Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org
Domingo 15 de Enero de 2012
SUPLEMENTO ENFOQUE DE REFORMA
Colaborador Invitado / Estela de Luz: reflejo del fracaso
Ojalá que con el tiempo el monumento recién inaugurado por Felipe Calderón sólo sea el recuerdo de una mala época
Colaborador Invitado
(15 enero 2012).- Alejandro Rosas
Historiador y escritor.
Su obra mas reciente es "365 días para conocer la historia de México", (Planeta, 2011).
El 16 de septiembre de 1910, Porfirio Díaz inauguró la columna de la independencia en una ceremonia sencilla que, sin embargo, fue el evento más significativo de las fiestas del Centenario. La sociedad recibió con beneplácito el monumento; en poco tiempo se convirtió en un icono y la victoria alada se transformó en "el ángel" del Paseo de la Reforma.
La primera piedra del monumento había sido colocada desde enero de 1902; su construcción enfrentó una serie de problemas de cálculo y en 1907, cuando la obra alcanzaba 20 metros de altura -de los 45 totales-, la columna perdió verticalidad. A tres años de los festejos, el gobierno se dio el lujo de mandarla desmontar y cimentar de nuevo. A pesar del contratiempo, la victoria alada diseñada para conmemorar el Centenario estaba lista desde agosto de 1910, un mes antes del 16 de septiembre, fecha señalada para su develación.
El Centenario de la Independencia fue la apoteosis del régimen porfirista. México llegó a septiembre de 1910 con un proyecto nacional sólido -construido a lo largo de 30 años- pero establecido bajo el más férreo autoritarismo de una dictadura. El orden, la paz y el progreso se reflejaban en la columna de la independencia; representaba una época, la transformación de un país que vivió bajo la sombra de la anarquía durante la mayor parte del siglo XIX y que había logrado ingresar al camino de la modernización en poco tiempo.
101 años después
En el fallido monumento conmemorativo del 2010 + 1 lo importante no es la forma, sino el fondo. Las consideraciones arquitectónicas, estéticas o urbanísticas pueden quedarse al margen porque parten de visiones subjetivas. La Estela de Luz refleja, en primera instancia, lo que no fue el 2010. Fecha simbólica, pasará a la historia como otra oportunidad que se perdió.
El 2010 se presentaba como el momento preciso para replantear al país, para refundar muchas de sus estructuras políticas, para convocar, para sumar, para distender la polarización, para establecer un proyecto de nación con todo y sus diferencias; era la oportunidad para que la fracasada clase política de la transición -que tiene paralizado al país desde la alternancia del 2000- asumiera su responsabilidad frente a la realidad nacional, pero nada sucedió.
La Estela de Luz, la noche del grito del 2010, el desfile de carnaval, el asunto de los restos patrios, las banderas regaladas, los espectáculos de luz y sonido, los fuegos de artificio y el presupuesto gastado hubieran sido considerados como algo normal -como sucede en otros países en sus grandes conmemoraciones-, si el Bicentenario hubiera tenido coordinación, sustancia, reflexión, autocrítica del gobierno, de todas las fuerzas políticas y de la propia sociedad. Pero todo se quedó en la forma. A pesar de las críticas al gobierno, la responsabilidad por el fracaso del 2010 es compartida.
Entregada más de un año después del Bicentenario -como si nos hubiera tomado por sorpresa el 2010-, con cualquier cantidad de problemas de transparencia y desorganización, y excesivamente costosa, la Estela de Luz refleja el país que somos hoy, un país de muchos fracasos y pocos éxitos, donde las cosas se hacen al vapor, con mediocridad, sin planeación, un país de ocurrencias, donde los problemas se resuelven a medias y tarde. Un país que navega a la deriva y que continúa polarizado.
El luminoso monumento conmemorativo representa la tensión entre el pasado autoritario, impune y antidemocrático pero desgraciadamente efectivo -nadie puede imaginar que los encargados de la obra le hubieran entregado tarde al presidente Díaz o a López Portillo- y el presente democrático, inconsistente, desordenado y poco eficaz. Entre ambos mundos gravita el futuro de México. Ojalá que con el tiempo la Estela de Luz sólo sea el recuerdo de una mala época y que, dejando atrás el anecdótico episodio, la democracia haya arraigado como una forma de vida para la construcción de un país distinto.
Encuesta / A la conquista de los indecisos
Encuesta Elecciones 2012. El 59 por ciento de los encuestados por Reforma asegura que aún no deciden su voto en los próximos comicios presidenciales
Alejandro Moreno
(15 enero 2012).- Aún con medio año de actividad política por delante, uno de cada cinco electores dice que ya decidió por quién votará para Presidente el 1o. de julio. Sin embargo, la mayoría restante permanece entre la indecisión y la duda. En el proceso electoral que se avecina, podemos preguntarnos quiénes son los candidatos presidenciales y qué proponen, pero también resulta útil saber quiénes son los electores que ya decidieron su voto, quiénes son los indecisos, cuáles son sus intereses y qué esperan de los candidatos y sus campañas. La razón es sencilla: los indecisos de hoy podrían ser los que definan quién será el próximo presidente de México.
De acuerdo con la encuesta nacional en vivienda que GRUPO REFORMA realizó el pasado mes de noviembre, el 22 por ciento de los consultados dijo que ya había decidido su voto, el 8 por ciento afirmó que ya había decidido pero que aún podía cambiar de opinión, y el 59 por ciento confesó que todavía no había decidido por quién votar. Es de esperarse que con tanta anticipación la mayoría de los mexicanos aún estén expectantes a la definición de las candidaturas y al inicio formal de las campañas electorales. También es posible que muchos indecisos terminen por no acudir a las urnas. Ya en el mes de noviembre el 8 por ciento de los encuestados afirmaba que no piensa acudir a votar en la próxima elección. Las campañas bien podrían ser un factor que los movilice a ejercer el sufragio, o que los termine de desanimar y, por ende, a engrosar las filas de los abstencionistas. Pero, ¿quiénes son esos indecisos, cuáles son los temas que más les interesan, cuánta cercanía o lejanía sienten hacia los aspirantes a la Presidencia?
El estudio de Reforma indica que entre los indecisos prevalecen las mujeres (principalmente las amas de casa), los jóvenes menores de 30 años (principalmente estudiantes), los obreros, las minorías religiosas (principalmente los evangélicos y los protestantes), los electores no partidistas y los que se ubican en el centro del espectro ideológico.
Por el contrario, los electores que en mayor medida ya han decidido su voto desde ahora son los hombres, los mayores de 50 años de edad (muchos de ellos jubilados), los electores con una educación universitaria, las clases medias (incluidos muchos electores que se dedican a la actividad empresarial), los electores ideológicos que se ubican en los polos de extrema izquierda y extrema derecha, los partidistas duros, y los electores que profesan la religión católica.
Según los resultados de la encuesta, los indecisos no solamente tienen características sociales que los distinguen de los electores que ya decidieron su voto desde ahora, sino que también expresan algunas opiniones políticas diferentes. Por ejemplo, los que ya decidieron cómo votar están más convencidos de que su voto efectivamente cuenta mucho (58 por ciento), mientras que los indecisos no se muestran tan convencidos de ello (43 por ciento). Quizás las campañas, ya sean de los partidos o de las autoridades electorales, tendrán que convencer a los indecisos de que su voto cuenta; pero para ello también se requiere que los partidos procuren ganar conciencias y votos en vez de apostar solamente al intercambio de favores o a los conflictos y anulaciones postelectorales. El sentimiento de que el voto no cuenta puede ser tan amplio cuando hay un fraude como cuando se anula una elección por motivos legales.
Muchos mexicanos ven el voto como un instrumento de cambio, pero no todos. El 44 por ciento de los mexicanos manifiesta la creencia de que, como votantes, pueden cambiar las cosas con su voto. Esta creencia es muy importante en una democracia, ya que no solo confirma la convicción de que el voto cuenta, sino también que éste hace una diferencia. Según la encuesta, los electores que ya decidieron su voto comparten mucho más la idea de que pueden cambiar las cosas a través de su sufragio (62 por ciento) que los que están indecisos (39 por ciento). Una vez más, el llamado al voto de los indecisos puede complementarse con la idea de que su voto puede marcar la diferencia. Los indecisos pueden inclinar los resultados de las elecciones hacia un lado u otro, el problema es que no lo saben o no están muy convencidos de ello.
El desinterés en las elecciones también es un factor que distingue a los indecisos de los que ya decidieron su voto. En general, el 33 por ciento de los entrevistados manifestó tener mucho interés en el proceso electoral de este 2012. Como se ha visto en otras elecciones anteriores, lo más probable es que el interés en la política aumente conforme se acerque la elección. Por el momento, esa proporción de 33 por ciento llega a ser de 57 por ciento entre los electores que ya decidieron su voto, pero de 28 por ciento entre los indecisos. Estos últimos tienen claramente un menor interés en las elecciones. ¿Qué podría llamar la atención de los indecisos al proceso electoral? Una opción es que se definan y se perciban diferencias claras entre las opciones políticas. Según la encuesta, el 62 por ciento de los que ya decidieron su voto sí percibe diferencias entre las ideas, las propuestas y las formas de gobernar de los partidos políticos, pero entre los indecisos esa proporción baja a 42 por ciento (e incluso al 31 por ciento entre quienes no piensan ir a votar). Los indecisos perciben menos diferencias entre las opciones políticas.
Acaso por su menor interés y porque son más dados a pensar que todos los partidos son lo mismo, entre los indecisos también impera la indiferencia acerca de quién gane o pierda la elección presidencial. Según la encuesta, al 34 por ciento de los entrevistados sí les importa mucho quién resulte el ganador de los comicios, proporción que aumenta a 60 por ciento entre los que ya decidieron su voto, pero que se reduce a menos del 30 por ciento entre los indecisos. Aunado a lo anterior, el interés de los indecisos en el proceso electoral puede ampliarse si las campañas marcan diferencias claras en sus propuestas, si logran persuadir a los electores de que el país puede seguir rumbos distintos si gana uno u otro candidato, y, más aún, si refuerzan el sentimiento ciudadano de que su voto cuenta y que a través de éste pueden cambiar o definir las cosas. Ésa es una característica muy importante de la democracia: que el ciudadano esté consciente de que puede ratificar a un partido en el gobierno o cambiarlo con el ejercicio de su voto.
Pero falta considerar un elemento más que se desprende de la encuesta: que la gran mayoría de los electores, indecisos o no, siente un profundo alejamiento de la clase política. Según el estudio, 78 por ciento de los entrevistados dijo sentirse lejano de los gobernantes, mientras que el 84 por ciento manifestó su sentimiento de lejanía con respecto a los políticos. Ésta parece una brecha muy difícil de cerrar y no habrá quien diga que cuando se trata de políticos específicos la cosa cambia. Sin embargo, cuando se les pone cara, nombre y apellido a los políticos, el sentimiento de lejanía prevalece: según el sondeo, el 74 por ciento de los entrevistados dijo sentirse lejano de Enrique Peña Nieto, el 76 por ciento de López Obrador, el 80 por ciento de Josefina Vázquez Mota, y el 83 por ciento dijo sentirse lejano de Santiago Creel y de Ernesto Cordero. El sentimiento de desconexión con los políticos es más que claro. En la encuesta, una ama de casa de 65 años de edad residente del estado de Chiapas comentó que se sentía alejada de los políticos "porque generalmente se acercan al pueblo cuando están en campaña y esperan el voto, pero cuando lo obtienen se olvidan de toda promesa que hicieron ellos mismos". Por su parte, un comerciante de 35 años del estado de Hidalgo añadió que los políticos "no se acercan a las necesidades del pueblo, sino que solamente piensan en sus propios intereses". En ese sentido, la tarea de pedir el voto a una sociedad que se siente lejana a la política se antoja complicada.
La mayoría de los mexicanos está indecisa sobre cómo o por quién votará en este año. Le caracteriza un sentimiento de separación de la clase política, de desinterés, de que el voto no hace ninguna diferencia y de que las opciones políticas son lo mismo. Al parecer, la conquista de los indecisos no solamente será por su voto, sino para fortalecer o alimentar sus convicciones con la democracia. El reto es claro: ¿lograrán los políticos a través de sus campañas convencer al ciudadano de que se pueden tender puentes entre ellos, acercarse más a la gente, y responderles aun cuando les han otorgado su voto? Habrá que estar al pendiente de ello.
Electorado indeciso
¿Me podría decir si usted...?
| Aún no decide el voto | 59% |
| Ya decidió definitivamente por quién votar para presidente | 22% |
| Ya decidió pero aún podría cambiar de opinión | 8% |
| No piensa ir a votar | 8% |
| No sabe | 3% |
Perfil de los indecisos
¿Usted ve diferencias en las ideas, propuestas y formas de gobernar de los partidos políticos o cree que todos los partidos son lo mismo?
| | Ve diferencias | Son lo mismo |
| Quienes ya decidieron su voto | 62% | 35% |
| Quienes están indecisos | 42 | 52 |
· Para la siguiente pregunta imagine por favor que sentirse "cercano" a alguien significa identificarse con esa persona, compartir sus intereses, valores y puntos de vista; mientras que sentirse "lejano" significa estar desconectado y tener intereses y valores distintos. Dígame si usted en lo personal se siente cercano o lejano de...
| | Muy o algo cercano | Muy o algo lejano |
| Los gobernantes | 17% | 78% |
| Los políticos | 13 | 84 |
Sexo
| | Ya decidió | No ha decidido* | No piensa votar |
| Hombre | 28% | 65% | 7% |
| Mujer | 16 | 76 | 8 |
Edad
| | Ya decidió | No ha decidido* | No piensa votar |
| 18-29 años | 15 | 73 | 12 |
| 30-49 | 21 | 72 | 7 |
| 50 o más | 32 | 64 | 4 |
Escolaridad
| | Ya decidió | No ha decidido* | No piensa votar |
| Básica | 19 | 75 | 6 |
| Media | 20 | 71 | 9 |
| Superior | 33 | 61 | 6 |
Ocupación
| | Ya decidió | No ha decidido* | No piensa votar |
| Empresario | 40 | 56 | 4 |
| Profesionista | 33 | 63 | 4 |
| Empleado oficinista | 34 | 59 | 7 |
| Empleado en comercio | 28 | 69 | 3 |
| Obrero | 20 | 69 | 11 |
| Informal | 31 | 61 | 8 |
| Trabajador agrícola | 20 | 76 | 4 |
| Jubilado | 48 | 52 | 0 |
| Estudiante | 12 | 78 | 10 |
| Ama de casa | 14 | 78 | 8 |
Clase social subjetiva
| | Ya decidió | No ha decidido* | No piensa votar |
| Clase media alta | 27 | 73 | 0 |
| Clase media baja | 24 | 70 | 6 |
| Clase obrera | 13 | 74 | 13 |
| Clase baja | 20 | 70 | 10 |
Ideología
| | Ya decidió | No ha decidido* | No piensa votar |
| Izquierda | 36 | 51 | 12 |
| Centro-izquierda | 20 | 72 | 8 |
| Centro | 16 | 73 | 11 |
| Centro-Derecha | 18 | 77 | 5 |
| Derecha | 34 | 63 | 3 |
| Partidistas duros | 44 | 54 | 2 |
| Partidistas blandos | 21 | 74 | 5 |
| No partidistas | 13 | 75 | 12 |
Religión
| | Ya decidió | No ha decidido* | No piensa votar |
| Católicos | 23 | 71 | 6 |
| Evangélicos /protestantes | 14 | 75 | 11 |
| Sin religión | 23 | 64 | 13 |
*Incluye a los que respondieron que "podrían cambiar" o "no sabe".
Metodología: encuestas con entrevistas personales en vivienda a nivel nacional realizadas del 25 al 27 de noviembre de
Desangeladas, frías, invisibles...
Reportaje Precampañas del PAN. Roberto Gil, Juan Ignacio Zavala y Humberto Aguilar admiten que la contienda entre Vázquez Mota, Cordero y Creel no prende fuera del PAN. Dan explicaciones y confían en que el debate del martes relance el proceso interno
Ernesto Núñez y Jésica Zermeño
(15 enero 2012).- El proceso necesita un impulso. Las condiciones cambiaron cuando el IFE autorizó a los precandidatos del PRI y de la izquierda hacer actos de proselitismo. Necesitamos hacer más vistosa la contienda. Con argumentos como estos, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, trataba de convencer a la precandidata Josefina Vázquez Mota y al coordinador de la precampaña de Santiago Creel, Humberto Aguilar, de llevar a cabo una "consulta indicativa" que permitiera a los panistas conocer el verdadero nivel de simpatías de sus presidenciables y provocar que uno tomara una decisión que propiciara una contienda de dos, más atractiva para la ciudadanía.
"La precampaña no levanta", secundaba al funcionario el dirigente nacional panista Gustavo Madero. Y el precandidato Ernesto Cordero agregaba que las condiciones impuestas por la resolución del IFE, adoptada el 27 de diciembre, habían provocado que lo que era una ventaja para el PAN -tener un proceso democrático para elegir a su candidato- se convirtiera en una desventaja.
La reunión convocada por Madero se desarrollaba en el Restaurante Palominos, de Insurgentes Sur, la tarde del martes 3 de enero. En ella, Vázquez Mota y el enviado de Creel no variaron su postura de rechazo total a una consulta que, argumentaron, no resultaba oportuna (al plantearse su realización el 15 de enero, apenas 20 días antes de la votación del 5 de febrero), ni representativa (al pretenderse empatar con un proceso de preselección de candidatos a diputados plurinominales en el que sólo participarían miembros activos de 68 distritos electorales del país).
La idea, propuesta originalmente por el presidente Felipe Calderón en las reuniones que por separado sostuvo con los tres precandidatos (el martes 20 de diciembre), llegó pese a todo al seno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN al día siguiente.
Todavía en el CEN la consulta fue defendida por dos dirigentes cercanos al Presidente: su ex secretario particular, Luis Felipe Bravo Mena, y su hermana, Luisa María Calderón. Siempre con el argumento de que el proceso interno necesitaba revitalizarse.
Ante el rechazo unánime que se veía venir, Madero decidió desechar la propuesta sin ponerla ni siquiera a votación.
En el PAN hay preocupación por el estado de sus precampañas.
Sus precandidatos recorren el país para dictar largas conferencias de prensa, reunirse con unos cuantos líderes locales y encabezar desangeladas reuniones que no alcanzan a ser mítines, con menos de mil personas y en locales cerrados: oficinas del partido, restaurantes, auditorios pequeños, bodegas y hasta domicilios particulares.
En 27 días de precampaña, contados desde el 18 de diciembre hasta el 13 de enero, los aspirantes panistas han tenido entre los tres menos de 10 mítines con más de 2 mil personas: cuatro de Vázquez Mota (Mérida, Yucatán; Tierra Blanca, Veracruz; Villa Victoria, Estado de México, y Zococolco, Veracruz); tres de Cordero (Ejutla, Oaxaca; Ticul, Yucatán y Monterrey, Nuevo León), y sólo uno de Santiago Creel en Naucalpan, Estado de México.
Los panistas dividieron su fuerza en tres y eso les pega en la movilización de simpatizantes, pero también en su presencia mediática. Según los monitoreos del IFE disponibles hasta el momento sobre la cobertura de las precampañas en radio y televisión, Andrés Manuel López Obrador abarcó el 29.4 por ciento de las notas en las dos primeras semanas; Enrique Peña Nieto el 25.3 por ciento; Cordero el 16, Creel el 15 y Vázquez Mota el 13.5 por ciento.
Con tres contendientes, la Comisión Nacional de Elecciones del PAN se tardó más de un mes en procesar un acuerdo para celebrar en las próximas semanas dos debates que, según miembros de los tres equipos, pueden dar más visibilidad al proceso interno para competir con el posicionamiento que están logrando los dos precandidatos únicos.
Operadores de los tres aspirantes admiten que sus precampañas no levantan y que la contienda, a diferencia de lo ocurrido en 2005, no ha motivado aún a la militancia ni ha atraído al resto de la ciudadanía.
Entre las explicaciones que ofrecen destacan: las restricciones de la ley electoral y de las propias reglas del PAN, la reducción de los tiempos, la época navideña en que arrancaron, la imposibilidad de celebrar primarias en etapas -como la contienda entre Felipe Calderón, Santiago Creel y Alberto Cárdenas-, los límites de aportaciones y gasto -10 millones de pesos por precandidato-, y la falta de acuerdo entre los tres equipos para celebrar debates y hacer la consulta indicativa.
'Estamos constreñidos'.- Gil
El coordinador general de la precampaña de Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil Zuarth, encuentra en la reforma electoral del 2007 y las restricciones que ésta impuso a partidos y precandidatos, los motivos por los que el proceso interno del PAN no termina de cuajar.
"La reforma sí constriñó de manera importante los márgenes para hacer contiendas atractivas, vistosas, que generen visibilidad hacia las posiciones de cada uno de los partidos y precandidatos. Esto desde el momento en que no es posible, sobre todo por la interpretación de la ley y los criterios que ha fijado la Sala Superior del Tribunal Electoral (caso Nayarit), dejar que el debate entre precandidatos fluya en medios de comunicación.
"Las propias reglas hacen difícil una contienda como fue hace seis años, cuando tuvimos un largo periodo con la flexibilidad para hacer innovaciones, meterle creatividad al proceso y hacerlo en fases regionales; ahora tenemos que resolver el proceso interno en plazos muy definidos, previa notificación al IFE, con restricciones y limitaciones a la presencia pública de los precandidatos", explica.
Gil, quien el 14 de diciembre dejó el cargo de secretario particular del presidente Felipe Calderón y se unió el 9 de enero al equipo de Vázquez Mota, explica que las nuevas reglas de precampaña limitaron, además del tiempo, las condiciones para el desarrollo del proselitismo, al establecer límites a las aportaciones y a los gastos más estrictos.
No hay grandes mítines, ni giras exhaustivas por los estados que visitan los panistas, por estas limitantes, argumenta.
Aun así, confía en que su precandidata logre tener en el proceso interno del PAN una plataforma adecuada para proyectarse rumbo a la contienda del 1o. de julio.
El también ex candidato a la dirigencia nacional del PAN (en diciembre del 2010) confía en que la sociedad terminará apreciando el hecho de que el candidato panista sea el único que surja de una contienda democrática.
"Los precandidatos únicos están gozando actualmente de una ventaja ilegítima, con la resolución del IFE que por cierto el PAN impugnó. Pero no tengo duda de que cuando haya una definición en urnas de los panistas sobre la candidatura presidencial tendremos un impulso que nos va a poner en buena posición para competir, porque en ese momento todo el partido se unirá en un solo proyecto. La plataforma de Acción Nacional va a ser altamente competitiva, en buena medida por la contienda democrática en sí, pero también por el liderazgo que vamos a escoger, que es el de Josefina", afirma.
Gil comenta que el debate del próximo martes es una buena oportunidad para presentar a la ciudadanía un partido democrático, capaz de contrastar proyectos y perfiles. Niega que Vázquez Mota rehúya debatir con Cordero y Creel, y pone como prueba de ello su presencia en los tres foros organizados por el partido y en un debate que se transmitió por internet.
El coordinador añade que la candidatura panista será más fuerte mientras más rápido se defina, por lo que la estrategia de Vázquez Mota es alcanzar los votos suficientes para concluir el proceso interno en la primera vuelta, el 5 de febrero, y no tener que esperar hasta la segunda ronda prevista para el 19 del mismo mes.
"Lo único que no se recupera en una campaña es el tiempo", advierte, "entre más tiempo tengamos para construir la unidad, prepararnos y construir el proyecto, más potencia de salida tendremos".
'Esto tarda en calentarse'.- Zavala Para reanimar el proceso interno en el PAN, el equipo de Ernesto Cordero planteó en diciembre llevar a cabo un debate y una jornada indicativa cada semana durante el mes de enero. Pero fue imposible procesar esta propuesta en la Comisión Nacional de Elecciones del partido.
Ante la falta de una consulta indicativa que hubiera movilizado a la militancia y atraído a la ciudadanía, el equipo de Cordero empujó que se aprobaran dos debates, y hoy confía en que el primero de ellos, el próximo martes, "prenda" el proceso.
Juan Ignacio Zavala, coordinador de contenido y mensaje del ex secretario de Hacienda, asegura que ese debate colocará al PAN y a sus precandidatos en el centro de la atención mediática, e impulsará a quien resulte ganador.
"El debate siempre ha sido una fortaleza de Acción Nacional. Por eso no se entiende la reticencia al debate, esta intención de tratar de tener una candidata de unidad, de estar metiendo en los medios la idea de tener una candidata por encuesta. Aquí el debate le va a dar mucha fuerza al partido y a los precandidatos", señala.
Zavala afirma que Josefina, Creel y Cordero tienen buenas capacidades para dar un debate de altura en el que se contrasten proyectos y trayectorias. Aunque confía en que su precandidato será quien más se proyecte a partir de dicho ejercicio.
"Las jornadas indicativas apuntaban a fortalecer el proceso, a poner reflector en el partido, desgraciadamente no se pudieron dar, ahora los debates sin duda nos van a ayudar", anticipa.
Zavala, ex vocero del PAN, de la PGR y de la Cancillería, es además de cuñado del presidente Calderón uno de sus principales asesores en materia de discurso e imagen desde que buscó la candidatura del PAN en 2005. Se unió al equipo de Cordero el 14 de diciembre pasado.
Como coordinador de contenido y mensaje, admite que las restricciones legales han frenado las precampañas del blanquiazul, pero considera normal que en una contienda de este tipo no haya concentraciones masivas ni giras intensas.
"¿Por qué no prende después de un mes?, pues porque esto se tarda en calentarse. Los candidatos están haciendo sus esfuerzos, sus giras con mayor o menor éxito, o están haciendo sus cambios de emergencia, como Josefina con la incorporación de Roberto Gil. Ésa es la dinámica de la campaña.
"La dinámica en el PAN debe ser acorde con su militancia, todo lo demás es un exceso o está pagado. Para ir con los miembros activos y adherentes, en una ciudad media, una reunión de 500 es de buen tamaño. Ya para llenar una plaza con miles se involucran otros factores que no necesariamente muestran intención de voto panista. La precampaña de Ernesto se va administrando, no requiere necesariamente mostrar músculo ahora", añade.
'Sabíamos que así iba a ser'.- Aguilar
Humberto Aguilar, coordinador de la precampaña de Santiago Creel, narra que desde agosto del año pasado su precandidato propuso a la dirigencia nacional del PAN establecer un mecanismo oportuno, representativo y adecuado para decantar la lista de aspirantes del blanquiazul y anticiparse a los problemas de dispersión que hoy se están enfrentando.
El dirigente Gustavo Madero no atendió la propuesta y, cuando quiso empujar la "consulta indicativa" como mecanismo para impulsar una contienda de dos, recibió como primera respuesta el rechazo rotundo de Creel.
El senador poblano también considera que las reglas derivadas de la reforma del 2007 limitaron el proceso interno panista, pero más aún, la resolución del IFE que permite a precandidatos únicos hacer proselitismo abierto va en contra del espíritu de esa reforma, que era el de evitar derroches, hacer precampañas cortas y equitativas.
Sin embargo, afirma que el PAN no se puede llamar a sorpresa y querer justificar con la resolución del IFE un cambio repentino en las reglas de la contienda interna.
"Si desde el año pasado se hubiera encontrado una fórmula, un método para llegar al escenario de dos precandidatos o incluso uno solo, a lo mejor hoy la competencia estaría mucho más cerrada.
"Sabíamos que Peña y AMLO iban a estar en precampaña, lo estaban haciendo desde antes de la decisión del IFE. Entonces, como argumento para empujar de última hora una consulta indicativa no era adecuado. La consulta no nos parecía porque el 15 de enero estaba a 20 días de la elección; si hubiera sido dos meses antes, hubiera tenido justificación política, jurídica y mediática y se hubieran resuelto los problemas de logística. Tal como se planteaba, al inicio del año, hubiera propiciado más problemas que soluciones", sentencia.
Aguilar confía en que la estrategia de Creel, basada en reuniones en corto con la militancia, sin grandes mítines ni derroche de recursos, le permita dar una sorpresa el 5 de febrero.El creelista coincide en que el debate puede levantar el ánimo del panismo y atraer a los ciudadanos hacia un proceso que, hasta el momento, no ha cumplido las expectativas de la dirigencia partidista, del Presidente, ni de los propios aspirantes.
Josefina: dos horas de espera
Anochece en Uruapan; es viernes 6 de enero y la ciudad luce tranquila y silenciosa. A la entrada del pueblo, en el salón Centauro, una mujer llamada Hilda batalla para mantener calmados a sus dos hijos, que corren y juguetean en medio de 400 sillas, la mitad de las cuales están desocupadas.
Hilda esperó dos horas a que llegara Josefina Vázquez Mota, que justo empezó a hablar cuando sus niños estaban más desesperados. Para entonces, traen la panza llena de chicharrones de harina y refresco, que fueron ofrecidos por los organizadores para aligerar la espera.
En el templete, junto a Vázquez Mota, sonríen los operadores del panismo de Uruapan, entre ellos Antonio González, uno de los ex alcaldes presos durante el llamado "michoacanazo" del 2009.
La precandidata y su equipo viajaron en avión privado desde Morelia para asistir a esta reunión a la que presuntamente asisten solo militantes de Acción Nacional con derecho a voto el próximo 5 de febrero. Pero cuando se pregunta a los asistentes por su afiliación, uno de cada tres admite que no tiene credencial de panista.
Aún así, la precandidata se empeña en convencerlos. Comienza hablándoles de sus inicios en Acción Nacional y de cómo sus responsabilidades en Sedesol y la SEP la llevaron muchas veces a Michoacán. En un atropellado discurso, Vázquez Mota echa por delante su condición de mujer. Habla de inseguridad y violencia y, en contradicción con el discurso oficial y la propaganda panista, promete regresar al "México del pasado" en el que se podía mandar a los niños solos por un kilo de tortillas, caminar con calma por las calles o circular por las carreteras de Michoacán.
Hilda aplaude, pero confiesa que no entendió muy bien el mensaje de 40 minutos. Sus hijos por fin se han calmado. Ahora parecen aturdidos y bostezan abrazándose a su madre.
El "mitin" de 200 personas acaba, como todos los de Josefina, con la reproducción del himno del PAN y los miembros del presidium cantándolo tomados de las manos. La precandidata regresa desde Uruapan a Toluca en el mismo jet privado que, según su equipo, fue prestado por un diputado.
Cordero: un frío desayuno
Un maestro de ceremonias grita a todo pulmón: "¿dónde está esa energía?".
Ante el silencio de las huestes a las que trata de animar, insiste: "¿dónde está esa actitud ganadora?".
Pero los mil panistas reunidos en el salón San Francisco del Restaurante Real de Catorce, en Tlalnepantla, Estado de México, no reaccionan.
Está a punto de hablar el precandidato Ernesto Cordero y el ambiente en el salón es frío, como el clima de esa mañana de jueves, 5 de enero.
Cordero empieza a hablar a las 10:00 horas. Frente a él, muy cerca del templete, los organizadores del evento colocaron 10 mesas con mujeres, para arroparlo con porras, aplausos y banderines que deben agitar cuando el precandidato diga algo que las emocione. Pocas veces lo hacen, en los casi 40 minutos que dura el mensaje.
En un pasillo, un grupo proveniente de Zumpango grita porras y hace sonar cuatro enormes tambores. Pero el estruendo no es dedicado a Cordero, sino al alcalde panista Alejandro Flores -que en pleno día hábil figura como principal organizador del evento- y al aspirante al Senado Óscar Sánchez.
En su discurso, el precandidato divaga entre la defensa a ultranza del gobierno de Calderón, una presentación de su "trayectoria" como servidor público y los ataques al PRI. Cordero se jacta de haber tirado a Humberto Moreira de la dirigencia nacional del tricolor, gracias a que como secretario de Hacienda ordenó investigar la deuda de Coahuila. Y es entonces cuando logra cosechar algunos aplausos en las mesas de adelante.
En el fondo del salón la mayoría son mujeres acompañadas por niños. Muchas de ellas confiesan que ni credencial tienen para votar en la interna del PAN, pero están ahí porque fueron invitadas a desayunar por las lideresas de Loma Larga, en Villa Nicolás Romero; de Villas de La Laguna, Zumpango, o de La Blanca, Tlalnepantla.
Ante ellas, Cordero parece dar su resto: grita y gesticula, derrocha optimismo, pero sus palabras se enfrían al llegar a las mesas, en donde el pollo en salsa roja, los nopalitos y los frijoles refritos son la verdadera prioridad.
Creel: 'mitin' de 70 personas
Son las 20:00 horas del viernes 6 de enero, en León, Guanajuato. Don José Barba está sentado desde hace dos horas en la primera fila del pequeño salón de usos múltiples del Comité Directivo Estatal del PAN. Espera a Santiago Creel junto con otros 69 simpatizantes. En una entidad gobernada por el PAN desde 1991, sobran más de 30 sillas en el local. Don José trata de que sus compañeros, ya desesperados por la tardanza, no se vayan sin oír al precandidato.
"Espérense. De los tres él es el que tiene más que decir. Ya ven cómo es esto de las campañas. De seguro alguna entrevista se le atravesó por el camino y por eso nos tiene esperando. Así es la política", explica el militante ejemplar, quien se afilió al PAN desde 1996, cuando era gobernador Vicente Fox.
Don José, militante activo, es fundador de un grupo llamado Círculo Azul, que pretende capacitar a los panistas leoneses en oratoria y debate.
Pero los demás asistentes no tienen la convicción de don José. Dicen que acudieron a la cita, a las 18:00 horas, no porque sus preferencias estén con el ex secretario de Gobernación, sino porque querían conocer sus propuestas. No saben todavía por quién votarán. Algunos, de plano, se van.
Ante la tardanza del precandidato, Ignacio Loyola, ex gobernador de Querétaro y coordinador político de su precampaña, toma el micrófono y habla durante 20 minutos. Abre una sesión de preguntas y respuestas y el único que alza la mano es Arturo Pérez del Valle, esposo Mercedes Fox -hermana del ex Presidente-, quien pregunta no por Creel, sino por los trámites para votar el próximo 5 de febrero.
A las 20:30 la falta de ánimo entre los 50 simpatizantes que quedan es tal que el equipo de comunicación improvisa una partida de Rosca de Reyes en el vestíbulo del comité. Las seis roscas llegan junto con Creel, a las 21:00 horas, tres horas después de la cita que recibió la militancia.
Ya con su pedazo de rosca en la mano, don José se acerca a Creel, emocionado y tímido. "¿Cómo estás, Santiago? Qué bueno verte por aquí". El autodenominado "precandidato de los militantes libres" apenas lo ve y responde: "¿Qué tal, amigo?". Acto seguido, se voltea para atender a la prensa.
Jésica Zermeño
Actividad... ¿proselitista?
En casi un mes de precampaña, los precandidatos panistas han encabezado menos de 10 mítines masivos comparables con los de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
| Precandidato | Mítines* | Reuniones** | Ruedas de Prensa*** | Estados visitados |
| Josefina Vazquez Mota | 4 | 15 | 12 | 13 |
| Ernesto Cordero Arroyo | 3 | 21 | 9 | 16 |
| Santiago Creel Miranda | 1 | 16 | 9 | 9 |
| Andres Manuél López Obrador | 50 | 3 | 1 | 10 |
| Enrique Peña Nieto | 9 · | 5 | 4 | 8 |
* Concentraciones masivas de más de mil personas, en plazas públicas, predios a cielo abierto o bodegas.
** Desayunos y comidas con militantes, visitas a comités directivos estatales, concentraciones de no más de mil personas en salones, hoteles, restaurantes.
*** Organizadas como actividad exclusiva del día o incluidas en la agenda de sus giras como un acto específico de precampaña (no incluye las entrevistas de banqueta).
· Aunque se reporta como primer mitin de la precampaña de EPN el evento en Huejutla, Hidalgo, el 18 de diciembre se realizó un mitin en el Centro de Convenciones de Veracruz.
Diluyen su impacto mediático
Piezas informativas por precandidato en radio y TV, según el monitoreo del IFE. (18 de diciembre al 1o. de enero)
| AMLO | 481 |
| EPN | 414 |
| ECA | 263 |
| SCM | 254 |
| JVM | 222 |
Fuente: Monitoreo de espacios noticiosos en radio y televisión de las precampañas electorales para Presidente de la República, hecho por la UNAM para el IFE, con base en 63 noticieros de todo el país.
Así lo dijo
"Las reglas electorales definidas en 2007 limitaron en tiempo la competencia interna, pero también limitaron las condiciones de desenvolvimiento".
Roberto Gil
Coordinador general de la precampaña de Josefina Vázquez Mota.
Así lo dijo
"Hay muchas acotaciones de ley y el proceso no se ha podido ver lo suficiente porque la resolución del IFE permite a Peña Nieto y López Obrador hacer eventos que se supone estaban prohibidos".
Juan Ignacio Zavala
Coordinador de contenido y mensaje de la precampaña de Ernesto Cordero.
Así lo dijo
"Los otros partidos tienen ya candidato único, y el esfuerzo que están realizando cada uno de los precandidatos del PAN se ve como un esfuerzo aislado".
Humberto Aguilar
Coordinador de la precampaña de Santiago Creel.
AMLO y EPN: actos masivos
Octavio Ortega
(15 enero 2012).- Amparados por una resolución del IFE, Andrés Manuel López Obrador (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), y Enrique Peña Nieto (PRI, PVEM y Panal) recorren el país haciendo proselitismo a sus anchas. La estrategia, aunque similar, presenta una diferencia: el tabasqueño ha privilegiado la cantidad de mítines, el mexiquense la cantidad en los mítines.
En 27 días, López Obrador realizó 50 mítines en 10 estados, con una asistencia promedio de 2 mil 500 personas. Peña Nieto ha visitado ocho entidades y realizado nueve mítines en los que la asistencia va de las 5 mil a las 20 mil personas.
Los precandidatos únicos quedaron facultados por el IFE para realizar actos abiertos el 27 de diciembre, cuando los consejeros resolvieron una consulta hecha por López Obrador al Tribunal Electoral (que fue turnada al IFE), sobre lo que pueden y no pueden hacer los aspirantes únicos. En esa resolución se ratificó la negativa a la posibilidad de que los precandidatos únicos aparezcan en spots de radio y televisión.
'Peje' en el agua
Una precampaña a ras de tierra es la estrategia de López Obrador, quien gracias a su experiencia para recorrer el país y realizar mítines en espacios abiertos efectúa hasta cuatro mítines en los días de mayor actividad proselitista. Además de sus 50 mítines, López Obrador ha realizado tres presentaciones públicas en foros temáticos.
El ex jefe de Gobierno inició su recorrido en el Distrito Federal, en donde hizo un mitin en cada una de las 16 delegaciones. Después registró actividad en 12 municipios de Tabasco; en 5 de Morelos; en 5 de Yucatán; en 3 de Campeche; en 4 de Querétaro, y 5 de Chiapas, en donde terminará una gira este domingo.
En Cancún, Quintana Roo; Pachuca, Hidalgo, y San Quintín, Baja California, sostuvo encuentros con empresarios, jóvenes y jornaleros.
Además, complementa sus giras con entrevistas de radio, conferencias de prensa y reuniones privadas.
Concentrar a la militancia
Luego de casi un mes de precampaña, Peña Nieto ha priorizado la estrategia de grandes concentraciones para captar la atención de los medios.
Aunque él y su equipo aseguran que su primer mitin se realizó el 29 de diciembre (después de la autorización del IFE) en Huejutla, Hidalgo, lugar donde inició su campaña Luis Donaldo Colosio en 1994, en realidad el primer acto masivo del priista fue en el Centro de Convenciones de Veracruz, el 18 de diciembre, lugar donde se congregó a 10 mil personas.
Hasta el viernes 13, el ex gobernador del Estado de México había visitado ocho estados del país (Veracruz, Hidalgo, Campeche, Michoacán, Yucatán, Querétaro, Chihuahua, Puebla).
Además, su agenda reporta reuniones con directivos de medios, miembros de la Confederación Nacional Campesina y otros sectores del tricolor, gobernadores, representantes estatales y líderes petroleros.
La transparencia como farsa
Análisis Acceso a la información. La tarea titánica de arrojar luz sobre lo que hacen las autoridades en México y sobre la manera en que gastan el dinero que pagamos de impuestos dio inicio en el 2001, pero todavía está bien lejos de terminar
Miguel Carbonell
(15 enero 2012).- El compromiso de los funcionarios públicos para combatir la opacidad es más teórico que real, sobre todo a nivel local.
El doble discurso
De dientes para afuera, ningún gobernante o candidato se atreve a hablar en contra del derecho de acceso a la información pública. Todos prometen que velan o velarán por la máxima transparencia en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Pero la realidad demuestra que ese compromiso es más teórico que real.
Hace casi 10 años que fue expedida la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y casi cuatro de que fue reformada la Constitución para establecer las bases generales a partir de las cuales toda persona puede consultar los documentos públicos. No cabe duda de que ha habido avances importantes en este tiempo, pero todavía falta mucho por hacer. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acaba de publicar un breve pero sustancioso ensayo del Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del Distrito Federal, Óscar Guerra Ford, en el que se nos presenta una radiografía del derecho de acceso a la información llena de luces y sombras1. Vale la pena retomar algunos de los datos más significativos, todos ellos públicos pero poco conocidos.
Reforma 2007
El tema de la transparencia toma un segundo y más poderoso aire a partir de la reforma constitucional de 2007. Dicha reforma, a la par de establecer nuevas reglas del juego, preveía que todas las leyes en materia de transparencia fueran renovadas. A la fecha, la Federación todavía no ha hecho su tarea. Como en tantos otros casos que hemos visto a lo largo de los últimos años, también en materia de acceso a la información nuestros legisladores federales decidieron violar las reglas constitucionales que ellos mismos crearon.
La reforma de 2007 es muy importante, ya que nos suministra un "piso mínimo" compartido para que el derecho de acceso a la información pública gubernamental se pueda ejercer bajo condiciones similares a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Antes de esa reforma, la regulación del derecho en las leyes de transparencia era muy disímbola. En Campeche para poder pedir información pública se debía acreditar primero la nacionalidad. En Quintana Roo se exigía ser ciudadano del estado. En Baja California, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas se tenía que acompañar la solicitud de información con una copia de alguna identificación oficial del solicitante, con lo que se inhibía fuertemente el ejercicio del derecho. En varias entidades federativas no existía un órgano garante, encargado de vigilar que se cumpliera con el derecho por parte de las autoridades (era el caso de Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala).
La reforma de 2007 nos permitió avanzar en varios puntos concretos. Por ejemplo, a partir de entonces todas las leyes de transparencia consagran el principio de máxima publicidad o máxima apertura de la información. Casi todas establecen algún tipo de regulación para tutelar adecuadamente los datos personales e incluso en cuatro entidades federativas tenemos leyes específicas en la materia (Colima, Distrito Federal, Guanajuato y Oaxaca). Solamente en Baja California Sur, Querétaro y Sonora no hay ninguna prevención legislativa para proteger los datos personales de sus habitantes.
Un aspecto que hace falta reforzar es el referido a los archivos públicos. Solamente cuando se cuenta con archivos públicos bien ordenados y sistematizados, preferentemente con tratamiento documental informático, es que se puede acceder con velocidad y certeza a los documentos bajo resguardo del Estado. Aunque existen leyes relativas a los archivos en 16 entidades federativas, todavía hay cuatro que no cuentan con ningún tipo de previsión legislativa al respecto (Baja California, Chihuahua, Estado de México y Sinaloa).
Lo ideal que es que vayan de la mano y coexistan los tres tipos de leyes que permiten un ejercicio pleno del llamado "derecho a saber" o "derecho a la verdad": una ley de transparencia y acceso a la información pública, una ley de protección de datos personales y una ley de archivos. Esas tres columnas legislativas, cuando existen, permiten no solamente dotar de capacidad jurídica a los particulares para enterarse de lo que hacen sus autoridades, sino que también son útiles para ordenar procedimientos y detallar responsabilidades de los funcionarios, lo cual es indispensable para que podamos hablar de una adecuada rendición de cuentas.
Órganos y procedimientos
La reforma constitucional de 2007 puso especial énfasis en establecer las bases para que el acceso a la información fuera veloz y para que los órganos encargados de vigilar su cumplimiento tuvieran un alto nivel de autonomía. La realidad, sin embargo, está bien lejos de esos propósitos.
A nivel federal una persona puede llegar a esperar 50 días antes de que le entreguen la información pública que le interesa. Pero si la autoridad le niega la información y se tiene que interponer un recurso de revisión correspondiente ante el IFAI, entonces el tener acceso a la información le llevará otros 105 días. Es decir, pueden pasar más de cinco meses antes de que pueda ver el documento que está solicitando. De esa manera no puede decirse que estemos ante un procedimiento expedito, tal como lo ordena nuestra Carta Magna. Más bien todo lo contrario.
A nivel local los plazos son más breves. En Chihuahua los plazos de acceso suman 20 días, 18 se toman en Sinaloa y 10 en Jalisco. Los plazos más largos en las entidades federativas están en Baja California y Querétaro, con 40 días en cada caso. A esas entidades federativas le siguen muy de cerca Yucatán, Zacatecas, Guerrero, Nayarit o Oaxaca, en donde obtener una respuesta puede tomar al menos 35 días.
En 27 entidades federativas se cuenta con un órgano especializado y autónomo, encargado de velar por el derecho de acceso a la información. Pero de ellas, solamente en 13 la autonomía está asegurada a nivel constitucional, mientras que en los demás 14 casos la autonomía apenas tiene fundamento en una ley, lo cual la hace vulnerable frente a posibles ocurrencias de los legisladores de turno.
En Chiapas, Colima, Guanajuato, Zacatecas y en la Federación no se cuenta con órganos autónomos, capaces de hacer valer el derecho a la información frente a todos los poderes, sino que se trata de organismos descentralizados, los cuales se ubican dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. En Sonora el órgano garante local depende del Congreso.
Aunque en todas las entidades federativas y en la Federación los nombramientos de quienes integran los órganos garantes le corresponde al Congreso, lo cierto es que en el 42 por ciento de los casos la propuesta la hace exclusivamente el titular del Poder Ejecutivo. Nayarit y Guanajuato tienen mecanismos de nombramiento distintos, en los que la decisión final no le corresponde al Congreso. En el caso federal el Senado tiene la extraña facultad de "objetar" el nombramiento que hace el presidente de la República; si dicha objeción no se produce, se entiende que el nombramiento puede prosperar.
Poco dinero
Los órganos locales garantes del derecho a la información durante 2011 ejercieron en su conjunto 628 millones de pesos. El órgano garante federal (el IFAI) tuvo un presupuesto de 504 millones.
A nivel local el presupuesto de los órganos garantes representa apenas el 0.6 por ciento del total de los respectivos presupuestos, aunque llega a niveles irrisorios en estados como Michoacán, Puebla, Chiapas y Guerrero (apenas un 0.02 por ciento de los presupuestos locales).
En promedio, a nivel local nos gastamos 6.68 pesos al año per cápita en el derecho de acceso a la información. Aunque esa cantidad apenas llega a los 2.02 pesos en Michoacán, 2.09 pesos en Puebla y 2.74 pesos en Jalisco. Mucho mejor es la situación de Tabasco (12.51 pesos al año), Campeche (17.22 pesos), y Quintana Roo (18.20 pesos).
Baja participación
Si pensamos en que existen 33 leyes de transparencia en todo el país, cuyo funcionamiento nos cuesta más de mil millones de pesos anuales, se podría suponer que el uso del derecho de acceso a la información es muy intenso a lo largo de toda la geografía nacional. Infortunadamente no es así.
Durante 2010, el 70 por ciento de todas las solicitudes de acceso a la información pública se concentraron en apenas cinco entidades federativas. De hecho, el Distrito Federal concentró el 41 por ciento de todas las solicitudes. Las otras cuatro entidades federativas relevantes fueron Jalisco, Estado de México, Tabasco y San Luis Potosí. Las que menos solicitudes recibieron en total fueron Durango, Nayarit, Tlaxcala y Colima.
En términos relativos (considerando el número de habitantes de cada entidad federativa) repiten como líderes en el número de solicitudes recibidas el Distrito Federal y San Luis Potosí, mientras que aquellas en las que la gente pide menos información pública son Veracruz, Tlaxcala, Michoacán y Chiapas.
En buena medida, el número de solicitudes de acceso a la información depende de al menos tres factores: el grado de politización de la ciudadanía en cada entidad federativa, el nivel de información que las autoridades suben a internet (a mayor información en línea menos solicitudes hay que ingresar para acceder a ella) y el nivel de confianza que se tenga en el órgano garante (en ese sentido el trabajo realizado por el Info-DF ha sido ejemplar).
¿Qué sigue?
La tarea titánica de arrojar luz sobre lo que hacen las autoridades en México y sobre la manera en que gastan el dinero que pagamos de impuestos dio inicio en el 2001, pero todavía está bien lejos de terminar. Para los años que siguen debemos concentrarnos al menos en las tres siguientes cuestiones: 1. Fortalecer la autonomía de los órganos garantes y conseguir que el IFAI la tenga reconocida a nivel constitucional. Lo ideal sería que cada órgano garante pudiera regular a todos los poderes (solamente por lo que respecta a la transparencia, como es obvio), en vez de propiciar situaciones de auto-supervisión que no han dado ni darán buenos resultados. Hay que evitar que los órganos garantes sean capturados por intereses partidistas o gubernativos que, en la práctica, anularían su relevancia como custodios de un derecho fundamental de la mayor importancia para el sistema democrático mexicano.
2. Hay que difundir las leyes de transparencia, de modo que toda persona sepa que tiene reconocido el derecho de pedirle a cualquier autoridad la información pública que le resulte de interés, por los motivos que sea. Los derechos fundamentales solamente pueden ser ejercidos en la medida en que sus titulares sepan que tales derechos existen. La ignorancia sobre el contenido y alcance de los derechos los vuelve irrelevantes. Si los derechos no son efectivamente ejercidos se quedan como simples "derechos de papel", sin importancia práctica de ningún tipo.
3. Debemos ser capaces, entre académicos, medios de comunicación y órganos garantes, de contar historias de éxito, a través de las cuales podamos ilustrar casos concretos en los que personas de carne y hueso hayan podido resolver un problema o tomar una decisión trascendente gracias al ejercicio del derecho de acceso a la información. Necesitamos encontrar historias que puedan servir como inspiración y guía para que cada vez más mexicanos se sumen a la tarea de contar con información relevante para mejorar su calidad de vida y demandar mayor rendición de cuentas a sus gobernantes. Eso permitirá crear un círculo virtuoso, en el que unos casos exitosos alimenten nuevas solicitudes. Así se construyen las comunidades democráticas y en eso la transparencia puede ser de enorme utilidad. De nosotros depende.
Nota:
1. Los órganos garantes de transparencia. Integración y características de Óscar Guerra Ford, Óscar M, México, IIJ-UNAM, 2011.
Miguel Carbonell
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
La cultura política
(15 enero 2012).- Téngalo presente
PHOTOFEST. Primer Festival Internacional de fotoperiodismo y fotografía documental en México, con exposiciones de: VII Photo Agency, National Geographic Magazine, Manuel Álvarez Bravo, Revista Proceso, Escuela Activa de Fotografía y Patricia Conde Galería. Del 13 al 19 de febrero del 2012 en Querétaro. Participa en www.photofest.com.mx
Cine
El país de no pasa nada de Maricarmen de Lara. Una comedia negra de la política mexicana que retrata la corrupción y doble vida de funcionarios mexicanos que incursionan en negocios ilícitos. Dentro del ciclo Delincuencia y política. Jueves 19, 17:00 horas. Auditorio del Instituto Mora. Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. Informes. 5598 3777.
Conferencias
El estudio de la felicidad y su relevancia para las ciencias sociales. Mariano Rojas. Lunes 16, 16:00 horas. Auditorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso. Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna. Informes: 3000 0200.
Convocatorias
Maestría en políticas públicas comparadas. Invita la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso. Modalidad semipresencial. Fecha límite 3 de febrero. Informes: 3000 0200 ext. 174 y http://bit.ly/yiFQuI
Los desafíos del feminismo en la América Latina del siglo XXI. Diplomado Internacional convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Inicia 9 de febrero. Informes: www.ceiich.unam.mx
Doctorado en políticas públicas. Invita el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fecha límite para entregar documentos: 24 de febrero. Informes: www.cide.edu/doctorado
Exposiciones
50 años de Amnistía Internacional. Exposición que recorre la la historia de Amnistía Internacional en su lucha por la defensa de los derechos humanos a través de carteles diseñados por artistas como Miró, Picasso, Botero y Calder. Centro Cultural Universitario Tlaltelolco. Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlaltelolco. Informes: 5583 0983 y 5583 4092.
Internet
Arena electoral. Portal de la Fundación Ethos con información y análisis de las elecciones federales del próximo año. La página ofrece además perfiles de los candidatos, estudios de sus propuestas e información práctica sobre el ejercicio del voto. http://www.arenaelectoral.com
Libros
África en el espejo: colonización, criminalidad y Estado de Jean Francois Bayart. FCE. Selección de ensayos sobre el deslizamiento de los gobiernos africanos hacia actividades económicas ilegales, así como los procesos de adecuación estatales que se han sufrido en su intento de incorporación al mundo globalizado.
Bajo la sombra de la historia. Ensayos sobre el islam y el judaísmo de Fernando del Paso. FCE. Análisis de las prácticas y representaciones culturales del islam y el judaísmo con la intención de ofrecer una visión panorámica del surgimiento y desarrollo de ambas religiones de forma sintética.
Diccionario de modismos mexicanos de Jorge García Robles. Porrúa. Recopilación de términos del caló, que busca, afirma el autor, poner la lengua al servicio de las necesidades instintivas de la comunicación idiomática y aligerarla al máximo de cargas e imperativos morales; "la sustrae de todo ropaje, la desnuda y quiere convertirla en vocera de los impulsos primarios del hombre", señala el autor.
El cártel negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex de Ana Lilia Pérez. Grijalbo. Investigación periodística que demuestra cómo las organizaciones del crimen organizado, alineadas con funcionarios, empresarios, contratistas, inspectores, agentes aduanales, miembros del sindicato petrolero y políticos, están saqueando los recursos de la empresa que aporta alrededor del 40 por ciento del presupuesto nacional. Prólogo de Carmen Aristegui.
El narcotráfico en el contexto de las relaciones México-EU de José Octavio Tripp Villanueva y Carlos Mendoza Mora. Porrúa. Análisis del diseño institucional y el entramado creado para administrar la agenda bilateral de México y su vecino del norte. La obra se enfoca en desentrañar las causas que motivan la dinámica y los resultados conjuntos alcanzados en torno de los temas de seguridad, justicia y legalidad.
Evaluación del desempeño municipal. Propuesta metodológica para los municipios semi-urbanos del estado de Michoacán de Hugo Amador Herrera Torres. INAP. Investigación que determina los ejes de una metodología orientada a evaluar el desempeño de los gobiernos municipales de Michoacán. Primer lugar del XXXV Premio INAP.
Gestión electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina de Fernando Barrientos del Monte. INAP. Estudio sobre la gestión de los procesos electorales y el desempeño de los organismos encargados de realizarla, a partir del impacto en la confianza de ciudadanos y políticos en 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú,Uruguay y Venezuela.
La estructura ausente de Umberto Eco. Debolsillo. Reedición del texto publicado por primera vez en 1968, que critica el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss. El autor afirma que dicha teoría es uno de los fundamentos de la investigación semiótica, pero se opone a ese estructuralismo que mimetiza las leyes de la mente con las leyes de la naturaleza, pues la realidad es más rica y contradictoria de lo que indican los modelos estructurales.
México rebelde de John Gibler. Debate. Crónicas sobre los movimientos de insurrección en México. El periodista inglés refleja las estrategias de resistencia frente al poder en distintos momentos, como la rebelión zapatista en Chiapas, el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la resistencia de los pobladores de San Salvador Atenco. El autor proporciona un análisis teórico sobre las revueltas modernas en el país.
Nobleza obliga. Semblanzas, recuerdos, lecturas de José Woldenberg. Cal y arena. Compilación de textos que subrayan las cualidades de personajes, libros, trayectorias y películas publicados en distintos medios, de 2004 a 2011. Cuarenta y seis textos clasificados en dos secciones: Historias del sueño democrático e Islas de raíz lectora.
Nuestra aparente rendición editado por Lolita Bosch. Grijalbo. Compendio de crónicas, ensayos, poemas, artículos y cuentos publicados inicialmente en el portal de internet que nació a partir del hallazgo de 72 migrantes asesinados en Tamaulipas, del cual se tomó el nombre de este libro, que denuncia la sombría situación que se vive hoy en México.
Pena de muerte: fundamentos teóricos para su abolición de Gabriel Ignacio Anitua. Didot. Prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero. Valoración y crítica de las estrategias abolicionistas de la pena capital. Análisis de la validación constitucional de la pena de muerte en distintos países.
Presentaciones
México demográfico. Temas selectos de la investigación contemporánea coordinado por Mario Martínez, Silvia Giouguli y Edith Pacheco. Colmex. Martha Mier y Terán, Víctor Manuel García y María Eugenia Zavala. Martes 17, 18:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Revistas
AZ No. 53. Órgano de difusión del SNTE. Selección de los principales textos publicados durante 2011 con temas como responsabilidad social de las empresas, 90 años de la SEP, prueba PISA, fomento a la lectura, perspectivas de la educación superior en México, entre otros.
Este País No. 249. Número dedicado a las adicciones, el acceso a la salud y los programas gubernamentales que existen para brindar servicio a la población mexicana. Escriben Gabriel Martínez, Blanca Rico y Nelly Aguilera.
Letras Libres No. 157. Roger Bartra analiza la actual ventaja del PRI ante las próximas elecciones presidenciales a pesar de sus hábitos corruptos y poco democráticos debido a la permanencia de una cultura anclada en la ilegalidad, fomentada por toda la clase política. Jordi Pérez Colomé revisa en un reportaje el camino de la revolución egipcia a un año de su comienzo.
Nexos No. 409. Joaquín Villalobos afirma en su ensayo "Nuevos mitos de la guerra contra el narco" que la violencia en México no fue generada por una estrategia gubernamental fallida. Ciro Murayama analiza el panorama de los jóvenes en México y advierte sobre los riesgos de la falta de oportunidades para ellos.
Política y cultura No. 36. Publicación trimestral de la Universidad Autónoma Metropolitana. Conjunto de trabajos académicos que analizan la vulnerabilidad y adaptación al cambio ambiental global: riesgos, políticas públicas, afectaciones comerciales, sustentabilidad del medio ambiente, activismo ambiental, entre otros temas.
Voz y voto No. 217. Los encuestadores Roy Campos, Ana Cristina Covarrubias, María de las Heras y Adrián Villegas ofrecen su perspectiva sobre los resultados de los sondeos en este año electoral. Lorenzo Córdova analiza la recién aprobada "reforma política descafeinada".
Zócalo No. 143. José Woldenberg analiza la influencia de los medios de comunicación en la democracia contemporánea y en particular en el actual proceso electoral. Jenaro Villamil profundiza en la nueva dinámica de la política a partir de la incursión de internet y sus redes sociales. Raúl Trejo Delarbre examina la propaganda de los aspirantes presidenciales específicamente en Twitter.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
Los placeres y los días / Letrados e iletrados
Andrés de Luna
(15 enero 2012).- Hace más de un par de siglos, Lichtenberg (1742-1799) escribía en uno de sus aforismos que: "hoy se intenta por todas partes extender el saber, ¿quién sabe si dentro de unos siglos no existirán universidades para restablecer la antigua ignorancia?". La realidad actual parece víctima de la burla premonitoria del escritor alemán. Se está ahora ante una epidemia de analfabetismo. Cierto que los políticos con aspiraciones se vanaglorian de publicar libros, aunque, claro está, siempre consiguen, mediante buenas pagas, a sus "escritores fantasmas".
Ricardo Garibay fue sincero al reconocer que colaboró con Gustavo Díaz Ordaz en los tiempos aciagos de su gobierno. En tanto que Adolfo López Mateos, vasconcelista convencido, brillante sin duda, de pronto se olvidó de su fervor por el conocimiento y se entregó, sin que esto sea asunto secreto, al cortejo y la seducción, a los autos deportivos de lujo y al dispendio frívolo. ¿Qué decir de Luis Echeverría? Creyó en la ósmosis del conocimiento y se rodeó en giras multimillonarias de artistas e intelectuales. José López Portillo, magnífico lector y heredero de una tradición de saber, fue incapaz de traducir esas enseñanzas en un ejercicio político adecuado.
De Miguel de la Madrid, conservador y católico, se sabe que profesaba, pese a que estaba lejos de demostrarlo, un afecto singular por los libros. Incluso, fue curioso, que su siguiente encargo público fuese la dirección del Fondo de Cultura Económica.
Carlos Salinas de Gortari tenía una formación académica envidiable. Orador de alto relieve, es hombre con mirada tecnócrata, pero también sapiente. Tan lo era y lo es que hasta el mismo demonio le pide asesoría. Maligno, innombrable y otros calificativos lo definen, lo cierto, y eso sin que sea defensa para semejante político, es que cuenta con una inteligencia extraordinaria. Caso contrario al de Ernesto Zedillo, alumno aplicado en universidades estadounidenses, que a la práctica caía en barrancos sinfín por su ausencia de agudeza. ¿De Vicente Fox qué podría pensarse? Ni siquiera en una pesadilla, luego de ingerir un kilo de carnitas y dos tortas guajolotas por la noche, se podría imaginar al ex Presidente con un libro en la mano. El guanajuatense fue inhóspito ante las letras y la inteligencia, Fox tuvo por único refugio la tontería a flor de piel, la genuina, la que brota desde el fondo del alma. En cuanto a Felipe Calderón tampoco se le nota un ánimo libresco. Gusta del lenguaje popular y de la inmediatez de cosas como aquel "¡fua!" que repetía un borracho, o los silbiditos. Las ideas se pierden en el vacío. Con esta tradición insensata ¿qué podría esperarse de los precandidatos? Ninguno de ellos es un lector, tal como lo han demostrado, al menos Peña Nieto y Ernesto Cordero. Se sabe que ni en la izquierda ni en la derecha el signo del saber es algo que se muestre iluminador. Más bien, estos políticos "restablecen la antigua ignorancia". Son portadores de la vaguedad intelectual que requiere de "escribidores", asesores y toda una variedad de matarifes de los saberes y de las palabras. ¿Quién se postula para realizar los próximos discursos presidenciales?
REVISTA PROCESO No. 1837
Piratas sobre el Caribe...
2012-01-14 06:22:54 COMENTARIOS DESACTIVADOS
Edicion Mexico
ISLA MUJERES, QR.- Un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares para construir en los próximos 12 años un total de 9 mil 600 cuartos de hotel en
Semarnat autorizó el proyecto a pesar de la oposición de organizaciones como el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), que lo considera una amenaza para la sustentabilidad y las especies de manglares y fauna de la zona, y pese a los distintos litigios existentes en torno a la propiedad de la tierra que involucran a varios políticos del PRI y del PAN y a consorcios españoles.
De golpe, la autorización para construir un nuevo polo turístico convertirá a esta zona en la tercera ciudad más importante de Quintana Roo, sólo detrás de Cancún y Playa del Carmen. En 40 años de existencia, Cancún ha acumulado cerca de 32 mil habitaciones de hotel. En esta zona se pretende construir casi 10 mil cuartos en menos de tres lustros. Y asimismo se busca que en Isla Blanca existan 25 mil cuartos de hotel en 25 años.
Detrás del Proyecto Soto Lindo (PSL) –como lo denomina la Semarnat– está el interés de consorcios españoles, como el Grupo Martinón, accionista mayoritario de una sociedad donde participan políticos mexicanos, como el diputado federal priista Felipe Enríquez y el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, así como el empresario Arturo Bojórquez León, quien mantiene los terrenos cercados y vigilados con guardias armados.
En la trama de intereses también está involucrada la exalcaldesa panista de Isla Mujeres y exdelegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) Alicia Ricalde Magaña, artífice del cambio de uso de suelo de la zona para permitir la construcción de este megadesarrollo.
La prensa quintanarroense también ha señalado que Ricalde Magaña cuenta con el apoyo del presidente Felipe Calderón, quien tendría intereses en la zona a través de Román Rivera Torres, empresario que encabeza otro grupo de desarrolladores y ha sido uno de los principales impulsores de Puerto Aventuras.
En la trama de esta historia también está involucrado el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de
Enríquez, compadre y amigo del aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto, es señalado en la Península de Yucatán como el principal operador de los negocios del exmandatario mexiquense. Fue el vínculo entre Toluca y los mandatarios priistas Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y Félix González Canto, quien dejó en la gubernatura de Quintana Roo a Roberto Borge Martín. En 2011, el actual diputado federal fue delegado del CEN del PRI en la campaña del Estado de México.
Los millonarios intereses transexenales de hoteleros, desarrolladores y políticos del PRI y del PAN se concentran en las
Antes de que se desarrollara ese destino turístico, a la franja costera de Isla Blanca se le consideró para que fungiera como el primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en el sexenio echeverrista. Sin embargo, a la vuelta de los años y ante la saturación de Cancún y de la Riviera Maya, este sitio se ha convertido en la “joya de la corona” para los nuevos desarrolladores.
En los terrenos colindantes también existen predios que fueron propiedad de la familia Hank González, así como de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.
Desalojo de pescadores
Ricalde Magaña facilitó en 2008 el cambio de uso de suelo de Isla Blanca, a través de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la zona, para permitir la construcción de desarrollos hoteleros y campos de golf, pero lo hizo sin consultar previamente a la población. Uno de los principales interesados en este cambio fue Arturo Bojórquez León, socio del Grupo Martinón y quien se ostenta como el propietario de los terrenos de Isla Blanca.
En 2001 y en 2002, este empresario se amparó y ganó el litigio en contra del gobierno del estado de Quintana Roo para que no se decretara Área Natural Protegida (ANP) los predios en su posesión que forman parte del sistema lagunar Chacmochuch. De acuerdo con el amparo 1558/90, se trata de los predios San Felipe, Santa Elena, El Rincón y San Augusto.
Bojórquez León es identificado como “el patrón” por las decenas de veladores que cuidan el terreno. Ellos no permiten el ingreso de nadie, aun cuando son litorales del mar Caribe. Están armados, son de origen chiapaneco y advierten que “desde que hubo muertos” en enfrentamientos en 2009 por el pleito de estos terrenos no dejan entrar a nadie.
Junto con la alcaldesa Ricalde Magaña, Bojórquez León operó para desalojar a 40 familias de pescadores que vivían en la zona. Desde 2007 se los llevaron a Boca Nueva, en Isla Mujeres, y a otros terrenos de la costa quintanarroense. Les quemaron sus casas. Formaban una cooperativa de migrantes de Veracruz.
El próximo en ser desalojado es don Crescencio Navarro Pallares, dueño de un predio que queda exactamente a la entrada de los terrenos de Isla Blanca y por donde pasará la carretera de cuatro carriles que ya comenzó a construir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para unir la zona con Punta Sam y las principales avenidas de Cancún.
“La exalcaldesa cambió el PDU y el uso del suelo para facilitar la inversión de los españoles. A mí me han querido desalojar varias veces. Desde hace dos meses tengo pleito con los españolitos que llegaron de manera muy prepotente a decirme que debía dejar mi terreno”, afirma Navarro Pallares, entrevistado por Proceso.
En esos terrenos, Don Chencho, como es conocido por los lugareños, tenía el restaurante Acapulco, devastado por el huracán Wilma. Sus terrenos están en un punto privilegiado ya que van hacia la laguna Chacmochuch y hacia los bancos de arena y manglares que se extienden hasta la punta, donde está Soto Lindo.
“Lo que nos afectó fue el cambio del PDU. Antes pagaba 3 mil pesos de impuesto predial y ahora me están cobrando 38 mil pesos. Hace 20 años llegué a este sitio porque Carlos Hank González negoció conmigo la venta de unos terrenos que eran míos para que ahí desarrollara Puerto Mujeres. Ahora ni siquiera negocian conmigo. Sólo me quieren desaparecer”, sintetiza Don Chencho.
Proyecto depredador
El Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda) ha sido uno de los principales opositores al permiso que otorgó la Semarnat para el Proyecto Soto Lindo, ya que, afirma, destruirá especies en peligro de extinción como la cacerolita de mar, cuatro tipos diferentes de manglares y afectará la fauna costera de la zona, como el manatí, las tortugas marinas y el tiburón ballena.
En 2010, la Semarnat dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Soto Lindo para que distintos grupos expusieran sus opiniones. El Cemda elaboró un extenso documento de 25 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, donde argumenta la inviabilidad de este megadesarrollo y el daño ecológico que ocasionará.
Alejandra Serrano, abogada representante del Cemda en Quintana Roo, advierte que en la autorización de la Semarnat no se incorporaron las observaciones de los ambientalistas y se ignoró la petición de que se realizara una consulta pública antes de emitir el permiso en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, el 10 de noviembre de 2011.
Estas son las principales argumentaciones que presentó el Cemda:
–“El Plan Maestro para el Proyecto Soto Lindo pretende un uso de suelo mixto, en el que se contemple el uso de suelo residencial o habitacional contraviniendo el Plan de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmochuch”. Esto es incompatible con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que le ordena a la Semarnat no afectar las áreas naturales protegidas.
–De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en el Proyecto Soto Lindo 32% de las
La Semarnat considera que de los 39 impactos ambientales identificados, sólo 18% son significativos, 51% no son significativos y 30% son despreciables.
El Cemda rebate esta valoración y señala que “hay evidencias de que la reforestación y/o restauración de manglar como medida de compensación no es viable y no aplica… La reforestación no es algo fácil en manglar, no es posible restituir a los manglares en zonas distintas para recuperar las que desaparezcan con la construcción de desarrollos turísticos”.
–El MIA también afirma que para la construcción y mantenimiento del campo de golf se utilizarán “aguas tratadas” y se construirá “un lago artificial, que almacenará agua residual tratada y de lluvia”.
El Cemda cita una investigación de Metcalfe donde se demuestra que la inyección de aguas residuales en los acuíferos de agua salada en la Riviera Maya y en Cancún ha sido “un elemento que ha contribuido a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona”.
–El Cemda también advierte que la construcción del megadesarrollo afectará el hábitat natural de especies de agua dulce, como el manatí (que sólo existe en esta zona y en Holbox), y de otras especies, como el tiburón ballena, la tortuga carey y la tortuga verde. En especial, la construcción de dos marinas “representaría un gran impacto tanto para los ejemplares de la población que se encuentran en la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena como para los ejemplares de la población que se encuentran al noreste de la isla Contoy e isla Mujeres”.
–Otro de los riesgos, dada la vulnerabilidad de la zona frente a los huracanes y la erosión propiciada por los desarrollos turísticos y el cambio climático, es la desaparición de la duna costera y la vegetación asociada.
“Se asume en el proyecto que la franja dunar sería altamente transitada y modificada por la construcción de los lotes mixtos (hoteleros y comercial) y del campo de golf. Esto sustituiría vegetación especialmente adaptada al ecosistema, que cumple la función de estabilizar y regenerar las dunas, por vegetación de raíces cortas y con requerimientos hídricos elevados, así como se produciría un proceso de compactación, agravando los efectos producidos por el cambio climático”, advierte el reporte del Cemda.
Red de ambiciones
La historia de tráfico de influencias, doble escrituración e intereses políticos y empresariales en esta pequeña ínsula ubicada al norte de Cancún comenzó desde que en 1972 el gobierno federal decretó estos terrenos como propiedad nacional.
Varios políticos locales, entre ellos Mario Villanueva Madrid, el exgobernador preso por presuntos vínculos con el narcotráfico, empresarios nacionales y especuladores de terrenos se apropiaron de los lotes y en los últimos 20 años han aparecido varios dueños.
En el sexenio de Vicente Fox, Karol Rattinger Aranda fungió como apoderada de los empresarios Rosalío Sánchez León, Arturo Bojórquez León y Sergio Gante Cruz, accionistas mayoritarios del proyecto Isla Blanca. Rattinger estaba vinculada a Paulina Fox, hija del exmandatario. Logró que el decreto de Área Natural Protegida fuera inválido en los terrenos de cada uno de estos empresarios. Así consta en el oficio 002382 de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo del 10 de junio de 2002.
En febrero de 2004 se divulgó un video donde se observa al empresario Luis Lara solicitar el “apoyo” del entonces senador del Partido Verde Jorge Emilio González Martínez, con el propósito de conseguir los permisos para un desarrollo turístico en Isla Blanca, la misma zona donde la Semarnat autorizó en noviembre del año pasado. El Niño Verde pidió 2 millones de dólares por la “ayuda”.
Durante el gobierno de Felipe Calderón y la administración de la alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, se aceleraron las maniobras para favorecer al grupo de inversionistas encabezados por Arturo Bojórquez.
La especulación y la ola de irregularidades en estos predios valuados en más de 200 millones de dólares provocó que en agosto de 2007 el Tribunal Unitario Agrario anulara dos títulos de propiedad de Bojórquez León, quien ya se había asociado a los grupos españoles Obratur y Grumasa del Grupo Martinón.
Los demandantes fueron los empresarios Jaime García Gutiérrez, José Francisco Dives León y Alejandro Fernando Culebro Siles, quienes reclamaron la propiedad de estos terrenos, por lo que las autoridades agrarias declararon procedente el recurso de revisión promovido en 2003.
A pesar del litigio jurídico, los consorcios españoles promovieron en sus páginas en internet el “desarrollo de un proyecto turístico de gran lujo, situado a
Isla Blanca “nace con el anhelo de ser uno de los proyectos del Caribe más importantes a nivel internacional, dadas sus características únicas, su inmejorable ubicación, su condición de ser una isla de playas de arena blanca, el azul incomparable de sus aguas y su inquebrantable quietud”.
La “inquebrantable quietud” de la zona se afectó cuando en abril de 2009 un centenar de golpeadores invadieron el lote número 3 de Isla Blanca, presuntamente propiedad de Arturo Bojórquez León, pero reclamado por Isabel Tenorio Romero, esposa del exgobernador Mario Villanueva. El enfrentamiento con los guardias del terreno provocó que una policía muriera, que otros tres fueran heridos y 30 personas resultaran detenidas, según reportó la prensa local.
El 6 de marzo de 2008 el exgobernador Villanueva constituyó la sociedad denominada Desarrollos IM, S.A. de C.V., según consta en el folio 19290 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún. Los dos accionistas son su esposa: Isabel Tenorio Romero y Rodolfo Antonio Páez Villaseñor. Isabel Tenorio aparece como administradora única.
El objetivo de Desarrollo IM, S.A. de C.V., fue “comprar, vender, adquirir, enajenar, explotar, desarrollar, lotificar, fraccionar, urbanizar, arrendar, subarrendar o hipotecar” toda clase de “bienes inmuebles”, incluidos terrenos, casas lotes comerciales, fraccionamientos, etcétera.
El lote 3 de Isla Blanca fue reclamado como propio por la sociedad que creó Mario Villanueva. Desarrollo IM S.A., acelera la regularización y posesión de la propiedad de este predio, que también era reclamado por otros dos presuntos propietarios: Juan Ángel Valle Campos y Arturo Bojórquez León.
Vínculo con Felipe Enríquez
La clave de la disputa y los negocios de especulación de terrenos fue que Felipe Enríquez le envió emisarios a Mario Villanueva hasta el Reclusorio Norte para que vendiera estos terrenos a la sociedad que formó el diputado federal regiomontano, denominada GLS-4 Corporativo S.A. de C.V. El presidente del Consejo de Administración de esta sociedad era Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
El 3 de diciembre de 2009, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, los socios de GLS-4 Corporativo S.A. de C.V., celebraron una asamblea para anunciar la integración de dos nuevos accionistas: Raíces Consultoría S.A. de C.V., y Consorcio GH S.A. de C.V.
En el Consorcio GH aparece Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador Natividad González Parás, su hijo y su yerno. Y en Raíces Consultoría vuelve a aparecer Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez, así como el empresario yucateco Arturo Millet, según documentó la revista digital Reporte Índigo.
Arturo Millet y Felipe Enríquez también tienen intereses en los terrenos en disputa en la Isla Holbox, en la punta noreste de la Península de Yucatán, donde también han librado una batalla soterrada con el empresario refresquero Fernando Ponce y su yerno Ermilo Castilla.
El 18 de diciembre de 2009 ya estaban integrados como socios de las empresas creadas por Enríquez y González Parás los españoles del Grupo Martinón y Arturo Bojórquez León, el mismo personaje que es identificado por los guardias del terreno como “el patrón”.
El texto del 11 de noviembre de 2011 de Reporte Índigo caracteriza de esta manera a Bojórquez León:
“Este hombre está en posesión de la isla porque tiene gente armada resguardando el lugar, pero sólo tiene escrituras de una fracción de la tierra… No lograron sacar a Bojórquez León, así que quien fuera su enemigo, ahora debía ser su socio”.
GLS-4 Corporativo, Raíces y Consultoría y Arturo Bojórquez son parte de Fomento Inmobiliario del Caribe (FICSA). El 65% de las acciones de FICSA están en manos del consorcio español Grupo Martinón.
Calderón dejará un Estado hecho pedacitos
2012-01-14 06:23:59 COMENTARIOS DESACTIVADOS
Narcotráfico
Justo cuando la administración del presidente Felipe Calderón se aproxima a su final –sólo le quedan 11 meses– el balance de la lucha contra el narcotráfico “es muy negativo”, pues él mismo se convirtió “en prisionero de su propia guerra”. Hoy, no sólo no existe ningún viso de éxito en la lucha contra la delincuencia organizada, sino que ésta galopa impune aun más allá del territorio nacional.
Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad nacional y delincuencia organizada, sostiene que la mal llamada guerra contra el narcotráfico se traduce en una guerra del gobierno contra la sociedad y contra las propias instituciones del Estado.
Para el investigador de la Universidad de Columbia, la gente está muy agraviada y seguramente cobrará la factura en las elecciones presidenciales de este 2012.
“En México –dice– ya hay condiciones para que organismos internacionales actúen y declaren al país en clara emergencia, por las serias violaciones al derecho humanitario; además, en el futuro inmediato veo que Calderón entregará un país plagado de muertos, descabezados y con instituciones fragmentadas por los propios grupos criminales.”
–¿Fracasó Calderón con su estrategia de guerra? –se le pregunta.
–¿Cuál estrategia? Nunca hubo una estrategia. Lo que implementó el presidente fue una acción de fuerza con el Ejército. Creo que el presidente debió leer historia antes de implementar sus acciones. En Italia y en Colombia, por ejemplo, el ejército actuó quirúrgicamente, pero acompañado de otras estrategias. En México, Calderón y el Ejército fracasaron y jamás aprendieron de la experiencia de otras naciones.
Desde un país de Asia en el cual se encuentra comisionado, Buscaglia señala a Proceso que le extraña que algunas voces, como la del exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, actual asesor de Calderón en materia de seguridad, difundan con soltura (revista Nexos, edición de enero) la idea de éxito en la lucha contra la delincuencia organizada.
Hasta ahora, arguye el entrevistado, “no existe ningún sentido científico” ni de política pública para aseverar que la estrategia del presidente contra la delincuencia haya sido exitosa.
Y se explaya: “El balance es muy negativo porque en los países donde estamos evaluando la política de seguridad humana, como en el caso de Malasia, lo que medimos es la forma en que suben y bajan los indicadores de delincuencia organizada.
“En México la delincuencia actúa con 22 tipologías delictivas y no hay vuelta de hoja: cuando llueve, llueve; cuando hay sol, hay sol. Y si los indicadores siguen aumentando, como en México, donde hay extorsión, piratería, tráfico de armas, narcotráfico, contrabando, no hay manera de decir que la estrategia del presidente Calderón ha tenido éxito.
“Los que argumenten eso están en un error. Puedo entender que lo dicen porque están bien pagados por la Secretaría de Seguridad Pública o por Los Pinos.
“No dudo que haya buenas intenciones del presidente (Calderón) y de su equipo, pero con buenas intenciones todos vamos al infierno. La delincuencia organizada ha venido fragmentando al Estado cada vez más y esos indicadores de fragmentación son muy altos: el crimen organizado se alimenta de esos pedazos del Estado y así puede seguir hasta el colapso mismo.”
Según el investigador de la Universidad de Columbia, 71.5% de los municipios del país están controlados por la delincuencia organizada; hay alcaldes, síndicos y regidores que están alineados con algún grupo criminal.
“Y no me refiero –dice– a autoridades de un partido, pues en todos hay casos en que los ayuntamientos que gobiernan sus representantes sirven a los intereses de la criminalidad.”
Y otro elocuente indicador del fracaso del gobierno, insiste Buscaglia, es que actualmente los líderes del narcotráfico mexicano, como Joaquín El Chapo Guzmán, están clasificados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como los personajes más influyentes del narco en el mundo.
“(Recientemente) El Chapo Guzmán fue considerado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro como el narcotraficante más poderoso del planeta. Ante este dato tan contundente, no hay vuelta que darle: Calderón es un fracasado y con su ‘estrategia’ sólo logró elevar al Chapo Guzmán al rango de personaje mundial en el mercado de las drogas.”
Ello se debe, según el entrevistado, a que el poder patrimonial de los grupos criminales mexicanos, entre ellos el cártel de Sinaloa, se ha extendido a 53 países y su presencia es cada vez más frecuente en Asia, África y Europa. Por lo tanto, de ninguna manera puedo estar de acuerdo con la aseveración de que las políticas (calderonistas), mal implementadas, han tenido algún éxito.
“Esto no es una cuestión de interpretación subjetiva en donde, como por ejemplo, a uno le gusta un movimiento artístico y a otras personas no. Lo subjetivo acá no vale. Los 22 tipos de indicadores delictivos siguen aumentando en México y en la región centroamericana, que está tan negativamente afectada por México.
“Por lo tanto, no sólo están aumentando los índices delictivos en México, es evidente que estamos exportando inseguridad humana a países de la región. Y no veo otra salida para el país más que el replanteamiento de la estrategia a través de un acuerdo político más allá del gobierno en turno, que por fortuna ya se acaba.”
La guerra es contra la sociedad
Periodistas, académicos y analistas políticos sostienen que durante muchos años los gobiernos sólo administraron el problema del crimen organizado, sin atacar sus causas. ¿Usted cree que la violencia actual sea consecuencia de esas fallas o existen otras causas, o cree que este señalamiento es un mito más?, se le pregunta a Buscaglia.
–Ésta mal llamada guerra contra el narcotráfico debería ser llamada guerra contra la sociedad y contra el Estado mismo, porque la delincuencia organizada mexicana tiene porciones del Estado y porciones de la sociedad civil trabajando para ella.
“No se le puede llamar guerra a un programa de prevención y combate a la delincuencia organizada porque es como si el Estado tuviese una guerra contra sí mismo y contra la propia sociedad. Lo que sucede en México es justamente lo que ocurrió en Rusia en los años noventa:
“En México se comenzó una transición política desordenada desde hace dos décadas hacia una democracia que nunca llegó a ser participativa, a lo sumo fue electoralista, pues se avanzó hacia una competencia electoral sin instituciones adecuadas.
“La pirámide de comando y control que ejercía el PRI en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta permitía gestionar a los grupos criminales desde abajo, y desde arriba simplemente dejó de existir; además, de manera poco competente el presidente Fox desarticuló a los órganos de inteligencia durante la fallida gestión de Eduardo Medina Mora y de otros funcionarios que pasaron por el Cisen.
“Los gobernadores comenzaron a volverse más autónomos y dejaron de estar sujetos a los controles judiciales, administrativos y a los controles políticos que se ejercían cuando el PRI poseía una pirámide de comando y control autoritario. Por lo tanto, una transición política hacia una democracia que nunca terminó de consolidarse en México generó una fragmentación institucional.
“Como consecuencia, hubo y hay falta de controles judiciales, administrativos y políticos que permitieron a los grupos criminales que existían hacía décadas –y que eran gestionados por el Estado a grado tal que les repartía hasta territorios y mercados– que se toparan con un Estado débil como producto de esa transición política desordenada.”
Buscaglia sostiene que ahora México está peor, pues no existe un sistema judicial que controle la situación; tampoco hay controles políticos. Por lo tanto, la delincuencia organizada pasó de ser gestionada por el Estado autoritario a ser la que gestiona a pequeños fragmentos del Estado que están divididos como un rompecabezas.
Abunda: “En ese ámbito, lo que encontramos es a grupos del crimen organizado que están compitiendo entre sí para capturar a esos pedazos del rompecabezas. Así vemos que el cártel de Sinaloa captura a una fiscalía; Los Zetas se apropian de una corporación policiaca, y los uniformados comienzan a asesinarse y a matar a funcionarios que trabajan para otros cárteles.
“Es claro que México se está debatiendo en una orgía de violencia organizada creciente que alimenta lo que estamos viendo: actos de terrorismo, actos de paramilitarismo, y hasta que esta transición política fallida no se dirima en un pacto histórico entre las fuerzas del país seguiremos viendo que los grupos criminales continuarán capturando, como pirañas, los pedacitos del Estado.”
Para el entrevistado, el fracaso de Calderón tiene ya un alto costo social, económico y político, pues el país se precipita al colapso por los caprichos de un mandatario ciego, cuyas acciones han derivado en una guerra entre cárteles por esos trozos del Estado, lo que potencia la violencia.
–Desde su punto de vista, ¿había razones para utilizar al Ejército en esta lucha contra el crimen organizado? ¿Fue atinada la decisión presidencial? –se le pregunta a Buscaglia.
–Es la decisión más absurda del mundo. Insisto: al presidente le faltó y le falta leer historia. Su ignorancia tiene un alto costo para el país y para la sociedad. El Ejército es un insumo, un ingrediente de la receta. Pero tiene que actuar acompañado de otros ingredientes que hoy están ausentes.
“En Italia, en los años ochenta, se recurrió al ejército en Sicilia; en Colombia también se le utilizó, pero de manera quirúrgica, para controlar una región. Las tropas entraban arropadas con todo un andamiaje de instituciones funcionales: fiscalías, órganos de inteligencia, jueces. Esas instancias no funcionan adecuadamente en México.
“Usar sólo el Ejército como ingrediente de una estrategia es como pretender interpretar la Novena sinfonía de Beethoven con un solo violín: no puede llegar a dar frutos una estrategia donde se solidifica la represión a través de un ejército que corre el riesgo de ser infiltrado por todo tipo de grupos criminales y mientras los patrimonios del crimen organizado sigan intactos y se expandan a otros países.
“Cuando reprimes a los grupos criminales sin quitarles el dinero, lo que hacen es aumentar los niveles de corrupción y de violencia para contrarrestar una posible reacción del Estado; a eso se le llama ‘la paradoja de la represión’, pues genera más represión, más violencia y más corrupción.”
Buscaglia afirma que esta trampa surge cuando no se ataca el andamiaje patrimonial de esos grupos, que va más allá del lavado de dinero que tanto se caricaturiza en la prensa; ellos manejan cientos de empresas y activos físicos que requieren una logística operativa diaria para transportarse y que en México sigue intocada.
Mientras eso permanezca intocado, insiste, el Ejército simplemente se halla en una situación de impotencia aplicando más represión al crimen organizado, que se sigue expandiendo y sigue corrompiendo a las instituciones del Estado.
En esto consiste la política fallida del presidente Calderón, por más buenas intenciones que tenga frente a este complejo problema.
Paz pactada
Exasesor de la ONU en materia de crimen organizado, negociador de conflictos entre países en crisis de seguridad, Edgardo Buscaglia afirma que el hecho de que en algunas regiones del país haya bajado la violencia no es indicador de éxito en la estrategia calderonista contra el crimen organizado.
Y advierte: “¡Cuidado! Nos pueden decir que hay eficacia, pero el fondo es ominoso y preocupante.
“México es una sociedad enferma de violencia que, a diferencia de lo que afirman los voceros del presidente, está más allá de los grupos criminales. La violencia se ha transformado en un mecanismo de comunicación entre las organizaciones delincuenciales.
“Diría incluso que no hay que tomar a los homicidios y a la violencia organizada como un indicador de éxito o de fracaso de una política pública de seguridad.”
Según Buscaglia, en México se está dando el caso similar al de Rusia, donde se ha consolidado una alianza nacional mafiosa alrededor del Estado; allá, dice, la violencia organizada baja porque se consolida una alianza criminal. Y eso es justamente lo que ha comenzado a suceder en algunas regiones de México donde cárteles como el de Sinaloa tienen un fuerte control:
“Ese cártel se está consolidando a través de alianzas criminales y locales, como ha sucedido en Tijuana y Ciudad Juárez, donde la violencia ha bajado drásticamente. La violencia es una tragedia social, una enfermedad social, pero no un indicador de que la delincuencia organizada esté expandiéndose o no. En una región pueden bajar la violencia y los homicidios, pero de manera paralela se consolida un grupo criminal y sus aliados.
“Este es uno de los grandes problemas que no comprenden los círculos cercanos al presidente Calderón. Ellos toman la violencia y los homicidios como un indicio mediático para medir si estamos bien o mal, incluso suelen presentar sus estadísticas como el medidor de éxito o fracaso del presidente.”
Y remata: “No se olvide que hay un alto nivel de paramilitarismo en México. Se trata de grupos pagados por los gobiernos o los empresarios para limpiar las plazas. Y en los países donde se consolidan las alianzas criminales, la violencia desciende de manera automática.
“Por lo tanto, en las regiones donde estamos viendo descenso de la violencia es claro que se está dando la consolidación de un grupo criminal y que tiene capacidad de controlar regiones, territorios completos, pedazos del Estado. Esto también es una mala noticia para la política de Calderón, pues tampoco ha rendido frutos.”
–Entonces, ¿qué fue lo que Calderón combatió en cinco años? Si hay más narco que hace cinco años y estos grupos están mejor consolidados, ¿dónde está la lucha contra el crimen organizado? –se le pregunta.
–No hay lucha ni estrategia ni nada. La guerra se desató contra la sociedad y contra el propio Estado. Cuando han transcurrido cinco años de batalla lo único que veo es a un presidente prisionero de su propia guerra, acotado en su actuar y en medio de un país que se precipita al colapso.
–¿Qué país entregará Calderón a su sucesor en diciembre próximo?
–Un país agotado, una sociedad hastiada de sangre y de desatinos políticos. El prisionero de Los Pinos entregará un territorio plagado de cruces, luto, muertos, descabezados y de nuevos ricos, porque la guerra también fue un gran negocio; no sólo para el crimen organizado, también para los hombres del poder.
Michoacán bárbaro
2012-01-14 06:24:46 COMENTARIOS DESACTIVADOS
Narcotráfico
MORELIA, MICH.- Los habitantes de Zitácuaro sufrieron una gran conmoción cuando vieron los cuerpos apilados de 13 jóvenes, con huellas de tortura y el tiro de gracia, que fueron arrojados en las calles de esta ciudad la madrugada del lunes 9.
En esta población del oriente michoacano no se recuerda un hecho de tal magnitud, aunque hace más de un año fue escenario de una emboscada contra la Policía Federal (PF) que dejó 12 efectivos muertos e igual número de heridos.
Esta vez la población experimenta temor e incertidumbre ante lo que significa el macabro mensaje: no sabe si fue un aviso de los grupos delictivos establecidos en la zona o de aquellos que anuncian su llegada.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno no pudieron dar una respuesta. Fueron los propios grupos de la delincuencia organizada quienes aclararon los hechos. El miércoles 11 la organización delictiva conocida como Los Caballeros Templarios se deslindó de los hechos.
En un alarde de despliegue simultáneo, la madrugada de ese día colocó 25 mantas en puentes vehiculares del territorio michoacano, incluida la capital, en las que criticaron las acciones de fuerza del gobierno federal en Michoacán. Al día siguiente decapitaron a una persona en Tuzantla, a
La víctima fue Alfredo López Arellano, de 41 años, hermano del director de Obras Públicas del vecino municipio de Tiquicheo. A un lado de la cabeza dejaron un mensaje: “Este sí es de ustedes, no como la propia gente que ustedes tiran Pony, Perro y Tinaco. Saludos de Los Caballeros Templarios. Aprendan a respetar”.
El mensaje iba dirigido a La Familia Michoacana, sus antiguos aliados, cuyo supuesto fin anunció a mediados del año pasado el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y hoy secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
Zitácuaro forma parte de un preciado corredor para el tráfico de drogas hacia el Pacífico mexicano y el centro del país, pues se ubica dentro del espacio que forman las fronteras de Michoacán, el Estado de México y Guerrero.
El propio presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, declaró el mismo lunes 9 que esta localidad es uno de los “focos rojos”, por la disputa de grupos de delincuencia organizada a lo largo de la carretera federal 51, que también pasa por Tuzantla, Tiquicheo y Huetamo, en la llamada Tierra Caliente de Michoacán.
La zona comprende la cuenca del río Balsas. Durante el estiaje en este lugar pueden aterrizar avionetas en las márgenes de arena de la presa El Infiernillo. En tiempo de lluvias las aeronaves arrojan paquetes de droga procedentes de Sudamérica, mismos que son recogidos por lancheros de la zona.
Esa región ha sido estratégica para los narcotraficantes establecidos en Apatzingán, de donde surgieron los principales grupos de delincuencia organizada en Michoacán. Hasta finales de 2010 estuvo bajo el control de La Familia Michoacana, cuando esa organización se mantenía unida.
En diciembre de 2010 las autoridades anunciaron que Nazario Moreno González, El Chayo, cayó en un enfrentamiento con la Policía Federal. A partir de este hecho el grupo se dividió en lo que ahora se sigue haciendo llamar La Familia Michoacana (FM) y Los Caballeros Templarios, encabezados por Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Enrique Plancarte Solís, La Chiva o El Kike (Proceso 1808 y 1814).
Alianzas
Los Caballeros Templarios se dieron a conocer en marzo de 2011 mediante la colocación de 40 mantas en puentes peatonales de distintas ciudades, incluido Zitácuaro. En junio de ese mismo año, Jesús El Chango Méndez, quien estaba al frente de la FM, fue detenido por la Policía Federal en Aguascalientes, cuando establecía alianzas con sus otrora enemigos Los Zetas.
En sus declaraciones ante la Policía Federal, Méndez aseguró que la zona comprendida entre Zitácuaro y Huetamo estuvo bajo el control de El Chayo, además de Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan.
Para enfrentar a Los Caballeros Templarios, la facción de la FM no sólo sumó a Los Zetas, sino también a lo que quedaba del cártel del Milenio, que en los años noventa del siglo pasado tuvo el control de las drogas sintéticas en el país y que en su momento también se confrontó con Los Zetas, el cártel formado por desertores de élite del Ejército.
La FM ahora está encabezada por Chuy Méndez, hermano del Chango Méndez, de quien heredó la idea de los “12 apóstoles” como cuerpo de seguridad. También estableció alianzas con los Beltrán Leyva, en Guerrero, grupo que se fragmentó luego de la ejecución de su jefe Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) considera que detrás de la matanza de los 13 jóvenes, uno de ellos menor de edad y casi todos originarios de Uruapan, podría estar la alianza entre La Familia y Los Zetas.
Los cadáveres fueron arrojados en la colonia La Mangana, en los terrenos de una gasolinera, frente a una tienda Oxxo y cerca de una zona escolar donde hay dos jardines de niños. Este sitio se encuentra en las orillas de Zitácuaro, a un costado de la carretera hacia Huetamo.
Los cuerpos estaban apilados y mostraban evidentes signos de tortura e impactos de bala. Por el olor que despedían, la Policía Ministerial de Michoacán determinó que los jóvenes fueron asesinados en otro lugar y por lo menos 24 horas antes de que se conocieran los hechos, hacia las dos y media de la mañana del lunes 9.
Junto a la pila de muertos había dos cartulinas firmadas por FM-Z. Proceso supo que se trató de un mensaje para el jefe de Los Caballeros Templarios en la zona, identificado como Gregorio Abeja Linares, El Güero.
Según su ficha policial este sujeto es originario del vecino municipio de San Lucas. Trabajó bajo las órdenes de Susano Sánchez Sánchez, vinculado al cártel del Golfo (CDG), organización que a principio de la década pasada cobijó a quienes años después integraron La Familia Michoacana. La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 3 millones de pesos por su captura.
En 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que tres policías de Huetamo detenidos por el Ejército protegían a una célula encabezada por Guillermo Abeja Santibáñez, primo de Gregorio. En esa ocasión también fueron detenidos tres integrantes de Los Zetas, el brazo armado del CDG.
Con los 13 cadáveres se elevaron a más de medio centenar las muertes provocadas por la violencia en el último mes. Por ello, el Ejército y la Policía Federal desplegaron operativos por tierra y aire en el oriente del estado y en la zona de Tierra Caliente.
Entre las poblaciones patrulladas se encuentran Tuzantla, Purungueo, Benito Juárez, San Lucas, Rivapalacio, Huetamo y Tiquicheo. Estos lugares han sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada.
Los cuerpos de los jóvenes que tenían entre 17 y 22 años –sólo uno de ellos tenía 36– fueron trasladados al Servicio Médico Forense, en Morelia. Hasta el cierre de esta edición los familiares habían identificado a 11.
Las víctimas fueron: Nabor Mendoza Rosas, de 36 años; Ricardo Pablo Gutiérrez Armas, de 22 años; Ricardo Montaño Hernández, de 21; José de Jesús Linares Muñoz, de 21 años; José Guadalupe Farías, de 21; Azael Ramírez Soto, de 18; Jesús Alberto Rodríguez Armas, de 18; Óscar Daniel de la Cruz Figueroa, de 18, y Juan René Villegas Gómez, de 17. Todos originarios de Uruapan, Michoacán.
También fueron identificados Guillermo Jiménez Cortés, de 18 años y habitante de San Juan Nuevo Parangaricutiro, y José Raúl Cruz Ávalos, de 19 años, nacido en Guadalajara, Jalisco.
Los cadáveres fueron escoltados al Servicio Médico Forense por elementos del Ejército. Ni la Policía Federal ni la PGR estuvieron en el lugar. No fue sino hasta el martes 10 cuando elementos de ambas dependencias se presentaron en la alcaldía de Zitácuaro, cuyo anterior presidente municipal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, fue uno de los alcaldes detenidos en el llamado michoacanazo, en mayo de 2009, acusados por el gobierno de Felipe Calderón de colaboración con el narcotráfico.
La cuenta del carnicero
La Policía Federal ha tenido en Zitácuaro una de sus peores experiencias en la llamada guerra de Calderón contra el narcotráfico. El 14 de junio de 2010, un convoy de esta corporación fue emboscado por sicarios de La Familia Michoacana que provocaron la muerte de 12 uniformados e igual número de heridos.
Aunque la PF reportó que fueron 10 sus bajas mortales, dos elementos más murieron cuando eran trasladados a diferentes hospitales en Zitácuaro, Morelia y el Estado de México.
Los federales fueron atacados hacia las ocho de la mañana de ese día cuando se dirigían al Distrito Federal, procedentes de Ciudad Hidalgo. Al pasar por la caseta Zitácuaro-Toluca fueron atacados desde un puente peatonal ubicado en el kilómetro 2+200. Los sicarios, que según la PF fueron 35 y utilizaron 12 vehículos, atacaron con armas largas, entre ellas un rifle antiaéreo tipo Barret, fusiles de asalto AK-47 y granadas de fragmentación.
Los federales respondieron y también causaron bajas entre los atacantes, pero éstos recogieron a sus heridos y muertos. Al tiempo del ataque, otro grupo interceptó un camión de transporte público. Bajó a los pasajeros y lo colocó sobre la vía que comunica al Centro de Protección Ciudadana con la caseta de la autopista que va hacia el Estado de México para luego incendiarlo. De esta manera los criminales bloquearon el camino para impedir la llegada de refuerzos.
Tres días después, el jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Pequeño, aseguró que el ataque fue ordenado por Nazario Moreno, El Chayo, líder de La Familia Michoacana, en respuesta a las detenciones de miembros de esa organización delictiva realizadas por la corporación policial.
Un año antes, en junio de 2009, la PF había sufrido otro revés a manos de La Familia Michoacana, cuando los cadáveres de 12 de sus elementos –con huellas de tortura– fueron apilados en el entronque carretero de la autopista Siglo XXI Lázaro Cárdenas-Morelia.
La Policía Federal cobró facturas en la segunda semana de diciembre de ese mismo año, cuando en violentos enfrentamientos que duraron tres días en varias comunidades de Apatzingán, abatió a El Chayo, considerado el líder espiritual de la organización (Proceso 1780). Su cuerpo no fue mostrado por la autoridad. Medio año después, las fuerzas federales detuvieron a El Chango Méndez.
Tanto Poiré como la Policía Federal celebraron el aniquilamiento del grupo delictivo. El mismo día de la detención de Méndez, Poiré manifestó: “El golpe dado este día a La Familia pone a disposición de la justicia a la cabeza principal que quedaba de la estructura delincuencial responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, corrupción e, incluso, ataques arteros contra la autoridad y la población”.
Sin embargo, a seis meses de esa declaración, la violencia y las extorsiones se mantienen en el estado. Un recuento realizado por este semanario entre diciembre pasado y lo que va de enero indica que se han registrado por lo menos 61 muertos en choques entre sicarios, la milicia y cuerpos policiales.
La acción gubernamental atomizó a La Familia Michoacana, pero los dos grupos en que se escindió han realizado alianzas con otras organizaciones que han extendido a Michoacán la confrontación que mantienen en otras entidades.
El pasado 13 de diciembre, por ejemplo, en el municipio de Ecuandureo, en los límites de Michoacán con Jalisco, hubo un enfrentamiento entre La Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo de fuerza del cártel de Sinaloa. Esta organización, encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, se disputa con Los Zetas el control del narcotráfico en la mayor parte del país. El CJNG cuenta a su vez con un grupo que se hace llamar Los Matazetas, que en septiembre pasado se adjudicó el asesinato de 35 personas en Veracruz (Proceso 1821).
Es el caso también del grupo delictivo identificado como La Resistencia, que mantiene un enfrentamiento con el CJNG. En Michoacán, opera en alianza con La Familia, Los Zetas y el cártel del Milenio.
Los enfrentamientos más fuertes por el control de Michoacán han ocurrido en las fronteras con Guerrero y el Estado de México, así como en los límites con Guanajuato y Jalisco. En el primer caso, en la zona conocida como Paso de Tierra Caliente, que va desde Zitácuaro hasta Huetamo. Incluye a los municipios de Tuzantla, Tiquicheo, Carácuaro, Nocupétaro y Benito Juárez, en la zona identificada como Cuenca del Balsas.
En la cuenca Lerma-Chapala, en las colindancias con Jalisco y Guanajuato, los municipios más afectados han sido Ecuandureo, Tanhuato, Yurécuaro, Vista Hermosa, Briseñas y La Piedad.
Los testimonios contra la impunidad...
2012-01-14 06:25:51 COMENTARIOS DESACTIVADOS
Justicia
CHILPANCINGO, GRO.- El dictamen preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa –presentado el lunes 9 en la Ciudad de México por su presidente Raúl Plascencia Villanueva– no sólo puso en evidencia la falta de preparación de los policías ministeriales para enfrentar manifestaciones; también provocó reacciones encontradas entre las autoridades estatales, sobre todo por los testimonios de tres de los normalistas que resultaron heridos.
“Existe una muy alta probabilidad de que dichos disparos hayan sido proferidos de poniente a oriente, lugar en que se encontraban diversos servidores públicos del estado de Guerrero”, expuso el ómbudsman nacional. El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero reaccionó de inmediato y emitió un boletín en el que expuso que separará de su cargo a los servidores que “hubiesen incurrido en acciones u omisiones sancionadas por la ley”.
A su vez, Alberto López Rosas –quien dimitió como procurador de Justicia del estado el 13 de diciembre, al día siguiente de la muerte de los normalistas Jorge Alexis Herrena Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– sostiene que la CNDH intenta proteger a los agentes federales y descalifica el informe porque, a su juicio, “no profundiza en la verdad histórica” y sólo se basa en supuestos.
El exfuncionario insiste en que los policías de la Secretaría de Seguridad Pública federal fueron los que dispararon contra Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 19 y 20 años, respectivamente.
Los testimonios
Para la elaboración del documento, la CNDH recurrió a los testimonios de Édgar David Espíritu Olmedo, Juan Alberto Álvarez Adame y Rubén Eduviges Coctololo, los normalistas que resultaron heridos durante la manifestación del 12 de diciembre, luego de que los policías comenzaron a disparar al aire para dispersarlos.
Y aun cuando arguyen que les dispararon policías federales y estatales, ninguno de los tres pudo especificar el origen de los impactos que los hirieron ese día.
En el caso de Eduviges Coctololo, según el documento del ómbudsman nacional, los médicos de la clínica particular que lo atendieron le extrajeron un fragmento de proyectil de arma de fuego que se encontraba alojado en su pie izquierdo.
Entrevistado por personal de la CNDH mientras convalecía en el Centro Médico Integral Santa Fe de esta capital, Eduviges Coctocolo dijo que “durante los hechos diferentes agentes armados (federales, estatales y ministeriales) que se encontraban apostados a bordo de patrullas comenzaron a disparar, en un principio al aire y luego contra los manifestantes”.
También comentó que cuando vio a dos de sus compañeros caídos –Herrera Pino y Echeverría de Jesús–, observó que aunque algunos de los manifestantes intentaron ayudarlos, no pudieron porque los policías seguían disparando.
Según el informe, Eduviges Coctololo intentó ayudar a un compañero “herido en el estómago”, pero un impacto en el pie izquierdo lo obligó a refugiarse detrás de un autobús que sus compañeros habían atravesado sobre la Autopista del Sol.
Los policías federales, estatales y ministeriales nunca intentaron auxiliar a los heridos, lo que evidenció no solamente su desinterés “sino una falta de sensibilidad y trato digno hacia ellos”, indica el texto de la CNDH; en el caso de Espíritu Olmedo, quien pidió ayuda a los agentes federales, el estudiante insiste en que no quisieron atenderlo.
Espíritu Olmedo tenía una “herida de bala puntiforme en región axilar anterior, así como otro orificio en la parte anterior del tórax a nivel del esternón, de tres centímetros de diámetro”, de acuerdo al dictamen de la comisión.
En su testimonio, el normalista relató a los visitadores de la CNDH que lo interrogaron durante su convalecencia que los policías estatales que estaban del lado poniente y agentes federales que se apostaron al oriente estaban disparando a mansalva contra los manifestantes.
Luego de que empezaron los primeros disparos, continuó, se escondió detrás del citado autobús junto con otros de sus compañeros. Dijo que cuando la balacera cesó caminó hacia el punto donde se concentraba el resto de los normalistas.
Espíritu Olmedo también narró que, estando de frente –viendo hacia el centro comercial Galerías Chilpancingo–, volvió a escuchar disparos y vio que nuevamente les arrojaban granadas de gas lacrimógeno, lo que lo obligó a agacharse, y al tratar de incorporarse “sintió algo en el pecho, como si le dieran descargas eléctricas”.
Refirió que “al tocarse y levantarse la playera vio mucha sangre”, subraya el informe. Aunque solicitó auxilio a los policías federales, que se encontraban atrás de otros autobuses ubicados de frente sobre la carretera y les mostró la herida, uno de ellos le gritó que se largara. De lo contrario, le dijo, “le iba a ir peor”.
Espíritu Olmedo optó por alejarse del lugar y abordó un autobús que se dirigía hacia el sur. El conductor se detuvo junto a una ambulancia, que finalmente lo trasladó al hospital del ISSSTE en esta capital, donde estuvo internado durante una semana. Hoy se encuentra con sus padres.
Según su declaración, él estaba frente al centro comercial ubicado al poniente del punto donde se realizó el desalojo. Desde ahí pudo observar a los policías estatales –“a los que ubicó por el uniforme”, indica el informe– cuando estaban disparando contra sus compañeros; también observó a los federales que, dijo, se apostaron en una loma ubicada al oriente.
El normalista aclaró que los agentes federales que estaban frente a él, sobre la autopista, no estaban disparando contra los manifestantes; incluso argumentó que fue a ellos a los que pidió apoyo.
En el testimonio que rindió ante el personal de la CNDH que lo entrevistó el 14 de diciembre en las instalaciones de un hospital privado de esta capital, Álvarez Adame, quien fue herido en el muslo derecho, dijo que al principio los agentes federales y estatales comenzaron a disparar al aire y enseguida apuntaron de frente a la multitud. Recordó que al correr sintió un impacto en su pierna.
Sus compañeros lo subieron a una camioneta y lo trasladaron a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, al sur de esta capital, donde fue internado en una clínica particular. De ahí lo trasladaron a un hospital privado de esta capital.
La tortura
Durante la presentación del informe preliminar, el ómbusman nacional señaló que en el desalojo de los normalistas del plantel “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa hubo uso indebido de armas de fuego y uso excesivo de la fuerza pública, lo que derivó en el homicidio de dos alumnos de esa institución y cuatro lesionados a tiros.
Tras la refriega, expuso, 24 personas fueron arrestadas en forma arbitraria y sometidas a “tratos crueles”; mientras permanecieron en los separos de la Policía Ministerial una de ellas –el normalista Gerardo Torres Pérez– fue torturada y los agentes le imputaron delitos falsos.
De los detenidos, 14 eran estudiantes: nueve de la normal de Ayotzinapa; cinco de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Instituto Tecnológico de Chilpancingo (Itech), entre ellos una mujer, que no tenían ninguna relación con la protesta; el resto eran campesinos de la región Costa Grande que habían acudido a respaldar el movimiento de Ayotzinapa, así como ciudadanos que se encontraban en el lugar a causa del bloqueo carretero.
En el caso de Torres Pérez, de acuerdo con el informe, el comandante regional de la Zona Centro de la Policía Ministerial, David Jesús Urquizo Molina, lo acusó de disparar contra los policías federales con un fusil AK-
El mismo día de la balacera, el aún procurador Alberto López Rosas dijo en conferencia de prensa que los policías estatales habían llegado desarmados al desalojo. Su versión contrasta con la del informe preliminar de la CNDH.
En su testimonio, Torres Pérez, quien aparece en varios videos y fotografías con piedras en las manos enfrentándose a los policías armados, dijo a los visitadores de la comisión que fueron los uniformados estatales los que le sembraron el arma para inculparlo. Expuso que tras detenerlo y golpearlo, ellos lo llevaron a una casa abandonada donde le hicieron disparar el arma en repetidas ocasiones y tocar los casquillos percutidos.
Tras realizarle las pruebas médicas y psicológicas, la CNDH concluyó:
“Del análisis interdisciplinario de las evidencias médicas y psicológicas, se concluye que en el caso particular de Gerardo Torres Pérez presenta signos y síntomas positivos de tortura, que concuerdan con el relato de los hechos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.”
Y añade: Todos los policías que participaron en el desalojo “emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego (…) sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines”; también quedó demostrado que “ninguno de los manifestantes portaba armas de fuego”.
Galimatías policiaco
El documento preliminar –el definitivo estará listo dentro de dos meses más, según el ómbudsman nacional– también alude a los obstáculos que tuvieron que sortear los investigadores de la CNDH, en particular las versiones contradictorias de las diversas corporaciones policiacas en su afán por deslindarse de los hechos violentos.
Mintió Antonio Valenzuela, quien incluso renunció como director de la Policía Ministerial de Guerrero, al decir que sus subordinados acudieron desarmados; también lo hizo el vocero de la Policía Federal, quien aseguró que los federales no llegaron en primera instancia ni establecieron diálogo con los manifestantes, “lo que no concuerda con la realidad”, según la CNDH.
Las contradicciones afloraron un día después de la refriega –el 13 de diciembre–, cuando, por separado, los gobiernos estatal y federal exhibieron videos editados en un intento por deslindarse e imputar al otro los asesinatos de los normalistas.
No obstante, de acuerdo con la CNDH, la falta de respuesta oportuna de la SSP federal a las solicitudes de información constituyó uno de los obstáculos a su investigación; además, sólo envió “información parcial y de manera tardía” a la comisión.
Y aun cuando la dependencia federal insiste en que fueron agentes de las corporaciones locales los que llegaron primero, los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la carretera demuestran que los federales estuvieron ahí desde el principio.
Lo que aun no se define es quiénes fueron los uniformados que “realizaron acciones y omisiones en perjuicio de las investigaciones, respecto a la alteración y descuido en la preservación de los indicios, los cuerpos de las personas fallecidas y los medios de prueba en general que se encontraban en el lugar de los hechos”.
De los policías ministeriales que participaron, el informe de la CNDH señala al coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado, Rey David Cortés Flores, quien, a pesar de que estaba de descanso el día del desalojo, aparece en múltiples fotografías y videos apuntando al grupo de manifestantes con un arma larga tipo Colt, calibre .223, modelo AR-6530.
Cortés Flores es uno de los 12 agentes estatales que permanecen arraigados desde el 18 de diciembre por su presunta responsabilidad en el homicidio de los dos estudiantes.
Y aun cuando la Ley Orgánica de la procuraduría estatal establece que los agentes ministeriales deben usar vehículos, armamento y demás equipo a su cargo con el “debido cuidado” y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos, eso “no se observó en el caso del mencionado coordinador de la Policía Ministerial”, expuso el ómbudsman nacional el lunes 9.
En resumen, según él, “existen elementos que permitieron observar violaciones a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal; a la legalidad y al trato digno, en agravio de las víctimas, de las cuales cuatro son menores de edad y una es mujer”.
Además, no hubo justificación para el empleo de armas de fuego en el desalojo de los normalistas; tampoco en el caso de las conductas delictivas por parte de particulares o manifestantes, por lo que en ambos casos, según la CNDH, “deberán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para que las afectaciones no queden en la impunidad, las víctimas accedan al sistema de justicia respectivo y se obtengan las reparaciones adecuadas en correspondencia a los daños afrontados”.
Respecto de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el empleado de la gasolinera que murió a causa de las quemaduras provocadas por la explosión de una de las bombas de la estación, el documento indica que corresponderá al agente del Ministerio Público federal investigar quiénes son los responsables del incendio.
Por los hechos narrados, el organismo “turnará las evidencias de que se allegue para lograr el acceso a la justicia de las víctimas”; además, presentará las quejas y denuncias ante los Órganos Internos de Control respectivos y ante la PGR.
El jueves 12 por la noche, personal de la CNDH arribó a esta capital para realizar un peritaje de trayectoria de balística en el lugar donde fueron desalojados los normalistas. El propósito: determinar desde qué sitio se hicieron los disparos contra los estudiantes.
Los visitadores del organismo también acudieron a la sede de la normal de Ayotzinapa, ubicada en la cabecera municipal de Tixtla, donde recogieron testimonios entre la comunidad, que, según la matrícula, es de 520 estudiantes, la mayoría provenientes de las regiones más pobres del estado.
...Y la batalla por la impunidad
2012-01-14 06:28:26 COMENTARIOS DESACTIVADOS
Justicia
WASHINGTON.- Barack Obama se inscribe en la estrategia legal concebida para anular la demanda interpuesta en contra de Ernesto Zedillo por 10 presuntos sobrevivientes de la matanza de Acteal, toda vez que el mandatario estadunidense tendría el poder para decidir si se le otorga o no inmunidad al expresidente mexicano.
“La clave del caso es saber si el gobierno de Estados Unidos va a intervenir a favor o en contra de la solicitud o si simplemente no va a hacer nada”, dice a Proceso Roger Kobert, uno de los abogados que en nombre de los 10 sobrevivientes presentaron la demanda contra Zedillo ante la Corte Federal de New Haven, Connecticut, el pasado 16 de septiembre.
El gobierno de Estados Unidos rechazó hacer comentarios sobre la petición de inmunidad que hiciera el expresidente a la Corte Federal; su argumento fue que se trata del caso de un ciudadano privado. Lo único que el Departamento de Estado admite es haber recibido una “nota diplomática” del gobierno de México sobre el asunto, pero no reveló el contenido.
El viernes 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional), como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno.
“Los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el expresidente goza o no de inmunidad frente a la demanda”, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 sobrevivientes de Acteal.
Funcionarios del gobierno de Obama consultados por este semanario dicen que el curso legal que se le da a la moción presentada por Zedillo ante la Corte Federal de Connecticut se desarrolla en tres etapas:
Primero la Corte Federal de Connecticut se pone en contacto con el Departamento de Estado para solicitar su “punto de vista” sobre la afirmación de los abogados de que Zedillo tiene derecho a la inmunidad como expresidente de un país extranjero. Después, según el sistema judicial estadunidense, el Poder Ejecutivo “podría dar su opinión a la Corte” sobre la solicitud de inmunidad. Por último la Corte Federal tiene la libertad de tomar en cuenta o desechar la opinión del Ejecutivo para emitir su fallo.
Kobert aclara que antes de que la Corte Federal consulte al Departamento de Estado tiene que notificarles oficialmente a ellos el pedido de Zedillo y esperar la opinión legal de la parte acusadora.
“La Corte Federal es la que tiene la última palabra”, enfatiza Kobert, quien hasta el cierre de esta edición aseguró que su equipo no había recibido ninguna notificación del juez Thompson, aunque previó que la comunicación se lleve a cabo la próxima semana. Proceso intentó en cinco ocasiones comunicarse telefónicamente con los abogados de Zedillo, pero no respondieron.
El precedente Filártiga
Funcionarios estadunidenses y abogados internacionalistas consultados por el corresponsal admitieron que desconocen el proceso jurídico de un caso en Estados Unidos de solicitud de inmunidad para un exjefe de Estado o de gobierno o exfuncionarios de países extranjeros.
El único precedente legal de esta naturaleza es el de la familia Filártiga contra Américo Norberto Peña Irala, exinspector general de la Policía de Asunción, Paraguay, juicio que tuvo lugar en 1980. La decisión final fue adversa al argumento de inmunidad.
Este caso se sustentó en un hecho ocurrido en la capital paraguaya el 29 de marzo de 1976 cuando Joel Filártiga, de 17 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por Peña Irala. La demanda señala que ese mismo día oficiales de la policía llevaron a Dolly Filártiga (hermana de Joel) a reconocer el cuerpo del muchacho, que mostraba huellas de severas torturas.
La familia Filártiga sostuvo que Joel fue secuestrado, torturado y asesinado en represalia por las actividades políticas de su padre, el doctor Joel Filártiga. La familia acusó legalmente a Peña Irala en Paraguay, donde nunca fue juzgado. Al contrario, el abogado de la familia Filártiga fue detenido, encarcelado y amenazado de muerte por la policía y posteriormente se le anuló la licencia para litigar en Paraguay.
En 1978 Dolly Filártiga emigró a Estados Unidos y solicitó asilo político; ese año Peña Irala también viajó a la Unión Americana y se quedó a vivir ahí, pese al vencimiento de su visa de turista. Al enterarse de la presencia en Estados Unidos de Peña Irala –luego de haber sido detenido éste por las autoridades migratorias– Dolly lo demandó ante una Corte Federal.
A Peña Irala lo acusaron de haber torturado y asesinado al joven Filártiga en flagrante violación de las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de los acuerdos suscritos por el gobierno estadunidense. La representación legal de la familia Filártiga estuvo a cargo del Centro para los Derechos Constitucionales. Los demandantes pidieron a Peña Irala una compensación de 10 millones de dólares.
Pese a que la Corte Federal que asumió el caso desechó los cargos y anuló el juicio (por el pedido de inmunidad que hizo el gobierno de Paraguay), la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito del estado de Nueva York dio un fallo favorable para la familia Filártiga. La Corte de Nueva York determinó que la denuncia y castigo contra la tortura están garantizados por la aplicación de las leyes internacionales.
Este caso se interpretó como la extensión de la aplicación de las leyes internacionales por las cortes de Estados Unidos en los casos de delitos cometidos en el extranjero o en el territorio nacional.
Un despacho muy caro
Los 10 sobrevivientes de la matanza de Acteal piden que se procese judicialmente a Zedillo en Estados Unidos bajo el mismo criterio de extensión de la aplicación de las leyes internacionales que reconoce el gobierno de Obama y a las cuales está suscrito. La matanza fue perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, Chiapas, e implicó la muerte de 45 hombres, mujeres y niños tzotziles.
Los demandantes exigen al expresidente una compensación de 50 millones de dólares. La demanda se presentó en la Corte Federal de New Haven por ser ése el distrito que tiene jurisdicción sobre el lugar de residencia de Zedillo, quien dirige el Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.
En México algunos medios, analistas políticos y columnistas han hecho numerosas conjeturas en torno a las razones de la demanda. Algunos ven con suspicacia el hecho de que los 10 sobrevivientes de la matanza hayan iniciado la querella judicial –según los comentaristas– usando los servicios de uno de los despachos legales más caros de Estados Unidos.
“Ojalá fuera así; sería rico”, comenta Kobert al respecto, y sostiene que él y sus colegas tomaron el caso porque consideran que en éste se halla de fondo una gran injusticia donde las víctimas son muy pobres. “Estas personas que representamos no tienen dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para pagarles a unos abogados que cobran cientos de dólares por hora”, enfatiza.
–¿Entonces quién les paga? –se le pregunta.
–Lo que tenemos es un acuerdo bajo el cual si ganamos nos llevaremos una porción de los 50 millones de dólares que se buscan en compensación por los daños. Si perdemos no nos llevamos ni un centavo.
En casos de violación a los derechos humanos de personas humildes –dentro y fuera de Estados Unidos– es común que despachos legales u organizaciones no gubernamentales acepten trabajar con la esperanza de recibir un porcentaje del pago exigido como compensación por los daños sufridos por sus clientes.
El abogado aclara que la demanda contra Zedillo es su primer caso contra el exjefe de Estado de un país extranjero. Kobert aclara en la entrevista telefónica que él y sus colegas tienen la capacidad profesional y legal para salir adelante con la demanda: “Ya habíamos anticipado que en el proceso saldría a relucir el asunto de la inmunidad”.
El despacho con sede en Miami tiene un amplio historial de aplicación de leyes internacionales… pero en materia comercial. Kobert se asume como experto en temas de inmunidad, territorialidad y soberanía ante las cortes federales de su país. “Revisamos el caso, lo analizamos y decidimos tomarlo cuando llegamos a la conclusión de que es un asunto interesante y que se puede ganar”, añade.
–¿Fueron los 10 campesinos de Acteal quienes los buscaron para que los representaran? –se le pregunta.
–Fuimos contactados por un grupo de abogados mexicanos interesados en ayudar a las víctimas de esta masacre.
–¿Quiénes son esos abogados?
–No podemos dar a conocer su identidad. No los podemos poner en riesgo. Ellos nos solicitaron que los mantuviéramos en el anonimato.
–¿Dónde tienen su despacho estos abogados mexicanos, en la Ciudad de México, en Chiapas?
–Digamos que en algún lugar de los Estados Unidos Mexicanos.
Kobert sostiene que fue en la primavera o el verano de 2010 cuando fueron contactados por los abogados mexicanos y explica que tuvieron poco más de un año para investigar en detalle toda la situación antes de demandar a Zedillo: “Hicimos mucha investigación, reconstrucción de los hechos, entrevistas con testigos y víctimas, análisis de los procedimientos legales y jurídicos y traducción de documentos. Nuestra firma envió representantes muchas veces a la región (de Acteal)”.
Respecto de las razones por las que se mantiene en el anonimato la identidad de los demandantes, Kobert aclara que el propósito es no poner en riesgo la integridad de sus clientes y de los familiares de éstos.
“En el primer borrador de la demanda habíamos puesto los nombres y apellidos de todos. Al final determinamos que no era pertinente, porque los pondríamos en riesgo. Pero los documentos están firmados por los denunciantes –identificados como Jane Doe 1, 2, 3, etcétera–, quienes también pusieron sus huellas digitales”, aclara.
La Corte Federal en New Haven aceptó la demanda con el nombre de Jane Doe para cada uno de los quejosos, pero Kobert adelanta que en algún momento del juicio –que él afirma que sí habrá– la defensa pedirá confirmar la identidad de quienes acusan a Zedillo. “Pero también ya estamos preparados para enfrentar esa situación”, remata.
El abogado incluso abrió una página en internet donde se exhiben muchos de los documentos del proceso: http://acteal97.com.
Una vez que el juez Thompson solicite la opinión del Departamento de Estado sobre la solicitud de Zedillo, y luego de que el gobierno de Obama se la entregue, la Corte Federal de New Haven se lo notificará a los abogados de los demandantes, quienes tendrán 30 días para responder al fallo. En otras palabras: para presentar una apelación, de ser el caso, ante la Corte correspondiente.
Desconfianza en Chiapas
En Chiapas la demanda de los 10 sobrevivientes contra Ernesto Zedillo y la posterior solicitud de inmunidad presentada por el gobierno mexicano sólo han generado dudas y desconfianza.
La asociación civil Las Abejas de Acteal –formada por sobrevivientes reconocidos de la matanza, así como por amigos y familiares– y sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se deslindaron de la demanda; afirman que ninguno de ellos contrató despacho legal alguno ni ha viajado a Estados Unidos para testificar en el caso.
Consideran que es una cortina de humo para obstaculizar la vía que ellos eligieron para desahogar la responsabilidad del Estado mexicano y algunos responsables del gobierno encabezados por el entonces presidente Zedillo, a quien acusan de ordenar la estrategia de contrainsurgencia que culminó con la matanza del 22 de diciembre de 1997.
En 2010, 13 años después de la matanza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja interpuesta por el Frayba y Las Abejas de Acteal, a quienes les notificó haber abierto el expediente número 146/10. La admisibilidad fue dictaminada en el 140 periodo ordinario de sesiones de la CIDH en Washington los primeros días de noviembre de ese año.
En aquella ocasión la CIDH dijo a los denunciantes que había encontrado elementos para admitir que el Estado mexicano violentó derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, por lo que era hora de comenzar a pedirles cuentas.
A raíz de ello, dice el titular del Frayba, Víctor Hugo López, la CIDH empezó a solicitar información del caso al gobierno mexicano y en ese proceso conocieron, el 20 de septiembre de 2011, la demanda interpuesta cuatro días antes contra Zedillo en Estados Unidos.
Sin embargo Las Abejas y el Frayba consideran que la solicitud de inmunidad del gobierno mexicano es parte de una estrategia que camina hacia la impunidad. Dice Víctor Hugo López que el hecho de que el gobierno mexicano haya solicitado inmunidad lo único que hace es confirmar la responsabilidad de los servidores públicos.
“A nosotros nos sorprende que en lugar de que el gobierno mexicano dé información para deslindar responsabilidades, intente por la vía del fast track solicitar inmunidad para el expresidente Zedillo.
“Nos sorprende que pudiendo contar con un buen cuerpo de abogados que lo defienda y argumente su inocencia en los tribunales se vaya por esa vía. Se van un poco con la finta de lo que ya ocurrió con un expresidente de Colombia (Álvaro Uribe), a quien sí le dieron inmunidad durante el gobierno de George Bush”, agrega.
Afirma que el sexenio de Zedillo estuvo marcado por la estrategia contrainsurgente y que hay al menos tres hechos que lo confirman. Primero la embestida militar de febrero de 1995 contra el EZLN, cuando había un cese del fuego para abrir el diálogo y la negociación; al fallar esa estrategia ofensiva, como una segunda etapa se sentó a dialogar y negociar. Se firmaron los primeros acuerdos de San Andrés, los que terminó por desconocer. Tras los acuerdos el gobierno añadió un tercer elemento: la paramilitarización, la creación de grupos de choque que finalmente concluyó con la matanza de Acteal.
“Con esos tres elementos vemos claramente la estrategia ‘dura’, de la que es responsable Zedillo como comandante de las Fuerzas Armadas que era entonces”, señala.
Si se exime de responsabilidad a Zedillo, dice, querrán también encubrir a los otros responsables que dependieron de él, entre ellos el exsecretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, y el exgobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro.
Añade que el gobierno de Calderón está haciendo la prueba con este intento de solicitar inmunidad “para cubrirse la espalda viéndose él como expresidente, luego de que ha sido señalado por los miles de muertos en México y la demanda que enfrenta en la Corte Penal Internacional”. (Con información de Isaín Mandujano.)
