 42 por ciento, apenas cuatro puntos debajo del PRI, que recuperó el estado.
Perredistas, lopezobradoristas
Un año después, en la campaña por la Presidencia de la República, Echavarría y Martha Elena hicieron campaña en favor de Andrés Manuel López Obrador.
En un acto celebrado en Tepic el 23 de junio del 2006, Echavarría se sumó a la estrategia de López Obrador para tratar de revelar supuestos fraudes cometidos por Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Calderón.
En pleno templete, Echavarría entregó al candidato copia de una denuncia que presentó él mismo contra la empresa Hildebrando cuando era gobernador.
En julio del 2006, López Obrador cosechó en Nayarit 152 mil votos y Calderón obtuvo apenas 68 mil, colocándose incluso por debajo del priista Roberto Madrazo, quien se llevó 122 mil sufragios.
En las elecciones intermedias del 2009, el PRD postuló a Martha Elena como candidata a diputada federal por el distrito 02 de Nayarit, tras una negociación encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo, quien la convirtió además en presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara.
Ejerció el cargo hasta el pasado 8 de enero, cuando obtuvo licencia por tiempo indefinido para buscar otra vez la candidatura a gobernadora, esta vez por el PRD.
El 5 de febrero, PAN y PRD registraron ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit un convenio de coalición que especificaba que el candidato sería "de extracción perredista". La negociación de las dirigencias nacionales suponía que el PRD pusiera candidato en este estado, por ser segunda fuerza, y el PAN hiciera lo propio en Coahuila, donde también se renovará la gubernatura el 3 de julio.
La precampaña perredista transcurrió entre el 12 de marzo y el 20 de abril, con Acosta Naranjo como precandidato de Los Chuchos y Martha Elena como precandidata de los lopezobradoristas. Esto, mientras el PRD rompía la posibilidad de alianza con el PAN en el Estado de México y renovaba su dirigencia nacional.
En un ambiente de descalificaciones mutuas, se celebraron dos debates y se levantaron dos encuestas en las que Martha Elena apareció arriba.
El 26 de abril la dirigencia encabezada por Jesús Zambrano decidió postular a Acosta Naranjo, argumentando que había un empate técnico entre los dos aspirantes pero Acosta Naranjo era el que más crecía.
El PAN respondió notificando oficialmente al IEE que rompía la Alianza Nayarit Paz y Trabajo.
El
El boletín de Madero se hizo público sin que el CEN del PAN hubiera discutido y votado, tanto el rompimiento de la alianza con el PRD como la postulación de Martha Elena.
Fue hasta el 9 de mayo, en una sesión celebrada en Saltillo, Coahuila, cuando el comité nacional avaló las decisiones de Madero. Miembros de la dirigencia argumentan que el CEN había autorizado al presidente del partido a tomar las providencias necesarias para el caso Nayarit y por ello es legal la designación de la hoy candidata.
Otros miembros del CEN informaron que algunos dirigentes advirtieron a Madero sobre la incongruencia de postular a una candidata que renunció al PAN, hizo campaña en su contra, apoyó a López Obrador y que hasta el momento es diputada federal perredista. Pero no fueron escuchados.
Resultados de la elección en 2005
Votos
| PAN | 22,952 |
| PRI | 176,500 |
| PRD | 161,634 |
| Convergencia | 8,285 |
Candidatos 2011
Roberto Sandoval
PVEM-PRI
Guadalupe Acosta
PRD
Martha E. Garcia
PAN
Nayar Mayorquín
PT-Convergencia
Donacio Robles
PRS
Piratas de Oaxaca en las mareas del erario
La cultura política
(29 mayo 2011).- Enroque Productions
Margarita
Una mujer que cuenta mentiras ciertas y verdades que son mentira. De la estirpe de los Liborio, pudo ser la "Juanita" del tesorero Barbanegra... pero se les cebó. Aprendió el arte del engaño con el mejor maestro: el capitán Spa-Ruín.
Ulises Spa-Ruín
Legendario pirata de las ocho regiones de Oaxaca y famoso estafador del Istmo. Poseedor de una moralidad tan dudosa como su cordura. Ayudará a Barbanegra a eludir el calabozo y escapar con un cofre lleno de doblones de oro.
El tesorero Barba Negra
Miguel Ángel Ortega es su verdadero nombre, pero es impronunciable en Oaxaca. Todos le deben una y nadie se atreve a tocarlo. Es aficionado a la magia negra y la leyenda dice que desapareció en una barca tripulada por zombis y auditores.
La cultura política
(29 mayo 2011).- Téngalo presente
Memoria, historia, violencia y política en América Latina. Seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Miércoles 1o. y jueves 2 de junio, 10:00 horas. Sala de seminarios del IIS de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390. Programa: http://bit.ly/m7hXeU
Coloquio
Justicia transicional en México a la luz de experiencias latinoamericanas. ¿Es viable una Comisión de la Verdad? Sergio Aguayo, Santiago Corcuera, Silvia Dutrénit, entre otros. Miércoles 1o., 10:00 horas. El Colegio de México. Camino al Ajusco 20. Informes: 5449 3000.
Conferencias
Reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz. Viernes 3, 17:00 horas. Auditorio del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Bucareli 22 y 24, Centro. Informes: 5518 5390.
Foros
Participación y construcción desde la izquierda. Heinz Vietze y Yamila Pita Montes. Martes 31, 19:00 horas. General Anaya 65, San Diego Churubusco. Informes: 5544 5500 ext. 107.
Libros
Alfonso Reyes y las ciencias sociales coordinado por Alberto Enríquez Perea. UNAM. Recopilación de ensayos de 20 escritores, investigadores, poetas y politólogos. Adolfo Castañón, José Woldenberg, David Pantoja, Agustín Basave y Juan María Alponte, entre otros.
El olor del dinero de Luis E. González O'Donnell. Planeta. Novela que narra la historia de un país, México, que deposita sus esperanzas en una presidenta electa frente al poder de la iglesia y el narcotráfico.
Elecciones 2012. En busca de equidad y legalidad coordinado por John M. Ackerman. UNAM. Eduardo R. Huchim, José Paoli Bolio, Leonardo Valdés, Jesús Cantú, Javier Corral, José Luis Vargas, entre otros, abordan temas cruciales para la próxima elección presidencial.
Hielo negro de Bernardo Fernández Bef. Grijalbo. Novela negra que a través de la historia de dos mujeres, una policía y otra dirigente de un cártel criminal, sigue las rutas de la droga sintética en el mundo.
Pobreza: cómo romper el ciclo a partir del desarrollo humano de Susan Pick y Jenna Sirkin de Limusa. Basadas en una investigación de 25 años, las autoras delinean cómo se puede mejorar el desarrollo comunitario a partir del desarrollo de habilidades y la adquisición de nuevos conocimientos, así como la reducción de las barreras psicológicas.
Presentaciones
Confluencia XXI No. 13. Reflexiones para las elecciones. Carlos Flores Rico, María Elena Homs, Isabela Cordenau. Martes 31, 18:15 horas. Librería Octavio Paz del FCE. Miguel Ángel de Quevedo 115. Chimalistac. Informes: 5729 9600 ext. 4635.
Memorial ABC. Miércoles 1o., 11:00 horas. Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). Medellín 33, Roma. Informes: www.movimiento5dejunio.org y 5533 6475.
Observación de las Instituciones Electorales en el Proceso 2008-2009. Consejo General del IFE. Tribunal Electoral del Poder Judicial. INCIDE/Comité Ciudadano. Ana Saiz Valenzuela, Lorenzo Córdova, Mauricio Merino, Clara Jusidman. Miércoles 1o., 17:30 horas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Universidad 1449, Florida. Informes: 5579 7413.
ABC: justicia, justicia, justicia. Filme documental de las secuelas familiares, sociales y legales del incendio de la guardería donde murieron 49 niños. Jueves 2, 18:00 horas. Cinema Lumiere Reforma. Río Guadalquivir 104, Cuauhtémoc. Informes: www.movimiento5dejunio.org y 5514 0000.
Autorretratos del fotoperiodismo mexicano. 23 testimonios de Luis Jorge Gallegos. FCE. Rossana Fuentes-Berain, Francisco Mata, Pedro Valtierra y el autor. Jueves 2, 19:00 horas. Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Informes: 5227 4660.
Revistas
Alcaldes de México No. 16. Reportaje sobre las similitudes y diferencias de las llamadas ciudades espejo en la frontera del norte de México y del sur estadounidense: Tijuana-San Diego, Brownsville-Matamoros, El Paso-Ciudad Juárez, entre otras. Trabajo periodístico sobre los seguros antidesastre en los municipios de nacionales, cuya cifra alcanza el 5 por ciento.
Voz y voto No. 220. José Woldenberg, Jorge Alcocer V. y Rodrigo Morales coinciden en la importancia del avance en la reforma política aprobada por el Senado y advierten sobre las tareas necesarias para hacerla realidad. Modelo prospectivo de las elecciones de gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit.
Seminarios
Arbitraje en procesos de contratación pública. Miriam Grunstein, María Mercedes Albornoz y Cecilia Azar Manzur, entre otros. Jueves 2 y viernes 3, 9:00 horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2846.
Québec's international relations. Stéphane Paquine, Stéphane Roussel, Annie Chaloux, Jorge A. Schiavon y Rafael Velázquez. Jueves 2, 12:00 horas. Sala 3 del Centro de Información y Biblioteca del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2130.
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REVISTA PROCESO No. 1804
Partidero
Felipe Cobián R.
Si tiene éxito el recurso de queja procesal interpuesto la semana pasada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por una serie de irregularidades que cometió personal del Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán (expediente 855/93), la inmobiliaria Rodenas tendrá que desalojar las tierras y playas de Tenacatita que tiene en posesión desde agosto del año pasado. A petición de “terceros extraños” perjudicados, el abogado Everardo Rojas Contreras presentó la semana pasada la queja procesal “porque este tribunal (el Segundo de Autlán) ordenó otros actos que no le obligan en la sentencia definitiva” y afectó los intereses de otras personas que, además, no fueron notificadas. El año pasado, con el apoyo de la fuerza pública estatal, la empresa Rodenas, propiedad del expresidente de la Cámara de Comercio y de Expo Guadalajara, José María Andrés Villalobos, desalojaron a pescadores, comerciantes y ejidatarios de la mencionada zona de Tenacatita y se posesionaron del lugar. Ahora, si hay éxito, las cosas pueden volver al estado en que se encontraban antes de que el secretario del Juzgado Mixto de Cihuatlán entregara el codiciado predio –en litigio desde principios de la década de los noventa– a Villalobos. Éste lo adquirió, ya en pleito y a precio de ganga, de doña Paz Gortázar, viuda de quien fuera gobernador de Jalisco, Jesús González Gallo (Proceso Jalisco 301).
u u u
Urgido el Partido Nueva Alianza (Panal) de volver a tener el registro que perdió hace dos años ante las autoridades electorales debido a su escasísima penetración en la sociedad, y a la vuelta la contienda de 2012, las huestes de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige Fleury Eduardo Carrasquedo Monjarás, hacen hasta lo imposible por conseguir adeptos, así sea mientras dura una asamblea para reunir firmas y copias de credenciales del IFE. La prueba más clara de su desesperación por tener presencia en las próximas boletas es un comunicado del 13 de mayo –previo a las asambleas de distrito que se celebrarían entre el 21 y el 26 del corriente–, dirigido a todos los jefes de sector del estado, de los que dependen las 220 zonas escolares. La carta en cuestión, firmada por Jesús Delgado Puente, secretario de asuntos laborales de la citada sección, revela las intenciones de las huestes de la creadora del partido, Elba Esther Gordillo. Esta es su parte esencial:
…Solicito de todo su apoyo en virtud de la confianza que me ha brindado y lo más valioso su amistad; para que la organización sindical a la que pertenecemos, pueda seguir dando oportunidades a los maestros que tengan aspiraciones políticas y puedan con ello acceder a los ayuntamientos de nuestro estado y/o cualquier otra instancia que se constituya con puestos de elección popular y esto sería a través del partido político que nuestra institución ha fundado, EL PARTIDO NUEVA ALIANZA. Como usted sabe nuestro partido hace 2 años perdió el registro local, por no obtener el mínimo de votos requerido, ahora necesitamos presentar ante el IFE, un padrón de electores, consistente esto en la relación de personas con credencial de elector y de cualquier distrito electoral del estado de Jalisco que esté dispuesto en acudir a una asamblea en su distrito electoral y permanecer en ella mientras se agota el orden del día, por lo cual previamente nos deben de proporcionar copia de la credencial de elector y los datos que en formato anexo le estoy enviando. Desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo, por lo que le solicito nos pudiera apoyar enviando la relación de las personas, maestros, amigos parientes vecinos que deseen coadyuvar con nuestro objetivo (…) Atentamente, tu amigo, J. JESÚS DELGADO PUENTE.
u u u
En el número pasado de este semanario Gloria Reza informó cómo disfrutan del placer de viajar el titular de Turismo, el exzapatero Aurelio López Rocha y su gente, que se han gastado millonadas en periplos que no abonan a la industria sin chimeneas. El martes 24, la diputada local del PRI Rocío Corona propuso legislar para que los funcionarios estatales no viajen como descosidos a cargo del erario, porque en 950 paseos han dilapidado 37 millones de pesos. Nada más. l
Las constructoras consentidas de Tonalá
Gloria Reza
Ignacio Cardona López no da una como director de Obras Públicas del ayuntamiento de Tonalá. En el año y medio que lleva en el cargo se le han acumulado los rezagos, y en su afán de justificar los retrasos no ha podido ocultar que tiene a un grupo de constructoras consentidas, a las que beneficia con contratos amañados.
Desde que llegó a la dirección de Obras Públicas en Tonalá, hace año y medio, la gestión de Ignacio Cardona López ha sido errática: obras sin licitación pública o fraccionadas, algunas de las cuales incluso se liquidaron aun sin estar concluidas, así como favoritismo abierto a ciertos contratistas.
En 2010, por ejemplo, el municipio destinó la dependencia 219 millones 67 mil 940 pesos para la ejecución de 271 obras. De ellas, 236 se adjudicaron de manera directa a compañías diversas y el resto se asignó mediante invitación restringida. Además, contraviniendo la ley, 14 obras fueron fraccionadas entre una o hasta cuatro empresas.
El regidor del Partido del Trabajo, Mayo Ramírez Gutiérrez, comenta que desconoce si el presidente municipal Juan Antonio Mateos Nuño le debe favores a los constructores o a la gente que conoce Cardona. Lo cierto es que él nos dijo que entrega obras a empresas solventes que, aun cuando no recibían cheques del ayuntamiento, seguían trabajando. “Eso es absurdo e ilegal”, comenta el legislador.
Critica al funcionario por “pulverizar las obras” y entregarlas a cuatro o cinco empresas. Eso, dice el petista, es un delito, aun cuando se haga un concurso abierto. Y menciona una obra ubicada en el camino a la colonia José Vasconcelos que se adjudicó a la constructora Kabasti consistente en el “desazolve, carga y retiro del material en un área equipada como vaso regulador. La compañía firmó dos contratos por ese concepto: el DOPT/005/R33/2010 por 1 millón 186 mil 366 pesos y el DOPT/006/R33/2010 por 1 millón 179 mil 254 pesos.
Kabasti obtuvo dos contratos consecutivos más en las presas las Rusias Negras, ubicadas en diferente lugar, aunque en la colonia Guadalupana: el DOPT-011/R33/2010 por 1 millón 194 mil 896 pesos y el DOPT-012/R33/20101 por 1 millón 171 mil 361 pesos por un concepto similar que en diferente ubicación. Kabasti fue contratada por el municipio en 10 ocasiones por un monto de 8 millones 907 mil 616 pesos.
De acuerdo con la página de transparencia, el año pasado, 87% de la obra ejecutada en el municipio se ha adjudicado de manera directa, y el 13% se ha asignado mediante invitación restringida. A través de esos mecanismos se ha beneficiado sólo a 79 contratistas que representan 15% del total de un padrón integrado por 519.
El regidor petista estima que el favoritismo hacia determinados contratistas se debe a que entregan un porcentaje de lo que cuesta la obra a la dirección de Obras Públicas. “Es de todos sabido que los contratistas negocian que “si me adjudicas te doy un cierto porcentaje de lo que vale la obra”. No dudo que se haga eso en el ayuntamiento por como se están haciendo las cosas. Si se hicieran concursos públicos no tendrían los contratistas por qué entregar ni un solo peso a nadie”.
El miércoles 11 durante una comparecencia ante la comisión edilicia de Obras Públicas y Construcciones, Cardona López admitió que no se había hecho ninguna licitación para ganar tiempo.
De acuerdo con la grabación de ese evento, cuya copia obtuvo Proceso Jalisco, el funcionario arguyó: “Si yo licito una obra como marca la ley, se lleva cuando menos seis semanas; dos semanas para que den fecha para publicar en el Diario Oficial y otras cuatro semanas para el proceso. A la séptima semana se da el fallo y entre que firmamos el contrato, nos tardaríamos ocho o nueve semanas. Si siguiéramos este proceso estaríamos haciendo apenas la obra número
Cardona también intentó justificar la falta de una licitación pública y expuso que tiene poco personal: “Con decirles que tengo 25 secretarias, pero no tengo tantos ingenieros”. Lo más curioso es que admitió que no tiene un programa de obra pública para 2011 “porque la situación económica del municipio es muy difícil. Ni modo de que planees obra para no ejecutarla por no tener recursos. Por eso buscamos contratistas suficientemente solventes que tengan la facilidad de hacer las obras con el mayor financiamiento que se pueda.
“Insisto en que estamos teniendo una situación caótica de finanzas a tal grado que se hace estrictamente lo indispensable”, dijo Cardona en su comparecencia.
Según él, de las obras iniciadas el año pasado, 59 apenas se están ejecutando. “La que va más abajo tiene un 20 o un 25% de avance”, asegura. E intenta justificarse porque, dice, el municipio recibió los recursos entre enero y febrero de este año.
No obstante, en un recorrido por varias obras, la reportera constató que varios proyecto aún no se inician. Se trata de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle José Álvarez Franco, en su segunda etapa, a cargo de la empresa Ingeniería Civil del Pacífico. El monto: 2 millones 639 mil 840 pesos.
Por lo que respecta a la ubicación de la obra para el “desazolve, carga y acarreo de material en el arroyo de Coyula”, a cargo de la empresa Torales Construcciones, que costó 695 mil 475 pesos, simplemente no existe.
Al constructor Andrés Torres Espinosa se le encargó la segunda etapa del parque lineal Niños Héroes, pero la obra aún no está concluida, pues en el lugar se observa grava, tierra, ladrillos sin colocar, y no hay ningún trabajador laborando. La obra tuvo un costo de 1 millón 64 mil 468 pesos.
Los favoritos
Si bien el padrón municipal consta de 519 contratistas, Cardona López tiene a sus empresas preferidas, entre ellas Building Option México, Construcciones y Materiales Berona, Constructora Dominicana, Constructora Kabasti, Ingeniería Civil del Pacífico, Renta de Maquinaria y Extracción de Materiales Gilmar a las que se les adjudicaron más de 10 obras durante 2010.
Sin embargo, en cuanto a montos destaca que a Fibra Óptica Latinoamericana, que se ha beneficiado con siete obras, se le han entregado 13 millones 901 mil 443 pesos; Urbanización y Construcción Avanzada, con cuatro trabajos adjudicados, se embolsó 12 millones 237 mil 153 pesos.
En ese mismo tenor se encuentran Renta de Maquinaria y Extracción de Materiales Gilmar que recibió 10 millones 16 pesos para realizar 14 obras y Asfaltos Guadalajara, 10 millones 167 mil 309 pesos para pavimentar algunas vialidades con asfalto de apenas cinco centímetros de espesor (lo recomendable es que sea de
Un dato que resalta es que el municipio repartió mediante adjudicación directa a tres empresas: Construcciones y Materiales Berona, Building Option México e Ingeniería Civil del Pacífico, las 39 obras del programa de “Escuela Sana
De las seis obras a realizarse a través del programa 3X1, la mitad se dieron por asignación directa y el resto por invitación restringida. La empresa que recibió más obra fue Ingeniería Civil del Pacífico –cuatro, tres de las cuales fueron por adjudicación directa y una por invitación restringida–. Durante 2010 Ingeniería Civil fue favorecida con 19 obras que representaron un costo de 7 millones 908 mil 150 pesos.
Los 51 millones 363 mil 948 pesos provenientes del Ramo 33, destinados para 85 obras, se repartieron entre 22 empresas por adjudicación directa. La firma Obra y Suministro para el Constructor obtuvo ocho asignaciones que representaron una erogación de 8 millones de pesos. A esta empresa se le contrató en seis ocasiones para que rentara su maquinaria y las otras dos veces para desazolvar y limpiar arroyos.
También, del Ramo
En ese mismo sentido, a Torales Construcciones recibió 3 millones 803 mil 202 pesos por seis obras, la mitad de las asignaciones fueron para trabajos de desazolve.
Al contratista, Mario Javier Hernández Vargas se le adjudicaron nueve obras por 3 millones 516 mil 867. La mayor parte de los recursos del Ramo 33 se fueron en renta de maquinaria. En tanto que a la compañía de Irene Suárez Lozano se le contrató cuatro veces –el costo se elevó a 3 millones 193 mil 193 pesos–, dos de ellas para el retiro de material para evitar inundaciones y las otras para instalar drenaje y empedrado.
Además, los 87 millones 722 mil 242 pesos provenientes de recursos municipales se canalizaron para 114 obras, de las cuales 107 se adjudicaron de forma directa y siete se sometieron a concurso restringido. De nueva cuenta, sólo 51 empresas fueron las elegidas para la encomienda. De éstas, Fibra Óptica Latinoamericana fue la que recibió el mayor número de recursos: 13 millones 901 mil 443 pesos por realizar siete obras, tres de ellas se le dieron por concurso y cuatro por adjudicación directa.
La empresa Fibra Óptica se encargó de la remodelación del archivo municipal, del mantenimiento de la plaza Cihualpalli, en el centro histórico, y del proyecto de ahorro energético y del sistema de video-vigilancia.
En este sentido, a la Constructora Dominicana de México se le dieron 14 obras de forma directa por un monto de 9 millones 73 mil 163 pesos. En tanto que CIE Construcción de Infraestructura obtuvo cuatro obras –la mitad por invitación restringida– que representaron una erogación de 8 millones 184 mil 108 pesos; a Cosmos Supervisiones, S.C. se le entregaron de manera directa tres contratos –que suman 3 millones 340 mil 800 pesos– por el mismo concepto: “servicios de verificación de la calidad de las obras de urbanización”, cada uno tuvo un costo similar de 1millón 113 mil 600 pesos.
Otra obra sin concluir
Debido a que la avenida Malecón desde hace tres administraciones se viene pavimentando, pero aún no se ha concluido, el 27 de octubre de 2010, mediante el acuerdo 377, el pleno del ayuntamiento aprobó terminar el carril oriente ubicado en la colonia Lomas del Camichín con un presupuesto de 6 millones de pesos. La mitad de los recursos los aportaría el gobierno del estado a través del programa de Rehabilitación de Imagen que tiene la Secretaría de Turismo, mientras que el resto correría a cargo del ayuntamiento.
De hecho, este mismo punto de acuerdo se presentó en la sesión de cabildo del 27 de mayo de 2010, pero ahora se propuso modificar el convenio con el fin de que cada entidad ejerza y ejecute su aportación de manera independiente, “sujetándose ambas partes al proyecto ejecutivo que al efecto se defina”.
En la sesión de octubre de 2010, el presidente municipal aseguró que los recursos ya se tenían para efectuar la pavimentación. “Nada más faltaría que se nos deposite ese dinero que es por conducto de la propia Secretaría de Finanzas y luego la Secretaría de Desarrollo Urbano”. l
Proceso en la prisión militar Represores y reprimidos
Gloria Leticia Díaz
Su nombre hacía temblar a los luchadores de la izquierda en los años setenta y ochenta… En torno a la prisión del Campo Militar Número 1, emblema de la represión ilegal de Estado, se tejieron historias siniestras: que desde ahí el Ejército se deshacía de los “problemas” del gobierno en turno, que era un auténtico hoyo negro del que pocos salían vivos... Durante varios meses, la reportera Gloria Leticia Díaz, como parte de una investigación periodística, logró franquear los muros de esa cárcel, que se creía inexpugnable, y entrevistar a soldados y oficiales presos, de cuyo testimonio se desprende que la sórdida instalación castrense mantiene su vocación torturadora y represiva. En este reporte especial ofrecemos las historias de quienes han comprobado que la maquinaria negra del régimen continúa vigente...
Lugar de torturas y encierro de estudiantes, sindicalistas y luchadores sociales; de campesinos “sospechosos” de simpatizar con la guerrilla; de militantes de organizaciones armadas clandestinas y hasta de ciudadanos inocentes –muchos de ellos incluidos en las listas de desaparecidos políticos del país–, la del Campo Militar Número 1 se consideraba en los años setenta y ochenta la prisión clandestina más grande y siniestra de México.
Una investigación periodística realizada durante varios meses por Proceso en las entrañas de esa cárcel, considerada inexpugnable, permite sostener que los motivos de su negra fama permanecen tan vigentes como entonces.
Inaugurada en el sexenio de Adolfo López Mateos y destinada supuestamente al confinamiento de militares que incurrieran en delitos, durante la guerra sucia y el movimiento estudiantil de 1968 se convirtió en el punto de origen de las desapariciones de opositores al régimen.
En abril de 1988, la publicación en este semanario de una serie de revelaciones hechas por un desertor del Ejército permitió confirmar las atrocidades que solían cometerse en el Campo Militar Número 1, siempre desmentidas por autoridades civiles y militares que señalaban que eran meras leyendas inventadas por los enemigos de la nación.
En la publicación referida, el paracaidista Zacarías Osorio Cruz, quien solicitó y logró obtener refugio político en Canadá, reveló que entre 1978 (cuando se dio de alta en las Fuerzas Armadas) y 1983 (cuando desertó) participó en acciones en las que decenas de civiles recluidos en la prisión del Campo Militar Número 1 fueron ejecutados.
El exmilitar dijo que había tomado parte en unos 15 ó 20 operativos ordenados por el general José Hernández Toledo, consistentes en sacar de esa prisión a grupos de entre cinco y siete presos civiles y trasladarlos a un polígono de tiro del Ejército en el Estado de México, en San Juan Teotihuacán, en el que, sin más, eran ejecutados.
Estas declaraciones las expuso Osorio Cruz en una audiencia efectuada en Montreal el 14 de marzo de 1988 para revisar su solicitud de refugio político (Proceso 598).
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Según pudo constatar este semanario a lo largo de una investigación periodística que duró varios meses, los testimonios que refieren torturas y encarcelamientos bajo sospecha de ilegalidad en la prisión militar se repiten hoy como hace 30 o 40 años, ahora en perjuicio de soldados que participaron en la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.
En pláticas y confidencias de los familiares de algunos presos con la reportera de Proceso, surgió la idea de invitarla para que visitara a los reos y conociera de primera mano sus casos. Uno de los internos –cuyo nombre se reserva a petición suya para evitar represalias– accedió a recibirla como “visita” y la puso en contacto con numerosos militares dispuestos a rendir sus testimonios.
La reportera ingresaba a la cárcel los días de visita –jueves y sábados–, momentos que dedicó a realizar las entrevistas con quienes decidieron dar su versión acerca de la guerra contra el crimen organizado.
Son oficiales que estuvieron al frente de operativos de combate al narcotráfico y están convencidos de que, por encima de la lealtad que le deben al Ejército, está su derecho a la libre expresión y el de los ciudadanos a estar informados.
Las charlas con esos soldados tuvieron lugar en los jardines de la cárcel y su contenido se registró en notas a lápiz, pues está prohibido meter equipos de grabación o de telefonía.
En las conversaciones se tomó nota de la inconformidad de las tropas por estar obligadas a salir a las calles a combatir a narcotraficantes, sabedores de que la Constitución no los faculta para esa tarea y porque, aseguran, no tienen el equipo ni el armamento adecuados.
Hubo la oportunidad de entrevistar a oficiales. Algunos de ellos expresaron su frustración y su convicción de que fueron traicionados por la institución castrense.
Los procesados por supuestos vínculos con el narcotráfico afirman ser chivos expiatorios; quienes enfrentan cargos por asesinar a civiles consideran que su encarcelamiento es una estrategia mediática para contener las críticas de las organizaciones que exigen castigo a los soldados homicidas.
Los militares que aceptaron hablar con este semanario sobre su experiencia en la guerra contra el narcotráfico pusieron una sola condición: que no se publicaran sus nombres. La petición no es gratuita. Su vida está en manos del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván. Además, aseguran, grupos de soldados han sacado de las celdas a prisioneros para torturarlos o desaparecerlos.
Más de uno expresó su temor por ellos y por sus familiares o amigos, de quienes la Sedena tiene todos los datos: acta de nacimiento, identificación oficial, dirección, teléfono, y en algunos casos hasta croquis con indicaciones claras para llegar a sus domicilios.
Lo menos que a los internos se les puede imponer como castigo, afirman, es recluirlos en “las negras” –celdas donde permanecen aislados largo tiempo–, prohibirles la visita conyugal o maltratar a sus mujeres e hijos en la revisión para ingresar a la prisión.
Quienes accedieron a que sus nombres se publicaran –los oficiales Freddy Colorado Montejo, Julián Hernández Hernández y Eladio Arriaga Pérez– lo hicieron para dar a conocer sus procesos jurídicos y para denunciar abusos y anomalías.
Dos de ellos, Colorado y Hernández –acusados de tener vínculos con el narcotráfico–, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Villa Aldama, en Perote, Veracruz, la madrugada del pasado 28 de abril, junto con otros 50 reos procesados por los mismos cargos, ante cuyas familias no se ha justificado la reubicación. Varios de los trasladados habían dado su testimonio anónimo a Proceso.
Todos los entrevistados solicitaron que se publicara la siguiente advertencia: responsabilizan al titular de la Sedena y a los encargados de la prisión militar y del Cefereso de Perote de cualquier atentado que pueda haber contra su vida o la de sus familias.
Por ese irregular traslado, familiares de algunos de los procesados interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
No es la primera queja que se presenta ante ese organismo por presuntas violaciones a derechos humanos de los militares. La CNDH informa que de
Filtros, filtros y más filtros…
Para encontrarse con los presos, desde el registro en la puerta 7 del Campo Militar Número 1 hay que pasar cinco puestos de revisión. Seis, si se llevan alimentos.
No todos los soldados reciben visitas. Muchos son de otras entidades y sus familiares no tienen los recursos suficientes para viajar al Distrito Federal.
Al trasponer las puertas de esta prisión, resguardada por altos muros de piedra vigilados desde torretas por guardias con armas de alto poder, hay que abordar un camión.
En ese transporte las esposas de los presos platican y se cuentan sus apuros. En la mayoría de los casos los soldados encarcelados eran el único sostén de sus casas, y ahora, por lo que establece el reglamento castrense, sus haberes se reducen: un teniente que ganaba 15 mil pesos al mes ahora sólo recibe mil; un cabo que percibía 6 mil mensuales ahora sólo gana 600.
A fuerza de verse durante ese trayecto, las familias acaban estableciendo lazos amistosos. Comparten angustias por las lesiones que, aseguran, tienen sus maridos tras las sesiones de tortura a que los sometieron para que aceptaran su responsabilidad en los delitos de los que se les acusa.
Al llegar al estacionamiento de la prisión se anotan los nombres de las visitas y se recogen las identificaciones. Después se pasa por un detector de metales. Por último, los visitantes son sometidos a una revisión corporal en busca de sustancias o artículos prohibidos que podrían ocultarse entre la ropa interior. A los guardias les preocupa especialmente que entren chips de celular, memorias usb, teléfonos, grabadoras o cámaras.
Para meter libros o revistas el interno debe hacer una solicitud a la dirección de la cárcel, instancia que analiza si el contenido es apto para los internos.
Si se lleva comida hay que pasar otro filtro. Con una misma cuchara que se usa una y otra vez y sólo se limpia con servilletas, los soldados revuelven los alimentos en busca de objetos prohibidos.
Una vez pasadas esas revisiones se cruza un camino flanqueado con malla ciclónica hasta llegar a los jardines donde los reos –vestidos con uniformes tipo militar pero de color azul añil– reciben a las visitas. La ocasión es ambientada con música instrumental, interrumpida de vez en cuando por el voceo a los presos para que se presenten a la puerta de ingreso a recibir a sus visitantes.
Aunque todos tienen los mismos uniformes azules, las insignias se conservan en hombreras y gorras. Aquí, el respeto a los rangos superiores debe mantenerse.
Aparentemente las instalaciones están bien cuidadas. El mantenimiento corre a cargo de internos que purgan penas por deserción; ellos deben llevar distintivos blancos en la ropa y no pueden hablar con los procesados o sentenciados por otros delitos.
Los desertores se levantan a las tres de la mañana todos los días y no dejan de trabajar sino hasta las ocho de la noche, cuando se cierra la treintena de dormitorios o cuadras, cada una de las cuales aloja un promedio de 50 hombres.
En los jardines hay juegos para los hijos de los soldados. También una pequeña tienda o “casino” donde se vende todo lo que los visitantes no pueden llevar: pan, gelatina, arroz, tamales, pasteles, frituras, dulces... productos que se llegan a vender hasta tres veces más caros que en cualquier tienda de la ciudad.
Los presos calculan que cada mes ingresan al casino alrededor de 80 mil pesos, dinero que por reglamento debe invertirse en el mantenimiento del penal. Pero aseguran que buena parte de esas ganancias va al bolsillo del director de la cárcel.
Como en todas las prisiones, la principal queja de los internos tiene que ver con la comida. Dicen que es tan mala que un día, después de comer, 90 de ellos tuvieron que ir a la enfermería con severas molestias estomacales.
Cifras carcelarias
En respuesta a una solicitud de información de Proceso, el pasado 30 de marzo la Sedena informó sobre los ingresos a la prisión del Campo Militar Número 1, clasificados por grados y delitos o faltas, de
El oficio de respuesta, con el número 1425 y firmado por el encargado de la Unidad de Enlace de la Sedena, general Julio Álvarez Arellano, hace evidente el crecimiento de ingresos por delitos relacionados con la guerra contra el narco.
Mientras que en 2007 fueron recluidos tres militares y en 2008 sólo dos acusados por delitos contra la salud, en 2009 la cifra se disparó a 28. En 2010 fueron 10 y uno más por “delincuencia organizada agravada”, mientras que en los primeros meses de 2011 la prisión militar registró 20 ingresos por esos delitos. En suma, 64 militares procesados presuntamente por colaborar con narcotraficantes.
El reporte señala que por esos delitos se procesa a un coronel, dos tenientes coroneles, un mayor, cuatro capitanes, 16 tenientes, 8 subtenientes, 17 sargentos, 11 cabos y cuatro soldados rasos.
Esa cifra cambió el 28 de abril cuando, en los primeros minutos del día, 52 de los procesados por delitos contra la salud fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Perote.
Hasta el cierre de esta edición, los familiares de los presos no tenían información acerca de los motivos del traslado y pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ni siquiera los jueces militares que llevan las causas de esos internos conocieron los motivos de la transferencia. Un oficio firmado por el director del penal, el general Carlos Murguía Alonso, informa que por órdenes de “DN-
DN-12, se enterarían los familiares después, es la clave interna para identificar a la Procuraduría de Justicia Militar. l
Testimonios de la guerra
Gloria Leticia Díaz
Militares presos por supuestos vínculos con el crimen organizado o acusados del asesinato de civiles cuentan sus experiencias a Proceso, pero por su seguridad no es posible identificarlos aquí por sus nombres. Los testimonios obtenidos a través de horas y horas de conversaciones con ellos, en las instalaciones de la prisión del Campo Militar No. 1, estremecen: hablan de la colusión de altos mandos del Ejército con los cárteles del narcotráfico, de las órdenes que la tropa recibe para robar o para proteger a ciertos delincuentes... y hasta de un grupo castrense dedicado exclusivamente a cometer homicidios.
En el norte del país, sobre todo donde operan Los Zetas, los soldados arriesgan la vida todo el tiempo. Para evitar que los asesinen, los altos mandos les ordenan disparar a “cualquier carro sospechoso”.
“¿Qué características debe tener ese vehículo ‘sospechoso’?”, se le pregunta a un grupo de militares que han recibido esa indicación en sus misiones en Nuevo León y Tamaulipas.
Luego de pensarlo un rato, uno de ellos responde: “Los que tienen los vidrios polarizados y los que están mugrosos, con lodo pegado; eso quiere decir que anduvieron en la sierra o que no quieren que los identifique el helicóptero”.
Otro interviene: “De un carro de esos a un amigo le dispararon en la cabeza; los superiores nos dicen que para qué esperar a que nos tiren, que lo hagamos primero”.
En un convoy o en un retén, cuenta uno más, un tiro al aire sin previo aviso es suficiente para que el resto de la tropa dispare; más aún si el que inicia la refriega es el superior al mando: “Si dispara el comandante del grupo, nosotros tenemos que seguirlo, porque si no, podemos ser procesados por desobediencia”, agrega.
Un soldado sobreviviente de ocho tiroteos con zetas en el noreste del país reconoce que estas decisiones han derivado en graves “accidentes”: la muerte de civiles que viajaban en “carros sospechosos”.
Pero no dudan en responsabilizar a las víctimas, ya sea porque conducen erráticamente o no atienden las señales para que se detengan.
Para dejar a salvo la imagen del Ejército y de la “guerra de Calderón”, pero sobre todo para evitar procesos judiciales, dice, “los superiores ordenan que se les pongan armas o drogas” a las víctimas, a los “daños colaterales”.
Las armas y las drogas, explica, “se sacan de los decomisos, o cuando vamos en operativos mixtos con Policías Federales o de la PGR, ellos la ponen; pero también hay superiores que tienen contactos con el cártel del Golfo... les hablan para que les echen la mano y ellos llegan con ese material”.
“Te das cuenta con quién está el superior...”
Confía un oficial que operó en varios estados del país: “Ningún superior me ha dicho que proteja a tal o cual cártel, pero por las órdenes que nos dan los generales de las zonas y coroneles de los batallones, te das cuenta con quién tienen arreglos. Uno tiene que obedecer. Si no, te pueden procesar, así que no queda otra.
“En 2004 me mandaron al frente de un operativo de destrucción de plantíos en la sierra de Michoacán. Mientras destruíamos la hierba llegó un señor, un ranchero; no estaba armado pero sí estaba bravo. Me gritoneó que por qué estábamos haciendo eso, que él ya se había arreglado allá en Morelia, en la XXI Zona Militar.
“Yo le dije que cumplía órdenes y que mejor le bajara porque me lo iba a llevar detenido. Se fue. Después recibí la llamada del general de la zona para ordenarme que me retirara y que le urgía que me trasladara a otro punto donde iba a reunirme con más elementos a las ocho de la mañana del otro día. Nos fuimos caminando toda la noche para llegar hasta el punto que nos ordenaron, pero ahí no había nada.”
“Suéltelo…”
En las ciudades la venta de droga y las narcotienditas, asegura otro oficial, no escapan al control de algunos altos mandos militares, y a la tropa no le queda más que obedecer órdenes.
Cuenta una anécdota: “Estaba al frente de un patrullaje nocturno cuando de repente vimos a un tipo que al vernos corrió y se metió a una casa. Ordené seguirlo y entramos a la casa. El tipo tenía una tiendita y lo detuvimos.
“De inmediato me comuniqué con el coronel del batallón para informarle de los hechos y que pondría a disposición de la PGR al detenido y la droga. El comandante me pidió el nombre del detenido y me dijo que esperara un momento antes de entregarlo. Unos minutos después me llamó para decirme que lo soltara y que sólo pusiera a disposición la droga.
“Al día siguiente, después de entregar mi parte, el comandante me mandó llamar. ‘¿Por qué en el parte dices que yo te ordené soltar al narcomenudista?’, me preguntó muy enojado. Yo le recordé que era eso lo que había ocurrido y me ordenó borrar esa información y poner que me había encontrado la droga en la calle.”
“Muy amigo del comandante…”
Una anécdota más ocurrida en una carretera del sureste del país: “Estaba al frente de un retén, pedimos al conductor de una camioneta de lujo que se parara para un revisión de rutina. Un soldado me informó que había encontrado armas y portafolios llenos de dinero. Los ocupantes de la camioneta no llevaban permisos para portar armas y me salieron con que eran guardias personales de un diputado.
“Les dije que por las armas y el dinero tenía que detenerlos, pero uno de ellos insistió en llamar a su patrón, quien supuestamente era muy amigo del comandante de la zona. En minutos mis superiores me llamaron. Me ordenaron dejarlos libres.”
“Se les pasó la mano…”
La mayoría de los soldados encarcelados sienten que fueron traicionados por sus superiores y que pagan los errores de estrategia de la guerra de Calderón. Un oficial procesado por la muerte de un presunto halcón considera que hay una gran hipocresía porque “nosotros somos entrenados para matar y sabemos que para ascender o lograr otro grado no hay otra forma que dar resultados, sea como sea... a los superiores no les importa”.
Cuenta: “Para qué le digo que no, sí le di unas cachetadas a ese cabrón (el halcón), pero no había otra forma de que hablara. Estábamos en su casa, hacía mucho calor, me salí unos minutos para respirar un poco y dejé a la tropa con el halcón. Sólo fueron unos minutos que salí a respirar y cuando regresé, el tipo ya estaba tendido en una mesa, muerto. Se les pasó la mano: le metieron la cabeza en una cubeta de agua y no se dieron cuenta cuando le dio un paro cardiaco.
“Yo di parte a mi superior, pero no creí que me acusaran a mí; son unos grandes hipócritas. Me ha tocado limpiar chingaderas de otros que no son tocados porque son gente del general secretario”, suelta indignado.
“En una ocasión me dieron la orden de dirigirme a un punto en Reynosa. Ahí estaba una unidad de Gafes que sólo obedecen órdenes del general secretario y del presidente (Calderón). Hicieron una matazón de zetas y a mi unidad le tocó limpiar esa porquería.”
–¿Ese grupo especial únicamente ejecuta narcotraficantes?
–Al que ordenen el general secretario y el presidente.
–¿Defensores de derechos humanos?
–Puede ser. El único caso que sé que no fueron ellos es el de la señora que mataron en Chihuahua, a la que le mataron a su hija.
Se refería a Marisela Escobedo.
A matar desertores
Interviene otro soldado, procesado también por la muerte de un supuesto halcón cuando era torturado.
“Es cierto que nos dan cursos de derechos humanos, pero cuando salimos a los operativos los mandos nos hacen olvidar todo. Por supuesto, nunca nos lo dicen por escrito, pero nos dan órdenes como la de eliminar a todo aquel narcotraficante que sea desertor del Ejército o que se haya dado de baja para colaborar con el crimen organizado. Según nos han dicho, esa es la indicación del general secretario.
“Hace poco vino a visitarme un compañero y me contó que recientemente (en febrero) detuvieron a unos zetas. Les ordenaron eliminarlos e irlos a tirar a Chiapas. Desde luego, la instrucción de matarlos y tirarlos nunca fue por escrito, pero estaban obligados a obedecer. Es lo que tienes que hacer si quieres ascender.”
El botín
Denunciado por organizaciones de derechos humanos y víctimas de allanamientos de morada encabezados por militares, el hurto es generalizado y hasta ordenado por los superiores. Se trata de tomar el botín de guerra, según los entrevistados.
Cuenta un oficial que fue transferido a Chihuahua: “En mi primer operativo me sorprendió ver que los soldados salían con mochilas vacías. Llegamos a una casa donde encontramos droga y armas y de repente vi que los soldados empezaron a robarse cosas; yo traté de pararlos pero llegó un capitán y me dijo que no me hiciera el inocente. Vino después un mayor y me dijo: ‘A ver, llévate este aire acondicionado’. Me negué y el capitán intervino: ‘Es una orden de un superior’, y subieron el aire a mi camioneta.
“Después llegó un coronel y por la radio se comunicó con el general de la zona, quien le preguntó qué había en la casa. Yo creí que el coronel le iba a pasar un reporte de la droga y de las armas, pero no: le empezó a describir las televisiones de pantalla plana que había, el refrigerador, las computadoras, y el general le dio órdenes de llevar algunos de los artículos a la casa de una señora que, después me enteré, cortejaba.”
Y una mujer le gustó al oficial…
Un caso similar fue atestiguado por otro oficial: “Mientras estuve en Tabasco me tocó formar parte de una sección (integrada por 30 militares) y participar en tres operativos fallidos. Nos metíamos a casas sin orden de cateo ni nada de eso, porque supuestamente informes de inteligencia militar aseguraban que ahí había drogas y armas.
“Nunca encontramos nada. Nomás asustábamos a la gente porque llegábamos armados y encapuchados.
“En una ocasión el capitán que encabezaba la misión empezó a dar órdenes para que saquearan la casa. En eso llegó el dueño. Era un licenciado que preguntó quién estaba al frente del operativo, y el capitán señaló a un mayor. Ese mayor está ahora procesado por robo.
“En otra ocasión ocurrió algo más grave. En esa casa había puras mujeres y una le gustó al oficial al mando. La violó. En el forcejeo la señora le arrancó el pasamontañas y después lo denunció.
“Llegaban los policías y abogados con el retrato hablado a las puertas de la zona y nomás les decían que ahí no estaba esa persona.”
Los incondicionales del comandante
No todos los soldados desplegados en el combate al narcotráfico tienen carta libre para cometer arbitrariedades y abusos, sostiene un soldado que ha vivido la guerra en el sureste, en Sinaloa y en Durango.
“Todas los comandantes de las zonas y los batallones tienen a sus grupos especiales, son oficiales y tropa dispuestos a todo, son incondicionales de los comandantes: lo mismo pueden hacer investigaciones y decomisos que entrar a domicilios sin órdenes de cateo y aprovechan para robar y cometer barbaridades.
“Por lo general esa gente es del GAOI (Grupo de Análisis de Orden Interno), en las zonas, y del pelotón de información, en los batallones. Cuando salen a sus operativos especiales no utilizan vehículos militares. Se mueven en camionetas y carros particulares decomisados. Tampoco llevan uniformes o nomás se quitan las insignias para que no los reconozcan. Claro, todos llevan pasamontañas.”
Hacerse de la vista gorda
Muchos de los prisioneros aseguran que para sobrevivir en el medio militar hay que hacerse de la vista gorda.
Un soldado fue testigo de cómo un hombre a bordo de una camioneta de lujo baleada llegó hasta las puertas del batallón en el que se encontraba de guardia: “Nos pidió apurado que le abriéramos la puerta, que lo andaban persiguiendo los zetas. Nosotros le negamos el paso pero él sacó su celular y llamó a un alto mando del Ejército que está acá en el Distrito Federal.
“Minutos después el coronel nos ordenó que le abriéramos la puerta y lo pasáramos a la casa de visitas, para que comiera y durmiera.
“Al día siguiente se fue escoltado hasta el aeropuerto y su vehículo baleado fue reparado en la Zona Militar; lo sé porque días después llegaron guaruras del señor ese para llevárselo.
“Después nos enteramos que pertenecía a una familia de empresarios al parecer ligados con el cártel de Sinaloa y al que los zetas ya le habían matado dos hermanos.”
Los narcos pagan bien
En el medio militar, para vincularse con el narcotráfico las estrategias varían según la región del país, comentan los enterados.
En el sur y sureste “por lo general los narcos contactan a soldados para que les pasen información de operativos y desplazamientos. El pago depende de la jerarquía y del tipo de información”.
“A los altos mandos les dan unos 40 mil a 50 mil pesos al mes, y a los de más bajo rango, de 3 mil a 5 mil pesos mensuales. Generalmente hay un intermediario, que es el que paga.”
En el norte los traficantes de drogas y armas “pagan en el momento, cuando llegan a los retenes militares; generalmente los pagos son en dólares y varían dependiendo de la carga”.
A la guerra sin fusil
En las entrevistas los militares procesados manifestaron su inconformidad porque aseguran que están siendo enviados a la guerra sin contar con el equipo necesario para enfrentar a narcotraficantes mejor armados que ellos.
“Nos mandan a la guerra con fusiles de mala calidad, algunos hasta se rompen si se caen; los chalecos antibalas que nos dan están vencidos o no resisten impactos de alto calibre; las botas son de vinil y pesan tres kilos; los trajes y los cascos son un horno cuando hace calor y un congelador cuando hace frío. Lo único bueno es que si morimos, las familias quedan pensionadas y ellos pagan los gastos de marcha”, explica un soldado que ha sufrido las inclemencias del clima en los estados del norte.
Y de los estímulos “mejor ni hablar”, acota otro. A los soldados enviados a combatir al narcotráfico se les alienta con una aportación diaria de entre 30 y 50 pesos, según el rango.
“Los generales y coroneles se llevan la mayor parte del dinero, pero quienes estamos al frente, los que recibimos los balazos somos la tropa, y nomás nos dan 30 pesos al día... y eso si no te transa el pagador.”
Subteniente Colorado Montejo: torturado
Gloria Leticia Díaz
Originario de Cárdenas, Tabasco, el subteniente de Infantería José Freddy Colorado Montejo es un hombre de 31 años, de estatura más bien baja, ojos rasgados y oscuros, piel morena... y la camisola de su uniforme azul de reo de la prisión del Campo Militar Número 1 no puede ocultar una pancita que revela que no es afecto al ejercicio.
Pero después de tres días de tortura a manos de policías judiciales militares en instalaciones de la XXX Zona Militar de Villahermosa, del 23 al 26 de mayo de 2009, Colorado firmó una declaración en la que admitió ser varios centímetros más alto, de piel blanca, ojos color miel, cuerpo de fisicoculturista, ser apodado El Rojo y recibir 25 mil pesos mensuales de Los Zetas por darles información de los operativos castrenses.
No sólo eso. Bajo la amenaza que le hicieron los militares de llamar a la maña (al crimen organizado) para que matara a su mujer y a sus hijos delante de él, Freddy Colorado firmó documentos en los que implicaba a cuatro soldados más y en los que aceptaba haber reclutado para trabajar para Los Zetas.
Los cinco son procesados en la causa penal 407/2009 en el Juzgado Tercero Penal Militar por delitos contra la salud en su modalidad de “colaboración en cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos agravado”.
El subteniente Colorado narra la serie de irregularidades que lo llevaron a la cárcel del Campo Militar Número 1, donde estuvo del 31 de mayo de 2009 al 28 de abril de 2011, cuando fue trasladado al Cefereso de Perote, Veracruz.
Adscrito al 57 Batallón de Infantería de Cárdenas y comisionado para resguardar la base de operaciones de Pemex en La Venta, Tabasco, el 23 de mayo de 2009 recibió la orden del comandante de su batallón, Domingo Vargas Merlín, de presentarse ante el comandante de la Zona Militar, general José de Jesús Ramírez García.
Antes de ser trasladado, los oficiales Joa Omar Rodríguez Ocampo y Sandro Díaz le confiscaron el arma de cargo y el celular, y además se le impidió redactar un escrito por el que dejaba constancia de que la responsabilidad del resguardo de las instalaciones de Pemex quedaba en manos del teniente Julio César Rodríguez Arenas.
Tortura y amenazas
En la XXX Zona Militar lo obligaron a firmar una boleta de arresto por ocho días por “sustraer lo perteneciente a Pemex”. El subteniente replicó: “Esto no es un arresto, es un delito y yo no lo cometí”, pero le recordaron que si no firmaba podrían procesarlo por desobediencia.
A las 10 de la noche lo entregaron a policías judiciales militares vestidos de civil, comandados por el capitán segundo de artillería Antonio Ruperto Gasca Pérez. Lo trasladaron a la enfermería para hacerle una revisión médica.
Después lo llevaron a un cuarto de lo que se conoce como la enfermería vieja. “Me taparon con vendas la cara, sólo me dejaron libres las fosas nasales y la boca; me envolvieron con hule espuma el tórax y me esposaron las manos y los pies a una silla metálica.
“Me golpearon los oídos y el estómago, me dieron toques eléctricos en el cuerpo y en los testículos, me pusieron una bolsa de plástico en la cara, me sumergieron en agua... y los golpes que no acababan”, cuenta.
Al principio, asegura, los torturadores le ofrecieron ser testigo protegido: querían que declarara que el general Jaime Rufino Hernández Vázquez, quien antecedió a Ramírez García como comandante en la XXX Zona Militar, trabajaba con Los Zetas.
Hernández Vázquez fue condecorado por el secretario Guillermo Galván Galván el 20 de noviembre de 2008 por “Perseverancia Institucional”. Meses después solicitó el retiro y desde entonces salió del país, según el subteniente Colorado.
Freddy formó parte del grupo de enlace del general Hernández Vázquez, pero con funciones de mantenimiento de la Zona Militar. “No tenía información del movimiento de tropas; quienes hacen ese trabajo son los que están en el GAOI (Grupo de Análisis de Orden Interno).
Según el soldado entrevistado en los jardines de la prisión militar, luego de varias sesiones de tortura, sin conseguir que implicara a su exjefe, los judiciales militares lo acusaron a él de reclutar soldados y le dijeron que tenían un testigo: un indocumentado hondureño llamado Juan Carlos Martínez Sosa, El Negro Hondureño.
Esposado a la silla metálica y con las vendas de los ojos aflojadas, Colorado Montejo pudo ver a su acusador: un hombre flaco, con el rostro hinchado por los golpes y el brazo vendado, quien frente a él fue golpeado para que dijera que Freddy era uno de los militares a quienes Los Zetas entregaban 25 mil pesos mensuales.
“Cuando los judiciales militares me mostraron fotos de mi mujer y mis hijos y dijeron que iban a ir por ellos para matarlos delante de mí, me doblé. Les dije que firmaba lo que quisieran pero que no les hicieran daño”, cuenta Colorado con voz entrecortada.
Los otros cinco militares involucrados, apunta, también fueron torturados y obligados a firmar declaraciones.
El 31 de mayo, Freddy y sus compañeros fueron trasladados en avión al Distrito Federal e internados en la prisión del Campo Militar Número 1.
En su declaración preparatoria, el 1 de junio de 2009 en el Juzgado Tercero Penal Militar (documento del que este semanario tiene copia), el subteniente denunció las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido para autoinculparse e implicar a cuatro soldados más.
Narró el momento en el que sucumbió a las órdenes de los policías militares. Con la foto de su mujer e hijos le dijeron que “iban a pasar los datos a La Maña para que matara a mi familia; o si no, que me iban a tirar en una calle de la ciudad con las fotografías de mi esposa y mis hijos nada más, y después ellos calentarían el terreno para que me localizara La Maña y me mataran a mí y a mi familia, dejándoles un mensaje de que yo era dedo”.
Amenazado, explicó, señaló a sus compañeros. Dice que incluso fue videograbado.
En el documento también señaló a un civil vestido sólo con una trusa, vendado de los ojos y esposado a una silla, quien habría sido golpeado en su presencia para acusarlo de tener relaciones con otro oficial procesado por delitos contra la salud. De esa persona Freddy sólo señaló que fue militar pero que no conoce su nombre.
En los primeros días de junio de 2009 pudo comunicarse con su familia, que lo había buscado desde el día de su detención.
Por la incomunicación y las acusaciones contra Freddy, el 6 de julio, su padre, Javier Colorado Ramos, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que explica cómo le fue negada la información del paradero de su hijo en las instalaciones militares de Tabasco y pide que se verifique su estado de salud, porque “prácticamente fue secuestrado por la misma milicia”. La queja tiene el número CNDH/3/2009/3172/Q.
El subteniente Colorado cuenta que después de que su padre denunció los hechos acudió un visitador de la CNDH a entrevistarlo. Desde que su familia fue notificada de la admisión de la queja, el 14 de julio de 2009, no volvieron a saber nada del organismo.
El testigo que señala a Freddy y a sus compañeros de estar al servicio de Los Zetas, Juan Carlos Martínez Sosa, está preso actualmente en la cárcel de Villahermosa, procesado con otras tres personas por robo de vehículo y asociación delictuosa agravada, según el expediente 125/2009 del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro. Proceso tiene copias de ese documento.
Martínez Sosa fue detenido la tarde del 18 de mayo de 2009 en un operativo policiaco en Villahermosa manejando un automóvil robado; fue puesto a disposición del Ministerio Público la madrugada del día siguiente, lo arraigaron y rindió cuatro declaraciones ministeriales. El 21 de julio fue puesto a disposición de un juez.
En una ampliación de su declaración ministerial, el 23 de mayo, Martínez Sosa asume que trabajaba para el “cártel del Golfo, es decir para Los Zetas”, y que su función era “ser operativo para usar armas como la nueve milímetros, R-15 (…) secuestrar personas, transportar droga, transportar polleros, es decir personas indocumentadas, y cobrar las cuotas de la gente que trabaja con nosotros”.
Después de operar en Palenque, se indica en la declaración ministerial, marchó a Villahermosa como escolta de un hombre apodado El Cejas, quien “se encargaba de pagar a los informantes”.
Según el documento, El Negro Hondureño da una serie de apodos y descripciones de cinco policías ministeriales y de cuatro militares que presuntamente colaboraban con Los Zetas.
De las referencias de los militares, Martínez Sosa describe a El Rojo como “una persona del sexo masculino, de color de piel blanca, de pelo color café, de ojos claros de color miel, de aproximadamente
En el auto de formal prisión, de fecha 25 de julio de 2009, el juez de la causa, Rutilo Ramón Pérez, consideró como prueba para inculpar a Martínez Sosa por los delitos de robo de vehículo calificado y asociación delictuosa agravada la “declaración de José Freddy Colorado Montejo alias El Rojo”.
Sin embargo, en la declaración preparatoria del 21 de julio ante el mismo juzgado, Martínez Sosa reconoce únicamente la declaración ministerial que hizo el 19 de mayo, y las otras tres “no las ratifico porque no dije eso, ya que eso lo pusieron los soldados y los policías; ni las firmas reconozco”. l
Teniente Hernández Hernández: calumniado
Gloria Leticia Díaz
En la guerra contra el narcotráfico, un escrito anónimo le basta a la justicia militar para relacionar a un soldado con un capo y procesarlo por delitos contra la salud.
Es lo que le pasó al teniente Julián Hernández Hernández y a seis oficiales más, ahora procesados por haber recibido “fajos de billetes” de manos de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas o El Jefe de Jefes.
Al menos así lo señala una carta anónima enviada al secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, fechada el 24 de diciembre de 2009, ocho días después de que el capo fue ejecutado por fuerzas especiales de la Marina y cuatro antes de que Proceso (edición 1729) revelara el testimonio de uno de los cinco detenidos en el operativo, identificado como El Cocinero:
Éste dijo que “el día del ataque el llamado Jefe de Jefes esperaba a comer en su departamento nada menos que al comandante de la XXIV Zona Militar con sede en Cuernavaca”, el general Leopoldo Díaz Pérez, así como a “un capitán y un mayor del Ejército”.
Los nombres de Julián Hernández y sus compañeros, que no se conocían, aparecieron en un documento anónimo redactado con lenguaje castrense. Esa “prueba” y recortes de periódico son los únicos elementos en su contra incluidos en la causa penal 896/2009 que se le abrió por “colaboración en cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos agravado”.
Lo que el teniente Hernández califica de libelo fue escrito en computadora y supuestamente redactado por una mujer que asegura que sostenía relaciones sentimentales con un sargento y que fue testigo de un encuentro entre siete oficiales de la XXIV zona con “un hombre alto, de barba” que era custodiado por seis personas.
El “hombre de barba” habría entregado fajos de billetes a los oficiales en un bar, y después todos –los militares, la firmante del anónimo, el hombre de barba y sus guardaespaldas– se dirigieron a un hotel a las afueras de Cuernavaca. Presuntamente quien entregó el dinero era El Barbas.
Originario de un pueblo de la Huasteca Hidalguense, Julián Hernández ingresó al Ejército, como muchos de su pueblo, “para salir de pobre”.
Adscrito al Tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento, de la XXIV Zona Militar de Cuernavaca, estuvo al frente de una sección de fusileros integrada por 30 elementos de tropa. Tenía como función patrullar las calles y comunidades en Morelos.
“¿Qué sabes de Beltrán?”
Residente de la Zona Militar desde 2006, se le ordenó presentarse ante el coronel del Tercer Regimiento, Jesús García García, la mañana del 28 de diciembre de 2009. En la oficina del coronel encontró a otro teniente que había recibido la misma indicación que él.
García García les comentó: “Yo no los necesito, no sé qué se trae el comandante de la zona (Leopoldo Díaz) con ustedes”.
A las 10 de la mañana un teniente coronel se dirigió a ambos tenientes y les exigió que le entregaran sus armas de cargo y sus celulares, mientras policías judiciales militares vestidos de civil les ordenaron que los condujeran a sus habitaciones.
“A los dos judiciales que iban conmigo les pedí algún oficio que justificara su actuación. Nunca lo hicieron y me dijeron que traían órdenes contra nosotros y que más valía que cooperara”, cuenta. “Ya en mi alojamiento se llevaron documentos personales, cámara de video, un GPS, cargadores de mi pistola, ropa, fornituras, chalecos tácticos, y me preguntaban por un celular, que yo les insistía en que no tenía.
“Me ordenaron desnudarme y empezaron a golpearme. ‘¿Qué sabes de Arturo Beltrán?’, preguntaban, y yo les decía: ‘Sobre mi cama está la revista Proceso. Todo lo que sé está ahí’. Y siguieron los golpes.”
El otro teniente y él fueron subidos a una vagoneta blanca con placas del Distrito Federal; de reojo vio cómo otro oficial fue subido a un vehículo particular. Dentro de los autos los judiciales militares les vendaron los ojos.
Conocedor de la Zona Militar, Julián advirtió que los vehículos nunca la abandonaron y que fueron llevados a instalaciones del Patronato del Campo Militar, donde cada uno fue conducido a un cuarto para ser torturado, afirma.
Recuerda: “Me sentaron en una silla metálica, me ataron los pies, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza mientras me golpeaban el estómago; me envolvieron en una cobija mojada y me dieron toques eléctricos; por momentos quedé inconsciente, pero me despertaban a golpes”.
Deliberadamente, asegura, los judiciales militares se comunicaban por radio con otra persona, aparentemente “un mando”, quien decía que por órdenes superiores los siete oficiales tenían que ser detenidos, y cuando los torturadores informaron que el teniente Hernández se negaba a “cooperar”, la voz dio la instrucción de tirarlo en calles de Cuernavaca y “hablarle a La Maña para que me mataran”.
Con esa advertencia, añade, los torturadores lo subieron a una camioneta y simularon llevarlo a las calles de la ciudad; lo tiraron al pavimento, pero en realidad nunca salieron de la Zona Militar.
“Me dejaron un rato tirado y de repente oí un carro, me subieron a él y escuché a gente que decía: ‘¡Traicionaste al patrón!’. Pero eran las mismas voces de los policías judiciales militares y la misma camioneta; les dije que ya los había descubierto y me golpearon otra vez.
“Me llevaron al vivero de la Zona Militar; yo seguía negando todo y me dijeron que tenían luz verde para ir por mis papás, mi hijo y su mamá, que a ella la iban a violar. Escuché otra vez que por radio les decían a quienes me golpeaban que ya iban por el ‘paquete’, y daban señas de la ruta que se sigue para ir a la casa de mi hijo; cuando estaban supuestamente a una cuadra entré en pánico y les dije que dejaran en paz a mi familia, que iba a firmar lo que quisieran.”
Julián dice que, ablandado por los golpes y la tortura psicológica, recibió un documento con una declaración fabricada que tendría que aprenderse.
“No quiere cooperar”
La mañana del 29 de diciembre, los siete militares llegaron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia Militar en el Distrito Federal, donde fueron atendidos por el jefe de Averiguaciones Previas, el mayor Jesús Rosario Aragón Valenzuela.
“Le dije al mayor que no sabía por qué estaba ahí, que los judiciales militares me habían torturado. El mayor puso un gesto de desagrado y les gritó a los judiciales: ‘¡Éste no quiere cooperar y yo no estoy jugando!’. Llegaron dos judiciales miliares y el mayor dijo que me llevaran al baño. Ahí otra vez empezaron a golpearme. Les dije que ya estaba bueno, que me dejaran en paz.
“El mayor me dijo: ‘No te preocupes, vas a salir en unos tres años’. Y firmé lo que me puso enfrente.”
El teniente Hernández recuerda cómo un sargento, detenido con él, le dijo al mayor Aragón que tenía derecho a hacer una llamada, que le permitiera hacerla, y el agente le respondió: “Eso sólo pasa en Estados Unidos. Estás en México y aquí te chingas”.
El mismo 29 de diciembre, los siete oficiales fueron conducidos a dormitorios de la Policía Judicial Militar, en el Campo Militar Número 1. Estuvieron hasta el 31 de diciembre esposados a las literas e incomunicados. “Querían que se borraran las huellas de la tortura antes de que nos hicieran el certificado médico para pasar a la prisión militar, pero no fue suficiente; a pesar de estar todos golpeados, el médico puso en el certificado ‘sin novedad’. Yo reclamé y me dijo que como podía caminar no había novedad”, dice Julián.
Cuando los soldados iban a rendir su declaración preparatoria le pidieron al primer abogado civil que vieron por los juzgados militares que los defendiera.
“El licenciado pidió peritajes por los golpes y alegó que nuestras declaraciones no era válidas por haber sido torturados. Cuando el licenciado salió del Campo Militar lo alcanzaron soldados y le dijeron que no se metiera en nuestro caso, que ya todo estaba armado. El abogado se asustó y se negó a defendernos.”
Su actual defensor, también civil, tramitó un amparo directo contra el auto de formal prisión en el Juzgado Tercero de Distrito, que resultó favorable: se ordena al juez militar que libere a los presos porque el auto no está fundado ni motivado.
Un tribunal colegiado ratificó la resolución, pero el juzgado militar les volvió a dictar formal prisión.
Hernández tiene miedo porque su familia está vigilada y se indigna porque su imagen es utilizada en una campaña interna de la Sedena contra la corrupción.
“Un amigo me vino a ver y me dijo que les habían pasado un video en el que aparece mi rostro: aparezco como un mal ejemplo de soldado, diciendo que yo trabajé para Beltrán y que ahora estoy en la cárcel. Mi amigo me dijo que después de ver ese video había decidido que ya no volvería a visitarme, que tenía miedo de que lo metieran a la prisión por hablar conmigo. Eso es lo que más me duele, que además de que me tienen encerrado, manchen mi imagen y mis amigos me dejen solo.”
El teniente Julián Hernández fue trasladado el 28 de abril de 2011 al penal de máxima seguridad de Perote. l
Cabo Pérez Arriaga: “No la pude salvar...”
Gloria Leticia Díaz
“Cada 15 días más o menos me pasa lo mismo: despierto con angustia, sudoroso. Sueño con los ojos de la niñita a la que no pude salvar. Estaba destrozada por los balazos. El material que llevaba en mi botiquín no me alcanzó para atender a los seis heridos. Estaban vivos y el helicóptero nunca llegó para sacarlos de ahí.”
Quien relata es Eladio Pérez Arriaga, cabo de sanidad del 24 Regimiento de Caballería Motorizada. Está procesado junto con otros 18 militares acusados de disparar contra una camioneta en la que viajaban ocho miembros de la familia Esparza Galaviz, todo porque el conductor, Adán Abel Esparza, no detuvo la marcha al pasar por un retén instalado el 1 de junio de 2007 en las inmediaciones de La Joya de los Martínez, en la sierra de Sinaloa.
Las víctimas, dos mujeres, de 17 y 25 años, y tres niños, de siete, cuatro y dos años, fueron de los primeros “daños colaterales” de la “guerra contra el crimen organizado”, lanzada por Calderón en diciembre de 2006.
Flaco, moreno, marcado el rostro por el paño que deja la exposición constante al sol, Eladio es hijo de un soldado que no conoció: murió enfrentando a la guerrilla de Lucio Cabañas en la sierra de Atoyac.
De 37 años y de origen humilde, se enlistó en el Ejército el 1 de mayo de 1996 y dos años después se integró al cuerpo de sanidad. Como integrante del Cuarto Regimiento de Caballería Motorizada estuvo en Reynosa y en Tehuacán antes de ser enviado a Culiacán el 27 de mayo de 2007.
Tres días después sería incorporado a una unidad encabezada por el capitán Cándido Alday Aldana, que tenía como misión erradicar plantíos de mariguana en la sierra.
El 1 de junio, mientras la tropa se dedicaba a quemar los sembradíos, el capitán recibió un mensaje de alerta por radio: militares habían sido atacados en un sitio muy cerca de donde se encontraba Alday.
“Esa noticia nos puso nerviosos a todos”, recuerda Pérez Arriaga, quien esa noche, asegura, se recargó en un árbol alejado del dispositivo de revisión que ordenó el capitán, porque “por estrategia, los de sanidad y los de transmisiones siempre estamos en la retaguardia”.
Su sueño fue interrumpido por disparos y, “de reflejo”, accionó dos veces su arma.
“Todo fue en segundos. Cuando me levanté vi de donde venía la balacera, luego escuché que gritaban ‘¡sanidad, sanidad!’, y fui corriendo a donde estaba una camioneta patas pa’rriba. Dos cayeron en el acto –una señora y un menor–, seis estaban heridos. No me daba abasto. Se me acabó todo el material de mi botiquín. ‘¡Atiende a mi hijo!’, me gritaban, y yo lloraba porque no tenía con qué atenderlos”, cuenta.
Según el cabo, los superiores al mando de la unidad ordenaron trasladar a los heridos a un punto específico donde llegaría un helicóptero a recogerlos. Pero nunca llegó, por lo que los propios campesinos trasladaron a los enfermos. “La gente nos quería linchar, de milagro salimos vivos”, recuerda Eladio.
A pesar de la inconformidad, los soldados se quedaron resguardando el lugar hasta que llegó el personal de la Procuraduría General de la República a hacerse cargo.
Para entonces la noticia de la matanza estaba regada. El padre de la familia denunció que no recibió advertencia de que se detuviera antes de la balacera, que los soldados estaban borrachos y drogados y tuvieron que sortear varios retenes en el camino a Culiacán, adonde llegaron nueve horas después de salir de La Joya de los Martínez, en un recorrido que normalmente toma cinco horas.
Para él, su estancia en la prisión tiene una explicación “política”: es una estrategia de la Sedena para detener el escándalo que causó la muerte de inocentes por las balas del Ejército.
Alday y su unidad fueron trasladados a la cárcel militar de Mazatlán. De 20 soldados que participaron, la Procuraduría de Justicia Militar consignó a 19 en la causa penal 1531/2007. Actualmente, en el Primer Juzgado Penal Militar se les siguen además las causas acumuladas 1895/2007 y 456/2008.
Ahí, refiere Pérez Arriaga, policías judiciales militares lo interrogaron durante dos días. Dice que no lo torturaron pero que lo amenazaron con hacerlo si no aceptaba que había disparado contra la familia o si no señalaba a los soldados que sí lo hicieron.
Mientras los policías lo presionaban, él se empezó a convulsionar. Se desmayó y despertó ocho días después en el Hospital Militar Regional en Mazatlán.
“No me respondían las piernas. Estuve en silla de ruedas un tiempo y después, cuando nos trasladaron al Campo Militar Número 1, estuve otros 15 días en el hospital, en cama. Los doctores dijeron que fue por estrés.”
En la recomendación 40/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se reproduce la valoración del cabo realizada por un psiquiatra del Hospital Militar de Mazatlán:
“El paciente presentó trastorno por estrés agudo con la siguiente sintomatología: embotamiento emocional subjetivo, reducción en su relación con el entorno, así como reexperimentación del evento traumático generado precisamente por los hechos suscitados el 1 de junio de 2007 en la comunidad de La Joya de los Martínez, municipio de Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, en los que se encontró involucrado.”
Aunque en la recomendación se asegura que el tratamiento psicofarmacológico al que está sometido Pérez Arriaga es adecuado, para él no lo es; ya son cuatro años de ver imágenes aterradoras que lo asaltan de día y de noche. “Los doctores me dicen que se me va a pasar. quieren que tome unas pastillas para dormir, pero yo no quiero tomarlas”.
Sostiene que en la reconstrucción de los hechos, que se llevó a cabo en el Campo Militar, los peritos descartaron que él haya disparado contra la camioneta. Por eso confía en que en el Consejo de Guerra, próximo a realizarse, todo se aclare y se le ponga en libertad.
Aun considerándose inocente tiene temor: “A veces no quiero salir de la cárcel; pienso que los familiares de los niños que murieron pueden matarme”.
–¿Qué le diría a los familiares de las víctimas, tras cuatro años de estar en la cárcel? –se le pregunta.
“Aunque no tuve la culpa, quiero pedirles perdón. Yo también sufrí esa noche: vi a mis hijos en esos niños. Les pediría que me crean, que hubiera dado mi vida por salvar a esos inocentes.” l
El infierno de ser testigo protegido
Ricardo Ravelo
“Mario” fue policía ministerial en un enclave del cártel de Sinaloa y después guardaespaldas del capo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, pero su “peor infierno” lo pasó cuando formó parte del programa de testigos protegidos de la PGR, al cual ingresó por invitación de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Ahora, en entrevista, narra su decepción –y su temor– al descubrir que estaba colaborando con instancias en las que se entremezclan la corrupción y la complicidad con el crimen organizado al que dicen combatir...
Después de trabajar como policía ministerial en Durango, uno de los enclaves del cártel de Sinaloa, Carlos Iván Meraz Medina se vinculó a la organización criminal encabezada por Sergio Villarreal Barragán, El Grande, actualmente preso por delincuencia organizada.
Del infierno que vivió en el narcotráfico, Meraz afirma que pasó a otro peor: el programa de testigos protegidos, donde fue sometido a presiones, amenazas y, pese a traer escoltas, fue objeto de un atentado en Durango. “Sospecho que los mismos agentes que me cuidaban me quisieron matar”, señala.
Además, el expolicía de menos de 40 años teme ser asesinado por las organizaciones y los capos que incriminó ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuyos funcionarios, dice, ya no le contestan las llamadas.
A principios de 2000, Meraz Medina se incorporó a la Policía Ministerial de Durango. En 2003, su jefe, el comandante regional Antonio García Artea, le dijo: “Te voy a comisionar con un importante empresario para que lo cuides”. Se trataba de Villarreal Barragán, quien se hacía pasar por empresario y era una pieza importante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la Comarca Lagunera.
Así conoció los entramados que cobijan el negocio de las drogas y algo más: “Vi cómo policías, agentes del Ministerio Público y altos funcionarios están a las órdenes del narcotráfico”, dice Meraz Medina, quien durante casi cuatro años fungió como testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), pero renunció a ese programa en noviembre pasado.
En entrevista con Proceso detalla que de
“Con él viajé a todas partes. Íbamos a Morelos, Sinaloa y al Distrito Federal para entrevistarnos con Arturo Beltrán Leyva, quien era el jefe de Sergio Villarreal, pues en ese entonces mi jefe a su vez tenía a su cargo los estados de Durango y Chiapas y le reportaba a Arturo todo lo que ocurría en esos territorios.”
Pero el 14 de enero de 2007 fueron ejecutados el padre y la madre de Carlos, el activista Jaime Meraz Martínez y María de Jesús Medina; su hermano Jaime Meraz Medina y Jorge Vázquez Serrato, chofer de la familia. Todos fueron torturados y acribillados.
Según el entrevistado, el homicidio múltiple fue ordenado por Sergio Villarreal Barragán a petición de Francisco León, quien se disputaba con Jaime Meraz la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Senado por el estado de Durango.
“Pancho León y mi padre eran enemigos políticos, y me enteré de que Pancho era apoyado por Sergio Villarreal y le pidió apoyo para que ejecutaran a mi familia”, dice. Afirma que en la campaña de Pancho León había dinero del narco y que altos líderes del PRD, que entonces le daban su respaldo, sabían quiénes lo financiaban.
Tras la muerte de sus familiares –que sigue sin esclarecerse, pese a que en la PGR le prometieron investigar el caso–, Meraz Medina abandonó la organización de Villarreal y se puso en contacto con el entonces gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, amigo de su padre.
Según Meraz, Hernández Deras le preguntó quiénes eran los presuntos responsables del crimen de sus familiares, y él respondió que eran Francisco León y Sergio Villarreal. El mandatario lo puso en contacto con altos funcionarios de la SIEDO para que aportara información sobre el crimen.
“Llegué a la Ciudad de México el 17 de enero de 2007. Vine como enviado del gobernador y viajé en su propio avión. Los funcionarios de la SIEDO me recibieron en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, y me llevaron al área de delitos contra la salud, donde me entrevisté con Mario Arzave, encargado de los testigos.
“Después de plantearle mi situación me preguntó si quería acogerme al programa de testigos protegidos. Dijo que me iban a apoyar con protección y que se investigaría a fondo el crimen de mis familiares… Ahora me arrepiento.”
–¿Por qué?
–Todo esto es una mierda.
Con un rosario de ofrecimientos de la SIEDO, Carlos Iván Meraz ingresó al programa de testigos protegidos el mismo día en que llegó a la capital. Lo primero que hizo fue denunciar a la organización de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, aportando información sobre su estructura operativa y de lavado de dinero, que se extendía en toda la Comarca Lagunera. Dio también pormenores sobre la ubicación de tienditas y testaferros –entre ellos algunos políticos– protegidos desde altas esferas políticas.
“En ese tiempo –recuerda– se realizaron cateos en propiedades de varios miembros de la organización, pero también me di cuenta de la corrupción que había en la SIEDO por el apoyo que se le otorgaba a Sergio Villarreal, ya que sus propiedades no se aseguraron y los vehículos que le llegaban a incautar se le devolvían tiempo después. Todo esto me decepcionó y quise renunciar al programa de testigos al darme cuenta de que no se aplicaba la justicia como debería ser.”
Recuerda que cuando se realizaban investigaciones por parte de la SIEDO y los agentes viajaban a Torreón o a Durango, se ponían a las órdenes de Sergio Villarreal:
“En dos ocasiones yo presencié cuando los policías le mostraban a Sergio los oficios de las investigaciones y él, a cambio de la protección, les daba dinero y los llevaba al table dance conocido como El Búnker; ahí se ponían de acuerdo sobre cómo rendir sus informes.
“En varias ocasiones trajimos dinero para los funcionarios de la SIEDO. Sergio se reunía con ellos en el hotel Meliá y, aunque nunca supe las cantidades, vi que era mucho dinero en dólares y me di cuenta de todo el apoyo que se le daba a su organización.”
–¿Quién protegía a Villarreal Barragán en la PGR?
–Lo protegieron las comandantas Claudia García Castillo y Blanca Margarita Castrejón, entre otros funcionarios. También había agentes federales con los que me topaba en la SIEDO. Yo varias veces los señalé con mis superiores y nunca les hicieron nada.
Posteriormente descubrió otra muestra de corrupción. Según Meraz Medina, Jesús Meraz Guevara era un pistolero de Villarreal Barragán que vivía en la colonia Filadelfia de Gómez Palacio, Durango, y que fue detenido por agentes federales. En un hotel de Torreón, Coahuila, donde fue interrogado, el sicario declaró que en su casa tenía una camioneta Cheyenne donde tenía armas largas y cortas, y que estaba equipada con aditamentos policiacos para emitir sonidos. El entrevistado dice que el vehículo era utilizado por la organización de Villarreal “para realizar labores de halcón”.
Cuando los agentes de la AFI acudieron al domicilio del sicario para asegurar la camioneta, ya no la encontraron y, extrañamente –dice el extestigo–, dejaron así las cosas.
“Al día siguiente me comentó el agente del Ministerio Público federal Ignacio Muñiz Chávez que teníamos que viajar a Durango capital para que les indicara la ubicación del rancho de Sergio Villarreal. Para llegar a esa propiedad hay que pasar a fuerzas por las oficinas de la delegación de la PGR.
“Al pasar por la delegación nos percatamos de que en el estacionamiento se encontraba la camioneta que antes traía el sicario de Sergio. Yo le dije al agente del Ministerio Público que la camioneta era la que pertenecía a la organización criminal y no me creyó. Nos detuvimos y le di detalles sobre lo que tenía en su interior el vehículo. Luego salieron unos agentes y la abordaron, entonces los siguieron y les exigieron que se identificaran. Eran policías federales adscritos a la delegación de la PGR en Durango.”
Los agentes que traían la camioneta fueron llevados a la delegación y los encerraron, prosigue Meraz Medina; ahí los tuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. En ese lapso “salió un agente y le comentó a otro de los que me cuidaban que habían descubierto que unos policías traían una camioneta de la organización de Sergio Villarreal y que desde las oficinas centrales de la SIEDO en la Ciudad de México habían girado la orden de que, para evitar que todos los policías de la delegación fueran detenidos, tenían que juntar entre 10 mil y 20 mil dólares cada uno”.
–¿Quién pidió esa suma?
–Funcionarios de la SIEDO. Según supe, juntaron el dinero y lo sacaron en una maleta que llevaron hasta la Ciudad de México y la entregaron en la SIEDO. No sé cuánto dinero iba en ese maletín.
A salto de mata
Después de ingresar al programa de testigos protegidos, el 17 de enero de
Dice que el agente del MP Ignacio Muñiz Chávez y el encargado de las investigaciones sobre delitos contra la salud, Mario Arzave, le ofrecieron una mensualidad de 8 mil pesos, que fue subiendo conforme se comprobaban sus señalamientos incriminatorios, pero lo más que llegó a ganar fueron 20 mil pesos, y “los pagos, eso es uno de los vicios de la SIEDO, nunca son puntuales y yo tenía que andar sin dinero, pese a que estaba colaborando”.
También le ofrecieron una vivienda y apoyo para pagar los servicios, pero tenía que insistir en los cobros: “Yo me quedaba sin luz y sin agua y el portero de mi edificio me decía cómo colgarme de los cables del medidor”.
–¿Qué otras experiencias vivió como testigo protegido?
–Muchas veces me retrasaban la mensualidad. Cuando me asignaron la escolta, los agentes comenzaron a hostigar a mi esposa, le decían que querían andar con ella y eso me provocó problemas con los policías, con quienes estuve a punto de llegar a los golpes. Tampoco cumplieron la promesa de reservar mi identidad. En los juzgados me pedían una identificación de elector y me exhibían con mi nombre y apellidos.
Debido a irregularidades como esas, dice, se creó el Consejo de Testigos y el programa de los testigos protegidos pasó a ser regulado por el área técnica de la SIEDO, pero todo siguió igual.
“Por eso –relata– se nos obligó a firmar una carta compromiso y se nos dijo que quien no la firmara causaría baja del programa, siempre y cuando no tuviera averiguaciones previas abiertas. Yo me negué a firmar la carta porque no me generó confianza; por eso renuncié (en noviembre de 2010) y, como consecuencia, ni el licenciado Óscar González Marín (encargado de los testigos) ni José Guadalupe Rodríguez Morales (titular del área técnica de la SIEDO) me toman las llamadas. Yo los he buscado para pedirles que cumplan con los 500 mil pesos que me prometieron de finiquito y no me contestan.”
Asimismo, afirma que lo contactaron agentes de la DEA estadunidense para que fungiera como testigo de cargo en Estados Unidos cuando Sergio Villarreal fuera extraditado. “Me preguntaron si Sergio enviaba droga a Estados Unidos. Les dije que sí, que enviaba cargamentos a El Paso, Texas, y que el encargado de esas tareas era su hermano Adolfo. Lo extraño es que 15 días después de la entrevista me dijeron que ya no lo iban a extraditar”.
Mario testificó en media docena de casos. Incriminó, por ejemplo, a una célula que operaba para El Grande y los hermanos Beltrán Leyva, que fue detenida en posesión de un arsenal en la Ciudad de México, en febrero de 2008. También acusó a Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO, a quien señaló de recibir dinero del narcotráfico a cambio de brindarle información y protección; y a Hugo Armando Reséndiz Martínez, exsubprocurador de Durango, acusado de estar ligado al narcotráfico y de otorgar información secreta a los capos de la droga.
–¿Recibió presiones en la SIEDO para incriminarlos?
–Sí, en algunos casos me decían los funcionarios que observara bien las fotos y que los incriminara; otros me exigían que, además de lo que sabía, le pusiera un poco más para que la incriminación fuera contundente.
Poco antes de renunciar al programa, Mario se reunió con sus jefes de la SIEDO, Guadalupe Rodríguez Morales y Óscar González. “Me dijeron que si les firmaba un documento me podía ir con mi familia a un lugar seguro; me dijeron que yo lo escogiera. Firmé el documento y no cumplieron. Me quisieron llevar a un domicilio que yo no conocía, no les importó que mi esposa estuviera a punto de dar a luz. Aun así nos obligaron a recoger nuestras cosas del lugar donde vivíamos y nos cambiamos. Como no sabíamos qué plan tenían, les pedimos a unos vecinos que se hicieran pasar por familiares nuestros y que si nos pasaba algo denunciaran a los funcionarios que nos llevaron a esa casa.
“Nos llevaron a un fraccionamiento que se llama Colinas de la Montaña. Al entrar a la vivienda vimos que tenía los vidrios rotos, estaba en muy malas condiciones, parecía una casa de seguridad de secuestradores. No había gas ni agua. Le recriminé al licenciado Óscar González que cómo era posible que me llevaran a ese lugar, si yo tenía hijos pequeños. Me respondió que esas eran las instrucciones.
“Debido a las malas condiciones de la casa, le pedí a mi mujer que se saliera y dejara todo. Decidí renunciar al programa de testigos porque ya no tenía razones para seguir.”
Además de no pagarle el finiquito de medio millón de pesos que le ofrecieron, dice, Óscar González “me robó mi perro, una gallina y un gallo, que es herencia familiar, y me desbielaron mi camioneta. He procurado recuperar a mis animales pero quieren que yo vaya a verlos. La verdad es que temo que me maten o me detengan”.
Sin dinero ni seguridad, a salto de mata por temor a que los capos que incriminó lo maten, Mario pide al presidente Felipe Calderón que ordene una revisión del programa de testigos por la corrupción que priva en la SIEDO; además de que le devuelvan sus animales y le paguen el finiquito prometido.
“Tengo que pedirle (a Calderón) que me ayude. En la SIEDO no me contestan… Cuando les serví para incriminar a las personas que me pedían, yo era bien atendido. Ahora que ya no les sirvo me dan la espalda, no les importa que me maten, como ha ocurrido con otros testigos a quienes han asesinado a pesar de estar supuestamente protegidos.
–¿Recomendarías el programa de testigos protegidos?
–A nadie. Es el peor infierno que he vivido. Todo está podrido. Si así está el programa, ya se puede uno imaginar cómo está lo demás en el gobierno.
Por la ruta de la sangre
José Gil Olmos
La ruta que cubrirá la Caravana por la Paz de Cuernavaca a Ciudad Juárez comprende más de 3 mil kilómetros y será una de las movilizaciones sociales más largas en la historia contemporánea del país. Los convocantes partirán de la capital morelense el 5 de junio y tras cinco días arribarán a territorio juarense, donde diversas organizaciones promotoras de los derechos humanos firmarán un Pacto Ciudadano.
Por su itinerario y el cúmulo de demandas que enarbolan sus promotores, la marcha será equiparable a la de la Dignidad, que inició el doctor Salvador Nava Calvillo desde San Luis Potosí el 28 de septiembre de 1991; la del Éxodo por la Democracia, encabezada por Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco en 1991; las de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) hacia la Ciudad de México en 1995 y en octubre de 2006; las del subcomandante Marcos en 1999 y 2001.
Durante su trayecto, los participantes pasarán por el Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, territorios en los cuales la delincuencia organizada actúa en mayor o menor grado.
El promotor de esta protesta social organizada, el escritor Javier Sicilia, dice enfático: “La intención es ir por donde están los corazones más adoloridos, romper ese miedo, ese cerco para abrazarnos y decirles a los señores de la muerte –estén donde estén, sean criminales o gente en el gobierno coludida con ellos– que no estamos solos los mexicanos”.
El también colaborador de Proceso comenta que será un evento de significados múltiples: “Es una movilización llena de signos, es la caravana del consuelo para un México en paz con justicia y dignidad”. Será, puntualiza, una demostración de unidad y valentía.
También se trata, insiste, “de dar un mensaje abierto de esperanza y justicia frente a las miles de familias agraviadas durante la administración calderonista. Esta marcha kilométrica significa continuar con este proceso de justicia que a muchas familias les fue arrebatada y que empieza con el consuelo, ese estar con la soledad del otro; romper el aislamiento y el miedo en el que nos habían sumido.
“Se trata, en suma, de continuar ese proceso visitando los lugares más adoloridos de la República para continuar dándonos el consuelo y saber que no estamos solos; de arroparnos, de sentirnos que somos todavía un país fraterno, un país que puede unirse en el dolor, en el amor para ir construyendo la conciencia ciudadana.”
Sicilia resalta la paradoja: esta caravana por la paz se realizará en medio de un clima de violencia y muerte, de ahí que tenga doble mensaje: uno para el gobierno y otro para los criminales. “Les queremos decir que estamos hartos de su guerra; de sus corrupciones; de que quieran humillar a esta nación. La gente quiere vivir en paz y salir a la calle todos los días sin temor”.
El viernes 27 comenzaron a manifestarse signos de que hay grupos que buscan enturbiar el ambiente previo a la caravana. Ese día circuló en internet una carta apócrifa de Sicilia dirigida al presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal:
“No lo necesitamos. No lo queremos cerca. Es usted una persona con las manos manchadas de sangre. Su carencia de honorabilidad nos podría manchar”, señala la misiva, que desmiente Sicilia.
Se trata, dice, del inicio de una “guerra sucia que trata de poner en riesgo la caravana por parte de sujetos que tratan de socavar este esfuerzo ciudadano”, y refiere que es una obligación del Estado velar por la seguridad de los ciudadanos y del territorio.
Puntualiza: “Esto no puede seguir. Son muy irresponsables. Es de una vileza atroz estar firmando con el nombre de otra persona. Todo lo que yo firme y envíe siempre va a estar en esta tónica de los seis puntos de nuestra demanda”,
Hacia un movimiento nacional
Desde hace dos semanas, organizaciones civiles de las 12 entidades por las que cruzará la caravana han discutido en torno a los seis puntos del Pacto para la Paz que se firmará en Ciudad Juárez el 10 de junio: verdad y justicia por las víctimas y sus familiares; fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; combatir la corrupción y la impunidad; combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; democracia participativa y democratización de los medios de comunicación.
Todas esas organizaciones tienen claro que el documento es de ellos y para ellos; tienen presente aún la advertencia de los juarenses sobre el fracaso del programa gubernamental Todos Somos Juárez, auspiciado por el presidente Felipe Calderón; incluso optaron por darle una dimensión nacional a su movimiento a través de las redes sociales.
Los puntos que más ponderan son: exigir al Ejecutivo federal que retire a los militares de la guerra declarada al crimen organizado y dar atención a las familias de las víctimas. También han discutido la propuesta de Sicilia de que renuncie el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Dicen que él es uno de los principales responsables del clima de violencia en el país.
La caravana a Juárez es un paso hacia un pacto nacional, dice Sicilia. En él deben estar las redes sociales, las organizaciones civiles, gente de a pie como la que apoyó las dos marchas realizadas a partir del asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega y sus amigos.
“No será una organización ciudadana de cortos alcances, sino una representación de carácter nacional. El propósito es participar directamente en la transformación de las estructuras del Estado que están muy podridas y necesitan ser saneadas”, agrega.
Insiste en que la caravana a Juárez es una respuesta al agravio que han hecho los grupos del crimen y el gobierno al país y no sólo a ciertos grupos. La marcha que organizó Alejandro Martí –por ejemplo, dice Sicilia– fue motivada por el agravio tremendo a los empresarios, quienes eran blanco de los secuestros. Por lo que respecta a las grandes movilizaciones zapatistas de 1999 y 2001 que recorrieron todo el país, su propósito era advertirnos que “si no construíamos un México justo donde cupieran muchos mundos, al país se lo iba a llevar la desgracia”. No les hicimos caso, dice, y ahora estamos en esta situación.
Hoy ya no se trata sólo del grito “¡Estamos hasta la madre!”. Ahora, explica, se trata de trascender el consuelo que nos debemos en el amor y en el dolor. Aquel clamor ciudadano no quiere ser sólo una protesta; exige una recomposición, una exigencia y una colaboración para reconstituir la nación.
“Es necesario recuperar un Estado de derecho que permita que los procesos ideológicos que se dan en una buena democracia puedan beneficiar al país más adelante.”
Con Calderón, diálogo pendiente
Mientras siguen los preparativos de la caravana, el escritor y colaborador de Proceso dice que el diálogo público con el presidente Felipe Calderón, propuesto por la ciudadanía el domingo 8 en el Zócalo de la Ciudad de México, aún no tiene respuesta.
Dice que le desconcierta que durante la visita del presidente Calderón a Ciudad Juárez el viernes 20 haya habido un excesivo despliegue de tropas del Ejército por toda la ciudad, lo que inhibió las acciones sociales.
Ese día, relata, cientos de soldados y policías con armamento de ataque y vehículos militares sitiaron el primer cuadro de la ciudad, cercano al Museo de la Revolución. Bloquearon el paso de vehículos y peatones con barricadas metálicas, mientras que el Estado Mayor Presidencial cerró todos los comercios de la zona sur y norte de la ciudad, pese a las protestas de los vecinos.
“Ese operativo fue un agravio muy fuerte. Las víctimas están muy enojadas porque el Ejército montó ese día un operativo de represión. Si (las autoridades federales) quieren un diálogo respetuoso, nosotros estamos pidiendo un buen mensaje. Creo que la ida del presidente a Juárez, la manera en que llegó a esa ciudad, nos descompuso ese proceso. La gente está muy indignada; cree que ir a dialogar en esas condiciones es simplemente ir a tomarse una foto y recibir las órdenes de las autoridades”, comenta Sicilia.
E insiste: “Nosotros estamos pidiendo que nos den un buen mensaje, poder trabajar con la gente y consensuar para llegar a un diálogo serio, profundo, en el que se tome en cuenta a las víctimas; se tomen en cuenta los equívocos de la estrategia en seguridad nacional, y crear, junto con la ciudadanía, una verdadera estrategia que contemple el retiro del Ejército, analice las causas de la ruptura del tejido social, así como la educación, el campo, el empleo, los salarios…”.
Y concluye: “La puerta del diálogo sigue abierta para encontrar consensos”. Por ello, dice, ante el mensaje lanzado por Calderón desde Juárez el viernes 20, de que él tiene la fuerza, sentarse a dialogar con el Ejecutivo carece de sentido. Lo que necesitamos, reitera Sicilia, es “un buen mensaje”. l
Un fracaso de Televisa... y de García Luna
Jenaro Villamil
Desprecio por las normas y leyes, protagonismo y proclividad al uso de la televisión para ensalzar las acciones de la policía que dirige han sido constantes en la actuación del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Su pifia más reciente: la teleserie El Equipo, producida con recursos del erario y que, al no lograr los mínimos de audiencia esperados no tendra una segunda temporada. Además, los senadores piden que la Cámara de Diputados inicie juicio político contra el superpolicía por desacato al recibir la condecoración de un gobierno extranjero sin autorización del Congreso.
Disgustó a altos mandos del Ejército por su evidente menosprecio al papel de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, fue duramente criticada en las redes sociales por su contenido propagandístico, mereció dos debates en la Comisión Permanente del Congreso, pero, sobre todo, no gustó a las audiencias televisivas, acostumbradas a telenovelas y melodramas de otro cariz.
Antes de que transcurrieran dos semanas desde su estreno en el horario estelar de Canal 2, el lunes 9, el rating de la teleserie El Equipo disminuyó de
Esos índices son muy bajos para el horario de las 22:00 horas, considerado el de mayor audiencia. Hace apenas tres meses, las telenovelas de Televisa rebasan los 18 puntos de rating en el Valle de México y los 10 puntos en todo el país.
A pesar del despliegue publicitario en Televisa y de la inversión de 150 millones de pesos realizada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para su producción y transmisión, El Equipo no pasó de los 15 capítulos originales –transmitidos del lunes 9 al viernes 27– y resultó contraproducente para los fines propagandísticos del titular de esa dependencia, Genaro García Luna.
El declive de la teleserie coincidió con la difusión de los cables de WikiLeaks que mencionan a García Luna como colaborador de los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, publicados esta semana en La Jornada, y con la discusión generada en el Congreso porque el titular de la SSP recibió, el jueves 19, un reconocimiento del gobierno colombiano, sin el permiso del Poder Legislativo.
El artículo 37 de la Constitución, en su fracción III, señala que la ciudadanía mexicana se pierde “por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente”.
La SSP envió al Congreso una solicitud de permiso el miércoles 18, horas antes de que el jefe policiaco recibiera el galardón de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien encabezó la lucha contra el narco en el gobierno de Álvaro Uribe.
Desacato
El miércoles 25, la Comisión Permanente aprobó una propuesta del senador Pablo Gómez, del PRD, para que la Cámara de Diputados inicie un juicio político en contra de García Luna por recibir la Medalla de Servicios Distinguidos en Categoría Excepcional, otorgada por la Policía Nacional de Colombia.
En el debate de esa sesión, Gómez consideró que el desacato de García Luna constituye “materia para el juicio político” y propuso un segundo párrafo al punto de acuerdo que estaba a discusión para que se considere como “hecho consumado” el recibimiento de la presea y se “dé vista al presidente de la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales a que haya lugar”.
La propuesta del legislador fue apoyada por los legisladores del PRI. “Nos parece que es una prudente sugerencia el que el asunto se constituya de esta manera y que se dé vista a la Cámara de Diputados”, afirmó en tribuna el diputado federal César Augusto Santiago.
En la misma sesión, la diputada Laura Itzel Castillo, del PRD, exhibió una fotografía donde se ve a García Luna portando orgulloso la medalla recibida en Colombia.
“No es lo mismo para un ciudadano o para una mujer usar un prendedor que para un militar o para un policía portar una condecoración de otro país”, afirmó la exdelegada de Coyoacán, quien solicitó la renuncia de García Luna como titular de la SSP.
Para el senador perredista Tomás Torres, el punto aprobado en la Comisión Permanente constituye una medida política para obligar al secretario de Seguridad Pública a “rectificar” su comportamiento ante el Congreso. “No quiere admitir que cometió un error”, subraya en entrevista.
Añade que además de la solicitud de juicio político, también se puede abrir un procedimiento ante un juez de distrito, y puntualizó: “La Comisión Permanente ha tomado esta resolución, por lo tanto presumo que hay una transgresión a la Constitución que debe ser motivo de juicio”.
–¿Tiene algún sentido este debate aunque no se concrete el juicio político o jurídico? –se le plantea a Torres.
–Es una oportunidad extraordinaria para que el Congreso haga respetar la Constitución y para obligar al titular de la SPP a respetar al Congreso.
Incluso, el legislador opina que “no hubo ingenuidad por parte de García Luna al no pedir el permiso del Congreso, como tampoco existe descuido en la promoción de la teleserie El Equipo”.
Y agrega: “García Luna tiene como modelo de actuación su desdén por la ley, el abandono en los principios de actuación de la autoridad, de la responsabilidad de la ley.
“Si quiere custodiar medallas o financiar teleseries, que custodie mejor las vías generales de comunicación, que acabe con los puntos ciegos en las carreteras nacionales donde no hay ni señalización, que defina las políticas públicas en materia de ejecución de penas.”
Esta opinión no fue compartida por los conductores de noticias de Televisa. El miércoles 25, en El Noticiero, Joaquín López Dóriga calificó como “incongruente” la posición de los legisladores. Poco después los lectores de noticias que participan en el programa Tercer Grado defendieron a García Luna e, incluso, consideraron como una “minucia ridícula” el debate sobre la entrega de la medalla sin autorización previa del Congreso.
“Sin presiones”
El productor de El Equipo, Pedro Torres, y varios comentaristas de los programas de variedades y de espectáculos del consorcio televisivo salieron en defensa de la teleserie y de García Luna. Torres insistió en que ésta se planeó originalmente sólo para 15 capítulos y no hubo ninguna presión externa para suspenderla.
No obstante, otros datos señalan que la caída de los ratings y el final del patrocinio de la SPP fueron determinantes para interrumpir la transmisión de la fallida teleserie, a pesar de que García Luna desde tiempo atrás buscó financiar un melodrama de este tipo para glorificar el papel de la Policía Federal.
A finales del sexenio foxista, en 2006, el entonces titular de la SSP, Eduardo Medina Mora, entabló pláticas con algunas casas productoras, en especial con Argos Comunicaciones, para apoyar la producción de una serie policiaca que atrajera el interés de los televidentes.
Argos dejó claro que una serie de este tipo no podía ser propagandística porque resultaría contraproducente. Las negociaciones se suspendieron debido a que García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quería una serie para enaltecer el trabajo de sus subordinados y no estaba en sus planes introducir ninguna historia que revelara corrupción o traición en los altos mandos policiacos.
La empresa Argos ya había producido teleseries con contenido policiaco, como Nada personal, Demasiado corazón o Ladrón de corazones. En todas aparecen policías o altos mandos del Ejército corrompidos, vinculados al narcotráfico, que se enfrentan con otros grupos policiacos dedicados a combatirlos.
En especial, Demasiado corazón mostraba a un general del Ejército que tenía vínculos con el cártel de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos; fue premonitorio, pues al poco tiempo detonó el escándalo del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo.
En Ladrón de corazones, producida en 2003 para la cadena Telemundo, el protagonista es un exmando policiaco, hombre de negocios, que encabeza un cártel con vínculos en Estados Unidos.
Pasaron casi cinco años para que el proyecto de García Luna se concretara por medio de Pedro Torres, accionista de las empresas Videomates, The Mates y Filmmates, así como productor del reality show Big brother.
La serie originalmente se iba a llamar El Grecco, acrónimo del Grupo Especializado de Combate al Crimen Organizado (Proceso 1802), pero versiones de la SSP confirmaron a este semanario que por presiones de García Luna se decidió llamarla El Equipo.
En el sitio oficial de El Equipo, www.televisa.esmas.com, aseguran que se trata “de una serie sobre el valor, el esfuerzo y el amor de un equipo de hombres y mujeres, policías federales, que cada día arriesgan su vida para proteger la nuestra. Ellos luchan, se sacrifican y se entregan por un compromiso: que el bien siempre derrote el mal”.
Los comentarios sobre El Equipo son escasos en este portal. Incluso, uno de los cibernautas escribió el lunes 23: “Lo que me encanta de esta serie es que al fin va a terminar. ¿Cómo se ponen a usar los vehículos y el personal de la Policía Federal?”.
Esta fue la crítica expresada por la diputada federal perredista Leticia Quezada. Para la legisladora, el uso de las instalaciones, el armamento, los vehículos y los helicópteros de la Policía Federal violan el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Proceso 1802).
Montajes
El secretario de Seguridad Pública es proclive al uso de la televisión para presumir las detenciones de presuntos narcotraficantes y los decomisos de droga. Incluso ha realizado montajes o “recreaciones” para dramatizar las acciones de la Policía Federal. El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro, dio lugar a que las producciones televisivas de García Luna trascendieran el territorio nacional y causaran un grave conflicto diplomático entre México y Francia.
La producción y financiamiento de El Equipo coinciden con un incremento sustancial en los recursos destinados por la SSP para comunicación y propaganda en el ramo 3600 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Un cuadro comparativo elaborado por el sitio www.publicidadoficial.com.mx, financiado por organismos como Fundar y Artículo 19, revela que en 2010 el gasto de la SSP para este rubro fue originalmente de 83 millones 257 mil pesos. Sin embargo, el análisis muestra que en realidad se ejercieron 142 millones 191 mil pesos, 80% más de lo aprobado por el Congreso. Para 2011, el presupuesto aprobado para este rubro ascendió a 174 millones 408 mil 601 pesos.
En esta misma página electrónica se revela que de
En
El dato extraoficial de los 150 millones de pesos destinados a la producción de El Equipo ha escandalizado a otros productores de telenovelas y series policiacas, consultados por Proceso. Coincidieron en afirmar que se trata de un gasto desmesurado, ya que el costo de una hora de producción de este tipo de series no supera los 250 mil dólares y en cambio cada capítulo de El Equipo habría costado 10 millones de pesos.
“El Equipo pertenece a otra clase de publicidad que a partir de este sexenio se ha vuelto común. Este programa de televisión es sólo la extensión de las campañas millonarias de comunicación sobre la guerra en contra del narcotráfico”, escribió Diego de la Mora, investigador de Fundar, en su análisis de la teleserie.
Efekto Tv
Florence Toussaint
El canal de cable Efekto Tv acaba de cumplir dos años al aire. Nació silenciosamente en abril de 2009, bajo el impulso soterrado del periódico El Universal, medio que había buscado con denuedo participar en las ondas electromagnéticas. El nombre de la empresa es Latin American Broadcasting Industries, pese a lo cual reitera que se trata de un medio netamente mexicano.
En el transcurso de estos 24 meses firmó convenios con Núcleo Radio Mil para difundir el programa Enfoque, bajo la conducción de Leonardo Curzio, con The Factory Televisión, pese a su nombre en inglés, un canal poblano orientado a la gastronomía, y con Momentum, señal estadunidense de la cual toma programas de entretenimiento y deportes. Según información de la propia empresa, tiene 2 millones 200 mil televidentes en México y llega al sur de Estados Unidos y a 12 países de América Latina, con lo cual su audiencia potencial alcanza los 20 millones de personas.
El perfil de Efekto Tv ha variado levemente, inició con énfasis en dos formatos: el noticioso y el entretenimiento, donde caben las emisiones deportivas, las series, películas, las revistas, gastronomía, predicciones futuristas con una psíquica que usa piedras, cartas, magnetos para adivinar el futuro de quienes la consultan. Establecieron tres noticiarios al día: mañana, mediodía y noche; especiales como Enfoque, noticias internacionales, de opinión, entrevistas: La silla rota, con Roberto Rock, quien fuera director de El Universal. Asimismo mesas redondas sobre temas jurídicos y de salud.
La sección de mayor originalidad es el informativo, puesto que se produce para el canal, los conductores son exclusivos, no así las notas reiterativas de otros medios; es decir, el boletín político favorecedor del poder, las imágenes de agencias y las informaciones propias que se repiten a lo largo del día resultan escuetos y descontextualizados. Ha habido reportajes interesantes, por ejemplo el de los inmigrantes que abordan el tren “La bestia de la muerte” y las entrevistas a diversos personajes.
La parte más floja es la del entretenimiento, puesto que no producen ficción, la compran a precios bajos de calidad ínfima y la difunden más como relleno que como oferta singular.
Lo mejor es el programa Sabor de acá. Da a conocer la comida regional poblana. Su defecto principal, no ser un formato original, Canal 11 lo instauró en televisión abierta y Gourmet lo ha desarrollado ampliamente sin escatimar recursos.
En vista de la escasa producción, de su medianía en contenido e imagen, de una cartera publicitaria deficiente, la pregunta que surge es: ¿Por qué mantenerse en la mediocridad cuando hay talento de sobra entre los productores independientes? ¿Por qué no arriesgarse para sobresalir y ganar público? Así como está, lo sorprendente es que haya cumplido su segundo aniversario. l
De la Semarnat, sobre El proyecto turístico de una empresa hundida
Señor director:
En relación a la nota publicada el 8 de mayo en Proceso 1801, bajo el título El proyecto turístico de una empresa hundida, y a la respuesta que, en Palabra de Lector, da el reportero a la carta aclaratoria del director del Proyecto Cabo Cortés en el número 1802, de fecha 15 de mayo, pongo a su consideración las siguientes precisiones.
1. El Proyecto Cabo Cortés cuenta, de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con una Autorización de Impacto Ambiental (AIA) parcial (ya que no se autorizan todos los elementos del proyecto, tales como la desaladora o el acceso a la marina) y condicionada (a que se entreguen estudios suficientes durante uno y dos años que acrediten que su operación no dañará de ninguna forma ni el arrecife de Cabo Pulmo ni el ecosistema en su conjunto), lo cual, como lo ha expresado la misma empresa en multitud de ocasiones, le impide iniciar la construcción de su proyecto hasta satisfacer las condicionantes impuestas por el gobierno de México a través de la Semarnat.
2. La AIA se otorgó de manera parcial y condicionada en total respeto de todo el marco normativo ambiental mexicano desde una perspectiva amplia, sistémica y sistemática, y no limitativa y gramatical, como Greenpeace y otras organizaciones han pretendido que se aplique la ley.
3. La Semarnat no analiza aspectos financieros de los promoventes, sino solamente los impactos medioambientales de los mismos, por lo que resulta falsa la supuesta paradoja planteada por Alejandro Olivera, de Greenpeace, al mencionar que no debía otorgar la AIA por supuestos problemas financieros del promovente.
4. La Semarnat está obligada a la transparencia y a la rendición de cuentas, por lo que, además de hacer público el contenido de todas nuestras decisiones, no sólo en este proyecto, sino en todos los que emitimos una opinión, informamos de manera inmediata y con un lenguaje claro y accesible a la ciudadanía cuando tenemos diferencias con cualquier actor que se manifieste, dando a conocer nuestro punto de vista.
5. En todas las decisiones de la Semarnat se pide opinión a sus áreas internas, pero ninguna es vinculante u obligatoria, y en este caso, si bien hubo una opinión diferente al resolutivo final, se produjeron cuatro a favor del mismo, por lo que los resolutivos finales, al emitirlos, reflejan la opinión de toda la Semarnat, independientemente de las posiciones internas que previamente se hayan manifestado. Cabe destacar que esta es una prueba clara del espíritu de transparencia que priva en el sector ambiental.
Atentamente
Sergio Ramírez Robles
Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Respuesta del reportero
Señor director:
El reportaje en cuestión documenta cómo, a pesar de las facilidades que el gobierno mexicano ha otorgado a Hansa Urbana, el proyecto atraviesa múltiples dificultades para su desarrollo.
Las precisiones de Sergio Ramírez Robles no desmienten lo asegurado por las fuentes consultadas. Es un hecho que, tras la primera autorización, se aceptó y resolvió un recurso de revisión que obligó a la Semarnat a valorar nuevamente la Autorización de Impacto Ambiental, y eso derivó en una nueva autorización, condicionada, con la que piden a la empresa los estudios a uno y dos años.
Es comprensible que Sergio Ramírez aclare que la Semarnat no analiza aspectos financieros de los promoventes, pero los planteamientos de Alejandro Olivera, de Greenpeace-México, tienen validez independientemente de las facultades de la dependencia.
Por último, el remitente alega que las opiniones de las áreas internas de la Semarnat no son “vinculantes u obligatorias”, pero no existe falsedad en el planteamiento de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional Sectorial, una instancia gubernamental, que desautoriza la construcción del proyecto en esa zona de Baja California.
Atentamente
Alejandro Gutiérrez
Acerca de A Calderón lo aguardan un juicio penal y la condena política
De Melane M. Meza Moncayo
Señor director:
Con sumo cuidado e interés leí la entrevista al doctor Diego Valadés que en Proceso 1803 se publicó bajo el título A Calderón lo aguardan un juicio penal y la condena política.
En buena medida coincido con los juicios que el entrevistado emite respecto a las responsabilidades por las cuales habrá de responder el actual titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, al finalizar su mandato; por un lado, su responsabilidad política por el saldo de miles de muertos a consecuencia de su estrategia de “guerra contra las drogas”, y por otro, su responsabilidad penal por haber violentado el marco jurídico nacional al difundir propaganda electoral ilegalmente.
Considero que al doctor Valadés le asiste toda la razón cuando señala que la actual Cámara de Diputados debe presentar la denuncia contra el señor Calderón para que la averiguación proceda cuando deje el cargo. No obstante, estimo que hay ciertas circunstancias históricas que desacreditan la crítica del doctor Valadés. En concreto, sus inocultables antecedentes como uno de los principales actores del salinismo. Al respecto, me permito hacer los siguientes apuntalamientos.
En lo personal, encuentro claros puntos de cercanía entre las administraciones de Felipe Calderón y de Carlos Salinas. Ambos llegaron a la Presidencia de la República de manera turbia, con el estigma del fraude manchando los resultados electorales.
En el caso de Carlos Salinas, actualmente se considera una verdad histórica el hecho de que el genuino triunfador en el proceso electoral de 1988 fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. De manera análoga, en 2006, se denunció que Felipe Calderón no resultó ganador en el proceso electoral. Aunque no me atrevería a afirmar que el triunfador hubiera sido Andrés Manuel López Obrador –como lo aseveraron sus múltiples seguidores–, es evidente que para el bien de nuestra incipiente democracia lo más adecuado debió haber sido llevar a sus últimas consecuencias el proceso de verificación del resultado de las elecciones, de modo que Calderón no fuera reconocido presidente del modo controversial como se hizo.
La historia ha ubicado en su justa dimensión a Salinas de Gortari como un político que actuó en perjuicio de la nación, favoreciendo sus intereses y los de su grupo. Tras su periodo, el país entró en crisis económica, y mientras el grueso de la población se sumía en el pauperismo, los favoritos del salinismo amasaban fortunas. Un ejemplo es el señor Carlos Slim, beneficiario de la privatización de la empresa pública más importante de la nación: Teléfonos de México. El señor Slim es actualmente el hombre más acaudalado del mundo, algo sumamente controversial considerando la brecha de desigualdad y los índices de pobreza de este país.
Otro punto de acercamiento entre Calderón y Salinas es la violencia ejercida durante sus regímenes. Si bien la violencia desatada durante el actual sexenio no tiene parangón en la historia contemporánea del país, el régimen salinista también se recuerda por sus hechos de sangre. En concreto, viene a la memoria el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
El doctor Diego Valadés era precisamente procurador general de la República cuando acaeció ese magnicidio. La verdad de esos hechos aún no ha sido revelada, pero el sentir nacional apuntó a que el homicidio fue responsabilidad del propio régimen salinista. De haber sido realmente así, el doctor Valadés, como procurador, tiene una responsabilidad política e histórica pendiente en esos hechos, como mínimo por encubrimiento.
Así las cosas, el doctor Valadés no es una voz autorizada para denunciar a la actual administración y para hablar de democracia, pues en su momento él sirvió a un régimen político igual de terrible. Si se sigue su trayectoria, se verá que de la Procuraduría pasó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese cargo duró sólo unos cuantos meses, ya que en cuanto Ernesto Zedillo ocupó la Presidencia decidió cesar a los ministros de la Corte, afirmándose que por causas de deshonestidad. Ello impidió que recibiera la provechosa jubilación.
Hoy, el doctor Valadés, tras haber sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aparece como un jurista celebrado, como un intelectual de prestigio miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero su oscuro pasado como pieza clave del régimen salinista no puede esconderse.
Lo importante es que los mexicanos no perdamos la memoria. Si el doctor Diego Valadés se aventura a criticar y denunciar los errores calderonistas, no es sólo por valor intelectual y compromiso ciudadano, sino muy seguramente por una intención subrepticia, dados los importantes vasos comunicantes que mantiene con Carlos Salinas. Un escenario terrible para México sería que en 2012 los hombres vinculados al nefasto expresidente y sus grupos regresen al ejercicio del poder.
Hay que tener memoria histórica. Lo que el país necesita es otra generación de hombres críticos, conscientes y capaces, al margen de los intereses encubiertos que han corrompido a la clase política. Cuidémonos de volver a entregar el país a quienes ya lo devastaron en el pasado.
Atentamente
Melane Monserrat Meza Moncayo
Gabino Cué y los incendios oaxaqueños
Miguel Ángel Granados Chapa
Nadie dijo que gobernar en Oaxaca con sentido y propósitos democráticos fuera tarea fácil, sobre todo por la conflictividad social que dejaron José Murat y Ulises Ruiz –tan semejantes siempre, y ahora tan distantes– y que a veces estimularon para su conveniencia o daño de sus antagonistas. Nadie dijo tampoco que instaurar un gobierno surgido de una alianza electoral implicaría el abandono a las fuerzas que participaron en ella o la simple sujeción del gobernador a las exigencias de sus aliados.
Nadie dijo tampoco que el vasto programa democrático propuesto por Gabino Cué a los oaxaqueños se realizaría de la noche a la mañana, como por ensalmo. En una célebre entrevista que no ha perdido su vigencia, pese a las varias décadas corridas desde su realización, Chou en Lai dijo a Julio Scherer que una cosa era tomar el gobierno y otra tomar el poder. Si asumir las funciones gubernamentales resulta una ardua tarea, debido al deterioro administrativo y a las trampas sembradas por el círculo cercano al exgobernador Ruiz, mucho más empinada será la cuesta que conduzca a la toma del poder, al control completo de los resortes políticos que permiten la gobernabilidad.
Como ha ocurrido desde tiempo inmemorial, pero con intensidad reciente, bullen los conflictos sociales en Oaxaca. Son atendidos por la administración de Cué, pero no siempre es posible resolverlos en el sentido deseado por los participantes en el conflicto porque no es infrecuente que sus intereses –los intereses encontrados de unos y otros– tengan representación o por lo menos eco en las esferas gubernamentales. Esas diferencias de opinión y perspectiva, comprensibles cuando la maquinaria oficial se ha integrado no sólo por políticos profesionales, sino también por activistas o ciudadanos sin anterior militancia, son allanables, y es seguro que se atenuarán al paso del tiempo o el gobernador les pondrá fin. También disminuirá la virulencia de algunos de esos conflictos cuando la Procuraduría de Justicia del Estado active algunos de los muchos procedimientos varados por la abulia de los anteriores titulares del Ministerio Público, que más parecían abogados defensores del interés del gobernador y de su camarilla.
Es más difícil, en cambio, sofocar algunos de los incendios que amenazan a Oaxaca. No me refiero a los fuegos propiamente dichos que destrozan dilatadas extensiones de tierra en esa entidad –hasta mayo se habían registrado este año 217 incendios, que atacaron una superficie de 12 mil hectáreas–. Con todo y su gravedad, se trata de fenómenos que pueden ser contenidos, aunque no sin daños, casi siempre remediables también. Me refiero a los incendios en sentido metafórico, a los que nacen de intereses creados que pelearán con todas las armas para impedir su desaparición. A riesgo de ser esquemático, y más a título de ejemplos que con ánimo de integrarlos a todos en el análisis, cito algunos.
Por un lado están los remanentes del viejo régimen, que no han sido desplazados. Su reacción comenzó a manifestarse antes de que Ulises Ruiz concluyera su sexenio en noviembre pasado. El secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, según la acusación ya preparada por la Procuraduría General de la República, dispuso en su provecho (en el de familiares y amigos, entre los cuales podemos conjeturar que se halla su antiguo jefe) de 800 millones de pesos. Ahora el caso ha sido turnado al Ministerio Público local, que enfrentará dificultades legales para iniciar acción penal, pues el gobernador saliente buscó hace algunos meses blindar a este y otros colaboradores. Hizo que se les fincaran denuncias, se simularon las averiguaciones previas y se resolvió que no se iniciaría acción penal. Por supuesto, no se trata de una exoneración universal y será posible no sólo procesar por peculado a Ortega Habib y a otros servidores. Las auditorías realizadas hasta ahora indican problemas hasta por 2 mil millones de pesos, y si bien no es verdad enteramente que toda cifra fue distraída, sí hay faltantes de gran monto que ameritarán la acción de la justicia. Y, previamente, la reacción de los eventuales inculpados, sus cómplices y asociados.
Por otro lado, el tradicional campamento de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido instalado una vez más en el Centro Histórico de la Vieja Antequera. Se creería que no hay razón para montarlo y entorpecer con él las actividades productivas de la zona. El plantón era un instrumento de lucha del magisterio frente a gobernadores que oscilaban entre reprimirlos y manipularlos. Y sin embargo, como si no hubiera un nuevo talante en el trato a las agrupaciones sociales desde hace ya seis meses, se han suspendido clases en todo el estado, y una porción del personal que por eso deja de laborar se congrega en la capital oaxaqueña.
La actitud de algunos de sus dirigentes, o de militantes de base, se antoja más enconada que antaño, especialmente frente a terceros. La interrupción en las actividades comerciales y turísticas en el Centro Histórico es acompañada por una actitud hosca frente a los pequeños establecimientos, cuya economía queda maltrecha por la disminución de sus ventas. Parece que se quisiera provocar una reacción hostil directamente de los afectados o que ellos presionen al gobierno para un acto de represión semejante al que en mayo de 2006 perpetró la policía estatal a las órdenes del secretario de Gobierno.
La “respuesta histórica al magisterio oaxaqueño” ofrecida por el gobernador Cué, es decir, el conjunto de incrementos a los salarios y prestaciones a los miembros de la Sección 22, asciende a más de mil 500 millones de pesos. Pero la dirección sindical la ha considerado insuficiente. Se queja también de que no todos los rubros comprendidos en la suma difundida por el gobierno tienen el carácter de prestaciones al magisterio. Tienen razón, pero les falta razón. Por ejemplo, el gobierno destinará 36.5 millones de pesos a dotar de uniformes y útiles escolares a los educandos al comenzar el próximo ciclo. No es dinero que administre el sindicato (aunque tal vez quisiera hacerlo), pero repercute en el desempeño de las niñas y niños a su cuidado, lo cual imagino que también es de su interés. Lo mismo ocurre con los desayunos escolares y las cocinas comunitarias. Además de las 50 cocinas que se sumarán a las 620 que ya operan, el programa de gasto en educación del gobierno estatal incluye la apertura de mil 800 cocinas comunitarias en los 176 municipios de mayor marginalidad.
Este y otros rubros pueden ser discutidos y acaso sean retirados por el gobierno del estado de la respuesta a los educadores, que quieren sólo respuesta directa a su pliego petitorio y no que parezca sumarse a ello el total del gasto educativo o en materia social. El gobernador Cué se mostró a media semana esperanzado de que el diálogo que su gobierno mantiene con la representación sindical, no obstante las tensiones que derivan del plantón en el centro oaxaqueño, produzca prontos frutos. Llegó hasta suponer posible que antes del fin de la semana los maestros hubieran vuelto a clases.
Una conciliación de intereses de ese género daría la respuesta pertinente a la insolente pregunta, nacida del despecho, de un diputado federal que fue colaborador cercanísimo de Ruiz. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva gastó una suma considerable en desplegados donde se mofa de que, como en tiempos de su jefe, el magisterio ponga en jaque al gobierno: “Gabino: ¿puedes, o no puedes?”. l
Nueva SEP, el imperativo
axel didriksson
Los dirigentes y funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como si estuvieran en un tianguis educativo, aseguran que están cumpliendo de forma integral y por demás extraordinaria con su mandato –para unos, la protección y el mejoramiento de los trabajadores de la educación, y para otros, la aplicación de políticas que han detonado el más importante cambio en la educación del país–, con todo y que no existe dato ni verificación documentada que lo demuestren. Por el contrario, el actual régimen pasará a la historia por haber degradado al máximo posible el sistema de educación nacional.
Los análisis serios que dan cuenta del tamaño del desastre, del atraso impresionante en materia de cultura, conocimientos y capacidades que tienen nuestros niños y jóvenes, o de la incrementada deuda social de analfabetos y personas adultas excluidas de cualquier oportunidad educativa, apuntan a señalar que la causa principal de este deterioro está en la ineficacia e incoherencia de las políticas públicas de una burocracia corrupta que se ha enraizado en la SEP, en este aparato de Estado que se ha convertido en un verdadero botín de políticos arribistas y oportunistas para hacer campañas mediáticas personalísimas. ¿Y la educación? Eso queda en un lugar secundario, para después de las elecciones, o como motivo para más discursos huecos.
Se equivocan quienes creen que sólo quitando a Lujambio, a Elba Esther o a cualquier otro de sus corifeos y parientes cercanos de la escena política –algo necesario, pero imposible ahora, por obvias razones– donde realizan sus triquiñuelas, los asuntos educativos tendrán otro destino. Pero no es así. La única manera de proceder con ciencia es yendo a la raíz del problema, y eso implica la transformación orgánica del aparato que los sostiene y que les da vida: la SEP.
Seguir manteniendo un aparato burocrático tan grande y tan ineficiente como lo es la SEP, reproducir la relación que se ha tejido desde hace años y que forma parte de un organigrama hecho para mantener los privilegios del SNTE y de los personeros de los gobiernos en turno, únicamente servirá para ahondar las contradicciones y magras condiciones en las que se encuentra la educación en el país, que está conculcando todas las posibilidades de un mejor futuro y desarrollo. Si contáramos con intelectuales y académicos, políticos y personas honestos, responsables y comprometidos con un proyecto educativo de mediano y largo plazos, con una SEP renovada y distinta, otro país tendríamos.
El arribo de un nuevo gobierno a partir de 2012 (es este un reclamo de millones de mexicanos agraviados, porque saben que lo que le resta de tiempo al actual será de pura desgracia) deberá plantearse como prioridad redefinir el tamaño y la organicidad de la SEP actual, poner en marcha un nuevo proceso de descentralización que vaya hasta la escuela local y los municipios, con el fin de darles plena autonomía en la realización de cambios desde su entorno, y hacer participar a los ciudadanos en la evaluación del desempeño de cada centro educativo; asimismo, concentrar, en una SEP más ágil y funcional, las tareas estratégicas que detonen un nuevo sistema educativo que resuelva la deuda social con millones de mexicanos sin escolaridad; transformar el currículum para generalizar plataformas de aprendizajes significativos; modificar en serio y con nuevas instituciones el proceso de formación y actualización de los profesores, y articular el conjunto del sistema desde la educación inicial hasta la universitaria, con la complejidad y sistematicidad que la pedagogía moderna hace posible y viable.
Como está, la actual SEP no sirve para nada, porque ha demostrado que es un verdadero estorbo para el mejoramiento de la educación y de sus docentes. No se trata, así, sólo de cambiar dirigentes para que lleguen otros iguales o peores, otros secretarios y subsecretarios que no tienen ni idea de lo que significa la educación (como muestra, los que han estado de paso durante, por lo menos, los últimos 20 años) para un país con tantos requerimientos educativos, científicos y tecnológicos por parte de sus jóvenes y población en general. No habrá reforma educativa si no se cambia de raíz la estructura y la legislación que le da organicidad a esta secretaría de Estado.
Por ello, también, se necesita una nueva Ley General de Educación (la que existe, de 1993, es letra muerta); la disolución de la alianza espuria entre el SNTE y la burocracia gubernamental (y garantizar que no ocurra nunca más); políticas de Estado que garanticen un porcentaje creciente y bien distribuido de recursos financieros hacia la educación, la ciencia y la cultura, por lo menos hacia los próximos 15 o 20 años, y reformas en el Artículo Tercero constitucional, de tal manera que pueda contarse con los instrumentos organizativos y normativos para detonar un nuevo desarrollo desde los conocimientos y el talento humano para el bienestar, la participación ciudadana, la cohesión social y el aprendizaje permanente de la sociedad en su conjunto. l
Strauss-Kahn: lo personal es político
Marta Lamas
Si bien será la justicia estadunidense la que esclarecerá la responsabilidad del ahora exdirector gerente del FMI sobre los hechos que se le imputan, ¿qué queda en claro del affaire Dominique Strauss-Kahn (DSK)? Son muchas las personas que consideran que a DSK se le tendió una trampa para eliminarlo de la contienda presidencial en Francia y para dar un giro a la política del FMI. Dicha interpretación considera que le plantaron a la camarera del hotel como parte de un siniestro complot político. Y si bien no se puede descartar esa hipótesis hasta que la investigación termine, lo que llama la atención es que coloca como víctima de una joven inmigrante a un hombre poderoso con fama de “hipersexual”.
Las reacciones en el mundo ante la detención de DSK oscilan entre el desconsuelo y la indignación. Es un golpe para Francia, que tenía en él a su representante mejor situado internacionalmente para la conducción de los asuntos europeos en el FMI. Es un golpe para el socialismo francés, pues con él parecía posible vencer a Sarkozy. Y es un golpe para su familia; en concreto, para su mujer, quien además ha tenido que pagar los impresionantes costos económicos de esta lamentable aventura: millones de dólares entre fianzas, guardianes y abogados. La mayoría de los franceses están indignados por lo que les parece una injusticia, y sus amigos cercanos se resisten a aceptar que la “adicción al sexo” de Strauss-Kahn haya finalmente destruido la carrera política que llevaba construyendo con tanto éxito.
A la pregunta sobre quién se beneficia con este drama, la respuesta inmediata es “los grupos de derecha”: la derecha francesa, la derecha financiera, la derecha estadunidense, la derecha europea. Pero paradójicamente también se benefician indirectamente las mujeres como grupo social. ¿Por qué? Por el simple hecho de que una agresión sexual sea tomada en serio como un delito grave, y porque la circunstancia de que se trata de un hombre poderoso parece no haber influido en el proceso judicial. Así, el affaire Strauss-Kahn se ha convertido en una caja de resonancia de la arcaica desigualdad entre mujeres y hombres. Por eso dos profesoras de derecho, Ruth Rubio Marín y Stéphanie Hennette-Vauchez, han hecho un llamado a que las democracias cierren filas y articulen una condena unánime a los abusos sexuales (El País, 19 de mayo).
Sí, el affaire DSK cambia públicamente la relación entre el poder, el sexo y la violencia de género. Tradicionalmente, los actos groseros, libidinosos y acosadores de muchos hombres con poder han sido, y lo siguen siendo, la tortura de las mujeres que trabajan para ellos. Unas aguantan, otras se van, la mayoría callan. ¿Por qué? Porque es muy difícil probar una agresión sexual, a menos que implique una violación que deje huellas. Pero un manoseo o un forcejeo resultan casi imposibles de verificar. Es una palabra ante la otra. Y muchas mujeres toman una decisión de sobrevivencia laboral pues saben que, ante la posibilidad de perder el empleo, es necesario aguantar y callar. Con este panorama, ¿por qué denunció la camarera? ¿Qué la impulsó? ¿La seguridad de que sería respaldada? ¿La indignación ante la afrenta? ¿O el cálculo económico? Ojalá la investigación aclare esa incógnita. Por lo pronto, lo que sin duda resulta impactante es la forma en que ha reaccionado la justicia en Estados Unidos. Este es otro de los elementos que provocan sospecha. ¿Así de eficiente es la policía en todos los intentos de violación? ¿A qué se debe la velocidad y contundencia con la cual ha actuado?
Las diferencias culturales entre Francia y Estados Unidos, específicamente las relativas a la sexualidad, se han querido esgrimir para exculpar a DSK. Se desprecia el puritanismo de los estadunidenses y se señala que en Francia la pulsión sexual es bienvenida y celebrada. ¿Qué tiene de malo que un hombre le “meta mano a la criada”? Las respuestas sexistas, clasistas y racistas en torno al caso han indignado a las feministas francesas, quienes señalan que DSK tiene una larga cola de afrentas y que aunque en Francia nunca le había pasado nada, más allá de comentarios escandalizados o jocosos, ahora en Nueva York la justicia se la ha pisado, ¡y de qué manera!
Es evidente que la política es un campo minado, y nada más fácil para hacer explotar la carrera de un político que un escándalo sexual. Al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y hasta el sábado 14 por la tarde el esperado o temido candidato a presidente de la República Francesa para 2012, su desborde personal le ha quebrado su futuro político. Lo personal es político. Este eslogan de las feministas ha encarnado en DSK, mostrando cómo un problema íntimo tiene consecuencias públicas.
Sin duda DSK tiene parte importante en el conflicto que le atañe. Como señaló un comentarista francés, lo único que queda ahora por aclarar es si se trata de un suicidio político o de un asesinato político. Y la magnitud de las consecuencias se verá cuando se conozca el veredicto. Si el relato de la camarera resulta cierto, entonces podríamos decir que así como el pez por su boca muere, el macho por su pene muere. l
Viva la impunidad
Jesús cantú
A pesar de que todas las agravantes estaban presentes, el Instituto Federal Electoral decidió únicamente amonestar públicamente a las televisoras que difundieron, fuera del Estado de México, los promocionales del gobernador Enrique Peña Nieto, con motivo de su V Informe de Gobierno.
El proyecto de resolución que presentó al Consejo General del IFE el secretario ejecutivo de dicho instituto, Edmundo Jacobo, proponía sancionar con más de 15 millones de pesos a Televisa y a TV Azteca. Sin embargo, en la sesión celebrada el miércoles 25 de mayo una mayoría de cuatro consejeros consideró que una amonestación pública era suficiente.
Las televisoras persisten en sus violaciones a las disposiciones electorales a pesar de que se les han impuesto, en el pasado, sanciones millonarias, por lo cual es irrisorio pensar que en esta ocasión una amonestación pública será el disuasivo que se requiere para evitar dichas irregularidades en el futuro.
La falta es reiterada, y por si hiciera falta una corroboración de ello, justo el mismo 25 de mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó otra resolución del IFE, en el que el mismo Consejo determinó, en relación con unos spots del gobierno federal transmitidos en entidades que se encontraban en pleno proceso electoral durante el 2010, que la autoridad solicitó difundirlos únicamente en los estados donde no había proceso electoral, y por ello exoneró al gobierno que encabeza Felipe Calderón y sancionó, con una amonestación pública, a las televisoras: Televisa, TV Azteca y Canal 11.
Exactamente el mismo caso y exactamente la misma sanción: exoneran a las autoridades, porque ellas contrataron o solicitaron la transmisión dentro de los límites establecidos en la legislación, y supuestamente castigan a las televisoras, con una amonestación pública, porque no respetaron la pauta ordenada ni la ley.
El desafío de las televisoras con respecto a la aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en la reforma del 2007, inició en enero de 2009, cuando el duopolio televisivo interrumpió las transmisiones de diversos eventos deportivos (Super Tazón y varios partidos del futbol mexicano) para difundir los promocionales del IFE, previa inserción de una cortinilla que dejaba claro que las molestias que causaban a los televidentes eran consecuencia de las leyes y las instrucciones de la autoridad electoral. Desde entonces la resistencia ha sido permanente y se manifiesta en las repetidas violaciones a sus disposiciones, buscando todos los resquicios posibles.
Pero más allá de su resistencia y violación reiterada y sistemática a dichas disposiciones, para encontrar un precedente idéntico al caso que resolvió el IFE simplemente habría que voltear al Tribunal Electoral, que votó una resolución al respecto.
Por otra parte, la autoridad también ha demostrado que las televisoras sí cuentan con los instrumentos técnicos necesarios para transmitir o dejar de transmitir los contenidos que ellos seleccionen en espacios territoriales determinados. Es decir, lo que hacen no se debe a insuficiencias técnicas, sino a su decisión.
Otra agravante es que la violación a dicha disposición reportó un ingreso adicional de 12 millones 528 mil 163 pesos a Televisa, y de 3 millones 391 mil
Y una más, que la transmisión de los spots de los informes de los gobernadores en todo el territorio nacional, en franca violación a lo señalado en el párrafo 5 del artículo 228 del Cofipe, ha sido la constante, no la excepción. Lo excepcional en este caso fue que hubo partidos políticos que interpusieron una queja y, por lo tanto, la autoridad electoral se vio obligada a revisar el hecho.
Así, no hay dudas al respecto: están presentes todas las agravantes. Ya en el pasado el Consejo General del IFE había decidido que las televisoras, en un caso como este, no tenían responsabilidad alguna, pero la Sala Superior del TEPJF lo obligó a resolver. En otro episodio, el Consejo sancionó al gobernador y exoneró a las televisoras, mientras que el Tribunal revocó dicha resolución para exonerar al gobernador y responsabilizar a las televisoras (Proceso 1801); y ahora el IFE simplemente amonestó a las televisoras.
Al completarse el ciclo, Peña Nieto resulta inocente y las televisoras simplemente tienen una amonestación pública, que aunque no es una exoneración, es la sanción mínima que puede imponer la autoridad electoral.
En su temor por sancionar a los distintos actores políticos, las autoridades electorales ya empezaron a inventar nuevos términos, pues en otra resolución votada el mismo 25 de mayo, en acatamiento a una resolución del mismo TEPJF respecto a los programas que transmitió el Partido del Trabajo donde aparece Andrés Manuel López Obrador, anunciando su participación en los comicios presidenciales del 2012, decidieron también solamente amonestar al partido político, porque no podían considerarse “actos anticipados de campaña” que sí contempla y sanciona el Cofipe, sino “actos preparatorios”, que no se encuadran dentro de los prohibidos, aunque tampoco son de los autorizados.
De esta forma, las autoridades administrativas (IFE) y las jurisdiccionales (TEPJF) se entrelazan para encontrar términos y fórmulas que permitan nuevamente abrir los espacios que la reforma de 2007 pretendió cerrar: la promoción personal de los gobernantes, particularmente fuera de su ámbito de gobierno, y la realización de precampañas fuera de los tiempos estrictamente señalados en el Cofipe. Las amonestaciones públicas no impedirán la persistencia de dichas prácticas. Se requieren sanciones ejemplares que inhiban la violación de las normas por parte de los actores involucrados.
Pero a través de eufemismos y resoluciones medrosas, las autoridades electorales vulneran el estado de derecho y entronizan la impunidad, en virtud de que toleran y propician que los actores involucrados violen las disposiciones constitucionales y legales con su respaldo y cobijo. l
