Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
Domingo 21 de agosto de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Colombia y su ley de víctimas
La recientemente promulgada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras puede ser un referente para México
Colaborador Invitado
(21 agosto 2011).- Mauricio Builes
Jefe de Comunicaciones e Impacto Público del Grupo de Memoria Histórica de Colombia.
El pasado 22 de julio asesinaron a una mujer en Turbaco, un poblado cercano a Cartagena de Indias, Colombia. Se llamaba Keila Berrío, tenía 31 años, era líder de la comunidad y miembro de la Liga de Mujeres Desplazadas del departamento de Bolívar. Pocos se enteraron de su muerte y nadie sabe sobre la suerte de sus tres hijos, ahora huérfanos. Sólo un aviso miniatura en el periódico regional daba cuenta de que había sido acuchillada en su propia casa. No fue más. Un mes antes, otra campesina, Ana Fabricia Córdoba, fue asesinada de un balazo en la cabeza dentro de un bus en una ladera de Medellín. Era de Urabá, una región bananera que limita con Panamá y que ha visto pasar todas las guerras internas de Colombia desde hace medio siglo. Una de tantas hizo que Ana se desplazara a Medellín hace casi una década. Una de tantas fue la que la mató en junio.
Sin embargo, aunque las dos compartían una historia como mujeres campesinas: madres solteras, líderes, desplazadas y defensoras de los derechos humanos, la muerte de Ana ocupó a los periodistas colombianos por más de una semana. ¿La razón?: ocho días después de su muerte, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras sería sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, en un acto sin precedentes en la historia de Colombia. Por primera vez el país había decidido reparar a no menos de 5 millones de personas (la ley cuesta 30 billones de pesos colombianos) a las que se les ha arrebatado a sus familiares, o se les ha vulnerado en su integridad física, o se les ha despojado de sus bienes y de su tranquilidad. Lo ocurrido a Ana Fabricia sirvió entonces para hacer la pregunta obligada, ¿para qué servirá la ley si en Colombia las balaceras siguen siendo un lugar común?
El presidente Santos respondió el día que radicó el proyecto en el Congreso: "esta ley no es un puerto de destino, sino apenas una grilla de partida". Lo que sigue de ahora en adelante es una carrera de obstáculos para lograr que lo que está en el papel se pueda aplicar en las zonas más apartadas y que por años han estado en el desamparo. Que a nadie se le olvide algo que no es poco: Colombia sigue en guerra. Se aprobó una ley de víctimas la misma semana en que la lista de líderes campesinos asesinados desde que Santos se posesionó llegaba a 13.
Pero ésa es apenas una de las etapas de la carrera. Antes se había tropezado con un obstáculo mayúsculo que hizo que muchos dieran la ley como caso perdido. El proyecto venía en discusión desde el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, cuando se presentó el marco jurídico que permitiera la reinserción de buena parte de las autodefensas colombianas y la Corte Constitucional de ese entonces la tumbó porque no contemplaba la confesión de los hechos, ni la reparación a las víctimas. A partir de ese momento, y con la desidia de los uribistas, el Partido Liberal -casi como si se tratara de una obsesión- se da a la tarea de escribir una nueva ley que les facilitara a las poblaciones afectadas por el conflicto su debida reparación y el acceso a la verdad. No lograron que fuera aprobada bajo el mandato de Uribe y tampoco esperaban mucho de su sucesor. Pero Santos dio la sorpresa, la asumió como su proyecto bandera y le agregó un punto controversial: la restitución de la tierra despojada.
La nueva ley, entonces, no sólo le da la importancia justa al sufrimiento humano sino que reconoce a la tierra como el centro de gravedad del conflicto colombiano del último medio siglo. No es casual, claro, que los 13 campesinos asesinados fueran también reclamantes de un pedazo de tierra. Todos eran desplazados. Quienes por años se han aferrado con plomo y sangre al poder local en regiones como Urabá, el Magdalena Medio o el Norte del Cauca están demostrando que no están dispuestos a dejarlo de un día para otro. Por eso el grito de súplica que hoy se escucha de las organizaciones de víctimas y demás organismos internacionales es "hay que proteger a líderes campesinos". El fusil les está apuntando.
Los colombianos debemos releer los 208 artículos de la nueva ley y reconocer que no es perfecta. Pero, sobre todo, prepararnos para un rosario de frustraciones. Las expectativas que se han creado (en los medios de comunicación y en los círculos de poder) están por encima de la realidad en las regiones. Las muertes de Ana Fabricia y de Keila no serán las últimas. Está en manos del gobierno lograr el milagro: desmantelar las redes mafiosas y políticas de las regiones y acabar con el nuevo fenómeno de violencia que llegó a reemplazar a los paramilitares: las bandas criminales. En esto precisamente radica la diferencia con experiencias internacionales del mismo tipo que lograron reparar a las víctimas en el postconflicto; pero también sirve como ejemplo a países como México, que comienza a escuchar las voces de las víctimas que reclaman una ley que las ampare.
Una red por la rendición de cuentas
Análisis Ciudadanía y gestión pública. Cuarenta organizaciones públicas se han aglutinado para impulsar la creación de un auténtico sistema integral de rendición de cuentas en México
Mauricio Merino
(21 agosto 2011).- Aunque la irrupción de la pluralidad partidaria cambió la composición del régimen político mexicano y a pesar de que desde el año 2000 se han promulgado casi 60 reformas legislativas a favor de la transparencia, el acceso a la información, la fiscalización del dinero público, la evaluación de políticas públicas, la responsabilidad hacendaria y el presupuesto por resultados, México sigue careciendo de un sistema integral, completo y coherente de rendición de cuentas.
La multiplicación de leyes, de instituciones públicas y de procesos administrativos derivados de esas materias no ha conseguido articularse en una política pública nacional y, en sentido opuesto a sus objetivos, ha fragmentado los esfuerzos y ha complicado la operación cotidiana de los gobiernos. Además, en los últimos años se han producido resistencias políticas y burocráticas nuevas, cuando no francas regresiones, a los propósitos de la rendición de cuentas, que subrayan la importancia decisiva de recuperar el sentido democrático de la gestión pública. Los gobiernos y las administraciones públicas no son propiedad de los partidos que ganan las elecciones, ni de nadie más. Pero mientras no haya un verdadero sistema de rendición de cuentas en México, capaz de someter la responsabilidad pública al escrutinio y la evaluación de los ciudadanos, la consolidación de la democracia será inviable. Todavía no se ha entendido que la distribución del poder a través de los votos será insuficiente para arraigar el régimen democrático -y que incluso puede involucionar hacia otros métodos autoritarios- mientras el ejercicio del poder siga siendo algo más o menos oculto e invariablemente patrimonialista: mientras lo público no sea realmente público.
Con esa preocupación compartida -así sea con matices- y a la luz de las investigaciones y los estudios que se han venido publicando durante los últimos años para documentar esa desviación lamentable del curso democrático del país, 40 organizaciones públicas, académicas y sociales comprometidas con la construcción de un ejercicio cada vez más democrático de la autoridad pública han integrado una Red por la Rendición de Cuentas (www.rendiciondecuentas.org.mx), cuyo propósito explícito es crear un contexto de exigencia en esa materia específica y buscar, por todos los medios a su alcance, la construcción de una verdadera política de rendición de cuentas en México. No más políticas aisladas ni fragmentadas, ni más reformas parciales, ni más instituciones creadas para salir del paso, ni más argumentos para justificar de cualquier modo las decisiones y los gastos ejercidos por los gobiernos -por todos los gobiernos del país-, sino una verdadera política articulada para rescatar en definitiva la administración pública de cualquier forma de apropiación privada o política, de la naturaleza que sea.
La Red por la Rendición de Cuentas está integrada por instituciones públicas, por universidades y centros de investigación superior y por muy diversas organizaciones de la sociedad civil. No es una red de personas físicas sino morales: una red de segundo piso, fundada con un solo propósito explícito y con la mayor seriedad. Quiere contribuir a definir la magnitud del problema público que afronta el país ante la ausencia de un verdadero sistema de rendición de cuentas y quiere ayudar a resolverlo.
Con ese propósito, la Red por la Rendición de Cuentas ha convocado -con el apoyo del IFAI- a un primer Seminario Internacional que tendrá lugar el 22 y el 23 de agosto en la Ciudad de México. Un seminario abierto al público, al que vendrán ponentes de otros lugares del mundo y en el que participarán los expertos nacionales convocados por las organizaciones que integran la red.
Para situar el problema, se hablará de las seis fragmentaciones que están actuando en contra de la posibilidad misma de crear un sistema de rendición de cuentas: la conceptual -pues nadie sabe bien a bien de qué habla, cuando se habla de rendir cuentas-; la institucional, que se refiere a la multiplicación y descoordinación de los órganos creados para ese fin; la de sistemas de gestión, que abruma y entorpece la administración pública; la normativa y legal, dispersa en el cuerpo constitucional y en decenas de leyes; la social, que ha impedido reunir talentos y esfuerzos sociales en una sola dirección, y la política, que está en el fondo de los obstáculos advertidos.
Éste es el primer paso. Y aunque hay prisa, pues el deterioro institucional es cada vez más evidente, tenemos tiempo. Los cambios de fondo no se hacen en dos días.
El autor es profesor e investigador del CIDE y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.
Sociedad civil vs. opacidad
Análisis Ciudadanía y gestión pública. Ante los pocos resultados de los múltiples mecanismos formales de rendición de cuentas, la sociedad se organiza para hacer su propia fiscalización
Miguel Pulido Jiménez
(21 agosto 2011).- En México, a pesar de lo previsto en la Constitución, afirmar que todo poder se instituye en beneficio del pueblo resulta, por decir lo menos, contrario a la intuición. Enfrentamos una crisis de legitimidad y reconocimiento de las instituciones. Una larga lista de agravios cometidos desde el ejercicio del poder acredita este triste estado de cosas: historias de corrupción, malversación de fondos, desvío de recursos públicos, acciones que son completadas con errores de gestión, problemas de diseño de políticas públicas, improvisación en las decisiones gubernamentales o incluso incapacidad administrativa para el ejercicio de recursos públicos.
Para muestra, un botón. En los últimos años, el gasto en política social se ha incrementado en todos los ámbitos de gobierno pero los resultados en términos de reducción de pobreza siguen siendo insatisfactorios. Además, la nueva estructura del Estado ha generado un mapa profundamente complejo para conocer el quehacer gubernamental, ya no digamos para su control, fiscalización y la evaluación de sus resultados.
La conclusión es difícil de aceptar, pero no por dolorosa deja de ser cierta. En un país con una débil tradición de respeto a la legalidad, el federalismo y la descentralización, sumados a la liberalización en el acceso al gobierno (y por tanto a la administración y control de dichos fondos), generaron una explosión de formas de uso y abuso de los recursos públicos con fines político-electorales, diluyendo los controles entre fracciones políticas. No hay partido que no esté involucrado en el derroche y la falta de resultados. En la práctica, eso merma los contrapesos.
I. Proliferación de mecanismos de rendición de cuentas con pocos resultados.
En la teoría, lo que obtenemos de los sistemas de rendición de cuentas es que (1) obligan a los funcionarios públicos a que ejerzan el poder apegados a su mandato, (2) dando explicaciones de sus acciones y (3) sujetándolos a sanciones cuando incumplen sus obligaciones. En la práctica, en el mejor de los casos presenciamos esfuerzos aislados e iniciativas fragmentadas. En el peor, es una práctica abierta de impunidad. Existe abundante literatura sobre las deficiencias en la rendición de cuentas. Por razón de espacio aquí sólo menciono el problema.
II. Perspectivas desde la sociedad civil sobre la rendición de cuentas.
¿Qué hacer entonces cuando los mecanismos jurídicos de carácter administrativo, penal y presupuestario no son funcionales para la rendición de cuentas? Una solución espontánea ha sido el surgimiento de alternativas que, si bien no sustituyen, sí complementan dicho sistema. Diversas organizaciones de la sociedad civil lo hacemos.
En el caso de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, nuestra práctica dispone, por una parte, del poder político de las reivindicaciones y, por otra, de la expectativa de que los derechos humanos no son promesas banales sino parámetros objetivos que regulan la actuación gubernamental. Para ello se trabaja desde la organización pero también desde espacios colectivos como la Red por la Rendición de Cuentas. En esencia se trata de cuestionar desde otra mirada el diseño y gestión de los programas de política social esperando recomponer los problemas que enfrentan.
La incorporación de estos nuevos paradigmas puede dar una ligera vuelta de tuerca al problema de la débil rendición de cuentas en nuestro país, pero nunca podrá sustituir a un sistema integral.
El autor es director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
Policías profesionales: Una utopía
Reportaje Acuerdo de seguridad, tres años. Establecida en leyes y acuerdos, la profesionalización de las policías locales, requisito indispensable para el regreso del Ejército a los cuarteles, podría demorarse más de una década
Jésica Zermeño
(21 agosto 2011).- La condición la han repetido durante todo el sexenio lo mismo el presidente Felipe Calderón que Genaro García Luna, Francisco Saynez o Guillermo Galván: las Fuerzas Armadas no regresarán a sus cuarteles hasta que las policías civiles no estén profesionalizadas y debidamente certificadas. El gobierno federal sostiene que no hay otro camino para cumplir esta constante exigencia de organismos internacionales y activistas en derechos humanos pues hoy -aseguran- no hay forma de preservar la seguridad pública sin el Ejército y la Marina.
El 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se plasma la estrategia para alcanzar la profesionalización de las policías civiles. En ella se describen las obligaciones y sanciones a las que serán sometidos los integrantes de las instituciones de seguridad y justicia, así como los puntos que constituyen la profesionalización policiaca, y se da un primer plazo a cumplir: para enero de 2013 todos los policías estatales y municipales de este país deberán estar debidamente certificados, es decir, haber probado mediante exámenes psicológicos, socioeconómicos y toxicológicos que son aptos para ser policías honestos y profesionales.
Sin embargo, a dos años y medio de haber sido promulgada esta ley, las evaluaciones de certificación y control de confianza reportan avances de menos del 20 por ciento y el Sistema de Desarrollo Integral Policial -que comprende desde la creación de una ley estatal en la materia hasta la implementación del sistema de carrera policial- no es realidad en una sola entidad federativa y sólo tiene avances importantes en el 10 por ciento de los 2 mil 22 municipios con policía.
Hasta mayo pasado, apenas 17 por ciento de los policías estatales y 19 por ciento de los municipales habían sido evaluados.
Ni siquiera están completas las evaluaciones de los altos mandos (secretarios de Seguridad Pública, procuradores de Justicia y secretarios de Gobierno estatales) que, según el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que hoy cumple tres años de haber sido firmado, deberían de haber sido realizadas en su totalidad antes de que terminara 2010. Hasta el 9 de agosto pasado iba 91 por ciento de los funcionarios evaluados.
Además, apenas hace dos meses el SNSP comenzó a formar a policías con cursos de ética y valores diseñados por la Universidad Iberoamericana. Los planes son que todos los policías tomen estos cursos obligatoriamente. Hasta ahora, hay 10 replicadores del curso por entidad federativa. No hay planes de cuándo podría completarse este objetivo.
Ante este panorama, de acuerdo con estimaciones oficiales y especialistas consultados por Enfoque, llegar a enero de 2013 con todos los policías del país certificados será una meta imposible de cumplir.
Según el SNSP, de no incrementarse la capacidad de los Centros de Evaluación y Control de Confianza -actualmente hay 10 en operación-, la evaluación de policías en Jalisco podría tomar más de 14 años, en el Estado de México más de 11 y en el Distrito Federal por lo menos nueve años. Las policías profesionales se ven todavía muy lejos.
Juan Salgado, director del Programa de Estudios de Seguridad Pública y Estado de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asegura que esta fecha no puede aplazarse ni modificarse más allá de lo que diga la ley, pues de ello depende la estabilidad del país en el largo plazo.
"Al convertirse en una función del Estado la seguridad pública, sí tiene que garantizarse efectivamente que todos estos controles estén en su lugar y en tiempo, y en eso la ley es muy clara. No veo factible que la totalidad de la población policial llegue a ser certificada. Además, hoy no se está dando prioridad a la evaluación de los policías que tienen contacto directo con la sociedad. Eso hace el panorama complicado", señala.
El maestro en derechos humanos propone una solución para acelerar la profesionalización policiaca, los planes de profesionalización diferenciados, en donde se tomen en cuenta tanto los tipos de policía que existen como la zona geográfica en la que operarán. Si esta medida no se realiza, Salgado no ve una profesionalización real de las policías en el corto plazo.
"Quizá a un policía de Tlaxcala le sea efectivo un entrenamiento para lidiar con borrachos, pero un policía de Tamaulipas lo que debe saber son técnicas para cuidarse de los halcones del crimen organizado", sostiene.
'Por lo menos ya empezamos'
Las razones del atraso en las evaluaciones de certificación de confianza, según Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del SNSP, son la falta de personal especializado para realizar las evaluaciones (poligrafistas, médicos, psicólogos e investigadores) y la falta de recursos económicos de entidades y municipios para crear el sistema de carrera policial y mejorar los sueldos de los agentes, que deberían rondar los 12 mil pesos mensuales.
Por ello, cada vez que se reúne el gabinete de seguridad nacional se discuten estrategias para que las evaluaciones se realicen más rápidamente. Según el secretario ejecutivo, las prioridades durante 2010 y 2011 se establecieron en completar las evaluaciones de los altos mandos (secretarios de seguridad, procuradores y secretarios de Gobierno) y se planea que el próximo año se dé prioridad a la evaluación de los mandos superiores e intermedios de las corporaciones.
"Estamos obligando a los estados a canalizar recursos públicos federales (del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios -Subsemun- principalmente) para incrementar sus capacidades de evaluación, a efecto de que en primer lugar sí tengan las plazas de poligrafistas, médicos, psicólogos, para poder realizar las pruebas con las que se hacen las evaluaciones, de permanencia o de ingreso. Por el otro lado, que con esos recursos también tengan la infraestructura, los laboratorios, los polígrafos. Ha habido recursos de la Iniciativa Mérida que se han canalizado precisamente para adquisición de polígrafos.
"Los municipios también necesitan destinar una parte de estos recursos para pagar las evaluaciones que de su personal van a hacer los centros estatales. Ésa es una estrategia para crear condiciones que hagan factible cumplir en tiempo con la ley... ¿Que vamos atrasados? Sí, vamos no al paso veloz que quisiéramos, pero por lo menos ya empezamos", asegura.
Alcántara califica como tímidos los avances de las entidades en la implementación del Sistema de Desarrollo Integral Policial, que consiste en tener una ley estatal que replique el modelo nacional, utilizar una célula básica de tres agentes para la operación y que la entidad adopte una pirámide salarial que dignifique económicamente la labor de los agentes.
La estrategia de presión de la Federación hacia estados y municipios para que cumplan con las metas acordadas empezó con los 220 municipios que reciben el Subsemun. Primero se anunció la suspensión de la entrega de recursos a Ciudad Juárez, en medio de la polémica surgida por el ataque de elementos de la Policía Federal al secretario de Seguridad Pública municipal, Julián Leyzaola.
El 7 de agosto pasado, la información de municipios atrasados en sus compromisos para recibir los recursos del Subsemun continuó fluyendo: el SNSP informó que sólo 48 municipios cumplieron en "tiempo y forma" con sus obligaciones. Se dio a conocer la lista de los municipios cumplidores y se anunció que a los demás no se les otorgaría el subsidio. Dos días después, Alcántara Soria informó que todavía había 33 funcionarios de alto nivel que ni siquiera habían solicitado la aplicación de las pruebas.
Y para aquellos gobiernos locales que no estén en condiciones, por cualquier motivo, de construir una corporación policiaca profesional siguiendo los parámetros que establece la Ley General del SNSP, el funcionario tiene una respuesta.
"Hay una estrategia que ya está en la ley de cómo tener las policías que se merece este país, y las condiciones con las cuales se construye esa policía indudablemente que requieren talento, voluntad política, pero también recursos públicos. Por eso se ha propuesto que si un ayuntamiento no tiene recursos o no tiene condiciones o no tiene ganas de conformar una policía profesional pues que le entregue su policía al gobierno del estado y que el estado sea el obligado de darles el servicio policial preventivo a los municipios, para que el estado se haga cargo de, entonces sí, tener una policía certificada, profesional de carrera. Hemos insistido en eso.
"Si no puedes, entrega la policía. Si quieres tener policía, le tienes que invertir, e invertir mucho, no sólo recursos, insisto, en programas, en procesos de selección, etcétera", sostiene.
Evaluación sólo de personas
Además de la lentitud en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, los especialistas detectan otro problema en el modelo de profesionalización policial plasmado en la Ley General del SNSP: las evaluaciones de control de confianza están enfocadas sólo a evaluar y seleccionar personas, y no a modificar reglas institucionales fallidas o desviadas.
Según los especialistas, sólo modificando estas reglas habría una garantía de que las corporaciones policiales estarán saneadas, como pregona el gobierno federal.
Ernesto López-Portillo, vicepresidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia y estudioso de las corporaciones policiales en México y otros países, ve como una decisión acertada la implementación de evaluaciones de certificación y control de confianza, pero califica la medida de "insuficiente".
"¿Vamos a lograr instituciones policiales profesionales a través de las estrategias que se han adoptado? No lo sé pero no lo creo... Al presidente Felipe Calderón lo convencieron de un mecanismo de combate a la corrupción deficiente, que sobrecarga la expectativa en la evaluación de las personas y subvalora la expectativa de lo que son los cambios institucionales. Al Presidente lo convencieron de un modelo que pone en la persona la expectativa de la mejora policial y pone en la persona el control de la corrupción.
"Yo sostengo que hay que hacer un mecanismo doble, siempre, cuidar a las personas y cuidar a las instituciones. Cuidar a las personas es control de confianza, es profesionalización, es carrera, es derechos. Cuidar a las personas para que no haya corrupción pasa por varios subsistemas institucionales, y eso lo hemos ido entendiendo pero lo hemos entendido sólo parcialmente. Estamos pensando que evaluar a través de Centros de Control de Confianza me es suficiente para tener a los que debo tener y sacar a los que debo sacar. Las evidencias nos dicen que no lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque la plataforma institucional que regula las conductas a través de mecanismos de sanción y de recoocimiento es débil o nula", asegura.
Además, López Portillo percibe que aplicar estrictamente las evaluaciones de control de confianza al personal policial arrojaría que la gran mayoría de los agentes que se encuentran actualmente en funciones no sean aptos para desempeñar su labor, y México no puede quedarse sin policías, como está pasando en algunas zonas del país. Lo que debe buscarse es una transición ordenada, sostiene.
Y es que la depuración policiaca en este sexenio ha dejado fuera a más de 47 mil agentes: 22 mil 479 municipales y 25 mil 330 estatales han sido cesados por distintos motivos entre 2006 y mayo de 2011, según cifras del SNSP. Uno de esos motivos es la reprobación de evaluaciones de certificación de confianza.
"La depuración tiene que hacerse con controles, porque si no, no sabemos qué pasa con esos agentes que se van. Hoy tenemos una paradoja absurda, si evaluamos hay problemas, si no lo hacemos hay problemas. La transición debe ser controlada", sostiene.
Certificación rezagada
A dos años y medio de que entró en vigor la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son pocos los avances en las evaluaciones de control de confianza en policías estatales y municipales.
Total de evaluaciones estatales realizadas
17% (46,291)
Total de evaluaciones municipales realizadas
19% (32,053)
| | Evaluaciones no realizadas | Total de evaluaciones estatales realizadas | Evaluaciones no realizadas | Total de evaluaciones municipales realizadas |
| Aguascalientes | (55) | 96% (1,280) | (462) | 79% (1,782) |
| Baja California | (866) | 79% (3,219) | (2,764) | 56 (3,528) |
| Baja California Sur | (1,240) | 4 (48) | (2,194) | 8 (193) |
| Campeche | (1,759) | 1 (10) | (853) | 0 |
| Chiapas | (6,246) | 21 (1,625) | (5,884) | 18 (1,303) |
| Chihuahua | (3,804) | 8 (339) | (6,140) | 15 (1,118) |
| Coahuila | (1,486) | 37 (878) | (1,558) | 57 (2,089) |
| Colima | (949) | 43 (728) | (935) | 31 (416) |
| Distrito Federal | (83.420) | 13 (12,441) | NA | |
| Durango | (2,240) | 12 (292) | (2,403) | 11 (285) |
| Estado de México | (43,324) | 4 (1,907) | (22,757) | 9 (2,137) |
| Guanajuato | (1,756) | 67 (3,516) | (4,305) | 54 (5,055) |
| Guerrero | (6,989) | 3 (211) | (7,318) | 7 (520) |
| Hidalgo | (3,748) | 16 (717) | (4,129) | 2 (96) |
| Jalisco | (10,592) | 1 (100) | (14,485) | 0 (72) |
| Michoacán | (4,849) | 21 (1,302) | (5,340) | 13 (773) |
| Morelos | (851) | 73 (2,338) | (1,282) | 65 (2,369) |
| Nayarit | (1,958) | 0 (2) | (1,865) | 0 |
| Nuevo León | (2,480) | 45 (2,015) | (2,455) | 63 (4,209) |
| Oaxaca | (7,199) | 10 (793) | (4,343) | 7 (345) |
| Puebla | (7,417) | 28 (2,836) | (5,616) | 13 (844) |
| Querétaro | (1,695) | 2 (35) | (1,756) | 25 (601) |
| Quintana Roo | (2,515) | 0 (6) | (3,528) | 0 |
| San Luis Potosí | (5,668) | 2 (90) | (3,152) | 7 (237) |
| Sinaloa | (1,720) | 38 (1,059) | (4,698) | 24 (1,446) |
| Sonora | (3,386) | 9 (316) | (4,626) | 6 (286) |
| Tabasco | (5,427) | 17 (1,092) | (3,253) | 24 (1,043) |
| Tamaulipas | (3,255) | 27 (1,177) | (5,344) | 2 (113) |
| Tlaxcala | (506) | 79 (1,922) | (1,359) | 25 (444) |
| Veracruz | (12,935) | 11 (1,579) | (5,644) | 5 (269) |
| Yucatán | (2,245) | 47 (1,967) | (3,371) | 3 (94) |
| Zacatecas | (1,246) | 27 (451) | (1,915) | 17 (386) |
Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualizado al 31 de mayo de 2011. * No incluye personal administrativo.
"Toda atribución que la policía tiene debe estar sujeta a mecanismos de control que garanticen una forma de ejercer esos poderes propia del Estado democrático de derecho. Policía en democracia significa poderes sujetos a controles democráticos".
Ernesto López Portillo
Vicepresidente de Insyde.
'Certificación, una simulación'
Reportaje Acuerdo de seguridad, tres años. Jorge Carrillo Olea: fundador del Cisen
Jésica Zermeño
(21 agosto 2011).- Jorge Carrillo Olea es directo. Afirma que Felipe Calderón ha mostrado una absoluta falta de lealtad y solidaridad con las Fuerzas Armadas. Y aún así, advierte que hoy por hoy son la única alternativa para salvaguardar la seguridad nacional.
Para el coronel en retiro, el Presidente cometió un error mayúsculo e imperdonable al sacar de sus cuarteles al Ejército para realizar labores de seguridad pública sin tener en la mano un diagnóstico certero de la magnitud de la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, pero admite que hoy ya no existe otra salida viable en el corto plazo que mantener a los militares en las calles.
"Existe el sentir de algunos militares de que el Presidente ha incurrido en un acto desleal, falto de solidaridad y llevado a extremos de una traición, por haberles inopinadamente pedido algo que ni él sabía qué era lo que estaba pidiendo ni el personal militar sabía los alcances de lo que se quería... Lo que hizo con el Ejército es imperdonable.
"Lo que debería hacer Calderón, como cualquier médico con cualquier paciente, es detener el deterioro, y luego empezar a fincar nuevas instituciones. Pero él dice que el Ejército regresará a sus cuarteles cuando haya 32 policías estatales. Oiga, señor, ¿en qué está usted pensando? ¿Las vamos a importar de China? ¿Las vamos a mandar a hacer a Tlaquepaque? Si no podemos con el control de confianza, que es una simulación total, ¿cómo vamos a apostar por ese proceso? Yo no veo ninguna salida por ese lado. Todo se simula", sostiene.
Para el también fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ante el deterioro de las instituciones de seguridad en los tres últimos sexenios, la única salida es crear policías militarizadas, como se ha hecho en otros países.
"Habría una posible solución, pero no es rápida. La institución que podría tener mayor capacidad de respuesta evidentemente son las Fuerzas Armadas. Con una visión que no es de locos, porque es algo que existe en España, en Chile, en muchas partes, una opción es que se segregara del Ejército un cuerpo de una magnitud por el momento no fácil de identificar para crear un cuerpo especial que, dejando de ser militares, se constituyeran en una de las formas que existen en el mundo: de guardia civil, de gendarmería, de carabineros. Pasa el tiempo y yo no veo otra salida.
"Y no estoy hablando así porque mi origen sea militar, ni me gusta el planteamiento, pero yo no veo otra solución viable hoy. ¿Cuándo vamos a enderezar a la Agencia Federal de Investigación? ¿Cuándo vamos a enderezar a las demás policías?", sentencia.
Carrillo Olea, creador del Centro de Planeación para el Combate a las Drogas y el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas durante el sexenio salinista, acaba de publicar el libro México en riesgo (Grijalbo), en el que narra su experiencia de cuatro sexenios dentro del sistema de seguridad en México.
Una hoja de ruta para el futuro
Entrevista Seguridad y justicia en democracia. Jorge Carpizo: presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Un pacto en seguridad es posible, afirma Carpizo, quien asegura que los presidenciables cuentan ya con un documento base para proponer un cambio de estrategia
Jésica Zermeño
(21 agosto 2011).- Jorge Carpizo McGregor afirma que la Universidad Nacional Autónoma de México ha entregado a la clase política y a la sociedad en general un punto de partida, una hoja de ruta para saber qué es lo que está mal en este país en materia de seguridad y justicia y qué es lo que tienen que hacer los distintos actores sociales, pero principalmente gobernantes, legisladores y ministros, para detener la crisis por la que atraviesa el país.
Pero Carpizo no sólo le habla a los políticos en turno. Remarca que la propuesta de la UNAM también se dirige a los futuros candidatos a la Presidencia de la República. El ex rector de la máxima casa de estudios entre 1985 y 1989 espera que los presidenciables hagan suya la propuesta "por inteligencia política", pues es un documento emanado de aquellos que sólo esperan ver que a México le vaya bien.
"El tema de la seguridad pública va a ser el tema de la campaña, porque es el tema que más inquieta a la sociedad. La propuesta de la UNAM está sugiriendo muchas cosas, y los candidatos presidenciales deberán ver qué puntos les convencen para hacerlos suyos para la contienda, porque esta propuesta está hecha por una institución que no se puede comprometer con ningún partido ni sector político, que sólo está viendo los intereses de México. Cualquiera que sea candidato presidencial debe tener esto como guía.
"Ésta es una propuesta de corto plazo, sí, porque muchas cosas aún se pueden hacer, pero también es para el futuro, y ahí los futuros candidatos deberán debatir y hacer suyos los puntos que crean más urgentes, aunque todos son urgentes", sentencia.
Carpizo asegura que el primer punto para que el documento Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia sea una realidad es celebrar un pacto político, pues sin él no puede lograrse ningún viraje real en seguridad y justicia.
Y agrega enfático, dirigiéndose a los escépticos: "¡Sí se puede! ¡Cómo no se va a poder! Es lo que creemos. No estamos en las nubes. Esto ya se hizo en 1994".
El jurista emprendió hace un par de meses, con el actual rector de la UNAM, José Narro, la tarea de reunir en un congreso a quienes saben de seguridad y justicia, "estuvieran donde estuvieran", para construir con base en sus ideas y experiencias una propuesta de política de Estado para México en estos tiempos aciagos.
Fue él el encargado de presentar los principales puntos de la propuesta el pasado 8 de agosto, en el auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, pues fungió como integrante de la comisión redactora y organizador del evento de donde emanaron las propuestas.
La primera recomendación que Carpizo leyó fue la de "celebrar un pacto político y social con base amplia que permita reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país".
Quien fuera también el primer titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990-1993); ex procurador general de la República y ex secretario de Gobernación durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari asegura que este punto es primordial para que pueda materializarse la propuesta universitaria.
Dice que México necesita un pacto nacional con un proceso de negociación parecido al que se dio en enero de 1994, tras el levantamiento zapatista, en el que todas las fuerzas políticas contribuyeron a que se generaran condiciones equitativas en la contienda presidencial de ese año, y que terminó en una reforma electoral profunda. Se trata de que personajes con credibilidad, serios y respetados, dialoguen y convenzan, sentencia el académico.
"Empieza 1994 con rebelión en Chiapas. Difícil, grave. El 10 de enero me designan secretario de Gobernación... Todo se da en un contexto de campañas electorales, ya estaban todos los candidatos a la Presidencia en campaña. Lo primero que le plantee al presidente (Salinas) fue que no íbamos a lograr nada sin un gran acuerdo político nacional, con bases mínimas. Decidimos irnos por la negociación.
"Empezamos a hablar con todos los partidos políticos para tratar de llegar a un acuerdo nacional, en plena campaña electoral, en un clima de rebelión, cosa que no había sucedido en México en decenios. Mucha gente me dijo: 'eres un iluso, eres un académico, no conoces la realidad nacional'. Yo dije: 'yo voy a seguir'. Hablé con todos los presidentes de partidos y con todos los candidatos presidenciales para hacerles ver que hay algo que nos une a todos, que está más allá de partidos, de intereses, de personas, de grupos, que es México...", relata.
Ese documento, recuerda el jurista, fue un acuerdo político por la paz, la democracia y la justicia que tranquilizó al país, que permitió que no hubiera un "choque de trenes" y que las elecciones del 21 de agosto de 1994 se desarrollaran con normalidad, a pesar del asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrido el 23 de marzo de ese año. Fue un acuerdo que firmó hasta Cuauhtémoc Cárdenas, "que en seis años no había firmado nada que viniera del gobierno".
Fue un pacto nacional en tiempos de personajes de Estado en la oposición que Carpizo califica como "excepcionales": Carlos Castillo Peraza dirigiendo el Partido Acción Nacional y Porfirio Muñoz Ledo en el Partido de la Revolución Democrática, que entendieron la problemática por la que pasaba el país y decidieron comprometerse.
-"¿Y hoy hay figuras de ese calibre político en los partidos?", se le pregunta.
"Siempre he sido optimista. Se puede, hablando, dialogando... Hay personajes excepcionales, algunos estuvieron entonces y todavía están", responde, sin precisar nombres.
Pero, al margen de la diferencia de talante entre la clase política de 1994 y la de 2011, Carpizo destaca una ventaja que existe actualmente: el papel de los ciudadanos.
"¿Sabe qué ventaja hay hoy? En aquel entonces no había sociedad civil organizada", explica, "en cambio ahora tenemos varios movimientos sociales importantes que pueden presionar a los actores políticos para que se llegue a acuerdos. En aquel entonces no podía yo recostarme en la fuerza de la sociedad. Ahora sí se puede. Está el movimiento de Javier Sicilia, el de doña Isabel Miranda de Wallace, muchos otros.
"Mientras estábamos escribiendo la propuesta, el abogado general de la UNAM y yo tuvimos una reunión larga de trabajo con Javier Sicilia y con Emilio Álvarez Icaza, y varias de sus ideas quedaron en la propuesta. ¿Por qué están ellos apoyando esto, y la señora Wallace también? Porque varias de sus ideas ahí están", sentencia.
Más allá de discursos
Carpizo, quien funge ahora como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, describe la propuesta de 36 puntos de la UNAM como un plan a "corto, mediano y largo plazo". Y comunica su temor: ni siquiera cumpliéndose al pie de la letra podría garantizarse que el país saldrá de la espiral de violencia que se vive día a día.
Para que la propuesta fuera efectiva y realizable, se convocó a 88 especialistas nacionales e internacionales para discutir las distintas aristas de la crisis. Entre el 6 y el 10 de junio pasado desfilaron por el Palacio de Medicina funcionarios, legisladores, ministros, activistas de derechos humanos, juristas, politólogos, trabajadores sociales, académicos, economistas, médicos, administradores y líderes sociales de todas las ideologías para explicar qué está mal en materia de seguridad y justicia de este país. Cualquiera que tuviera interés en el evento podía asistir.
En 18 mesas de trabajo se discutió la insuficiencia de la política de prevención de adicciones, los desafíos del sistema penal y de la prevención social de la violencia, las amenazas al Estado de derecho, la violencia de género, las consecuencias de la corrupción y la impunidad, el desarrollo de la delincuencia organizada, el combate al lavado de dinero, la falta de eficacia en los sistemas de inteligencia, la reforma policial, la importancia de la rendición de cuentas, la crisis en el sistema de readaptación social, la violencia hacia los migrantes y los desafíos bilaterales entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, entre otros temas.
Después de este debate, una comisión redactora, de la que también formaron parte Sergio García Ramírez, Luis de la Barreda, Ernesto López Portillo, Luis raúl González y Guillermo Silva, elaboró un documento que tiene, según Carpizo, un buen equilibrio entre teoría y práctica.
"Sicilia y yo vamos juntos en esto, estamos muy unidos, afectuosamente, y en lo que planteamos. Sabemos que tenemos que estar unidos. Eso necesita México hoy".
Cárceles sobrepobladas: Problema continental
Análisis Inseguridad e injusticia. El abuso de la prisión preventiva ha generado hacinamiento, corrupción y no rehabilitación de los reos en México y en casi toda América
José Carbonell y Miguel Carbonell
(21 agosto 2011).- Hace unas semanas, la Suprema Corte de los Estados Unidos ordenó -en una decisión histórica- que el estado de California tiene que poner en libertad a cerca de 32 mil presos. La Corte argumenta que el sistema penitenciario de ese estado rebasa en un 37.5 por ciento su capacidad, lo cual provoca hacinamiento; ello se traduce en servicios médicos de ínfima calidad para los reclusos y una elevada tasa de suicidios.
Todo ello, argumenta el máximo tribunal estadounidense, viola la octava enmienda de la Constitución, en la que se prohíbe que el gobierno imponga "penas crueles y desusadas". La sentencia sostiene que "por años los cuidados médicos y de salud mental proveídos por las prisiones de California se han quedado cortos ante las exigencias constitucionales mínimas. El resultado ha sido una bien documentada situación de sufrimiento innecesario y muerte. Así, el hacinamiento es la primera causa de violación del derecho constitucional, específicamente el severo e ilícito maltrato que sufren los prisioneros a través de un inadecuado y terrible servicio de cuidados médicos y de salud mental".(1)
Sin duda se trata de una decisión que pone en tela de juicio al sistema carcelario norteamericano, pero que, a su vez, cuestiona toda la política punitiva del Estado. Y en este punto surge una pregunta obligada: ¿cuál es la situación de nuestro sistema penitenciario en México?
Las cárceles mexicanas tienen un porcentaje de sobrepoblación parecido al de California. Bajo los parámetros establecidos por la Corte estadounidense, 11 países de América deberían liberar a una buena cantidad de presos; asimismo, otros tres -incluido México- estarían por llegar al límite, si acaso no lo han rebasado recientemente. La situación del espacio carcelario únicamente es adecuada en Argentina, Costa Rica (dentro del ámbito latinoamericano) y Canadá. El resto de países rebasan en alguna medida la capacidad prevista de sus prisiones.
Por otro lado, destaca el porcentaje de personas en prisión que no han sido condenadas: son los presos sin sentencia. Desde un escandaloso 74 por ciento en el caso de Bolivia, hasta el 23 de Chile o el 21 por ciento de Estados Unidos. Ello implica que el sistema de justicia recurre de manera excesiva al encarcelamiento de forma preventiva.
No es concebible que tres de cada cuatro personas (en Bolivia) o cuatro de cada 10 personas (en nuestro caso) representen un peligro real de fuga durante la realización del juicio o que la gravedad de los delitos presuntamente cometidos amerite dicho internamiento. Sin duda algo está fallando en nuestros sistemas de justicia.
El caso mexicano
En 2010, la población recluida en México alcanzó una tasa de 206 personas (por cada 100 mil habitantes); para comprender la dimensión de esta cifra basta recordar que en 1995 teníamos a 102 personas en prisión por cada 100 mil habitantes: es decir, en apenas 15 años, se duplicó. Empero, si se revisa el número de internos, el incremento es del 238 por ciento. ¿Estamos el doble de seguros ahora que en 1995?, ¿hemos disminuido los delitos a la mitad gracias al internamiento masivo de tantas personas?
Existen algunas entidades que exceden ampliamente el promedio nacional. Baja California alcanza una tasa de 552 personas en prisión (por cada 100 mil habitantes), Sonora llega a 485 y el Distrito Federal tiene 454.
En el mismo año (2010), en México había 429 centros penitenciarios, con una capacidad total para albergar a 175 mil 399 reclusos. Sin embargo, el número real de internos superaba los 223 mil; es decir, una sobrepoblación cercana al 30 por ciento. (2) Destacan el Distrito Federal con una sobrepoblación del 111 por ciento, lo que significa tener a más de 40 mil internos, en un espacio con capacidad de 19 mil personas; Nayarit (97 por ciento); Sonora (88 por ciento); o el Estado de México, con un sobrecupo del 83 por ciento (alrededor de 18 mil 700 reclusos frente a una disponibilidad de 10 mil 200 lugares).(3)
Más aún, del conjunto de internos, poco más del 58 por ciento (130 mil 981) estaba condenado, frente a alrededor de 92 mil presos que esperaban sentencia (41.32 por ciento del total).
En cuanto al estado de nuestras prisiones, más de 150 establecimientos penitenciarios tienen algún grado de sobrepoblación: desde el 230 por ciento que presenta la cárcel de Navolato o el 224 por ciento del Cereso de Chalco, hasta el 1.14 por ciento del Cereso de Nogales I.
En las cárceles de 23 entidades federativas no se clasifica adecuadamente a los internos. Es decir, que cotidianamente pueden convivir en el mismo espacio personas de diferentes grados de peligrosidad: homicidas con carteristas, violadores con personas sentenciadas por narcotráfico, etcétera. El resultado obvio es que se fomenta la violencia al interior de estos centros y se vuelve una atmósfera propicia para el reclutamiento de nuevos miembros de la delincuencia organizada.
Sin embargo, esto no es lo peor. En el 30 por ciento de nuestras cárceles se presentan situaciones de autogobierno: son los propios internos -en lugar de la autoridad- los que organizan la vida interna, ejercen control o violencia sobre los demás, se encargan de las actividades laborales remuneradas, emplean a otros internos para su servicio personal o realizan actos de explotación sexual.
Además, parece que la corrupción es una práctica endémica. Por ejemplo, en el Distrito Federal, según la encuesta a población en reclusión del CIDE, se entrega sábanas solamente al 1.64 por ciento de los reclusos, cobijas al 3.52 por ciento, ropa al 1.38 por ciento, zapatos al 1.07 por ciento. El resto de los 42 mil reclusos de la ciudad pagan por esos artículos, al igual que por recibir visitas (62 por ciento), por mandarlo a llamar (55 por ciento) o por pasar comida o ropa (60 por ciento). Imagínese el tamaño del negocio. El reclusorio no le da ropa pero le cobra a su familia por traérsela y así sucesivamente con los zapatos, los medicamentos, la comida, las sábanas, etcétera.(4)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el auxilio de las comisiones locales de cada entidad federativa, realiza año con año un exhaustivo diagnóstico del sistema penitenciario. Lo que se desprende de sus reportes es estremecedor. La CNDH ha documentado fehacientemente que las cárceles son espacios propios para la ingobernabilidad y la violación cotidiana de derechos humanos, tanto de los internos como de las familias que quieran visitarlos o mantener el contacto con ellos.
El sistema penitenciario nacional, según la CNDH, obtiene una calificación muy por debajo de lo deseable. En una escala del cero al 10, por lo que toca al derecho a una estancia digna y segura en prisión, nuestros centros de reclusión obtienen un 6.85, que baja hasta 6.03 cuando se trata de garantizar la integridad física y moral de los internos. En su conjunto, la CNDH califica al sistema penitenciario de este país con una nota de 6.59.(5)
Cabe citar asimismo el tema económico: mantener un sistema penitenciario que no nos ofrece buenos resultados es muy caro. Según un estudio elaborado por la Cámara de Diputados, el costo de manutención de las cerca de 224 mil personas que están privadas de la libertad, alcanza alrededor de 34 millones de pesos diarios. (6) Cada interno cuesta en promedio 155 pesos al día. Sin embargo, dicha cifra oscila desde los 643 pesos que gasta Campeche hasta los 59 de Guerrero.
Una vez más hay que preguntarse si tiene sentido mantener internadas a personas que no ofrecen peligro alguno mientras esperan sentencia o, por el otro lado, si cuestiones en verdad menores merecen las penas de prisión que están previstas por nuestros legisladores en los códigos penales de la Federación y los estados.
¿En verdad queremos seguir recluyendo a tanta gente como lo hemos hecho en los últimos años?, ¿los resultados alcanzados son los que deseamos?. Tal vez estamos buscando en el derecho penal respuestas que éste no puede ofrecer.
De la respuesta que podamos dar a esas preguntas depende el futuro de nuestras cárceles. La sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos es un poderoso recordatorio de que, en materia de cárceles, la peor política a seguir es la de no hacer nada. Ojalá nuestros políticos mexicanos lo tengan claro.
José Carbonell es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Miguel Carbonell es investigador del IIJUNAM.
Situación del sistema penitenciario en América
Sólo tres países del continente no sufren sobrepoblación en sus cárceles. Los presos sin condena son un problema en todo el continente.
100% de ocupación carcelaria
| | El Salvador | República Dominicana | Perú | Bolivia | Brasil | Guatemala | Chile | Panamá | Ecuador | Colombia | Honduras | Uruguay | Nicaragua | México | Venezuela | Paraguay | Estados Unidos | Costa Rica | Argentina | Canadá |
| Año | 2009 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2007 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 |
| Tasa de población carcelaria (por 100 mil habitantes) | 370 | 189 | 151 | 80 | 242 | 70 | 305 | 296 | 79 | 167 | 151 | 261 | 107 | 204 | 85 | 95 | 743 | 224 | 132 | 117 |
| Porcentaje de ocupación carcelaria | 254% | 188 | 178 | 165 | 157 | 156 | 155 | 145 | 144 | 139 | 138 | 136 | 133 | 130 | 117 | 116 | 110 | 98 | 94 | 91 |
| Porcentaje de población carcelaria sin sentencia | 34% | 62 | 61 | 74 | 37 | 54 | 23 | 61 | 44 | 33 | 50 | 66 | 21 | 41 | 62 | 70 | 21 | 26 | 59 | 36 |
Fuentes: Nuestra democracia. PNUD-OEA-FCE, México, 2010. Para el caso de Estados Unidos y Canadá: http://www.prisonstudies.org
Nota: en algunos países los datos varían de año según el indicador; en esos casos se indica el más preponderante.
Notas:
(1) Inconstitucional el hacinamiento en prisiones... en EU de Saúl López Noriega. Nexos, 26 de mayo de 2011.
(2) Un ejemplo: en 1997 la sobrepoblación carcelaria alcanzaba el 14.5 por ciento; en 1995 era casi inexistente.
(3) Datos de marzo de 2010. Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias de Efrén Arellano Trejo. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
(4) El problema de los penales de Gustavo Fondevila. Reforma, 5 de abril de 2010.
(5) Véase http://www.cndh.org.mx/DIAGNACSP_2010/Principal.asp.
(6) Delincuencia y Seguridad Pública en México. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 2 de junio de 2011.
Nota: en algunos países los datos varían de año según el indicador; en esos casos se indica el más preponderante.
Notas:
(1) Inconstitucional el hacinamiento en prisiones... en EU de Saúl López Noriega. Nexos, 26 de mayo de 2011.
(2) Un ejemplo: en 1997 la sobrepoblación carcelaria alcanzaba el 14.5 por ciento; en 1995 era casi inexistente.
(3) Datos de marzo de 2010. Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias de Efrén Arellano Trejo. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
(4) El problema de los penales de Gustavo Fondevila. Reforma, 5 de abril de 2010.
(5) Véase http://www.cndh.org.mx/DIAGNACSP_2010/Principal.asp.
(6) Delincuencia y Seguridad Pública en México. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 2 de junio de 2011.
La cultura política
(21 agosto 2011).- Téngalo presente
Hacia una política de rendición de cuentas en México. Seminario organizado por el IFAI, CIDE y la Red por la Rendición de Cuentas. Jacqueline Peschard, Marcus Melo, Juan Pardinas, Mauricio Merino, Pedro Salazar, Miguel Pulido, Sergio López-Ayllón, entre otros. Lunes 22 y martes 23, 9:30 horas. Hotel Meliá. Paseo de la Reforma 1. Informes: 5727 9800 ext. 2344. Programa: http://bit.ly/qjPxXi.
Conferencias
Elecciones, rebeliones e identidades en tiempos de transición política. Willibald Sonnleitner. Miércoles 24, 12:00 horas. Salón 1, Instituto Mora. Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. Informes: 5598 3777.
Violencias estatales contemporáneas. El tratamiento de los cuerpos. Pilar Calveiro. Miércoles 24, 16:00 horas. Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Lula y el lulismo. André Singer. Jueves 25, 12:30 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5449 3000 ext. 3131.
Ferias
Feria del libro en Ciencias Sociales. Organiza el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Martes 23 al viernes 26, 10:00 horas. Explanada del Instituto. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7360.
Foros
Las políticas públicas del agua en la región poniente del Valle de México. Miércoles 24 y jueves 25. Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FES Acatlán de la UNAM. Alcanfores y San Juan Totoltepec s/n, Santa Cruz Acatlán, Naucalpan. Informes: 5623 1750 ext. 38929.
Derechos de la mujer indígena frente a la migración. Jueves 25, 9:30 horas. Martha Judith Sánchez, Beatriz Canaval, Alicia Lemus y representantes de Corporación Cactus, Tlachinollan y Foca A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Serapio Rendón 7, San Rafael. Informes: 5546 8217.
Evaluación de la política forestal en México. Alejandro Mohar, Ignacio Pichardo, Gustavo Sánchez y Gustavo Ampugnani. Organiza Greenpeace México. Jueves 25, 19:00 horas. Auditorio de la Fundación para la Protección de la Niñez, IAP. México Coyoacán 350, Xoco. Informes: 5687 9595 ext. 120.
Libros
Daniel Cosío Villegas: un protagonista de la etapa constructiva de la Revolución Mexicana de James W. Wilkie y Edna Monzón Wilkie. Colmex. Entrevistas realizadas por los investigadores norteamericanos entre abril de 1964 y enero de 1965 al historiador mexicano. Edición y notas de Rafael Rodríguez Castañeda, Adolfo Castañón y Diego Flores Magón.
Décadas de inestabilidad y amenazas. México, 1821-1848 de Josefina Zoraida Vázquez. Colmex. Conjunto de artículos sobre el periodo de transición entre el esplendor de la Nueva España y el inicio de la Reforma.
Historias de la psicología comunitaria en América Latina. Participación y transformación compilado por Maritza Montero y Irma Serrano-García. Paidós. Reseña de las experiencias nacionales que han auspiciado y definido el desarrollo de la psicología comunitaria en 20 países de la región.
México para los mexicanos. La Revolución y sus adversarios de Lorenzo Meyer. Colmex. Antología de textos escritos a lo largo de cuatro décadas, que recrean y explican los temas relacionados con dos de los principales procesos políticos que acompañaron a la Revolución Mexicana: nacionalismo y autoritarismo.
Poder y política en los estudios internacionales editado por Reynaldo Yunuen Ortega y Gustavo Vega. Colmex. Análisis de las relaciones entre México y Estados Unidos en los ámbitos político, económico y social. La dimensión múltiple del poder de las naciones y la interacción de los Estados y el sistema internacional.
Sociedad civil organizada y democracia en México de Fernanda Somuano. Colmex. La autora revisa la información disponible sobre organizaciones de la sociedad civil en México, describe su estructura y funcionamiento.
Mesas redondas
Ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal. Reyna Carretero, Eduardo González Di Pierro, Rosario Herrera y Oliver Kozlarek. Jueves 25, 17:00 horas. Plantel Del Valle de la UACM. San Lorenzo 290, Del Valle. Informes: 5488 6661.
Democracia electoral. Francisco Valdés Ugalde, Francisco José Paoli Bolio, José Alberto Aguilar, Dong Nguyen, entre otros. Miércoles 24, 18:30 horas. Aula magna de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5703 1455.
Presentaciones
Índice de Víctimas Visibles e Invisibles. Edna Jaime, Alejandro Martí, Isabel Miranda. Organiza México Evalúa. Lunes 22, 11:00 horas. Salón Sonora, hotel Fiesta Americana. Paseo de la Reforma 80. Informes: 5985 0252.
Seminarios
La automatización de los procesos jurisdiccionales. Enrique Cáceres, Alejandro Pisanty, entre otros. Lunes 22 y martes 23, 9:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474 ext. 1735. Programa: http://bit.ly/nWe82P.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
