Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
Domingo 14 de agosto de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador invitado / Rola, balón y condón
El pasado viernes se conmemoró el día internacional de la juventud y concluyó el año que dedicó la ONU a este sector
Colaborador Invitado
(14 agosto 2011).- José Francisco Landero
Diputado del PAN, presidente de la Comis
En los años ochenta, con el avance de la genómica, se pretendió demostrar que existían genes específicos para explicar diferentes fenómenos sociales.
Así se desarrollaron algunas pseudoteorías que señalaban la existencia de "genes de la locura, de la delincuencia, de la pobreza".
Explicar fenómenos tan complejos como la inteligencia, la pobreza o la salud es un ejemplo típico de reduccionismo, que consiste en toda pretensión errónea de explicar o buscar solucionar un hecho complejo con uno o pocos argumentos explicativos.
La política pública de juventud aplicada durante décadas en nuestro país, en los tres órdenes de gobierno, ha pasado por diferentes etapas que van desde aquella en donde ha existido una "idealización", como sucedió a principios de los años veinte, pasando por su "industrialización" en los años cincuenta, su "criminalización" en los ochenta, para llegar a nuestros días con un "reduccionismo" de la misma.
El reduccionismo de la política pública de juventud lo podemos clasificar en tres rubros: Reduccionismo conceptual: visiones limitadas, parciales o erróneas sobre lo que es el ser joven o lo que representa la etapa de juventud.
Reduccionismo operativo: los programas y acciones que tienen una temporalidad muy limitada y no generan un verdadero impacto social, o son mal implementados generando pocos o nulos resultados.
También podemos incluir a aquellos que no se evalúan o no se cuantifican en términos monetarios.
Reduccionismo de sistema: tiende a aislar la política de juventud de la de otros grupos de edad, género u otras políticas de diferentes temas como el medio ambiente, el desarrollo social o la seguridad.
Como parte de la política pública de juventud se realizan programas y acciones erróneos que se insertan en la clasificación anterior; como ejemplos están aquellos que promueven los gobiernos pensando que con ofrecer conciertos periódicamente en plazas públicas, organizar torneos deportivos rápidos o repartir condones, creen que ofrecen cultura, esparcimiento y salud para los jóvenes.
Otro ejemplo con este enfoque reduccionista es la propuesta legislativa del gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien plantea incorporar de forma obligatoria a los jóvenes que no estudian ni trabajan ("ninis") al servicio militar, siendo que la realidad individual de esos jóvenes es muy diversa.
Además, equivocadamente se habla de 8 millones de estos jóvenes que no estudian ni trabajan, entre los que se incluye a jóvenes que no están en los registros formales pero que están ocupados como amas de casa, comerciantes ambulantes, migrantes, entre otros.
Sobre este punto, no se cuenta con estadísticas y estudios serios del número real de "ninis" en cada entidad federativa y su ubicación, que es necesario tener como parte del conocimiento de la problemática y de la toma de decisiones.
En un país que cuenta con 36 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, es decir, el 32.2 por ciento de su población total de 112 millones, y que además tiene un bono demográfico que seguirá creciendo hasta el 2020 y permanecerá estable hasta el 2030, se requiere una política integral de juventud que se ha negado hasta nuestros días en los tres órdenes de gobierno. Esta política que pareciera ser la de "ni te veo, ni te escucho" o "te veo y escucho cuando yo quiero" debe ser modificada urgentemente.
¿Qué hace falta?
Primero, se requiere fijar una visión de nación de forma integral sobre lo que es la juventud mexicana, sus expectativas y sus retos.
Segundo, el tema de juventud se debe incluir en la agenda nacional y crear un sistema de política pública para el mismo, generando sinergia con otras políticas como las de seguridad pública, desarrollo social y empleo.
Tercero, se deben aplicar acciones sociales, económicas y políticas que tengan una repercusión trascendente en la juventud.
Cuarto, es fundamental conocer y consolidar el presupuesto que los diferentes gobiernos aplican a favor de los jóvenes, ya que actualmente se desconocen los montos totales, y evaluar la política en forma integral.
Quinto, hace falta fortalecer a las instituciones de juventud dotándolas de mayor nivel político y funcional para impulsar la política en la materia.
Sexto, es urgente la aprobación en el Congreso de reformas de gran trascendencia para los jóvenes como la política y la laboral.
En días pasados el rector de la UNAM, José Narro, comentó: "los aspirantes a la presidencia deben tener prioridades, como los jóvenes, las oportunidades para esas generaciones.".
En el marco del cierre del año internacional de la juventud es imprescindible hacer el llamado a los gobiernos y sociedad civil para realizar una apuesta seria y profunda para los jóvenes que nos lleve a construir la nación que todavía México puede y debe ser.
Sociedad civil: otra agenda pendiente
Análisis Democracia y ciudadanía. Para que exista una ciudadanía fuerte y organizada también es necesario reformar las leyes y generar políticas públicas aún pendientes.
Mónica Tapia A.
(14 agosto 2011).- Muchas soluciones a nuestros problemas actuales, como la prevención de la violencia, el combate a la corrupción, las mejoras en la calidad de la educación e incluso una mayor competitividad y un mejor clima de inversión, requieren una ciudadanía fuerte y organizada como contrapeso del gobierno y las empresas. Resulta urgente transformar las clientelas en ciudadanos, pero también hace falta un marco institucional para la ciudadanía organizada.
Vivimos aún bajo leyes y una cultura política que asume que el gobierno lo hará todo, marginando el valor del asociativismo ciudadano. Predominan prejuicios y desconfianza de qué político o negocio está detrás de organizaciones ciudadanas, junto con la vocación de los políticos por explicar e informar y no debatir con los ciudadanos, quienes nunca están lo suficientemente enterados.
El marco para la participación ciudadana tradicionalmente se ha entendido como la iniciativa y consulta popular, el referéndum y plebiscito y recientemente la reelección de legisladores y alcaldes. Estas reformas sin lugar a dudas darán mayor peso a los ciudadanos en los procesos políticos, pero existe también otra agenda pendiente de reformas de leyes y políticas públicas para fortalecer la ciudadanía organizada. No se trata de que desde el gobierno se formen organizaciones, sino de crear un clima propicio para que los ciudadanos se organicen e impulsen soluciones a los problemas públicos o sean contrapesos para denunciar y desalentar comportamientos negativos.
¿Por qué necesitamos Organizaciones de la Sociedad Civil?
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ayudan a mejorar las políticas públicas al: 1) fomentar la transparencia y la rendición de cuentas vigilando a los funcionarios públicos y la desviación de recursos; 2) garantizar los derechos humanos y el Estado de derecho, defendiendo a grupos vulnerables e influyendo en el marco legal por medio de sentencias y jurisprudencia; 3) contribuir a mejorar la prestación de servicios públicos, introduciendo nuevos métodos o atendiendo a los beneficiarios de una forma personalizada; 4) promover la organización y la representación de sectores pobres ayudándoles a formar una fuerza colectiva que modifique sus condiciones de vida; 5) involucrar por medio del voluntariado y la filantropía a más personas en la esfera pública y la resolución de problemas públicos, fomentando al mismo tiempo responsabilidades cívicas; 6) promover alianzas público-privadas y planes de largo plazo (5 a 20 años) para el desarrollo regional; 7) incidir en la agenda pública, la formulación de las políticas públicas y la legislación, con su conocimiento, experiencia y propuestas innovadoras.
Sin embargo, aún falta construir una nueva institucionalidad democrática entre las OSC, el Estado y las políticas públicas. En primer lugar, el sector de OSC mexicano es muy pequeño: Estados Unidos tiene 50 veces más organizaciones que México, con un PIB per cápita cinco veces mayor. Inclusive países como Brasil o Chile, con PIB per cápita muy cercanos a México, tienen 10 y 4 veces más organizaciones que México. Destaca Colombia, que actualmente se ha convertido en un referente, con 6 veces más organizaciones que México.
Este reducido número de OSC se explica por la cantidad de trámites y recursos que se requieren para crear una organización (de servicios a terceros, formalmente constituida):
1) Registrar el nombre en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2) Elaborar un acta constitutiva protocolizada por un notario, con un costo de 3 mil a 15 mil pesos dependiendo del estado y tarifas notariales.
3) Inscribirse en el Registro Federal de Causantes (RFC) para abrir una cuenta de banco.
4) Inscribirse en el Registro Federal de OSC y obtener la Clave Única de Inscripción (CLUNI).
5) Ser autorizada por el Sistema Tributario de Administración (SAT) para emitir recibos deducibles de impuestos, comúnmente llamadas Donatarias Autorizadas.
En algunos estados, es necesario inscribirse a otros Registros estatales y municipales y, si se quiere crear una Institución de Asistencia Privada, hay que agregar que la Junta estatal debe aprobar la redacción de su acta constitutiva.
Cumplir con estos trámites es sólo para crear la figura jurídica de la organización, requisito indispensable para acceder a financiamientos y donativos, pero no garantiza que la organización obtenga recursos públicos o privados en automático. Una vez que la organización existe se requerirá procurarle fondos para sostener sus actividades y sobrevivir, presentando propuestas en convocatorias, buscando donantes privados o gestionando otros apoyos. Para un ciudadano común y corriente (sin conexiones o recomendaciones) concluir estos trámites le llevará de seis meses a tres años, dependiendo de la agilidad de cada dependencia, los viajes y gestiones que deba hacer y qué tan bien orientado esté para cumplir de manera satisfactoria con lo solicitado por la autoridad (si su notario incluyó en el acta constitutiva ciertas cláusulas, si el objeto social está redactado de un "modo aceptable" para la autoridad, si cuenta con una constancia de acreditación de alguna autoridad, etcétera).
En contraste, en Estados Unidos para crear una organización sólo es necesario el trámite notarial gratuito con literalmente miles de notarios en cada estado y la autorización del equivalente al SAT. En Chile, hay dos tipos de registro: las organizaciones dedicadas al deporte o asociaciones de barrio sólo se inscriben de manera rápida en la municipalidad y las organizaciones tipo OSC (corporación o fundación) pueden inscribirse por medio de un notario o en la municipalidad. La inscripción de ambas es tan fácil como sacar un acta de matrimonio y en ninguno sobrepasa los tres meses.
Leyes y políticas de fomento a OSC
El marco fiscal y legal de las organizaciones en México está regido por dos leyes: 1) el Título III de la Ley de Impuestos sobre la Renta y 2) la Ley de Fomento a las Actividades de las OSC. A partir de ambas leyes, hay dos principales registros nacionales oficiales: el Directorio de Donatarias Autorizadas creado por el SAT, que a la fecha cuenta con 5 mil 300 organizaciones, museos, universidades y bibliotecas, y el Registro Federal de OSC, donde hay alrededor de 15 mil organizaciones con CLUNI. Solamente 2 mil 800 OSC inscritas en el Registro Federal son también donatarias autorizadas; alrededor de 12 mil inscritas con CLUNI en el Registro Federal no son donatarias autorizadas. Esto crea en la realidad dos marcos jurídico-fiscales. Las OSC donatarias autorizadas pueden recibir donativos deducibles de impuestos (hasta 28 por ciento), no pagan (ni acreditan) IVA ni ISR o IETU, son auditadas anualmente si sus ingresos son mayores a 400 mil pesos y presentan un informe financiero en el portal de transparencia del SAT.1 Las OSC con CLUNI pueden acceder a convocatorias y apoyos de programas públicos federales -aunque sólo 10 por ciento de ellas recibe estos apoyos, de acuerdo con la última evaluación de las políticas de fomento de 2009- y debe informar anualmente al Registro Federal sobre estos apoyos recibidos.
¿Por qué se han creado dos marcos legales o "ventanillas" de recursos? Aunque la Ley de Fomento se aprobó como una ley marco para el sector incluyendo los estímulos fiscales, el SAT se mantiene como "portero de entrada" al régimen de donatarias autorizadas, bajo la excusa de que sólo puede aprobar a las OSC cuyas actividades se apeguen al artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De este artículo están excluidas, y por ello no pueden ser donatarias autorizadas, organizaciones que defienden derechos humanos y sociales como Incide Social; promueven la educación cívica, como Alianza Cívica; defienden los derechos de los consumidores, como El Poder del Consumidor, o la libertad de expresión y prensa, como CENCOS; promueven la transparencia, como El Avispero; promueven la economía solidaria, como la Fundación del Empresariado en México, o trabajan por el medio ambiente en áreas urbanas, como las organizaciones ambientales que el Fondo Mexicano para la Conservación financia, entre muchas otras actividades y organizaciones que sí están reconocidas en la Ley de Fomento y cuentan con CLUNI.
¿Cómo funciona la deducción de impuestos de donativos a OSC? En todos los países con un marco legal apropiado para las OSC, la ley define que ciertas actividades son de interés público, y por lo mismo el Estado bajo cierto esquema de incentivos fiscales está dispuesto a sacrificar cierto ingreso a cambio de que los actores que promueven estas actividades tengan donaciones. El costo o sacrificio fiscal de la deducibilidad de las donaciones en México es bastante limitado, pues sólo se llega a deducir hasta 30 por ciento de cada peso donado; es decir, el 70 por ciento es una donación neta del contribuyente. Los beneficios que las OSC aportan produciendo bienes y servicios de interés público, como Estado de derecho, gobernabilidad, rendición de cuentas y límites a la corrupción, son mucho mayores que este costo. A nivel internacional, y los datos en México, señalan que por cada peso que se dona las OSC generan mayores recursos vía donaciones en especie, voluntariado y otros recursos.
Un nuevo marco
En las próximas semanas, la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión deberá discutir una iniciativa que modifica el artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y abre la posibilidad de que otras organizaciones que realizan actividades de interés público según la Ley de Fomento en su artículo 5º puedan acceder al régimen de donatarias autorizadas. Esta simple modificación ayudaría a construir leyes y registros más homologados, creando no sólo un clima propicio para que más ciudadanos se organicen y trabajen por el interés público en lugar de que se desgasten completando múltiples trámites en diversas ventanillas, sino mayor transparencia y rendición de cuentas del sector de OSC. Entre más donatarias autorizadas haya, más transparencia y rendición de cuentas tendremos de sus finanzas y actividades al estar obligadas a auditarse y presentar públicamente esta información en el portal de transparencia del SAT.2
¿Quiénes se podrían oponer a esta reforma? Los prejuicios basados en la frecuente ignorancia de los políticos y legisladores sobre el sector de OSC, y su marco legal y fiscal. Asimismo, una burocracia media dentro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que defiende una cultura de desconfianza y legalista, con enormes problemas para llevar a la práctica. El SAT ni ninguna autoridad cuenta con la capacidad de visitar, juzgar y hacer constar que todas las organizaciones solicitantes realizan todos los días las actividades que su objeto social dice. Al final, la decisión discrecional de autorizar o no a miles de organizaciones del país con base en una lectura del acta constitutiva queda en manos de no más de 15 abogados recluidos en las oficinas centrales del SAT en la Ciudad de México. Por alguna razón, que en mis clases de derecho constitucional no aprendí, esta burocracia ha convencido a algunos que la Ley del Impuesto Sobre la Renta vale más que la Ley de Fomento y, por ello, no pueden homogeneizarse ni coordinarse.
Quienes creemos que el país requiere reformas urgentes y de gran visión, quienes creemos que México necesita más y mejor ciudadanía promoveremos la aprobación de esta reforma, y seguiremos impulsando la agenda pendiente de políticas de fomento a las OSC. Si usted quiere apoyar esta agenda, puede adherirse a la petición al Congreso o consultar más en www.causasciudadanas.org.
La autora es maestra en política social, desarrollo y estudios latinoamericanos por la London School of Economics y la Universidad de Oxford.
Directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades.
www.alternativasycapacidades.org
Twitter: @fortalecemos y @monicatapiaa
Notas:
Aquí una vía corta: http://bit.ly/oa0MJL
2 Una alianza de OSC mexicanas e internacionales junto con fundaciones y academia estamos construyendo un portal amigable para consultar la información de las OSC que proviene del portal de transparencia del SAT, retomando la experiencia de buenas prácticas internacionales como son los sitios www.foundationcenter.org y www.guidestar.org.
La cita en el SAT para comenzar el proceso de registro de una OSC y la revisión de documentos legales puede tomar de uno a tres meses.
OSC en otros países
En comparación con naciones semejantes o incluso más pequeñas, México cuenta con pocas Organizaciones de la Sociedad Civil.
| País | OSC | PIB* |
| EU | 1,000,000 | 46,400 |
| Brasil | 200,000 | 10,400 |
| Colombia | 135,000 | 6,200 |
| Perú | 110,000 | 4,400 |
| Sudáfrica | 101,000 | 6,900 |
| Chile | 83,000 | 12,400 |
| Argentina | 79,000 | 10,000 |
| México | 20,000 | 8,500 |
* Producto Interno Bruto per cápita ($ US).
FUENTE: Gonzalo de la Maza con datos de ONU en Construcción democrática, participación ciudadana y políticas públicas
Enfoque recomienda
OSC y filantropía en México
Autor: Varios.
Editorial: Centro Mexicano para la Filantropía y Fundación Este País.
Año: 2008.
Políticas públicas
Coordinador: José Luis Méndez
Colección: Los Grandes problemas de México, Tomo XII
Editorial: El Colegio de México
Año: 2010.
'Las OSC deben rendir cuentas'
Entrevista Democracia y ciudadanía. Fernanda Somuano: Investigadora del Colmex. Millones de pesos son canalizados a Organizaciones de la Sociedad Civil sin la suficiente transparencia.
Ernesto Núñez
(14 agosto 2011).- Las Organizaciones de la Sociedad Civil han hecho aportaciones importantes a la democracia; sin embargo, hoy enfrentan un desafío: mantenerse autónomas frente al gobierno que en gran medida las subsidia y ser tan transparentes como le exigen serlo a las autoridades, asegura la investigadora Fernanda Somuano.
Autora del libro Sociedad civil organizada y democracia en México (El Colegio de México, 2011), Somuano parte de una hipótesis crítica en su análisis del también llamado "tercer sector", al afirmar que la mera existencia de organizaciones no se traduce necesariamente en beneficios para la sociedad en general y para el sistema democrático en particular.
Somuano identifica tres focos rojos en el desarrollo de las OSC en México: la absoluta opacidad con la que se manejan los donativos gubernamentales, la existencia de muchas organizaciones que operan bajo esquemas clientelares y el auge de grupos ligados a iglesias, especialmente la católica.
Explica que la falta de transparencia con la que se manejan millones de pesos provenientes del erario en donativos a OSC las hace sujetas de manipulación política. Cita como ejemplos a Antorcha Campesina, ligada al PRI; el Frente Popular Francisco Villa, ligado al PRD, y la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), ligada al PAN.
"Transparentar los donativos a las organizaciones es un tema pendiente. El número de organizaciones que no hacen sus reportes financieros o que lo hacen incompleto es alto. Hay organizaciones de una persona, o que existen sólo en el papel.
"Hay muchas organizaciones que funcionan con esquemas clientelares, en donde los partidos y el gobierno pueden llegar a ofrecerles dinero a cambio de apoyo político, y eso es lo que tenemos que ir desapareciendo. Siempre va a haber organizaciones de este tipo, el problema es cuando son mayoría", señala.
La investigadora del Colmex considera peligroso que la mayoría de las nuevas OSC tengan un perfil religioso, pues considera que éstas reproducen un modelo tendiente al conservadurismo y el autoritarismo.
"Curiosamente, las organizaciones de este tipo, no sólo en México, sino en toda América Latina, tienden a ser jerárquicas, cuestionan muy poco la autoridad, los miembros se subordinan totalmente y crean un capital social que no es muy positivo. Una encuesta hecha en Colombia, pero que también aplicaría para México, indica que sus miembros son los que menos apoyan la democracia, los que apoyan más los autoritarismos, los menos tolerantes y los que menos cultura cívica tienen. Eso es un foco rojo", señala.
Para Somuano, uno de los papeles más significativos de las OSC en la transición mexicana ha sido aportar gobernabilidad, al canalizar demandas ciudadanas y liberar presión social.
Sin embargo, también considera riesgoso cuando las OSC intentan ocupar espacios en el poder político o en la representación política.
"Se han vuelto canales de demandas ciudadanas. Por ejemplo, la gente que no se siente representada por un partido o que ve muy lenta la vía electoral las perciben como canales mucho más inmediatos; eso libera presión en el sistema, porque finalmente tanta gente que acumula demandas, que no se siente escuchada, encuentra una vía para canalizar su disgusto, su indignación", explica.
'Crisis de representatividad'
Según la doctora en ciencias políticas, la crisis de representatividad de los partidos va a seguir generando OSC, pero también movimientos ciudadanos sin organización formal.
Somuano asegura que la crisis del sistema de representación democrática da pie a movimientos como el de los indignados en España, y en México a expresiones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia y que se ha constituido en un movimiento de movimientos.
"El desprestigio, la erosión de los partidos, el problema que tienen para que la gente vea a los partidos como medios de representación generan un fenómeno que se está dando en muchos lugares.
Se forman movimientos que tienen a su favor las nuevas formas de comunicación, las redes, la tecnología que les facilita la convocatoria y la movilización.
"Es algo que se va a seguir dando mientras los partidos no reaccionen y admitan que están pasando por una crisis de representatividad muy grave", asegura.
La especialista agrega que estos movimientos no caben tampoco en el esquema de OSC, que se ha burocratizado y que los obligaría a acordar objetivos limitados.
"Sus causas son muy grandes y heterogéneas. Además, un movimiento lo que necesita es juntar mucha gente para tener impacto; para tener mucha gente la clave es la inclusión y una OSC por default excluye y tiene objetivos muy específicos y acotados", agrega.
Sur pobre y norte... pobre
Reportaje Nuevo mapa de la pobreza. Contrario al discurso oficial de llevar la "prosperidad" de los estados del norte hacia los estados del sur, la pobreza se ha extendido en todo el territorio nacional.
Martha Martínez
(14 agosto 2011).- La frontera entre un "México próspero" en el norte y un sur pobre comienza a desdibujarse. Al menos uno de cada tres nuevos pobres del país son habitantes de estados como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
El informe La medición de la pobreza 2010 dado a conocer el 29 de julio pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (que señala que entre 2008 y 2010 el número de personas en esta situación aumentó de 48.8 a 52 millones) indica que en el norte se registró prácticamente la misma cantidad de personas que entraron en pobreza que en el sur, donde se ubican las entidades con los índices más altos de marginación y desigualdad.
De los 3.2 millones de nuevos pobres, un millón 258 mil personas son de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, mientras que un millón 88 mil son de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
De las 32 entidades federativas, sólo cuatro registraron reducciones en el número de pobres: Michoacán, Morelos, Coahuila y Puebla.
Según las cifras del Coneval, al menos tres entidades del norte se encuentran entre los siete estados que aglutinan el 64 por ciento de los nuevos pobres. Se trata de Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas y Chiapas.
Esta distribución es diferente a la registrada entre los años 2000 y 2005. El documento Mapas de la pobreza 2000 indica que las demarcaciones con los incrementos más altos de desigualdad durante esos años fueron Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y el estado de México.
Las cifras advierten que el incremento de la pobreza extrema también dejó de ser un fenómeno exclusivo del sur. Entre 2008 y 2010, el número de personas en esta situación se mantuvo en 11 millones 700 mil personas, es decir, poco más del 10 por ciento de la población nacional.
El sur sigue siendo la región con los índices más altos: Chiapas con cerca del 33 por ciento de su población; Guerrero con cerca del 29 por ciento; en Oaxaca con el 27 por ciento; en Veracruz con más del 18 por ciento y en Puebla con cerca del 15 por ciento.
No obstante, el crecimiento de la pobreza extrema muestra una geografía diferente. Estados del Bajío, el norte y el centro, como Estado de México, Jalisco, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, Chihuahua y Distrito Federal registraron incrementos; mientras que entidades sureñas como Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Chiapas reportaron reducciones considerables.
Dos ejemplos: Tamaulipas incrementó en 23 mil el número de personas en pobreza extrema; en contraste, Chiapas las redujo en 72 mil.
La crisis del norte.- Cordera
Expertos aseguran que las causas de este cambio en la geografía de la pobreza son la dependencia de las economías del norte hacia Estados Unidos, la migración, el incremento de la violencia, la existencia de programas sociales ineficientes y la escasa articulación entre la política social y el mercado laboral.
El investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Rolando Cordera, sostiene que la desa- celeración financiera en Estados Unidos afectó particularmente a las economías del norte que, por su cercanía con ese país, mantienen una estrecha relación comercial, lo cual generó la caída del empleo, del ingreso y, por ende, de la calidad de vida de los habitantes.
"Puede borrarse (la barrera entre el norte y el sur) si los estados del norte se mantienen tan estrechamente dependientes de la dinámica de una economía como la norteamericana que está fallando precisamente en eso, su dinámica. Siempre han sido los estados con los niveles de vida más elevados, junto con el Distrito Federal; ahí se elevaron los niveles de vida gracias a la industrialización y al Tratado de Libre Comercio, producto de la apertura y del cambio de estructura, pero todo eso registró una caída muy fuerte, abrupta a finales de 2008 y 2009", señala.
El especialista indica que otro elemento fue la migración interna, toda vez que al ser un punto de llegada de los pobres del centro y sur que buscan mejores condiciones de vida, la población en situación de carencia y vulnerabilidad aumentó.
"Centro y norte se convirtieron en focos gigantescos de atracción para los pobres del centro y del sur, esos son los más vulnerables porque algunos sí estaban vinculados a la industria propiamente dicha, pero muchos no estaban vinculados a los servicios que, cuando cae el ingreso normal, lo primero que dejan de consumir son ese tipo de servicios, se van a lo básico como alimentar a los hijos y a la pareja, si es el caso", agrega.
En opinión de Cordera, un elemento que no puede quedar fuera del análisis es el incremento de la violencia, mismo que orilló a muchas familias a dejar sus hogares, cerrar negocios y, en muchos casos a migrar, situación que perjudicó su patrimonio y el acceso a los servicios.
"Norma Samaniego hace unos meses nos advertía 'donde más aumentó el desempleo fue en el norte, donde más aumentó la violencia fue en el norte, donde más aumentó el número de jóvenes involucrados en la delincuencia fue en el norte, hay ahí casi una relación economisista y muy desafortunada'", sostiene.
Cordera insiste en que la cifras del Coneval obligan a reconocer que la mexicana es una sociedad desprotegida que ante cualquier eventualidad puede caer en pobreza.
Recuerda que, según el informe del organismo, de los 112 millones de habitantes en el país, sólo 21.8 millones no son pobres y no corren el riesgo de serlo porque gozan de la satisfacción de todos sus derechos, incluido el ingreso digno.
El documento señala que 8 de cada 10 mexicanos padece algún grado de pobreza, carencia o vulnerabilidad. Según las cifras, más de 40 millones se encuentran en situación de pobreza moderada; 11 millones 700 mil en pobreza extrema; 6 millones 500 mil personas son vulnerables por ingreso -es decir, no tienen carencias sociales pero sí un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar- y más de 32 millones son vulnerables por carencia -tienen al menos una carencia aún cuando su ingreso es mayor a la línea de bienestar-.
Crisis y falta de empleo.- Hernández Licona
El secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, explica que el incremento de la pobreza en las ciudades se debió a que los ingresos en las zonas rurales prácticamente no cambió como consecuencia de las remesas y de las transferencias monetarias que el gobierno distribuye a través de programas sociales, mientras que en las zonas urbanas, cuya actividad depende principalmente de la industria, los ingresos de las familias registraron una caída.
"La crisis seguramente hizo que el ingreso bajara más en las zonas urbanas y en los deciles medios y altos que en las zonas rurales y la población con los deciles más bajos de ingreso, en pocas palabras, el ingreso de la población rural más pobre casi no cambió, lo cual explica que el crecimiento aquí sea menor que el crecimiento en las ciudades", indica.
El funcionario señala que si bien la crisis económica explica en gran medida el incremento de la pobreza en todo el país, el organismo a su cargo no ignora que la causa de fondo es estructural.
"En el Coneval no dejamos de lado tampoco un asunto mucho más estructural, y es que México ha tenido un crecimiento relativamente bajo en las últimas décadas y un crecimiento bajo significa baja creación de empleos", sostiene.
Hernández Licona señala que la pobreza no se reducirá en el corto plazo si México no genera tasas de crecimiento más altas que las registradas hasta ahora, las cuales no superan los seis puntos porcentuales.
"Sí hay que resaltar que no podemos esperar que baje mucho esa pobreza en la parte de ingreso si México no tiene tasas de crecimiento mayores a las que hemos tenido", reitera.
Fallida política social.- Fuentes
Para el director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Mario Luis Fuentes, la razón por la que la pobreza "está ya en todas partes" no es únicamente la crisis económica, sino también una política social que, al no estar articulada con la económica y la laboral, se reduce a acciones asistencialistas.
"Yo no estoy convencido (de que la crisis económica fuera la única causa del incremento de la pobreza), como demuestran los mismos datos del Coneval, antes de la crisis financiera internacional, el número de mexicanos en pobreza era escandalosamente alto, lo que la crisis hace es acentuar, pero no hay que olvidar que el problema de la pobreza y la desigualdad en nuestro país ya era antes y se acentuó, sin duda", subraya.
De acuerdo con cifras oficiales, desde 1992 la mitad de la población padece algún grado de pobreza. Los datos indican que ese año, más del 53 por ciento de los mexicanos padecía pobreza de patrimonio; cerca del 30 por ciento pobreza de capacidades y más del 21 por ciento pobreza alimentaria.
A partir de 1996, tras la crisis económica que colocó a cerca del 70 por ciento de la población en algún grado de carencia, el país registró una tendencia a la baja que se revirtió en 2006. Para 2010, más del 51 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza de patrimonio; cerca del 27 por ciento padecía pobreza de capacidades y cerca del 19 por ciento pobreza alimentaria.
Fuentes asegura que el informe del Coneval muestra que los programas sociales han sido insuficientes para romper el círculo de la pobreza, porque si bien amplían el acceso a los servicios básicos y garantizan transferencias monetarias, estos beneficios no se traducen en mayores ingresos para las familias.
"No hemos roto el círculo de la pobreza porque esto implicaría que los apoyos en salud, educación y alimentación, por hablar de las tres dimensiones, tuvieran como consecuencia trabajo digno, si no se da y además el acceso a la salud y la educación es de muy baja calidad el círculo de la pobreza no se está rompiendo, sino que se sigue acentuando la desigualdad", afirma.
El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social sostiene que un ejemplo es el programa Oportunidades, que a lo largo de más de una década de funcionamiento, ha mostrado ser eficiente; sin embargo, muchos de sus beneficiarios no han logrado superar sus situaciones de precariedad debido a que a pesar de contar con más salud y educación, se enfrentan a un mercado laboral que genera empleos precarios.
Oportunidades no es suficiente.- Levy
En opinión del vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Santiago Levy, los programas sociales, especialmente Oportunidades, sí lograron proteger a la población de los embates de la crisis económica, de ahí que la pobreza extrema se mantuviera en 11.7 millones durante los dos últimos años. El problema, señala, es que éstos fueron insuficientes porque no están diseñados para hacer frente a fenómenos transitorios tales como una crisis económica.
"La lección importante para el país es que tenemos que mejorar los instrumentos de política pública para responder a shocks transitorios causados por el ciclo económico, en particular, algo que es muy importante focalizar es, en el mercado laboral, desarrollar instrumentos para mejorar su funcionamiento, en mi opinión esa es la clave y el reto importante hacia adelante", reitera.
Levy, quien es considerado el principal arquitecto del programa Oportunidades, asegura que en México sí se crean empleos, el problema es que los que se producen son de muy baja calidad, lo que genera la rotación continua de los trabajadores, salarios precarios y un alto porcentaje de empleo informal.
"El mercado laboral de México, no de esta administración, tampoco de la pasada ni de la anterior, tiene muchas décadas de funcionar mal, funciona mal porque se caracteriza por tener una gran proporción de trabajadores en la informalidad y una gran cantidad de personas trabajando en empresas muy chiquitas, de dos o tres trabajadores, con una fuerte dosis de trabajadores por cuenta propia.
"Hay muchas empresas precarias, hay que ver los datos del censo económico 2008, tienen un par de datos muy ilustradores: 90 por ciento de las empresas del país tienen menos de cinco trabajadores, entonces son empresas chiquitas, la mayor parte de ellas muy improductivas, con poca adopción de tecnología y tienen poco acceso al crédito", señala.
Levy subraya que lejos de pensar en incrementar la cobertura y las transferencias de Oportunidades -el principal programa de combate a la pobreza en el país- la política pública debe centrarse en articular la estrategias sociales con la creación de empleos productivos.
"Si la política pública no centra su atención en mejorar el funcionamiento del mercado laboral y en crear empleos productivos y formales, estos fenómenos se pueden repetir en el futuro, y no quiere decir que Oportunidades funcionó mal, Oportunidades no está diseñado como un programa que responda a shocks transitorios y tampoco debemos aumentar ni la cobertura ni las transferencias que se dan a través de Oportunidades, ahí no es donde está el problema, el problema está en la generación de empleos productivos", afirma.
Nuevo mapa de la pobreza
El porcentaje de la población que vive en pobreza aumentó en todo el territorio nacional incluyendo la región del norte, antes conocida por su prosperidad.
2008
2010
Aumentan los pobres
Número de nuevos pobres por entidad federativa. Sólo en Coahuila, Michoacán, Morelos y Puebla hubo reducciones.
| Baja California | 218,000 |
| Guanajuato | 308,800 |
| Michoacán | -1,100 |
| Morelos | -73,200 |
| Oaxaca | 247,100 |
| Chiapas | 204,300 |
| Puebla | -127,000 |
| Veracruz | 599,800 |
| Tamaulipas | 207,300 |
| Coahuila | -106,000 |
| Chihuahua | 254,900 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Pobreza extrema
Su distribución se modificó, aumentó en 17 estados de todas las regiones y disminuyó en 15.
| Estado de México | 214,000 |
| Veracruz | 183,000 |
| Jalisco | 43,000 |
| Yucatán | 35,000 |
| Querétaro | 32,000 |
| Sonora | 27,000 |
| Tamaulipas | 23,000 |
| Guanajuato | 21,000 |
| Nayarit | 19,000 |
| Sinaloa | 19,000 |
| Zacatecas | 16,000 |
| Baja California Sur | 14,000 |
| Campeche | 13,000 |
| Tlaxcala | 8,000 |
| Colima | 4,000 |
| Chihuahua | 4,000 |
| Distrito Federa | 4,000l |
| Baja California | -3,000 |
| Aguascalientes | -4,000 |
| Coahuila | -4,000 |
| San Luis Potosí | -5,000 |
| Durango | -16,000 |
| Oaxaca | -22,000 |
| Quintana Roo | -22,000 |
| Morelos | -27,000 |
| Nuevo León | -30,000 |
| Tabasco | -38,000 |
| Hidalgo | -61,000 |
| Guerrero | -69,000 |
| Chiapas | -72,000 |
| Michoacán | -98,000 |
| Puebla | -170,000 |
"Puede borrarse la barrera entre el norte y el sur si los estados del norte se mantiene tan estrechamente dependientes de una economía como la norteamericana que está fallando".
Rolando Cordera
Investigador de la UNAM
"México ha tenido un crecimiento relativamente bajo en las últimas décadas y un crecimiento bajo significa baja creación de empleos".
Gonzalo Hernández Licona
Secretario ejecutivo de Coneval
"No hemos roto el círculo de la pobreza porque esto implicaría que lo apoyos en salud, educación y alimentación tuvieran como consecuencia trabajo digno".
Mario Luis Fuentes
Director de Centros de Estudio e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social
"Oportunidades no está diseñado como un programa que responda a ahocks transitorios y tampoco debemos aumentar su cobertura".
Santiago Levy
Vicepresidente de Banco Interamericano de Desarrollo
¿Indignados o 'hooligans'?
Crónica Disturbios en la Gran Bretaña. Para algunos ingleses, los disturbios son una reacción social; para otros, son obra de vándalos y saqueadores.
Silvia Garduño
(14 agosto 2011).- LONDRES.- El nerviosismo se había extendido por la capital británica. Luego de dos días de disturbios, los negocios cerraron temprano y la gente se encerró en sus casas para evitar ser agredidos por los llamados rioters.
Una chispa bastó para desatar la ira social. El asesinato de un muchacho de 29 años provocó disturbios la noche del 6 de agosto en Tottenham, y la intervención de la policía para sofocar éstos fue la excusa para que cientos de jóvenes tomaran de manera violenta las calles de varias zonas de Londres y las principales ciudades de Inglaterra en los días siguientes.
Para algunos británicos, el asesinato de Mark Duggan, que de inicio detonó el enojo de varias personas por presunto abuso policial, terminó por evidenciar la frustración de cientos de jóvenes en Gran Bretaña por la falta de oportunidades.
"Hay grandes sectores de la población que están pobremente educados y apoyados, que no tienen expectativas y que creen que el resto del país siempre toma ventaja de ellos. Ciertamente ésta no es la manera de protestar, pero es evidente que no todos los jóvenes pueden pensar en otra cosa cuando literalmente no tienen nada más que hacer con su tiempo. Creo que hay frustración por causas diversas y un sentido de desesperanza", señala Laura Applin, politóloga de 30 años y estudiante de postgrado en la Universidad de Sussex.
El gobierno de Coalición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Demócrata, encabezado por David Cameron, ha planteado disminuir el número de personas que viven del Estado entre 2011 y 2014 y terminar así con un esquema de bienestar social que durante varias décadas ha permitido a algunos británicos obtener más recursos a través del seguro de desempleo que trabajando.
El mensaje de la Coalición para justificar la reforma al sistema de bienestar social es simple: que el trabajo siempre paga y que de ninguna manera recibir ayuda económica del Estado puede ser más redituable que trabajar. El gobierno prevé disminuir también el número de gente que recibe apoyos para la vivienda.
Con una tasa de desempleo del 7.7 por ciento, algunos sectores de la juventud británica perciben un futuro poco prometedor y consideran que están en desventaja respecto a otras generaciones, más ahora que las cuotas universitarias se han triplicado, alcanzando las 9 mil libras esterlinas anuales.
Pero para muchos otros británicos, los jóvenes que participaron en los disturbios son una carga social que no está dispuesta a trabajar y cuyo único motivo para salir a las calles fue robar cuanto pudieran: desde zapatos deportivos hasta televisores de pantalla plana, según las imágenes que transmitió la BBC.
El músico Chris Willsher, de 27 años, quien prefirió no salir de casa durante los días de disturbios, considera que el desempleo y la falta de oportunidades no justifica los destrozos y la violencia.
"Lo de la falta de oportunidades es sólo una excusa. Tengo amigos que han puesto videos en YouTube preguntando a los saqueadores por qué lo han hecho, y han dado razones tan ridículas como 'es que así puedo recuperar mis impuestos'", señala.
Helen White y Robert Knight tuvieron que dormir en un hotel la noche del lunes, pues los manifestantes quemaron un supermercado ubicado debajo de su departamento en Ealing. Estiman haber perdido el equivalente a 30 mil libras tan sólo en equipo de televisión y de música que estaba en su departamento.
"Estoy todavía en shock. Me siento decepcionada de que la policía haya llegado tarde y que estos niños pudieran salirse con la suya. Creo que terminarán sufriendo más que nosotros y reevaluarán la mala decisión que tomaron para fracturar sus comunidades", advierte Helen.
Los disturbios que comenzaron en Londres y que se extendieron a otras ciudades de Inglaterra obligaron al primer ministro David Cameron a interrumpir sus vacaciones en La Toscana italiana.
En reunión de emergencia con los miembros del parlamento, el pasado miércoles, Cameron reconoció que la respuesta de la policía no fue la correcta, toda vez que se prepararon para una posible disrupción del orden público y no para el tipo de crímenes que se cometieron.
Cameron advirtió que el gobierno haría todo lo que sea necesario para restablecer el orden; es decir, ampliar el poder de la policía y considerar el uso del Ejército.
Un día antes del mensaje de Cameron, el jefe de la Policía de Manchester, Garry Shewan, fue contundente al decir que los saqueadores serían arrestados sin importar cuánto tiempo tome.
"Tenemos su imagen, tenemos sus rostros, tenemos sus actos de criminalidad filmados. Vamos a ir por ustedes
desde hoy, y no importa cuánto tiempo nos tome, los vamos a arrestar", indicó.
El pasado jueves las ciudades inglesas parecían haber retornado a la normalidad, con el incremento de la presencia policial y la limpieza de las calles. Pero la inconformidad y la frustración de muchos permanecen latentes.
La cultura política
(14 agosto 2011).- Téngalo presente
Repensar el desarrollo: ética e inclusión social. Conferencia de la UNESCO con Pilar Álvarez Laso, Saskia Sassen, Saturnino Jun, Kregg Hetherington, José Sarukhán, Francisco Sagasti, Barry Gills, entre otros. Miércoles 17 y jueves 18, 9:00 horas. Secretaría de Relaciones Exteriores. Juárez 20, Centro. Informes: 3601 1650.
Conferencias
¿Fue un éxito la Revolución mexicana? Alan Knight. Lunes 15, 13:00 horas. Auditorio del Instituto Mora. Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. Informes: 5598 3777.
Responsabilidad penal e internet: protección de niños y jóvenes. Eric Hilgendorf, Julio Téllez y Mónica González. Martes 16, 12:00 horas. Aula de Seminarios Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474.
Del copyleft al #globalcamp: el despertar de la conciencia de red, 30 años para ver nacer el cerebro red social. Daniel Vázquez. Martes 16, 19:00 horas. Centro Cultural España Informes: 5521 1925.
Ciencias sociales y desarrollo nacional en México. Francisco Zapata. Miércoles 17, 12:00 horas. Auditorio del Instituto Mora. Informes: 5598 3777.
Nunca fuimos modernistas: juventud y la política de la memoria en Brasil. Antonadia Borges. Miércoles 17, 16:00 horas. Salón 5524 de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
El futuro de la justicia internacional. Luis Peraza, Luis Benavides y Manuel Becerra. Jueves 18, 11:00 horas. Sala de seminarios Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474.
Museos y libros de texto como escuela de identidad nacional. Margarita Quezada y María Laura Torres Ruiz. Viernes 19, 10:30 horas. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Convocatorias
Concurso universitario de juicios orales. Invita el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Procuraduría General de la República y la embajada de Estados Unidos en México. Fecha límite de inscripciones: 29 de agosto. Informes: 5487 1500 ext. 1665.
Michel Foucault: entre historia y filosofía. Curso organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Inicia 2 de septiembre. Informes: 5622 7516.
Historia del siglo XX mexicano. Diplomado que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Inicia 7 de septiembre. Informes: 4040 5100 ext. 108.
Exposiciones
Dos miradas al fascismo: Diego Rivera y Carlos Monsiváis. Muestra conformada por 274 piezas rescatadas por el cronista durante cuatro décadas que hacen un recuento artístico-documental de las manifestaciones del fascismo y antifascismo en México. Museo del Estanquillo. Isabel la Católica 26, Centro Histórico. Informes: 5521 3052.
La revolución social: imágenes del cardenismo. Más de 160 objetos, fotografías, documentos, grabados e imágenes en movimiento integran la muestra que ilustra el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas. Museo Nacional de la Revolución. Plaza de la República s/n, Tabacalera. Informes: 5546 2115.
Foros
La transparencia en el Estado de México y la región centro del país. Ernesto Villanueva, Alejandro Aguilar, Liliana Rendón, José Luis Estrada. Viernes 19, 10:00 horas. Auditorio central de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM. Instituto Literario 100 Oriente, Centro de Toluca, Edomex. Informes: 5639 5472.
Libros
Algo va mal de Tony Judt. Taurus. El autor reflexiona sobre las consecuencias que han dejado tres décadas de políticas neoliberales en el progreso y la equidad social. El texto es una sólida defensa de la socialdemocracia como vía para combatir la injusticia, la desigualdad, la deslealtad y la inmoralidad.
Ciudadanos.mx coordinado por José Merino y Ana Francisca Vega. Debolsillo. Protagonistas de cinco movilizaciones vía Twitter, #internetnecesario, #GuarderíaABC, #ACTA, #AventónCiudadano y #matrimonioDF, narran su experiencia y analizan la incidencia de esta red social en los cambios políticos en México.
Daniel Cosío Villegas: un protagonista de la etapa constructiva de la Revolución Mexicana de James W. Wilkie y Edna Monzón Wilkie. Colmex. Entrevistas realizadas por los investigadores entre 1964 y 1965 al historiador mexicano. Edición y notas de Rafael Rodríguez Castañeda, Adolfo Castañón y Diego Flores Magón.
Décadas de inestabilidad y amenazas. México, 1821-1848 de Josefina Zoraida Vázquez. Colmex. Conjunto de artículos sobre el periodo de transición entre el esplendor de la Nueva España y el inicio de la Reforma.
Díaz Ordaz. Disparos en la oscuridad de Fabrizio Mejía Madrid. Suma de Letras. El autor desmenuza la vida de Gustavo Díaz Ordaz y de forma paralela retrata los vicios del sistema político en México, aún vigentes.
¡Indígnate! de Stéphane Hessel. Destino. El autor incita a la insurrección pacífica evocando figuras como Martin Luther King o Mandela, para no sucumbir bajo el huracán del consumismo voraz y de la distracción mediática. Texto que antecedió las revoluciones árabes y las protestas ciudadanas en España.
México para los mexicanos. La Revolución y sus adversarios de Lorenzo Meyer. Colmex. Antología de textos escritos a lo largo de cuatro décadas, que recrean y explican los temas relacionados con dos procesos políticos que acompañaron a la Revolución mexicana: nacionalismo y autoritarismo.
Poder y política en los estudios internacionales editado por Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz y Gustavo Vega Cánova. Colmex. Análisis de las relaciones entre México y Estados Unidos en los ámbitos político, económico y social. Texto estructurado en dos ejes: dimensión múltiple del poder de las naciones y la interacción de los Estados y el sistema internacional.
Sociedad civil organizada y democracia en México de Fernanda Somuano. Colmex. A través de estudios cuantitativos y cualitativos, la autora revisa la información disponible sobre organizaciones de la Sociedad Civil en México, describe su estructura y funcionamiento, y advierte que es erróneo presumir que la mera existencia de éstas beneficiará a la sociedad y al sistema político.
Mesas redondas
Mesa de encuentro de iniciativas y herramientas de democracia participativa a través de internet. Daniel Vázquez, Antonio Pardo, Andrés Pereira, Tatiana Avendaño y Alan Lazalde. Viernes 19, 19:00 horas. Centro Cultural España. Guatemala 18, Centro Histórico. Informes: 5521 1925.
Presentaciones
Los indígenas en la Independencia y la Revolución mexicana coordinado por Miguel León Portilla y Alicia Mayer. Rodrigo Martínez, Miguel Pastrana, Ruperto Patiño y los coordinadores. Miércoles 17, 18:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7516.
El derecho y la justicia en el teatro de Víctor Hugo Rascón Banda de Adriana Berrueco García. UNAM. José Ovalle, Jorge Sánchez Cordero y la autora. Jueves 18, 18:00 horas. Casa universitaria del libro de la UNAM. Orizaba 24, Roma. Informes: 5622 7474.
Profesionistas en vilo de Ricardo Estrada. CIDAC. Verónica Baz, David Calderón, Miguel Székely y Antonio Purón. Miércoles 24, 19:00 horas. Casa Lamm. Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: 5985 1010 ext.100.
Revistas
Este País No. 244. Pedro Aspe, Fernando Aportela y Arturo Ramírez Verdugo examinan en un ensayo conjunto cuáles y de qué dimensión son las debilidades del sistema hacendario en México. Gerardo Jiménez-Sánchez, Julio Frenk y Guillermo Soberón destacan el poder transformador de la genómica en la economía global.
Nexos No. 404. Veinte autores escriben relatos que tienen a la Ciudad de México como escenario. Vicente Leñero, Héctor de Mauleón, Héctor Aguilar Camín, Sabina Berman, Carmen Boullosa, Sara Sefchovich, entre otros. Diego Valle-Jones, Luis Petersen Farah y Gustavo de la Rosa Hickerson analizan las causas de la situación de inseguridad en Tijuana, Monterrey y Ciudad Juárez, respectivamente.
Voz y voto No. 222. Rodrigo Morales advierte sobre los riesgos del desgaste del IFE rumbo al 2012. Lorenzo Córdova examina el ejercicio del poder de los gobernadores de Coahuila y el Estado de México, con características poco o nada democráticas. Humberto Musacchio desmenuza los errores del PRD durante los procesos electorales de este año.
Seminarios
El movimiento ambiental en Rusia y México hoy: un análisis comparado. Sonia Dolutskaya, José Luis Lezama, María Perevochtchikova, Martha Schteingart y María Luisa Tarrés. Miércoles 17, 16:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000 ext. 4155.
Hacia una política de rendición de cuentas en México. Jacqueline Peschard, Marcus Melo, Juan Pardinas, Alejandra Ríos, Mauricio Merino, Pedro Salazar, Miguel Pulido, entre otros. Lunes 22 y martes 23, 9:30 horas. CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2344.
Televisión
Observatorio 2012. Especialistas analizan en esta serie temas como los derechos humanos, seguridad alimentaria, vejez, cultura, tecnología, educación, seguridad, política y discriminación en México de cara a las elecciones federales de 2012. Conducen Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Pedro Salazar. Todos los martes a las 21:00 horas. TV UNAM. Canal 411 de Cablevisión y 255 de Sky.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
Los placeres y los días / Extrema derecha
Andrés de Luna
(14 agosto 2011).- El extremismo es una de las tantas formas de la estupidez. Ya se sabe que el reconocimiento de la existencia "del otro" es apenas un ideal. Algunos individuos creen en la pureza de sus creencias, en la imposibilidad de convivir con aquellos que se alejen de esa condición ideológica o fe, incluso de raza o de sexo. Es obvio que en la centuria actual los idiotas se yerguen como conciencia benefactora. Anders Behring Breivik, un tipo de 32 años, preparó un crimen colectivo en Oslo y en el islote de Utoya en aras de sus convicciones fundamentalistas cristianas. En ese sentido, la extrema derecha carece de sentido común y prefiere el gesto bárbaro del genocidio. Alain Finkielkraut en La derrota del pensamiento escribió que: "otra característica de los tiempos modernos europeos es la prioridad del individuo sobre la sociedad de la que es miembro. Las colectividades humanas ya no se conciben como totalidades que atribuyen a los seres una identidad inmutable".
Un idiota como Breivik vive en las clausuras del pasado, su mente está sumergida en aguas estancadas. Personajes como él son caricaturas trágicas, seres grotescos que se alían a las peores causas en nombre de su insuficiencia intelectual. Resulta terrible que en países de la calidad política de Noruega o Suecia salgan a la superficie estos criminales. Una escena que llamaba la atención en Los hombres que no amaban a las mujeres (Suecia, 2010) de Alfred Adamson era la entrada de Lisbeth Salander al Metro en Estocolmo. La muchacha resultaba agredida por unos tipos racistas y misóginos. Si eso ocurría en una obra de ficción, basada en la novela de Stig Larson, también debe recordarse que en Suecia han brotado grupos extremistas de derecha. Entre ellos una célula importante de los neonazis, por cierto dirigida por un doctor en Historia. ¿Cómo es posible conciliar un saber de esa naturaleza con un despojamiento de la razón hasta alcanzar la estupidez?
En México el Yunque es una realidad que tendrá su dosis de participación en las elecciones de 2012. Solapado por el panismo en el poder, estos vicarios de la necedad y la estulticia conservan las armas del poder en gubernaturas del país, entre ellas la de Morelos.
También, aunque ya un tanto desdentado, queda el grupo Provida de Jorge Tangas Serrano Limón, que hace un par de décadas, en sus muchas atrocidades, atacaba a los actores de la obra Concilio de amor de Óscar Panizza, por considerarla obscena.
La extrema derecha ve moros con tranchete y lo único que admite es la perspectiva desde su ombligo. Sus limitaciones conceptuales están legitimadas en la arrogancia de sus pequeñas mentes, son incapaces de ver nada. Behring Breivik cargará con una multitud de jóvenes asesinados, pero está convencido de la validez de sus actos. El idiota se mece en su hamaca y cree que hace rotar la Tierra. En su caso el desafío fue brutal.
REVISTA PROCESO No. 1815
El “halconazo” visto desde Los Pinos
Jorge Carrillo Olea
Confirmatorios de la criminal decisión de Estado que condujo al aplastamiento de la pacífica marcha estudiantil del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México –pero sobre todo del conocimiento que el presidente Luis Echeverría tenía acerca de la existencia de los Halcones– son los datos que se revelan en el libro México en riesgo. Una visión personal sobre el Estado a la defensiva. Su autor, Jorge Carrillo Olea, fue jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial entre 1970 y 1976, desde la que atestiguó las decisiones políticas, militares y paramilitares que llevaron a consumar la matanza. Con la autorización de la editorial Grijalbo se reproducen aquí partes sustanciales del libro, que empezará a circular en los próximos días.
El dramático acontecimiento del 10 de junio de 1971 se manejó por canales irregulares de información y de toma de decisiones. A decir verdad, para mí lo que pasó aquel día fue enteramente oscuro. Por supuesto, en los sucesos participaron
–aunque de muy distintas maneras– el presidente Luis Echeverría; el regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, y el entonces coronel Manuel Díaz Escobar. Este último era el jefe del grupo Halcones, cuyos integrantes habían sido organizados y adiestrados (algunos incluso en Japón) con la autorización del presidente Díaz Ordaz, a propuesta del general Gutiérrez Oropeza, con el aparente objetivo de convertirlos en elementos de seguridad del Metro, que en ese tiempo empezaba a operar.
La circunstancia inmediata que precedió al halconazo fue un reclamo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes exigían paridad de representación hacia profesores y alumnos en el proyecto de ley orgánica de esa institución. En tal contexto, estudiantes de la Ciudad de México salieron a las calles en su apoyo. Los actos se multiplicaron durante semanas hasta que los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional convocaron a una marcha mayor desde el Casco de Santo Tomás hacia el Zócalo. Aunque era inofensiva, la movilización debió haberse disuadido desde antes. Aquellos eran tiempos de cero tolerancia, aunque esta expresión aún no se utilizaba. Los hechos ocurridos en las calles son de todos conocidos.
Alguna vez, en un viaje en autobús de Palacio Nacional a Los Pinos, escuché que el subsecretario Gutiérrez Barrios aseguró con firmeza: “No podemos dejar que nos tomen las calles”. Lenguaje nuevo para mí, extraño pero inquietante.
Aquel 10 de junio en el Estado Mayor todo estaba en calma. En la residencia oficial, el presidente Echeverría sostendría una reunión de trabajo con el titular de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade, y con distintos funcionarios de esa secretaría. No tenía conocimiento de más actividades o de la presencia de alguna otra persona ajena en Los Pinos.
Poco después de la comida establecí contacto con el teniente coronel Enrique Salgado Cordero (compañero en el Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra) en la policía capitalina y le pedí que me notificara sobre la movilización estudiantil que se había anunciado. Yo tenía varios informantes: la SDN y los míos propios. Es regla de la búsqueda de información acudir a más de un medio. Mis reportes servían para corroborar los que comunicaba el general Gutiérrez Santos, director de Policía y Tránsito del Distrito Federal.
La afluencia de jóvenes se inició aproximadamente a las tres de la tarde; la marcha comenzó unas horas después y transcurrió como estaba programada. Se organizaron en las inmediaciones de la calle de Carpio y se dirigieron hacia San Cosme. Al iniciar su entrada en esa avenida los encontró un alto funcionario de la policía de la ciudad, quien con gran formalidad y respeto los conminó a abandonar su propósito, pero la recomendación fue rechazada.
En ese momento me anunciaron un dato que yo ignoraba: en la Alameda de Santa María, a escasas 10 calles del cine Cosmos, principal referencia de la marcha, se encontraban cinco autobuses con personas adentro. Los vehículos carecían de identificación. Lo anterior, que pasó inadvertido en el proyecto de operación de la policía, se lo informó con enojo el general Gutiérrez Santos al general Castañeda.
Cuando los estudiantes se negaron a atender la sugerencia de que desistieran de la marcha, los autobuses se desplazaron hacia el Circuito Interior y al llegar al cruce con San Cosme descendieron de ellos grupos de jóvenes de estatura mayor a la media y de características atléticas. Portaban una suerte de larga estaca.
Me apresuré a comunicarle lo que sucedía al general Castañeda, pero cuando llegué a su despacho me dijeron que había bajado a la residencia. Supuse que estaba con el presidente para informarle lo mismo y fui a buscarlo. Al llegar a unos metros de la entrada peatonal encontré al general ya de regreso con la expresión alterada. No pregunté nada. Espontáneamente me dijo: “Véngase, Jorge, hay problemas, adelántese y cíteme a Salvador, a Fuentes y a Alvarado”, se refería al comandante del Cuerpo de Guardias Presidenciales y a los jefes de las secciones tercera y cuarta, los responsables de operaciones y logística.
Dado que el cuartel general del Cuerpo de Guardias Presidenciales está a escasos metros de Los Pinos, el general Salvador Revueltas Olvera llegó de inmediato. Los jefes de las secciones se presentaron casi al mismo tiempo. Castañeda hizo una referencia a los hechos violentos que estaban ocurriendo y ordenó tajantemente al general Revueltas –un hombre muy impulsivo– que previniera al primer batallón y al de asalto, pero que no fuera a hacer nada sin una autorización expresa, asimismo pidió a los jefes de las secciones que mantuvieran en alerta a su personal.
Al regresar a mi oficina me notificaron los detalles de los hechos violentos y sus sangrientas consecuencias. Envié más informantes a la zona, el recorrido era cuestión de minutos. Más avezados que otros, dieron cuenta de ambulancias y una buena cantidad de lesionados que llevaron a la Cruz Verde. Dada la cercanía con San Cosme, a la mayoría de los heridos los trasladaron al hospital Rubén Leñero, a otros los condujeron a la Cruz Roja, en avenida Ejército Nacional. El número de heridos y de lesionados, todos civiles, fue estimado en varias decenas; por la dispersión de los hospitales a los que fueron remitidos y por los que evacuaron sus compañeros no se obtuvo una suma total.
En la parte inferior de Los Pinos continuaba la reunión del presidente con los funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. El general Castañeda bajaba de vez en vez para informar al mandatario. La reunión finalizó aproximadamente a las siete de la noche, y a la misma hora terminó el sangriento encuentro frente al cine Cosmos. Posteriormente, contrario a lo que era de esperarse, el presidente no tuvo ninguna actividad que requiriera la presencia de otras personas; debe haber hecho múltiples llamadas telefónicas pero no tuve conocimiento de ellas.
Varios días después me llamaron al despacho del general Castañeda. Ahí se encontraba el coronel Manuel Díaz Escobar en un estado de ánimo muy exaltado. El general me preguntó: “¿Tiene usted idea de dónde Escobar pudiera esconder a entre 800 y mil hombres?”. Me quedé pasmado, pensé que estaba bromeando. Pero poco a poco me di cuenta de que Castañeda estaba tirando de la lengua a Díaz Escobar. El coronel empezó a elucubrar con ideas absurdas, al grado de proponer los talleres del Metro como escondite de los Halcones, o que se impidiera el acceso a la Cuchilla del Tesoro, un predio al norte del aeropuerto que ocupaban sus Halcones en instalaciones ligeras. Del mismo modo propuso apartar algunos hangares del aeropuerto, tomar la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca o el Palacio de los Deportes.
Díaz Escobar se retiró después de pedir con nerviosismo el auxilio del Estado Mayor. Enseguida el general me ordenó presentarle un informe oficial detallado de lo que había sido testigo en esa reunión. Según me enteré más tarde, la solución final consistió en liquidarlos económicamente a gran velocidad: se les ofreció una buena cantidad de dinero y se fijó como requisito que abandonaran la ciudad de inmediato. El proceso se llevó a cabo durante los siguientes días y estuvo a cargo del DDF, instancia de la que dependían los Halcones.
Este acontecimiento tuvo el carácter trágico de toda manifestación pública que es objeto de un violento acto represivo. La noticia se difundió con rapidez en los medios internacionales y lógicamente la represión se vinculó con la matanza de Tlatelolco. Fue inevitable el efecto adverso que tuvo sobre los ingentes esfuerzos del presidente por recomponer la herencia que había recibido del gobierno anterior. Para el sexenio de Luis Echeverría, el 10 de junio de 1971 resultó el sello correlativo del 2 de octubre de 1968. De forma paradójica, tal marca de fuego la provocó un órgano creado por el mismo gobierno.
A fin de cuentas, la administración de Echeverría no se entendería sin algunos de sus logros más importantes, como la Zona Económica Exclusiva de mar —equivalente a casi 3 millones de kilómetros cuadrados—, el Infonavit y tantos otros. Sin embargo, el halconazo, que ocurrió a tan sólo seis meses de haberse iniciado su mandato, es por lo que se le recordará históricamente. Como gusta decirse ahora, se trató de un acoso por fuego amigo.
A Calderón le hace falta liderazgo*
Jorge Carrillo Olea
La perplejidad no deja de ser la constante para la sociedad mexicana y para una buena parte de la opinión internacional: México está sumido en un caos. De manera creciente, a partir del 11 de enero de 2006, el país, sus instituciones y su pueblo se han hundido en una situación inimaginable de violencia.
Sin duda, el titular del Ejecutivo nunca valoró la debilidad de las instituciones para hacer prevalecer la ley, ni la capacidad del crimen organizado para multiplicar sus fortalezas.
A través de la plataforma WikiLeaks, se filtró una confesión que Felipe Calderón le hizo a José María Aznar acerca del “cálculo erróneo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción en México”. Dado que la publicación de WikiLeaks revelaba un reporte del ex presidente español a la embajada estadunidense en Madrid, el caso sólo dio lugar a la exhibición de Aznar como un traidor y contumaz colaborador de Estados Unidos.
En la actualidad la sociedad mexicana está tan acostumbrada a los oprobios que el escándalo no tuvo mayores consecuencias. Sin embargo, el hecho sí llevó a analizar con mayor detenimiento las políticas básicas de Calderón.
Por lo que pudo verse, la motivación inicial de su estrategia de seguridad consistió en dar un golpe de fuerza autoritaria que evidenciara la dureza de su presidencia, pero incurrió en errores y omisiones.
Por principio de cuentas, no formuló ningún cálculo de probabilidades para su guerra. Sus policías propiamente no existen y sus Fuerzas Armadas están diseñadas para otras circunstancias. El grupo de asesores que discutió con él su proyecto lo hizo sin el menor conocimiento de lo que podría desatarse. Sin sustento alguno, le aseguraron que “en dos años el narco sería eliminado”.
Debe recordarse que algunos días antes del anuncio de la declaratoria de guerra, cuando Calderón informó a su gabinete de seguridad las acciones que se llevarían a cabo, ninguno de sus colaboradores elevó la voz para plantear alguna duda sobre su supuesta eficacia y sobre el terrible riesgo en que se pondría al país. Por falta de conocimiento y experiencia, el presidente no ha podido hacer cooperar ni concertar a sus fuerzas.
Su falta de liderazgo en la coordinación ha generado fricciones reprobables entre su equipo. Por lo demás, ante las graves deficiencias de sus recursos de inteligencia, aprobó la participación de representantes de la comunidad de inteligencia estadunidense, tanto en las actividades de planeación como en las operativas. Muy probablemente, una de las razones de tanto desacierto sea la renuencia de Calderón a acreditar el valor de la cooperación, la coordinación y el trabajo en grupo.
De manera absurda, expresó esta convicción en el seno mismo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). La consecuencia lógica, por él aceptada como una forma de operar, es que cada una de las instituciones marche por su lado. Cuando Calderón señala, por medio del portavoz del CSN, Alejandro Poiré, que una de las bases donde el narcotráfico ha encontrado la mayor complicidad e impunidad es en los estados y municipios, habla como si él no fuera el presidente de una República, sino sólo el encargado de una superestructura ajena a las partes que la componen.
El crimen organizado, en su vertiente de narcotráfico, se ha propagado casi en todo el territorio y también ha dado lugar al crecimiento de una criminalidad de orden común que lastima a la sociedad con el robo de autos, a transeúntes o domiciliario, las violaciones y los secuestros.
La penetración del delito en la sociedad es mucho más profunda de lo que se cree, e incluso los segmentos más alejados teóricamente del fenómeno, como podrían ser las iglesias y las organizaciones educativas, dan muestras de contaminación.
Por otro lado, se cree que la asociación entre delito y gobierno ocurre sólo en el ámbito policiaco, pero la verdad es otra. Aunque existen servidores públicos honestos, la corrupción es rampante también en los poderes judiciales: ministerios públicos, peritos, jueces y magistrados.
Cuántas campañas políticas han sido y están siendo financiadas por los campeones del delito, cuántos servidores públicos se han enriquecido repentinamente a la vista de todos. Además basta con revisar los expedientes del pasado inmediato para ver con pesar que las Fuerzas Armadas no son la excepción, como tampoco lo son el ámbito deportivo, el comercio o los grandes inversionistas extranjeros.
En todo lo anterior hay razones suficientes para estremecerse. Vivimos en un Estado acosado por el delito, la impunidad, la corrupción y la inacción social a pesar de las ya muchas marchas que estamos presenciando.
El Ejército, a los cuarteles
Existen antecedentes en los países desarrollados de la participación de sus ejércitos en conflictos internos y sus lamentables consecuencias. Cuando sus gobiernos advirtieron esto, inmediatamente se produjo la desmilitarización, lo que implicó que se separara a la policía y al ejército o que se creara un cuerpo policial que se encargara de los conflictos internos. Ellos han eliminado ese factor de irritación que era el servicio militar obligatorio; nosotros lo sostenemos, sin razón alguna, como emblema de vergüenza.
Ahora mismo en varios países existen importantes amenazas de naturaleza no militar: migraciones masivas, desplazamientos y asentamientos de refugiados, integrismos religiosos, violaciones de los derechos humanos, atentados contra el medio ambiente. Ante eso… la regla a nivel mundial ha sido preservar a las Fuerzas Armadas de intervenir en ellas todo lo posible. En su sustitución se han activado programas muy exitosos de desarrollo de variados cuerpos policiacos, así como de organización social, como son los programas de protección civil.
En efecto, las Fuerzas Armadas no pueden seguir desempeñando funciones policiacas. Todo lo contrario, no sólo debe retirárseles, sino también reivindicárseles. Dar un paso adelante, por muchos años demorado, para al fin optar por una institución moderna, eficiente y respetable.
La transformación, que puede requerir mucho tiempo, pero sobre todo la concientización hacia el interior, es un deber del presidente de la República pero que debe ser especificado por las propias Fuerzas Armadas. l
* Extracto del libro México en riesgo. Una visión personal sobre el Estado a la defensiva. (La cabeza general y la cabeza intermedia son de la Redacción.)
Una elección alarmante
Álvaro Delgado
La forma en que Alejandro Luna Ramos conservó la magistratura en 2006 y, sobre todo, la combinación de fuerzas que lo llevó a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no son buenas señales en el ya enrarecido ambiente preelectoral con rumbo a 2012. Con amigos como Carlos Ahumada o Diego Fernández de Cevallos y un núcleo de parientes enquistados en ese poder federal, nada justifica la esperanza de que acabe con la opacidad y la parcialidad que caracterizaron la gestión de su antecesora, María del Carmen Alanís.
El 30 de octubre de 2006, dos meses después de convalidar la impugnada elección presidencial y declarar ganador a Felipe Calderón, fue un día clave en la vida de Alejandro Luna Ramos: el Partido Acción Nacional (PAN) aprovechó la ausencia de varios priistas y perredistas en el Senado y logró designarlo magistrado para los siguientes 10 años.
Luna Ramos tuvo suerte: el PAN sumó al Partido Verde y al único senador de Nueva Alianza, Rafael Ochoa Guzmán, allegado de Elba Esther Gordillo, y por un solo voto –59 a 58– no se quedó sin trabajo, porque se desechó el criterio de que sólo debía concluir ese día el periodo del magistrado José Luis de la Peza, al que sustituyó por su muerte un año antes.
Manuel Espino, en ese entonces presidente del PAN, niega que haya dado “línea” a los senadores para promover la designación de Luna Ramos por 10 años –“ya me había equivocado una vez, cuando les pedí aprobar la Ley Televisa a petición de Calderón”–, pero revela: “El grupo de Calderón sí cabildeó y orientó esa decisión”.
–¿Fue un premio por su postura en la elección?
–No, claro que no.
–¿Entonces?
–Por su experiencia y trayectoria, que en sí misma era un aval de su imparcialidad, la que ahora exijo no sólo para mi caso.
Y es que, desde el miércoles 10, Luna Ramos se convirtió en presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y uno de los casos inmediatos que deberá resolver es precisamente la expulsión de Espino del PAN que, según el propio expresidente panista, fue ordenada por Calderón. La propuesta del magistrado Salvador Nava Gomar es ratificarla.
Luna Ramos llegó a la presidencia del TEPJF precisamente con los votos de Nava Gomar, exsocio de Roberto Gil Zuarth, secretario particular y cabildero de Calderón, y de Constancio Carrasco Daza, primo del panista Diódoro Carrasco, exgobernador priista de Oaxaca, ambos promovidos también como magistrados por el PAN en octubre de 2006.
El chiapaneco Pedro Esteban Penagos, identificado como allegado a los priistas y quien emplea en su ponencia a Francisco Belisario Luna Ramos, y Manuel González Oropeza, allegado a la corriente perredista Nueva Izquierda, le dieron su respaldo.
Con esos cuatro votos, y el suyo propio, Luna Ramos obtuvo un voto más de los cuatro que requería para conquistar la presidencia –que desde el lunes 8 ejercía por su calidad de decano–, y frustró la reelección de María del Carmen Alanís, quien sólo obtuvo su propio sufragio, lo mismo que Flavio Galván Rivera.
Militante confeso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo menos hasta 1992, amigo del empresario Carlos Ahumada y de perfil jurídico más bien conservador, Luna Ramos tiene cuatro hermanos en el Poder Judicial Federal: Margarita, a quien Vicente Fox propuso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Carlos Hugo, presidente del Séptimo Tribunal Colegiado, quien elaboró la “sentencia de Estado” que negó el amparo a la francesa Florence Cassez; Francisco Belisario, quien colabora con Penagos López –compadre de Margarita–, y María Guadalupe, funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal.
“Compromiso con el PAN”
Responsable de la calificación de la elección de 2012, Luna Ramos enfrenta una disyuntiva, afirma Espino: “Ya veremos si el TEPJF fortalece su autonomía jurídica o somete su cometido jurídico a la voluntad política de fuerzas ajenas a la institución”.
–Si por él votaron Nava y Carrasco, identificados con Calderón, ¿tiene el sello de Los Pinos?
–Espero que no tenga el sello de Los Pinos. Y no por mi caso, sino por el interés nacional que debe privilegiar el tribunal.
Puntualiza: “Eso sí, mi caso puede servir para advertir en qué dirección va el tribunal hacia 2012: se verá si va hacia la condescendencia con el gobierno o hacia la congruencia de un desempeño apegado a derecho en beneficio de los mexicanos”.
Sin embargo, para el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la elección de Luna Ramos como presidente del TEPJF es “una señal alarmante” hacia las elecciones de 2012.
No sólo porque es el único magistrado que calificó la elección de 2006, con criterios que convalidaron ilegalidades, sino porque –subraya– es hermano de la ministra Margarita Luna Ramos y ese “nepotismo electoral” hace prever una “manipulación” a favor del PAN y sus aliados.
“Sabemos cómo se nombran los ministros y que hay un cordón umbilical que parte de la Constitución, con el titular del Poder Ejecutivo. Entonces ahí veo yo una señal alarmante, porque, a no ser que fuera una ingrata, la ministra Luna Ramos le debe, no dinero ni cosas sucias, sino una mínima consideración al presidente de la República.
“Ella es hermana del presidente del tribunal que va a calificar la elección presidencial de 2012. Entonces esta línea, que de ninguna manera revela algo sucio o indebido –por lo menos no tenemos prueba fehaciente de ello–, sí manifiesta la presencia de compromisos que no van con la democracia y que no van con la situación tan delicada por la que está atravesando el país.”
Si a eso se añade el criterio del magistrado Luna Ramos para no sancionar la intervención de Vicente Fox y del empresariado en la elección de 2006, dice, entonces genera sospechas de su imparcialidad hacia 2012:
“Si sumamos ambos ingredientes hay, objetivamente, un hecho que mueve a muy serias dudas, que inquieta la conciencia ciudadana y que despierta resquemores muy graves. Tiene uno el derecho de pensar, o de sospechar pensando, que hay una manipulación que está preparando un tinglado a favor de sus intereses para 2012. Y eso es alarmante.”
–¿A quién beneficia esa manipulación?
–Por supuesto que al PAN y a políticos de otros partidos que hacen pactos con el PAN. No tendría empacho en dar nombres si los tuviera, pero se benefician de sus componendas, no tienen que ser panistas.
El apoyo de Nava y Carrasco, identificados con el PAN, forma parte de lo mismo, explica: “La sospecha lleva una lógica popular que todos manejamos: si un animal tiene orejas de gato, uñas de gato y dientes de gato, ¿es un rinoceronte? No, ¿verdad? No, hay cosas que a través de las señales, de los signos, dejan mucho que ver”.
Recuerda que Julio César repudiaba a su mujer porque se decía que tenía relaciones con el poeta Catulo, y un amigo le dijo que por qué hacía caso a rumores. “César contesta: ‘porque la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo”.
Insiste: “Como decía Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo: hay características de una manipulación electorera que francamente alarma muchísimo a quienes creemos o queremos creer en la democracia mexicana y en la pulcritud del proceso electoral”.
Luego de la declinación de Penagos López, a quien en el Tribunal Electoral se identifica con el PRI, el representante de ese partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Sebastián Lerdo de Tejada, se declaró complacido con Luna Ramos y dijo que su “principal reto será mantener la línea de objetividad que trazó la presidenta Alanís”.
–Los priistas están contentos con él –se le hace ver a Carrancá.
–Exactamente. Son arreglos que se hacen, pero con esos arreglos no hay pulcritud democrática ni ideológica. Entonces la falta de una protesta enérgica en el PRI bien puede significar eso, porque no creo que estén ciegos.
Compañero profesor de Luna Ramos en la Facultad de Derecho de la UNAM, y a quien dice respetar como abogado, Carrancá y Rivas lo define: “Un priista empanizado. Si no está empanizado, aparenta estarlo por lo que he expuesto. No podemos saber si realmente lo es, pero tiene todo el aspecto”.
Luego de que Luna Ramos fue felicitado por Calderón mediante un comunicado emitido el miércoles 10, y por el PAN, el jurista dice que el presidente magistrado trata de desmarcarse de Calderón, como se lo dijo en entrevista a la periodista Carmen Aristegui.
“Dijo que ni conoce al presidente ni éste le ha mandado mensajes ni lo ha saludado. Pero no es necesario que conozca al panista Calderón, basta y sobra con lo que he descrito para que se manifieste la sospecha y la duda de un compromiso muy fuerte con el PAN.”
Amigos de Ahumada
Justamente gracias al apoyo conjunto del PAN y del PRI, Margarita Luna Ramos ascendió, en 2004, al máximo escalafón en el Poder Judicial: ministra de la SCJN. Propuesta por Fox, ambos partidos la avalaron, pero también los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que coordinaba Jesús Ortega.
Alejandro Luna Ramos fue clave en lograr ese propósito, porque recurrió a su amigo Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino que en ese momento –febrero de 2004– tramaba lo que se conoció como los videoescándalos junto con Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas.
El propio Ahumada cuenta en su libro Derecho de réplica que Luna Ramos le pidió interceder a favor de Margarita ante Fernández de Cevallos, en razón de la amistad y de “compartí por más de 10 años un sinfín de reuniones y fiestas en su casa y en la mía”:
En enero de 2004, un fin de semana, un sábado, llegó Alejandro a mi casa y me preguntó cómo era mi relación con Diego Fernández de Cevallos. No sé cómo, pero de algo estaba enterado. Le dije que en esos momentos creía que era buena, y entonces me comentó que su hermana Margarita había sido propuesta para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte, como relevo de Juventino Castro.
Ahumada recuerda que, el 2 de diciembre previo, el PAN en el Senado había rechazado el nombramiento de Margarita, cuyo hermano le dijo que Fox la volvería a proponer y por eso requería su apoyo ante Diego. Habló con ella por teléfono:
La saludé, hablamos dos o tres minutos en los cuales me agradeció de antemano cualquier gestión que pudiera realizar con el llamado Jefe Diego para lo de su ratificación como ministra de la Suprema Corte.
Más tarde Ahumada se comunicó con el panista, quien lo citó en su casa y ahí le hizo la propuesta de apoyar a Margarita. “De entrada, me dijo que era una señora muy conflictiva y pagada de sí misma, pero luego añadió: ‘Bueno, dentro de la relación que estoy teniendo contigo y como una muestra más de mi apoyo hacia tu persona, la voy a apoyar’.”
Le pregunté que si me podía comunicar con Alejandro para comentarle su respuesta, y aceptó. Llamé a Alejandro, le dio mucha alegría, me dijo que jamás en la vida me lo podía pagar y me dio el número de celular de Margarita para comunicar a Diego con ella.
Acto seguido los comuniqué, quedaron de desayunar el lunes siguiente, y lo último que supe, por los medios de comunicación, fue que el 19 de febrero de 2004, Margarita Beatriz Luna Ramos fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el apoyo del jefe Diego y la mayoría de los senadores del PAN, a pesar de que al interior de la bancada se le cuestionó a Fernández de Cevallos por qué el PAN tenía que apoyar a Luna Ramos, cuando en diciembre no lo había hecho.
Ahumada recuerda que después, cuando ya estaba preso, su esposa Cecilia buscó a los hermanos Luna Ramos:
Lo único que consiguió Ceci de su parte fue un trato muy frío y cortante. Alejandro le dijo cínicamente que un vaso de agua y una orden de aprehensión no se le negaban a nadie, que veía mi situación muy difícil y que no había nada que él pudiera hacer. Por su parte, Margarita se negó a recibir a Ceci personalmente.
“Sentencia de Estado”
Luna Ramos ha minimizado su amistad con Ahumada, como en la entrevista publicada en Reforma el viernes 12: “Era yo juez de distrito, allá por los años setenta y tantos… nos conocimos en un juego de futbol”.
Pero conforme a su semblanza oficial, fue juez de distrito a partir de 1980, año en el que Ahumada ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, a los 17 años.
Luna Ramos, quien recién se divorció, ha minimizado también su priismo. En la entrevista con Aristegui aceptó que llegó a ser enrolado en el PRI sólo para participar en un concurso de oratoria en su natal Chiapas y que en la Ciudad de México fue mecanógrafo “propinero” en ese partido.
Pero el Diccionario biográfico del gobierno de México consigna, en su edición de 1992, cuando era ya magistrado de circuito, un dato relevante: “Pertenece al PRI, donde ha desempeñado el cargo de asesor de la Dirección de Capacitación Electoral del CEN en el DF, 1968-1970” .
Es el mismo caso de su hermano Carlos Hugo Luna Ramos, quien en el mismo documento de ese año se anota que “pertenece al PRI desde 1960” . Apenas en febrero pasado elaboró el proyecto del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal que negó el amparo a la francesa Florence Cassez, luego de que el secretario particular de Calderón, Gil Zuarth, cabildeó con ministros de la SCJN.
Tal como lo publicó Proceso, Gil Zuarth comenzó su labor de convencimiento ante el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, en diciembre de 2010, cuando era aún subsecretario de Gobernación, y alegó que si los magistrados del Tribunal Colegiado declaraban inocente a Cassez “no sólo se caía el secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada”.
El jueves 10 de febrero, horas antes de que se hiciera pública la negativa del amparo, Gil Zuarth desayunó en el comedor de la SCJN con su nuevo presidente, Silva Meza, Ortiz Mayagotia y los tres magistrados, entre ellos Luna Ramos, para agradecer el apoyo del Poder Judicial, porque se trataba de una “sentencia de Estado”.
Obtenida la información por dos vías, la diplomática y la jurisdiccional, los ministros Silva Meza y Ortiz Mayagoitia negaron haber participado en “cualquier tipo de reuniones” con miembros del gobierno de Calderón, como Gil Zuarth, para tratar el caso.
Gil Zuarth, quien con Calderón ha sido subsecretario de Gobernación, diputado federal, candidato derrotado a la presidencia del PAN y secretario particular, es identificado por Espino como el encargado de presionar a los magistrados para que ratifiquen su expulsión.
Y, según testigos, fue Gil Zuarth quien coordinó desde Los Pinos el ascenso de Luna Ramos a la presidencia del TEPJF a través de Constancio Carrasco y Nava Gomar, quien fue su socio y es amigo íntimo: apenas el 22 de mayo asistieron juntos a la final del futbol mexicano entre los Pumas de la UNAM y los Monarcas de Morelia, en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria…
La estrategia rosa
Rodrigo Vera
El jefe del Gobierno capitalino y la corriente del PRD que lo apoya decidieron utilizar la estrategia mediática que tan buenos resultados le ha dado a Enrique Peña Nieto y en su momento le dio a Vicente Fox. Para ello se han valido de la revista Quién, a la que Marcelo Ebrard ha otorgado varias entrevistas en las que desvela aspectos de su vida íntima. En la portada de su edición de agosto, esa revista del corazón presenta una fotografía en la que aparecen el político y su nueva novia, la hondureña Rosalinda Bueso. En el reportaje, ella admite que luchará para que Marcelo pueda lograr el sueño de su vida: la Presidencia de la República.
Marcelo Ebrard abraza a su novia Rosalinda Bueso y comenta embelesado: “Es una mujer lindísima, un encanto… Ya no estoy solo, tengo a mi novia y me siento feliz”.
Ella le contesta con otro piropo: “Me enamoró no el jefe de Gobierno, sino Marcelo; es un hombre tierno… sus ojos hablan”. Le pide que la bese y un beso apasionado sella los labios de los dos enamorados que “derraman miel” y ya empiezan a hablar de matrimonio.
Este es el momento climático de la entrevista que el jefe de Gobierno capitalino y la exembajadora de Honduras en México concedieron a Quién, publicada en la edición de agosto de esa revista del corazón. Ahí hablan de cómo se conocieron, de lo mucho que se aman y de su lucha para que Marcelo llegue a la Presidencia de la República.
La edición de Quién –en cuya portada aparecen maquillados Marcelo y Rosalinda– empezó a circular justo cuando se anunció la creación de Demócratas de Izquierda (DI), la corriente del PRD impulsada por Jesús Ortega que ya comenzó a promover la candidatura presidencial de Ebrard para las elecciones de 2012.
La entrevista se encuadra en una novedosa estrategia mediática del PRD encaminada a pregonar la vida íntima de Ebrard a través de la prensa rosa. Sigue la misma táctica de Enrique Peña Nieto, el aspirante presidencial del PRI, quien lleva ya tiempo exhibiendo su relación amorosa –que culminó en casorio– con la actriz Angélica Rivera, La Gaviota.
A sus 52 años, con dos divorcios y tres hijos, Ebrard no quiso quedarse atrás y ahora presume también a su Gaviota. Se trata de la hondureña Rosalinda Bueso Asfura, una guapa y espigada exmodelo de 32 años que se desempeñaba como embajadora en México del gobierno de Manuel Zelaya. Sin embargo, el golpe de Estado contra el mandatario hondureño ocurrido en 2009 dejó a Rosalinda sin chamba… y la arrojó a los brazos de Ebrard, quien heroicamente se encargó de protegerla de los golpistas y de darle un cargo en su gobierno.
A grandes rasgos esta es la trama de la novela rosa protagonizada por Marcelo y Rosalinda, quienes desean que ésta culmine felizmente en Los Pinos. Por su heroísmo, sus gafas y su chino en la frente –que compite con el copete de Peña Nieto–, Ebrard empieza a ser visto por Quién como una especie de Clark Kent mexicano.
Sin lastres
Desde hace tiempo, Ebrard se ha estado preparando para interpretar el papel de superhéroe. La misma revista –en su edición de enero pasado– detalló la “reingeniería en imagen” a la que se sometió el nuevo don Juan. “Se inyectó botox en la frente y seguramente se injertó pelo”, ya que “su nuevo peinado evidencia injertos para reducir las entradas”. Los cuidadosos tratamientos faciales –peeling, mascarillas y masajes– lo muestran hoy con “la piel bien cuidada”.
La revista le recomendó cubrirse el cuello, pues ahí “los signos de la edad ya son visibles”. Por eso, Marcelo suele aparecer con sus corbatas Hermes bien anudadas.
Los estudios en colorimetría –que tomaron en cuenta el color de su pelo, piel y ojos– determinaron que el color que mejor le sienta es “el amarillo paja”, o tonos de la misma gama cromática.
Por esas fechas, Ebrard aún seguía casado con la actriz Mariagna Prats, su segunda esposa. Quién reparó en su descuidado aspecto, que la ponía en desventaja frente a Angélica Rivera, su rival para primera dama.
“A la que sería muy bueno hacerle un makeover es a su mujer, Mariagna Prats, a la que tienen muy descuidada. En contraste con la Rivera, desafortunadamente se queda atrás”, diagnosticaba la revista.
Desde tiempo antes, Prats se había convertido en un estorbo para las aspiraciones presidenciales de Ebrard. Se rumoraba que padecía alcoholismo y, por lo mismo, cometía torpezas que mellaban la imagen del marido.
El 12 de noviembre de 2007, durante un acto en Tláhuac en el que Ebrard colocó la primera piedra de un centro comunitario, Mariagna llegó pasada de copas y pronunció un trastabillante discurso. Subía y bajaba la voz, dejaba frases sin terminar y asumía el proyecto de la obra como un triunfo personal:
“Le pido a la comunidad que me apoye, porque yo tengo ocho meses trabajando con los arquitectos, los ingenieros, los administradores, agarrándome del chongo con todos ellos, a sartenazos, con el molcajete.”
Veía a los asistentes y les decía: “No los oigo, andan muy aplatanados, necesitan un café, o un, o un … Voy a abogar por ustedes, voy a ser un puente. Es lo que soy y he sido siempre: comunicóloga a través de la televisión, del cine, del teatro, a través de mis pinturas o de este micrófono el día de hoy”.
A Marcelo le decía ante el público: “Amor mío, independientemente, y aparte de que es jefe de Gobierno, es mi amor y, pues eso nos ayuda, ¿no?”.
Finalmente Ebrard se divorció de ella a principios de este año. Él se quedó en su departamento de la colonia Condesa y Mariagna se fue a vivir a Cuernavaca. Quién –en su edición de abril pasado– dio las primicias de la ruptura en una entrevista con el propio Ebrard, que empezó a ventilar su vida íntima al señalar que el divorcio se debió a que Prats no aguantó su absorbente ritmo de trabajo encaminado a conseguir la Presidencia:
“Es muy difícil para la otra persona seguirte en esta disciplina. Tienes que dejar tus espacios propios y todas tus actividades propias; el trabajo es más absorbente. Así que llegó el momento de decir: ‘Vamos a llevar una relación cordial, amistosa, cariñosa, pero cada quien va a tener su actividad porque no son muy compatibles’”, dijo Ebrard.
–¿Cuál fue la respuesta de Mariagna? –le preguntó Quién.
–Por supuesto que no es algo que le haya gustado ni caído bien. Siempre es muy doloroso un planteamiento de divorcio. Pero le dije: “Mira, si no hacemos esto, entonces sí vamos a llegar a un conflicto, vamos a acabar en una situación ya no de separación de esferas, sino de tensión permanente”. Le comenté que era mejor preservar una relación de amistad, de cariño, en lugar de arriesgarnos. ¿Que cuál fue su reacción? Finalmente dijo: “Bueno, hagámoslo entonces así”. Y así lo hicimos.
“La Gaviota” de Ebrard
En la entrevista con Quién, Ebrard habló de su primera esposa, Francesca Ramos Morgan, de quien se divorció en diciembre de 2005 también en buenos términos. Incluso la nombró coordinadora general de Asuntos Internacionales del gobierno capitalino asignándole un salario de 71 mil 824 pesos mensuales, sólo 4 mil 440 pesos menos que el percibido por él.
Francesca –a quien conoció cuando ambos eran estudiantes de relaciones internacionales en El Colegio de México– aún ocupa el cargo y es la madre de los tres hijos de Ebrard: Francesca Ebrard Ramos, de 23 años; Anne Nicole, de 20, y Marcelo, de 16.
Ebrard mencionó que su primera esposa ha hecho “buen trabajo” en el cargo, y recalcó que actualmente llevan una “relación profesional”.
De esta manera, divorciado de Francesca y Mariagna, Marcelo quedaba nuevamente libre para amar. Le decía a Quién que buscaba una nueva pareja “que pueda aguantar el ritmo de un político con aspiraciones presidenciales”.
Desde entonces se rumoraba que sostenía una relación amorosa con la despampanante hondureña, lo mismo que con la excolumnista Marcela Gómez Zalce, titular de la Oficina de la Jefatura de Gobierno. Quién se lo recordó. Pero Marcelo negó las versiones y recalcó: “Yo no tengo novia ahora. Si tuviera, ya la hubiera presentado”.
En esa edición de abril, Quién manejó la imagen del perredista como la del guapo y poderoso soltero solitario con posibilidades de ser el próximo presidente de México. Era el primer capítulo de la novela rosa sobre Ebrard. La revista lo anunciaba en su portada con el siguiente título: No me quiero quedar solo: Marcelo Ebrard. ¿Quién será, pues, la elegida?, era la pregunta que dejaba en suspenso a los lectores.
Y justamente en su edición de agosto la publicación da la respuesta. En un segundo y mucho más impactante capítulo, Quién presenta con bombo y platillo a La Gaviota de Ebrard. En varias fotos aparece Rosalinda mostrando la frescura de su piel y su negra cabellera radiante, que enmarca un rostro de labios carnosos. El vestuario resalta su estrecha cintura, la redondez de su busto y sus piernas torneadas que culminan en unas zapatillas negras.
¿Quién es ella? Se nos dice que nació en Tegucigalpa en junio de 1977. Estudió dos carreras: mercadotecnia y administración de empresas, así como un par de diplomados en España.
Es divorciada: “Hace cuatro años me divorcié y no quiero revivir el pasado. Ya no me entendía con mi anterior pareja”, asegura.
Su madre es de origen libanés y su padre es un empresario hondureño propietario de algunos hospitales. “Muy conservadores” los dos, al igual que la católica Rosalinda que ya casi convence a Marcelo para que la acompañe a misa.
Además, es fervorosa guadalupana: “Todas las mañanas le enciendo su velita. Mi futuro está en manos de la Virgen de Guadalupe. Vine a la Basílica a conocerla hace cuatro años, me desahogué, puse mi vida en manos de ella porque eran momentos confusos. A la semana me ofrecieron la embajada en México”.
Este “milagro guadalupano” ocurrió en julio de 2007, cuando el presidente hondureño Manuel Zelaya la nombró embajadora en México. Pero dos años después, en junio de 2009, un golpe de Estado derrocó a Zelaya y repercutió en la embajada, donde el encargado de Asuntos Consulares, Rigoberto López, se alió con los golpistas y le impidió a Rosalinda el acceso a la sede diplomática.
Es en ese momento cuando interviene el héroe que defiende a su doncella del villano. Ebrard envió a la embajada a elementos de la policía capitalina para que se le permitiera la entrada a Rosalinda. Ella logró replegar a los golpistas de Roberto Micheletti, pero no se mantuvo mucho tiempo como embajadora. Al quedar sin trabajo, Ebrard le dio chamba en un programa de supervisión de servicios hospitalarios.
Dice que él sólo apoyó “la posición de Rosy”, como cariñosamente le llama.
Y sobre una posible boda comenta: “Ya lo veremos. Lo que sí es que sería una cosa muy íntima. Nada de fiestas y cuestiones publicitarias”. Rosy lo secunda amorosa: “Nos casaremos cuando Dios lo permita”.
El político perredista habla sobre sus gustos personales: usa corbatas Hermes, relojes Longines y camisas con sus iniciales bordadas. Le gustan los “buenos vinos”, sobre todo “los italianos de tipo franco-romano”, difíciles de conseguir en México.
Quién analiza su apariencia y destaca que “ya no usa tanto gel” en el pelo, por lo que se ve “muy natural y auténtico”. Es delgado y transmite un “mensaje de salud”. Sus lentes “no generan interferencia visual” y más bien lo hacen parecerse a Clark Kent. En las fotografías publicadas aparece muy acicalado, siempre de traje oscuro y con una corbata amarillo paja, el color que le sugirió la misma revista.
Así, la pareja formada por Marcelo y Rosalinda se abrió de lleno a competir en las páginas del corazón con Enrique Peña Nieto y La Gaviota. Dos historias de amor dosificadas en capítulos que se disputan la escenografía de Los Pinos, como lo logró la pareja Vicente Fox-Marta Sahagún, pionera en México de la novela rosa de no ficción y estelarizada por la familia presidencial.
Cálculo político
Desde tiempos de Fox, Javier Martínez Staines, a la sazón director editorial de Quién, comentaba sorprendido que “la novela rosa de los Fox” había alcanzado incluso más “rating en el extranjero que aquí en México”.
Aseguró que todos “somos chismosos”, por lo que la prensa rosa –en México y en el resto del mundo– satisface esa curiosidad por conocer la intimidad de los famosos: sus matrimonios, divorcios, fiestas, pleitos familiares, infidelidades conyugales, cirugías estéticas, etcétera.
Sin embargo, advirtió que los famosos “no son ingenuos, saben aprovechar muy bien las oportunidades para mejorar su imagen… Detrás de esa aparente frivolidad existe una estrategia bien montada” (Proceso 1303).
Hoy el PRD recurre a esta estrategia promocional minuciosamente calculada. El pasado 31 de julio fue presentado el movimiento Demócratas de Izquierda, que dentro del PRD impulsa la candidatura presidencial de Ebrard. En el evento, realizado en el Polyforum Cultural Siqueiros, el jefe de Gobierno del Distrito Federal enarboló en su discurso el progresismo de la izquierda:
“El regreso no es opción. Tenemos que ir hacia delante, y quien va a conducir y quien puede proponer es exactamente la filosofía, la forma de pensar del progresismo de las izquierdas mexicanas”.
Le aplaudían representantes de distintos sectores: Marta Lamas, de las feministas; Aram Barra, del sector juvenil; Angélica Ortiz, activista en derechos humanos, y Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, entre otros.
Se sumaron a la cargada los gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre, y de Sinaloa, Mario López Valdez. Dos corrientes del PRD estuvieron presentes: Nueva Izquierda y Foro Nuevo Sol.
En sincronía con el destape, ese mismo día empezó a circular la actual edición de Quién, con la imagen en portada de Rosalinda acurrucada y sonriente en el regazo de Marcelo.
Después, el equipo de comunicación de Ebrard informó que el sábado 6 y el domingo 7 la pareja estuvo en Yucatán, con la familia de la novia. Ahí formalizaron la boda para octubre próximo y que será un evento “súper exclusivo” al que acudirán unas 40 personas.
En la edición especial de Proceso, Los aspirantes 2012, número 1 –correspondiente a marzo de este año y dedicada a Ebrard– se publica la investigación Arquitecto de su propia candidatura, en la que el reportero Raúl Monge abunda sobre las maniobras del jefe de Gobierno para construir su imagen:
“En la construcción de la imagen del titular del GDF como potencial precandidato a la Presidencia, Televisa ha sido un inmejorable aliado, como lo ha sido del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto. Un dato así lo deja ver: en 2007, Ebrard apareció 407 veces en los canales de Televisa, mientras que Peña Nieto lo hizo en 700 ocasiones. Casi el doble.”
Agrega que en 2008, “de los 122 millones de pesos destinados al área de Comunicación Social… 116 se etiquetaron como ‘difusión y promoción’; de éstos, 105.3 fueron a parar a manos de Televisa (71.7%), TV Azteca (31.4%) y Proyecto 40 (2.1%)”.
En el reportaje se plantea que a Marcelo “le inquieta tanto verse bien ante las cámaras que desde hace un par de años se hace acompañar de una maquillista de cabecera, exempleada de Televisa”.
A pesar de sus afanes por desplazar a Peña Nieto, los sondeos le siguen siendo muy desfavorables. La última encuesta de Mitofsky, de mayo pasado, le da 3.6% de preferencia electoral para los comicios presidenciales, muy por abajo del 33.9% de Peña Nieto.
Ni siquiera los capitalinos aprueban su gestión al frente de la jefatura de gobierno. La última encuesta del diario Reforma –realizada este agosto– indica que solamente 50% está de acuerdo con su trabajo de gobierno.
¿Logrará Marcelo remontar en las encuestas? ¿Desplazará como galán a Peña Nieto? ¿La bella hondureña se impondrá en imagen sobre La Gaviota? ¿Se casarán Marcelo y Rosalinda? ¿Llegarán juntos a Los Pinos?… Faltan muchos capítulos por ver de la novela rosa perredista. Apenas comenzó la novela rosa del PRD.
…Y la narcoviolencia se estableció en la Tarahumara
Marcela Turati
De tiempo atrás, además de la miseria que asuela a su población, la sierra de Chihuahua se ha contagiado de la violencia que azota al país entero. En medio de la precariedad, los pobladores de la región, cada día más divididos, solos y lastimados, sobreviven a salto de mata en espera de que las autoridades los ayuden, como constató Proceso en un recorrido por la zona. Las mujeres se duelen no solamente por la muerte de sus compañeros a manos de sicarios de La Línea o del cártel de Sinaloa, sino por las vicisitudes que enfrentan para mantener a sus hijos.
SIERRA TARAHUMARA, CHIH.- Recargada en la estufa de su cocina de rancho, la señora se tapa la cara para que no la vean llorar. Su hija embarazada estalla en lágrimas. La vecina que las acompaña se impone a su propia tristeza y continúa el relato entrecortado sobre lo ocurrido en esa casa tres meses antes, la noche que entraron siete, ocho hombres armados que dijeron ser policías, balearon al padre de familia, lo arrastraron al pórtico y se lo llevaron.
No saben si está vivo o muerto. No volvieron a verlo…
“Quedamos todos asustados porque lo atacaron aquí adentro. Acá estaba él tirado, lo sacaron afuera, creemos que muerto porque el piso quedó todo con sangre; allá lo esperaban otros”, dice la viuda, madre de tres menores.
–¿Ve esos agujeros? –agrega, al tiempo que señala hacia un rincón entre la estufa y la ventana–; son de los balazos que dispararon. Apenas tapé los hoyos con cemento porque ya no podía verlos: era mucho sufrimiento.
La noche en que se llevaron a su esposo nadie durmió en ese caserío rural con valles arbolados y un río dignos de postal: los falsos policías, en su orgía de sangre, arrancaron de sus casas a otros dos hombres. Su último rastro fueron las piedras de río ensangrentadas.
La vecina continúa los tramos de conversación cuando la primera se traba. Aunque también aparenta 30 años, es más dura porque ya pasó por el mismo ritual de sangre, en ese mismo pueblo de 90 hogares, un año antes, cuando un comando de 30 hombres se llevó a seis parientes suyos. Pero –“por suerte”, si es que aquí cabe la suerte– sus cadáveres descompuestos fueron localizados días después al pie de la carretera.
Este pueblo del municipio de Guerrero –de camino a la Sierra Madre Occidental en la zona de la Tarahumara– jamás ha aparecido en las noticias, aunque en los últimos tres años ha golpeado la tragedia al menos a 13 de los 91 hogares que reporta el censo de población. Todos aquí están afectados porque son parientes.
En el recorrido por esos paisajes de valles, ríos y árboles frutales la gente da referencias sobre casas donde quedan puras mujeres solas o pueblos donde el miedo instaló su feudo. Por estos rumbos la última novedad es que la presidencia seccional de Pachera está huérfana desde junio porque su titular, Jorge Olveda Veleta, fue desaparecido.
En el paraje cercano, la mujer que enfrenta la desaparición de su esposo no se acerca a la ventana que da al camino, aunque constantemente, desde lejos, observa hacia afuera como para cerciorarse de que nadie las vigila. Tiene tanto miedo que hasta en su propia casa habla en voz baja. Cuando constata que no hay peligro, dice que la culpable de tantas muertes es otra familia del pueblo, a la que acusa de haber enviado al comando de narcos para vengarse por el asesinato de un miembro ocurrido dos años antes.
Cuesta trabajo creer que los homicidios en estas tierras ya no son vengados por los hijos o hermanos de los difuntos, y que ahora intervengan decenas de hombres encapuchados, en comando, armados con cuernos de chivo, que se dicen parte de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, o gente de El Chapo, del cártel de Sinaloa.
Pero las mujeres aseguran que es así: Los conflictos familiares se convirtieron en pugnas entre cárteles.
“Acá ya no se puede platicar nada. Todo el tiempo estamos vigiladas, siguen aquí, están armados”, dice una de ellas con frustración y resentimiento.
En la casa de adobe de la vecina, la que presuntamente es asesina muestra el expediente de la muerte de su esposo en el que destaca un dato: recibió ocho balazos en el cerebro y en el que los testigos declararon que el homicida –un vecino conocido– activó los últimos tres cuando ya tenía público.
“Dicen que yo mandé matar a los últimos nueve que murieron en el pueblo, y no es cierto. ¿Cómo, si no tengo ni para comer? Para eso se necesita dinero”, expresa la mujer entre llanto. Tiene tres hijos pequeños.
A raíz de los asesinatos y levantones, la gente ya no sale a la calle y, aunque son parientes, si se ven no se saludan. Los hijos de los difuntos son tratados como apestados. A ella se le nublan los ojos cuando dice que en la primaria otros niños se burlan de los suyos.
“Mi hijo está creciendo con resentimiento. No me dice nada, todo se lo guarda. La otra vez que fui a recogerlo a la escuela me dijo: ‘Oiga, mamá, ¿esa es la hija del que mató a mi papá?’. Trato de no contarles nada, pero de pronto, por lo que escuchan en la escuela, me dicen: ‘Oye, mami, ¿cuántos balazos tenía mi papá en la cabeza?’”, lamenta.
Otra mujer de una familia enfrentada con la de ella se queja de lo mismo: “Aquí ya no se puede decir nada, ni siquiera se puede intervenir cuando se pelean los niños. Aquí hay un niño que, si le pegan otros en la escuela, les dice: ‘Van a ver, les voy a echar a La Línea’, y todos se quedan asustados”.
–¿Y qué hacen cuando pasa eso? –se le pregunta.
–Los adultos no nos podemos meter.
La violencia en ese poblado dejó a una docena de viudas, con hijos pequeños, al frente de sus hogares, y a varios padres ancianos sin sostén. Las mujeres entrevistadas, además de cuidar a los hijos, suplen al esposo en sus labores campesinas: cultivan la tierra, cuidan el ganado, se alquilan en las huertas manzaneras por temporadas o hacen los trabajos pesados por los que ellos recibían una paga. Algunas enviaron a los hijos mayores a Estados Unidos para que colaboren con la manutención de los menores. Tres familias abandonaron todo y se arrimaron en casas de parientes en Ciudad Cuauhtémoc o en Estados Unidos. Todas están traumadas.
“Mis hijos están muy tristes, lloran mucho. El chavalo más grande no habla; la chavala ya no quiso estar en la danza ni en la escolta; el bebé tiene mucho miedo, llora en la noche, no sale ni aguanta la oscuridad, a veces se pone a jugar con palos y dice: ‘Así mataron a mi papá’, porque lo piensa todo el tiempo y me pregunta mucho por qué lo mataron”, dice una viuda.
Tierra de sangre
Las comunidades serranas tradicionalmente han sido “zonas calientes” donde las disputas históricamente se dirimen a balazos, según el exdiputado Víctor Quintana, del Frente Democrático Campesino, pero la violencia se agudiza por la mayor presencia del Estado, por la llegada de “elementos fuereños”, porque hay más dinero en juego y acceso a armas.
“En las comunidades se dan nuevas formas de sociabilidad, y como tienen relativamente fácil el acceso a la siembra o al transporte de enervantes, que es la vía más ordinaria para salir de una relativa pobreza, se crean redes sociales perversas, se rompe la solidaridad, sólo se aglutinan para autoprotegerse mutuamente y para velar por intereses individuales”, dice.
“De medio año hacia acá empezaron a perderse los hombres. Se pierden, se pierden y hasta ahí nomás se sabe. Antes todo era bonito: primero la población era de 300 gentes, pero quedamos como 100. Muchos se han salido. Ya estamos desunidos y está muy feo para sobrevivir”, dice un poblador de San Miguel Temechi, municipio de Guerrero, zona de nogales y manzanos.
En un recorrido por varios municipios serranos, Proceso recabó información sobre la nueva realidad social al platicar con pobladores, políticos, autoridades y activistas sociales. Al salir de la sierra, en el municipio de Guerrero –entre Cebollas y Seguériachi– pasó un convoy de camiones repartidores de mercancías (Bimbo, Bif, Sigma, Zaragoza, Marinela) y gas custodiado por la Policía Ministerial. Así repelen los asaltos, como en el viejo oeste.
Durante el recorrido, la reportera constató que pueblos donde aparentemente no ocurre nada pagaron ya su cuota de sangre o de miedo.
Uno de ellos es Jicamórachi, municipio de Uruachi, que en abril fue evacuado por sus pobladores, quienes pidieron la intervención del Ejército porque las mujeres, los ancianos y los niños estaban durmiendo en los cerros. Ellos señalaron que en dos ocasiones distintos grupos de hombres armados (los primeros uniformados como policías estatales, los segundos como militares) entraron a la comunidad, quemaron casas, buscaron a varios hombres y amenazaron con matar a todos.
Según el diario local Omnia, que entró a ese pueblo localizado de camino a Sonora, seis casas fueron quemadas; 80 de las 120 familias que habitan la comunidad estaban desplazadas, mientras las clases y la atención en la clínica de salud fueron suspendidas.
Un lugareño que huyó de la zona cuenta a Proceso que el problema surgió porque uno de los líderes locales de La Línea (grupo armado del cártel de Juárez) se pasó al bando del cartel rival que comanda El Chapo.
Una persona con familiares en Jicamórachi explica: “(Los sicarios) son mucha gente de fuera que trae carros yonkeados (chocados), sin placas. No falta quién se les una porque ofrecen trabajo y a los chavalos les gusta porque de ser cultivadores de frijol se convierten en ídolos. La gente no quiere a estas gentes, pero recurre a ellas porque actúan como ley, ponen orden y hacen justicia.
“Tienen a la población atemorizada. Desde que te acercas hay gente con armas largas en el cerro vigilándote. Te paran si no conocen tu mueble (camioneta), revisan quién eres. Ha habido actos muy traumáticos que aterran a todos, como el asesinado del maestro Tony, que lo aventaron en un basurero y le arrancaron el rostro, lo que dolió a todos. Ahí nunca duermes porque sabes que te puede caer una bala perdida; o duermes en el monte para ver de lejos o escuchar si alguien viene, sobre todo si hay fiestas o si sienten que va a haber ‘un evento’. Por eso todos hablan en voz baja en sus casas.”
En cuanto el Ejército restauró la tranquilidad en el poblado, el conflicto se desplazó a pueblos cercanos como Betórachi, Cajurichi y Memelechi, del municipio de Ocampo.
Durante el recorrido por esa ruta, un vecino advierte a Proceso: “No sigan adelante: ya está todo tomado. Aquí, en las noches, es campo de batalla. Está horrible. Apenas se llevaron a un señor y a sus dos hijos, los torturaron, los dejaron trozados, los trataron peor que animales. Si los van a matar, bueno, pero ¿tanta crueldad, por qué? Está horrible”.
La gente se sentía aterrada porque una semana antes habían encontrado el cadáver mutilado de un repartidor de leche Zaragoza, a quien consideraban una persona neutral. Aunque algunos pobladores señalan que quizás “en algo andaba metido”.
“Ya se meten con gente inocente, la gente se está yendo. A los chavalos de aquí se los llevan, no sabemos si los traen trabajando o los matan. Uno de los grupos los engancha, les ofrece algo, el otro los lleva por la fuerza, pero los dos los matan si los ven trabajando con los contrarios. Como son puro de fuera, ya no reconocen ni respetan”, relata uno de los lugareños.
Los choferes de camiones repartidores consultados en San Juanito, municipio de Bocoyna, aseguran que han suspendido rutas de distribución y en otras contratan policías ministeriales para que los escolten con sus patrullas.
“‘Ta muy feo. Por eso pedimos a los de la ministerial que nos escolten, así tenemos cierto blindaje trasladándonos todos juntos. En El Nogal asaltaron a uno de los cigarros y hasta la mano le volaron. Ahí apenitas asaltaron a los de Gamesa y Sabritas. Y no crea que está lejos; está a 15 kilómetros . De San Juanito ya se retiró Carta Blanca, luego de sufrir tres asaltos o más, y un comando les sacó la caja fuerte; Bimbo y Marinela ya no van a Témoris, Bahuichivo, Cerocahui y Cuiteco. Los de Bimbo son los más asaltados: les ha tocado en El Cajón (antes de las Barrancas), en El Nogal, Los Topes, Témoris, Cerocahui, Moris y Yécora. Ahorita, a causa de lo que pasó a la gente de Zaragoza, muchos se van a retirar del rumbo hacia Ocampo”, asegura el conductor de una compañía refresquera.
El 25 de julio, el periódico La Jornada publicó que los asustados pobladores de los municipios de Maguarichi y Uriachi, colindantes con Sonora, han visto “bajar avionetas llenas de hombres armados del cártel de Sinaloa que se apoderaron de caminos y brechas, aparentemente para custodiar una nueva ruta para sacar cargamentos de mariguana y amapola producidos en la Alta y Baja Tarahumara”.
Además, los moradores de Maguarichi, Guazapares, Batopilas y Uruachi han visto largas caravanas de vehículos de doble rodada por las accidentadas rutas de la montaña. Menciona también la entrada de grupos grandes de hombres a cabeceras municipales como Guachochi, Guadalupe y Calvo, Moris y Uruachi, cercanas a Sinaloa, por lo que los serranos temen que pronto se desate la violencia por el control del territorio.
El último día de junio, en La Mesa de La Simona, límite con Sonora, un convoy de 30 soldados y policías fue emboscado por un numeroso grupo armado que lo recibió a balazos y bloqueó su camino con árboles y camionetas. Los oficiales tuvieron que refugiarse en un cañón y esperar refuerzos, informó El Heraldo. Los delincuentes tenían instalado en ese lugar un campamento con 60 casas provisionales y medio centenar de vehículos.
Un activista de la zona asegura que en algunas comunidades hay familias divididas; algunas, dice, tienen miembros aliados al cártel de Sinaloa y otros a La Línea, o mujeres con hermanos en un bando e hijos en la organización contraria.
La esposa de un hombre desaparecido en el municipio de Guerrero afirma que sus vecinos se aliaron con un cártel para despojarlo de su terreno. Asegura que constantemente ve a los asesinos paseándose por su pueblo:
“Son gente de aquí que se metieron con un grupo de ésos, se hicieron fuertes. ¡Imagínese!, para que 30 hubieran subido a mi esposo y sus primos… Traen radios, todo se comunican. Desde la muerte de ellos, se apoderaron más. Nos los topamos a cada rato. Ya no te puedes pelear ni echar habladas ni nada, porque ya tiene miedo uno.”
En su denuncia expuso: “Es mi deseo que me ayuden a buscar a mi esposo, el cual traía puesto pantalón negro de mezclilla, una camiseta de manga larga, andaba descalzo. Tenía una cicatriz en el abdomen del lado derecho de cuando lo operaron del apéndice. En estos momentos no traigo fotografía de mi esposo, pero prometo con posteridad traerla”.
Relatos de muerte
Episodios violentos, que parecen aislados, se rumoran por toda la sierra e impactan a comunidades con pocos pobladores.
En San Juanito, municipio de Bocoyna, se habla del asesinato de tres miembros de una familia, hallados rumbo a Las Estrellas. Cerca de ahí, en Los Napuchis, cinco jóvenes que viajaban en una camioneta cargada con madera recibieron ráfagas de balas; sólo uno se salvó. La gente rumora que fue en castigo por haber robado madera en un rancho del Chapo. La familia de una maestra rural de Samachique fue atacada. La gente dice que en Tomochi y Cerocahui hay maras armados.
“Antes, uno veía camionetas detenidas en el camino y se paraba a ayudar; ahora mejor acelera”, dice el dueño de un hotel de San Juanito.
Algunos dicen que hay movimiento de hombres armados en Norogachi, Cusárare y Carichic; otros, que en Nanagochi y Bahuinocachi hombres extraños invadieron tierras de los tarahumaras y los forzaron a sembrar mariguana.
Un cura que trabaja en la zona de las barrancas, colindante con Sinaloa, se queja: “Estos cabrones sólo vienen y obligan a los rarámuris a sembrar. No pueden negarse porque los matan, y ni siquiera les construyen caminos o les pagan, como se decía que hacía Caro Quintero”.
La última semana de junio, la prensa local reportó 20 asesinatos en distintos municipios serranos, ocho de las víctimas cayeron en Moris, colindante con Sonora.
El Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de Víctimas de la Violencia (Fanvi), que beneficia a 2 mil 98 infantes huérfanos, es una pálida muestra del impacto de la violencia. De los menores inscritos, mil 72 son de Juárez y 428 de Chihuahua, otros son de municipios con ciudades pequeñas como Parral (con 152), Delicias (35) o Aldama (9); y el resto proviene de municipios mayoritariamente rurales como Nuevo Casas Grandes (69), Jiménez (53), Camargo (50), Janos (28), Ascensión (19), Praxedis G. Guerrero (15), Rosales (14) o los serranos Guadalupe y Calvo (60), Guachochi (38), Cuauhtémoc (27), Chínipas (13), Buenaventura (9) y Carichí (2).
“La violencia al por mayor sigue en la sierra con la protección de las autoridades. Además de esos muertos están los muertos de hambre, porque este año la sequía hizo imposible conseguir alimentos; además se están agotando las reservas de maíz del año pasado”, dice Felipe Ruiz, coordinador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac).
“Las que están sufriendo las consecuencias de la violencia son las mujeres por la cantidad de hijos que tienen que mantener o buscar, o porque les ejecutaron al marido o porque se los desaparecieron, además de las familias que tienen que migrar”, dice Isela González, directora de la organización Alianza Sierra Madre.
A su vez, el párroco de Creel, Javier Ávila, señala: “No dejas de escuchar sobre la violencia. Lo malo es que ya no llaman la atención las muertes”.
Creel: Tres años de impunidad
Marcela Turati
CREEL, CHIH.- Durante tres años escucharon promesas de gobernantes que decían compartir su dolor. Sin embargo, este martes 16 se cumple el tercer aniversario de la masacre en la que perdieron a sus esposos, hermanos o hijos, y las familias de los 12 jóvenes y el bebé asesinados en este pueblo siguen con las manos vacías: los homicidas no están pagando una condena y el memorial que iba a construirse en honor a los difuntos fue dejado a medias.
Para combatir el olvido al que sus muertos han sido condenados y repudiar la infamia ocurrida durante este sexenio en este pueblo serrano, las familias organizan un homenaje.
“El día 16, vamos a colocar una placa en memoria de los 13, en el mugrero de plaza que se hizo y que nunca terminaron. Todo lo seguimos viendo como una burla porque el juicio a los tres detenidos siempre se pospone y no han ido por otro de los asesinos que ya dijimos dónde está”, critica Brisa Loya, hermana de Kristian, uno de los jóvenes estudiantes masacrados.
Connie Encinas, quien perdió a su esposo y a su bebé de año y medio en la matanza, confirma: “La plaza está igual: ni se ve porque no tiene ni luz, está incompleta, le faltaron detalles, les iban a poner las fotos de ellos en unos monolitos, pero el gobernador Reyes Baeza la dejó incompleta, y ahora menos le va a echar ganas el nuevo. Como vemos que se va a quedar así haremos una misa, una procesión, y pondremos una placa para que sepan que no los vamos a olvidar nunca, se haga o no justicia”.
El 16 de agosto de 2010, una caravana de asesinos entró al pueblo y no encontró a ningún policía que la interceptara (convenientemente, las autoridades estaban de día de campo), llegó a la pista donde recién terminaba una carrera de caballos, interrogó a varios asistentes, se dirigió a una bodega donde un grupo de muchachos descalzos jugaba carreras, sacó sus metralletas, disparó contra 19, hirió a uno, mató a 13 (entre ellos a un bebé en brazos de su padre), salió rechinando llanta por la calle principal y cruzó varios pueblos sin un solo inconveniente.
Al lugar de los hechos no llegó ninguna autoridad a levantar los cadáveres, por lo que el cura del pueblo, Javier Ávila, tuvo que fungir como Ministerio Público. Desde entonces las familias no han dejado de investigar la masacre y ni de exigir justicia: suspendieron todos los actos públicos en el pueblo, detuvieron el tren Chihuahua-Pacífico, tomaron casetas, se presentaron en actos del gobernador, hicieron plantones, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, ofrecieron recompensas por los asesinos, interceptaron al presidente Felipe Calderón, se entrevistaron con funcionarios de la ONU y se unieron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Pero nada les ha valido contra la impunidad.
“Las familias llegan (a este tercer aniversario) con su dolor que nadie se los ha quitado, con una esperanza muy debilitada y desilusionados en la justicia y en la verdad. Llegamos muy decepcionados de las actuaciones de los gobiernos estatal y federal porque vemos que la táctica de los gobiernos es dilatar y dilatar la justicia para cansar a la gente y apostarle al olvido, pero nosotros le apostamos a la memoria”, dice el jesuita Ávila.
Hay memoria, pero no justicia
En una ceremonia solemne, en la que se tiene planeado que participen representantes del Movimiento por la Paz y organizaciones de toda Chihuahua, se colocará la placa con la inscripción: “Porque el hombre es capaz de las peores atrocidades y no podemos permitir que se borre la historia ni se pierda la memoria, se construyó esta Plaza por la Paz, símbolo de la barbarie y la impunidad a la memoria de los masacrados en este lugar el 16 de agosto del 2008” .
Le seguirán los nombres de Daniel Armendáriz Galdeán (18 años), Fernando Adán Córdova Galdeán (19), Kristian Loya Ortiz (22), Daniel Alejandro Parra Mendoza (20), Alberto Villalobos Chávez (28), Luis Javier Montañez Carrasco (29), Édgar Alfredo Loya Ochoa (33), Édgar Arnoldo Loya (1), Juan Carlos Loya Molina (21), Fredy Horacio Aguirre Orpinel (34), Alfredo Caro Mendoza (36), René Lozano González (17) y Óscar Felipe Lozano Lozano (19).
Tras la colocación de la placa habrá un encuentro donde cualquiera de los asistentes podrá tomar la palabra y en la que se reflexionará sobre la manera en la que las organizaciones nacionales y estatales, con las personas comprometidas, podrán articularse para trabajar juntas.
“Reyes Baeza nunca terminó la plaza, que se entregó sin terminar y se sigue deteriorando. Tampoco hizo las otras dos obras que ofreció, no terminaron el área deportiva y al centro cultural, que se solicitó mucho antes de la masacre, ni siquiera le pusieron la primera piedra”, señala el sacerdote, que acompaña a los deudos desde la masacre.
Los tres años en que las autoridades han ignorado sus exigencias de justicia han sido pesados. El año pasado fue asesinado uno de los padres de familia más activo en la investigación de la masacre: Daniel Parra, padre del joven Daniel Alejandro y quien se topó de frente con los sicarios cuando iban en retirada. A todas las familias las tocó la enfermedad. El caso más extremo es el cáncer en la garganta que le acaban de detectar al señor Óscar Loya.
Sobre esto, su hija Brisa dice: “Cuando empezamos las terapias, la psicóloga nos decía: ‘Saquen todo, no se queden con nada, a la larga les afecta, se les hace cáncer’, y eso pasó con mi papá por la tristeza, la amargura, la impotencia, el coraje que se tragó por lo de mi hermano, pero ahorita, gracias a Dios, sí le está echando ganas y, como todas las familias, estamos tratando de salir adelante”.
El señor Loya, de 58 años, días después de recibir una de sus sesiones de quimioterapia habla con esta reportera: “Yo nunca he fumado, he llevado una vida sana, no tomo alcohol ni nada, y hasta el médico me dijo: ‘Esto te pasó porque nunca te atendiste una depresión muy fuerte y tus defensas se bajaron’. Y sí lo creo: mi garganta se enfermó de tanto que gritamos y que no nos hicieron caso”.
Desde el sillón de la sala de su casa, frente a la chimenea de donde cuelga un retrato con la foto de su hijo Kristian, al quien día y noche acompañan las luces de unas veladoras, explica: “El expediente (de la investigación) es un cochinero: en vez de investigar a los asesinos nos acusaron a todos de narcos. Es algo triste, como lo de la plaza, que aunque no la terminaron como lo prometieron cuando menos dejaremos esa placa ahí para que sepa la gente por qué la ponemos”.
Todas las familias la pasaron mal. Quien no necesitó pastillas para dormir, enfermó de nervios, tuvo problemas del corazón o padeció incremento de presión o diabetes. La depresión o la rabia, para muchos, parecía inmanejable. Con el tiempo, cada uno fue encontrando la manera de canalizar sus emociones. Echaron mano de grupos de autoayuda, terapias psicológicas, clases de boxeo, o se refugiaron en la iglesia y en el trabajo.
“A mí me dejaron sin mi marido y mi hijo, me dejaron sin nada, pero gracias a Dios he tratado de salir adelante. Muy al principio no hallaba qué hacer, sentía una desesperación, algo horrible; sentía un miedo a todo, a estar sola, a que nos hicieran algo, a enfrentar todo yo sola. He salido adelante gracias a que tomé unas terapias, a mi familia y a Dios”, dice la señora Encinas.
Y Yuriana Armendáriz, hermana de Daniel, relata: “Estamos exactamente igual de lastimados y de dolidos, pero un poco más fortalecidos. En mi caso, el de mi hermana, y la señora Blanquita, las Lozano, mi tía Bety y su esposo, pertenecemos a una agrupación de autoayuda (Guerreros Unidos) donde se trabaja con adicciones y defectos de carácter, pero a donde todas llegamos por problemas de depresión. (La tragedia) me llevó a la neurosis, estaba vuelta loca. Estar en la agrupación nos ha ayudado a ir aprendiendo a vivir con este dolor, a tranquilizarnos. Obvio que no se olvida, pero está sanando”.
La joven, que representó a Creel en los diálogos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con los legisladores, lamenta que, además de que no se ha hecho justicia, las autoridades ni siquiera han reforzado la seguridad del pueblo para que no ocurra otra masacre: “Las cosas siguen igual”.
Diagnóstico en Washington Sin duda, México está en guerra
Jorge Carrasco Araizaga
México-Estados Unidos Los halcones estadunidenses de la guerra consideran que Al Qaeda y el Islam radical ya no son amenazas tan graves, razón por la cual están volando sobre México. Alentados por la permisividad del gobierno de Felipe Calderón, especialistas de las principales escuelas militares de Estados Unidos esgrimen el término “narcoinsurgencia” para proponer que México combata más decididamente al crimen organizado… y si es con ayuda de sus tropas, mejor. El “imperativo estratégico”, aseguran, debe cambiar de Irak y Afganistán a México, donde hay, afirman, una “delincuencia de alta intensidad” que debe combatirse con “campañas de contrainsurgencia”.
El consentimiento del gobierno de Felipe Calderón para una creciente operación de agentes de Estados Unidos en México incentivó a especialistas militares de ese país a promover un cambio –de Irak y Afganistán a México– en sus prioridades estratégicas para enfrentar “la guerra multidimensional” que representa el combate al narcotráfico.
Profesores e investigadores del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, del Comando Norte, de la Universidad Militar Americana y del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo buscan que la administración de Barack Obama sustituya la Iniciativa Mérida por uno de mayor alcance que considere al narcotráfico en México como un importante “riesgo estratégico” para la seguridad estadunidense.
Concentrados en el análisis de lo que definen como “delincuencia de alta intensidad” que se debe combatir con “campañas de contrainsurgencia” a cargo de las Fuerzas Armadas, los especialistas han publicado sus trabajos a título personal en Small Wars Journal (http://smallwarsjournal.com), “un sitio no gubernamental, oficial o corporativo” administrado por la Small Wars Foundation, creada por integrantes de los cuerpos de marina para promover la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos.
Desde el año pasado, pero con más frecuencia en lo que va de 2011, el sitio ha publicado análisis sobre la decisión de Calderón de incrementar la presencia de Estados Unidos en la guerra que le declaró al narcotráfico al inicio de su administración, en diciembre de 2006, y que desde entonces ha dejado más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y numerosos desplazados.
A diferencia de organismos internacionales que se niegan a considerar la violencia desbordada en México como resultado de un conflicto interno, los especialistas estadunidenses la refieren como producto de un conflicto armado que ha dado lugar a una “guerra no convencional” en la que participa el Estado mexicano.
Los enfrentamientos que ocurren en la frontera común, la muerte de algunos ciudadanos estadunidenses y las improvisaciones tácticas, como los “narcotanques” o “monstruos” de Los Zetas, los lleva incluso a proponer que se creen “las condiciones militares necesarias” para garantizar la seguridad y el gobierno en México.
Robert Culp, un oficial de carrera del ejército de Estados Unidos experto en operaciones especiales y conflictos de baja intensidad, propone de plano que el narcotráfico se combata con tácticas contrainsurgentes, pues el crecimiento del narco afecta la soberanía y seguridad de México, pero sobre todo los intereses vitales de Estados Unidos.
“Contrainsurgencia”
En Estrategia para la contención militar de operaciones de droga, publicado por Small Wars Journal en enero de este año, Culp critica que la Secretaría de la Defensa no aplique una misión tipo contrainsurgencia.
Dice que el gobierno mexicano debe tomar un enfoque “de gobierno completo” y combatir la amenaza de las drogas como si fuera una insurgencia activa. En términos castrenses especifica que “el terreno clave” en la lucha antidrogas es la población: “Las fuerzas de seguridad mexicanas deben separar a la población de los grupos de narcotraficantes y dar seguridad a la población, mientras los gobiernos usan todos los elementos de su poder nacional para restaurar los servicios esenciales y cumplir con sus necesidades básicas”.
Asegura que si el gobierno mexicano sostiene una “campaña contrainsurgente” efectiva contra los cárteles de la droga, las “aterrorizadas comunidades” pueden, tarde o temprano, reducir la narcopropaganda y los prospectos para el reclutamiento.
Una de las posiciones más extremas es la de Johnny M. Lairsey Jr., especialista en planes del Comando Norte, fuerza militar estadunidense encargada de la seguridad de Estados Unidos que abarca Canadá, México y parte del Caribe.
En su texto ¿Una estrategia para México?, Lairsey propone que ante las condiciones de violencia en este país, Estados Unidos “debería hacer valer sus poderes nacionales para derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones en México”. Las Fuerzas Armadas constituyen uno de esos “poderes nacionales”.
Explica “cuatro razones” por las que México debe ser visto como una preocupación para su país: El desborde de la violencia hacia Estados Unidos, la extensión de la corrupción en México, el impacto en el Producto Interno Bruto de los dos países y posibles ataques desde áreas sin gobierno en México. Cada una de ellas, dice, tiene “la posibilidad latente de desarrollarse y amenazar la soberanía de Estados Unidos”.
Como ejemplos menciona el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona, en diciembre de 2010; el ataque en agosto de ese mismo año a la Universidad de Texas en El Paso desde Ciudad Juárez, las “muchas áreas” donde las organizaciones delictivas tienen más autoridad que las autoridades mexicanas y la presencia de organizaciones de la delincuencia trasnacional en 230 ciudades estadunidenses.
Ante lo que define como un “riesgo estratégico significativo” para Estados Unidos y después de lo que considera como “éxito limitado” de la Iniciativa Mérida y su ampliación hecha por el exembajador Carlos Pascual, más allá de la Iniciativa Mérida, propone “maximizar el uso de los poderes nacionales” de su país. Eso supone estrategias y no planes para “derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones existentes en México”.
Paul Rexton Kan, profesor asociado de Estudios de Seguridad Nacional y de la cátedra Henry L. Stimson de Estudios Militares en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, es también un crítico de la Iniciativa Mérida, a la que responsabiliza de haber originado un “punto muerto” entre las autoridades del Estado mexicano y los cárteles de la droga.
“Como en cualquier guerra, un punto muerto puede ser particularmente peligroso en tanto que cada una de las partes intentará incrementar los niveles de violencia”, dice quien de acuerdo con Small Wars Journal recientemente fue asesor antinarcóticos en el cuartel general de la Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional de la OTAN en Kabul, Afganistán.
“La continua confianza del gobierno mexicano en los militares para objetivos no militares ha llevado a ese punto muerto estratégico” e intentar romperlo “puede tener el efecto irónico de provocar el fin de la Iniciativa Mérida y de ese modo profundizar la crisis en México y crear aún más dilemas para Estados Unidos”, escribe en el texto ¿México: el narco accidental?.
“Aunque ha detenido a jefes del narcotráfico, el gobierno mexicano no ha sido capaz de afectar sustancialmente a los cárteles para reducir sus niveles de violencia o sus operaciones de trasiego de enervantes”, afirma Rexton, quien también ha hecho investigación en la frontera común.
Advierte que en el caso de los cárteles, al intentar acabar con ese “punto muerto” incrementarán su violencia contra las autoridades, por lo que puede sobrevenir el síndrome de “narco por accidente”; es decir, que el gobierno mexicano se convierta “en un tipo de cártel de cumplimiento de la ley”.
Más aún, advierte que tentado a mostrar a Estados Unidos y a los mexicanos una disminución de la violencia puede optar por coludirse con algunos de los cárteles menos violentos para obtener inteligencia e información y usarlas contra los más violentos. En ese caso, “el gobierno se convierte en un ala armada de los cárteles al actuar contra sus rivales y detener a sus miembros”.
Para apoyar esa idea refiere el auto-bomba que explotó en Ciudad Juárez en julio de 2010 y con el que el cártel local acusó a la Policía Federal de apoyar la llegada de la mafia de Sinaloa. También cita las mantas que han aparecido en el lugar contra la DEA y el FBI por la misma razón. Prevé que si los cárteles afectados consideran que Estados Unidos apoya a México en esa posición, podrían atacar, incluso en alianza, intereses estadunidenses.
“Pax narcótica”
Aunque Calderón reconsideró su término de “guerra al narcotráfico”, Rexton sostiene que el “mosaico de la guerra de cárteles” es un proceso para que algunos o uno de ellos consolide a las varias facciones y bandas “que ahora son ineficientes para el hipercompetitivo mercado de narcóticos ilegales”.
Se adhiere al escenario de que la nueva federación de cárteles del Golfo y de Sinaloa pueden dominar a su rival, Los Zetas, y convertirse en una suerte de “concierto de cárteles de larga duración que actúe como un consejo de directores capaz de manejar las disputas del narcotráfico”.
Pero esa “pax narcótica”, dice, sería un paso en la dirección de hacer de México, de golpe, un narcoestado, lo que dificultaría las relaciones con Estados Unidos. Convencido de que se debe revisar la Iniciativa Mérida, dice que ésta será medida por contener o no la violencia de los cárteles.
El aporte de Estados Unidos a la iniciativa –mil 400 millones de dólares en cuatro años– sólo se justificará si contribuye a una mayor seguridad de los estadunidenses en su propio territorio y de aquellos que viajen a México, y si define qué tan fiable será México como socio para reducir la violencia y el tráfico de drogas. Pero su futuro inmediato, asegura, depende de lo que pase en las elecciones presidenciales de 2012 en ambos países.
En otro artículo, México: un mosaico de la guerra de los cárteles, Rexton no deja lugar a dudas al considerar que el país está en guerra: “Una situación de delincuencia de alta intensidad no significa que no esté ocurriendo una guerra en México”.
Pero es una guerra diferente, no convencional: “Es multidimensional, de múltiples partes y múltiples locaciones de conflicto armado entre grupos criminales sobre lo que son esencialmente metas delictivas”.
Precisa que se trata de una guerra económica: “La delincuencia de alta intensidad ocurre debido a una guerra motivada por empresarios violentos que buscan imponerse unos a otros y hacer del Estado un mercado ilegal hipercompetitivo, con el objeto de controlarlo todo o en parte”.
Tales “empresarios violentos”, dice, usan la fuerza como una extensión de sus ganancias, lo que explica la “limpieza delictiva” en la que los cárteles han ordenado a los habitantes de algunos poblados abandonar sus lugares bajo amenaza de muerte.
El miedo a los “monstruos”
La innovación táctica de Los Zetas, grupo fundado por desertores del Ejército mexicano, también lleva a los expertos estadunidenses a definir lo que ocurre en el país en términos de guerra. John P. Sullivan y Adam Elkus, en el texto Narcoblindaje en México, aseguran que hay una “carrera armamentista” de los narcotraficantes mexicanos.
A partir del descubrimiento de los “narcotanques” encontrados en Tamaulipas e identificados como “monstruos”, Sullivan –investigador del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo– y Elkus –analista de política exterior y seguridad– dibujan un inquietante escenario: la necesidad de “crear las condiciones militares necesarias” (en cursivas en el original) para la seguridad y el gobierno en México.
Sin abundar en qué consisten tales condiciones militares, los autores proponen que se estimulen las innovaciones necesarias para enfrentar lo que consideran una amenaza de guerra.
Aunque reconocen que tienen una capacidad limitada, los “monstruos” se ajustan a la categoría bélica de vehículos armados de batalla. Son tan flexibles que sirven en una combinación de fuego directo y transporte de tropas, como los “camiones de armas” utilizados en Vietnam contra Estados Unidos. Según los autores, en México tienen una ventaja sobre las policías municipal y estatal y las unidades federales “de bajo nivel”.
En términos de guerra, dicen: “Las tácticas de los cárteles en México, que comenzaron con el asesinato y con misiones de incursión y que cerraron la brecha entre delincuencia y guerra irregular, se parecen cada vez más y más a las misiones combinadas convencionales de armas e infantería e infantería mecanizada”.
Con la idea que han expresado diferentes funcionarios estadunidenses desde 2009 –incluida la secretaria de Estado, Hillary Clinton– de que en México hay una narcoinsurgencia, Sullivan escribió otro artículo que firma con Robert J. Bunker, especialista en seguridad y formado en el Instituto de Ley de Guerra y la Asociación del Ejército de Estados Unidos.
En el texto Insurgencia delictiva en México: Red mundial y redes sociales, los autores aseguran que la guerra e insurgencia en Irak, Afganistán, el occidente de Pakistán y otros lugares donde hay operaciones locales llamadas outside contiguous representan menos riesgo que los altos niveles de lucha, establecimiento de enclaves delictivos y zonas de seguridad despobladas por los cárteles y el incremento de “narcociudades” en México, como Nuevo Laredo.
En una connotación más amplia los especialistas dicen que los cárteles y bandas de México, Centroamérica y crecientemente de Sudamérica se han transformado de entidades únicamente apoyadas en el tráfico a unas más complejas organizaciones delictivas diversificadas.
Aseguran que se trata de una “guerra asimétrica” que se deriva de una “insurgencia delictiva evolucionada” bajo el principio no sólo de corrupción y armas, sino también de operaciones de información y de una creciente forma desviada de espiritualidad, como en el caso de La Familia Michoacana y su derivación, Los Caballeros Templarios (Proceso 1814).
En otro texto, Bunker es aún más directo sobre las prioridades de Estados Unidos: “El imperativo estratégico de Estados Unidos debe cambiar de Irak y Afganistán a México”. Las Américas y la estabilización de Europa, titula el texto que presenta como “una súplica al gobierno de Barack Obama y a las dos cámaras del Congreso”.
Según Bunker –quien ha sido asesor de los departamentos de Seguridad Interna y de Justicia– los cárteles de la droga y las bandas del narco desde hace décadas han evolucionado, mutado y crecido en capacidad lo suficiente como para desestabilizar países como México, Guatemala y Honduras.
“Los cárteles de la droga y las bandas de narcos del continente, los de México como alta prioridad, ahora deben ser elevados a la categoría de amenaza estratégica número uno para Estados Unidos, en tanto que la amenaza de Al Qaeda y el islam radical, si bien aún es significativa debe ser degradada a un segundo nivel.”
Insistente en México, dice que la amenaza dominante para Estados Unidos es el potencial de corrupción de las instituciones por parte de los cárteles mexicanos y bandas de narcos, seguida por la extensión de la violencia de la frontera.
Según Bunker, mientras Estados Unidos está bien preparado para enfrentar actos directos de violencia, “la utilización de las técnicas de violencia y corrupción de los cárteles mexicanos (en Estados Unidos) trae un nuevo elemento que en la actualidad lo hace una amenaza más grande e insidiosa que la representada por Al Qaeda y sus socios islámicos radicales”.
Partes de México se han perdido y pueden o no ser recuperadas. Lo mismo se puede decir de algunas regiones de América Central y Colombia. Ante ello, propone un Plan de Defensa Hemisférica para las Américas, “una actualización de la Doctrina Monroe” que desde 1823 proclama el principio de “América para los americanos”.
La invasión de los espías
J. Jesús Esquivel
México-Estados Unidos En poco más de cuatro años el gobierno de Estados Unidos hizo lo impensable: instalar dos Oficinas Binacionales de Inteligencia en México y desplegar “en su traspatio” a personal de sus principales agencias especializados en la materia… Todo con el aval de Felipe Calderón. Desde el principio del gobierno calderonista, este semanario abordó el tema de la “cooperación binacional” (Proceso 1606). Pero hace una semana The New York Times volvió a recordar esa ominosa intromisión, y encendió los focos rojos al advertir que pronto la administración de Barack Obama enviará más espías estadunidenses a territorio mexicano.
WASHINGTON.- La facilidad con la que se instalaron en México dos centros estadunidenses de espionaje hace evidente la dependencia del presidente Felipe Calderón respecto del gobierno de Estados Unidos en su estrategia para combatir a los cárteles de la droga.
Dentro de la corresponsabilidad en el combate al trasiego de drogas y al crimen organizado en México, Estados Unidos logró en lo que va del sexenio calderonista lo que no consiguió ni durante la Guerra Fría: tener centros de espionaje en territorio mexicano con autorización de Los Pinos.
Ambos centros de espionaje están en sitios estratégicos: uno en Paseo de la Reforma 265, en la Ciudad de México (Proceso 1776), y otro dentro de una zona militar en la región norte del país, según lo publicado por The New York Times en su edición del domingo 7, y que, de acuerdo con expertos consultados, se encuentra en Escobedo, Nuevo León. Desde esas instalaciones Washington realiza trabajos de inteligencia con toda libertad en territorio mexicano.
Cuando llegó a Los Pinos el 1 de diciembre de 2006 tras una controvertida elección, Calderón instrumentó una estrategia militarizada contra el narcotráfico que en los meses posteriores comenzó a recibir el apoyo económico y militar estadunidense.
Entre enero y julio de 2007, él y su par estadunidense George W. Bush se reunieron en Washington siete veces para delinear un acuerdo de cooperación bilateral antidrogas al que bautizaron Iniciativa Mérida (Proceso 1606).
Bajo la batuta del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, desde el principio el gobierno de Calderón pidió a Bush, entre otras cosas, equipo militar, tecnología y asesoría especializada en tácticas de combate antiterrorista (Proceso 1631). La Casa Blanca aceptó con la condición de que se le permitiera incrementar la presencia de agentes federales estadunidenses en territorio mexicano.
Meses más tarde, entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2008, el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que sus agentes del Servicio Secreto impartieran cursos de adiestramiento a efectivos del Estado Mayor Presidencial. El objetivo: fortalecer la seguridad de Calderón y de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional (Proceso 1638).
Con un paquete de poco más de mil 357 millones de dólares para financiar la aplicación de la Iniciativa Mérida en México, Estados Unidos logró un éxito singular en materia de espionaje.
Estrategia fallida
Desde su arranque, la lucha militarizada de Calderón contra los cárteles detonó las pugnas entre las organizaciones criminales por el control de las plazas para el trasiego de las drogas.
Con la Iniciativa Mérida –acordada y aprobada por el Congreso federal estadunidense con el pretexto de apoyar a Calderón para contener la narcoviolencia–, Bush y su homólogo mexicano comenzaron a negociar el establecimiento de los centros de espionaje estadunidenses.
Consultados por Proceso, funcionarios de ambos países aseguran que desde 2007 Washington quería tener más control sobre México para evitar que grupos terroristas ingresaran de manera clandestina a su territorio, como lo hace la inmigración indocumentada.
La Casa Blanca aprovechó la lucha militarizada de Calderón y su preocupación por la espiral de violencia para posicionar a sus agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y del Pentágono en México para que coordinaran desde ahí sus acciones de espionaje.
Incluso fue el presidente Bush quien argumentó que la presencia de personal de inteligencia en México tenía la finalidad de intensificar y fortalecer el intercambio de información sobre el trasiego de drogas, puesto que México tenía carencias en ese rubro.
La idea original fue crear una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en la Ciudad de México (Proceso 1693). En ella, los agentes del Pentágono, la DEA y la CIA coordinarían con sus contrapartes en México las operaciones para desmantelar los cárteles de la droga, arrestar a los capos del narcotráfico y frenar las redes de corrupción dentro de las corporaciones gubernamentales.
Y aun cuando la cancillería mexicana solicitó a Washington la ayuda en materia de inteligencia, fueron las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, los que definieron los detalles para permitir la creación del centro de espionaje estadunidense.
Dentro de las dos OBI –oficinas de fusión, las llama The New York Times–, es el Pentágono el que tiene la presencia más significativa, pues ahí opera su personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la Oficina Nacional de Reconocimiento y de la Agencia Nacional de Seguridad.
Le siguen el Departamento de Justicia, con sus tres agencias: el FBI, la DEA y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Luego, el Departamento de Seguridad Interior, con dos servicios: el de Inteligencia de Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros.
Ante la impotencia del gobierno de Calderón para contener la narcoviolencia que se intensificó con su lucha militarizada, las agencias de inteligencia de Estados Unidos controlan todo lo que ocurre dentro del territorio nacional. Con su tecnología de punta, por ejemplo, interceptan comunicaciones confidenciales y codificadas de las distintas embajadas extranjeras ubicadas en el Distrito Federal.
Después de conseguir en menos de un sexenio lo que durante décadas no obtuvo, Estados Unidos accedió a que el gobierno de Calderón tuviera un enlace de las Fuerzas Armadas mexicanas en el Comando Norte, en el estado de Colorado, y en el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas.
Una política más agresiva
Con Barack Obama, quien sustituyó a Bush en la Casa Blanca en enero de 2009, la política de intervención de inteligencia en México se consolidó. A finales de 2010, funcionarios de México y de Estados Unidos adelantaron a este semanario que en el norte del país se instalarían dos OBI similares a la de Paseo de la Reforma, ubicada en pleno corazón de la capital mexicana (Proceso 1776).
The New York Times volvió a tocar el asunto en un reportaje del domingo 7. Agentes de inteligencia estadunidense confirman a este semanario que además de la OBI localizada en la zona militar en el norte del país, la administración de Obama negocia la instalación de otra para la franja de la región limítrofe con Estados Unidos.
De manera oficial, el gobierno de Obama –que puso en marcha las labores de recopilación de inteligencia de las OBI ideadas por Bush– asegura que en esos centros sus agentes se dedican a fortalecer la lucha contra el narcotráfico en México.
Es factible que las negociaciones para la instalación de la tercera OBI –la segunda en la frontera norte de México– estén bastante avanzadas, aun cuando el gobierno calderonista las mantenga en secreto.
En su Estrategia nacional antinarcóticos para la frontera sur, dada a conocer el 19 de julio pasado, la Casa Blanca menciona de manera explícita su decisión de seguir utilizando el pretexto de la guerra militarizada de Calderón contra el narcotráfico para aumentar la presencia de sus agentes.
“Una expansión expedita en México de la presencia de enlaces de las agencias federales para colocar al personal estadunidense en los lugares donde operan los cárteles permitiría tener una colaboración más cercana con nuestros aliados de las agencias federales mexicanas”, establece el punto A del capítulo 5 del documento (Proceso 1812).
Dado a conocer por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, el escrito puntualiza: “Las agencias estadunidenses de aplicación de la ley, con el consentimiento del gobierno de México, trabajarían para incrementar la presencia de sus enlaces en ciudades mexicanas clave a lo largo de la frontera y en otras localidades, con el propósito de apoyar las investigaciones y procesos judiciales contra las organizaciones criminales trasnacionales”.
Para justificar la otrora impensable presencia de agentes de espionaje de Estados Unidos en México, el gobierno de Calderón intenta hacer corresponsable a Washington de la narcoviolencia que azota a su país. Así lo señala The New York Times en su reportaje del domingo 7, al aludir a la OBI de la zona militar mexicana:
“Para darle la vuelta” a los impedimentos constitucionales de México, según el rotativo, Washington no ha enviado a militares en activo, aunque el Pentágono sí tiene en las dos OBI a varios agentes civiles para apoyar el combate contra el narcotráfico.
Hasta ahora se desconoce si la administración de Obama informa realmente al gobierno de Calderón sobre las operaciones de “intercambio de información de inteligencia”, así como de los decomisos de droga y de la vigilancia en territorio nacional, aun cuando ésta no esté relacionada con el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
Tampoco existe una “carta de intención” firmada con Washington –como la que se suscribió para la creación de las OBI– en la que se garantice que ninguna de las agencias de espionaje de Estados Unidos intentará realizar espionaje político durante las campañas electorales de 2012.
El embajador Wayne: prioritario, investigar narcovínculos en el gobierno
J. Jesús Esquivel
México-Estados Unidos En los pasos previos a su ratificación como embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne respondió a las inquietudes de miembros del Congreso de su país sobre la posible infiltración del narco en el gobierno mexicano –concretamente se mencionó a Genaro García Luna–. Las respuestas de Wayne, experto en diplomacia y seguridad, fueron claras: viene a cooperar con el gobierno de Calderón en su guerra contra el narco, pero será prioritario en su trabajo investigar los presuntos vínculos del secretario de Seguridad Pública federal con el narco y supervisar el desempeño de las Fuerzas Armadas, policías y funcionarios en materia de derechos humanos y corrupción.
WASHINGTON.- Ratificado como embajador de Estados Unidos en México por el Senado de su país, Earl Anthony Wayne confirmó que una de sus principales tareas será investigar seriamente los señalamientos contra Genaro García Luna por sus presuntas relaciones con el narcotráfico.
En la audiencia de confirmación del cargo para el que lo propuso el presidente Barack Obama, efectuada el 20 de julio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, el legislador republicano por Indiana, Richard Green Lugar, le preguntó por escrito a Wayne: “Por favor, explique sus puntos de vista respecto a las acusaciones de que el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, está ligado al crimen organizado”.
Días después, el senador Lugar recibió la respuesta de Wayne, también por escrito: “El Departamento de Estado toma con seriedad todas las acusaciones sobre los lazos del crimen organizado. Si soy confirmado (como embajador en México), yo también tomaré con mucha seriedad ese tipo de acusaciones y el equipo de la embajada de Estados Unidos les dará un seguimiento apropiado”.
En este texto, del cual Proceso tiene copia, Wayne agrega: “El presidente Calderón lidera los valientes esfuerzos de México para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales y la violencia brutal que generan. Él ha movilizado a todo su gobierno en ese esfuerzo y ha demostrado un compromiso fuerte en sus iniciativas de profesionalismo y lucha contra la corrupción”.
Lugar, el republicano de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, siempre se ha interesado en las sospechas sobre García Luna (Proceso 1780) y en la versión de que la lucha militarizada del presidente Calderón no está dirigida contra el cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Por eso el legislador le planteó también al diplomático: “Explique por favor sus puntos de vista respecto de las acusaciones de que el gobierno de Calderón no ha sido tan duro con el cártel de Sinaloa como con los otros cárteles”.
Wayne, de 61 años y diplomático de carrera, contesta: “El presidente Calderón públicamente ha establecido que el gobierno mexicano perseguirá y llevará ante la justicia a todas las organizaciones criminales que operan en México”. Y apunta que la administración de Calderón ha detenido a 29 capos y a un importante número de criminales de menor nivel.
Como ejemplos, Wayne menciona la muerte, en un operativo, de Ignacio Coronel Villarreal en julio de 2010, así como la detención, en mayo pasado, de Héctor Eduardo Guajardo Hernández, El Güicho, y de Martín Beltrán Coronel. Los tres fueron identificados con el cártel de Sinaloa.
El 26 de julio, Wayne fue ratificado como embajador en México por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el 2 de agosto por el pleno senatorial. Está pendiente el beneplácito oficial de las autoridades mexicanas.
“Necesitamos continuar siendo buenos aliados, algunas veces proporcionándole (a México) asistencia técnica, entrenamiento y, en algunas ocasiones, equipo y aliento. Pero los verdaderos esfuerzos tienen que darse de parte de los funcionarios mexicanos para fortalecer sus prácticas y darle a esto la prioridad que merece, porque será un esfuerzo continuo”, subrayó Wayne en su audiencia pública del 20 de julio ante el comité referido.
Propósitos
Tras la revelación por parte de WikiLeaks de los cables del Departamento de Estado en que se muestran los comentarios críticos de Washington sobre la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico, que provocaron la ira de éste y la renuncia del embajador Carlos Pascual, Barack Obama optó por enviar a México a un diplomático de carrera, pragmático y con 36 años de experiencia en política exterior.
El gobierno de Obama se comprometió a respaldar a Calderón por medio de la Iniciativa Mérida, recientemente rebautizada como Más Allá de Mérida, con más intercambio de información de inteligencia para ubicar a los capos y desmantelar sus cárteles. A diferencia de su antecesor George W. Bush, Obama aprovechó la ofensiva de Calderón para aumentar la presencia de las agencias estadunidenses de seguridad y del Pentágono en México y no sólo dotar de equipo militar al Ejército y la Marina (Proceso 1812).
Los congresistas de Estados Unidos han insistido en que el apoyo de Washington para combatir al narco no es un cheque en blanco, sino que está condicionado al estricto respeto de los derechos humanos por las Fuerzas Armadas de México.
En este sentido, el senador Lugar también le preguntó a Wayne cómo supervisará el uso de los recursos de la Iniciativa Mérida para que no se vean involucrados en casos de violación de derechos humanos por los militares.
En su contestación, Wayne destaca que el tema siempre estará presente en los mecanismos de cooperación bilateral de la lucha antidrogas, y comenta que además de las medidas acordadas en Mérida para preservar los derechos humanos en el contexto del tratado, el gobierno de Obama imparte entrenamiento especial en esta materia a policías, fiscales y funcionarios mexicanos.
En el caso concreto de García Luna, y en relación con la pregunta del senador de Indiana, Wayne hace énfasis en que la investigación de los señalamientos en su contra es prioritaria, pero destaca asimismo que la SSP ha sido esencial en la estrategia militarizada de Los Pinos:
“En los esfuerzos del presidente Calderón, la SSP dirigida por el secretario García Luna es una figura clave. El secretario García Luna es un oficial de carrera y bajo su liderazgo la SSP se ha convertido en una institución más efectiva y profesional.”
Wayne añade que el mando policiaco ha trabajado con el gobierno de Estados Unidos en asuntos como la actualización de los equipos de base de datos de la SSP que integran la Plataforma México, y que a la SSP se le han entregado helicópteros y equipo no letal para hacer más eficientes las acciones contra las “organizaciones criminales trasnacionales”.
“México está corrigiendo muchos sectores de su sistema judicial y agencias de la aplicación de la ley para combatir la corrupción, mejorar la transparencia, garantizar el respeto a los derechos humanos y a las leyes e incrementar la participación ciudadana”, le informa Wayne a Lugar.
En el último párrafo de su respuesta sobre García Luna, Wayne informa que en las agencias federales mexicanas se están aplicando controles internos para minimizar la corrupción y mejorar los servicios públicos.
Trayectoria diplomática
La experiencia e historial de Earl Anthony Wayne en la defensa de los intereses de Estados Unidos en el extranjero desde 1975 prácticamente le garantizó la confirmación en el Senado de su país como embajador en México.
Nacido en 1950 en la ciudad de Sacramento, California, se inició a los 25 años como analista del Buró de Inteligencia e Investigación sobre China en el Departamento de Estado. Después fue enviado a Rabat, Marruecos, como encargado de asuntos políticos de la embajada estadunidense.
En 1980, trabajó en la Secretaría Ejecutiva para los secretarios de Estado Cyrus Vance y Edmund Muskie. De 1981 a 1983, fue asesor especial de los secretarios de Estado Alexander Haig y George Shultz. De 1984 a 1987, sirvió como primer secretario de la embajada en París, Francia.
En una pausa de la diplomacia, durante dos años Wayne fue periodista de The Christian Science Monitor. Regresó al Departamento de Estado en 1989 como director de Asuntos Regionales en la oficina del enviado especial para la lucha contra el terrorismo; permaneció en el puesto hasta 1991. Desde junio de ese año hasta mediados de 1993 fue director de Asuntos de Europa Occidental en el Consejo Nacional de Seguridad.
Posteriormente, fue el jefe de cancillería en la misión de Estados Unidos ante la Unión Europea durante tres años y, de 1996 a 1997, subsecretario de Estado adjunto para Europa y Canadá. En junio de 2000 y hasta junio de 2006, Wayne se desempeñó como subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y Empresariales, lo que en 2002 le valió su ascenso en el escalafón diplomático al rango de ministro.
En 2006, el presidente George W. Bush nominó a Wayne como embajador en Argentina, puesto que asumió el 6 de noviembre. En junio de 2009, fue designado director coordinador para Asuntos Económicos y de Desarrollo en Kabul, Afganistán.
Por este extenso historial, el 7 de diciembre de 2010 el Senado lo ratificó como embajador de carrera, a propuesta del presidente Barack Obama. En mayo de 2010 asumió como segundo embajador en Afganistán y, finalmente, el 24 de mayo pasado Obama envió al Senado la nominación de Wayne como embajador en México.
Policías asaltantes, ciudadanos indefensos
Miguel Ángel Granados Chapa
La casa donde viven el poeta chiapaneco Efraín Bartolomé y su esposa, así como el domicilio vecino de la doctora Patricia Magaña y de su hija, al igual que el de los padres de esta bióloga investigadora universitaria, fueron allanados con violencia en la madrugada del jueves pasado. A las cuatro y media de la madrugada, una banda de uniformados de negro, con el rostro oculto y portando armas largas, despertaron bruscamente a sus víctimas, fingieron buscar algo que justificara su cateo –en realidad un asalto liso y llano– y en no hallándolo se llevaron varias de sus pertenencias: la memoria de la computadora de la mujer de Bartolomé y un reloj propiedad de éste, un Omega Speedmaster Professional, que ha marcado las horas del escritor durante 40 años.
Apenas se retiraron los intrusos de las viviendas violadas sin explicación alguna, las víctimas llamaron a la policía. A media mañana del jueves, horas después del pedido de auxilio, ninguna autoridad llegó a prestar ayuda o a iniciar la investigación ministerial.
Nada explica y mucho menos justifica el atraco. Las víctimas hacen vida pública, tan normal como es posible en estos tiempos de necesidad y zozobra. Apenas el martes por la noche el poeta chiapaneco había sido figura central en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en la presentación de un libro sobre su trayectoria vital y literaria: Los versos y la sangre. Vida y obra de Efraín Bartolomé…, de Héctor Cortés Mandujano. No se les puede imputar relación alguna con la delincuencia organizada ni con organizaciones armadas de corte político. Así lo muestra el que la tropa asaltante se haya retirado sólo con su botín.
Pudo haber sido peor. Pudo ocurrir que se les “sembraran” drogas o armas y se les iniciaran cargos con base en esas evidencias falsas, si se quiere adobadas más tarde con el testimonio de un testigo colaborador que, con tal de recibir protección, sea capaz de emitir y suscribir lo que el Ministerio Público ordene.
Ese atroz fenómeno del ingreso militar o policiaco a domicilios de particulares indefensos se repite por toda la República y ha motivado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir la Recomendación General 19, dirigida a autoridades federales (los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, los procuradores General de la República y de Justicia Militar), a todos los gobernadores, y a sus respectivos secretarios de Seguridad Pública y procuradores, para demandar de todos medidas que pongan coto a las irrupciones de fuerzas armadas sin el mandamiento judicial.
La CNDH dice a los destinatarios de su recomendación haber “observado con suma preocupación que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública. La suma de quejas recibidas y violaciones registradas motiva a este organismo a pronunciarse al respecto, con la finalidad de lograr que las autoridades ajusten su actuación en sus funciones de investigación, de persecución del delito, al marco constitucional y legal, con el fin de que se garantice el respeto a los derechos humanos”.
Tales intromisiones ilegales, agrega la Comisión, “constituye el inicio de una cadena de múltiples violaciones a los derechos humanos, en virtud de que además de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al ejecutar dichos cateos se ejerce violencia física y psicológica-emocional contra los habitantes de los domicilios que allanan; se realizan detenciones arbitrarias y con frecuencia se ocasiona un menoscabo en el patrimonio del ocupante del domicilio”, es decir, se roban sus cosas, como ocurrió con el escritor chiapaneco, cuyo caso mencionamos como ejemplo tristemente oportuno.
La CNDH no habla en abstracto, no lanza el resultado de cavilaciones especulativas. Se basa en el análisis de una cifra creciente de ese fenómeno aterrador, del que nadie puede sustraerse porque el día menos pensado cualquiera de nosotros podemos ser víctimas. De enero de 2006 al 31 de mayo de 2011, puntualiza la Comisión, ha tramitado casi 4 mil (3 mil 785 exactamente) expedientes de queja al respecto. El número crece año con año: de 234 quejas recibidas en 2006, la cifra en el año en curso casi se triplicará, pues sólo en los primeros cinco meses de 2011 se han registrado 422 quejas.
La Comisión no esperó que se acumulen las quejas para emitir la recomendación que sus destinatarios están obligados a admitir o rechazar. En esos años ha formulado 28 recomendaciones sobre casos particulares. Pero al investigar tales situaciones específicas ha encontrado un inadmisible patrón de conducta: “se irrumpe en el domicilio en busca de objetos ilícitos, se amenaza, lesiona y detiene a los ocupantes del lugar, se sustraen objetos de valor y/o dinero, alteran pruebas y, en muchas ocasiones, la autoridad justifica su actuación en una supuesta flagrancia, en una denuncia anónima o por el uso de instrumentos como el detector molecular GT200”.
Ese adminículo hace más vulnerables a los ciudadanos. Se trata de una herramienta de localización de drogas, armas y aun cadáveres enterrados bajo una construcción. Con base en la información que presunta o realmente aporta ese instrumento, los agentes policiacos actúan como queda dicho, cada vez con mayor frecuencia y cada vez en mayor número de lugares.
Después de fundar con rigor jurídico su documento, la CNDH recomienda a las autoridades federales y estatales, en general, siete medidas que se sintetizan en instruir a sus colaboradores y subordinados respecto a los derechos humanos; a emprender reformas que tipifiquen como delito los cateos ilegales, y a informar a tales funcionarios subalternos, y a los ciudadanos en general, sobre la inviolabilidad del domicilio. Sigamos con atención el curso de este documento, para que la opinión pública no permita que el mismo se limite a una denuncia y acaso a una expresión de buenos deseos.
En el caso particular de la colonia Torres de Padierna, ocurrido el jueves, la sociedad debe asimismo ser informada del motivo por el cual la policía preventiva o la ministerial de la Ciudad de México se abstuvieron de actuar. No admitamos que a la peligrosidad del asalto policiaco o militar se agregue la cómplice omisión de otras autoridades, cuya actitud deja en la total indefensión a la gente que, como usted y como yo, estamos expuestos a que nos caiga, no del cielo sino del infierno, una banda que se alegue representante del orden o ni siquiera se sienta obligada a informar de qué se trata.
Guerra de Calderón, principios a la deriva
Ernesto Villanueva
Algunos de los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional 2011, elaborada por el área de opinión pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, son de preocupar habida cuenta de lo que revelan.
Ante todo debe decirse que es un trabajo de gran calado. Lo organizaron la maestra Julia Flores, y en su preparación participaron los doctores Héctor Fix Fierro, Sergio López Ayllón y Diego Valadés, quienes ya anteriormente, en 2003, hicieron un ejercicio similar con rigor académico y metodológico, como se muestra en esta entrega.
La encuesta aborda más de 100 rubros de la agenda nacional, y ninguno tiene desperdicio. Me interesa compartir, por ahora, la manera en que ha evolucionado la percepción de la sociedad mexicana en materia de transparencia y seguridad. Veamos.
Primero. Como es sabido, el tema de la transparencia ingresa al conocimiento público en el año 2000 y se viene identificando, en sus grandes trazos, a partir del 2003, con el inicio de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia. De entrada, la encuesta señala que el 56.2% de los entrevistados está a favor de que la prensa no se halle controlada, mientras que el 27.3% cree lo contrario. También es apreciable el dato de que el 59.8% de los mexicanos manifiesta su desacuerdo con el hecho de que a un periodista se le impida criticar al gobierno. Sobre la lucha del gobierno contra el narcotráfico, la sociedad considera ampliamente que dicha información debe ser pública. En efecto, tres de cada cuatro entrevistados (75.7%) así lo indicaron. Incluso, seis de cada 10 se pronunciaron por que los datos personales de los servidores públicos sean del conocimiento colectivo. En este rubro podrían incluirse los datos de la declaración patrimonial, teléfonos celulares y todo tipo de gasto de representación, tres temas que hoy la autoridad suele clasificar como información confidencial.
La percepción sobre el dicho mexicano que reza: “está bien que roben, pero que hagan algo”, ha dejado de tener el mayor número de adeptos, toda vez que el 38.9% de los entrevistados se expresó en contra de esta práctica, mientras que sólo el 20.6% estuvo acuerdo, lo que supone que sigue existiendo un clima de tolerancia relativa a los actos de corrupción. Paradójicamente, el principal problema del país es la corrupción, según revelan el 22% de los entrevistados (el porcentaje más alto). Es de llamar la atención que los servidores públicos y la policía estén en el penúltimo y último lugar, respectivamente, de aceptación social, con calificación de 5.4 de una escala de 0 a 10, en tanto que nadie obtuvo más del 7.5.
Segundo. La sociedad mexicana es pesimista ante su presente y su futuro. Según la encuesta, en el 2003 el 42.8% de los entrevistados pensaban que la situación era peor que la del año anterior; ahora, en el 2011, los que piensan de esa forman constituyen el 45.1%. Asimismo, si en 2003 el 22.2% opinaba que ese año era mejor que el anterior, en 2011 opinan así sólo el 14.8%. En este 2011 la sociedad percibe la situación como preocupante (45%, poco más que en el 2003, cuando se registró la cifra de 44.1%) y peligrosa (24%, contra el 16. 3% que eso creía en el 2003). En la misma línea, la mayoría de los encuestados considera que la situación del país en el 2012 va a empeorar (39.3%).
El principal temor de la comunidad no es, como uno se imagina por las noticias, ser víctima de la violencia del narcotráfico o el crimen organizado (27.2%), sino de robo con violencia (31.5%). El 19.3% teme ser víctima de fuerzas de seguridad pública. La desesperación de la sociedad por ver que cada día que pasa pierde sus espacios públicos ha generado que la mayoría prefiera la seguridad (42.5%) a la libertad (35.6%). La existencia del Estado encuentra su sustento inicial en asegurar la convivencia pacífica de los seres humanos, circunstancia que en México se está perdiendo, por lo cual la colectividad prefiere sacrificar en buena medida sus libertades para asegurar su supervivencia.
Tercero. Las cosas no han quedado ahí. La zozobra colectiva también se ha traducido en que casi siete de cada 10 entrevistados (66.3%) considere que el toque de queda ayudaría a combatir la inseguridad. Peor todavía, las campañas negras del gobierno federal de estigmatización social han distorsionado los umbrales de respeto razonables de los derechos humanos. En efecto, tres de cada 10 personas están de acuerdo en que se obtenga información bajo tortura de personas sospechosas de formar parte de grupos de narcotráfico. Quienes así piensan son varones, ubicados en las franjas de edad de 15 a 19 y de 45 a 49 años. De igual forma, tres de cada 10 personas estuvieron de acuerdo en que las fuerzas del orden priven de la vida a personas sospechosas de formar parte del crimen organizado, aunque tengan la opción de detenerlos y someterlos a un proceso judicial. ¿No es esto por sí mismo una señal inequívoca de que la guerra de Calderón tiene fallas crecientes? ¿No es una irresponsabilidad utilizar las campañas oficiales para trastocar los principios básicos de los derechos humanos y generar confusión y diluir certezas del deber ser?
ernestovillanueva.blogspot.com
twitter: @evillanuevamx
El perdón que clama el Alcázar
Javier Sicilia
Lo que a lo largo de estas semanas no ha dejado de asombrarme es la incongruencia que hay entre el perdón que el presidente y los legisladores pidieron en el Alcázar del Castillo de Chapultepec a las víctimas, y la obstinación de ambos en mantener una estrategia de guerra –que las ha producido y continúa produciéndolas– y legitimarla mediante una ley de seguridad nacional. Si no fuera porque en esos hombres y mujeres había, en el momento en que pidieron perdón, una sincera conmoción humana, habría que decir que nos encontramos frente al cinismo. ¿Por qué conmoverse delante de los rostros de las víctimas y al mismo tiempo obstinarse en una estrategia que las produce si en el fondo de sus corazones fueron tocados por el dolor?
La razón hay que encontrarla en lo que Günther Anders ha llamado la “filosofía del desfasamiento”, es decir, en el hecho de que en estos tiempos tremendamente técnicos y burocratizados nuestra capacidad de hacer está desfasada de nuestra propia capacidad de imaginar sus consecuencias o, en otras palabras, que nos hallamos en la incapacidad de reconocernos en las repercusiones de nuestros actos. Cuando en el Alcázar el presidente, primero, y luego los legisladores, comparecieron ante los rostros sufrientes de las víctimas, ninguno de ellos puedo dejar de conmoverse y de sentir culpa frente a la consecuencia clara y contundente de su responsabilidad en el sufrimiento que tenían delante. Pero si pudieron hacerlo frente a ellos, no pudieron hacerlo frente a los 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos, 120 mil desplazados que esos rostros representaban. ¿Cómo podían ser capaces de movilizar un dolor que incluye tantas vidas? ¿Cómo podían arrepentirse de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados? No sólo ellos, sino cualquier ser humano es incapaz de hacerlo. Si había una proporción en la consecuencia de la guerra y las seis víctimas que estaban allí para reclamar, no la había entre ese mismo hecho y el número inimaginable de muertos y desaparecidos que produce. Esa incapacidad es, como dice Anders, “una consecuencia de que podemos (hacer) más de lo que mentalmente nos podemos representar, de que no estamos hechos para enfrentar los efectos que podemos provocar por medio de nuestras decisiones, de que los efectos son demasiado grandes para nuestra imaginación y para las fuerzas emocionales de que disponemos”.
La maquinaria burocrática funciona sin culpa. Por eso Eichmann nunca aceptó su culpa durante su juicio en Jerusalén. Por ello tampoco, con excepción de Claude Eatherly, ninguno del escuadrón que lanzó la bomba sobre Hiroshima se sintió culpable de las 200 mil vidas que cobró. Por ello tampoco Calderón y los legisladores pueden aceptar plenamente su culpa y hacer que su petición de perdón camine en dirección a la paz.
¿Qué relación había entre la banalidad de diseñar en una oficina el transporte de seres humanos a un sitio llamado Auschwitz, con la cifra 6 millones de judíos asesinados, y la banalidad de jalar una palanca desde una altura en donde los seres humanos no se ven y la ciudad es sólo una maqueta, con la cifra 200 mil calcinados? ¿Qué relación hay entre la banalidad de decretar una guerra para combatir a delincuentes y diseñar, desde la comodidad de unas oficinas, una ley de seguridad nacional para continuarla, con la abstracción de 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos (“yo los habría combatido –dijo Calderón– hasta con piedras”, o también, con una inmensa incapacidad de sentir lo que estaba diciendo: “yo cargo con la responsabilidad moral de esta guerra”)?
“El método usual –escribe Anders– para dominar lo que es demasiado grande consiste en una mera maniobra de supresión, en seguir adelante exactamente como antes, en barrer la obra del escritorio de nuestra vida, como si una culpa demasiado grande no fuera una culpa en absoluto”. Y, sin embargo, necesitamos que –al igual que Eatherly lo hizo después de saber lo que habían ocasionado en Hiroshima– el presidente y los legisladores sientan su culpa en lo que tiene de inmensa, irrespirable, insufrible. Nosotros no queremos –como lo intentaron los psiquiatras que atendieron a Eatherly cuando clamaba su culpabilidad– suavizar su responsabilidad diciéndoles que no es tan grave lo que han hecho. Por el contrario, queremos –y esa ha sido nuestra postura tanto en el Alcázar como en otros foros– que, como la conciencia de Eathrely se lo reprochó hasta su muerte, asuman su responsabilidad en toda su atroz consecuencia y se arrepientan verdaderamente –por eso, es decir, porque sabemos de la dimensión de la culpa que cargan y no quieren ver, después de exigirles, los abrazamos y los besamos–. Sólo cuando, al igual que Eatherly, puedan sentir la dimensión que hay en las consecuencias aparentemente banales de sus actos de guerra, podrán cambiar la estrategia para hacer la paz, la justicia y la dignidad que nos han arrancado. Sólo así el perdón, que no cesa de clamar desde el Alcázar, podrá por fin cumplirse.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
Más, más, más
Denise Dresser
“Más, más, más”, cantaba en los años 70 el grupo musical Andrea True Connection. “Más, más, más”, es lo que le pide el gobierno de Felipe Calderón al gobierno de Barack Obama. Más agentes de la CIA en México, más personal militar, más contratistas de seguridad privados –de los que pululan en Irak y Afganistán–. Aunque en público el presidente denuesta a los estadunidenses por las drogas que consumen y las armas que proveen, en privado ansía su presencia. Su cooperación. Su entrenamiento. Su involucramiento cada vez mayor en una guerra que Calderón va perdiendo día tras día, operativo tras operativo, estado tras estado. El presidente mexicano no sólo contradice su postura pública con respecto al enemigo; ahora duerme a escondidas con él.
Como reporta Ginger Thompson en un explosivo artículo publicado recientemente en The New York Times, operadores de la CIA y empleados militares estadunidenses se encuentran ya trabajando en una base militar mexicana. Allí, por primera vez, encargados de la seguridad nacional de ambos países recolectan información. Planean operativos. Colaboran en una unidad especial antinarcóticos. Usan tecnología avanzada de espionaje que intentan mantener al margen de la corrupción que caracteriza a las agencias de seguridad en México. Y de forma encubierta tratan de evadir las leyes mexicanas que prohíben a fuerzas policiacas y militares extranjeras operar en suelo mexicano.
Las razones de esta colaboración sin precedentes son tanto políticas como de seguridad. Barack Obama enfrenta una reelección en la cual se le preguntará por qué la violencia en la frontera con México aumenta; Felipe Calderón enfrenta una contienda en la que se le cuestionará por qué las muertes no disminuyen. Ambos necesitan mostrar señales de éxito: más narcotraficantes aprehendidos, más drogas confiscadas, más bandas criminales desmanteladas, más armas retenidas. México es cada vez más importante en la guerra global contra las drogas que Estados Unidos insiste en pelear, y la asistencia antinarcóticos en nuestro país ha aumentado más que en Afganistán o Colombia. Con policías federales estadunidenses entrenados para intervenir conversaciones telefónicas e interrogar sospechosos. Con la provisión por parte del Pentágono de helicópteros Black Hawk y “drones” –pequeños aparatos de espionaje– que sobrevuelan el territorio nacional.
Y todos los involucrados en la estrategia de “Más, más, más” piensan que es la correcta. Creen que el número de muertos es evidencia de éxito y señal de progreso. Argumentan que la guerra apenas lleva cinco años y aún es demasiado temprano para hacer juicios finales. Sugieren que, como en Colombia, las cosas se pondrán peor antes de que se pongan mejor. Desestiman el incremento de las violaciones a los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial mexicano para procesar a los inculpados, la debilidad del andamiaje institucional mexicano, la precariedad de la reforma policial. México es el nuevo escenario de esfuerzos estadunidenses en otras latitudes, encaminados a demostrar que la guerra contra las drogas debe ser librada y puede ser ganada.
Resulta difícil creerlo en un contexto en el cual –como lo describe Ginger Thompson– muchos policías mexicanos ni siquiera cuentan con armas, o no se les ha entrenado para usarlas. Donde miembros de las fuerzas policiacas tienen que pagar por sus propios cascos y chalecos antibalas. Donde, en medio de batallas intensas, se comunican entre sí a través de sus celulares porque no cuentan con radios policiales. México apenas está aprendiendo a pelear, en medio de una batalla feroz.
Y de allí que Estados Unidos –a petición expresa del gobierno mexicano– haya establecido una presencia importante en una base militar en el norte del país. De allí que Washington vaya más allá del papel tradicional de compartir inteligencia y ahora se aboque a obtenerla también. De allí que se hable de “centros de fusión de inteligencia”, similares a los que operan en Irak y Afganistán. Cuestionados ante estos operativos sin precedentes, oficiales militares estadunidenses responden que sólo están proveyendo “apoyo técnico”. E insisten en que México todavía define las reglas del juego y hasta dónde Estados Unidos puede llegar.
Pero queda mucho todavía por saber, mucho por entender, mucho por conocer. El gobierno de México no ha informado con honestidad y veracidad el grado al cual Estados Unidos está presente en el país y en qué condiciones. Aunque hay quienes argumenten que ese apoyo es indispensable, la población tiene derecho a saber cómo, cuándo y de qué manera se da. Y la información provista hasta el momento está lejos de ser completa o veraz. El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, trata de escabullirse con comunicados plagados de lugares comunes, como “el respeto a la soberanía”, y afirmaciones cuestionables como “el personal extranjero no lleva a cabo ninguna labor operativa ni porta armas”. Y rehúye la responsabilidad de rendición de cuentas que le corresponde como funcionario público cuando afirma que “por cuestiones de seguridad nacional, el gobierno federal no se pronunciará sobre la veracidad o el contexto de la información publicada sobre estos esfuerzos”.
A Alejandro Poiré habría que preguntarle exactamente cuántos agentes de la DEA hay en México, en qué lugares y con cuántas atribuciones. Habría que preguntarle exactamente cuántos contratistas privados operan en territorio nacional y a qué se dedican. Habría que preguntarle quién está recabando información e inteligencia en materia de seguridad y con qué métodos. Porque el fin de “debilitar sistemáticamente a las organizaciones criminales que atentan contra la seguridad” no justifica cualquier medio, y menos a espaldas de la ciudadanía. “Más, más, más” colaboración por parte de los estadunidenses no debe significar menos explicaciones para los mexicanos.
Proyecto 40
Florence Toussaint
En aras de camuflar la toma ilegítima de un canal que no le fue asignado por los cauces legales establecidos, TV Azteca nombra hoy a su tercer canal como Proyecto 40, mantiene algunos de los conductores, analistas, productores del antiguo canal concesionado a Javier Moreno Valle, hermano de Rafael, actual gobernador de Puebla, reduce la catarata de anuncios presentes en sus otras emisoras y difunde documentales de la vida animal, series culturales y mesas redondas de distintos temas.
Inserta emisiones de 10 minutos, por ejemplo Huella digital que trata asuntos de internet y las llamadas redes sociales formadas gracias a la tecnología de Twitter, Facebook, etcétera, resulta novedoso. También deja para los espacios entre programas los comerciales que sólo a partir de las 9.30 de la noche comienzan a ser más profusos. El resto es convencional, la línea editorial dentro de los márgenes conservadores en política con matices desde la defensa de las decisiones del gobierno federal, el ataque a la izquierda, hasta la crítica moderada a ciertos grupos o personajes de la derecha mexicana e internacional.
En función de apartarse de los canales 7 y 13, elaboran su noticiario al frente del cual está Hannia Novell. Si bien la presentadora mantiene un estilo sobrio, en contraste con el estridente de su homólogo de Hechos, la selección de asuntos es similar, los avances que aparecen a lo largo de la tarde serán, ampliados, los de la emisión estelar. Analistas como Arturo Damm o Ricardo Raphael opinan en tres minutos sobre política o economía.
Otro rasgo de Proyecto 40 es que utiliza a críticos y escritores que aparecen en Canal Once, en Canal 22 o bien en la prensa. Es el caso de Sabina Berman, quien, compartiendo a veces créditos con Katia D’Artigues en un programa denominado Shálala, se ocupa un poco de todo, pero en especial de las mujeres destacadas en los distintos ámbitos de la sociedad.
La dramaturga entrevista a mujeres destacadas del arte, la literatura e incluso de la política. Las preguntas son siempre más interesantes formuladas por una conocedora del oficio de escribir, Berman es autora de obras de teatro y novelas, además de artículos periodísticos. Destacaremos una larga conversación con Elena Poniatowska a partir de la publicación de la novela Leonora, sobre la pintora Carrington. Shalalá soporta recuadros con anuncios, cortes de estación, una barra de opinión para funcionarios que se hacen publicidad, como Alonso Lujambio, y un “minuto para el arte”. La investigación visual para posproducir nos ofrece imágenes, fotografías, pinturas, dibujos, que enriquecen la mera charla. Debemos destacar que el estudio está agradablemente decorado, los sillones rojos de cuero le confieren vivacidad. El horario asignado a Shalalá es su mayor inconveniente, a las 12 de la noche de los miércoles, el público ha disminuido notablemente.
