Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
Domingo 4 de septiembre de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Terrorismo: víctimas y negación
El incendio premeditado del casino Royale en Monterrey debe ser catalogado como lo que es: terrorismo. Sólo así podrá enfrentarse ese flagelo
Colaborador Invitado
(4 septiembre 2011).- Mario Arroyo Juárez
Miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC.
Los acontecimientos ocurridos el 25 de agosto de 2011 en Monterrey obligan a reflexionar sobre dos aspectos básicos de este acto de violencia extrema: la necesidad de cumplir con la obligación del Estado de garantizar la atención a las víctimas y el miedo que genera en amplios sectores de la clase política el catalogar este tipo de actos como terrorismo.
Derechos de las víctimas
Al margen de discusiones conceptuales, semánticas o jurídicas, el hecho es que el incendio provocado deliberadamente en el Casino Royale dejó 52 víctimas mortales y otras más heridas. Esto refiere a la obligación del Estado mexicano de cumplir con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. La declaración es clara y no deja lugar a dudas: "se entenderá por 'víctimas' las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros... podrá considerarse 'víctima' a una persona... independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador... en la expresión 'víctima' se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización". Es por lo tanto obligación de los Estados el garantizar el acceso a la justicia, un trato justo, el resarcimiento, la indemnización y la asistencia oportuna.
Un elefante en el cuarto
La expresión, de tradición anglosajona, se refiere a una situación en la que quien habita un espacio y enfrenta un gran problema prefiere, antes de enfrentarlo o reconocerlo, optar por la negación: no importan las incomodidades, alteraciones a la vida cotidiana e incluso los riesgos de tener una bestia al lado, lo mejor es ignorarlo.
En México, a pesar de las evidencias y que, desde el punto de vista jurídico y táctico, los acontecimientos trágicos de Monterrey tienen todos los elementos para ser clasificados como "terrorismo", se sigue sin reconocer que el terrorismo es ya una realidad insoslayable. Reconocer o no al terrorismo no es una mera discusión semántica o académica, la respuesta a la pregunta tiene implicaciones prácticas en términos de políticas públicas, y sobre todo puede salvar vidas. En este sentido fue significativo, aunque tardío, el reconocimiento del gobierno federal a calificar en sus primeras declaraciones el atentado contra las personas mediante un incendio como un hecho de "terror". Algo que procuraron negar en el ataque terrorista del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, en los asesinatos masivos de jóvenes en Ciudad Juárez y Torreón durante 2010, o incluso en la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez ese mismo año. Ello sin contar, por ejemplo, los ataques a los ductos de Pemex en 2007, entre muchas otras acciones que podrían encuadrar dentro de la tipificación del delito de terrorismo y que no necesariamente han sido perpetradas por la delincuencia organizada.
Por eso llama poderosamente la atención la diversidad de reacciones que los hechos de Monterrey suscitaron en diversos sectores de la sociedad: ciudadanos organizando cacerolazos, manifestaciones, llamados en redes sociales a censurar a sus gobernantes de los tres niveles no acudiendo a los festejos patrios en septiembre; escritores mexicanos laureados internacionalmente sugiriendo la ayuda de policías europeos; dirigentes de asociaciones civiles exigiendo el toque de queda, el gobierno federal mandando tropas y contingentes policiales.
Y, en este contexto de ocurrencias, importantes personajes de la vida pública regateando el uso del término terrorismo. Ante los acontecimientos de Monterrey lo que se observa es una sociedad dividida y pasmada frente a una delincuencia organizada y brutalmente letal.
Cuatro pasos
Mejorar los niveles de seguridad en México no es un asunto necesariamente de dinero o de leyes, a esas soluciones le hemos apostado todo nuestro capital y hemos fracasado. La solución apunta a la voluntad política, a la responsabilidad ética y al conocimiento científico. Aun la retórica de la participación ciudadana sin estos componentes no es sino un elemento decorativo y demagógico.
Son cuatro los pasos básicos para avanzar hacia la contención, reducción y eventual reducción de las acciones de la delincuencia organizada: 1) Reconocer la existencia del terrorismo. Aceptar claro y sin ambigüedades que las acciones que realiza la delincuencia organizada son actos terroristas. 2) Analizar vulnerabilidades. Partiendo del supuesto de que lo que se enfrenta es terrorismo, los recursos del Estado se deben emplear para diseñar e implantar políticas antiterroristas y de contraterrorismo. 3) Evaluar amenazas. Contar con guías para la evaluación de los niveles de amenazas. 4) Avanzar en el reconocimiento y aplicación de los derechos de las víctimas.
Una opción alternativa es continuar con el estado de cosas, que el Estado Mexicano siga firmando tratados internacionales contra el terrorismo, sus gobernantes emitiendo condenas y los actores públicos discutiendo los usos jurídicos o semánticos del término. Así, mientras los mexicanos decidimos implantar una política de Estado en materia de seguridad y justicia, bien podríamos comprar unas toneladas de cacahuates para alimentar al elefante, al menos en lo que pasan los tiempos electorales, apostando a la desmemoria y confiando en la fortuna.
Comienza el jaloneo presupuestal
Debate Política y gasto público
Martha Martínez
(4 septiembre 2011).- En un debate convocado por Enfoque, los estrategas económicos de las tres principales bancadas en la Cámara de Diputados adelantan que el gasto de estados y municipios se perfila como el principal punto de controversia en la negociación del Paquete Económico 2012, cuya propuesta deberá ser enviada al Congreso a más tardar el próximo jueves por la Secretaría de Hacienda.
¿Qué impuestos deben modificarse para el 2012?, ¿cuál debería desaparecer y cuál debería crearse?
PRI DAVID PENCHYNA
El paquete fiscal de 2012 enfrenta una circunstancia tal en términos macroeconómicos y políticos que se ve compleja la modificación a alguna cuestión impositiva en nuestro país, pero lo que sí estamos obligados a revisar es el IETU, por ley. Sí tiene algunas inconsistencias y sí se ve que el IETU no está sirviendo para lo que fue creado: un impuesto de control se convirtió en un impuesto recaudatorio y, en ese sentido, nosotros creemos que vale la pena que la renta en nuestro país tenga un impuesto eficiente, no dos. Esta discusión obligatoria nos debería llevar a la reflexión de hacer un Impuesto Sobre la Renta robusto, fortalecido y no tener una doble tributación que le está generando un daño principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
PRD VIDAL LLERENAS
El informe del IETU es interesante porque muestra cómo el impuesto más que servir de recaudación, sirve de control. La discusión un poco viene porque alguien alguna vez planteó que uno pudiera escoger entre el IETU y el ISR, y eso es mentira, el IETU en realidad es un impuesto de control que también recauda y sobre eso hay que analizarlo.
Hay que ser muy responsables especialmente en este año y cualquier modificación que implique cambiar el IETU, o quitarle algunas restricciones. En el PRD sí pensamos que podemos quitar restricciones al IETU, por ejemplo dejarlo a los grandes contribuyentes, pero al mismo tiempo compensarlo con quitar regímenes especiales; esta combinación permitiría que paguen más los que tienen que pagar, por ejemplo empresas transportistas del sector primario que nunca han pagado sus impuestos, y que paguen menos las empresas medianas y pequeñas que sí se afectan por este impuesto.
PAN LUIS ENRIQUE MERCADO
En un terreno de lo ideal, debiéramos de revisar todo el sistema tributario completo, no solamente el IETU, porque no recaudamos lo suficiente (recaudamos 10 por ciento del PIB, que es muy poco para un país como México) y tenemos este tipo de parches como, por ejemplo, el IETU. Pero eso sería el mundo ideal, lo que va a suceder es que nos vamos a centrar en dos discusiones: el IETU, lo menos malo que tenemos, y decir simplemente "quitemos el IETU" sería una irresponsabilidad en un año donde seguramente tendremos menos recaudación por la baja actividad económica. Y el otro tema probablemente sea la tenencia, porque también una legislatura anterior a la nuestra determinó que a partir de 2012 dejara de ser considerado como un impuesto federal, ya no estará dentro de la Ley de Ingresos que presenta el Ejecutivo y se va a dejar a la determinación de los estados; pero la verdad es que cuando era responsabilidad federal se veía muy bonito que se quitara y hoy, cuando es responsabilidad local y cuando los gobernadores revisan los ingresos y ven que produce 300, 500 o mil millones de pesos, se convierte en un asunto difícil.
El otro tema en ingresos es calcular o ver cuánto se va a reducir la recaudación de impuestos el año que entra debido a una seguramente menor actividad económica: ¿cómo vamos a reponer eso?, ¿vamos a aumentar el déficit?, ¿vamos a usar otra vez el tema del petróleo para compensar esos ingresos?
RÉPLICA
PRD VIDAL LLERENAS
En el caso de la tenencia, la responsabilidad de cobrar siempre cayó en los gobernadores y creo que hay mucho de populismo fiscal en este tema, hay incluso por ahí ya un anuncio del presidente Calderón con ese tema. Somos el único país del mundo que está quitando un impuesto sobre emisiones y, en un panorama en donde las finanzas públicas locales son muy débiles, precisamente porque no hay fuentes de recaudación, creo que deberíamos repensar lo de la tenencia. Entiendo que es muy impopular, pero es un impuesto que grava básicamente a quien está usando más servicios públicos y a quien emite contaminantes. Tenemos que ser muy cuidados con el déficit y orientar el gasto a la inversión.
PAN LUIS ENRIQUE MERCADO
El tema importante es cómo le vamos a hacer para mantener la buena fama de nuestras finanzas públicas: los mercados ven bien a México porque las finanzas públicas están razonablemente equilibradas, el país se ha alejado de pedir deuda; lo que hoy vemos en muchos países es que los están castigando por mal comportamiento y lo que menos debemos hacer es dar pasos en ese sentido. También creo que el tema del ajuste va a venir por el lado del gasto, no solamente en reorientación del gasto en un momento dado sino incluso en el monto mismo, cuánto es lo que verdaderamente podemos gastar sin incurrir en deuda y sin aumentar el déficit, que por el panorama internacional se ve difícil.
PRI DAVID PENCHYNA
Eso de la buena fama de las finanzas públicas nacionales se encuentra con una realidad verdaderamente triste: hay 20 millones de nuevos pobres, entonces la buena fama se la pueden guardar. El tema de la tenencia es un tema de populismos políticos, era federal, pues sí, pero la cobraban los estados y todos los partidos políticos, todos, incluido el del gobierno federal, la han usado políticamente. Qué bueno que hoy se diga que fue una mala decisión, sí, y fue una decisión de este gobierno... y del Congreso, pero fue una iniciativa del Ejecutivo.
¿Qué discusión debemos tener para los ingresos? Hay que tener una justipreciación de los ingresos realista; no es que se eche mano del petróleo o no, este año hubo como 25 dólares promedio adicionales de lo que se estimó; en los 10 años de administración panista en ni un solo año los escenarios de macroeconomía han sido certeros, siempre vienen a la baja, vienen trampeados y por ahí debiéramos de empezar: tener una verdadera apreciación de qué ritmo de economía vamos a tener a partir del cierre de este año, que ya lo están manipulando; una correcta estimación del precio del dólar, porque tiene que ver con nuestras exportaciones principalmente petroleras; el valor del barril del petróleo, y que nos digan de veras tanto subejercicio cada año en dónde lo meten, porque hay mucho dinero guardado.
¿Cuáles son los mecanismos que su partido está dispuesto a impulsar para garantizar ingresos suficientes, no sólo en 2012, sino en el largo plazo?
PAN LUIS ENRIQUE MERCADO
Yo insisto en que mientras no hagamos una reforma tributaria de fondo, lo que hacemos es solamente solucionar el año siguiente. Pero lo que podemos hacer es muy poco en este momento porque no hay ningún planteamiento en materia tributaria que sea factible de que transite en la Cámara de Diputados.
PRD VIDAL LLERENAS
Si queremos recaudar más, ahí están los sectores de la economía que no se gravan; cuando se dice "revisemos el IETU", "quitamos el IETU", pues digamos entonces también qué regímenes especiales estamos dispuestos a cambiar.
También tenemos que entrar a la discusión de los ingresos de las entidades federativas y de los municipios, una parte por la que México recauda tan poco como proporción del Producto Interno Bruto, por ejemplo, es el predial, que prácticamente no recaudamos. Nosotros estamos proponiendo un fondo para financiar reformas a los sistemas de predial en los municipios y buscar que el régimen intermedio del Impuesto Sobre la Renta en las personas físicas pueda ser administrado por las entidades federativas.
PRI DAVID PENCHYNA
En un año tan delicado, con una apuesta política y las elecciones federales, tendremos que hacer un ejercicio mayúsculo de estimación de ingresos, porque este año hubo muchos más ingresos petroleros de los que en las fórmulas se están derivando, hubo un aumento en la recaudación y los únicos que perdieron en las participaciones fueron los estados y los municipios.
No hay ingresos más que los que hay y en un año de esta naturaleza se dice de manera muy simplista "hagamos una reforma fiscal"; perdón, en esta administración no ha habido una propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo, tanto les urge y tanto hablan de ella, pero el Ejecutivo nunca propuso una reforma y no creo que la proponga para el año que entra. Para ingresos suficientes, una visión realista, presupuesto austero en lo que es gasto suntuario y un presupuesto amplio en materia de inversión que haga crecer más la economía.
RÉPLICA
PAN LUIS ENRIQUE MERCADO
Hay que tener cuidado cuando se habla de trampas. Presupuestos trampeados los que vivimos en los 70 años anteriores; en 1995 el presupuesto que mandó el Ejecutivo federal del PRI no solamente estaba equivocado en sus estimaciones, sino que fue un desastre. Lo que hemos vivido en las última década son presupuestos más cercanos, nadie espera que el Ejecutivo le atine como si fuera una diana pero tampoco hemos visto las fallas que veíamos cuando presentaban un presupuesto de un país en prosperidad y caíamos en las crisis, las devaluaciones y las inflaciones que vivimos. Los presupuestos que hemos visto en la última década han dicho que va a haber estabilidad, que no va a haber devaluación, inflaciones, endeudamiento, y eso se ha cumplido.
PRI DAVID PENCHYNA
Hay quien quiere vivir del pasado y tapar sus errores presentes tratando de acusar al pasado sin poder defender el presente y el futuro; ésa es una divisa que cada quien escoge.
Hay una subestimación de ingresos y eso es una trampa, porque entonces, en la subestimación de ingresos que cada año se da, no se presupuestan los egresos correspondientes; es decir, se tergiversa totalmente en muchos casos la voluntad del Legislativo.
Tenemos que tener, aparte de una estimación correcta de ingresos, un presupuesto que no dé lugar a que las reglas de operación cambien el sentido del decreto y que evite que ciertos recursos no lleguen a los estados y municipios para los que fueron presupuestados.
PRD VIDAL LLERENAS
Quien vive del pasado y tiene propuestas del pasado y quien gobierna hoy nunca han resuelto lo que ha sido la tensión central de la economía mexicana, que es cómo recaudamos, cómo tenemos finanzas públicas sanas y cómo respondemos a los problemas de la gente. Ahora tenemos finanzas públicas más o menos sanas, pero no tenemos la capacidad de seguir invirtiendo en la gente. Esto sólo se va a poder resolver cuando se puedan hacer a un lado grandes intereses que impiden que se cobren impuestos en México.
En el tema de ingresos ha habido sobreestimaciones en la parte estrictamente de impuestos y subestimaciones en los ingresos excedentes. Lo que ha pasado es que los estados tienen menos participaciones porque están sobreestimados los ingresos tributarios y nunca alcanzan a tener excedentes porque los excedentes sirven para sustituir esta parte, los estados ya van dos años que no se llevan un peso de excedente.
Otra cosa que nos ha faltado, y es algo que el PRD ha propuesto, es una oficina de presupuesto en la Cámara que nos permita tener un banco de proyectos claro para que lo que reasignamos tenga viabilidad y poderle dar seguimiento.
¿Qué proponen para que el gasto sea más eficiente en rubros en los que cada año hay más recursos y no los resultados deseados?
PRD VIDAL LLERENAS
Hemos propuesto 10 puntos que tienen que ver con ser muy claros en las prioridades: educación, seguridad, inversión, generar empleo.
Hemos propuesto también una reforma para que la Cámara de Diputados esté obligada a incorporar criterios de desempeño de evaluación del gasto cuando reasigne; parece increíble, pero no está obligada. El Ejecutivo lo hace, pero de manera desigual, las evaluaciones en general son buenas, pero no hay mucha respuesta hacia las mismas. Estamos proponiendo que las instancias de desarrollo social, por ejemplo, estén obligadas a responder y a acatar las evaluaciones, porque las evaluaciones ya nos están dando mucha luz en términos de los programas y esto no está siendo acatado por quien administra los programas. Que periódicamente el Ejecutivo nos informe qué está pasando con los resultados de los programas.
Y vemos con agrado la propuesta que está presentando la Conago en términos de que se dé gasto adicional en materia de seguridad a temas en los que los estados están adquiriendo nuevas responsabilidades; por ejemplo, antisecuestro o narcomenudeo, pero sujeto a que ellos nos digan qué va a pasar con ese dinero y a que se comprometan a mejorar los indicadores en esos temas.
PRI DAVID PENCHYNA
Nosotros proponemos algo muy parecido a lo que está diciendo Vidal, pero con un énfasis que diría de más a menos, tiene que ver con que nos comprometamos a que el gasto prioritariamente sea de inversión, y le tenemos que apostar a nuestro mercado interno. Hemos sido, en materia de finanzas públicas en los últimos años, farol de la calle y oscuridad en nuestra casa, como que nos preocupa mucho qué va a opinar el FMI mientras aquí hay pobreza, desigualdad e inseguridad verdaderamente preocupante, que incluso lleva a francas zonas del país al desgobierno.
En materia de seguridad, creo que con evaluaciones al desempeño y con cosas muy concretas en donde amarremos el presupuesto, tenemos que voltear a ver hacia los estados y los municipios. Hemos aumentado en los últimos 5 años 300 por ciento el gasto en seguridad federal y los resultados no son nada halagüeños y la criminalidad sigue rampante en este país, y no le hemos dado instrumentos ni al municipio ni a los estados con nuevas responsabilidades.
Queremos un presupuesto transparente con reglas claras, que sea consistente con lo que queremos, que es invertir en educación, salud, infraestructura, carreteras, caminos rurales, agua; que al final del día es lo que la gente necesita y que aparte de tener un beneficio concreto en una obra específica, pues desata el empleo y fortalece el mercado interno.
PAN LUIS ENRIQUE MERCADO
Casi uno de cada tres pesos del gasto los gastan los estados y en esa parte traemos un hoyo negro, no sabemos qué está sucediendo, no solamente no traemos información de qué pasa con ese dinero, cómo se gasta, sino que ya estamos encontrando que es tal la oscuridad y la opacidad que traemos allá, que los gobernadores mienten en el monto de la deuda, mienten en la forma como consiguieron la deuda, engañan a los prestamistas con diarios o con gacetas oficiales donde no se publicó la aprobación sino que se publicó otra cosa y eso nos revela una enorme opacidad. Tenemos que avanzar en clarificar ese gasto.
RÉPLICA
PRI DAVID PENCHYNA
El que no haya la eficacia y la eficiencia que queremos en las auditorías a estados y municipios es algo que podemos discutir, pero medias mentiras y medias verdades al final del día son lo mismo: los estados tienen tres auditorías: las que practica la Federación a través de la Función Pública en programas que combinan recursos federales, estatales y/o municipales, las del Congreso local y las que realiza la Auditoría Superior de la Federación.
El tema es quién ejecuta el gasto y yo sigo viendo un centralismo verdaderamente lamentable, hay que avanzar en una descentralización y en un federalismo sí, mucho mejor auditado, pero que no se diga que no se audita. Este mito genial de que no hay supervisión ni vigilancia del gasto es falta de conocimiento o ignorancia.
PRD VIDAL LLERENAS
Nosotros estamos proponiendo un fondo que pudiera financiar proyectos que reduzcan las emisiones de carbono a la atmósfera, esto tendría enormes efectos en el ambiente, pero además nos puede meter de lleno en el tema de la economía verde, que es el sector más dinámico en el mundo en términos de reactivación económica.
Otra parte muy importante es invertir en carreteras, que podamos concluir tramos, conectar un puerto con una ciudad, una ciudad con una frontera.
Y el tema del agua: un paquete de inversión de 120 mil millones de pesos adicionales, que no es demasiado si uno considera que parte de los fondos de inversión financiera de gasto (el Fonadin famoso) debería detonarse este año.
Podríamos tener un paquete que genere alrededor de 40 mil empleos adicionales en estos tres proyectos.
PAN LUIS ENRIQUE MERCADO
El gasto publico, siendo muy importante, no es la parte central de la inversión; aun cuando se han alcanzado niveles equivalentes al 5 por ciento del PIB, lo cierto es que de la inversión total del país el gasto público representa solamente la parte más pequeña, la inversión más grande la realiza el sector privado.
Es cierto que hay que vigilar que el gasto público se vaya esencialmente a gasto de inversión, pero como Poder Legislativo tenemos que hacer otras cosas en favor de estimular la inversión; si queremos que haya un programa contracíclico, no es solamente mover el gasto público, sino dar pasos que estimulen la inversión privada y en esa orientación están las reformas que nos hacen falta: la laboral, ahí la tenemos parada por capricho o porque ya no quieren aprobar ni siquiera la reforma que ellos propusieron; la Ley de Asociaciones Público Privadas, parada también por otro capricho de algún legislador.
¿Propondrán elevar el gasto en los estados?, y ¿cómo lograr que los gobiernos locales sean más eficientes y transparentes en el ejercicio de las transferencias federales?
PRI DAVID PENCHYNA
El tema no sólo es lo que se invierte en cada estado y municipio, sino quién lo invierte y cómo. A México le ha costado mucho trabajo construir una Federación y, por cierto, venimos de un pacto federal bastante injusto que debería de cambiar, en donde efectivamente las facultades y potestades tributarias son muy limitadas en los estados y las potestades de gasto aparentemente son amplias; hay un desequilibrio entre los egresos y los ingresos y creo que llegó la hora de que los estados y los municipios sean lo que son: mayores de edad. Dice el PAN: "es que les hemos dado un chorro de dinero", sí, pero el dinero se invierte en los estados y los estados son parte de México.
¿Qué hacer para vigilar mejor el gasto?, yo propondría, por ejemplo, que la Secretaría de la Función Pública ya no exista, fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y darle facultades como contrapeso del Ejecutivo para que vigile de mejor manera las aportaciones y las transferencias a estados y municipios.
Si la Secretaría de la Función Pública no sabe lo que acaba de pasar con una obra monumental, como la Estela de Luz, muy difícilmente va a saber qué pasa en Tinguindín, o en Oaxaca. Tenemos que reforzar el mecanismo de supervisión, pero como un organismo de Estado autónomo que tenga la posibilidad y el andamiaje institucional para vigilar el gasto público.
PAN LUIS ENRIQUE MERCADO
Hoy al PRI le llegó la preocupación, tarde, por los gobiernos de los estados. Cuando estuvieron en el poder el gobierno federal priista era el que gastaba todo, y en la última década a los estados se les ha duplicado la cantidad de dinero que reciben. El problema más grave que traemos en los gobiernos de los estados no es por la insuficiencia de recursos o porque el gobierno federal gaste todo, el problema es que no sabemos a qué se van esos recursos. Nadie está peleado por que se destinen más recursos a estados y municipios, pero vamos acompañándolo con claridad, transparencia, rendición de cuentas.
PRD VIDAL LLERENAS
Los estados han tenido problemas porque hay menos transferencias en los últimos dos años a raíz de la crisis económica, no tienen más facultades tributarias y no han recibido excedentes petroleros porque ahí las cuentas han sido un poco chinas. Venían de años que habían tenido muchos recursos por los excedentes y como que se acostumbraron a un gasto muy alto. Además hubo todo un sistema de descentralización en los años noventa que efectivamente no fue completo: tienen muchas responsabilidades en materia de educación, algunas en salud como el DF, y entonces sí hay un problema de recursos financieros.
Por otro lado, cualquier métrica de transparencia o de rendición de cuentas sí nos dice que hay fallas muy serias, sistemas de transparencia más débiles que en el gobierno federal.
Debe haber un proceso para que el gasto público se presupueste igual, se registre igual, se fiscalice igual y se evalúe igual y todo esté en un sistema; culminar el proceso de armonización contable, pero involucrados en una reforma constitucional que nos dé un proceso de armonización de auditoría, de evaluación de gasto y de sistemas. En muchos estados hay fallas gravísimas y el caso de Coahuila es un caso paradigmático: incrementar la deuda 2 mil por ciento se pudo porque por mucho tiempo no hubo indicadores e información necesaria para que la sociedad se diera cuenta y eso seguramente pasa en más entidades.
RÉPLICA
PAN LUIS ENRIQUE MERCADO
Los gobiernos de los estados son como un adolescente, gastan dinero que no es de ellos, nadie sabe en qué lo gastan y se enojan si les piden cuentas. El problema no es que no se hagan suficientes auditorías, el problema es que no tenemos transparencia en registros, no tenemos homologación contable y hacer auditorías se vuelve complicadísimo. Tenemos que avanzar hacia la homologación con la decisión política de todos los órdenes de gobierno, que todos entren al mismo sistema para que las auditorías se vuelvan algo sumamente sencillo.
PRD VIDAL LLERENAS
El tema de recursos es qué papel queremos que los estados tengan en términos de recaudación. Deberían tener mucho más facultades, pensar el régimen intermedio de ISR como una posibilidad, ver qué vamos a hacer con la tenencia, y meternos en el tema de municipios y el impuesto predial, que es un impuesto casi voluntario en México.
PRI DAVID PENCHYNA
Las potestades tributarias en materia de municipios y estados sí tienen que ser revisadas, pero también tienen que ser revisadas al amparo de un sistema tributario federal. La eficiencia recaudatoria del sistema federal, si bien ha mejorado en los últimos años, es bastante mala, y creo que es profundamente irresponsable que haya una administración que, siendo después de Haití la que menos recauda en América Latina, no haya propuesto una reforma hacendaria. Escapa a mi mente que, con los gloriosos secretarios de Hacienda que tanto presumen, a nadie se le haya ocurrido plantear nuevamente una discusión que para mí es la primer reforma en México que se requiere. Todas estas reformas, de las que hicieron una campaña mediática las minorías en el Congreso para tratar de hacer sentir a la población que estábamos deteniendo al país, no tienen ningún destino si no hay más recursos.
¿Cuál es la importancia de definir una política de gasto en un año electoral y con previsiones de un menor crecimiento económico?
PRD VIDAL LLERENAS
Es importante reforzar candados que tengan que ver con gasto ejercido tanto por la Federación como por los estados, para que esto no se preste a entregar recursos inmediatamente antes de las elecciones o condicionarlo. También el gasto en publicidad tiene que ser regulado, porque en el resolutivo del Tribunal Electoral de la elección 2006 se establece como una de las razones por las cuales no hubo una competencia adecuada.
Sí le hace mucho daño al país mezclar temas de política pública con cuestiones que tienen que ser estrictamente de naturaleza electoral. Hay una reforma que está en Cámara de Diputados, también una minuta del Senado, que es una reforma a la Ley de Transparencia para que las resoluciones del IFAI no puedan ser litigadas en los tribunales; aprobarla sería una manera de que el gasto público fuera más claro.
Necesitamos un presupuesto que fortalezca una red de protección social en un momento de crisis económica principalmente en el tema de educación y que genere un gran paquete de inversión. Y el incremento de recursos a estados y municipios tiene que estar estrictamente condicionado a resultados, en temas como el de seguridad.
PAN LUIS ENRIQUE MERCADO
Nada pone más en evidencia la necesidad de reformar todo el sistema que esto: viene el año electoral y pareciera que tenemos que hacer cosas diferentes y apretar candados. Debiera el presupuesto funcionar de la misma manera sea año electoral, bisiesto, lunar o lo que sea, pero insisto, estamos haciendo presupuestos para el año, porque no tenemos un sistema que nos permita tener los suficientes ingresos y no tenemos tampoco un sistema donde los egresos se distribuyan de mejor manera para los estados, los municipios y la Federación, donde se rindan cuentas y haya claridad.
Sí deberíamos preocuparnos porque el presupuesto traiga énfasis en el tema de la inversión y en los programas sociales que permitan a las personas enfrentar un ambiente de menor actividad económica, pero también yo insistiría en la necesidad de, junto con eso, realizar las reformas que estimulen la inversión privada.
PRI DAVID PENCHYNA
Sería muy grave que no hiciéramos, particularmente en el año electoral, un esfuerzo mayor por tener un presupuesto certero, claro y transparente. Coincidiría plenamente con Luis Enrique que eso ya debería estar preestablecido pero no lo hemos hecho. El PAN habla de la reforma hacendaria y yo sigo preguntándome: ¿dónde quedó la reforma hacendaria de Calderón?
Sí, tenemos que hacer un blindaje especial, ¿cómo?, no dejando discrecionalidad a nadie, en los programas que tienen inversión en los estados y los municipios hay cantidad de reglas de operación, pero la mitad de los presupuestos que maneja Calderón no tiene reglas de operación y el año pasado que lo pusimos en el PRI sobre la mesa se infartaban los de Hacienda, este año tendremos que entrarle.
Vamos por un presupuesto transparente, con reglas claras, que no detenga la inversión y no pare el crecimiento en un marco de desaceleración, y vamos por un presupuesto austero para que el dinero, que siempre es limitado en un país que recauda poco, lo metamos en la inversión pública para contener la desaceleración. No vaya a ser que otra vez el catarrito sea pulmonía o no vaya a ser que el secretario Cordero siga pensando que con 6 mil pesos al mes le alcanza a todo el mundo para vivir bien.
Nombre: David Penchyna
Partido: PRI
Cargo: Diputado por Mayoría Relativa por el estado de Hidalgo. Distrito 4. Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Nombre: Vidal Llerenas
Partido: PRD
Cargo: Diputado por Mayoría Relativa por el Distrito Federal. Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Nombre: Luis Enrique Mercado
Partido: PAN
Cargo: Diputado por Representación Proporcional por el estado de Zacatecas. Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Coneval: evidencia para el presupuesto
Análisis Política y gasto público. La más reciente medición de la pobreza debería ser un instrumento fundamental en el diseño del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación
Gonzalo Hernández Licona
(4 septiembre 2011).- Usted decidió invertir el 25 por ciento de los ingresos que ganó el año pasado. Un amigo administrador le dice que él sabe cómo invertir el dinero y usted le otorga esa confianza. Al final del año el administrador no sabe explicarle bien cómo eligió las inversiones y no tiene información del rendimiento, pero le pide, le exige, que usted le vuelva a dar el 25 por ciento de sus ingresos para invertirlos nuevamente. Usted le hace caso.
Algo similar pasa con el Presupuesto de Egresos de la Federación: cada año el Congreso y el gobierno (federal, estatal y municipal), le retiran dinero a los ciudadanos a través de impuestos (para unos es el 25 por ciento de sus ingresos anuales, a veces es más), nos dicen que lo administran para mejorar la situación de la población, pero no siempre hay claridad en cómo invertir esos recursos y cuál es el resultado de la inversión. Al año siguiente pasa lo mismo.
Por esta razón, es fundamental que en un país que busca consolidar la democracia y la rendición de cuentas, exista evidencia objetiva sobre qué prioridades deberían tener las entidades federativas, los municipios y por tanto el país, qué acciones de política pública sirven, qué acciones no han servido, y con ello poder hacer un presupuesto que esté basado en resultados y que le brinde claridad a quienes ponen el dinero: los ciudadanos.
Sería ingenuo pensar que las decisiones presupuestales sólo se basen en evidencias técnicas, ya que los intereses y las pugnas políticas son una parte medular del presupuesto gubernamental. Pero sería una falta de respeto a la ciudadanía que las cuestiones políticas siguieran siendo el único criterio para decidir el destino de los recursos de la población. Sobre todo en un año como el 2012, en el que las pugnas políticas serán mayores que en otros años.
Para contribuir al debate presupuestal del 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) puso a disposición de la ciudadanía, del Congreso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública, de las dependencias federales, información sobre la política de desarrollo social (www.coneval.gob.mx).
Esta información proviene de las evaluaciones de programas y de políticas sociales, así como de la medición de la pobreza que el Coneval lleva a cabo de manera regular. De la información presentada destaca la siguiente:
Documento de consideraciones presupuestales 2012: se resumen los hallazgos de la medición de la pobreza y de las evaluaciones. A partir de esta información se detectan prioridades de política social y se hacen recomendaciones. Entre ellas, se señala que será imposible reducir la pobreza, aún destinando más presupuesto a programas sociales, si no se crean más y mejores empleos y se aumenta el poder adquisitivo del ingreso; es decir, si no hay mayor crecimiento económico.
Inventario de programas y acciones sociales federales: este instrumento captó 273 programas y acciones sociales para los que se tienen 111 variables (presupuesto, tipo de apoyo que brinda, población objetivo, etcétera).
Fichas narrativas: en una sola página se resume la información más relevante de cada programa y se hace una valoración de su impacto, sus hallazgos más importantes, la cobertura, las fortalezas y los retos.
Evaluaciones integrales: a diferencia de otras evaluaciones, que son de programas individuales, éstas brindan un análisis general de 19 temáticas.
Evaluaciones estratégicas: aquí se incluyen la evaluación del Ramo 33 y la referente a las dimensiones de la seguridad alimentaria.
En ningún país ha sido sencillo incluir información de las evaluaciones externas en la toma de decisiones presupuestales. Pero los países democráticos han buscado diferentes mecanismos. En México tenemos información valiosa desde hace unos años, pero no hay claridad de que ésta se use para conformar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Si esta información no se usa en un año tan importante como el 2012, al menos ojalá pueda usted reclamarnos a quienes administramos sus impuestos.
El autor es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Twitter: @coneval
El mito de la austeridad
Reportaje Política y gasto público. El programa que se echó a andar al inicio del sexenio para reducir los gastos superfluos no ha arrojado resultados concretos, advierten especialistas
Martha Martínez
(4 septiembre 2011).- Las medidas de austeridad implementadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón como eje de su política presupuestal han fracasado en su intento por reducir el gasto superfluo, eliminar el dispendio y hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos.
El 3 de diciembre de 2006, dos días después de tomar posesión como presidente de la República, Calderón se comprometió a ahorrar anualmente el 5 por ciento del gasto administrativo y de operación de la Administración Pública Federal a fin de alcanzar un acumulado del 20 por ciento al final del sexenio.
"Mi gobierno se regirá por estrictas reglas de austeridad y eficiencia, esta es una exigencia ciudadana que no debemos ignorar quienes estamos al frente de la responsabilidad de gobernar; es también mi convicción. La austeridad vendrá acompañada de transparencia y rendición de cuentas, habrá apertura para que la ciudadanía conozca cómo se gasta el dinero público; rendiremos cuentas de cada peso que los ciudadanos aporten a la Federación", prometió el mandatario.
Para lograrlo, se reformó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se perfeccionaron los mecanismos de compras del sector público, se modificó el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, se estableció la obligación de las dependencias de crear indicadores para medir y evaluar sus economías, la política de austeridad se articuló con el Sistema de Evaluación de Resultados, el Presidente y sus colaboradores más cercanos redujeron en un 10 por ciento sus salarios y se generó una amplia normatividad interna encaminada a racionalizar el gasto.
A pesar de estos esfuerzos, el costo de operación del gobierno federal aumenta a ritmos acelerados, los gastos que el Ejecutivo se comprometió a reducir siguen al alza, los ahorros reportados hasta ahora son, en muchos casos, resultado de las cosas que las dependencias dejaron de hacer y el universo de recursos al que se aplica la política de austeridad es tan limitado que no genera modificaciones importantes en el ejercicio de los recursos.
Cifras oficiales muestran que las medidas de austeridad involucran una mínima parte del gasto corriente. La Cuenta de la Hacienda Pública indica que en 2009 los ahorros se aplicaron a 115 mil millones de pesos y en 2010 a poco más de 99 mil millones de pesos; estas cantidades representan, en promedio, el 11 por ciento del gasto corriente cuyo costo fluctuó entre 936 mil millones de pesos y 941 mil millones de pesos.
Entre 2007 y 2010, las economías sumaron más de 221 mil millones de pesos; sin embargo, dicha cifra no se refleja en el costo de la operación del gobierno.
El rubro de servicios personales -salarios de la burocracia- se incrementó de 358 mil millones de pesos a 386 mil millones de pesos en el mismo periodo de tiempo; el gasto en materiales y suministros -adquisiciones de toda clase de insumos requeridos por las dependencias para el desempeño de sus actividades administrativas y productivas- pasó de 9 mil a 12 mil millones de pesos y el pago de servicios generales -todo tipo de servicios contratados por las dependencias- aumentó de 80 mil a 86 mil millones de pesos.
La operación del gobierno federal se encareció a un ritmo más acelerado que durante el sexenio pasado. Un comparativo de las administraciones de Vicente Fox y Calderón indica que durante los primeros cuatro años del gobierno foxista, el gasto corriente aumentó más de 51 mil millones de pesos, mientras que en el mismo periodo del gobierno calderonista se incrementó en más de 109 mil millones de pesos.
Un análisis realizado por Enfoque a partir de información proporcionada a través de la Ley Federal de Transparencia, señala que las secretarías de Estado -las cuales ejercen la mayor parte de los recursos del gobierno federal- prácticamente duplicaron las partidas de gasto que el Ejecutivo se comprometió de manera expresa a reducir, entre ellas, servicios de telefonía celular, pasajes aéreos, viáticos, comunicación social, arrendamientos, asesorías y congresos y convenciones.
Tres ejemplos: los servicios de arrendamiento del gobierno federal aumentaron de cerca de 965 millones de pesos en 2007 a más de 2 mil 810 millones de pesos en 2010; el gasto en viáticos al extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales aumentó de 54 a 142 millones de pesos y los servicios de comunicación social y publicidad pasaron de mil millones a 2 mil 671 millones de pesos.
En materia de plazas tampoco se han registrado reducciones. El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 indica que, entre 2007 y 2009, el número de plazas del nivel "mandos medios" se incrementó en 14 mil 377 y el nivel de "mandos superiores" en 212.
En el documento también se advierte que las medidas de ahorro fracasaron, pues entre 2007 y 2009, el gasto administrativo y de operación aumentó, en promedio, 10 por ciento anual al pasar de 95 mil a 115 mil millones de pesos, mientras que en 2010, el ahorro fue de sólo el 1 por ciento de la meta establecida para ese año.
"Se determinó un crecimiento anual del 10.2 por ciento contrario a la tendencia de las metas de ahorro del 20 por ciento... Durante el desarrollo de la revisión, la ASF verificó que las reducciones del gasto empezaron a reflejarse en el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010... ya que el gasto de operación y administrativo disminuyó en 1 por ciento", se explica en el documento.
Austeridad sin pies ni cabeza
Para el analista económico Rogelio Ramírez de la O, el programa de austeridad anunciado por el presidente Felipe Calderón es una estrategia sin pies ni cabeza porque no parte de un análisis serio respecto de cuáles son las necesidades de ahorro, los rubros de los cuales se pueden obtener y las acciones que se pretenden llevar a cabo con esos recursos.
"No me merece ninguna opinión como medidas serias porque para plantear un programa de austeridad, sobre todo al comienzo del gobierno, tendría que haberse hecho un pronunciamiento de cuánto es lo que se ha excedido más allá de lo necesario el gasto y sobre ese exceso, plantear una meta que pudo haber sido modesta o ambiciosa, pero ninguna de las dos cosas se hizo", sostiene.
El director de la firma Economic Analysis for Company Planning opina que la meta de ahorro del 5 por ciento del gasto administrativo y de operación es una broma de mal gusto porque, a cuatro años de su implementación, no reporta mejoras visibles en el ejercicio del gasto público.
"A mí no me parece que una meta como esa (5 por ciento del gasto administrativo y de operación) sea para un programa de gobierno, es una broma de mal gusto... ya se les pasaron cuatro años, ya estamos en el quinto año y los rubros de gasto están aumentando año con año", insiste.
Ahorros nocivos
El reporte de la ASF advierte también que el programa de austeridad ha resultado contraproducente, ya que puso en riesgo la operación de programas sociales y de inversión.
La revisión del órgano fiscalizador arroja que las medidas de ahorro de Sedesol recayeron principalmente en cinco programas sociales: Oportunidades, Desarrollo en Zonas Prioritarias, Hábitat, Abasto Social de Leche -a cargo de Liconsa- y Apoyo Alimentario -a cargo de Diconsa.
En el caso de la SCT, las economías fueron consecuencia de las reducciones a programas como Proyectos de infraestructura económica de carreteras, Proyectos de infraestructura ferroviaria y Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.
La Auditoría alerta que no existen indicios de que los ahorros se usaran de manera adecuada y productiva. Los lineamientos en la materia establecen que las economías se regresarán a las dependencias que las generaron a fin de que las inviertan en "programas sustantivos".
Al respecto, el órgano fiscalizador afirma: "En 2009, los ahorros de las dependencias fueron transferidos al Ramo 23 'Provisiones Salariales y Económicas'; sin embargo, la SHCP no acreditó que esos recursos se reasignaron a los propios programas del ejecutor del gasto que los generó, ni a los programas de inversión en infraestructura y de desarrollo social".
Sobresale el caso de Sedesol, cuyos ahorros no fueron canalizados a los programas sociales y de combate a la pobreza que tiene a su cargo, de ahí que las economías se convirtieron en ajustes, es decir, reducciones a su presupuesto anual.
Para el órgano fiscalizador, lo anterior es consecuencia del caos que prevalece entre las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, instancias encargadas de coordinar y vigilar el cumplimiento del programa.
De entrada, señala el organismo dependiente de la Cámara de Diputados, ambas dependencias no se coordinaron para determinar la meta a las que se sujetaría la administración pública, es decir, mientras que en 2009 la SFP estableció una meta de 14 mil millones de pesos, la de la SHCP fue de más de 15 mil 848 millones de pesos.
Adicionalmente, Hacienda cometió errores al registrar las economías del gobierno federal. Por ejemplo, los registros de la dependencia señalan que en 2009, la Segob ahorró un millón 276 mil pesos menos que lo comprobado por ésta última.
Metodología confusa
Otro elemento que dificulta el cumplimiento del programa de austeridad es la falta de claridad en la metodología utilizada para medir los ahorros.
Según la SHCP, entre 2007 y 2010 la administración pública ahorró más de 221 mil millones de pesos; sin embargo, no es posible verificar dicha cifra porque la dependencia no ha aclarado cuál es la metodología con la que obtuvo ese resultado y hasta el momento no ha dado a conocer información detallada al respecto.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que el programa de reducción se aplicará al gasto destinado a "actividades administrativas y de apoyo"; el Decreto del Presupuesto de Egreso utiliza el término "gasto operativo, de apoyo y de operación" y los Lineamientos de austeridad se refieren a "servicios personales, gastos de operación y de apoyo y al capítulo 7000 'Inversión financiera, provisiones económicas ayudas, otras erogaciones y pensiones, jubilaciones y otras'".
En opinión del investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas Raúl Feliz, la información sobre los ahorros de la administración pública dada a conocer por Hacienda es poco confiable.
"Medidas como esa de 'vamos a ahorrar 5 por ciento del gasto administrativo y operativo' se puede prestar al engaño... Hacienda va a responder que sí cumplió las medidas de austeridad porque ellos clasifican el gasto y con un simple ajuste que ellos hagan de partidas van a cumplir con lo que ellos quieran", señala.
Para el académico, el gobierno federal ha dado a las medidas de racionalidad una importancia que no merecen, pues lo importante no es ahorrar, sino eficientar la manera en la que se gastan los recursos.
"Yo creo que tenemos que movernos estructuralmente, pero hacia métodos de evaluación del presupuesto de forma distinta, más allá de esas medidas casuísticas de vamos a ahorrar tanto, más bien tratar de evaluar las cosas que hace el sector público; yo no me centraría en esta discusión, yo me preocuparía en diseñar fórmulas para evaluar el gasto público", agrega.
Más allá de la falta de información detallada sobre los ahorros generados, Fausto Hernández Trillo, director de la División de Economía del CIDE, señala que el programa de austeridad ha dado pobres resultados porque el margen de maniobra del gobierno federal para eficientar los recursos públicos es mínimo, pues más del 93 por ciento del presupuesto federal está comprometido antes de que inicie el ciclo fiscal.
"El 92 o 93 por ciento, sino es que ya el 94 por ciento -va a ir creciendo con las pensiones-, ya está comprometido... Hay poco espacio de reducción de gasto, es cierto, podemos hablar de eficientar el gasto, pero eso es otro tema que es la eterna discusión de que es muy eficiente, pero dentro de lo ineficiente no lo puedes reducir", sostiene.
Para el especialista, la política de ahorro fue un acto mediático del presidente Calderón. "No era tan fácil tener medidas de austeridad, yo sí creo que es mediático, es lanzar el mensaje a la gente de que el gobierno se amarró el cinturón porque en el fondo, alguien que lo analice seriamente, sabe que no se puede", reitera.
Aumenta gasto corriente, más que en el foxismo
Durante los primeros cuatro años de la administración de Felipe Calderón, el gasto corriente del gobierno federal aumentó en más de 100 mil millones de pesos, 50 por ciento más que durante los primeros cuatro años de Vicente Fox.
Millones de pesos
| 1er. Año | 2do. Año | 3er. Año | 4to. Año | |
| Sexenio Fox | 630,921 | 659,543 | $699,842 | 682,423 |
| Sexenio Calderón | 832,452 | 870,00 | 936.459 | $941,481 |
| | 1er. Año | | 2do. Año | | 3er. Año | | 4to. Año | |
| Servicios personales | 352,900 | 368,123 | 364,010 | 374,609 | 367,441 | 388,222 | 342,436 | 386,065 |
| Subsidios y transferencias | 242,979 | 373,841 | 258,046 | 419,292 | 288,574 | 449,531 | 298,235 | 456,905 |
| Otros* | 35,041 | 90,487 | 37,488 | 76,103 | 43,826 | 98,706 | 41,752 | 98,510 |
Cifras deflactadas. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
*Materiales, suministros, servicios generales y otros.
Crece el gasto superfluo
Las partidas de gasto que Calderón prometió reducir aumentaron hasta 2009.
Cifras en millones de pesos
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Asesorías, consultorías, servicios informáticos y otros. | 1,994 | 3,453 | $5,116 | 4,354 |
| Servicios de comunicación social y publicidad. | 1,069 | 2,108 | $3,079 | 2,671 |
| Servicios de telefonía convencional. | 229 | 285 | $699 | 539 |
| Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. | 54 | 95 | $154 | 141 |
Cifras en pesos
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Gratificación de fin de año | 2,963,831,806 | 3,951,293,092 | 6,097,687,242 | 4,847,608,367 |
| Servicio de arrendamiento | 964,830,876 | 1,611,272,472 | 2,514,924,838 | 2,810,674,375 |
| Congresos y convenciones | 306,190,236 | 745,074,723 | 603,199,709 | 1,256,400,068 |
| Materiales y útiles de oficina | 81,903,758 | 184,808,311 | 840,665,576 | 677,030,213 |
| Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreas, marítimas, lacustres y fluviales | 209,850,764 | 277,841,227 | 380,887,910 | 384,752,334 |
| Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 109,884,440 | 237,005,958 | 256,809,365 | 347,590,373 |
| Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 39,849,114 | 109,922,853 | 142,791,535 | 116,807,778 |
| Servicio de telefonía celular | 22,197,741 | 35,734,053 | 50,495,830 | 39,989,705 |
| Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | 19,022,687 | 32,238,625 | 46,142,442 | 35,064,656 |
Cifras deflactadas. Nota: incluye secretarías de Estado excepto Marina, Seguridad Pública y Defensa Nacional debido a que están exentas de la política de austeridad.
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, información proporcionada a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
Los dilemas de Cordero
Reportaja Política y gasto público. El equipo del secretario de Hacienda descarta que él negocie el Presupuesto 2012. Panistas prevén que renuncie esta semana
Ernesto Núñez
(4 septiembre 2011).- Ernesto Cordero, el primer secretario de Hacienda emanado de las filas del PAN, no será el negociador del Presupuesto 2012.
Así lo aseguran sus colaboradores, quienes argumentan que "sería absolutamente arriesgado", tanto para su precandidatura como para el gobierno federal, que el aspirante presidencial se sometiera al desgaste de defender el proyecto que la Secretaría de Hacienda debe presentar al Congreso el próximo jueves, 8 de septiembre.
Hasta el jueves pasado, el equipo de panistas que prepara la candidatura de Cordero tenía claro que el relevo en la Secretaría de Hacienda debe darse antes del 8 de septiembre, para que ni siquiera sea él quien entregue la propuesta al Congreso.
En ese escenario, una fecha considerada ideal por algunos simpatizantes de Cordero para renunciar a la secretaría es el lunes 5 de septiembre, día que además coincidiría con el VI Informe del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, principal aspirante presidencial del PRI.
Esta cautela, decidida la semana anterior en el "cuarto de guerra" de Cordero, contradice las declaraciones que hizo el secretario en la reunión plenaria de diputados del PAN, el 24 de agosto, cuando aseguró que negociaría el paquete económico.
"No debe haber ninguna duda, siempre me he conducido con toda claridad entre lo que son mis legítimas aspiraciones con mi desempeño como servidor público", dijo, "hemos actuado con mucha madurez, soy uno de los negociadores del Presupuesto...".
Según panistas consultados por Enfoque, el equipo corderista, integrado por Rogelio Carbajal, César Nava, Maximiliano Cortázar, Abraham González y Abraham Cherem, entre otros, ponderó varios riesgos en caso de conducir la negociación:
Primero: el PRI podría usar la aspiración presidencial del secretario como condicionante en las negociaciones del paquete económico.
Segundo: comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados para presentar y defender el proyecto implicaría someter a Cordero a los reclamos y cuestionamientos de la oposición.
Tercero: al ser la coordinadora del PAN en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, su rival en la contienda interna, tampoco tendría garantizada una defensa férrea y eficaz por parte de la mayoría de los diputados del partido en el gobierno, ni en la comparecencia, ni durante el proceso de negociación.
Además, los panistas cercanos a Cordero aseguran que, a poco más de tres meses para que inicie formalmente el proceso interno del PAN, es necesario que Cordero empiece a visitar a los panistas en sus comités municipales y estatales.
"Liberarse" del cargo, aseguran sus correligionarios, daría a Cordero margen para hacer al menos un par de recorridos nacionales antes de la campaña, una condición que, faltando 10 meses para que se celebren las elecciones federales del 1o. de julio del 2012, es vista como obligada para posicionarse.
Quienes dentro del equipo de Cordero llegaron a pronunciarse por mantenerse en el cargo y encabezar la negociación del Presupuesto, argumentaban que esto podría proyectar mejor su imagen y ganar algunos puntos en las encuestas antes del inicio formal del proceso interno. El riesgo, en esa lógica, es que fuera de la SHCP Cordero pierda presencia mediática.
Esa postura fue descartada a partir del lunes pasado, cuando se bajó de la contienda el secretario de Educación, Alonso Lujambio, y se despejó la duda acerca de quién sería el precandidato del gabinete, presuntamente apoyado por el presidente Felipe Calderón.
En esta situación, aseguran los estrategas corderistas, hay condiciones para proyectar su imagen y empezar a subir en los sondeos de opinión que, hasta el momento, lo mantienen 20 puntos abajo de Vázquez Mota y de Santiago Creel.
La cultura pollítica
(4 septiembre 2011).- Téngalo presente
Semana Nacional de la Transparencia. Serie de conferencias y mesas redondas. Organiza el IFAI. José Woldenberg, Jaqueline Peschard, María Marván, Fernando Escalante, Sergio López Ayllón, Mauricio Merino, Rogelio Gomez Hermosillo, Haydeé Pérez, entre otros. Miércoles 7 a viernes 9, 9:00 horas. Palacio de Minería. Tacuba 5, Centro. Informes: 01 800 835 4324. Programa: http://bit.ly/ceIdbX
Conferencias
Persecución del delito de trata de personas de competencia federal y la atención a las víctimas. Experiencia de Fevimtra. Sara Irene Herrerías. Martes 6, 10:00 horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2118.
El Medio Oriente hoy. Sociedad, demografía y política. Mario Sznajder, Sergio DellaPergola, Alfonso Sánchez, Judit Bokser, Javier Garciadiego, Pedro Buendía, Francisco Alba. Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Martes 6 y jueves 8, 11:30 horas. FCPyS de la UNAM y El Colegio de México. Informes: 5622 9432 ext. 112.
Procesos de generación de innovaciones: casos de diálogo y conflictos públicos. Omar Masera, Arturo Argueta, Julio Glockner y Martín Puchet. Jueves 8, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Tres Cruces, Coyoacán. Informes: 5658 5650 ext. 601.
Exposiciones
Otra ciudad. Muestra de 45 fotografías capturadas por el brasileño Iatã Cannabrava, que documentan la exclusión en las periferias de las grandes metrópolis en crecimiento y que reflejan la vida cotidiana de las capas sociales más vulnerables en ciudades como São Paulo, Lima, Caracas, Buenos Aires y La Paz. En el marco de Fotoseptiembre 2011. Museo Mural Diego Rivera. Balderas y Colón s/n, Centro. Inf: 5521 5318.
Testigos de la guerra, daguerrotipos y litografías 1846-1848. Doce fotografías de gran formato que ofrecen un panorama de las batallas que sostuvieron los soldados mexicanos contra los estadounidenses en la misma sede de la exposición. Museo Nacional de las Intervenciones. 20 de Agosto esquina General Anaya. San Diego Churubusco. Informes: 5604 3699.
Foros
Economía y cultura. Ernesto Piedras, Jesús Lechuga, Eduardo Cruz, Eugenia Campos, Silvia Singer, entre otros. Martes 6 a jueves 8, 9:00 horas. UACM Plantel Centro Histórico, Facultad de Economía de la UNAM y Museo Interactivo de Economía. Informes: 5134 9804 ext. 11211 y http://bit.ly/mXSOGA
Panorama del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano para prevenir y eliminar la discriminación racial, la xenofobia y las formas de intolerancia. Organiza Conapred. Jueves 8, 9:00 horas. Salón José María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Juárez 20, Piso 1, Centro. Informes: 5262 1490 ext. 5228.
Reformas legislativas para promover más ciudadanía organizada. Mónica Tapia, Karime Suri, Fernando Castro y Castro, entre otros. Jueves 8, 10:00 horas. Salón Cristales de la Cámara de Diputados. Congreso de la Unión 66, Del Parque. Informes: 5595 9111.
Las Patronas. Diálogo con defensoras de los derechos humanos de los migrantes. David Mena Alemán. Jueves 8, 16:00 horas. Auditorio Ernesto Meneses Morales, edificio S, planta baja de la Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4000 y informes@uia.mx
Libros
Derecho de menores de Ruth Villanueva Castilleja. Porrúa. La autora expone la vulnerabilidad de la niñez en condiciones especialmente difíciles. Analiza las consecuencias de la victimización del menor y las repercusiones de la reforma constitucional referente a la justicia para adolescentes.
La burocracia: una perspectiva desde la elección pública de Juan Carlos Gutiérrez Muñoz. IAPEM. El autor analiza el sistema burocrático y revisa los métodos para hacerlo más eficiente en la producción de los bienes y servicios sociales, a partir de variables como la economía, la política y la administración pública.
Mesas redondas
Instituciones jurídico-económicas del desarrollo. Leonardo Lomelí, Arturo Oropeza, Diego Valadés, René Villarreal y Jorge Witker. Miércoles 7, 19:00 horas. Aula mayor de El Colegio Nacional. Donceles 104, Centro Histórico. Informes: 5789 4330.
Presentaciones
Trabajo femenino, las nuevas desigualdades de varias autoras. UNAM. Marta Lamas y Mirosalba Lara Cancino. Lunes 5, 16:00 horas. Sala Ángel Bassols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.
Igualdad, no discriminación y derechos sociales de Rodrigo Gutiérrez y Pedro Salazar. UNAM/ Conapred. Waldo Villalpando, Ricardo Bucio y los autores. Lunes 5, 18:00 horas. Museo Memoria y Tolerancia. Plaza Juárez, Centro Histórico. Informes: 5262 1490 ext. 5213.
Seminarios
A 10 años del 11 de septiembre: retrovisión y perspectivas. Stephen Randall, Luis Astorga, Javier Oliva, Jorge Chabat, Hilda Varela, Mabel González, entre otros. Organiza CISAN, FCPyS, Semar y Centro Olof Palme. Lunes 5 a miércoles 7, 8:45 horas. Unidad de seminarios Ignacio Chávez de la UNAM y Centro de Estudios Superiores Navales de la Semar. Prerregistro en alejandra_huges@yahoo.com. Informes: 5623 0010. Programa: http://bit.ly/n5Noxm
Construyendo una estrategia del desarrollo urbano y regional. José Antonio Ardavín, Carlos Bustamante, Alicia Zicardi, Carlos Brambila, Rodolfo García, Manuel Perló, entre otros. Lunes 5 a jueves 8, 9:00 horas. Auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Informes: 5623 0093. Programa: http://bit.ly/r1agCp
La contribución de la educación superior al desarrollo político, social y económico de los países del sur y las políticas para enfrentar los retos presentes y futuros. Alicia Puyana, Teresa Bracho, Gloria del Castillo, Francisco Miranda, Gisela Zarenberg, entre otros. Martes 6 y miércoles 7, 9:00 horas. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna. Informes: 3000 0200.
Praxeología de los derechos humanos. Debate del nuevo marco constitucional. Lorenzo Córdova, Miguel Carbonell, Mónica González, Pedro Salazar, Manuel Becerra, César Astudillo, entre otros. Miércoles 7, 9:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Pensar el mundo desde las ciencias sociales. Retos teóricos y perspectivas de las políticas de desarrollo social. Carlos Tello, Katya Hujo, Bryan Roberts, Carlos Barba, Fernando Filgueira, entre otros. Miércoles 7 y jueves 8, 9:30 horas. Auditorio de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Coaliciones políticas, Pemex, y reforma energética en México. Gilles Serra Baños, Rosario Aguilar Pariente y Allyson Lucinda Benton. Jueves 8, 13:00 horas. Sala 1 del Centro de Investigación y Biblioteca del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
Televisión
El futuro de la alimentación en México: ¿nuevos riesgos? Gerardo Torres, Amanda Gálvez, Pánfilo Hernández y Elena Lazos. Sábado 10, 9:00 horas. Canal 22 y 16 de Edusat. Mesa de discusión producida por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
PROCESO 1818
Cuando crimen y política se juntan
Jesusa Cervantes, Arturo Rodríguez y Luciano Campos
El ataque al casino Royale de Monterrey destapó un entramado de corrupción entre empresarios, autoridades y la delincuencia organizada, que conviven en la industria del juego o bien se la disputan violentamente. El individuo más representativo de esa amalgama es conocido como El Zar de los Casinos, cuyo dinero se ha usado presuntamente en las campañas de varios políticos panistas. En este circuito de componendas destacan los hermanos Larrazabal, uno sorprendido en muy probables actos de corrupción, y el otro, alcalde de Monterrey; Raúl Gracia Guzmán, consejero de la Judicatura nuevoleonesa, y Zeferino Salgado Almaguer, delegado de Comunicaciones y Transportes en la entidad. Una fuente del PAN sostiene que los tres últimos recibieron una orden de Felipe Calderón: respaldar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en sus aspiraciones presidenciales.
El ataque al casino Royale de Monterrey el pasado 25 de agosto exhibe los intereses de la industria del juego y el entretenimiento en Nuevo León que reditúan ganancias anuales estimadas en 24 millones de dólares por cada casa de apuestas; desnuda también la red de complicidades entre permisionarios y operadores de esos establecimientos con autoridades de los tres niveles de gobierno y aun de la jerarquía católica nacional.
Y esa mezcla de poder político y dinero la encarna Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos. Algunos de sus exsocios aseguran que él suele apoyar campañas políticas de panistas de Nuevo León, como los exalcaldes de Monterrey, Adalberto Madero, y de San Nicolás, Zeferino Salgado Almaguer, así como de senadores.
Rojas Cardona, comentan, logró incluso que el cardenal Norberto Rivera Carrera inaugurara, el 25 de febrero de 2008, una de sus propiedades, y sus competidores en el mundo del juego comentan, aun sin aportar datos, sus posibles vínculos con el crimen organizado.
En Nuevo León, Rojas Cardona tiene 12 casinos y es el principal rival de los permisionarios de Atracciones y Emociones Vallarta, propietarios del casino Royale.Su
hermano Arturo Rojas Cardona es quien figura como el dueño del permiso para juegos que le entregó la Secretaría de Gobernación el 25 de mayo de 2005, cuando el panista Santiago Creel Miranda era el titular de la dependencia.
Arturo posee también tres inmobiliarias, 22 operadoras para instalar casas de juego, tres negocios dedicados a la publicidad política y una empresa de taxis aéreos.
Nuevo León, territorio libre.
Las entidades que cuentan con más casinos son el Distrito Federal, Baja California y Nuevo León, de acuerdo con un informe de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos fechado en julio pasado.
La primera tiene 74, de las cuales 33 son de Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V., cuyo operador es CIE Internacional, socia de Televisa en OCESA; en Baja California son 59 los establecimientos, 47 de ellos pertenecen a Jorge Hank Rhon, y en Nuevo León son 57 negocios En esta última entidad, 12 casas son del permisionario de Atracciones y Emociones Vallarta, propietario del casino Royale; otros 12 centros los regentea Rojas Cardona a través de su hermano Arturo, quien tiene el permiso de Gobernación; Hank Rhon tiene 10; CIE cuenta con seis, igual que Televisa, y Megasport tres.
El Palacio de los Números, de la familia de Rogelio Garza, dueños también de los tables
dance, tiene cuatro; Comercial de Juegos de la Frontera, dos, lo mismo que Petolof, en uno de los cuales, el Red, presuntamente fue grabado Jonás Larrazabal, hermano del presidente municipal de Monterrey, el panista Fernando Larrazabal, en el momento en que recibía un fajo de dinero.
Juan José Rojas Cardona inició su emporio de casinos antes de que la Secretaria de
Gobernación entregara el permiso a su hermano Arturo para operarlos. En 2002, cuando Fernando Larrazabal era alcalde de San Nicolás, El Zar de los Casinos instaló su primera casa de apuestas, el casino Bellavista.
El negocio sólo funcionó dos años. El 22 de octubre de 2004 fue clausurado por un pleito que interpuso la empresa International Thunderbird Gaming Corporation contra México por el uso de cierto tipo de máquinas de juego.
Mario Games, quien por aquellas fechas trabajaba en Multimedios, fue quien presentó a Rojas Cardona y a Fernando Larrazabal. Desde entonces trabaron una amistad que aún perdura.
Quienes lo conocen aseguran que Larrazabal fue quien permitió la apertura del Bellavista, aun sin contar con el permiso de Gobernación (el número DGAJS/SCEVF/P-06/2005), otorgado el 25 de mayo de 2005 por 25 años para que Rojas Cardona operara 100 salas de juego, 50 centros de apuestas remotas y 50 de sorteos de número. Hoy sólo tiene seis de cada una en Nuevo León.
En el trienio 2006-2009 ocupó la alcaldía de San Nicolás el panista Zeferino Salgado
Almaguer, quien actualmente es delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León. Su campaña electoral fue diseñada por la empresa Tango Publicidad y Medios México, S.A. de C.V., propiedad de los hermanos Rojas Cardona.
En enero de 2008, Salgado recibió una donación anónima de un helicóptero para la seguridad pública, que bautizaron como Águila Azul. El diario El Norte reveló que el pago por el helicóptero entregado en comodato al ayuntamiento lo hizo la empresa Inmobiliaria Archov, de Arturo Rojas Cardona, fundada el 17 de agosto de 2004, según consta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León.
El 3 de abril de 2008, ante las críticas abiertas, Raúl Betancurt, apoderado legal del Zar de los Casinos, pidió al ayuntamiento que regresara el helicóptero Robinson R-44, modelo Raven2, matrícula provisional XB-KKY, ya que se estaba dañando “la imagen de su cliente”, pero sobre todo porque se había violado la cláusula de confidencialidad firmada cuando fue entregado en comodato.
Durante su administración, Salgado Almaguer autorizó el uso de suelo para dos casinos y nombró director general del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal a Iván Paul Garza Téllez, quien dictaminaba los cambios de uso de suelo que demandaran los particulares.
Al término de su gestión, Garza Téllez se trasladó a la Ciudad de México, donde el actual presidente nacional del PAN, Gustavo E. Madero Muñoz, lo nombró director del Registro Nacional de Miembros de ese partido.
Entre los panistas circula la versión de que la campaña del dirigente nacional del PAN fue respaldada económicamente por El Zar de los Casinos. Sin embargo, su vocero Raúl Reynoso Nuño la rechaza.
Cuando Salgado Almaguer estuvo al frente del ayuntamiento de San Nicolás, Monterrey estaban en manos del panista Adalberto Madero, quien en su trienio (2006-2009) autorizó la instalación de 10 casinos. En noviembre de 2007, el abogado Roberto de la Rosa Lozoya, representante de la casa de apuestas Bingo de la Suerte, cuestionó a Adalberto Madero que clausurara sólo las casas de juego que no pertenecen a Rojas Cardona.
Presunto apoyo a Calderón
Al Zar de los Casinos no sólo se le relaciona con políticos menores, también con piezas clave en los estados; William Andrew Graven, uno de sus antiguos socios, lo acusa incluso de entregar dinero ilícito a la campaña presidencial de Felipe Calderón.
Graven, quien participó con Rojas Cardona en la instalación de 16 operadoras de casinos (cuyas actas obtuvo Proceso), lo acusó de haberlo defraudado con 3 millones de dólares. El 17 de noviembre de 2008, en conferencia de prensa en Monterrey, Graven reveló que el propio Juan José entregó a Calderón 25 millones de dólares para su campaña.
Dijo que Calderón buscaba el apoyo de “10 amigos especiales” para que cada uno aportara 25 millones de dólares. Rojas Cardona le comentó a Graven que trataban de conseguir por lo menos 25 millones de dólares porque había un grupo llamado Amigos Especiales, formado por 10 conocidos de Calderón, cada uno de los cuales aportaría 25 millones, y que él quería ser uno de ellos para que, después de la elección, obtuviera todo lo que quisiera.
Y añadió: “Una de las primeras preguntas que le hice a Pepe fue: ‘estás haciendo números financieros, ¿por qué necesitas un accionista, dinero de mí?’. Y me respondió que un tal Pepe Serrano, que era su intermediario con políticos, le dijo que las elecciones estaban cerca y que dos veces a la semana en su avión particular enviaba todo su efectivo a México para ponerlo en la campaña de Calderón”.
Dos años antes, en octubre de 2006, Arturo Rojas Cardona constituyó con Graven 16
empresas llamadas Juegos de Entretenimiento y Video en las ciudades de Mazatlán, Mérida, San José del Cabo, Lagos de Moreno, La Paz, Acapulco, Morelia, Hermosillo, Aguascalientes, Cancún, Puerto Vallarta, San Pedro y el Distrito Federal, entre otras.
Sin embargo, en mayo y julio de 2007, “de común acuerdo”, los socios desintegraron las sociedades. Al año siguiente, Graven denunció que El Zar de los Casinos se había quedado con 3 millones de dólares que aportó para las aperturas de las casas de apuestas, pero expresó que no interpondría ninguna denuncia penal.
El Zar de los Casinos no sólo simpatizaba con Calderón, según Graven, pues de acuerdo con un informante del PRI, que pidió omitir su nombre, todos los propietarios de las casas de apuestas estarían haciendo una colecta de 300 millones de dólares “para apoyar al próximo candidato presidencial”.
El pasado 7 de agosto, Fernando Larrazabal y el exalcalde de San Nicolás, Zeferino Salgado, organizaron un acto proselitista en favor de Ernesto Cordero Arroyo, el precandidato favorito del presidente Felipe Calderón a la Presidencia de la República.
Para despejar dudas de posibles contubernios entre políticos, casinos y autoridades locales, Felipe Calderón advirtió en su quinto informe de gobierno:
“Me indigna el nivel de opacidad y corrupción que la tragedia de Monterrey ha dejado traslucir (el incendio en el casino Royale)…Y por eso he girado instrucciones para que… se revise escrupulosamente la operación de todos estos establecimientos en la República. Les he instruido también para que investiguen las evidencias de posibles casos de corrupción y que quien haya violado la ley, sea quien sea, del partido u orden de gobierno que fuere, afronte las consecuencias en cualquier caso.”
Pero las relaciones del Zar de los Casinos no sólo han sido con políticos panistas, también ha logrado el aval de la jerarquía católica. El 25 de febrero de 2008, en el municipio de San Pedro, Juan José Rojas inauguró el restaurante 40 West. Al acto asistieron no sólo autoridades del ayuntamiento, como Javier Maiz, entonces secretario de Desarrollo Urbano, también estuvo un personaje inesperado: el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México.
La corrupción
Cuando Adalberto Madero llegó al gobierno de Monterrey, corrió la versión de que Juan José Rojas Cardona pidió colocar en la dirección de Alcoholes a uno de sus personeros a cambio de 10 millones de dólares, comentó a los reporteros un viejo cobrador de piso de los casinos de esa ciudad.
Coincidentemente, una de las primeras acciones de la administración de Madero fue clausurar el casino Revolución, propiedad de Rogelio Garza, competidor del Zar de los Casinos.
El mismo informante relató que Daniel Torres, quien también trabajaba para el cártel de Los Zetas, y Eduardo Saldaña, El Puma, cobraban piso en nombre del municipio y de Rojas Cardona.
Un empresario regiomontano comenta a Proceso que Rojas Cardona “tiene poder en Nuevo León y apoyo, tanto de las autoridades como del crimen organizado”; relata que “Los Zetas llegan cada semana a los casinos que le causan ruido a Rojas, a distintas horas del día. Ello – agrega–, no tendría relevancia si no fuera porque a los establecimientos de Rojas nunca les sucede nada; no tienen problemas de cuotas, ni con la autoridad; tampoco actos de intimidación… ¡Nada!
Los empresarios que compiten con él tienen de dos: seguir pagando cuotas y sufrir actos vandálicos del crimen organizado o dejar morir el negocio.
Polémica trayectoria
Poco se sabe del origen de Juan José Rojas Cardona, de 44 años, quien en una década se convirtió en millonario y ha salido airoso en los diferentes casos judiciales que ha enfrentado en México y Estados Unidos.
Aunque son varias sus cuitas la que hoy lo tiene en vilo es la demanda del fondo inglés
Bluecrest, que en 2008 le otorgó un crédito de 75 millones de dólares, y al no recibir pagos recurrió a las autoridades judiciales en 2009. Tan sólo el pasado 5 de julio el Primer Tribunal Unitario en materia civil y administrativa con sede en Nuevo León declaró procedente someter a concurso mercantil la empresa de Rojas, Entretenimiento de México, para que pague el adeudo más los intereses, lo que da un total de 90 millones de dólares.
Lo peor para Rojas es que al existir esta resolución judicial puede perder el permiso de
Gobernación, pues el Reglamento de juegos y sorteos, en su artículo 34, dice que el permiso se cancela cuando la empresa es sometida a dicho concurso.
Pero la historia fraudulenta de Rojas se inició en 1985, cuando ingresó a la Universidad de Iowa para estudiar economía. El 6 de mayo de 1990, según el diario The New York Times, fue acusado de malversación de fondos públicos siendo dirigente estudiantil. A través del uso de una razón social denominada Romex Corportation y la Big Ten Estudiante Asoc., Rojas fue acusado y su caso fue liberado en 1992.
El año anterior tuvo otro registro penal (casos FECR029070 y FECR028526) en ese mismo distrito judicial de Iowa, por cargos relacionados con seis cuentas de falsificación, y otro de robo en tercer grado. La sentencia no se cumplió, pues hasta donde se sabe Rojas huyó de la jurisdicción en la etapa de apelación después de haber librado cargos por cinco años de cárcel.
La sombra del narco lo acompaña. De acuerdo con las causas penales 94-cr-00080LH-1 y 94- mj00056-JHG-1, radicadas en la Corte de Distrito de Nuevo México, en febrero de 1994 el gobierno estadounidense lo acusó, en el primer caso, de poseer con fines de venta 50 kilos de mariguana; en el segundo, de poseer otras 17 libras .
Aunque Rojas libró las diferentes acusaciones en 1997, por su historial el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) le tiene asignado el número 722659NA5. Dos años después fue detenido en Nuevo León por un fraude de 57 mil dólares contra una casa de cambio. En México fue denunciado en 2007 por la empresa Bingo de la Suerte S.A. de C.V., por abuso de autoridad, falsedad de informes y delincuencia organizada.
Un caso más de implicación internacional ocurrió en 2008 y acaba de obtener jurisdicción. Se trata del Lac Vieux Deserty Band of Lake Superior Chipewa Indians, de Michigan, una tribu que acusa a Rojas de fraude por 605 millones de dólares para un casino que se operaría en Guadalupe, Nuevo León.
Larrazabal arrastra a Cordero
LUCIANO CAMPOS GARZA
MONTERREY, NL.- A principios de este año Felipe Calderón convocó a una reunión a Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey; a Raúl Gracia Guzmán, consejero de la judicatura nuevoleonesa, y a Zeferino Salgado Almaguer, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León.
Los tres forman el Grupo San Nicolás, que controla al Comité Directivo del PAN en Nuevo León. El proyecto a mediano plazo del grupo, también llamado Santísima Trinidad, es hacer a Larrazabal senador el próximo año para de ahí lanzarlo a la búsqueda de la gubernatura en 2015.
De acuerdo con un connotado panista de San Pedro Garza García, que dio la información a cambio del anonimato, en esa reunión en la Ciudad de México Calderón les ordenó respaldar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en sus aspiraciones presidenciales. Los tres tienen una relación de cercanía con el presidente. Gracia fue su compañero de curul en la Cámara de Diputados.
Ahora los videoescándalos de Manuel Jonás, hermano mayor de Larrazabal, comienzan a afectar a Cordero y en general al PAN, que ha tenido que marcar distancia del hermano del alcalde.
Larrazabal ya antes había enfrentado como alcalde regiomontano un escándalo mayor relacionado con extorsión y delincuencia organizada. Su jefe de Alcoholes, Rogelio González Heredia, El Roy, fue detenido por la Marina el 11 de marzo de 2010 pues “se le vincula con el grupo delictivo de Los Zetas”, dijo la Armada.
Contraataque priista
Panistas consultados por este semanario afirman que la difusión de los videos donde se ve a Jonás Larrazabal recibiendo dinero, es obra del PRI como respuesta a la campaña panista contra Humberto Moreira, dirigente tricolor, a quien acusan de haber sobreendeudado Coahuila.
Una semana después del ataque al casino Royale, el miércoles 31 de agosto fueron difundidas imágenes videograbadas por una cámara de seguridad, en las que el hermano del alcalde de Monterrey es captado al recibir diversas cantidades de dinero, presuntamente producto de un soborno a otro centro de apuestas de esta ciudad, el casino Red.
Tras el incendio que acabó con la vida de 52 personas, entre clientes y jugadores, se reveló que ese casino y otros que funcionan en Monterrey tenían una situación irregular por incumplir normas de protección civil. El Royale no tenía salidas de emergencia y se presume que Jonás pudo haber cobrado a los dueños del casino para retrasar las visitas de los inspectores municipales.
Jesús Martínez, abogado de Jonás, alegó que en las imágenes su defendido está recibiendo dinero por el pago de la compra de quesos y otros productos que trae de Oaxaca, estado de donde son originarios los hermanos Larrazabal. Pese a ello, Manuel Jonás fue arraigado el jueves 1.
En Nuevo León, el alcalde de Monterrey era el más entusiasta promotor de las aspiraciones presidenciales del secretario de Hacienda. El edil, Gracia y Salgado organizaron el 7 de agosto en el centro Convex una reunión de 3 mil panistas con el precandidato. Ahí, Larrazabal entregó a Cordero cinco cajas en las que había 6 mil firmas de respaldo de militantes activos y mil de adherentes “para que las use en el momento que usted decida”.
Ahora han comenzado a surgir sospechas sobre la manera en que los Larrazabal apoyaron al funcionario federal.
Juan José Rodríguez Prats, consejero nacional del PAN, reprochó la manera en que Cordero lleva su campaña, pues además de por Larrazabal ha sido respaldado por Miguel Ángel Yunes, exfuncionario del ISSSTE, quien se lió en un pleito con Elba Esther Gordillo, dirigente magisterial, por presuntos pagos al partido Nueva Alianza procedentes de aquel instituto.
Dijo Rodríguez: “¿Quién está apoyando a Cordero? Miguel Ángel Yunes y se hizo un escándalo. Fernando Larrazabal y se hizo otro escándalo. Que me disculpe, pero eso no va a ningún lado”.
La crisis de los videos podría significar la tumba política de Fernando Larrazabal Bretón, quien comenzaba su camino a la gubernatura. Había sido alcalde de San Nicolás, posición que le heredó a Zeferino Salgado, quien a su vez se la pasó a Miguel Ángel García Domínguez, quien es ahora secretario de Desarrollo Humano de Larrazabal.
Para 2012 García es el candidato anticipado del PAN para la presidencia municipal de Monterrey, y para San Nicolás el grupo pretende colocar a Pedro Salgado, hermano de Zeferino.
“Santísima Trinidad”
Larrazabal, Gracia y Salgado manejan los designios del PAN estatal. Ellos colocaron a Sandra Pámanes, actual presidenta del Comité Directivo Estatal, y antes de ella pusieron a Juan Carlos Ruiz, ahora secretario del ayuntamiento regiomontano.
Zeferino ha estado involucrado en algunos líos. La reportera Mirna Ramos publicó el 1 de abril de 2008 que El Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, le había donado al entonces alcalde nicolaíta un helicóptero para labores de vigilancia de la policía. Al conocerse la procedencia de la aeronave, Salgado tuvo que regresarla bajo sospecha de haber recibido con la nave el pago de un favor que previamente le habría hecho al empresario.
Salgado también se vio implicado en otro incidente, éste de seguridad pública: militares lo detuvieron el 31 de marzo de 2010 en Piedras Negras, Coahuila, en posesión de un arma 9 milímetros sin acreditar su legítima posesión. Tras permanecer detenido unas horas salió, bajo fianza.
Luego de conocerse las imágenes de Jonás, Sandra Pámanes lanzó un agresivo pronunciamiento para exigir que se esclarecieran los hechos:
“Ante la evidencia transmitida en un video en que aparece Manuel Jonás Larrazabal Bretón y que dan a conocer diversos medios de comunicación, exigimos que la Procuraduría estatal investigue y llegue hasta sus últimas consecuencias para fincar y deslindar responsabilidades en el caso en particular del video difundido”, dijo la dirigente, rodeada de diputados locales del albiazul.
Pámanes Ortiz afirmó que el hermano del videoescándalo no es panista. Pero fuentes panistas aseguran a Proceso que Jonás trabajó en el área municipal de deportes durante el trienio de Felipe de Jesús Cantú en Monterrey.
Gustavo Madero, líder nacional panista, fue mucho más mesurado que Pámanes y en su declaración expresó respaldo al alcalde regiomontano.
En un boletín difundido en la página del PAN el día que estalló el escándalo de los videos, se aclara:
“Acción Nacional respalda y coincide con el alcalde regiomontano de demandar que su hermano, que no es integrante de este instituto político, asuma plena y responsablemente las consecuencias de sus actos. Las acciones de Jonás Larrazabal son su responsabilidad personal y particular, las cuales no se encuentran relacionadas con nuestro partido ni con la actual administración municipal panista, como lo sostiene el alcalde Fernando Larrazabal.”
Como si necesitara otra nota negativa, el 30 de agosto se dio a conocer que el ayuntamiento de Santa Catarina reclama al anterior alcalde panista Dionisio Herrera Duque el pago de poco menos de 7 millones de pesos, por faltantes en su cuenta pública. La contraloría municipal lo inhabilitó para ocupar un puesto público en esa localidad los próximos siete años.
Pretexto para reprimir
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
El aumento gradual de la violencia en Nuevo León se ha traducido en un incremento de los delitos cometidos por fuerzas oficiales en contra de la población civil. Tras la llegada de 3 mil elementos federales a la capital de ese estado, las violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales se recrudecieron. Lo que hoy impera en Monterrey, además del miedo y la zozobra ciudadana, es un estado de sitio de facto.
MONTERREY, NL.- Un día después de que arribaron 3 mil elementos de fuerzas federales a esta ciudad a raíz del ataque al casino Royale que dejó 52 muertos, policías, soldados e infantes de marina realizaron miles de cateos sin órdenes judiciales y establecieron un toque de queda de facto en varias colonias pobres, exhortando a la ciudadanía a abandonar las calles después de la medianoche.
La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Consuelo Morales, comenta que en barrios como Guadalupe, Escobedo y Apodaca la gente ya empezó a resistir las revisiones exhaustivas de sus viviendas, pues muchos de los elementos que las hacen “se llevan gente y ya no regresan. Se meten a las casas, se llevan cosas, roban y ahora hay gente detenida sin causa sustentada ni motivada en derecho. Esto es público. Los militares detienen, cuestionan y han establecido un toque de queda”, subraya.
Consuelo Morales, quien recibirá un reconocimiento de Human Rights Watch por “su activismo extraordinario”, refiere que la violencia se ha disparado, pues el CADHAC ha recibido sólo en este año denuncias sobre 67 casos de desaparición, en cada uno de los cuales han desaparecido nueve personas en promedio. Así, se trata de al menos 720 desaparecidos, que en un 30% fueron víctimas de elementos militares o policiacos.
Ahora, “con el operativo implementado tras el ataque al casino Royale, vemos que el actuar de los militares ha generado más violencia en colonias populares, las más pobres, de donde se están llevando gente. Cuando les va bien, nada más allanan moradas, entran a las casas y se roban cosas… Así ya les fue bien”.
Leyes antiprotesta
Durante el anterior gobierno de González Parás hubo acciones legislativas que, con el pretexto de enfrentar a la delincuencia, terminaron por criminalizar la protesta social.
En marzo de 2007 se aprobó el nuevo catálogo de delitos “contra la seguridad pública”, y el artículo 165 bis del Código Penal tipifica como conducta delictiva poseer o portar un equipo de comunicación que no esté a nombre de la persona a la que se le encuentre.
Otra legislación peculiar surgió en febrero de 2009, cuando vecinos de colonias populares bloquearon avenidas de Monterrey en protesta por las operaciones de los militares en sus barrios. Según se dijo, estos bloqueos fueron organizados por el grupo delictivo de Los Zetas.
A principios de marzo de ese año, González Parás manifestó:
“Yo impulsaré una reforma a la legislación para que las expresiones de inconformidad o las manifestaciones que se den, afectando a los derechos de los demás, lastimando a los intereses de la ciudadanía y al interés superior de la comunidad, se consideren también como figuras delictivas.”
Y, en efecto, hoy la “obstrucción de la vía pública” es un delito grave, pues el artículo 177 bis 1 del Código Penal lo describe así:
“Comete el delito de obstrucción de la vía pública quien con actos materiales ataque los derechos de terceros, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos automotores.”
Luego, el artículo 177 bis 3 establece que se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y una multa, además de advertir que si en la obstrucción se lleva a menores de edad, esto será una agravante. Finalmente, prescribe que la persona que organice la obstrucción tendrá una condena de tres a seis años de prisión.
Paraíso de la discriminación
Conocido por la creación anticonstitucional del policiaco “grupo rudo” y su cuerpo de inteligencia –desarticulado cuando la Marina de México detuvo a sus integrantes por presuntos vínculos con la organización criminal de los Beltrán Leyva–, el alcalde panista de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, replanteó su esquema de “blindaje” en el municipio donde viven los millonarios regiomontanos:
Ahora, sirvientas, jardineros, choferes, empleados domésticos y vendedores ambulantes deben darse de alta en un padrón municipal y obtener una credencial que acredite, desde el ayuntamiento, que laboran en el área. Al igual que los trabajadores, los vendedores ambulantes tienen la prohibición de usar teléfonos celulares.
Para Fernández Garza, integrante del clan Garza Sada, los vendedores ambulantes son sospechosos de “halconeo”. Asimismo, según el edil, 60% de los robos los cometen las trabajadoras y trabajadores domésticos.
“Yo voy a parar el halconeo. Si les gusta, pues qué bueno. Si no, pues que se vayan a trabajar a otro lado. Si van a traer celulares, no van a trabajar en San Pedro”, advirtió al presentar el programa “De Ti por Ti” el pasado 7 de abril.
El registro de los trabajadores domésticos, implementado a partir del 11 de abril, parte del supuesto de que ellos son de ranchos, comunidades rurales e indígenas, por lo que además de sus datos generales deben dar a conocer su lugar de procedencia, el número telefónico de la caseta del pueblo, un número telefónico y el nombre de una persona para avisar en caso de accidente, su domicilio en Monterrey (claro, los censados no viven en San Pedro), y su estado civil.
Para estar en el registro deben proporcionar una lista de sus amigos y parejas, así como revelar los lugares que frecuentan en días de descanso. A los patrones se les recomienda no darles llaves.
Por lo pronto, en San Pedro no hay mendigos, prostitutas y maldicientes. Si alguien se atreve a mendigar allí es encarcelado, ya que el reglamento municipal de policía, en su artículo 15, prohíbe “la mendicidad” por atentar contra la moral y las buenas costumbres. Limosnear es considerado tan grave y al mismo nivel que la prostitución, el exhibicionismo, el sexo en público, las malas palabras o los cartelones que ofenden “el pudor”.
Un gimnasio de poledance o el espectáculo “Sólo para Mujeres” no llegan a San Pedro, donde está prohibida la exhibición de personas desnudas o semidesnudas, en el mismo reglamento que prohíbe los prostíbulos y los “hoteles o moteles de estancia corta”.
Sospechosos múltiples
El 21 de junio de 2010, el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal a fin de sancionar el espionaje de la delincuencia organizada, al que comúnmente se designa “halconeo”.
Esa propuesta fue también una medida al vapor. Presentada el 8 de junio de 2010, apenas 15 días después se dictaminó y aprobó por unanimidad. Prevé de 2 a 15 años de prisión para ese delito.
La modificación afectó al artículo 16 bis, fracción 1, que tipifica el delito grave, y 192, del Código Penal, y prevé castigar a quien sea sorprendido acechando, vigilando o realizando actividades de recopilación de datos sobre la ubicación de operativos realizados por los cuerpos de seguridad.
Las penas se agravan cuando el inculpado es o fue servidor público o militar, al igual que si es taxista o se hace pasar por cualquiera de éstos.
El artículo 192 del mencionado código establece:
“Se impondrá una pena de dos a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 cuotas a quien aceche o vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas.”
Una previsión semejante introdujo el presidente Felipe Calderón en su iniciativa de reforma penal presentada el pasado 14 de abril, aunque en ese caso el “halconeo” es designado como “facilitación delictuosa”.
Consuelo Morales, quien ha seguido las reformas legislativas y las ha denunciado por arbitrarias, señala que apenas el pasado 29 de julio se tipificó como delito grave, con 50 años de prisión como pena, el robo de vehículos con violencia. El mismo día, el Congreso aprobó una reforma en la que la explotación de menores es castigada con la pena máxima de 13 años.
De este modo, “la protección patrimonial es más importante para los legisladores que la protección de los niños y las niñas”, observa la activista.
En estos días, continúa, el Congreso debate la reducción de la edad penal a 12 años, y aunque diversos actores sociales y políticos han criticado la propuesta, el diputado César Garza Villarreal advirtió el pasado 31 de agosto que, en virtud de las posturas, sólo se reducirá la edad penal en ciertos delitos.
Morales recuerda que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas calificó los centros de internamiento de menores en la entidad como la antítesis de lo que deben ser.
El 29 de agosto, Felipe Calderón recibió a los magnates regiomontanos, quienes le dieron su apoyo. Morales enfatiza que eso sucede porque los hombres de negocios que ahí se reunieron desconocen lo que viven los ciudadanos frente a las acciones de Estado que han incrementado la violencia. Y ante eso y las leyes arbitrarias, la activista reflexiona: “Si esta estrategia ha generado más violencia, nosotros nos preguntamos: ¿Qué clase de intereses son los que nuestros gobiernos y magnates están tutelando?”.
Puro lucimiento
LUCIANO CAMPOS GARZA
MONTERREY, NL.- El gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, es acusado de aprovechar mediáticamente casos que llaman la atención nacional e internacional, como la matanza del casino Royale, mientras que se ha mantenido prácticamente inmóvil ante el récord de mil 263 crímenes que, atribuidos al crimen organizado, han sido cometidos en la entidad durante su administración.
Aunque tanto él como las autoridades ministeriales alegan que los hechos violentos del crimen organizado deben ser atendidos conforme a la ley por las fuerzas federales, varios especialistas entrevistados por Proceso advierten que ese es sólo un pretexto para no hacerse cargo del problema, pues las leyes establecen claramente que, en principio, corresponde hacerlo a las autoridades estatales.
Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), quien recibirá un reconocimiento de Human Rights Watch, señala que no hay investigación de autoridades locales en numerosos homicidios, amenazas y privaciones ilegales de la libertad porque el gobierno estatal argumenta que son de orden federal y que, por lo tanto, debieran ser investigados por la Procuraduría General de la República.
“Los crímenes quedan impunes porque dicen que fueron cometidos por la delincuencia organizada. ¿Pero qué es delincuencia organizada? Ahorita cualquier persona se pone un pasamontañas y te roba y pueden decir que es delincuencia organizada. Las autoridades de Nuevo León evaden esta situación y pasan la pelotita a las autoridades federales.”
Morales indica que muchas veces los objetivos de los criminales “son dueños de pequeños negocios que reciben presiones para que paguen por seguridad, y si no pagan los matan ahí mismo o los desaparecen. El estado no ha mostrado que verdaderamente establezca medidas para proteger a la ciudadanía en estos casos”.
En cuanto a la actuación del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, sentencia: “Es un gobernador ausente. No está. En su discurso cuando tomó posesión dijo que daría su vida en defensa de la ciudadanía. Si quisiera honrar su palabra, debería bajar de su oficina, pero se esconde y ahora esconde a las cabezas de las secretarías y pone al frente a una persona que es vocero”.
Crímenes e impunidad
El martes 30 de agosto, cinco días después del asesinato masivo en el casino Royale, el gobernador Medina armó un espectáculo para presentar a cinco detenidos. Acompañado del subprocurador de Control Regional de la PGR, Cuitláhuac Salinas Martínez, presentó videos de una gasolinera donde los incendiarios cargaban combustible.
Triunfal, el mandatario mostró más imágenes de la caravana de coches circulando por la avenida Gonzalitos, y también las fichas de los cinco involucrados. El jueves 1 de septiembre fue presentado otro involucrado, que era policía estatal.
Pero ante el olvido del resto de los crímenes, Bernardino Fernández Contreras, dirigente estatal del PRD, considera que el mandatario ha concentrado sus esfuerzos en resolver sólo aquellos casos que llaman la atención. “Vemos que el gobierno del estado da respuesta mediática, y aunque todos los casos son trascendentales, ha dejado de lado la mayoría de los asesinatos de gente inocente que ha muerto en este asunto de la guerra contra el narcotráfico”.
“Lo que trasciende lo ataca y está dejando de hacer su trabajo para el resto de la ciudadanía. Es una forma muy burda de hacer las cosas, mediática y selectiva, donde el gobernador busca sobrellevar las cosas. Además de lo del casino, hay muchos hechos donde las familias quedan dañadas y sin atención. El gobernador en lo personal y el alcalde de Monterrey (Fernando Larrazabal) deben renunciar a sus cargos porque no dan resultados.”
Según cifras de la Procuraduría estatal, los homicidios dolosos se han incrementado notablemente en Nuevo León. En el 2008 hubo 263, de los cuales 75 fueron atribuidos a la delincuencia organizada. Al año siguiente la cifra subió a 267, de los cuales 97 fueron ejecuciones.
En 2010, primer año completo de gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, los números se dispararon y el registro fue de 828 homicidios dolosos. De ellos, 361 fueron ejecuciones. Un total de 156 personas resultaron abatidas en operativos, principalmente de las fuerzas federales. Cayeron 30 víctimas civiles.
El hecho es que las autoridades no han podido contener la crisis de inseguridad. Desde que llegó Medina de la Cruz al poder, el 4 de octubre del 2009, han desfilado en la entidad dos procuradores y tres secretarios de Seguridad Pública.
De acuerdo con un conteo periodístico, durante el mandato de Medina se han registrado en el estado, hasta finalizar el pasado mes de agosto, mil 263 homicidios relacionados con la delincuencia organizada. De ese total, 85 personas eran inocentes; 90, autoridades abatidas; 278, delincuentes que murieron en enfrentamientos con autoridades, y 810 correspondieron a ejecuciones entre delincuentes.
Por lo que se refiere a la impunidad, estadísticas de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León resultan reveladoras: En los años 2008, 2009 y 2010 se han iniciado, en total, 196 mil 634 averiguaciones previas. De esa cifra, sólo se ha ejercido acción penal en 9 mil 66 casos, equivalentes al 5% (Proceso 1817).
Prácticas contra la ley
El vocero de Seguridad Pública del Estado, Jorge Domene Zambrano, aduce que el estado no investiga en los casos en los que se supone que participa la delincuencia organizada, porque la Federación atrae las investigaciones.
Pero Eloy Hernández García, exagente del Ministerio Público Federal y del Fuero Común, comenta que es el estado el responsable de investigar homicidios, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales. El artículo 2, subraya, establece que es el MP estatal el encargado de perseguir los delitos y ejercer acción penal ante los tribunales.
El ahora abogado privado y catedrático en derecho puntualiza: “No hay ningún convenio de acuerdo entre estado y Federación en que deban suprimir su competencia para conocer de los delitos, y menos en flagrancia. Si hay flagrancia, en automático interviene el MP del fuero común y tiene que desglosar la averiguación. Si hay arma de fuego de uso restringido, pasarlo a la autoridad federal, que puede atraer la investigación del homicidio si existe delincuencia organizada. Pero si no hay flagrancia, deberá conocer el fuero común del homicidio, y el federal, por lo que hace al arma de fuego”.
A su vez, el presidente del Colegio de Licenciados en Criminología de la República Mexicana, Ramiro Ramírez Pérez, afirma que la autoridad que debe investigar los homicidios es la Procuraduría estatal. “En la mayoría de las ocasiones en que se da el delito de homicidio las investigaciones para esclarecer el caso y resolverlo, consignarlo incluso, son responsabilidad del Ministerio Público del Fuero Común, que es el representante social”.
La diputada panista Jovita Morín Flores, abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), menciona que para que inicie un procedimiento penal, primero debe haber un indiciado, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución General de la República.
“Cualquier persona que comete un homicidio –explica– debe ser puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público local; debe ponerse al detenido en custodia de la autoridad más cercana, y en este caso siempre será el Ministerio Público local, forzosamente.”
A su vez, Carlos Treviño Vives, abogado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), coincide en que es la autoridad estatal la que debe iniciar la investigación en cualquier clase de homicidio.
El litigante, quien ha colaborado con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), agrega que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la PGR, el Ministerio Público de la Federación deberá solicitar al Ministerio Público local, cuando corresponda, la remisión de la investigación.
Por su parte, el litigante Guillermo García Leija expone que, por costumbre, si en un crimen se utiliza un arma de uso restringido, como la AK-47 o la AR-15, el caso es atraído por la autoridad federal, pero inicialmente debe atenderlo la autoridad local aunque luego lo turne a la otra instancia.
Pero, dice, “la actitud de la autoridad estatal es pasiva, cómoda e inepta, aunque el gobernador está constitucionalmente obligado a procurar la seguridad de los habitantes de Nuevo León”.
Egresado de la UANL, y con más de 20 años de experiencia, plantea que cuando se comete un homicidio con armas de alto poder prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego “ya se ha hecho norma” que el caso sea atraído por la autoridad federal, “pero no está fundamentado legalmente, por lo que debe ser legislado esto”.
El diputado local panista Omar Pérez, quien subraya que los robos del fuero común se han incrementado en 90% este año respecto al anterior, manifiesta que Medina se lo quiere achacar todo a la delincuencia organizada.
“Lo que hace el gobernador –puntualiza– es ir resolviendo lo que pasa en su administración. Si pasa algo en los casinos, vamos sobre todos los casinos. Si hubiera pasado en restaurantes, se hubiera lanzado contra los restaurantes. Reacciona, y lo que queremos es prevención. Medina da prioridad a su imagen y relega lo que le pasa a los nuevoleoneses…”
Televisa: la hipocresía
JENARO VILLAMIL
Con la tragedia del casino Royale de Monterrey como pretexto y sus afanes de lucro por delante, Televisa montó el pasado 29 de agosto un show delirante: horas y horas de transmisión para machacar una y otra vez acerca de las irregularidades con que opera la mayor parte de los casinos en México… menos los suyos, claro. En el espacio de Primero noticias y erigida en juez y parte, la televisora ha buscado febrilmente limpiar su imagen y soslayar el hecho de que ya ocupa el tercer lugar nacional en la industria del juego, un negocio multimillonario cuya naturaleza atrae corrupción, lavado de dinero, violencia…
“¡Con sólo venir ganas!”, dice la promoción del Play City ubicado en el primer piso del exclusivo centro comercial Antara en la colonia Polanco, Distrito Federal. Este centro de bingo y sport books es uno de los 25 establecimientos que Apuestas Internacionales, S.A., filial de Televisa, ha abierto en todo el país desde que el 25 de mayo de 2005 obtuvo de la Secretaría de Gobernación un permiso para explotar 130 salas (65 de bingo y 65 de sport books) hasta el 24 de mayo de 2030.
Se trata del mayor número de permisos otorgados de golpe a una compañía desde que se expidió la Ley de Juegos y Sorteos, en diciembre de 1947. En menos de seis años, Televisa ya rivaliza con Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon, socio del grupo español Codere y de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (Grupo CIE), de Alejandro Soberón Kuri, también socio de Codere. Paradójicamente, Grupo CIE es socio al 49% con Televisa (propietaria de 51%) en la empresa de espectáculos OCESA.
A pesar de ser el tercer consorcio en importancia en la industria del juego y de las apuestas legalizadas, Televisa organizó el lunes 29 de agosto, en el programa Primero noticias, una pasarela de cuatro horas a la que acudieron dirigentes políticos, empresarios, legisladores, comediantes, deportistas, conductores, el propio presidente de la República y, por supuesto, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. El propósito: hacer un llamado a “cerrar filas” y a la “unidad” frente a los delincuentes, ante los trágicos acontecimientos del casino Royale en Monterrey.
Juez y parte en la industria del juego y de las apuestas en México, Televisa también ha informado acerca de las corruptelas en la operación de 561 establecimientos que operan en México, de los cuales sólo 306 son legales, de acuerdo con la información de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la empresa nunca menciona que ella forma parte de este gran negocio que pretende expandirse hacia la verdadera “mina de oro”: las apuestas online en internet.
El conductor estelar de noticiarios de Televisa, Joaquín López Dóriga, escribió el 1 de septiembre en su columna “En privado”, de Milenio, que quizás era hora de cerrar los casinos:
“Los casinos retratan un mundo completo de corrupción en el que conviven autoridades de todos los niveles que los toleran y protegen.
“¿No habrá llegado el tiempo de ponerlos en orden con un primer paso: cerrarlos para ordenarlos? Aunque sea mucho el dinero y aunque sean muchos los involucrados.
“¿O no van a servir de nada los muertos?”
López Dóriga, a quien puede considerarse como vocero de Televisa, se anticipó así al anuncio del presidente Felipe Calderón en su quinto informe de gobierno al ordenar “la revisión minuciosa” de todos los casinos en el país.
De modernizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que tiene más de 60 años de vigencia, de revisar las ambigüedades y criterios discrecionales que establece el reglamento vigente desde septiembre de 2004 y sujeto de una controversia constitucional con la Cámara de Diputados, no se anunció nada.
Permisos garantizados
No le ha ido nada mal a Play City en estos seis años. Frente a sus principales competidores –que tienen más de dos décadas en el negocio de los juegos y sorteos–, Televisa reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que durante el primer trimestre de 2011 sus ventas se incrementaron 18.1% en juegos y sorteos: 949.5 millones de pesos, en comparación con 803.8 millones del primer trimestre de 2010.
De esas ventas, pagó por “participaciones” a la Secretaría de Gobernación menos de 2%: 15 millones 852 mil pesos, según el portal de la propia dependencia. En total, desde 2006 a la fecha, Apuestas Internacionales ha pagado por ese concepto a la Secretaría de Gobernación 219 millones 475 mil pesos; es decir, 2% del total de sus ventas en el negocio del juego.
Eso sí, con sólo el permiso otorgado por Santiago Creel, Televisa comenzó a ganar sin registrar pérdidas en su apuesta por el bingo. Durante el gobierno de Felipe Calderón, Play City ha sido beneficiada por diversas modificaciones para que pueda realizar sorteos como Play 50, Súper Multiplicador, Sorteo Toma Todo, Sorteo Superlotto Millonario y Juega Apuesta Multisoccer.
Todas estos sorteos pertenecen al segundo filón del negocio de las apuestas que en 2007 creó Televisa: la empresa Multijuegos, una lotería online que en menos de cuatro años abrió 4 mil 700 terminales electrónicas en todo el país y ya rivaliza con Pronósticos Deportivos y la Lotería Nacional, ambas gubernamentales y cuyos fondos se destinan a la asistencia pública.
Desde febrero de 2007, la consultora Merryl Linch calculó que el mercado de la lotería en México podría ascender a 12 mil 950 millones de dólares y Televisa podría captar 25% de éste, hasta quedarse con 50% de todo el mercado en 2012.
El apoyo de la Secretaría de Gobernación ha sido pleno para el sector de juegos y apuestas de Televisa. Según el portal de la dependencia, el 30 de noviembre de 2009 modificaron a favor del consorcio el reglamento de los sorteos Toma Todo, Toma 3, Superlotto Millonario, Sorteo Súper Multiplicador y Multijuegos, que son promovidos constantemente en los anuncios de los canales de televisión abierta propiedad de Televisa.
En su informe de diciembre de 2010, ante la Securities and Exchange Commision, el órgano regulador bursátil de Estados Unidos, Grupo Televisa presentó así el panorama de su división de juegos y sorteos:
“Planeamos continuar desarrollando nuestro negocio del juego, el cual consiste en bingo y sport books halls, y lotería nacional. Hasta el 31 de diciembre de 2010, teníamos 23 bingos y sport books halls en operación, bajo el nombre de Play City. De acuerdo con nuestro permiso, planeamos abrir más bingos y sport books en el curso de los próximos tres años. Además, en 2007 lanzamos Multijuegos, lotería online, que cuenta con aproximadamente 4 mil 700 terminales electrónicas. El bingo y los sport books operan bajo el permiso de juegos obtenido del ministro del Interior (sic) que establece, entre otras cosas, la apertura de 65 bingos y sport books en todo México” (p. 27).
En la página 51, Grupo Televisa aclara a los inversionistas estadunidenses que “tenemos garantizado” el permiso para juegos y sorteos hasta el 24 de mayo de 2030. Admite que los principales competidores en el campo del bingo y los sport books son CIE y Grupo Caliente, y en Multijuegos “las loterías gubernamentales Pronósticos y Lotería Nacional”.
La marca Televisa no es evidente en los sitios de Play City. En el centro de la plaza Antara, de Polanco, acuden desde la tarde decenas de mujeres de la tercera edad, jóvenes oficinistas, parejas, ludópatas solitarios o simples curiosos que, por lo menos, destinan 250 pesos para recargar la tarjeta Play City y apostar en alguna de las más de 300 máquinas de videojuegos que se apilan en el sitio, en el Play póker –supuestamente prohibido por la ley–, en el Jackpot o en la sala de apuestas remotas donde se ven carreras en hipódromos de todo el mundo.
“Yo pierdo hasta 2 mil pesos en una tarde, pero me gusta mucho este sitio. Como que se olvida uno de todo”, confiesa una dama de Polanco, aficionada al juego Pirates luck.
El otro gran negocio de Play City es el Sorteo Trébol. En Polanco se encuentra una de las 4 mil 700 terminales que se han distribuido en todo el país y que rivaliza ya con sus principales competidores: Pronósticos Deportivos y Lotería Nacional.
El gran atractivo del sorteo es que con jugar 50 centavos uno puede ganar hasta 250 pesos en Toma 3, o participar con 2 pesos y ganar hasta 11 mil pesos en el sorteo Toma todo. El Superlotto Millonario es el más codiciado por la bolsa acumulada.
El director general de Apuestas Internacionales S.A., es Rafael Villasante Guzmán, consejero suplente en Sky y en Cablevisión, las dos principales empresas de televisión restringida de Televisa. Villasante fue vicepresidente de banca corporativa en JP Morgan.
Otros grupos
El otorgamiento de siete permisos para establecer hasta 198 bingos y sport books en todo el país, durante el paso de Santiago Creel por la Secretaría de Gobernación, no sólo permitió que Grupo Televisa entrara de lleno en esta industria antaño controlada por dos grandes consorcios: Caliente y CIE.
También le abrió las puertas a otros grupos relacionados con medios de comunicación y de telecomunicaciones. A Promojuegos de México le otorgó un permiso para establecer hasta 10 books y 10 bingos. El director general de la empresa constituida es Raúl Quintana Fernández, quien fue representante del Grupo Pegaso, de Alejandro Burillo Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Jean. Durante un tiempo Burillo dirigió los destinos de Televisa y fue presidente del Club América, propiedad de la televisora, así como de los Freseros de Irapuato y los Tiburones Rojos de Veracruz.
Otro grupo beneficiado fue Eventos Festivos de México, que cuenta con permiso para abrir hasta 10 books y 10 bingos. Entre los accionistas de la empresa aparece José Alberdi González, socio de Olegario Vázquez Raña, accionista principal de Grupo Ángeles, propietario de estaciones de radio (Grupo Imagen), del periódico Nuevo Excélsior y de la concesión del canal 28 (Cadenatres), además del conjunto de hospitales privados. De la mano de Vicente Fox y Marta Sahagún, el crecimiento del Grupo Ángeles llegó hasta los medios y los centros de apuesta en el sexenio anterior.
Un tercer grupo beneficiario fue Juega y Juega, que obtuvo permiso para 18 books y 18 bingos. Entre sus socios aparecen Juan Eduardo Mounetou Pérez y Carlos Enrique Abraham Mafud. El primero es un empresario de Nuevo Laredo, conocido por ser concesionario de la cerveza Miller, señalado como uno de los financiadores de la precampaña presidencial del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El segundo es un empresario de origen yucateco, accionista en la repetidora local de TV Azteca, junto con su hermano Roberto Abraham Mafud. El ascenso de estos empresarios se dio también durante el sexenio de Vicente Fox (Proceso 1495 y 1503).
Un cuarto consorcio beneficiado con aquellos permisos de 2005 fue Entretenimientos de México, de Arturo Rojas Cardona, hermano de José Rojas Cardona, a quien se le identifica como el “zar de los casinos” en Monterrey, vinculado a Zeferino Salgado, socio de Fernando Larrazabal, según publicó el jueves 1 el periódico Reforma. Rojas Cardona tuvo como socio a Héctor Gutiérrez Cortés. No se les conoce, hasta ahora, ningún vínculo con grupos mediáticos importantes.
Los otros beneficiarios fueron Mío Games, de Jorge Alberto Fernández Rodríguez y María del Carmen Álvarez Calderón, a quienes se les entregó permiso para abrir dos salas de books y dos de bingos; así como el consorcio Promociones e Inversiones de Guerrero, de Carlos y Joaquín Riva Palacio, hijos del exdirector del ISSSTE en el sexenio de José López Portillo, Carlos Riva Palacio. Se asociaron al grupo internacional GEM Global Yields Funds. Su permiso les autoriza abrir hasta 58 books y bingos.
Con gobernantes panistas, el “boom” de casinos tapatíos
ALBERTO OSORIO, GLORIA REZA Y JULIO RÍOS
Tras el atentado al Casino Royale de Monterrey, los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara actuaron con singular rapidez y en sólo tres días clausuraron seis de las 25 casas de apuesta autorizadas en ese entorno. En un intento de deslinde, los alcaldes priistas de la capital jalisciense y de Zapopan acusan a sus antecesores del PAN de haber autorizado la apertura de esos establecimientos, que benefician a unos cuantos empresarios.
GUADALAJARA, JAL.- El atentado del 25 de agosto al casino Royale en Monterrey, Nuevo León, en el que murieron 52 personas, cimbró a los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara que, temerosos de una contingencia de ese tipo, en sólo tres días clausuraron seis de los 25 centros de apuestas de la zona conurbada de la ciudad.
En esta capital, donde se asientan 13 establecimientos de ese tipo –siete de los cuales obtuvieron autorización para funcionar durante la administración del panista Alfonso Petersen–, los inspectores cerraron cinco: el Capri, ubicado en Circunvalación y Ávila Camacho; el GDL, que se localiza en las calles Agustín Yáñez y Francisco Javier Gamboa; el Yak, de plaza Pabellón, en Acueducto y Patria; el Twin Lions, de avenida México, y el Gran Nevada, en las calles Eulogio Parra y Amado Nervo.
El alcalde Jorge Aristóteles Sandoval declaró el 29 de agosto que los negocios sólo reanudarán sus actividades cuando la Secretaría de Gobernación determine si tienen su permiso federal en regla y Protección Civil compruebe que se ajustan a los protocolos.
Sandoval aseguró que la dependencia expidió permisos, “pero no intervino después en el desorden que (los panistas) nos heredaron con tanto casino”. Incluso comentó que Gobernación admitió que el Capri, cuya permisionaria es Megasport, no tenía permiso federal, y sostuvo que desconocía la existencia del GDL, cuyas instalaciones no tienen salidas de emergencia y su tubería de gas es deficiente.
Con respecto al Twin Lions, agrega, el centro carece de hidrantes y salidas de emergencia; en el Gran Nevada, los detectores de humo no están conectados a la central de alarma, su espacio es reducido y altera el tránsito vehicular en la zona aledaña; en cuando al Yak, sus propietarios no tienen una planta de luz para casos de emergencia.
Por lo que concierne a La Racha, asentado en avenida Revolución, el centro fue clausurado el 28 de abril del año pasado por no contar con la licencia respectiva para el funcionamiento de las maquinitas, por lo que no fue incluido en el operativo.
El casino Caliente, del grupo de Jorge Hank Rhon, en plaza Arboledas, sólo fue infraccionado por no refrendar su licencia municipal de 2011 y por “una excedencia de remodelación en un local comercial”, según el ayuntamiento.
El resto de los casinos tapatíos sí cumplen con las medidas de Protección Civil y tienen su documentación municipal en orden. Éstos son: Royal Yak, del Centro Magno (Vallarta 2425); Emotion, en plaza Alameda, calzada Independencia; Fantastic, en Américas; Alegre, en López Mateos 180, y Social Rom, en Acueducto 2380.
En Zapopan, el alcalde Héctor Vielma declaró a los medios el 30 de agosto que no habrá más casinos durante su administración: “Para mí los casinos es lo peor que le puede pasar a este país. Sobre todo al haberse otorgado tan discrecionalmente y tan a la ligera, como lo hizo el gobierno federal en el sexenio anterior. Y el actual no lo ha resuelto”.
Incluso aseguró que a partir de ahora el ayuntamiento zapopano cobrará a cada establecimiento de ese tipo 2 mil 500 pesos anuales por cada maquinita; “ojalá el Congreso local no tumbe esta iniciativa, como lo hizo anteriormente”, dijo Vielma.
El gobernador Emilio González Márquez criticó a los ayuntamientos metropolitanos por las revisiones, las que calificó de “mediáticas”. Cuestionó la proliferación de casinos porque no es la inversión que queremos ni deja beneficios a nuestra sociedad, y sí muchos problemas, dijo el día 28, aunque no mencionó a su correligionario Petersen, cuya administración otorgó varias licencias.
“Yo veo bien que (las autoridades municipales de la zona metropolitana de Guadalajara) hayan rectificado y clausurado (casinos). Espero que no solamente sea por lo que pasó en Monterrey, sino que esa acción se sostenga. No queremos casinos en Guadalajara, no creo que nos dejen cosas buenas”, expuso.
El secretario del ayuntamiento tapatío, Roberto López Lara, le respondió al mandatario y le pidió no politizar el asunto; además, anunció que continuarán las revisiones. Lo mismo hizo el diputado panista Héctor Álvarez Contreras, quien alegó que si las casas de apuesta tapatías aún no se clausuran, se debe a que el alcalde Aristóteles Sandoval desconoce la ley.
De acuerdo con los reglamentos municipales, todo establecimiento necesita autorización del ayuntamiento; y éste tiene atribuciones para clausurar y revocar la licencia cuando no se cumplan requisitos o incluso los inspectores municipales detecten apuestas ilegales. “Que (Aristóteles) aplique la ley y que no sea tibio”, sentenció el legislador.
Ríspidos mensajes
Ana Patricia Godínez Luna, directora general de Inspección y Reglamentos en Zapopan, dice a Proceso que en la ciudad hay 11 casinos que en su mayoría están dentro de centros comerciales.
De ellos, dice, seis abrieron sus puertas durante la administración del panista Juan Sánchez Aldana: cuatro iniciaron en marzo de 2009 y dos el 17 de diciembre siguiente (Proceso Jalisco 276). La administración de Vielma sólo ha autorizado uno, el Majestic, en la plaza Millenium, de Mariano Otero y López Mateos.
Durante los operativos del pasado fin de semana sólo se clausuró el 777, ubicado en Patria y Vallarta, porque, dice la entrevistada, “no garantizaba medidas de seguridad, los hidrantes estaban tapados y el sistema eléctrico estaban mal instalado.
Godínez aclara que los ayuntamientos sólo emiten anuencias: “El permiso para juegos y sorteos corre a cargo de Gobernación y tienen su propia agenda. En el catálogo del municipio, no existe giro de casinos ni apuestas, trabajan con licencia de restaurant bar; a nosotros nos corresponde vigilar que cumplan con las medidas de protección civil, respeten los reglamentos de ecología y de construcción, y cuenten con sus permisos para la venta de alcohol”.
En el municipio de Tlajomulco, administrado por el perredista Enrique Alfaro, Protección Civil realizó, el 26 de agosto, por tercera ocasión, una inspección al casino Bingo 777 en la plaza Outlet, el único que opera en la localidad y, según el comandante Felipe de Jesús López Sahagún, “el casino sí cumple con las medidas de seguridad”.
En Tlaquepaque también hay uno: el casino Caliente, en Plaza Centro Sur. Verónica Pérez, directora de Atención a Medios, explicó que desde el 21 de junio de 2007 obtuvo licencia de restaurant bar, y en marzo del año siguiente la de música en vivo. Ambos permisos los otorgó la administración pasada del panista Hernán Cortés, quien hoy es aspirante a la gubernatura.
Los casinos de Puerto Vallarta son tres. Sus promotores son un grupo de empresarios locales encabezados por Fernando González Corona, quien ya fue alcalde local y diputado por el PAN. Y en Chapala, sobre el Cerro Viejo, se construye el casino Lake Chapala Hotel and Casino Resort, impulsado por la compañía Palacio Development Group, de Phoenix, Arizona, con una inversión de 40 millones de dólares.
El establecimiento forma parte de un proyecto inmobiliario que incluye la construcción de un hotel y viviendas en San Antonio Tlayacapan. De acuerdo con documentos obtenidos por este semanario, el apoderado legal de ese negocio es Fernando Aguilera Delgado.
Surgieron como hongos
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación –disponible en su portal electrónico en el sitio de juegos y sorteos–, Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V., que en principio fue ubicada como permisionaria del casino Royale de Monterrey –lo cual negaron mediante un comunicado el 26 de agosto– también tienen en su registro federal varios centros de apuestas en Jalisco.
Con permiso inicial (4117) de junio de 1992, tiene autorización para un hipódromo, cuatro centros de apuestas remotas y 46 de apuestas remotas con sala de sorteo de números en todo el país.
Sus accionistas son Rodrigo Aguirre Vizuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, exregente de la Ciudad de México, y VH Entretenimiento, S.A. de C.V. Hoy sólo funcionan 26 de esos centros de apuestas remotas y sala de sorteo de números con permisos que caducan hasta el 1 de junio de 2017.
Atracciones y Emociones, cuyos propietarios aseguran contar con un amparo definitivo, tiene en esta ciudad los permisos del casino Alegre, en López Mateos Sur 180, cerca de la emblemática Minerva y el Sao Paulo, en la avenida Américas; también opera casinos en Puerto Vallarta (avenida Los Tules 4), Ajijic (carretera a Chapala 57), y el Royal City, dentro del centro comercial Plaza San Javier, en Arandas.
Operadora Cantabria, de la cual es accionista Jorge Hank Rhon, obtuvo el permiso para el Caliente de plaza Arboledas en Guadalajara; Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de C.V., opera tres casinos en Jalisco: el Emotion, en la plaza Alameda del centro tapatío y otro del mismo nombre en plaza del Sol.
A Eventos Festivos de México, S.A. de C.V., de Gea Holdings y Olegario Vázquez Aldir –director del Grupo Empresarial Ángeles e hijo del empresario Olegario Vázquez Raña–, se le dio luz verde para abrir 20 centros de apuestas, de los cuales uno estará en Guadalajara y otro en Zapopan, aunque Gobernación asegura que aún no operan.
Promojuegos de México, S.A. de C.V., tiene los permisos de dos casinos 777 en las plazas Outlet de Tlajomulco y en Zapopan, este último clausurado por el ayuntamiento el 27 de agosto. Ambos son manejados por Femalamex, S.A. de C.V. La empresa Promojuegos perteneció, hasta 2004, a Raúl Quintana Fernández y a Pablo Cortina de la Fuente. Hoy es de Femalamex y Complejos Turísticos Huatulco, S.A. de C.V.
Apuestas Internacionales, S.A. de C.V., propiedad de Televisa y de Es Más Holding, tiene permiso hasta 2030 para 65 centros de apuestas y sorteos de números, de los cuales 24 ya abrieron sus puertas. En Zapopan hay dos: los Play City de la Gran Plaza y el de plaza Andares. Además, el consorcio televisivo tiene autorización para uno más en cualquier ciudad de Jalisco.
Entretenimiento de México, S.A. de C.V., tiene permiso para abrir 28 centros de apuesta y sorteo de números en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque; Palacio de los Números, S.A. de C.V., tuvo el aval de las autoridades para dos más en Jalisco. Gobernación asegura que aún no abren ninguno.
Petolog, S.A. de C.V., con los accionistas Urban Publicity y Sergio Jacinto Gil García, cuenta con los permisos para siete “libros foráneos”, de los que tiene cuatro están ya en funciones. Uno de ellos en Guadalajara, en Prolongación Américas 1619, colonia Providencia, así como el casino Ganesh, que fue clausurado en febrero pasado.
La empresa Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V., creada el 15 de diciembre de 2006, obtuvo un permiso el 22 de octubre de 2010 con una vigencia hasta 2035 para administrar 35 salas de sorteos de números en diferentes ciudades del país, cuatro de ellas en Jalisco.
Sus accionistas son el empresario Germán Daniel Michel Velasco, hermano de Enrique Michel, presidente del Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal), Jorge Jiménez González y Rodrigo David Galván Graf, quien fue nombrado director general de Juegos y Sorteos de Jalisco.
Otras compañía con permisos para juegos y sorteos, es Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V., cuyo permiso data del 25 de julio de 1997 e incluye cuatro “libros foráneos” en la zona metropolitana de Guadalajara, aunque Gobernación aclara que ninguno está operando. Sus accionistas son Carlos del Paso Maza y Jesús Escobar Sahagún.
El tema de los casinos salpica también a Roberto López González, líder del PRD en Jalisco. Los medios locales informaron recientemente que López González, hasta hace poco líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, adquirió 5% de las acciones del proyecto de casino La Diosa de la Fortuna, con planes de tener más de 600 máquinas de apuestas en avenida Santa Margarita 3520, en Zapopan.
También se menciona al dirigente de ese partido en Zapopan, José Óscar López Susarrey. En entrevista con Proceso, López Susarrey admite que, en sociedad con el abogado Víctor Manuel Argote Sahagún y uno de sus hijos, aportó 249 mil pesos para la adquisición de una acción.
Paraíso de ludópatas
Javier González Herrera, presidente del Centro de Tratamiento Contra el Juego Compulsivo “Samadhi”, con sede en la ciudad de Chihuahua, asegura que Jalisco tiene más de 90 mil ludópatas, tercer lugar a nivel nacional de jugadores afectados por ese mal.
En entrevista telefónica, González Herrera indica que por encima de Jalisco se encuentran el Distrito Federal, con más de 100 mil afectados, y Nuevo con León, con 80 mil.
En un recorrido por varias casas de apuesta, los trabajadores admiten que a raíz del ataque al casino regiomontano, en Jalisco se desató la histeria en los municipios metropolitanos. Algunos se quejan de los bajos sueldos y de las extenuantes jornadas, así como por la falta de equipo.
Empleados municipales consultados por Proceso aseguran que la presencia de inspectores que tiene a su disposición la Secretaría de Gobernación para la regulación de casinos, es mínima. “En Jalisco –dice uno de ellos–, no pasan de 10 los encargados de vigilar las carreras de caballos, peleas de gallos, sorteos y certificación de entrega de premisos”.
La mayor parte de la clientela son señoras encopetadas y jubiladas. En esos establecimientos apenas interactúan entre ellas, pues están concentradas en los cartones del bingo o en las máquinas tragamonedas. Los lugares carecen de ventanas, pues la iluminación es artificial; incluso están diseñados para que los parroquianos pierdan la noción del tiempo.
La organización Conciencia Pública presentó el jueves 1 ante la delegación Jalisco de la Procuraduría General de la Republica (PGR) una denuncia de hechos contra los exsecretarios de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, Fernando Gómez Mont y Santiago Creel por su omisión en el cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 2004, lo que provocó irregularidades en el funcionamiento de los casinos en el país y en Jalisco. La querella también incluye al titular de la dependencia, Francisco Blake Mora.
El presidente de ese organismo, Salvador Cosío Gaona, asegura que otra demanda corre contra el alcalde tapatío Jorge Aristóteles Sandoval; el secretario del ayuntamiento, Roberto López Lara, y el tesorero Hugo Humberto Michel, a quienes acusa de permitir el funcionamiento de varios casinos sin que tengan el permiso correspondiente.
Cosío Gaona menciona que en la entidad suman 100 las autorizaciones otorgadas por Gobernación para la explotación de diversos giros relacionados con los juegos de azar o las apuestas, según los datos obtenidos a través del sistema Infomex.
Asegura que en esos negocios se encuentran Ramírez Acuña, el exdirigente del PAN en Jalisco, Eduardo Rosales Castellanos, y el diputado Abraham González Uyeda. Consultado al respecto, este último asegura a Proceso que eso es falso. (Con información de Anna G. Lozano)
Confabulación para robar
JOSÉ GIL OLMOS Y PEDRO MATÍAS
Las indagaciones en torno a la administración del antipopular priista Ulises Ruiz en Oaxaca han permitido confirmar lo que ya se presumía: un largo caudal de corrupción que involucra a 32 exfuncionarios. Acusados por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, Perla Woolrich Fernández, de un quebranto al erario equivalente a casi 3 mil 700 millones de pesos, algunos ya fueron detenidos, otros se ampararon y unos más de plano huyeron.
OAXACA, OAX.- El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca ha sido calificado como una administración “de corrupción perfectamente diseñada”, ya que a lo largo de seis años dejó una estela de irregularidades cuantificadas hasta ahora en 3 mil 697 millones de pesos y que involucran a sus principales colaboradores, algunos de los cuales han huido de la entidad.
Luego de efectuar una revisión a fondo de la administración de Ruiz, la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, Perla Woolrich Fernández, no duda en señalar que ese gobierno estuvo marcado por la asociación delictuosa. Ello debido a que todas las áreas están manchadas por la corrupción y las confabulaciones para el desvío de los recursos públicos a favor de funcionarios que se enriquecieron de manera súbita e inexplicable.
En entrevista con este semanario, la contralora comenta que aún faltan por concluir 31 auditorías, de las cuales ocho ya están muy avanzadas. También indica que no será fácil llevar ante la justicia a los funcionarios corruptos, pues antes de que terminara su gestión el gobierno de Ulises Ruiz modificó las leyes para tipificar como no graves los delitos de peculado y el desvío de recursos, así como otros relacionados con la corrupción. Asimismo, afirma, se les asignó un periodo de prescripción muy corto.
Pese a todo, asegura, el gobierno del estado irá “hasta el fondo” y presentará querellas penales y administrativas contra numerosos exfuncionarios acusados de enriquecimiento inexplicable, entre ellos el propio exmandatario estatal, quien salió huyendo del estado.
Al cabo de seis meses de investigaciones y auditorías ya fueron detenidos Gonzalo Ruiz Cerón, quien era coordinador general de Transporte, por presunto tráfico de concesiones y permisos para taxis, así como Manuel Alejandro Hernández Muñoz, exdirector de Finanzas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), acusado de abuso de autoridad, ejercicio indebido de atribuciones y peculado por 736 millones de pesos.
Pero los desvíos de las arcas públicas oaxaqueñas por parte de funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz podrían sumar muchos miles de millones de pesos más, pues hasta ahora sólo se han dado a conocer resultados de 16 de las 45 auditorías realizadas.
Por lo pronto, según el expediente de la averiguación previa 84(FCIE)2011 –copia de la cual le fue proporcionada a Proceso–, el juez del penal de Ixcotel, Andrés Manuel Jiménez López, ordenó la aprehensión de cinco colaboradores cercanos de Ulises Ruiz acusados de ejercicio indebido de funciones, coalición de funcionarios, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilegítimo, aunque podrían derivarse otros delitos a partir de las investigaciones realizadas por Woolrich Fernández, el secretario de Finanzas Gerardo Cajiga y el consejero jurídico Hugo Alejo Torres.
El 9 de julio pasado, el juez Jiménez López libró órdenes de captura contra quienes fueron secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; subsecretario de Egresos, Fernando González García; jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección de Comunicación Social, Jorge Efrén Rojas, y contra quienes fungieron como titulares de esta última dependencia, Raúl Castellanos y Soledad Rojas Walls, acusados de peculado por 495 millones 700 mil 229 pesos, suma que se destinó a campañas de prensa y de imagen de Ulises Ruiz en 2010.
En las elecciones para gobernador realizadas ese año, el candidato del PRI, Eviel Pérez Magaña, fue acusado de usar recursos oficiales en su campaña. De hecho, su jefe de prensa era Raúl Castellanos, quien dejó ese mismo cargo en el gobierno para sumarse a la campaña. Ahora enfrenta acusaciones de peculado, falsificación de documentos y usurpación de funciones, pues presuntamente autorizó millonarias campañas de imagen cuando ya había dejado de ser funcionario estatal.
Las indagaciones realizadas por el gobierno de Gabino Cué pusieron al descubierto una red de corrupción en el área de Comunicación Social, solapada por funcionarios que habrían violado leyes administrativas del estado al adjudicar de manera directa contratos por 200 millones de pesos a 13 empresas; compañías que pertenecen a un mismo grupo de personas, y algunas de las cuales fueron registradas apenas el año pasado en Puebla.
Una maraña de complicidades
Tras siete meses de investigaciones en las que se ha ido desmadejando la red de complicidades tejida durante el gobierno de Ulises Ruiz, el 18 de agosto la contralora Woolrich Fernández dio a conocer los resultados de 16 de 45 auditorías que se han realizado en contra de 32 exfuncionarios acusados de un quebranto por 3 mil 697 millones de pesos, y para quienes se han instruido procedimientos jurídicos administrativos y penales.
En conferencia de prensa realizada en esta capital, la contralora reveló que los quebrantos “son tantos y de tan amplia naturaleza que sería imposible por el momento entrar al estudio concienzudo de los mismos”. Pero de las 16 auditorías –cuatro a los sectores de infraestructura y salud; siete al educativo, social y cultural; tres a los de gobierno, justicia y seguridad, y dos al económico y de desarrollo productivo– se desprende que hubo una “confabulación” de servidores públicos para operar el presupuesto estatal de 2010 de manera discrecional y modificar las partidas inicialmente autorizadas por el Congreso.
La funcionaria comenta a este semanario que esos funcionarios actuaron de manera cínica y prepotente porque pensaron que nunca iban a perder el gobierno y que, por ende, no serían descubiertos.
E insiste: “El gobierno de Ulises Ruiz no fue una administración gubernamental, sino una asociación delictuosa porque el jefe del Ejecutivo hizo todos sus amarres y complicidades con el Congreso, con las autoridades municipales y con el Poder Judicial, para tapar sus desvíos y el grado de corrupción al que llegaron. Pero no les dio tiempo de ocultar todo, y lo que encontramos fue que en todas las dependencias había irregularidades; no se escapaba ninguna”.
Los colaboradores de Ruiz, dice, hicieron lo que quisieron. Se les atribuyen robos de mobiliario y de piezas de autos; utilización de nóminas ficticias; otorgamiento de concesiones de taxis y de notarías al por mayor, así como ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias.
El peso de la ley
Aunque la contralora de Oaxaca no especificó a quiénes se les fincarán causas penales, de acuerdo con la averiguación previa –cuya copia tiene Proceso– ya se giraron órdenes de aprehensión en contra del exsecretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib, el exsubsecretario de Egresos Fernando González García, los exresponsables de Comunicación Social Raúl Castellanos y su sucesora Soledad Rojas, así como en contra de Jorge Efrén Rojas, administrador de esta última área. A todos se les acusa de un quebranto superior a 495 millones de pesos.
El expediente señala que ellos se “confabularon” para lograr una ampliación del presupuesto en el área de Comunicación Social durante 2010, pues el Congreso del estado le había asignado 60 millones 690 mil 113 pesos; sin embargo, Raúl Castellanos y su sucesora Soledad Rojas pidieron ampliaciones que sumaron 495 millones 700 mil 229 pesos, “de manera desmedida e injustificada, sin dar cumplimiento con los requisitos de orden administrativo”.
El entonces secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, y el subsecretario de Egresos, Fernando González García, autorizaron 492 millones 173 mil 106 pesos para “programas adicionales, impresos, publicaciones y difusiones oficiales, ayudas diversas, promoción y fomento cultural, y promoción y fomento económico estatal”, rubros para los cuales el Congreso estatal únicamente había destinado 41 millones 670 mil pesos.
La ampliación autorizada para la promoción de imagen del gobierno en ese año electoral fue de 819.78%, que según la Contraloría fue injustificada, pues un incremento de esa magnitud sólo se hace “para la atención de aspectos de alta prioridad o derivados de situaciones naturales que provoquen estados de emergencia…”.
Los funcionarios cercanos a Ulises Ruiz, indica el expediente, “solicitaron y autorizaron la ampliación del presupuesto otorgado a la Coordinación General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, de manera desmedida e injustificada, sin dar cumplimiento a los requisitos de orden administrativo; porque en ese lapso de 2010 ampliaron el presupuesto para esa coordinación por un monto de 495 millones 700 mil 229 pesos, cuando en términos del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2010 únicamente se aprobó un presupuesto de 60 millones 690 mil 113 pesos”.
Asimismo, acredita que durante el tiempo que estuvieron a cargo del área de Comunicación Social, Raúl Castellanos y Soledad Rojas desviaron del erario recursos que no se encontraban destinados a la referida coordinación, y beneficiaron con adjudicaciones directas a 13 empresas que no reunían los requisitos que establecen la Constitución del estado; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la Ley de Presupuesto y la normatividad para el ejercicio del presupuesto, “produciendo con ello un beneficio para los propietarios de dichas empresas y afectando la hacienda pública del gobierno del estado”.
Dichas empresas son Consulta, Estratega Palatino, GM Proyecto Tecnología 2010, Grupo Empresarial Culmen, Ingeniería de Proyectos Popoca, Kennedy Imagen Publicitaria, Nebraska Aplicación, Pixel Link, Procesos sin Riesgo, Proyectos Velia, Servicio Especializados Jade, Servicios Publicitarios HN, Banner y Tecnología. En todas aparecen los nombres de Ana Carolina Hernández, Emelia Sánchez Popoca, José Enrique Hernández Salazar, Ricardo Hernández Sánchez, José Héctor Hernández Mancera, Daniel Lara Flores y José Héctor Juárez Mancera.
Según la investigación hubo una “maliciosa confabulación” de Castellanos y Rojas, pues actuaron de forma “engañosa e ilegal” al favorecer a empresas que fueron dadas de alta entre 2009 y 2010 en Puebla y que oficialmente dieron un servicio de promoción de imagen del gobierno, así como de actividades turísticas, bajo contratos de prestación de servicios “diseñados en idénticas condiciones y estipulaciones, tanto de forma como de fondo, e inclusive sin variar siquiera el tipo de papel, tinta de impresión, y tintas en las firmas que los calzan, y que hacen presumir que fueron celebrados o elaborados ilegalmente en un solo momento.
“Es decir, se advierte que no fueron celebrados en la temporalidad en la que se detalla en sus respectivos contenidos, contraviniendo los criterios de honestidad y transparencia en el ejercicio público, máxime que tampoco fueron presentados los acuerdos y los contratos por los que se realizaron las adjudicaciones directas a la entonces Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría de Transparencia Gubernamental (…) y, peor aún, no se estipularon en dichos contratos el precio unitario, la fecha y condiciones de entrega de los servicios.”
El documento concluye que los contratos se hicieron de manera irregular porque la entonces directora de Comunicación Social, Soledad Rojas Walls, carecía de facultades legales para celebrarlos y las empresas no ofrecían un servicio que fuera considerado indispensable dentro de la administración pública, además de que pusieron precios muy altos y no cumplieron con los requisitos legales.
“Por lo tanto, se favorecieron del cambio de finalidad jurídica de los recursos obtenidos por la Coordinación General de Comunicación Social, ocasionando con ello un perjuicio económico de 200 millones 18 mil 329 pesos”, establece el expediente.
Refiere que Raúl Castellanos, siendo jefe de prensa de la campaña de Eviel Pérez Magaña, y Fernando González García, firmaron partidas especiales por 379 mil pesos en el rubro de Promociones y Fomento Cultural y Promoción y Fomento Económico Estatal. Es decir que cuando ya no eran funcionarios firmaron documentos oficiales. Por tales hechos están acusados de peculado, ejercicio indebido de funciones, usurpación de funciones públicas y falsificación de documentos.
Después de investigar y analizar las acciones de los funcionarios, de dar seguimiento a las decenas de cheques que expidieron de enero a noviembre de 2010 para pagar a decenas de empresas de medios –como Televisa y TV Azteca, con las que firmaron acuerdos de publicidad y promoción de imagen–, así como a las autorizaciones de ampliación de presupuesto, las actuales autoridades de Oaxaca advierten que entre los acusados hubo “actuación confabulada o coaligada” para dañar el patrimonio del erario estatal, “pues dichas autorizaciones exorbitantes y desmedidas no se encuentran justificadas normativamente”.
Presumiendo ruinas…
RODRIGO VERA
El “sueño” que el presidente Calderón afirma que muchos “mexicanos y mexicanas” han podido hacer realidad, tener su propia casa, resultó pesadilla… Cuarteaduras que van de piso a techo, fallas estructurales, así como falta de servicios básicos son los problemas a los que se enfrentan los colonos de Paseos de la Pradera, en el estado de Hidalgo, el fraccionamiento que el mandatario eligió para hacer un video propagandístico en el que presume las ruinas habitacionales de interés social.
ATOTONILCO DE TULA, HGO.- En el video que realizó para exaltar sus logros en materia de vivienda, el presidente Felipe Calderón comenta satisfecho:
“Amigas y amigos, estoy aquí en el nuevo conjunto habitacional Paseos de la Pradera, en Tula, estado de Hidalgo. Les quiero platicar sobre un sueño que antes era imposible para muchas mexicanas y para muchos mexicanos; el comprar su casa propia. En este gobierno, lo he convertido en realidad para prácticamente 3 millones de familias, que es verdaderamente una cifra récord.”
En el promocional aparecen imágenes de niños felices paseando en bicicleta por las calles del fraccionamiento, estudiando en una escuela, jugando en un parque de diversiones o en el interior de amplias viviendas de relucientes muros blancos.
Ante edificios bien pintados, vuelve a aparecer Calderón para decir que, gracias a su gobierno, nueve de cada 10 viviendas en México ya cuentan con drenaje y agua, “casi todas las casas tienen electricidad y hemos puesto pisos firmes de cemento en más de 2 millones de casas”. Además, asegura que se han dado facilidades de crédito “para que las familias más pobres adquieran una vivienda propia”.
Calderón deambula por Paseos de la Pradera y agrega en el video que realizó con motivo de su quinto informe de gobierno:
“Sabes bien que la vivienda es patrimonio, es seguridad, es calidad de vida para las familias. Es el lugar donde quieres ver a tus hijos jugar, estudiar, crecer y ser felices.”
Sin embargo, ese fraccionamiento que el presidente puso como modelo para el resto del país vive en conflicto desde hace tres años. En todo este tiempo los moradores han protestado porque sus casas están resquebrajadas, no hay suficientes escuelas para sus hijos ni servicios de salud, seguridad y transporte, como presume Calderón.
Es tal el peligro que corren sus habitantes por las viviendas agrietadas y en riesgo de desplomarse, que incluso ha intervenido la Dirección de Protección Civil del estado de Hidalgo, la cual solicitó a la empresa inmobiliaria que construyó el fraccionamiento, Casas Quma, S.A. de C.V., que resuelva el problema.
Lucero Rosas Hernández, residente de Paseos de la Pradera, comenta:
“En su video, el presidente dijo puras mentiras. Es falso que aquí los niños tengan escuela o que estamos muy contentos de vivir en estos edificios a punto de caerse. Todo lo pintó muy bonito.”
–¿Por qué no le expusieron personalmente sus quejas?
–Porque no dejaron que nos acercáramos el día que vino a filmar el video. Llegó con muchísimos soldados que rodearon toda la zona. Había militares por todas partes. Vigilando aquí y allá. A nosotros nos trataban como si fuéramos delincuentes, nos revisaban al entrar y salir del fraccionamiento.
Agrega Rosas Hernández que para la filmación, realizada el miércoles 10 de agosto, la inmobiliaria Casas Quma ya tenía todo un escenario montado, como si fuera un set cinematográfico:
“Limpiaron las calles y pintaron muy bien los edificios que iban a salir en el video. Hasta pusieron letreros que decían ‘áreas verdes’, ‘parques’ y ‘ciclopista’, siendo que aquí no hay ninguna ciclopista. Y como el presidente tenía que salir hablando con algunos vecinos, pues convencieron a uno que otro palero que se prestó a salir con Calderón. Así filmaron el famoso video.”
Publicidad engañosa
Paseos de la Pradera es un conjunto de 8 mil pequeñas viviendas multicolores, apiñadas en una hondonada que desemboca en la autopista México-Tula, la cual corre paralela a la México-Querétaro. Su acceso tiene casetas de vigilancia y plumas metálicas.
Situado a unos 12 kilómetros al sur de Atotonilco de Tula –cabecera municipal–, el fraccionamiento empezó a ocuparse en 2009. Desde entonces los habitantes se dieron cuenta de que sus viviendas de interés social –departamentos de 45 metros cuadrados y casas de 90 metros cuadrados– tenían cuarteaduras. Y comenzaron sus protestas; incluso llegaron al extremo de bloquear la autopista México-Tula para que se les hiciera caso.
El 6 de noviembre de ese año, Antonio Quadrini Medina, dueño de Casas Quma, intentaba aplacar las protestas y decía al diario El Sol de Hidalgo:
“Para garantizar la seguridad de los colonos, la semana pasada nos acompañó un perito de Protección Civil del gobierno del estado, quien platicó con los vecinos, hizo la supervisión correspondiente y avaló que las construcciones se encuentran en perfecto estado. Entendemos la preocupación de los vecinos que al ver una cuarteadura piensan que pudieran correr algún riesgo.”
Por su parte, Miguel García Conde, director de Protección Civil de Hidalgo, comenta a Proceso:
“El problema ya lleva tiempo. Los edificios están dañados. El propio Antonio Quadrini ha venido a mis oficinas a decirme que algunos edificios tienen fallas de cimentación, un problema estructural bastante serio. El empresario se ha comprometido a resolverlo. Estamos esperando.
“Por lo demás, ignoro cómo fue que el presidente escogió ese fraccionamiento para hacer su promocional. Pero eso no me interesa. Lo que me preocupa es la seguridad de la gente que vive allí.”
Fanny Martínez Ángeles, una de las lideresas de los colonos, asegura que Quadrini y las autoridades estatales están coludidos:
“Llevamos tres años protestando y nadie nos hace caso. Hemos llegado a bloquear la autopista. Seguramente Quadrini está soltando mucho dinero al gobierno para que éste no haga nada. Mientras tanto, nuestras vidas corren peligro.”
Martínez Ángeles muestra al reportero la fisura que parte en dos el piso de cemento desnudo de su departamento, situado en la cuarta planta de un edificio, y dice:
“Mire, así vivimos mi familia y yo, temerosos de que algún día el piso se desplome y le caiga a los vecinos de abajo. Procuramos no poner mucho peso y caminar con cuidado. Qué más podemos hacer si no tenemos otro lugar donde vivir.”
–¿Cómo fue que llegó aquí?
–Por la publicidad engañosa de la inmobiliaria. Promete escuelas para nuestros hijos, hospitales, vigilancia, rutas de autobuses que nos llevarán al Metro Tacuba de la Ciudad de México. Hasta promete que el tren suburbano que sale de la Estación Buenavista pasará por aquí… Puras falsedades, como las de Calderón.
“En realidad, aquí sólo hay un pequeño kínder y una primari, en la que no hay cupo para todos los niños. No hay ni un hospital. Tampoco policías, por eso se dan tantos robos. Al fraccionamiento únicamente lo cuidan los guardias de la empresa Quma, quienes siempre nos están vigilando para que no protestemos por las casas mal hechas que le compramos a su patrón. Ellos aquí son la autoridad. Nos tienen atemorizados y acorralados.”
–¿Y las autoridades municipales de Atotonilco de Tula?
–Esas no cuentan. El alcalde de Atotonilco, Édgar Reyes, ni se mete porque no quiere problemas con la empresa Quma. Pero eso sí, el municipio bien que nos cobra el agua y el predial.
Acompañada por un grupo de colonos inconformes, Martínez Ángeles se arma de valor y da un recorrido al reportero y al fotógrafo por una zona de edificios dañados. Atrás vigila una escolta de guardias de Quma –a bordo de camionetas y automóviles–, quienes previamente pidieron la identificación a los periodistas. Los recelosos guardias permitieron el recorrido de Proceso luego de un altercado verbal con los vecinos, ansiosos porque su problema tenga difusión.
Las 8 mil viviendas de Paseos de la Pradera están divididas por zonas que se distinguen por el color de los edificios de cuatro plantas. En una zona se agrupan los edificios pintados en azul y blanco, en otra los amarillo y blanco, o los rojo y blanco…
Algunos edificios tienen profundas cuarteaduras que suben de piso a techo, por las que incluso se puede ver al otro lado. Y aún así siguen habitados. Los inmuebles tienen escaleras exteriores de cemento que comunican a una planta con otra. Varias de estas escaleras se están desprendiendo de la mole del edificio. O bien, se están desplomando. Para evitar su caída, los inquilinos las apuntalan con vigas de madera o tubos metálicos. El instinto de conservación les aviva el ingenio.
El esqueleto de varillas y alambrón ha logrado mantener en pie a las construcciones, cuyas fisuras en la caparazón de cemento se disimulan con aplanados y pintura.
En lo alto de un edificio resquebrajado se asoma por una ventana Socorro Hernández. Grita para que se le escuche abajo:
–¡Mi vida peligra!… ¡Todos corremos peligro!… ¡Pero no tenemos a dónde ir!
El inmueble del saturado kínder María Montessori, el único del fraccionamiento, también sufre cuarteaduras… y filtraciones de agua en época de lluvias.
Recargada en un muro mientras aguarda a que su hija salga del jardín de niños, Guadalupe Esquivel se queja:
“Hacen falta escuelas y maestros. Muchos niños se quedan sin estudiar. Por suerte logré meter al kínder a mi hija de cinco años. Ojalá y pueda meterla también a la escuela primaria.”
Gente de escasos recursos habita el lugar, como la señora Claudia Canales, quien cuenta las penalidades que pasa para pagar su hipoteca: “Mi esposo va a trabajar todos los días a la Ciudad de México. Gana 2 mil 800 pesos mensuales. De ahí gastamos 700 pesos para el puro crédito de una casa que ni sirve”.
“Para vivir mejor”
A la entrada de Paseos de la Pradera hay unas oficinas de Quma. Ahí despacha el ingeniero Paulino Sáenz, a cargo de la Dirección de Operaciones de la empresa, quien da su versión del problema:
“Actualmente tenemos 8 mil viviendas construidas. Las que salieron con fallas son muy pocas. Serán unos 17 edificios. Y aclaro que no son fallas estructurales, sino lo que nosotros llamamos asentamientos diferenciales.”
–¿Han realizado desalojos?
–Sólo reubicamos a unas cinco personas, pero no porque sus vidas corrieran peligro, sino por confort, para que no las moleste el ajetreo que se hace durante la reparación de sus viviendas.
–Los vecinos también se quejan por la falta de servicios…
–Mire, los servicios no son obligación nuestra, como construir escuelas, hospitales o estación de bomberos. Eso le corresponde al gobierno. Aún así, la empresa ha edificado planteles educativos e incluso paga el sueldo de algunos maestros, cosa que debería hacer la Secretaría de Educación Pública.
“También nos encargamos de la seguridad a través de nuestros guardias. Eso debería hacerlo el gobierno. Por lo pronto, la alcaldía de Atotonilco prometió que enviará una patrulla para vigilar el fraccionamiento.”
Para recalcar la buena disposición de Quma, el ingeniero Sáenz anuncia que la empresa abrirá escuelas primarias, secundarias, una preparatoria e incluso una universidad.
–¿Se ampliará Paseos de la Pradera?
–Sí. Nuestro proyecto es construir un total de 33 mil viviendas y pensamos terminarlas para 2015. Nuestra prioridad son nuestros clientes y su seguridad patrimonial.
–¿Cuántas personas vivirán en esas 33 mil viviendas?
–Nuestros cálculos son de cuatro habitantes por cada vivienda. De manera que Paseos de la Pradera tendrá una población de aproximadamente 132 mil personas.
Aparte de los edificios de departamentos, actualmente Paseos de la Pradera cuenta con secciones de casas “unifamiliares” de una y dos plantas. Los precios de las viviendas van de 228 mil a 670 mil pesos, que es el precio de las casas con mejores acabados.
Desde las lomas que forman la hondonada se aprecia el enorme conjunto habitacional a cuyos costados se ven trabajar camiones de volteo, excavadoras y albañiles que empiezan a levantar los cimientos de las miles de viviendas que faltan por construir.
–¿Cómo fue que Felipe Calderón llegó aquí? –se le pregunta a Sáenz.
–Desconozco los motivos, aunque supongo que se escogió a Paseos de la Pradera porque ganó el premio como el mejor desarrollo habitacional de Hidalgo, una distinción que da el Infonavit. A nosotros sólo nos dijeron que el presidente vendría a filmar un promocional. Y nosotros lo recibimos.
A bordo de un helicóptero, Calderón llegó el 10 de agosto. Aquí lo resguardaron más de 300 elementos del Estado Mayor Presidencial, Ejército y Policía Federal, que acordonaron la zona y vigilaron los accesos.
Vestido con saco azul marino y sin corbata, Calderón posó ante las cámaras acariciando la cabeza de tres niñas a quienes les decía: “Felicidades niñas, que disfruten su casa”. Se dirigía luego a los padres de las menores: “Felicidades señor”… “felicidades señora”.
Con la mirada fija en la cámara, Calderón concluyó:
“Vamos a seguir trabajando con todo, para que tú y todos los mexicanos puedan vivir mejor.”
La “historia oficial” de un fracaso
PETER KORNBLUH
La CIA convenció a John Kennedy de que lo mejor para acabar con la Revolución Cubana era entrenar y dirigir una brigada anticastrista para invadir la isla. Lo que no le advirtieron es que esa estrategia tenía pocas probabilidades de éxito. En abril de 1961 tuvo lugar el ataque a Playa Girón, una de las peores pifias de Washington… Tras años de exigir que esa información dejara de ser secreta, la organización National Security Archive reveló los pormenores de la Operación Bahía de Cochinos en un informe de mil 500 páginas, parte del cual Proceso reproduce en exclusiva. El 15 de noviembre de 1960 la fuerza de tareas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encargada de planear el asalto a Cuba que sería conocido como la operación Bahía de Cochinos, se reunió con el fin de preparar un informe para el nuevo presidente electo de Estados Unidos, John F. Kennedy. La estrategia inicial de hacer retroceder a la revolución cubana mediante la infiltración de grupos de exiliados en la Sierra Maestra y abastecerlos, por vía aérea, de armas y equipo para que pudieran “lanzarse a la guerrilla” había sido abandonada; las fuerzas de seguridad de Fidel Castro habían arrestado a los infiltrados e interceptado los suministros aéreos. Ahora el plan era una invasión en toda regla –con apoyo encubierto de Estados Unidos– por parte de una brigada de mil 500 exiliados cubanos entrenados y dirigidos por la CIA. Pero este plan también se veía con pocas probabilidades de éxito. “Nuestra idea original se aprecia ahora irrealizable ante los controles establecidos por Castro”, dice el resumen, hoy todavía secreto, de esa reunión. “Nuestra segunda idea (una fuerza de mil 500 a 3 mil hombres para controlar un pedazo de costa con pista aérea) tampoco se ve alcanzable, a menos que sea llevada a cabo como una acción conjunta de la agencia y el Departamento de Estado”. Sin embargo, cuando el director de la CIA, Allan Dulles, informó a Kennedy, no le dijo que los directores operativos de la propia agencia pensaban que la única forma en que la invasión podría tener éxito sería una incursión abierta conducida por el ejército estadunidense. Con la aprobación de Kennedy, Estados Unidos lanzó a mediados de abril de 1961 un ataque sobre Cuba, en el que intentó negar “de manera verosímil” cualquier papel. “Playa Girón” no sólo se convirtió en el acto de agresión más infame contra Cuba, sino en un perfecto fiasco para la política exterior de Estados Unidos y las operaciones encubiertas de la CIA. Tales revelaciones aparecen en Historia oficial de la operación de Bahía de Cochinos, un estudio de mil 500 páginas que llevó un decenio investigar y escribir a partir de mediados de los setenta. Durante años permaneció como top secret, resguardado en la oscura bóveda de una “SCIF” (Secure Compartmentalized Information Facility) de la CIA. Pero en el 50 aniversario de la invasión, mi organización, el National Security Archive, demandó a la CIA al amparo de la Ley de Libertad de Información para obligarla a desclasificar esta importante historia. En julio pasado, la agencia finalmente liberó cuatro de los cinco volúmenes del informe, que arrojan considerable luz sobre las políticas, las decisiones en materia de política exterior y los componentes operacionales de los esfuerzos de Estados Unidos por derrocar a Castro. El volumen uno del estudio, titulado “Operaciones aéreas”, contiene exactamente todo lo que un estudiante de historia querría saber sobre cómo armar de manera encubierta una pequeña fuerza aérea y diseñar una estrategia para lanzar desde el aire una serie de ataques contra Cuba que pretendían ser el factor definitorio del asalto. Puesto que la coartada para el ataque aéreo era que los pilotos de Castro estaban desertando y disparando contra sus propios compañeros, los aviones B-26 que la CIA proporcionó al escuadrón de exiliados eran prácticamente idénticos a los de la fuerza aérea cubana. Pero la Historia oficial revela que esta similitud llevó a un episodio de “fuego amigo” en Bahía de Cochinos. En el fragor de las batallas libradas el 17 y 18 de abril de 1961, los operadores de la CIA dispararon erróneamente desde un barco de transporte contra uno de sus propios aviones. “No podíamos distinguirlos de los aviones de Castro”, habría confesado el operador Grayston Lynch, según el informe. “Acabamos disparando a dos o tres de ellos. Los atacamos porque cuando se acercaban a nosotros sólo se veía una silueta… y nada más”. Pese a que la Casa Blanca de Kennedy exigió a la CIA que se asegurara de que la mano de Estados Unidos no saliera a relucir en la invasión, funcionarios de la agencia en Washington autorizaron durante los combates a pilotos estadunidenses volar los aviones de los exiliados sobre Cuba. Instrucciones secretas citadas en la Historia oficial consignan que los estadunidenses podían pilotar los aviones, pero sólo sobre la franja costera y no tierra adentro. “Los tripulantes estadunidenses no deben caer en manos enemigas”, advertían las instrucciones; y, si lo hacen, “Estados Unidos negará cualquier conocimiento de ello”. Cuatro pilotos estadunidenses y su tripulación murieron cuando sus aviones fueron abatidos sobre Cuba. La Historia oficial contiene correspondencia privada con miembros de la familia de algunos de ellos. Este volumen también revela que los estrategas de la CIA estaban preocupados por el hecho de que el uso de bombas de napalm contra la isla pudiera generar un escándalo internacional de grandes dimensiones y provocar indignación en países como México. Inicialmente, este tipo de bombas sólo estaba planeado para usarse sobre una base militar de Cuba. Pero cuando las fuerzas de Castro empezaron a imponerse a los invasores, los estrategas levantaron la restricción sobre el uso extensivo del napalm “en beneficio de cualquier cosa que pueda revertir la situación a favor de las brigadas”. Más de 200 cubanos murieron en el ataque, incluyendo a voluntarios que realizaban tareas de alfabetización en las pequeñas localidades costeras. Antes de que se iniciara propiamente el ataque, la CIA, con el apoyo del Pentágono, solicitó permiso para romper con sus aviones la barrera del sonido y lanzar sobre La Habana una serie de “estruendos a gran escala”, una táctica psicológica que se había empleado con éxito en el derrocamiento de Juan Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954. “Estamos tratando de crear confusión y cosas por el estilo”, afirmó uno de los principales estrategas de la invasión. “Pensé que sería una cosa sensacional, sabe. Romper todas las ventanas en el centro de La Habana… distraer a Castro”. En un intento desesperado por mantener la fachada de un “desmentido verosímil” del involucramiento de Washington, el Departamento de Estado denegó esta solicitud como “muy obvia del estilo de Estados Unidos”. La diplomacia de la CIA El volumen 2 destaca un aspecto de las operaciones de Bahía de Cochinos que no ha merecido mayor atención previa: personal de la CIA actuando como representantes diplomáticos de los Estados Unidos de América. Resulta que en los países de Centroamérica que estaban siendo utilizados como plataforma de ataque contra Cuba el jefe en turno de la estación local de la CIA era mucho más poderoso que el embajador estadunidense. Curiosamente, el informe no proporciona detalles de las pláticas sostenidas por la agencia con funcionarios mexicanos que permitieron a los líderes políticos del exilio cubano asentarse en la Ciudad de México y utilizar brevemente Isla Mujeres como base aérea para preparar el ataque. Pero sí ofrece nuevos datos sobre las negociaciones para mantener la cooperación de Guatemala, donde la principal brigada de exiliados cubanos era entrenada por la CIA, así como los turbios acuerdos realizados con el general Anastasio Somoza y su hermano Luis, entonces presidente de Nicaragua. La Historia oficial destaca que el personal de la CIA simplemente asumió las funciones diplomáticas del Departamento de Estado en ambos países. “En el caso de Guatemala, para efectos prácticos, el embajador estadunidense se volvió ‘inoperante’, mientras que en Nicaragua se dio la situación opuesta: todo lo que sugería la agencia recibía la bendición del embajador”. Entre las revelaciones relativas a las actividades diplomáticas de la CIA se cuentan las siguientes: –Al asistir a Washington a la toma de posesión de John F. Kennedy en enero de 1961, el general Anastasio Somoza se reunió en secreto con el director de la CIA, Allen Dulles, para discutir la creación de una “JMTIDE” – el nombre codificado de la base aérea que la CIA quería utilizar en Puerto Cabezas para lanzar el ataque sobre Cuba. Somoza externó abiertamente la necesidad que tenía Nicaragua de dos créditos para el desarrollo por un monto de 10 millones de dólares. Subsecuentemente la CIA presionó al Departamento de Estado para que apoyara estos créditos, uno de los cuales era del Banco Mundial. –El presidente Luis Somoza pidió garantías de que Estados Unidos seguiría respaldando a Nicaragua una vez que se supiera que los Somoza habían apoyado la invasión. Somoza dijo al representante de la CIA que “hay algunos liberales de pelo largo en el Departamento de Estado que no están a favor de los Somoza y aprovecharían con beneplácito esta situación para abochornar a su gobierno”. –El presidente de Guatemala, Ydígoras Fuentes, dijo en repetidas ocasiones a oficiales de la CIA que quería que “personal del ejécito y la fuerza aérea guatemaltecos participen en las operaciones aéreas contra la Cuba de Castro”. –El dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, ofreció el territorio de su país para apoyar la invasión. A cambio quería que Estados Unidos le garantizara que podría “vivir el resto de sus días en paz”. El Departamento de Estado rechazó la oferta; Trujillo, cuya represión y corrupción estaban radicalizando a la izquierda dominicana, fue posteriormente asesinado por grupos apoyados por la CIA. El volumen 3 del informe confirma que asesinar a Castro era el secreto más celosamente guardado de la estrategia de invasión. Un pequeño grupo de oficiales de alto nivel de la CIA buscó utilizar parte del presupuesto destinado a ésta para pagar la colaboración de mafiosos estadunidenses dispuestos a matar a Castro. En una entrevista con el historiador de la CIA, el exjefe de la fuerza de tareas asignada a la invasión, Jacob Esterline, dijo que J.C. King, cabeza de los asuntos del Hemisferio Occidental, le pidió dinero de ese presupuesto. “Esterline recuerda que, como jefe/w4, en una ocasión se negó a darle un cheque en blanco al coronel J.C.King, jefe de la División del Hemisferio Occidental, porque éste se negó a decirle para qué sería usado el dinero. Esterline refiere que King sin embargo obtuvo los fondos de la Oficina de Finanzas, y que el dinero fue utilizado para pagar a tipos de la mafia”. Como tantos otros, obviamente este plan de asesinato fracasó. Pero los operadores de la CIA no se dieron por vencidos. La Historia oficial también consigna que quienes planearon la invasión discutieron extender “la Operación AMHINT para emprender un programa de asesinatos”, aunque proporciona pocos detalles al respecto. En noviembre de 1960 Edward Lansdale, un especialista en contrainsurgencia del ejército estadunidense que más adelante concibió la Operación Mangosta, le envió a la fuerza de tareas de la invasión una “LISTA DE ELIMINACIÓN” de 11 funcionarios cubanos de alto rango, entre quienes se encontraban Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Blas Roca y Carlos Rafael Rodríguez. ¿Quién perdió a Cuba? El programa de asesinatos era uno de los secretos mejor guardados de la CIA, una agencia que prefiere ocultar los registros de su pasado, sobre todo cuando se refieren a sus fracasos más sonados. Arrancarle de las manos a los “segurócratas” de la agencia los documentos de Bahía de Cochinos tomó decenios. En 1998, el National Security Archive recurrió con éxito a la Ley de Libertad de Información para obtener de la CIA su documento más secreto sobre la invasión: el informe de 1961 de su propio inspector general, que acusaba a la agencia de una operación que fue “más allá de su responsabilidad y de sus capacidades”. Entre las causas del fracaso se asentaban los malos manejos, la mala planeación, un trabajo de inteligencia deficiente, presunciones erróneas, filtraciones masivas y “no advertir al presidente que el éxito se había tornado dudoso”. De manera similar tomó años obtener una copia totalmente sin censura del informe de la Comisión Presidencial, encabezada por el general Maxwell Taylor, quien también depositó la culpa del estruendoso fracaso en los conciliábulos de la CIA. La Historia oficial de la operación de Bahía de Cochinos tiene un enfoque muy diferente. De hecho puede leerse como una defensa oficial de la CIA. Su autor, el historiador en jefe de la CIA, Jack Pfeiffer, consideró que su misión era exonerar a la agencia de culpa y dirigir la responsabilidad hacia la Casa Blanca de Kennedy. En las 300 páginas de introducción del volumen 4, Pfeiffer asienta que históricamente a la CIA se le ha hecho una “acusación falsa”, por “una decisión política que selló la derrota militar de las fuerzas anticastristas”, en una referencia clara a la decisión del presidente Kennedy de no proporcionar cobertura aérea abierta o enviar marines a Cuba después de que las fuerzas de Castro arrasaran a la brigada de exiliados entrenados por la CIA. De acuerdo con Pfeiffer, este volumen presentaría el primer y único examen detallado del trabajo y las pesquisas de la Comisión Taylor, que estaría basado en el informe completo. Su objetivo sería ofrecer “una mejor comprensión de en quién recae verdaderamente la responsabilidad por el fiasco”. Para asegurarse de que el lector entienda cabalmente su perspectiva, Pfeiffer concluye su estudio con un “epílogo” que consiste en un párrafo retomado de una entrevista que Raúl Castro le concedió en 1975 a la periodista Teresa Gurza, del diario mexicano El Día. “Kennedy vaciló”, afirma Castro. “Si en ese momento hubiera decidido invadirnos, podría haber ahogado a la isla en un mar de sangre, pero habría destruido la revolución. Fue una suerte para nosotros que vacilara”. La Historia oficial de la CIA parece no aceptar que Kennedy no podía autorizar el retorno de la “diplomacia de las cañoneras” al Caribe por una simple y obvia razón: una invasión no provocada de Cuba sería vista como ilegal e ilegítima por la comunidad internacional y amenazaría la estabilidad y los intereses de seguridad de Estados Unidos de muchas formas. En países latinoamericanos como México, el ánimo de las fuerzas nacionalistas y antiimperialistas de la izquierda se encendería, amenazando el futuro de regímenes proestadunidenses. El propio estudio de la CIA registra que funcionarios del Departamento de Estado temían que Estados Unidos fuera expulsado de la ONU y de la OEA si se lograra probar con claridad el papel de Washington en el derrocamiento del gobierno de Castro. Todavía peor: los soviéticos podrían tomar dicha invasión como luz verde para invadir Berlín, escalando gravemente las tensiones de la Guerra Fría en Europa. De entrada, es precisamente por eso que la CIA, una agencia creada para ejercer la política exterior de Estados Unidos en la nebulosa zona de la negación, fue encargada de realizar esta misión. “Sabréis la verdad y la verdad os hará libres”, reza la famosa máxima religiosa que, irónicamente, está inscrita en el vestíbulo de mármol de las oficinas centrales de la CIA en Langley, Virginia. Al retener por decenios esta historia como rehén de los dictados del secretismo, la CIA logró evitar un debate amplio sobre el significado de estos acontecimientos. Y aún hoy, el archivo completo del ataque de Estados Unidos contra Cuba todavía no está desclasificado. La pregunta es cuándo, si es que alguna vez se conocerá finalmente toda la verdad. (Traducción: Lucía Luna) *Peter Kornbluh es investigador estadunidense, autor del libro Bay of Pigs Declassified, especialista en Cuba de los Archivos de Seguridad Nacional, organización con sede en Washington que lidera la campaña para desclasificar documentos sobre la política y las operaciones de Estados Unidos hacia Cuba que aún se mantienen en secreto.
Jean Succar Kuri: justicia de verdad
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Condena a Succar Kuri
Está en cartelera en la Ciudad de México –y seguramente en todo el país– una cinta germano-canadiense cuya trama me condujo inmediatamente a pensar en Lydia Cacho. La cinta es dirigida y protagonizada por mujeres: Larysa Kondracki y Rachel Weisz, quien interpreta a una mujer policía de Nebraska que se enrola en las fuerzas especiales de la ONU en Bosnia para restañar las heridas dejadas por la salvaje limpieza étnica causada por el intento de Belgrado de impedir la partición de Yugoslavia.
No tarda, apenas llega a Sarajevo, en advertir que algo anda mal en la delegación policial y castrense de que forma parte. Termina descubriendo que varios compañeros suyos son integrantes de una banda, encubridora y aun cómplice de otra que practica la trata de mujeres, niñas algunas de ellas. Intenta impedir que se someta a explotación sexual a estas “esclavas del poder” –para decirlo en el lenguaje de Lydia Cacho, quien tituló de ese modo su sobrecogedor libro sobre esa materia. Le horroriza la situación, y más le angustia e indigna que eso ocurra en una fuerza de paz del máximo organismo internacional.
Los bandoleros uniformados consiguen echarla de la misión. Pero ella a su vez logra documentar los casos en que han participado esos desleales servidores de la ONU, contratados por una tramposa organización dizque civil, Democra, que es en realidad la mampara para la práctica de toda clase de negocios, sean lícitos o no. Obtiene, para su bien, el apoyo de la delegada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de esa organización, encarnada óptimamente por Vanessa Redgrave. Puede denunciar el caso en Londres, sede de Democra, a través de la BBC. No logra que se castigue a los responsables de tan horrendas prácticas, protegidos desde muy arriba, pero los pone al descubierto y hace que se repare en que las misiones de paz de la ONU no necesariamente están compuestas de ángeles con cascos o boinas azules, para que mejoren los mecanismos de reclutamiento y vigilancia.
Volvía a pensar en la autora de Los demonios del edén el miércoles pasado, cuando un magistrado federal sentenció a Jean Succar Kuri a 112 años de prisión y borró los ridículos 13 que se le habían impuesto en primera instancia. El caso no está cerrado en definitiva, porque seguramente el afectado y los poderosos que lo rodean promoverán un amparo contra esa resolución de un magistrado probo que atendió la apelación de la Procuraduría General de la República, por una vez merecedora de un aplauso incondicional.
Todo el mundo sabe de qué se trata. Un empresario radicado en Cancún, Jean Succar Kuri, fue denunciado en 2003 por corrupción de menores y pederastia y pornografía infantil. Antes de que prosperara la acusación en su contra, logró huir a Estados Unidos. Se refugió en Arizona, donde en febrero de 2004 se le detuvo a pedido mexicano a fin de que fuera extraditado para juzgarlo en México. Más de dos años después –pues el entonces indiciado contaba con poderosos apoyos que se conjuntaron para impedir o al menos demorar su extradición– fue traído a México, en julio de 2006.
En el entretanto, su caso había alcanzado dimensión pública. La periodista y activista civil Lydia Cacho (quien mantiene en Cancún un centro para la atención de mujeres víctimas de violencia) entrevistó a las niñas ultrajadas por Succar Kuri y a sus familiares, y con dotes de investigadora y escritora no desplegadas hasta ese momento compuso el libro Los demonios del edén. No se limitó a reproducir los pormenores judiciales del caso, sino que su indagación la llevó a descubrir una red de intereses de toda laya en torno del pederasta. Uno de los integrantes de esa red, el más comprometido con el acusado, su sostén y amigo Kamel Nacif, la demandó por daño moral debido a su inclusión en el libro, aparecido a mediados de 2005. Presentó su demanda en Puebla, lugar de su residencia, y no en Quintana Roo, domicilio de la autora, ni en el Distrito Federal, sede mexicana de la editorial Grijalbo que publicó el libro.
Lo hizo en Puebla, gobernada por Mario Marín, a cuya campaña electoral había contribuido. Favor con favor se paga, juzgó el industrial de la mezclilla. Y tuvo razón en su propio provecho. Logró que Marín acogiera con entusiasmo su demanda y la hiciera progresar en tribunales locales que le estaban sometidos.
Informe de guerra
SABINA BERMAN
1.
“Los enemigos de México son los criminales”, reiteró el Presidente en su informe a la nación. Y nadie querrá desmentirlo. El disenso con una parte creciente de los ciudadanos, hartos de la simulación y sus medias verdades, es la identidad de los criminales.
Según el lugar a donde apuntan las armas de fuego del Ejército que comanda, para el presidente Calderón los criminales son los capos del narcotráfico. Pero la estrategia de dispararles directo a las cabezas o capturarlos vivos, ha demostrado ser insuficiente y acaso (nunca lo sabremos de cierto) responsable de escalar la violencia en el país a niveles pavorosos. Veintiún cabezas de capos yacen bajo tierra o están encerradas en cárceles, mientras sus cárteles se han pulverizado en grupúsculos liderados por jóvenes atrabancados capaces de acciones de una estupidez y una crueldad abismales.
No, el enemigo de México no es únicamente el crimen del narco: es también el crimen que recorre el Estado de lo más alto a lo más bajo, y hace bisagra con el otro crimen, el de afuera, propiciándolo y a menudo compartiendo a sus operadores. Los gobernadores y los alcaldes corruptos, las policías y los jueces corruptos, los secretarios de Estado corruptos: los criminales de corbata, a los que el Presidente ni siquiera ha pretendido aplicar la ley, en una suerte de lealtad de clase, pero cuyos expedientes acumula para utilizarlos con fines electorales, un acto de justicia discrecional que es en sí mismo ilícito.
2.
“Siempre hemos estado abiertos a cambiar lo que sea necesario en esta lucha por la seguridad”, añadió el Presidente. Cierto y falso. Siendo que esta guerra se emprendió sin números y sin mapas, sin aprovechar los instrumentos del Estado y sin tácticas paralelas, en algo se ha sofisticado su estrategia a lo largo de cinco años. Pero el Presidente rechaza aún ahora el acto radical que cambiaría la guerra en un instante, la decisión que se discutió en la esfera pública durante los dos primeros años de la guerra, en la academia mexicana y en foros del extranjero: legalizar la droga. “El costo de legalizar la droga sería que aumentaría su consumo”, repitió por su parte, en la semana, el Secretario de Salud Pública. Hay que responderle, otra vez: el beneficio sería liberar al Ejercito del combate a la actividad menos perniciosa para la sociedad y más redituable para el crimen, de forma que pueda dedicarse a combatir los delitos menos redituables pero más crueles. El robo, el secuestro, la extorsión, el asesinato. Cien mil nuevos adictos son un problema de salud; la continuación del destrozo de México, es una tragedia.
3.
“Para pacto, tregua y amnistía con los criminales ya tuvimos demasiados sexenios”, dijo en la semana previa al Informe el presidente Calderón. Otra vez, cierto y falso. Los gobiernos anteriores administraron la criminalidad del interior del Estado y del exterior. Pero un nuevo pacto social no tendría que pasar por la negociación con los criminales, sino por la redefinición de qué es lo criminal y por un combate a la impunidad, como nunca se ha dado en nuestra historia. Al legalizar la droga y perseguir con severidad los delitos que dañan directamente a los ciudadanos, el mensaje sería explícito: transporten droga al Norte, vendan droga a quienes deseen drogarse, pero para quien toque la propiedad o la vida de otro ciudadano, o tome para sí del erario, o extorsione desde el Poder, la retaliación será insobornable y severísima.
4.
“Son más de cien millones de norteamericanos los que consumen o han consumido droga y ellos son también responsables de los crímenes que acá se cometen.” El Presidente lo ha dicho una y otra vez el último mes sin notar la contradicción moral. Si en Estados Unidos cien millones de ciudadanos consumen droga es que hay un acuerdo tácito entre ellos y su gobierno. ¿O si no, dónde pueden esconderse cien millones de consumidores de droga y sus distribuidores? El Presidente tendría que dejar de reclamar a los estadunidenses su hipocresía y respondernos a nosotros sobre su obcecación: ¿por qué diablos nuestros enemigos son los transportistas de la droga de esos cien millones de consumidores felices?
5.
“El debate de la legalización de la droga debe darse en Norteamérica”, palabras del Presidente. “Los mexicanos no podemos unilateralmente legalizarla.” ¿Y por qué no?, eso no lo responde el Presidente. Hasta lo que hoy se sabe, México es un país soberano y nuestros intereses no tienen por qué ser aprobados por los electores o las agencias de seguridad de allende nuestra frontera.
Durante la Prohibición en Norteamérica, tal hizo la provincia canadiense de Ontario: legalizó el alcohol, permitió los viñedos y las destilerías, y una flota llevaba por los lagos fronterizos millones de botellas de ron a Estados Unidos: el alcohol se convirtió en su mayor exportación y nada le ocurrió a Ontario, más que una bonanza económica.
6.
Y a pesar de la guerra, “ha continuado la recuperación económica del país”, afirmó en su Informe el Presidente. Pero las cifras que engloban al sexenio contradicen su dicho y son simples y apabullantes. El Producto Interno Bruto promedia el 1%. El peso se devaluó un 30%. El turismo, antier la tercera fuente de ingresos del país, continúa su desplome. La identidad de la marca México con la atrocidad, en el mundo y dentro de nuestra conciencia colectiva, es un estigma que no empezará a borrarse hasta que esta guerra termine.
7.
“Podremos modificar algunas cosas de nuestra estrategia, pero en lo fundamental no, porque no es una estrategia errada.” El Presidente reiteró en su Informe su determinación y el desconsuelo acudió a muchos rostros, porque pocos creemos que haya una peor guerra que la que se pierde.
Para salir de esta guerra hay dos caminos. Suspendiéndola de forma abrupta, y restaurando el Estado cínico priista, administrador del crimen, de adentro y de afuera del Estado, o emprendiendo una guerra por el acatamiento estricto de la ley, fuera y dentro del Estado. Una guerra que tendría que tener, para ganarse, dos pilares. Un pilar de construcción: cinco años de esfuerzo e inversión para crear policías y jueces aptos y rectos. Y otro pilar de destrucción: cinco años para perseguir las corrupciones de la clase gobernante y los crímenes de los delincuentes sin fuero ni oficina.
Cierto: el enemigo de México es el crimen, pero todo el crimen. Y su combate es la guerra que en México sigue pendiente.
Acerca de Turismo depredador
LA REDACCIÓN
De la Semarnat
Señor director:
Con relación al artículo publicado en su distinguido semanario No. 1817 de fecha 28 de agosto de 2011, titulado “Turismo depredador”, me permito muy respetuosamente hacer los siguientes comentarios:
En dicho artículo, el cual se desarrolla en torno a las declaraciones de Agustín Bravo, abogado del Centro Méxicano de Derecho Ambiental (Cemda), “experto en temas ambientales” como ustedes refieren, se hace una serie de señalamientos a varios proyectos de desarrollo turístico, cuestionando su capacidad financiera, montos de inversión planeados por las empresas, espectativas financieras particulares, compra de predios, problemas particulares de empresas con bancos en otros países, etc., y en alusión a las partes donde el señor Bravo hace referencia a la SEMARNAT en las autorizaciones que ha otorgado y liga a cuestiones financieras, me permito dejar claro que:
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) NO responde a cuestiones financieras particulares ni a la relación de empresas o asociaciones particulares entre si, o con instituciones bancarias por las cuales presenta interés la ONG.
La Semarnat tiene como mandato el impulsar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.
Las facultades, competencias, atribuciones y actuar de la SEMARNAT se basan en la Normatividad Ambiental vigente. Es por ello que sus resolutivos responden a dicha normatividad.
En ese tenor y en lo que compete a SEMARNAT, si la ONG tiene alguna objeción sobre el actuar de esta dependencia en Materia Ambiental, cuenta con todos las instancias legales que ofrece el país para acudir y sustentar “los daños irreparables al entorno ecológico” que en la nota se comentan, aunque no se mencionan ni detallan, así como si tuvieran algún cuestionamiento de nuestro actuar.
Atentamente
Laura Aguilar Loredo
Coordinación General de Comunicación Social de la Semarnat
(Nota de la Redacción: La carta precedente fue reproducida de manera literal)
Del Grupo Carso, sobre Despojo a mansalva
LA REDACCIÓN
Señor director:
En relación con la nota publicada en el número 1816 de la revista Proceso, de fecha 21 de agosto de 2011, bajo el título Despojo a mansalva, informo a usted lo siguiente:
Ninguna de las empresas de Grupo Carso, ni el ingeniero Carlos Slim a título personal, han participado ni participan en los proyectos a que se refiere dicho artículo, por lo que la información difundida en el material de referencia es absolutamente falsa.
Atentamente
Doctora Concepción Rivera R.
Dirección de Comunicación de Grupo Carso
Respuesta del reportero
Señor director:
Fue Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, quien aseguró, en entrevista, que el Grupo Atlacomulco está haciendo negocios en el Aeropuerto Internacional de Toluca y en otras obras de la entidad, negocios a los que, asegura, “se sumaron Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la familia Alemán”.
Atentamente
Rodrigo Vera
(Nota de la Redacción: Una falla en la coordinación entre dos áreas ocasionó que la misiva del Grupo Carso no se publicara en la edición número 1817 del pasado 28 de agosto. Por la demora se piden disculpas)
