domingo, 21 de febrero de 2010

Acontecer Diario

Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®

www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org

Domingo 21 de febrero de 2010

AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS DE HAITI

SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA

Colaborador Invitado / Causas de la violencia juvenil

La solución a la violencia juvenil va mucho más allá de inundar las calles con elementos del Ejército

Colaborador Invitado

(21 febrero 2010).- José Francisco Landero

Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.

La ejecución de los jóvenes juarenses nos cimbró y nos impactó. La frialdad en la forma como los asesinos les quitaron la vida elevó nuevamente el debate sobre la eficiencia en el combate a la delincuencia, pero más allá de ello, nos ha llevado a cuestionarnos sobre las causas de fondo que han generado esta violencia que parece no tener fin.

Ciudad Juárez es un caso complejo pero no es el único; Torreón, Tijuana, Culiacán, Nuevo Laredo, entre otras ciudades, comparten la misma tragedia y los mismos gérmenes, en donde la delincuencia ha encontrado las condiciones simbióticas para enraizarse.

Estas ciudades, y muchas otras más en el país, tienen una desintegración profunda de su tejido social y el sector juvenil es el principal afectado.

Existen 8 millones de jóvenes que no estudian, ni trabajan; jóvenes llamados "ninis" que no están en los registros formales. Entonces, ¿dónde se encuentran? Algunos de estos jóvenes son migrantes (2 millones), otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón), otros están en los reclusorios (119 mil), y el resto, más de 4 millones, expuestos a las redes del crimen organizado.

Las causas por las que los jóvenes son susceptibles de ser atraídos por la delincuencia son: Desintegración familiar. En nuestro país existen poco más de 2 millones de familias monoparentales, en donde una sola persona debe afrontar el triple reto de la formación, la economía y la convivencia social. En la práctica esto no sucede así, lo que genera enormes vacíos de comunicación, de valores cívico-éticos, y afectivos. Asimismo, uno de cada cuatro hogares sufre de violencia intrafamiliar (7 millones de hogares), lo que trae como consecuencia la ruptura de la familia mediante el divorcio o abandono del hogar, ya sea por alguno de los cónyuges o por los propios hijos.

Pérdida del sentido de vida y el materialismo. La falta de objetivos trascendentes, el "inmediatismo" por conseguir bienes personales, la carencia de relaciones afectivas estables y la falta de valoración del potencial propio hacen decaer la autoestima generando un vacío existencial que puede llevar fácilmente a exponer la vida para conseguir la prosperidad que, mediante otras vías, sería muy complicado.

Deserción y reprobación escolar. La falta de cobertura educativa en el nivel medio superior origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar. Tan sólo para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado. A esto se suman los cerca de 615 mil jóvenes que en promedio desertarán al final del ciclo escolar. En educación superior, solamente ingresará el 27.6 por ciento de la población en edad de cursarla.

Desempleo. La escasa generación de empleos remunerados adecuadamente y el constante crecimiento de la población juvenil en edad de trabajar son factores que se han convertido en uno de los principales problemas. Tan sólo al cierre del 2009, el INEGI reportó 3.5 millones de personas en edad de trabajar que se encontraban desempleadas, de las cuales cerca de 2 millones son jóvenes. A esto hay que agregarle el subempleo que se ve reflejado no sólo en los bajos salarios, sino en la carencia de prestaciones sociales, en la falta de seguridad laboral y en perspectivas de mejora laboral negativas.

Falta de visión sobre la realidad juvenil y carencia de una política pública a favor de las y los jóvenes. Hay quienes señalan que los jóvenes son el futuro del país, sin ver que son el presente, otros apuestan a que la juventud es una "enfermedad que se cura con el tiempo". Para ellos, hacer política pública de juventud no es relevante a menos que sirva para obtener votos en las elecciones.

Otros, con poca imaginación, aplican la política de "rola, balón y condón" pensando que con conciertos, balones y condones se eliminan los problemas juveniles, se cubren sus expectativas y se contribuye a su salud, cuando el tema es mucho más profundo.

Propuestas

El reto es enorme, hay caminos largos que recorrer pero hay que empezar inmediatamente. Algunas propuestas en este sentido son: Horarios flexibles de trabajo. Para que los miembros de familia, especialmente las mujeres, trabajen en horarios que les permitan la convivencia intrafamiliar.

Modificación de los planes de estudio y sistema escolar. Para que se incluyan o fortalezcan las materias referentes a civismo, valores universales, ética, plan de vida y tutoría. También hace falta transformar el sistema de evaluación que expulsa a los alumnos que reprueban, por el sistema de competencias que abre oportunidades de continuidad.

Aumentar la participación social de las madres y padres de familia en la educación media. Sus opiniones, involucramiento en la toma de decisiones escolares y la convivencia presuponen relaciones más estrechas que ayudan a reducir la incidencia delictiva.

Rescate de espacios públicos. Para que los jóvenes puedan practicar deporte, desarrollar arte, convivir en ambientes seguros y desarrollar microempresas. No se trata de sólo sacar a los jóvenes de las calles, sino de hacer las calles más seguras, se trata de crear identidad con el lugar donde se vive.

Sistema de política pública de juventud. Hace falta un sistema que fortalezca a las instituciones de juventud en los tres órdenes de gobierno, y que fije una visión de nación sobre acciones sociales que tengan repercusión transcendente en la juventud. Asimismo, se debe incluir el tema de juventud en la agenda nacional tomando en consideración que en 20 años se habrá agotado el bono demográfico de nuestra nación.

Leyes de impacto social. Es muy relevante transformar el marco jurídico que incide en los jóvenes, especialmente la Ley Federal del Trabajo para que considere no sólo la antigüedad para el progreso salarial sino la habilidad y la capacitación. La Ley del INFONAVIT también necesita reformarse con el objetivo de que familias jóvenes puedan tener acceso a los fondos de ahorro para adquirir vivienda.

Una Ley de Educación Media Superior, que mejore la calidad y coordinación en este importante subsistema educativo.

El problema de violencia juvenil va mucho más allá de inundar las calles con elementos del Ejército o trasladar los poderes a Ciudad Juárez. El problema se resolverá en la medida que los jóvenes sean escuchados, que la participación social aumente, que las políticas públicas impacten positivamente en los jóvenes y que se logre restaurar el tejido social, especialmente el de la familia.

Suprema Corte: ¿facultad de iniciativa?

Debate Reforma política. Facultar a la Suprema Corte para modificar su Ley Orgánica sería un avance, pero ampliar su facultad de iniciativa podría generar un desequilibrio entre poderes. La iniciativa debería tener como atributos esenciales la racionalidad, legitimidad y eficacia de los cambios propuestos

Javier Santiago Castillo

(21 febrero 2010).- I. La iniciativa presidencial

La proposición presidencial de otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución de iniciativa sería de gran relevancia en caso de materializarse, porque modificaría el equilibrio existente entre los Poderes del Estado. Además podría iniciarse una tendencia a que organismos autónomos pretendieran tener derecho de iniciativa en su materia. Lo que de manera natural mermaría las atribuciones del Poder Legislativo.

Pero para abundar en el análisis debemos de partir de los objetivos de la reforma. Los mencionados en la exposición de motivos enviada por el presidente Felipe Calderón son: 1. "Fortalece... las capacidades del Poder Judicial de la Federación y se consigue una nueva armonía en materia legislativa entre poderes que no parte del principio de la exclusión"; 2. "...lograr un equilibrio más constructivo entre los Poderes de la Unión que a la vez garantice que no exista injerencia en asuntos legislativos diferentes a los del ámbito de su competencia..."; 3. "...sintonizar una práctica generalizada al otorgar facultades a la SCJN análogas a las que hoy tienen los poderes judiciales locales"; 4. "...la Corte tendría la capacidad para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y la posibilidad de incidir directamente en mejoras a la normatividad en materia de medios de control constitucional, como el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad", y 5. "...el perfeccionamiento de estas normas se vería reflejado en una mayor eficiencia del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, lo que se traducirá en beneficio directo para los ciudadanos".

II. Situación actual

El derecho de presentar iniciativas de leyes y decretos a nivel federal es competencia del presidente de la República, de los diputados y senadores al Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, según lo establecido en el artículo 71 de la Constitución.

En 31 entidades federativas, excepto el Distrito Federal(1), sus constituciones establecen el derecho de iniciativa del Poder Judicial local. Existen tres modelos en los cuales se materializa esta facultad: 1. en el que se otorga facultad de iniciativa en aspectos de organización interna del Poder Judicial; 2. en donde la facultad anterior se amplía a cuestiones procesales, y 3. cuando se le otorga en todas las materias.

III. Antecedentes y propuesta

La norma vigente en la Constitución es consecuencia de la adopción de la teoría clásica de los tres poderes, según la cual el Legislativo elabora las leyes, el Ejecutivo las ejecuta y el Judicial las aplica e interpreta en última instancia. En casi todas las constituciones y leyes constitucionales federalistas de nuestra historia independiente (a excepción de la de 1843) se estableció la división en los tres poderes, con sus ámbitos de competencia claramente definidos.

En la Constitución centralista de 1836 y en las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, que eran de carácter federalista, la Suprema Corte de Justicia tenía derecho de iniciativa "en lo relativo a la administración de su ramo".

A partir de diciembre de 2005 y 2006 la SCJN organizó la "Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano", realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El resultado de esa consulta se resumió en el llamado Libro Blanco(2), en el cual se hace la propuesta de otorgar la atribución de iniciativa a los poderes judiciales a nivel federal y local, con dos variantes, la primera amplia y la segunda limitada al ámbito de la justicia.

Derivado de los foros organizados por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (Cenca), la Suprema Corte reiteró la ambivalente conclusión del Libro Blanco.

Por su parte, la propuesta del Ejecutivo, hecha en diciembre de 2009, plantea que la atribución otorgada al Poder Judicial federal sea para proponer modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al amparo, a la acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Las iniciativas deberán ser aprobadas por una mayoría de ocho de los once ministros.

IV. Otras experiencias

Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Panamá, Brasil, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Federación Rusa y Bielorrusia están entre quienes otorgan la facultad de iniciativa de ley a sus respectivos poderes judiciales federales.

Como ejemplos de lo contrario, donde el Poder Judicial no tiene atribución de iniciativa, se puede mencionar Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Bélgica, Ucrania, Confederación Suiza, Japón, Corea y Filipinas.

V. Balance

Para evaluar la iniciativa presidencial se debe considerar que las reformas propuestas desde el gobierno asumen la racionalidad, la legitimidad y la eficacia, como atributos esenciales que requiere cualquier régimen político(3).

La atribución de iniciativa del Poder Judicial para reformar su Ley Orgánica sí contribuiría a incrementar la eficacia judicial, pues habría más agilidad en adecuar su organización a las necesidades sociales, lo cual mejoraría su funcionamiento. Por otro lado lo equipararía al Ejecutivo, que sí tiene atribución en materia de su organización interna.

Los otros puntos de la propuesta de Calderón (otorgarle a la SCJN el derecho de iniciativa en las leyes que regulan la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional) presentan dificultades, pues no atienden la eficacia y la legitimidad. La división funcional de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos tiene que ver con el control del poder, que se logra por las atribuciones otorgadas a cada uno de ellos. En caso de ser aprobada la propuesta se modificaría el equilibrio institucional, eso podría llevar a conflictos entre los poderes federales y entre los diversos niveles de gobierno.

Cuando una iniciativa del Poder Judicial no fuera aprobada por el Congreso de la Unión, necesariamente llevaría a un desencuentro de ambos poderes. Otro caso sería cuando una iniciativa del Poder Judicial fuera aprobada por el Congreso de la Unión, y se interpusiera una acción de inconstitucionalidad. El juzgador sería parte interesada, se presentaría el conflicto de intereses. El Poder Judicial de la Federación es la última instancia y los poderes judiciales son instancias intermedias.

En la iniciativa se argumenta que se contribuiría a mayor independencia del Poder Judicial. Lo que se ampliaría serían sus atribuciones. A mayores atribuciones, mayor poder, lo cual modificaría el equilibrio sistémico existente. Una consecuencia ineludible es la disminución de atribuciones del Legislativo y la consecuencia política es una disminución de su poder.

Por último, la actividad legislativa es un proceso jurídico-político donde el denominador común son las tensiones y conflictos. ¿Vale la pena inmiscuir al Poder Judicial en este territorio abiertamente?

En México la preocupación ciudadana se ubica en otros aspectos: el Poder Judicial se sitúa en el 40 por ciento del índice de independencia e imparcialidad, y la percepción social de que el sistema judicial es corrupto llega al 80 por ciento(4).

La propuesta presidencial toca parcialmente mejorar la eficacia judicial y, por otro lado, los riesgos de desequilibrio sistémico que desembocarían en conflictos parece que no se han calculado.

En consecuencia, un círculo que tiene la intención de ser virtuoso (la iniciativa presidencial) puede caer en vicioso, ya que el Ejecutivo corre el riesgo de perder legitimidad, lo que a su vez se convertirá en obstáculo para el proceso de toma de decisiones e implementación de políticas.

Notas:

(1) La iniciativa menciona 29 entidades. La revisión hecha en la página www.senado.gob.mx de las constituciones estatales y del Estatuto de Gobierno del DF arroja esta información.

(2) Libro Blanco de la Reforma Judicial en México: Una agenda para la justicia en México, SCJN, 2006, p. 122. www.scjn.gob.mx

(3) Entre la legitimidad y la eficacia: reformas en los sistemas de elección presidencial en América Latina de Daniel Buquet, Revista Uruguaya de Ciencia Política, No. 16, 2007. www.scielo.edu.uy. Este modelo considera la racionalidad como la acción que busca el beneficio propio, difiero de este significado de racionalidad: en política la racionalidad tiene que darse en la búsqueda de la legitimidad y la eficacia, si éstas se alcanzan o no, es otro aspecto del análisis del fenómeno.

(4) Situación para la competitividad de México, 2006: Punto de inflexión, Anexo estadístico, Instituto Mexicano para la Competitividad, México, 2007, p. 580.

"El autor es profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Contrapropuesta del DIA

Reforma política entrevista. PRD, PT y Convergencia, hoy aliados electorales del PAN, respaldan la mitad de la iniciativa presidencial, pero con reservas.

Karla Garduño Morán

(21 febrero 2010).- El PRD -nuevo aliado político del PAN- está de acuerdo en cinco de los puntos contenidos en la iniciativa de reforma política presentada por el presidente Felipe Calderón, pero incluso en esos puntos buscará hacer modificaciones al proyecto del Ejecutivo.

En la iniciativa presentada el pasado jueves por el PRD -junto con el PT y Convergencia- se rechaza la reelección, la segunda vuelta presidencial, la reducción de las Cámaras y el aumento en el porcentaje de la votación requerido para mantener el registro como partido político.

Hay coincidencia en el resto de las propuestas -las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, la iniciativa preferente y el veto parcial y presupuestal- pero con algunas reservas.

El senador Arturo Núñez, quien encabeza la iniciativa de los partidos integrantes del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), acusa que el fallo más importante de la propuesta presidencial es su intento por acotar la pluralidad en el Poder Legislativo, a través de una serie de propuestas que debilitan a los partidos.

"Nuestras propuestas coinciden con algunos temas planteados por el Ejecutivo, pero de manera diferente, porque no queremos que el Ejecutivo, como está en la propuesta del Calderón, se monte sobre el Legislativo, ni tampoco lo contrario.

"Nos hemos pasado desde 1977, cuando hizo crisis la representatividad del sistema de partidos en México, revisando el sistema de partidos para abrir opciones, y ahora las quieren cerrar", afirma el senador.

Elevar de 2 a 4 por ciento el porcentaje de la votación necesaria para que un partido mantenga su registro es la primera estocada para eliminar competidores en la contienda política, asegura Núñez. Luego están las candidaturas independientes que, según Núñez, podrían convertirse en la opción para los inconformes con los procesos internos de su partido y se fragmentaría el diálogo en las Cámaras.

"En tercer lugar la doble vuelta electoral, que pretende que cuando haya elección presidencial, la elección legislativa se haga en la segunda vuelta. Entonces, cuando usted tiene un déficit de ciudadanía como lo tiene México, derivado de la brutal desigualdad social y de la pobreza y la marginación que existe, la gente en su ignorancia podría suponer que nada más quedan dos partidos para la presidencial y para la legislativa, y ahí también se tiene otro filtro", añade.

Finalmente, la reelección legislativa sumada a todo el conjunto se convierte en otra forma de reducir opciones, al impedir la movilidad política.

El perredista afirma que ninguno de los partidos del DIA va por la reelección, porque les parece que el sufragio en México todavía no es lo suficientemente efectivo, en referencia a la conocida frase: "sufragio efectivo, no reelección".

"Si hoy se hace picardía y media para comprar el voto para que el mismo partido siga en el poder, ahora agréguele el incentivo no sólo de que siga el mismo partido sino de que sigan los mismos, pues le van a echar más picardía y vamos a retroceder en lo poquito que hemos avanzado en el sistema mexicano", dice el también vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado.

Acuerdos condicionados

En la propuesta de reforma política de PRD, PT y Convergencia se retomarán varias de las iniciativas de Calderón, aunque con modificaciones que acotan el poder del Ejecutivo.

En el caso de la iniciativa preferente, por ejemplo, se descarta la afirmativa ficta que se propone en el decálogo presidencial; es decir, que si el Congreso no da trámite a su iniciativa en el tiempo establecido, se considera como aprobada. Y en el caso de una reforma constitucional, el Ejecutivo puede convocar a un referéndum para que la población decida.

El PRD apoya las candidaturas independientes, pero con candados que impidan que los militantes de partidos inconformes con los procesos internos se lancen por la vía independiente, y que los partidos los recluten.

"Basta con que hagan simultáneos sus procesos, que mientras el partido está en su proceso interno para postular candidato, usted esté buscando firmas para ser independiente. Yo sé que los partidos están mal, pero mejor partidos que llaneros solitarios que van a salvar al país. Hay riesgo de que entren los intereses privados legítimos e ilegítimos", dice Núñez.

Los partidos de izquierda están de acuerdo en que se oficialice la capacidad del Presidente de vetar el Presupuesto de Egresos, pero pretenden que la mitad más uno de los votos de los legisladores sea suficiente para superar ese veto, y no las dos terceras partes, como sugiere la iniciativa presidencial.

Tampoco aprueban que el Ejecutivo pueda publicar las leyes parcialmente cuando el resto ha sido vetado.

"El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM muy lúcidamente vino a decir que qué pasaría si se emite un decreto donde se establecen facultades y obligaciones del Presidente, y el Presidente nada más promulga las facultades, pero las obligaciones no, tiene que ser el paquete. Sino, lo dejamos en discreción de que él decida qué sí y qué no", explica Núñez.

Las propuestas de la izquierda

Además de modificar algunas de las iniciativas ya planteadas por Calderón, los partidos del DIA proponen otros temas para una reforma política, como las figuras de democracia directa, el juicio político y la ratificación del gabinete.

El PRD se pronuncia por establecer el referéndum como una herramienta para que los ciudadanos puedan someter a votación una reforma constitucional, la cual no podría llevarse a cabo si no obtiene mayoría, así como el plebiscito, a través del cual se podrán votar los proyectos de obras y servicios.

Además proponen crear la figura de revocación de mandato y perfeccionar el juicio político, como dos maneras de obligar a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes.

"Le falta a las propuestas presidenciales rendición de cuentas. Queremos replantear la Auditoría Superior de la Federación, que el de auditor no sea un cargo unipersonal sino colegiado, que haga auditorías no sólo a posteriori, sino durante el ejercicio, porque a veces ya más bien es una autopsia. Y que tenga instrumentos para que pueda reclamar las responsabilidades de quienes rinden mal las cuentas, no sólo en un sentido, sino que hayan cumplido con las metas y programas", agrega el senador.

Que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y otros programas sociales, así como la firma de tratados internacionales son otras de las propuestas que promueven el PRD, PT y Convergencia.

"La Corte ha establecido un criterio de que los tratados tienen rango superior inmediato después de la Constitución, encima de las leyes. Entonces, resulta que la ley, que es bicameral, que la hicimos diputados y senadores, está debajo del tratado que se hizo de Ejecutivo a Ejecutivo y sólo lo ratificó el Senado", dice Núñez.

Así lo dijo

"Nos hemos pasado desde 1977, cuando hizo crisis la representatividad del sistema de partidos en México, revisando el sistema de partidos para abrir opciones, y ahora las quieren cerrar".

Arturo Núñez,

senador por el PRD.

Elevan penas, suben delitos

Reportaje Absurdos del sistema judicial. Aumentar los castigos previstos en el Código Penal federal puede ser rentable políticamente, pero no ha servido para inhibir la comisión de delitos

Martha Martínez

(21 febrero 2010).- En mayo de 2009 Ignacio y su esposa Inés fueron sentenciados a dos años de prisión y una multa de 12 mil pesos, luego de que hurtaron de un estacionamiento público un carro de supermercado.

Días antes de ser arrestados, Inés había sufrido un accidente que la dejó discapacitada; sin recursos para acceder a un servicio médico o una silla de ruedas, la pareja sustrajo el carro, propiedad de una tienda de autoservicio y cuyo costo no superaba los mil pesos, para utilizarlo como medio de transporte.

La situación de la pareja, que se ganaba la vida lavando parabrisas en la Avenida Guadalupe de la delegación Gustavo A. Madero, no fue tomada en cuenta por el juez; por el contrario éste impuso su sentencia a ambos: a Ignacio por sustraer el carro y a Inés por apoyarlo.

El caso es uno de los muchos ejemplos de desproporcionalidad de penas que existen en el país.

Endurecimiento irracional

En los últimos 15 años, la respuesta de autoridades y legisladores a la demanda de seguridad pública ha sido el incremento de penas y de las conductas a sancionar. El argumento es que esta fórmula reduce los índices delictivos porque inhibe a los delincuentes de cometer delitos que son castigados con más años de prisión.

La idea es apoyada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en septiembre de 2005 abrió la puerta para la legalización de sentencias que superan el promedio de vida de cualquier persona.

Ese año, el máximo tribunal declaró la constitucionalidad de la cadena perpetua al validar modificaciones al Código Penal de Chihuahua, las cuales prevén la acumulación de penas hasta por 105 años de prisión cuando se trate de homicidio doloso o secuestro en agravio de mujeres y menores.

Aunque la resolución fue apoyada por nueve de los 11 ministros, las dudas sobre la efectividad de la estrategia se hicieron explícitas. Los ministros Jesús Silva Meza y José Ramón Cossío -quienes votaron en contra- advirtieron que nada indica que el endurecimiento de sanciones reduzca los índices delictivos.

Para la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ana Laura Magaloni, el endurecimiento de la política criminal es irracional.

"(El actual) es un Código Penal que refleja toda nuestra incompetencia en el combate al crimen, porque ya ha inflado extraordinariamente las penas y ha dejado de plantearse las preguntas relevantes, que son ¿quiénes deben estar en la cárcel?, ¿cuánto tiempo? y ¿qué buscamos lograr con ello?", señala.

Magaloni asevera que la estrategia ha sido capitalizable política y electoralmente, porque resulta más fácil prometer mano dura que hacer los cambios de fondo que se requieren para combatir el delito.

"En algún lugar sigue siendo sexy en términos electorales y políticos el incremento de penas. Claro, mejorar las procuradurías y tener una policía eficaz son promesas que toman muchos años, en cambio la del Código Penal se traduce en la votación de un día, de unos senadores y diputados que levantan la mano, es de efecto inmediato en términos mediáticos, pero no en términos de eficacia y de realidades concretas para los ciudadanos", subraya.

La especialista cuestiona que mientras en el mundo se discute la eficacia de utilizar la cárcel como principal mecanismo de control del delito, en México ni siquiera se ha planteado la necesidad de realizar un estudio que refleje el impacto real del sistema penitenciario como instrumento disuasorio.

Las reformas hechas al Código Penal en los últimos 15 años han hecho de la mexicana una de las políticas criminales más severas de América Latina y otras regiones del mundo.

En delitos como secuestro, robo y homicidio, se aplican sanciones que en algunos casos duplican las impuestas en otros países: mientras que en México la pena máxima es de 60 años -la cual puede incrementarse si se acumulan delitos-, en Brasil y Venezuela es de 30 años, en Colombia de 40 años y en España de 20 años.

En el caso específico del homicidio, la pena establecida por las leyes mexicanas es de entre 2 y 60 años de prisión de acuerdo con las agravantes del caso, en Colombia la pena es de 2 a 40 años, en Venezuela de 13 a 30 años, en Brasil de uno a 30 años y en España de uno a 20 años.

El delito de robo se castiga en México con penas que van de uno a 15 años de prisión. En los países mencionados la pena máxima es de 10 años.

Además, una modificación al Código Penal federal, en 1996, endureció la pena por el delito de robo con violencia, lo que incrementó las posibilidades de ser sancionado con al menos un año de prisión, sin importar el monto de los sustraído.

No hay resultados

El endurecimiento de penas no ha reducido los índices delictivos; por el contrario, éstos siguen incrementándose año con año.

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública indican que entre 2000 y 2009 la población penitenciaria aumentó en un 46 por ciento, de 155 mil a más de 277 mil reclusos.

A pesar de ello, señala la SSP, entre 2000 y 2008 las denuncias de hechos presentadas ante el fuero federal se incrementaron de más de 81 mil a más de 136 mil. En el fuero común pasaron de más de un millón 338 mil, a un millón 628 mil.

Los delitos que registran incrementos en su incidencia son aquellos cuyas sanciones fueron endurecidas.

Por ejemplo, de mil 396 denuncias que se recibieron diariamente por el delito de robo en 2001, la cifra aumentó a mil 798 en 2008.

Los delitos contra la salud se incrementaron de 66 a 200 denuncias diarias en el mismo lapso, mientras que el secuestro pasó de 1.6 a 2.9 denuncias diarias.

Para la ex segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Patricia Colchero, otros factores que hacen del endurecimiento de penas una política poco efectiva son la poca profesionalización de los cuerpos policiacos, su limitada capacidad investigadora y la corrupción.

Advierte que estas deficiencias generan un círculo vicioso difícil de romper, pues el hecho de que las instituciones policiacas hagan poca investigación implica que se dediquen principalmente a detener personas que, pese a cometer delitos menores, son encarcelados porque el Código Penal considera graves sus infracciones.

Colchero señala que la corrupción impide la aplicación de sentencias justas, pues hasta ahora las sanciones emblemáticas no han sido impuestas a grandes criminales, sino a personas pobres, sin acceso a una defensa adecuada, o bien, que resultan incómodas para la autoridad.

Así, a Joaquín El Chapo Guzmán se le impuso una sentencia de 20 años de prisión por delitos contra la salud, asociación delictuosa y cohecho, mientras que Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fue sentenciado a 112 años de cárcel por el delito de secuestro equiparado, luego de que retuviera a funcionarios del estado de México durante los enfrentamientos en San Salvador Atenco.

Otro ejemplo del fracaso de la política criminal basada en el endurecimiento de penas es el Distrito Federal: en 2003 la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones al Código Penal local para tipificar como grave cualquier tipo de robo.

Los resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el Distrito Federal y el estado de México, dados a conocer recientemente por el CIDE, señalan que como resultado de esta reforma, entre 2003 y 2009 la población penitenciaria de la ciudad se incrementó en un 84 por ciento, al pasar de 21 mil 500 a 39 mil 500 internos.

La misma encuesta indica que en el Distrito Federal y el estado de México, 55 por ciento de los reclusos cumplen sentencia por robo y de ellos, la mitad se encuentra encarcelado por hurtos menores a los 5 mil pesos y una cuarta parte por menos de 700 pesos.

Elena Azaola, especialista en sistema penitenciario y una de las autoras de la encuesta, advierte que muchos de estos internos son jóvenes que robaron algún producto en el Oxxo, mujeres que hurtaron alguna prenda de vestir en el supermercado, o personas que, como Ignacio e Inés, sustrajeron algún producto por necesidad. Sus delitos pueden ser castigados hasta con dos años de prisión.

La especialista indica que estas cifras preocupan, porque significan que el aparato de justicia utiliza mucho tiempo, esfuerzo y dinero en sancionar pequeños delincuentes, en lugar de perseguir y castigar a los grandes criminales.

Efectos sociales

Aunque el incremento de penas no ha tenido un impacto sustantivo en la reducción del delito, sí lo ha tenido en la sociedad.

El empeoramiento de las condiciones de vida de la población encarcelada, el incremento de personas que tienen contacto directo con los centros de reclusión y la pérdida de legitimidad de la cárcel como mecanismo de impartición de justicia y contención del delito son problemas que trascienden los muros de los centros penitenciarios.

Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que abrir las puertas de los reclusorios a cualquier tipo de delito ocasiona que estos centros pierdan su potencial como amenaza.

"Si tú sabes que tu hermano estuvo en la cárcel y no necesariamente le fue mal, sino que le pudo haber ido mejor porque las cárceles se han convertido en bolsas de trabajo para la delincuencia organizada, o ya sabes lo que es vivir la cárcel porque creciste visitando a tu papá, a tu tío o a tu hermano, le pierdes el miedo", indica.

Actualmente un recluso puede recibir cuatro visitas a la semana y en cada una de ellas pueden ingresar cuatro familiares. A decir del ombudsman capitalino, la cantidad de personas que tienen contacto con los centros de reclusión convierte a la política criminal en un fenómeno de enormes dimensiones sociales.

Ana Laura Magaloni asegura que esto sucede porque el uso de la prisión -el castigo más severo que puede poner el Estado a un ciudadano- deja de ser selectivo.

La especialista indica que es esta selectividad la que le da racionalidad y utilidad al sistema penitenciario, por lo que utilizarlo de manera indiscriminada le resta legitimidad y razón de ser.

"Estamos inflando el derecho penal, pensando que cualquier conducta que sea molesta para la sociedad merece ser castigada en el Código Penal; no nos hemos dado cuenta que el uso de la prisión debe ser muy selectivo, porque eso le da racionalidad, utilidad y legitima el castigo frente a la sociedad", insiste.

Para los especialistas, el endurecimiento de la política criminal ha provocado más efectos negativos que positivos, por lo que consideran necesario analizar el impacto que realmente tiene la cárcel en la reducción de delitos.

Los expertos subrayan la importancia de replantear desde el Legislativo las penas que actualmente rigen el sistema de justicia, así como implementar con seriedad medidas alternativas a la prisión, pues a pesar de que éstas se encuentran contempladas por la ley, en los hechos no operan.

Lejos de reforzar el modelo inquisitorio, los especialistas consideran que el país debe avanzar hacia la implementación de un sistema que evite que las personas pisen las cárceles y, cuando lo hagan, garantice la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción.

Alertan que de no avanzar hacia este esquema, las cárceles no sólo seguirán siendo "bolsas de trabajo para la delincuencia organizada", sino que su deterioro se convertirá en un peligro para los internos y la sociedad en general.

La Tercera Encuesta a Población en Reclusión del Distrito Federal y el estado de México advierte sobre procesos de deterioro que desde ahora convierten a los centros penitenciarios en focos rojos: 20 por ciento de los internos no tiene suficiente agua para beber, 70 por ciento considera que la cantidad de alimentos es insuficiente, 65 por ciento reporta no recibir atención médica cuando enferma, los cobros indebidos a los familiares han ido en aumento y más del 29 por ciento de los internos de la Ciudad de México no se sienten seguros en sus propias celdas.

Reformas al Código Penal

Principales modificaciones que endurecieron los castigos a los delitos contra la salud, secuestro, robo y homicidio.

1996

1. Se crea el tipo penal de lavado de dinero. Penas de 1 a 5 años de prisión.

2. Se establecen sanciones de 1 a 8 años al intermediario, asesor o a quien dé consejo para no presentar denuncias por motivo de un secuestro.

3. Se incrementa la pena por el delito de privación ilegal de la libertad. Pena de 6 meses a 3 años cuando el secuestro dure menos de 5 días.

4. Se incrementa la pena por robo con violencia. De 5 a 15 años.

5. Se incrementa la pena por robo de vehículo. De 5 a 15 años.

1997

1. Se crea el tipo penal de robo de vehículo que sea objeto de registro. De 1 a 15 años.

2. Se establece como nuevo tipo penal el robo de documentos de vehículo. De 4 a 8 años.

3. La comercialización de objetos robados queda excluido de los beneficios de la libertad anticipada.

4. Se establece que no se concederá libertad preparatoria al delito de robo cuando éste se cometa con violencia, se lleve a cabo en una oficina bancaria, se aproveche una catástrofe o desorden público o se cometa estando presente la víctima o en edificios y viviendas.

1999

1. Salvo los casos de necesidad económica, los delitos contra la salud quedan excluidos del beneficio de la libertad preparatoria.

2. Las operaciones de procedencia ilícita quedan excluidas de los beneficios de la libertad preparatoria.

3. Se incrementa la pena por el delito de asociación delictuosa. Pasa de 1 a 8 años, a un rango de 5 a 10 años.

4. Excepto los casos en los que la víctima es liberada dentro de los siguientes tres días o sin lograr el cobro del rescate, el delito de secuestro queda excluido del beneficio de la libertad preparatoria.

5. Se incrementa la pena por el delito de privación ilegal de la libertad. Pasa de 10 a 40 años, a un rango de 15 a 40 años.

6. Se incrementa la pena por el delito de privación ilegal de la libertad cuando se trata de menores de edad, personas mayores de 60 años, discapacitados y cuando los secuestradores actúen en grupo o ejerzan violencia. De 15 a 40 años, pasa de 20 a 40 años.

7. El delito de homicidio queda excluido del beneficio de la libertad preparatoria.

8. Se incrementa la pena por el delito de homicidio. De 8 a 20 años, pasa de 12 a 24 años.

9. Se incrementa la pena por el delito de homicidio calificado. De 20 a 50 años, pasa de 30 a 60 años.

2000

1. Se incrementa la pena por el delito de secuestro. De 25 a 50 años, a 60 años en caso de que la víctima pierda la vida.

2. Se instaura como nuevo tipo penal la privación de la libertad con el fin de trasladar a un menor de edad fuera de territorio nacional con el propósito de obtener lucro indebido. De 25 a 40 años.

2004

1. Se crea el tipo penal de secuestro exprés, al cual se le establece una pena de hasta 20 años de prisión.

2005

1. Se tipifica como delito grave el secuestro exprés, por lo que la pena se incrementa de 15 a 40 años de cárcel.

2009

1. Por primera vez se establecen las cantidades máximas de portación de estupefacientes y las sanciones a aplicar cuando la posesión rebase los límites permitidos; éstas van de 4 a 6 años de prisión.

Aumentan reos... y delitos

La estrategia de aumentar las penas ha generdo un incremento en la población carcelaria del país, sin que ello implique una disminución significativa en la incidencia delictiva.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Reclusos

154, 765

165,687

172,888

182,530

193,889

205,821

210,140

212,841

219,754

227,021

Robo

509,729

535,964

514,551

515,212

514,922

515,916

545,232

610,710

656,305

331,995

Delitos contra la salud

24,212

23,232

23,588

28,645

28,715

38,903

58,066

81,491

73,222

33,648

Secuestro

591

505

433

413

323

325

595

436

838

536

Homicidio común

31,669

31,185

29,140

28,330

26,530

25,780

27,551

25,199

27,917

24,708




*Cifras al mes de junio.


Fuentes: Secretaría de Seguridad Pública y Tercer Informe de Gobierno.


La democracia es laica

Ensayo Naturaleza del Estado. El Estado laico no es antirreligioso; al contrario, es la garantía para que nadie sea perseguido por sus ideas o creencias

Manuel Jiménez Guzmán

(21 febrero 2010).- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la síntesis de nuestra historia y el proyecto de nuestra nación en el siglo XXI. Es nuestra ley fundamental, nuestra estructura jurídico social de convivencia ciudadana y nuestro sustento institucional como Estado mexicano.

Con base en lo anterior, la propuesta para el México moderno consiste en incorporar el concepto laico a la República.

Para tal efecto, la definición laica debe ser insertada, mediante reformas y adiciones constitucionales a los artículos 40 y 115 de nuestra ley fundamental.

El artículo 40 fue reformado el pasado 11 de febrero, para quedar de la siguiente forma: "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental".

El artículo 115, aún no reformado, debería establecer: "los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, laico...".

Recuento histórico

En la historia de México se registran las luchas y el pensamiento de nuestro pueblo para avanzar en la confirmación del Estado de derecho que garantice las libertades, los derechos humanos y la justicia social que conforman el sustento de una República laica, democrática, soberana, popular y representativa.

Nuestra actual ley fundamental establece valores y principios laicos irrenunciables y de indudable vigencia y validez.

La educación laica, ajena a cualquier doctrina religiosa y basada en los resultados del progreso científico, ajena a servidumbres y fanatismos; la libertad de creencias y pensamientos que nos otorga el respeto a nuestro derecho de creer o no creer; la soberanía que radica no en una concepción de lo divino, sino en el pueblo; la separación del Estado y las iglesias; la no intervención de las iglesias en asuntos políticos y del Estado; los derechos humanos y la igualdad ante la ley.

La ruta comienza en la época colonial, pasa luego por el difícil periodo de la Independencia, sufre transformaciones a través de la Constitución de 1824, la de 1857, las Leyes de Reforma y, finalmente, concluye en la Constitución de 1917.

Se puede consignar que la Constitución de 1857 surge como resultado de distintos documentos, debates, decretos y leyes. Las Leyes de Reforma fueron fundamentales para la República laica.

La reforma liberal del siglo XIX pudiera definirse como la etapa fundacional de nuestro actual Estado de derecho.

Benito Juárez señalaba en Apuntes para mis hijos: "los gobiernos civiles no deben tener religión porque, siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían finalmente ese deber si fueran sectarios de alguna".

En 1916, Venustiano Carranza logró convocar a elecciones para los nuevos diputados que integrarían un Congreso Constituyente y entregó el proyecto para las reformas a la Constitución de 1857.

El 5 de febrero de 1917 fue jurada nuestra Carta Magna por el Congreso Constituyente, resolviendo problemas de enorme complejidad, como los conflictos entre el Estado y la Iglesia, el acaparamiento de tierras y riqueza, la enajenación de los recursos naturales del país, y establece una forma de vida democrática sustentada en las libertades, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, todo ello derivado del pensamiento laico, liberal y democrático.

Laicidad, siglo XXI

La Constitución de Francia señala que: "Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión, y respeta todas las creencias".

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 1o. señala: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportase fraternalmente los unos con los otros".

Estas propuestas ya se encontraban desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que sostenía que "nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas". Por eso es importante avanzar en la laicidad, como impulso del desarrollo integral de los seres humanos.

El Estado laico no es antirreligioso, al contrario, es la garantía para que nadie sea perseguido por sus ideas o sus creencias, inclusive la libertad religiosa sólo se puede dar en el Estado laico.

El Estado laico se define de igual manera como un sistema político y jurídico que salvaguarda las libertades, la equidad y los derechos humanos en sociedades nuevas, plurales, abiertas, diversas y democráticas. Su importancia radica en principios fundamentales que debemos preservar. Entre ellos garantiza la libertad de conciencia o concepción filosófica para profesar alguna creencia o no.

Sobresale el concepto de igualdad y no discriminación por preferencias, convicciones religiosas, políticas o filosóficas.

Atiende las demandas e intereses de las minorías étnicas, religiosas, sociales o de preferencia sexual.

Está a favor de la equidad de género, de la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y de la investigación del genoma humano.

El Estado laico promueve la enseñanza y educación de la sociedad sustentadas en el conocimiento científico, porque la ciencia vive de lo que descubre, a diferencia del dogma que plantea verdades absolutas que no admiten discusión.

En diversas obras sobre laicidad se señala que esta forma de convivencia colectiva se encuentra más allá de la separación entre el Estado y las iglesias, salvaguardando el respeto a muchos otros derechos y libertades contemporáneas como la de pensamiento, cátedra, de expresión, de participación ciudadana y de culto.

La laicidad hoy la entendemos como un valor universal que inclusive se sustenta en el pensamiento de que el Estado teocrático, para avanzar al Estado laico, debería conformar los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial como instrumentos diferentes a los de la Iglesia.

Hoy la defensa de las libertades civiles, los nuevos descubrimientos e investigaciones científicas y tecnológicas, la lucha de las mujeres de nuestro tiempo forman parte central del Estado laico moderno.

Debate parlamentario

A partir del año 2000, y hasta nuestros días, se han presentado diversas iniciativas y propuestas para elevar a rango constitucional la República laica.

1. La iniciativa presentada por la Agrupación Política Nacional, Avanzada Liberal Democrática, en la LVIII Legislatura en el año 2000.

2. 24 de abril de 2008: el Grupo de Garantías Sociales presentó una Iniciativa por la cual el Estado mexicano asume el principio de laicidad.

3. 22 de noviembre de 2007: iniciativa por la República laica de diversas diputadas y diputados. De Alternativa, Elsa de Guadalupe Conde y Aída Marina Arvizu; Convergencia, Martha Tagle y Alejandro Chanona; de la Revolución Democrática, Rosario Ortiz, Marisela Contreras, Raymundo Cárdenas, Javier González Garza, David Sánchez y José Alfonso Suárez del Real; Nueva Alianza, Irma Piñeyro y Miguel Ángel Jiménez; Revolucionario Institucional, Beatriz Pagés y Carlos Chaurand; Acción Nacional, Diódoro Carrasco; del Trabajo, Ricardo Garza Cantú y Verde Ecologista de México, Antonio López Adame.

4. 9 de mayo de 2007: iniciativa del diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del PRI.

5. 31 de julio de 2007: iniciativa de las diputadas Lilia Cruz e Irene Aragón Castillo, del PRD.

6. 9 de febrero de 2006: iniciativa del diputado Rafael García Tinajero, del PRD.

7. 4 de enero de 2006: iniciativa del diputado Federico Döring Casar, del PAN.

8. 24 de noviembre de 2009: iniciativa del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del PRD.

9. 3 de diciembre de 2009: iniciativa de César Augusto Santiago Ramírez, del PRI.

10. 3 de febrero de 2010: con el voto en contra del PAN, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó definir el Estado mexicano como laico.

11. Diversos organismos de la sociedad civil, como Avanzada Liberal Democrática, APN; Católicas por el Derecho a Decidir, Foro Intereclesiástico Mexicano y Grupo de Información y Reproducción Elegida, enriquecieron las iniciativas referidas.

12. Nace el grupo ciudadano República Laica.

13. 11 de febrero de 2010: los diputados aprueban por mayoría la reforma al artículo 40 y envían la minuta al Senado de la República.

Hoy, más que nunca, deben prevalecer en la defensa de la República laica los principios y valores sustentados en el origen y desarrollo de nuestra historia y con alteza de miras y visión de futuro preservar el laicismo mexicano.

En resumen, la laicidad democrática es la única que garantiza los derechos y libertades individuales y colectivas de la nueva sociedad del siglo XXI.

El autor es subsecretario de Organización del CEN del PRI.

La cultura política

(21 febrero 2010).- Téngalo presente

Vientos de cambio: la política de drogas en el mundo. Encuentro convocado por el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. César Gaviria Trujillo, Ethan Nadelmann, Peter Reuter, Jorge Hernández y otros. Lunes 22 y martes 23, 9:00 a 22:00 horas. Hotel Crowne Plaza, Dakota 95. Inf: www.cupihd.org.

Foros

Espacios ciudadanos sobre la reforma política: elección consecutiva. Con Fernando Gómez Mont, Arturo Núñez, Roberto Gil, Alejandro Martí, Denise Dresser, Miguel Carbonell, Gabriel Negretto, Luis Carlos Ugalde y Rogelio Gómez. Lunes 22, 17:30 horas. Antiguo Palacio del Arzobispado. Moneda 4, Centro Histórico. Informes 5093 3419. Transmisión en vivo: www.reformapolitica.gob.mx

Libros

Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos de Ana Lilia Pérez. Grijalbo. Reportaje sobre los saqueos a Petróleos Mexicanos en los sexenios panistas. De los Bibriesca a Nava y Mouriño.

Impunidad. La quiebra de la ley de Julio Scherer Ibarra. Grijalbo. Aborda los casos de Arturo Montiel, Juan Camilo Mouriño, Zhenli Ye Gon y César Nava para demostrar jurídicamente que en México la impunidad forma parte de la corrupción y que el gobierno la ha institucionalizado.

La autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación coordinado por John M. Ackerman y César Astudillo. IIJ-UNAM. Especialistas examinan el funcionamiento y el estatus jurídico de la ASF y la posibilidad de convertirla en un órgano con plena autonomía.

Obama de Carlos Ramírez. Grupo Editorial Transición. Conjunto de crónicas, columnas, comentarios y entrevistas que plantea un dilema: el presidente de Estados Unidos puede cambiar la historia de su país o puede terminar siendo sólo una mención en el libro Guinness de récords mundiales.

Presentaciones

Obama latino de Wilbert Torre. Jus. Una conversación con el autor y la periodista Elia Baltazar. Lunes 22, 17:00 horas. Biblioteca Vasconcelos, Eje 1 Norte, esquina Aldama, Colonia Buenavista. Informes: 9157 2800 ext. 4058.

Confluencia XXI. Ingresos y Egresos, ¿qué hacer? Presentan Rogelio Ramírez de la O, Manuel Hallivis Pelayo, Angel Buendía y Miguel González Avelar. Jueves 25, 18:30 horas. Colegio Nacional de Economistas, Antonio Caso 86, colonia San Rafael.

Revistas

Examen. No. 180, febrero. Dedicado a los derechos humanos. Escriben Nancy Pérez, Ana Luisa Nerio, José Ángel Aguilar, Tania Mijares, entre otros. Emilio Álvarez Icaza habla sobre su experiencia como ombudsman.

Televisión

Discutamos México. Esta semana Rafael Rojas, Antonia Pi-Suñer e Itzel Rodríguez discuten sobre Nacionalismo; Alfredo Ávila, Johana von Grafenstein e Hira de Gortari discuten sobre Los Precursores, y Carlos Herrera, Marta Terán y Ana Carolina Ibarra discuten sobre Los Caudillos. Transmisiones por Canal 11, Canal 22, Radio Educación y las estaciones del Imer. Programación: www.discutamosmexico.com.

FIL del Palacio de Minería

Conferencias

Perspectivas económicas del 2010. Con Eduardo Loría Díaz de Guzmán y Abraham Aparicio Cabrera. Facultad de Economía de la UNAM. Salón B-6. Jueves 25, 14:00 horas. Tacuba 5, Centro Histórico. Informes: 5512 8723.

Refugiados y migración internacional: desafíos a la protección internacional. Con Fernando Protti-Alvarado, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Salón de la Academia de Ingeniería. Jueves 25, 15:00 horas.

La sociedad de la información en México y el INEGI. Con Víctor Noel Hernández Estrella. Auditorio 2. Domingo 28. 14:00 horas.

Mesas redondas

Inconstitucionalidad de la reforma energética: manipulación del proceso. Con Manuel Bartlett Díaz, John Saxe-Fernández y Alfonso Hickman Sandoval. Modera: O. Sarahí Ángeles Cornejo. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Auditorio Sotero Prieto. Viernes 26, 14:00 horas.

Con crisis y sin crisis, el cambio climático es una realidad. Implicaciones sociales, implicaciones económicas. Con Leonardo Lomelí, Luis Miguel Galindo, Eduardo Vega, Roberto Escalante y Fernando Rello. Coordina Rolando Cordera. Facultad de Economía de la UNAM. Salón B-6. Viernes 26, 14:00 horas.

Presentaciones

La gestión del desarrollo local en México: problemas y agenda coordinado por José María Ramos e Ismael Aguilar Barajas. Con Luis F. Aguilar, José Sosa y los coordinadores. El Colegio de la Frontera Norte. Salón El Caballito. Jueves 25, 18:00 horas.

La comedia electoral de Guadalupe Loaeza. Temas de hoy. Presenta la autora. Salón de la Academia de Ingeniería. Domingo 28, 15:00 horas.

Miss narco de Javier Valdez. Aguilar/Santillana. Con Federico Campbell y el autor. Antigua capilla. Domingo 28, 18:00 horas.

Si usted desea difundir algún evento de cultura política, por favor comuníquese al 5628 7245 o escriba a enfoque@reforma.com

Revista Proceso No. 1738

Una historia de amor… y espionaje
Juan Veledíaz

Esta historia guarda una curiosa similitud con el escándalo Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, a mediados en 1974: un grupo de exempleados de servicios de inteligencia gubernamentales son llevados a juicio tras haberse descubierto que realizaban actividades de espionaje político. El contexto: la contienda rumbo a 2012. Detenidos el año pasado, fisgoneaban en las vidas públicas e íntimas de alcaldes, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado…, pero con una inquietante excepción: evitaron husmear en la vida de Enrique Peña Nieto, el priista que ansía la silla presidencial. Esta era la versión de la PGR. Pero es otra la que sostienen los espías –todos exagentes del Cisen– encarcelados. Aseguran que actuaron “por órdenes de Los Pinos” y que sí espiaron al gobernador mexiquense, e incluso a su prometida, la actriz Angélica Rivera.

La llamada fue alrededor del mediodía y no tardó más de un minuto. Del otro lado del auricular una voz anónima denunció que afuera de las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) uno de los empleados había “entregado documentos de manera sospechosa” a un individuo que no trabajaba ahí. Se trataba de un agente especializado en el manejo de “información reservada y datos sensibles”, que aquel 4 de agosto de 2008 fue sorprendido “mientras volteaba nervioso a varios lados para ver quién lo observaba”.

Desde ese momento, Alejandro Rodríguez Rosas, jefe de departamento en la Subdirección de Investigación Metropolitana del Cisen, encargado de partidos y organizaciones políticas, quedó sujeto a vigilancia especial.

En los días siguientes se reportó que se “apreciaron actitudes” que corroboraron la denuncia: el funcionario facilitaba documentos a un grupo de exempleados del Centro que compraban información no sólo al Cisen, sino a personas con acceso a datos restringidos que laboraban en dependencias como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Federal Electoral y hasta bancos y empresas telefónicas.

Este es el inicio de lo que habría de convertirse en una investigación especial, pues se enfocó a un grupo de exfuncionarios del Cisen que trabajaron durante dos décadas en los órganos de inteligencia civil hasta finales del sexenio de Vicente Fox y que, más tarde, durante 2007 y 2008, fueron “reclutados” para efectuar tareas de espionaje contra los principales actores políticos de cara a la elección presidencial de 2012.

Entre los sujetos espiados por este grupo había gobernadores, legisladores y secretarios de Estado, así como presidentes municipales, tanto perredistas como panistas y priistas. Pero en la lista resalta la ausencia de un personaje: Enrique Peña Nieto.

Una investigación ministerial de la Procuraduría General de la República consignada al Juzgado 18 de Distrito, con sede en el Reclusorio Norte, recopiló evidencias que apuntaban al gobierno del Estado de México como presunto responsable de las citadas actividades de espionaje, pero el hilo de la madeja no se siguió, según se desprende de documentos judiciales cuya copia tiene Proceso.

Días antes de la elección federal de julio de 2009, salieron a la luz datos acerca de los espiados; meses después, en noviembre, se difundieron también detalles, recopilados de manera ilegal, en torno a la vida privada de algunos políticos.

La red

La tarde del 9 de septiembre de 2008, Alejandro Rodríguez Rosas llegó al restaurante El Portón de la plaza comercial San Jerónimo. Buscó una mesa y pidió un café. Mientras esperaba hizo un par de llamadas con su teléfono celular. Minutos más tarde llegó un hombre al que saludó de manera amigable. Ambos platicaron poco más de media hora. Antes de despedirse intercambiaron unos sobres amarillos tipo nómina. En uno había documentos; dinero en efectivo en el otro. Quienes los vigilaban alcanzaron a escuchar que el funcionario del Cisen decía: “Muy bien, jefe Dena”.

Días más tarde, Rodríguez salió de su oficina en su vehículo y tomó Periférico rumbo al norte de la ciudad. Nunca se dio cuenta de que lo seguían. Se estacionó en la calle Antonio Cárdenas, a las afueras de una casona en Lomas de Huizachal, por el rumbo del campo militar. Media hora después salió acompañado del mismo hombre con el que fue visto en el restaurante. Ambos llevaban unos fólderes cuando abordaron una camioneta Lincoln que apenas avanzó una cuadra, hasta la calle Felipe Ángeles. Entraron a una casa y al poco rato Rodríguez salió solo, abordó su vehículo y regresó al Cisen.

En otra ocasión, por la noche, el funcionario abandonó su trabajo acompañado de Enrique Zaldívar González, jefe del departamento de Servicios Técnicos. Los dos se dirigieron a la calle Lago Ginebra, por el rumbo de la Torre de Pemex, donde entraron a las oficinas de la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A.

Eso era lo que los agentes comisionados al seguimiento esperaban descubrir. Así que, a finales de septiembre, visitaron las instalaciones de la compañía haciéndose pasar como clientes interesados en contratar sus servicios. Ahí los recibió Luis Miguel Dena Escalera, un individuo que se presentó como director y que resultó ser el mismo con quien días antes habían visto a Rodríguez Rosas.

Comenzaron por preguntar acerca de los costos de la investigación de personas. Dena comentó que “había ciertas investigaciones que resultaban caras”, ya que por lo regular se operaba en ellas con “anuencia de la autoridad”. Así, el costo variaba en función del número de personas a investigar y el cargo que ocuparan, además de que se precisaba contactar con gente que les vendiera “información 100% fidedigna”.

A la reunión se sumó Guillermo Lago Montes, a quien Dena presentó como uno de los directivos de la empresa. Uno de los agentes preguntó cómo se podía obtener información confiable sobre un gobernador. Dena respondió que en esos casos tenían que buscar a sus contactos en la Secretaría de Gobernación: ese tipo de datos se obtenían a través del Cisen. Charlaron un poco más y se despidieron.

Ya afuera de las oficinas, los agentes estacionaron su vehículo en una calle cercana y montaron guardia. Observaron que al anochecer Dena salió acompañado de Lago Montes y que ambos se dirigieron al mismo restaurante de San Jerónimo, donde ya lo esperaba Rodríguez Rosas acompañado de Zaldívar González. Los cuatro sostuvieron una prolongada reunión. Al final, intercambiaron sobres amarillos, unos con documentos y otros con dinero en efectivo.

El búnker

En mayo de 2008, Luis Miguel Dena Escalera buscaba urgentemente una casa para rentar en un lugar tranquilo, fuera del bullicio y tráfico citadino; no quería que se notara que serían oficinas. Encontró un inmueble de dos plantas con jardín en la parte trasera, en una calle cerrada: Alberto Cárdenas, del Huizachal, zona residencial habitada sobre todo por militares retirados. Ante los dueños de la casa se presentó como director de una compañía de seguridad privada. El espacio le pareció ideal para sus “ejecutivos”: era amplio y tenía un cuarto de dos niveles en la parte posterior, junto al jardín, que podría servir de estudio para su novia, una pintora.

Los propietarios del inmueble notaron que Dena portaba varios teléfonos celulares en el cinturón y que conducía un vehículo muy lujoso. Él no se tomó la molestia de revisar las condiciones del contrato. Lo que quería era instalarse a la brevedad.

Al paso de los días, en lo que se formalizaban los detalles del contrato de arrendamiento, Dena comenzó a alardear de que conocía a funcionarios “muy importantes” en el Estado de México y pidió a los dueños del inmueble que le hicieran los recibos a nombre de la empresa de Lago Ginebra. Meses después, cuando la casa fue asegurada por la PGR, urgió a los propietarios a cambiar los comprobantes por otros a nombre de Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, otra empresa “fachada” dedicada a espiar y de la que, a diferencia de la anterior, no aparece acta constitutiva.

A sus 43 años de edad, Luis Miguel Dena Escalera era un hombre de complexión robusta, cabello lacio y de trato cordial que decía vivir en Cancún, Quintana Roo. Su empresa tenía oficinas ahí, al igual que en Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, donde nació. Comenzó su carrera en el servicio público en 1986 en el Instituto Nacional de Migración.

En marzo de 1994 ingresó al Cisen como delegado en Chiapas, pocos meses después del levantamiento zapatista. De ahí ascendió a director de Investigación del organismo en la Ciudad de México, por lo que acordaba con el director general, Jorge Tello Peón, quien a la postre se convertiría en asesor de seguridad de Felipe Calderón. Poco después fue nombrado delegado en la capital, y más adelante tuvo el mismo cargo en el Estado de México.

En su ficha judicial quedó registrado que trabajó en el Cisen hasta el 15 de noviembre de 2005 y que después entró a la Secretaría de Seguridad Pública como coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, cargo al que renunció el 31 de julio de 2006, después de que versiones periodísticas lo vincularan con el narcotráfico.

Algunos meses antes de que Dena rentara el inmueble, uno de sus socios, Yosef Shevah Porat –mayor del ejército israelí especialista en artes marciales y tácticas antiterroristas– había arrendado una casa en Felipe Ángeles, una calle contigua. Este hombre permanecía en el país en calidad de “no migrante” y apareció en registros como “visitante con actividades lucrativas”. Huyó cuando se descubrió que apoyaba a Dena en labores de espionaje.

La casa del Huizachal fue cateada, a raíz de lo cual se encontró una credencial de elector con la foto de Dena Escalera a nombre de Antonio Ricardo Caballero Charón. También se halló equipo sofisticado para realizar grabaciones de audio y video oculto en anteojos, corbatas y carteras, así como aparatos inalámbricos capaces de grabar audio a través de paredes, pisos, puertas y techos. Junto a la documentación que lo acreditaba como “perito en aspectos técnicos y en medidas de seguridad electrónica de la información” aparecieron unos formatos de diploma vacíos, los cuales tenían “antefirmas de diversos funcionarios del Estado de México”.

El equipamiento de la casa de la calle Antonio Cárdenas con tecnología de punta para espiar se realizó durante julio de 2008. El encargado de ello fue Zaldívar González, especialista del Cisen. De acuerdo con el testimonio judicial de uno de los técnicos que participó en dicho equipamiento, los sistemas informáticos tenían una página web con los mismos datos e información que usaban en el Cisen, y “clonaron” el software donde se resguardaban los “panoramas informativos”, las “agenda de riesgos”, el “panorama nacional”, los “ciclos de inteligencia” y la “guía para realizar entrevistas en materia de inteligencia”, así como la “guía para utilizar la técnica de sonsacamiento en materia de inteligencia”, entre otros aspectos.

Los panoramas, las notas informativas y las sinopsis de Estado o de personas las realizaban con información de radio, televisión, internet, diarios y revistas, pero también privilegiaron “fuentes cerradas o confidenciales de acceso restringido” y la “intercepción de comunicaciones privadas”.

Junto a Dena, encabezaron la estructura de espionaje varios de sus viejos conocidos del Cisen, como Guillermo Lago Montes, un exempleado de Gobernación que laboró en distintas áreas de inteligencia de noviembre de 1980 a abril de 1993 y que, tras renunciar a la dependencia, se dedicó a brindar “consultorías privadas”, por las que llegó a cobrar hasta 150 mil pesos al mes.

En dicha estructura también figuraban Miguel Ángel Solís Hernández, exagente enfocado al estudio “sociopolítico de la información”; Alfredo Ávila Uribe, empleado de Gobernación de enero de 1986 a septiembre de 1993, especialista en “subversión” y temas “delictivos”; José Tagle Balderas, agente del Cisen de 1993 a 2006, donde planeaba estrategias de investigación.

Estos dos últimos sujetos, según el expediente judicial citado y cuya copia tiene Proceso, trabajaron en la coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva hasta 2007. A todos ellos se sumó Alejandro Rodríguez Rosas, quien desde 1991 era empleado activo del Cisen, donde fue subordinado de Dena entre 2005 y 2006. Él renunció “voluntariamente” al Centro el pasado 15 de febrero de 2009, poco antes de ser detenido.

Además de sus “ejecutivos”, Dena contrató a un grupo de “analistas”. Una de ellas, Adriana Morales Rodríguez, dejó un testimonio judicial. Reveló que a la información recopilada tenía que dársele un formato con puntos a desarrollar, como “sinopsis, vínculos, relaciones afectivas, información general, fortalezas, debilidades o vulnerabilidades, y la trayectoria profesional del indagado”. También, dijo, los analistas anexaban datos “confidenciales”, como domicilio, enemistades, lugares que frecuentan en su vida pública, situación patrimonial (bienes y cuentas bancarias), trayectoria laboral, vulnerabilidades profesionales y personales, vínculos políticos, teléfonos celulares y fijos.

Con esta información, los “ejecutivos” obtenían las llamadas “sábanas” o “edredones”, que eran los listados de números y llamadas entrantes y salientes, útiles para obtener lo “relevante”, es decir, información que alimentaba un programa de cómputo que permitía establecer gráficamente la “red de vínculos” de los espiados.

Los “panoramas” se elaboraban mediante intervenciones telefónicas que les permitían a los espías acceder a aspectos de la vida privada. A estos archivos de audio les llamaban “canciones”, y la “lista de artistas” incluía a personajes como Fidel Herrera Beltrán, el gobernador priista de Veracruz; Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Beatriz Paredes, presidenta Nacional del PRI; Germán Martínez Cázares, a la sazón dirigente nacional del PAN; el legislador panista Santiago Creel, el priista Manlio Fabio Beltrones y el perredista Carlos Navarrete, además del excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador; Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, y el perredista Alejandro Encinas, entre otros, de cuyos casos dio cuenta la prensa en julio y noviembre pasados.

“Huellas” mexiquenses

“Hay que esperar a que (el caso) se enfríe un poco”. Eso es lo que, según los defensores de uno de los afectados por el aseguramiento del inmueble de la calle Antonio Cárdenas, les dijo un funcionario de la PGR cuando se presentaron a reclamar la devolución de la casa. Habían pasado varios meses desde que exigieron a la dependencia responder por qué había sido asegurado el lugar.

La PGR no quiso obedecer al juez de distrito que ordenó en su sentencia de amparo dar detalles sobre la investigación, dice uno de los litigantes.

La actitud de la dependencia también extrañó al juzgado donde se consignó el caso, no sólo por las implicaciones políticas de los delitos por los que se dictó formal prisión a Dena y a 11 coacusados (una sobrina suya entre ellos, Teresita de Jesús Flores Dena, copropietaria en una de las empresas), sino porque quedaron sin concluir varias líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de quienes financiaron cada bloque de espionaje, valuado cada uno entre 350 mil y 450 mil pesos.

En uno de los cateos a las cuatro casas que se aseguraron como parte de las indagatorias se encontró un “contrato de prestaciones de servicios entre Laura Elena Ortiz Chapa y Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A.”. Estaba junto a un engargolado con la leyenda “Centro de Información y Seguridad, CISET, agosto de 2008”, un órgano autónomo del gobierno estatal. En otro inmueble se localizó el “seguimiento” telefónico hecho a la actriz Angélica Rivera, prometida del gobernador mexiquense, y una serie de “encuestas” sobre el mandatario.

En el domicilio del exempleado del Cisen Guillermo Lago Montes, localizado en la calle Luis Cabrera, las autoridades encontraron grabaciones de las llamadas telefónicas hechas por la misma actriz junto con otros audios y documentos relativos a ella. En otro de los domicilios cateados en la colonia Popo hallaron reportes sobre los “avances en la transcripción de audios de Gaviota”. En varias ocasiones, según el expediente, la señora había señalado que sabía que sus conversaciones eran espiadas.

En lo que atañe a Dena Escalera, en su computadora personal se encontró una serie de trabajos de su autoría para el gobierno del Estado de México. Uno de ellos se titula Sectores de información para la Agenda de Riesgos del Estado de México, con los apartados: “Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Político, Laboral, Empresarial, Campo, Educativo, Cultos, Popular, Seguridad Pública, Subversión, Contrainteligencia, Medios de comunicación”.

En el rubro de Contrainteligencia, realizó un seguimiento especial a las “actividades de inteligencia” del Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública federal y “organismos extranjeros”.

Cuando el pasado 21 de enero la PGR efectuó una diligencia para devolver el inmueble de la calle Antonio Cárdenas a sus propietarios, los agentes federales tuvieron que llegar con una mudanza para llevarse el mobiliario y los equipos, y contrataron una grúa para sacar una camioneta Lincoln asegurada.

A la basura no le hicieron caso. En algunos botes aparecieron documentos que detallan cómo Dena y sus “ejecutivos” se preparaban para darle seguimiento a las elecciones de 2012. Alguien anotó en una hoja amarilla, fechada en septiembre de 2008, que tenían previsto un estudio de la última jornada electoral mexiquense para ubicar tendencias y solicitar información al IFAI sobre sus “objetivos”.

Las órdenes venían “de Los Pinos”
Jorge Carrasco Araizaga

Acusados de montar una vasta red de espionaje cuya organización y financiamiento, de acuerdo con datos de la PGR, podría implicar al gobierno del Estado de México, exfuncionarios de los servicios de inteligencia que estuvieron en ella responsabilizaron en cambio a la Presidencia de la República de las actividades de seguimiento de decenas de personajes públicos desde el inicio de la administración de Felipe Calderón.

Dos de los principales acusados, Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, aseguraron que la Oficina de la Presidencia fue el origen del espionaje que se realizaba desde domicilios del Distrito Federal y del Estado de México.

“Jamás actuamos solos. Lo que hicimos se nos ordenó desde Los Pinos y se operó con el apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional” (Cisen), manifestaron los espías que trabajaron más de una década para el Cisen y la Policía Federal Preventiva (PFP).

En agosto pasado, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) buscaba aprehenderlos junto con otros 11 coacusados, ambos exagentes se acercaron a Proceso para responder a las imputaciones que semanas antes había filtrado la dependencia a cargo de Eduardo Medina Mora.

Dena Escalera y Rodríguez Rosas intentaron entonces desmontar las acusaciones de la PGR en su contra como los principales responsables del espionaje descubierto a partir de la denuncia penal que presentó, el 13 de junio de 2008, el senador del PRI Manlio Fabio Beltrones, quien fue sólo uno de las decenas de personajes públicos espiados.

Cuando se disponían a ofrecer pruebas de sus señalamientos, a finales del año pasado, los exagentes fueron capturados. Sometidos a proceso judicial, se encuentran detenidos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Poco antes de ser aprehendidos, en diversas conversaciones telefónicas con este medio dieron su versión sobre las actividades que desarrollaban y la manera en que operaban. Aseguraron que el objetivo fue crear una estructura de espionaje fuera de los servicios de inteligencia para que pudiera desempeñarse con más facilidad y sin riesgo político.

Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, quien laboró con Dena Escalera en el Cisen y en la Coordinación de Inteligencia de la PFP, explicó: “Un grupo de personas que habíamos trabajado en servicios de inteligencia fuimos organizados para hacer estas actividades. Las órdenes las recibíamos de la Oficina de la Presidencia”.

Durante el supuesto reclutamiento, la Oficina de la Presidencia estaba a cargo de Juan Camilo Mouriño, quien en enero de 2008 fue designado por Calderón como titular de la Secretaría de Gobernación, a la que está adscrito el Cisen, cuyo director desde el inicio del sexenio es Guillermo Valdés Castellanos.

De acuerdo con la propia PGR, en noviembre de ese año –cuando Mouriño murió en la Ciudad de México– el grupo seguía espiando, a pesar de que habían pasado cinco meses desde la denuncia de Beltrones, quien fungía como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Rodríguez refirió que el grupo siguió espiando aún después de la muerte del secretario de Gobernación y puntualizó que el contacto con Mouriño era a través de Yolanda Esparza, “quien era la secretaria de todas sus confianzas”.

(Yolanda Esparza López fue la secretaria de Mouriño en el Grupo Energético del Sureste, en Campeche. Después se convirtió en su secretaria particular. Cumplió esa función en la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. A la muerte de Mouriño, pasó al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. En el IMSS, Esparza López trabajó hasta el año pasado en la secretaría particular de la Unidad de Vinculación.)

Rodríguez insistió: “Tan teníamos el respaldo de la Presidencia y del Cisen, que los equipos con los que operamos tenían número de inventario de la Dirección General” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Mencionó los nombres de más de 50 personas a las que espiaron “por órdenes de la Presidencia”. Según su dicho, se trató de políticos oficialistas y opositores, miembros del gabinete, funcionarios de organismos autónomos, abogados, ejecutivos, periodistas…

Reveló que el escándalo desatado en febrero de 2009 contra el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Luis Téllez, fue resultado de las grabaciones hechas por ese equipo de espías gubernamentales.

De acuerdo con Rodríguez, además de Téllez y los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para ese caso también fueron espiados el abogado Juan Velásquez y el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé.

Aseguró que como resultado de su espionaje, contaban con “numerosos expedientes” y copiosa documentación almacenada en cintas magnéticas, grabaciones digitales y videos. Disponían también de fotografías y números de cuentas bancarias de los espiados.

Téllez no fue el único miembro del gabinete sometido al espionaje presuntamente ordenado desde la Presidencia. Rodríguez dijo que la misma suerte corrieron el secretario del Trabajo, Javier Lozano; el entonces director del IMSS y sucesor de Téllez en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, al igual que otro personaje que se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Miguel Alessio Robles, hoy consejero jurídico de la Presidencia.

Según el exespía, se dio asimismo seguimiento a personal de Los Pinos. Mencionó el caso del propio secretario particular de Calderón en ese momento y actual presidente del PAN, el diputado César Nava. Su antecesor en el partido, Germán Martínez, también estuvo en la lista.

Otros panistas que citó fueron los senadores Santiago Creel Miranda, Federico Döring y Fernando Elizondo –quien fue secretario de Energía con Vicente Fox–, así como el actual gobernador de Sonora, el exsenador Guillermo Padrés. Rodríguez destacó entre los espiados al entonces litigante Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación.

Las líneas telefónicas del Centro Fox, en Guanajuato, también fueron intervenidas, como las de otro personaje cercano al expresidente, Guillermo Velasco Arzac.

A decir del acusado, aliados electorales de Calderón tampoco se salvaron, en particular Elba Esther Gordillo, su hija Mónica Arriola y el diputado del Partido Nueva Alianza Jorge Kahwagi. Lo mismo pasó con los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

En el caso del PRI, además de Beltrones los exespías gubernamentales aseguraron haber dado seguimiento a las actividades de la presidenta del partido, Beatriz Paredes; del hoy exgobernador de Sonora Eduardo Bours, y del aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

La inclusión del gobernante mexiquense contrasta con la versión de la PGR, según la cual el espionaje se originó en el Estado de México, aunque la misma dependencia ha filtrado la información de que la actriz Angélica Rivera, La Gaviota, pareja sentimental de Peña Nieto, también fue espiada.

Desde luego, dijeron los exagentes, en su lista estaban el “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el presidente del PRD, Jesús Ortega.

Especial atención dedicaron a los colaboradores más cercanos de López Obrador: José Agustín Ortiz Pinchetti, Octavio Romero y el diputado perredista Alejandro Encinas. Los tres formaron parte del gabinete de López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. Otro de los espiados fue el ahora diputado del PT Gerardo Fernández Noroña.

Por lo que respecta al gobierno de Marcelo Ebrard, siguieron los pasos del procurador general de Justicia del DF, Miguel Mancera, y del secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón.

Fuera de partidos, gobierno y Congreso, aseguraron que intervinieron igualmente las comunicaciones de quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Carlos Salinas, José Córdoba Montoya, y del exprocurador Ignacio Morales Lechuga, notario de los empresarios Carlos Ahumada y Zhenli Ye Gon.

Por lo que se refiere a los periodistas espiados, mencionaron los nombres del conductor de Televisa Joaquín López Dóriga; del director de El Universal, Jorge Zepeda Patterson; del director de la revista electrónica Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza; de la editora de la sección de Estados de La Jornada, Mireya Cuéllar, y de Alfonso Millares, a la sazón directivo de la agencia Notimex.

Requeridos para dar pruebas de sus aseveraciones, los acusados proporcionaron a Proceso los números telefónicos de una veintena de las personas sometidas a espionaje. Los teléfonos, en efecto, pertenecen a los señalados.

Las acusaciones

Según Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, ellos se escondieron en diversos estados del país, y pretendían entregarse a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal luego de dar a conocer públicamente parte de sus investigaciones cuando, a finales de noviembre de 2009, el Segundo Tribunal Unitario de Procesos Penales Federales ordenó abrir el proceso penal en su contra.

Junto con Dena Escalera y Rodríguez Rosas, el magistrado Ricardo Paredes Calderón dictó auto de formal prisión contra Teresita Flores Dena –sobrina del exfuncionario del Cisen–, Guillermo Lago Montes y José Tagle Balderas, ambos exempleados del centro de investigación dependiente de la Secretaría de Gobernación. Tagle Balderas trabajó además en la PFP con Dena Escalera.

Todos están acusados de asociación delictuosa, y a cuatro de ellos –con excepción de Rodríguez– se les fincó además el cargo de intervención de comunicaciones privadas. Dena y Lago son procesados asimismo por cohecho, y Rodríguez, por copiado de información propiedad del Estado, en particular del Cisen.

En total, de acuerdo con la PGR, en esa red participaban por lo menos 13 personas, varios de ellos exfuncionarios del Cisen, de la PFP y de la Secretaría de Hacienda. Entre los acusados se halla igualmente el comercializador israelí de armas y equipo de espionaje Yosef Shevah Porat, Sharon.

La versión que ha sugerido la PGR desde que, el 2 de julio del año pasado –en vísperas de las elecciones federales intermedias–, el periódico Reforma publicó parte del expediente, es que Dena Escalera y Rodríguez Rosas integraron una red de espionaje que podría implicar al gobierno del Estado de México y que estaba dirigida contra políticos priistas, particularmente “contra aquellos que son antagonistas del gobernador Enrique Peña”.

El diario informó que el 6 de noviembre de 2008 –dos días después de la muerte de Mouriño– la PGR cateó dos domicilios en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde se procesaba la información obtenida mediante espionaje, al igual que un domicilio en la colonia Popo, en el Distrito Federal.

La PGR indicó que los acusados usaban como fachada la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, que obtuvo su permiso de operación en 2007 de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna.

Manifestó que también se valían de la empresa Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, y dijo que en una de las instalaciones encontró equipos de lanzagranadas, al parecer vendidos por Sharon, quien escapó del país con un pasaporte falso, según la propia dependencia.

En julio de 2009, Medina Mora declaró que la PGR había incautado en dos “casas de seguridad” de Naucalpan computadoras que tenían más de 200 mil páginas de información sobre las personas espiadas.

En posteriores filtraciones, la PGR ha señalado que, además de los priistas, fueron espiados miembros del gobierno de Felipe Calderón; entre ellos, el propio Mouriño y quien fungía como secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, actual secretario de Hacienda.

Refirió que en la misma situación estuvieron el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, ahora director de Pemex Gas y Petroquímica, y el expresidente del PAN Manuel Espino.

En el caso del PRI, aparte de Beltrones, la PGR enlistó al senador Francisco Labastida y a los gobernadores Mario Marín, de Puebla; Fidel Herrera, de Veracruz, y Humberto Moreira, de Coahuila.

La PGR sostiene que antes de la denuncia de Beltrones ya había integrado una averiguación previa en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con el número 83/UEIDCSPCAJ/2008.

A esa averiguación sumó la 97/UEIDCSPCAJ/2008, abierta por la acción judicial del senador priista, quien interpuso la demanda “contra quien resulte responsable”.

Según la PGR, ambas averiguaciones apuntan al Estado de México.

Funcionarios y policías en las narcorredes de la entidad
Ricardo Ravelo

La mañana del 20 de agosto de 2008, Noé Sánchez Avendaño comenzó a recibir varias llamadas telefónicas en su celular por parte de sus socios Josué Alexis Aguilar Trujillo, El Kiko, así como de Silverio Romero Varela, El Chino. Los tres eran miembros de una banda dedicada al narcomenudeo afincada en 15 municipios del Estado de México y que opera con la presunta protección de la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la delegación de la PGR y Los Zetas.

Sánchez Avendaño trabajaba como técnico radiólogo en un hospital de Toluca, la capital mexiquense, pero el dinero fácil pronto lo deslumbró. Entonces decidió meterse al narco.

Sus conexiones llegaron muy alto, tanto que, antes de ser asesinado, administraba 15 tienditas, se ligó a Los Zetas y, de acuerdo con su declaración ministerial, rendida como testigo protegido de la PGR (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08), el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, permitió el posicionamiento del cártel de La Familia en toda la entidad y ordenó echar a Los Zetas del territorio mexiquense, lo que derivó en disputas y muertes, según refirió.

Aquella mañana, Sánchez Avendaño se acicalaba para salir a realizar sus actividades de costumbre. El teléfono sonaba y sonaba, hasta que por fin contestó. Del otro lado del auricular una voz era insistente:

–Queremos verte, Noé. Tenemos un dinero para ti y una información que darte.

–¿Qué información? –preguntó a sus amigos un tanto abismado.

–No te podemos decir por teléfono. Nos urge verte. Nos vemos a las siete de la noche en La Marquesa…

–Está bien. Ahí nos vemos.

Semanas antes de su muerte, Noé Sánchez había acudido a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para denunciar el secuestro de su hermano Mizraím Jonathan, de 28 años, quien supuestamente fue plagiado por miembros de la organización delictiva La Familia michoacana, quienes comenzaban a “limpiar” la plaza de Zetas y a coludirse con las autoridades mexiquenses para sentar sus reales en la entidad, lo que más tarde lograron.

Con base en la denuncia interpuesta por Noé Sánchez, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/208/09, en la que el denunciante reconoció que tanto él como su hermano se dedicaban al narcomenudeo, por lo que la PGR determinó retenerlo. Luego se acogió al programa de testigos protegidos bajo el argumento de que “ya estaba harto de estar metido en ese negocio”.

Así fue como la PGR tuvo conocimiento de que el entonces delegado de la institución, José Manzur Ocaña –oficialmente declarado prófugo de la justicia –protegía una red dedicada a la venta de droga que operaba en 15 demarcaciones del estado de México con el apoyo de las policías estatal y federal.

A través de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08, la PGR también conoció los pormenores de los vínculos que comenzaban a tejer miembros de la organización delictiva La familia michoacana tanto con Manzur como con agentes estatales y miembros de la escolta del actual secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, cuyo entorno se ha visto envuelto en sospechas por las presuntas complicidades de su personal de confianza con el narcotráfico (Proceso 1664).

Las declaraciones del testigo protegido Noé Sánchez ante la SIEDO pronto comenzaron a cobrar forma en la realidad: el 11 de junio de 2008, por ejemplo, fue asesinado Braulio Hernández, quien se desempeñaba como escolta de Cuitláhuac Ortiz –exdirector de la Policía Ministerial y exescolta de Benítez Treviño –quien también fue ejecutado por su presunta relación con el tráfico de drogas.

Según las investigaciones de este caso, a Cuitláhuac Ortiz lo ejecutó el policía Manuel Magaña García, El Gris, quien dependía del comandante Javier García Carrasco, éste señalado como uno de los múltiples filtros de información al servicio de La Familia.

Junto al cadáver de Braulio Hernández apareció un mensaje de La familia en el que se atribuían la ejecución de Hernández y lanzaban una amenaza al gobierno de Peña Nieto que rezaba: Con la familia no se juega, vayan preparando el traje con el que se van a morir”.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08, integrada a raíz del plagio de Mizraím Jonathan, hermano de Noé, se conoció el rompecabezas del narcotráfico que actualmente opera en el Estado de México.

Noé Sánchez Avendaño dijo, por ejemplo, que él se dedicaba al cobro del dinero que se obtenía por la venta de droga y que lo entregaba a un agente federal de nombre Arturo Clímaco, presunto enlace entre Manzur Ocaña y esta red de narcotráfico.

Expuso, además, que cuando él trabajaba (para el narco) recibía protección de policías estatales y federales; de la delegación de la PGR y de Los Zetas, quienes hasta 2008 dominaban el estado.

Actualmente, la tarea que realizaba Noé Sánchez la efectúa su exsocio y presunto homicida, Josué Alexis Aguilar Trujillo, El kiko, quien opera para el cártel de La Familia. Este personaje fue uno de los que citó a Sánchez en La Marquesa aquel 20 de agosto de 2008.

La SIEDO también tiene informes –cuyas copias pudo obtener Proceso –de los principales vendedores de droga que operan en la ciudad de Toluca con protección oficial, así como de los expendios donde se comercia con psicotrópicos: cocaína, crack, cristal, heroína y mariguana.

Dichos informes señalan, por ejemplo, que uno de los “puchadores” (vendedores de coca) se llama Eric Tapia Aldana y se le conoce en el mundo del hampa como El Kualis. Según su ficha, tiene su domicilio en Islas del Padre 715, esquina con Lago Caimanero.

Otro es Leonardo Muciño Camacho, Marioni, quien opera junto con otro sujeto que en el informe es referido como El Cone. Según el reporte que recibió la SIEDO, estos presuntos narcotraficantes tienen antecedentes por homicidio y están libres, pues a menudo se les ve a bordo de un carro Tsuru con placas GZM 3524 del estado de Guerrero.

También utilizan un Mustang negro (americano) y un Sable gris con placas LZH 6059 y LXU 9318, respectivamente, del estado de México. Todos ellos trabajan, de acuerdo con el reporte recibido en SIEDO, para El Kiko, quien “es el proveedor de droga de todas las narcotienditas” y tiene como socios a dos de sus hermanos, quienes en el documento son mencionados como El Chagui y Jovany, sus alias.

Sobre las llamadas narcotienditas, una de ellas opera tanto de día como de noche en el barrio de la Veracruz, el cual se ubica en la vialidad Adolfo López Mateos 405; otra está en la carretera Toluca-Tenango, “en la esquina con la desviación a Colimada. Otra funciona en la vialidad Alfredo del Mazo sin número, a un lado del bar “JS”, en Toluca.

Para Noé Sánchez Flores, padre del testigo Noé, fue sorprendente la prosperidad de su hijo. “Vestía muy bien y siempre traía carros diferentes, pero nunca me imaginé que estuviera relacionado con el narcotráfico”, dijo.

–¿A qué se dedicaban sus hijos Noé y Miz­raím? –se le pregunta en entrevista con este semanario.

–El mayor, Noé, era técnico radiólogo del hospital San Juan, en Toluca, y el otro se dedicaba al comercio, vendía ropa en tianguis.

Añade: “A mi esposa y a mí siempre nos llamó la atención su rápida prosperidad, pero nos decía que trabajaba para un licenciado cuyo nombre no conocimos sino hasta tiempo después.

–¿Quién era el licenciado? –se le inquiere.

–Era José Manzur, el delegado de la PGR en el Estado de México.

Tiempo después, el cártel de La Familia entró en pugna con Los Zetas –primeros en afincarse en la plaza –hasta que aparentemente fueron desplazados.

En su calidad de testigo protegido, el propio Noé Sánchez Avendaño reconoció dedicarse al tráfico de drogas y a la administración de varias tienditas localizadas, según dijo en su declaración, en los municipios de Toluca, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, San Mateo Oxtotitlán, Tuhuitlán, Amecameca, Cuautitlán, Ixcali, entre otras demarcaciones.

También declaró ante la SIEDO que las propias autoridades estatales permitieron la entrada de La Familia michoacana a la entidad, quienes se enconaron con Los Zetas y finalmente terminaron dominando la plaza a base de violencia, secuestros y muertes.

Precisamente a esas pugnas el propio Noé Sánchez atribuyó el secuestro de su hermano Mizraím Jonathan Sánchez, quien fue “levantado” por agentes estatales al servicio del cártel de La Familia el 25 de junio de 2008, cuando comía en una tortería.

Después del secuestro de Mizraím fueron detenidos varios agentes federales y estatales implicados en el plagio. Uno de ellos, Gabriel García Carrasco, El Chícharo, declaró ante la SIEDO que tanto él como otros policías secuestraron al hermano de Noé Sánchez y “lo entregamos vivo a La Familia michoacana”.

En una carta fechada el 8 de septiembre de 2008, que fue enviada a la SIEDO, Rubén Sánchez Flores y María de la Luz Avendaño –padres de Noé y de Jonathan Sánchez –afirman que se enteraron del secuestro de su hijo Jonathan el 25 de junio de 2008, y responsabilizan del plagio a los miembros del cártel de La Familia y a la policía del Estado de México, pues aseguran que está coludida con el narcotráfico.

Y añaden: No omitimos señalar que desde esa fecha comenzaron a amenazarnos vía telefónica y a exigirnos diferentes cantidades de dinero para la devolución de mi hijo Mizraím, hasta un millón de dólares, por lo que negociamos el pago de seiscientos mil pesos a los señores Pedro Guevara y Felipe “N”, quienes al parecer son elementos activos de la Agencia Federal de Investigación o de la Policía Ministerial (del Estado de México).

El pago, dice la misiva, se hizo a las personas referidas a través de Noé Sánchez, sin embargo, no fue devuelto nuestro hijo Mizraím y tanto a nosotros como a mi hijo (Noé) nos decían que ya lo habían matado, confundiéndonos y haciéndonos vivir con miedo y temor, pues nos repetían que seguíamos nosotros si no pagábamos otros cuatrocientos veinte mil pesos…Y nos hablaban de nuestras nueras y nuestros nietos, contando con mucha información sobre nosotros, por lo que decidimos llevar a cabo otra negociación para que liberaran a nuestro hijo.

De esa nueva negociación dan cuenta más de 30 grabaciones entre los padres de Mizraím, el hijo mayor –Noé –y los plagiarios, entre quienes aparece la voz de un personaje llamado René Calderón López, Enero, miembro de La Familia, a quien las autoridades del Estado de México supuestamente detuvieron el 2 de febrero último, pero los padres de Noé Sánchez afirman que “la persona que fue presentada como Enero no es la que secuestró a su hijo Jonathan”.

Después de concluir las negociaciones, los padres de Jonathan dicen en su carta que acordaron con los secuestradores realizar un pago de 420 mil pesos adicionales, los cuales fueron llevados por Noé en un sobre. Como ya habían hablado con la policía, al momento de la entrega fueron detenidos varios miembros de la banda, por lo que se agudizó aún más el suplicio que vivía la familia.

Narran en su carta: Por tales razones nos vimos obligados a salirnos y a abandonar nuestras pertenencias y nuestros inmuebles que tenemos en la ciudad de Toluca, llegando a hoteles y finalizando en una casa amueblada conseguida en renta para poder vivir y economizar gastos, ubicada en Cuernavaca, Morelos, lo cual fue mermando nuestros pocos ingresos, pues desde entonces nos hemos ocupado de los dependientes de mis hijos en virtud de que toda la familia ha sido amenazada de muerte.

Cita con la muerte

La tarde cayó aquel 28 de agosto de 2008. Noé Sánchez Avendaño se preparaba para su cita con sus socios Josué Alexis Aguilar Trujillo, El Kiko, y Silverio Romero Varela. Antes de la cita, Sánchez Avendaño acudió a la SIEDO para que autorizaran a César Noé Nava y Luis Enrique Ramírez –dos agentes de la AFI que eran sus escoltas –el traslado hacia La Marquesa, lo que ocurrió cerca del mediodía.

Al llegar al restaurante, Noé Sánchez fue recibido a balazos. Tanto él como sus dos escoltas fueron masacrados presuntamente por Aguilar Trujillo y Romero Varela, pues de acuerdo con sus familiares “las autoridades del Estado de México no le perdonaron que haya delatado toda la red de narcotráfico que protege el gobernador Peña Nieto”.

Para investigar estos hechos, la SIEDO integró la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08. A poco más de un año de estos hechos, los crímenes tanto de los afis como del testigo protegido Noé Sánchez siguen impunes, lo mismo que la red de narcomenudeo que, según denunció Sánchez, es protegida por el gobierno estatal.

Antes de ser asesinado, y en su calidad de testigo protegido, Noé Sánchez escribió una carta que pretendía enviar a la empresa Televisa. El texto, cuya copia está en poder de Proceso, dice:

Noticieros Televisa: Siendo originarios del Estado de México nos dirigimos respetuosamente a ustedes para denunciar la problemática del narcotráfico en la entidad antes mencionada…Somos un grupo de personas las cuales nuestros hijos han caído en las promesas (de) gente dentro del gabinete del señor gobernador Enrique Peña Nieto (que) tienen nexos con el narcomenudeo y además reclutan (a) jóvenes que por la ansiedad de ganar dinero fácil caen en esa red que ellos controlan y dirigen…

…Quienes no se someten o aceptan pagar renta o protección policiaca, llámese ministerial, municipal o federal (AFI, PFP, PGR) ahora han coludido sus actividades delictivas uniéndose a otra organización criminal llamada La Familia michoacana, quienes se encargan de torturar, secuestrar, matar y amenazar a los demás jóvenes reclutados que desobedecen a este grupo delictivo.

Hacemos mención de algunos nombres de ellos: José Manzur Ocaña (exdelegado de la PGR en el Estado de México), Humberto Benítez Treviño, Pedro Guevara, Faustino Piña, comandante Huerta, comandante Ingaes… Todos ellos son algunos de los que controlan y brindan protección a los narcomenudistas y distribuidores en las localidades de Metepec, Zinancatepec, San Mateo Atenco, Calimaya, Lerma, Ixtapan de la Sal y Tenango.

Geografía del terror

La información y la reflexión sobre el creciente poder del narcotráfico en México se impone en las agendas políticas –secretas o públicas– y en las conversaciones cotidianas. Por eso los medios de comunicación lo han convertido, inevitablemente, en su principal eje temático.

No se trata de una maniobra perversa: implica seguir la ruta del dinero, la escala del poder, el entramado de complicidades y de la impunidad. Este hilo negro lleva prácticamente a todas las zonas oscuras de nuestra sociedad: desde el tráfico de influencias, el financiamiento ilegal de campañas y la corrupción policiaca y militar, hasta los ajustes de cuentas y el lavado de dinero.

El libro El México narco (editorial Planeta, Temas de Hoy) es un intento de darle forma al grueso caudal informativo generado desde hace décadas, pero sobre todo desde que el presidente Felipe Calderón decidió darle preeminencia al enfoque militarista de la lucha contra el narcotráfico. Por eso este material, que originalmente fue publicado en las ediciones especiales 24 y 25, publicadas en 2009 con el mismo título, se editó de forma que conservara su impulso periodístico.

Bajo la coordinación del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, los reporteros de este semanario averiguaron los antecedentes históricos, la situación actual y la magnitud de los cárteles en cada región y estado, e incluso en las ciudades más disputadas por ellos, como es el caso de Ciudad Juárez, martirizada por el narco y por la descontrolada intervención militar.

El libro abre con una revisión de la historia reciente, a cargo de Ricardo Ravelo, para ubicar los tiempos y los lugares de origen de las bandas que se enriquecieron y evolucionaron en organización hasta convertirse en los temibles cárteles de Tijuana, de Juárez y de Sinaloa, que se consolidaron con sus estructuras paramilitares y se procuraron la protección de la policía, el Ejército y las autoridades locales.

A partir de ahí, por estados y en orden alfabético, cada reportero hace la crónica de las confrontaciones, las alianzas y los crímenes que poco a poco se extendieron por ciudades, pueblos y rancherías, desde las áreas cultivables hasta los destinos turísticos.

En este aspecto, el libro es distinto de otros que cuentan historias entresacadas del submundo de la delincuencia organizada. Se trata de un trabajo periodístico en el que muchas de esas historias, en sí mismas dramáticas, se muestran en su contexto social y político, lo cual las hace todavía más preocupantes porque se revelan como expresiones, terribles pero no únicas, del altísimo grado de violencia y degradación que postra al país.

Información documentada, más allá del interés partidista de sesgar las versiones o del afán oficial de negarla. Hablan los hechos, estruendosos como disparos. Aunque ninguna evidencia puede evitar que los jefes policiacos o militares, o el propio presidente, digan después de leer datos como estos: Sigamos con el programa...

En El México narco se cuentan los orígenes de las organizaciones que hoy tienen al país en jaque, la trayectoria de los principales cabecillas, sus principales batallas y sus más sonados crímenes. Por otro lado, o del mismo lado, se indagan las acciones de las autoridades y las llamadas fuerzas del orden, coprotagonistas de esta guerra como verdugos y como víctimas, según la ocasión. Los únicos que siempre son víctimas de esa violencia son la sociedad civil y sus derechos.

El coordinador del volumen describe así el clima social que se ha ignorado olímpicamente en la estrategia contra el narco: “... demasiada violencia, demasiados muertos, demasiada sangre, demasiados descabezados, demasiados torturados... Pero con decenas de miles de soldados y de policías en las calles, con decenas de miles de sicarios dispuestos a matar o a morir, con millones de familias en la pobreza extrema, con millones y millones de jóvenes en la desesperanza, hoy en México nada es demasiado”.

Tampoco los capos tienen medida. De los militares que corrompieron y de aquellos que se integraron a sus bandas, aprendieron a utilizar granadas, bazucas y ametralladoras de grueso calibre. Pero también están atacando a la sociedad con propaganda y desinformación –que suelen ir ensambladas–, además de su más poderosa arma, que es el silencio.

Los cárteles quisieran acallar a los medios para que grite el miedo, y en estados como Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas esto les sale barato, ya que algunas obcecadas acciones y omisiones gubernamentales intensifican el poder intimidatorio del silencio, que destruye fortalezas sociales, como la defensa de los derechos civiles, al tiempo que otorga facilidades al crimen y a la corrupción.

Por eso El México narco se publica también como un homenaje a los 56 periodistas que, según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, han sido muertos por el crimen organizado en lo que va de la década. (CAJ)

El Chapo en la mira... de la DEA
Ricardo Ravelo

En México se pasea con total libertad, e incluso públicamente, pero las autoridades de Estados Unidos lo siguen en varios países. A la inacción de México para lograr la captura de El Chapo Guzmán se antepone el trabajo de inteligencia de la DEA, que ha permitido desmantelar laboratorios de droga y capturar a varios de sus operadores en México y Colombia.

E l entorno criminal de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, está en crisis: nueve años después de su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, enfrenta denuncias, detenciones, decomisos cuantiosos y un seguimiento constante de sus actividades. La información proviene de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las cuales parecen tender un cerco que, por lo pronto, encendió los reflectores en Colombia, el principal país proveedor de droga de los cárteles mexicanos.

Tan pronto se fugó de Puente Grande la tarde del 19 de enero de 2001, El Chapo se refugió con los hermanos Beltrán Leyva (hoy sus acérrimos rivales) y recibió el respaldo de Ismael El Mayo Zambada.

Meses después fraguó uno de sus planes más ambiciosos con miras a la consolidación de su proyecto narco-empresarial, aunque para lograrlo tuvo que romper sus viejos vínculos con el cártel de Juárez y con Vicente Carrillo Fuentes, jefe de esa organización con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según una carta firmada por un lugarteniente de los hermanos Beltrán Leyva (enviada a la Presidencia de la República en octubre de 2004 e integrada a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/013/2005), El Chapo convocó a una reunión en Monterrey, Nuevo León, a sus socios Ismael Zambada García, El Mayo; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

El motivo del encuentro, indica la carta, era “planear el crimen de Rodolfo Carrillo Fuentes”. El propósito: culpar a Los Zetas para “terminar con la hegemonía que la familia Carrillo Fuentes tenía sobre este cártel u organización”.

Guzmán Loera pretendía también exterminar a Los Zetas y declararle la guerra al cártel de Tijuana.

En septiembre de 2004 fue ejecutado Rodolfo Carrillo, El Niño de Oro; se emprendieron fuertes acometidas contra Los Zetas y, de acuerdo con fuentes de inteligencia consultadas, El Chapo ofreció información “clave” a las autoridades federales para detener a Benjamín Arellano Félix y, de esta manera, “descabezar” al grupo criminal más temible de la época.

Desde que se fugó, en enero de 2001, el capo no sólo ha consolidado al cártel de Sinaloa, su organización, como la más boyante del país, sino que no se le ha podido detener a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública federal sostienen que no lo han dejado de perseguir.

No obstante, él se pasea públicamente, y desde finales del sexenio de Vicente Fox existen referencias públicas de que suele acudir a restaurantes de lujo en Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua. Cuando eso ocurre, los comensales son despojados de sus celulares para evitar que den aviso a la policía.

A mediados de 2006, las cámaras del sistema de seguridad de la ciudad de Durango lo detectaron cuando conducía una cuatrimoto. Según el parte informativo de las autoridades municipales, vestía ropa deportiva. En esa ocasión se inició una persecución supuestamente para detenerlo, pero el capo se perdió entre el caos automovilístico.

A finales de ese año, El Chapo se estableció en La Angostura, una localidad del municipio Canelas, Durango, donde el 20 de noviembre se enamoró de Emma Coronel Aispuro, una joven de 18 años oriunda de esa comunidad, con la que terminó casándose el 2 de julio de 2007 en una ceremonia que no pasó inadvertida para los lugareños.

El 2 de septiembre de ese año (edición No. 1609), Proceso informó sobre el enlace. La fiesta se realizó en una ranchería de La Angostura, a la que se llega sólo por caminos accidentados. En ese convivio, además de autoridades locales, acudieron exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, tierra natal de Guzmán Loera.

Meses antes, el 6 de enero, para halagar a su novia, el capo prácticamente se apropió de la cabecera municipal durante todo un día para ofrecer un baile en honor a Emma en la plaza municipal. Unas 200 motonetas con asientos para dos personas llegaron a Canelas para la ocasión. Eran conducidas por hombres con vestimenta y pasamontañas negros, con metralletas colgadas al hombro y pistolas de grueso calibre en los cinturones. Poco a poco se distribuyeron en las 10 entradas del pueblo, incluyendo las de herradura (a caballo). Se apostaron en todas las calles.

Luego arribaron a la pista de aterrizaje, en avionetas de cinco plazas, los integrantes del grupo musical Los Canelos de Durango, con la misión de amenizar el baile. Pero también iban armados: presumían sus pistolas con cachas de oro.

Por la tarde llegaron seis avionetas de ala fija. El Chapo bajó de una de ellas. Después de él, de la misma aeronave descendió su brazo derecho, Nacho Coronel, originario de Canelas. De otras tres avionetas bajaron hombres vestidos con uniforme verde, semejante al de los militares; portaban chalecos y radios fijos en el pecho. El operativo fue más ostentoso que los que se ven en las giras presidenciales.

Las imágenes de El Chapo obtenidas durante su paseo en cuatrimoto permitieron a la PGR conocer su nuevo rostro tras una cirugía plástica: le recortaron las mejillas, le estiraron la piel y le desaparecieron las arrugas de los párpados.

Los reflectores sobre el llamado “capo del sexenio” se encendieron a raíz de su inclusión en la lista de las mayores riquezas del mundo publicada en marzo de 2009 por la revista Forbes, que ubicó al narcotraficante mexicano en el lugar 701, con una fortuna estimada en mil millones de dólares.

No es la primera vez que Forbes menciona en sus listas a un capo de las drogas: en 1989 dedicó unas líneas a Pablo Escobar Gaviria, cabeza del cártel de Medellín. Ahora, Joaquín Guzmán Loera apareció entre otros magnates mexicanos, como Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, y Emilio Azcárraga Jean, heredero de Televisa.

La difusión en torno de la fortuna del jefe del cártel de Sinaloa tuvo fuerte impacto en México. Expertos en materia de seguridad nacional y narcotráfico, entre ellos Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), interpretaron la publicación de Forbes como “un golpe mediático”, pero sobre todo como un mensaje “muy claro” de las agencias de inteligencia de Estados Unidos al presidente Felipe Calderón: “debe emprender una investigación seria contra el cártel de Sinaloa y desmantelar la red de testaferros que están detrás del capital que mueve este grupo criminal. Los estadunidenses quieren que se canalicen las investigaciones patrimoniales en ambos lados de la frontera” (Proceso 1689).

Desde entonces, el entorno de Guzmán Loera se ha sacudido en México y en Centro y Sudamérica, donde mantiene una sólida presencia mediante sus redes financieras y las que se encargan del trasiego de droga desde Colombia.

En abril de 2009, un mes después de la publicación de Forbes, Héctor González Martínez, arzobispo de Durango, prendió otro reflector en torno de El Chapo. Sin vacilar, reveló que el capo vive en Durango, “más adelante de Guanaceví”.

Los reporteros habían pedido la opinión de González Martínez sobre la inseguridad en los municipios duranguenses de Cuencamé y Guadalupe Victoria. Respondió:

“Sí. No sólo (hay inseguridad) en esos pueblos, sino (en) todos los pueblos de la franja que va desde San Andrés del Teúl, en Calchihuites, Súchil, Vicente Guerrero, Villa Unión, Ramón Corona, Cuauhtémoc, Allende, Guadalupe Victoria… En toda esa franja.

“Y también otro grupo que anda por el norte, en San Bernardo, Santa María del Oro, Guanaceví. Ahí están asentados de plano. Más delante de Guanaceví, por ahí está El Chapo, por ahí vive, pero, bueno, todos lo sabemos, menos la autoridad.”

Al día siguiente, ningún periódico local publicó las declaraciones del arzobispo y los diarios nacionales no circularon en el estado de Durango. Después de eso, González Martínez simplemente no quiso hablar más del tema.

Reveses

El capo sinaloense es objeto de persecución dentro y fuera de México. En marzo de 2008, autoridades de Guatemala –uno de sus principales refugios antes de su captura, en 1993– lo responsabilizaron de un enfrentamiento en el que murieron varios kaibiles y miembros del grupo armado Los Zetas, sus rivales, cuyos cuerpos fueron encontrados completamente calcinados.

En la lista de 11 fallecidos se quiso incluir a El Chapo. Al menos Geovanny Castro, jefe de la Fiscalía Antidrogas de Guatemala, declaró que no lo descartaban.

La PGR envió sus huellas a Guatemala para que fueran cotejadas con los cadáveres. Días después, el entonces procurador Eduardo Medina Mora dijo: “No tenemos ninguna información, por lo que resulta una especulación solamente, de que haya un líder relevante de las organizaciones del narcotráfico mexicano detenido o fallecido en esos hechos”.

Uno de los mayores golpes contra la infraestructura del cártel de Sinaloa fue asestado por el Ejército en agosto pasado, gracias a información de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas estadunidense, que le sigue los pasos desde enero de 2001.

En la comunidad El Rodeo, municipio de Tamazula (a unos 330 kilómetros de la capital de Durango), los militares aseguraron el laboratorio de drogas sintéticas más importante de América Latina.

El inmenso laboratorio fue llamado “Ciudad Cristal”. No es para menos: el complejo contaba con 22 módulos distribuidos en 240 hectáreas, cinco laboratorios, áreas de hospedaje, cascadas artificiales, aeropista, tres plantas de luz, sistemas de drenaje y agua potable.

Disponían de 10 antenas de Sky, tres de red satelital, 18 vehículos de todo tipo y dos excavadoras, bodegas, lavanderías, cocinas y área de enfermería. También se encontraron 164 tambos de 200 litros con acetona, tolueno, sosa cáustica y otros precursores químicos; tanques de gas y oxígeno, así como 10 toneladas de mariguana, 20 kilos de cocaína pura, 12 armas largas, 500 cartuchos, 20 mil dólares en efectivo y equipo de radiocomunicación..

Los militares hallaron asimismo catálogos de prostitutas con tarifas de hasta 22 mil dólares. En el lugar trabajaban alrededor de 120 personas, entre vigilantes, laboratoristas, cocineros y personal de enfermería, pero no hubo detenidos: cuando el Ejército se acercaba, todos pudieron escapar.

La más reciente andanada contra El Chapo ocurrió en Colombia, de la mano del gobierno estadunidense: el pasado lunes 8, la Policía Nacional detuvo a 21 presuntos narcotraficantes, incluida una mujer, considerada como el enlace entre los cárteles colombianos y el capo mexicano. Según el general Óscar Naranjo, jefe de la Policía Nacional colombiana, el rastreo de las células del cártel de Sinaloa se inició hace dos años como parte de la Operación Fronteras.

La red financiera

Si bien las autoridades mexicanas y estadunidenses no han podido cuantificar las ganancias reales de los cárteles mexicanos, sí han identificado parte de la estructura financiera que sirve a los intereses del narcotráfico a través de presuntas operaciones de lavado de dinero. Desde el 2000, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido varias alertas e incluido en su lista de sospechosos a 121 empresas y poco más mil personas que, según sus informes, radican en México y tienen vínculos con el narco.

El gobierno mexicano ha sostenido reiteradamente que esos informes carecen de veracidad y que no existen evidencias en contra de las empresas que las autoridades estadunidenses catalogan como “fachadas para el lavado de dinero del narcotráfico” mediante la importación, exportación, consultoría, compra-venta de divisas, servicios, minería y transporte, y mediante los giros farmacéuticos, inmobiliario y alimentario.

Entre esas empresas destaca Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V., propiedad de Ismael El Mayo Zambada, el principal socio de El Chapo Guzmán. Actualmente esas firmas son promocionadas por el gobierno federal, y en el sexenio de Vicente Fox recibieron apoyo de la Secretaría de Economía a través del Programa de Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Datos consultados en la PGR sostienen que, de las 121 empresas “boletinadas” en 2008 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense, 48 pertenecen al cártel de Tijuana, 34 a la familia Arriola Márquez (afincados en Chihuahua y socios del cártel de Juárez) y 25 más están relacionadas con El Mayo Zambada y familiares.

Desde 2007, Estados Unidos sigue los nexos financieros de Ismael Zambada García, el principal socio de Joaquín Guzmán Loera. Ese año, tras una investigación de 20 meses realizada junto con la DEA, el Departamento del Tesoro relacionó a seis empresas de Zambada con el lavado de dinero: Establo Puerto Rico, S.A. de C.V.; Jamaro Constructores S.A. de C.V.; Multiservicios Jeviz, S.A. de C.V.; Estancia Infantil Niño Feliz S.C.; Rosario Niebla Cardosa, A. en P., y Nueva Industria Ganadera de Culiacán.

La misma dependencia estadunidense identificó a la mexicana Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, como una de las piezas del cártel de Sinaloa dedicada al lavado de dinero. Más tarde, la PGR tuvo que hacer lo propio.

Con su poderío e influencia, Guzmán Loera vulneró los sistemas financieros mexicanos y estadunidenses por medio de una intrincada red de operaciones en casas de cambio e instituciones bancarias, que le permitió comprar 13 aviones para el tráfico de cocaína entre Colombia, Venezuela, Centroamérica, México y Estados Unidos.

Luego de que el Departamento del Tesoro acreditó tales operaciones, a mediados de 2007 la PGR integró el expediente PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007; en éste quedó registro de que los aviones fueron comprados a través de la Casa de Cambio Puebla mediante la triangulación de operaciones en las que participaron más de 70 particulares y empresas que realizaron transferencias por 12 millones 951 mil 785 dólares a 14 compañías de Estados Unidos dedicadas a la adquisición y aseguramiento de aeronaves.

Según la averiguación de la PGR, el artífice de las triangulaciones fue Pedro Alfonso Alatorre Damy, El Piri, también conocido como Pedro Barraza Urtusuástegui o Pedro Alatriste Dávalos, quien estuvo preso en 1998 por lavado de dinero tras ser capturado como parte de la Operación Milenio. Esta acción puso al descubierto al cártel que manejaban Armando y Luis Valencia.

Tras recuperar su libertad, El Piri se involucró con las operaciones financieras del cártel de Sinaloa.

Calderón avaló
Jesusa Cervantes

Felipe Calderón conocía desde el principio las negociaciones de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con los dirigentes del PRI y del PAN para aprobar la reforma fiscal. Según operadores de Ulises Ruiz, el presidente incluso autorizó que el PAN se comprometiera a no hacer alianzas electorales en los estados a cambio de que el PRI apoyara el incremento del IVA. El incumplimiento de este acuerdo por el dirigente panista César Nava provocó que se revelara el acuerdo.

El 20 de octubre de 2009, cuando estaba en curso la discusión del aumento a los impuestos en la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, convocó a una reunión en sus oficinas para afianzar los acuerdos con el PAN y el PRI.

Asistieron los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, así como los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en cuya agenda estaba la discusión sobre la propuesta de evitar las alianzas electorales.

Después de que Gómez Mont ofreció que el PAN no se aliaría con otras fuerzas políticas en varios estados, tomó el teléfono y dialogó brevemente con Felipe Calderón. Le dijo:

–Presidente, estamos hablando el tema de las alianzas y del paquete fiscal. ¿Se ratifica el compromiso?

Enseguida colgó y les confió a los presentes: “Tienen ustedes la palabra del presidente, y si no se cumple me comprometo a renunciar”.

La reunión fue descrita con detalles por un operador del mandatario oaxaqueño. Esta fuente estuvo al tanto de la negociación que condujo Gómez Mont, quien asegura que Calderón no se enteró del pacto hasta enero, a diferencia de Nava, que lo conocía desde antes.

A decir de operadores de Ulises Ruiz en la Cámara de Diputados, como el legislador oaxaqueño Elpidio Concha, Calderón también estuvo enterado desde el principio del pacto que estableció su secretario de Gobernación con los dirigentes del PRI y del PAN. “¡Por supuesto que lo sabía, hombre!”, afirma Concha.

Concluido el encuentro entre Gómez Mont, los dirigentes partidistas y los gobernadores, Ruiz se comunicó por teléfono celular con el mismo operador que proporcionó los detalles de la reunión, para darle instrucciones de que impulsara el acuerdo sobre el aumento a los impuestos:

Recuerda que el gobernador oaxaqueño le dijo: “Vamos con el IVA, acabo de negociar este tema de que no habrá alianzas del PAN en el estado, así es que opera por el sí al IVA”. Dice que, aún incrédulo, le advirtió: “No te van a cumplir, Ulises”, pero éste insistió: “Sí, vamos a darles el beneficio de la duda. Tú empuja por el IVA”.

Para entonces la mayoría de los 237 legisladores priistas había rechazado públicamente el incremento al impuesto, pero ese mismo día, después de seis horas de discusión interna, la fracción accedió. Incluso votaron a favor los legisladores de Oaxaca que en 2004, desde la misma curul, se negaron a avalar el IVA propuesto por el entonces presidente Vicente Fox.

Una de las estrategias del PRI para no responsabilizarse del aumento al IVA, y con ello terminar de convencer al resto de los legisladores, fue solicitarle al gobierno federal un oficio fechado un día antes –el 19 de octubre–, en el que el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribeña, ante la negativa generalizada de un nuevo impuesto de 2%, propusiera la alternativa de incrementar el IVA de 15 a 16%.

Traicionados

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín señala que las discusiones sobre las alianzas y el paquete económico sólo se “vincularon” al llegar a la Secretaría de Gobernación.

–¿El tema de las “no alianzas” tuvo que ver con la aprobación del paquete económico? –se le plantea directamente.

–Creo que no. Corrieron en vías paralelas. Yo lo definiría de esta manera: nosotros (los diputados priistas) no tenemos ninguna promesa que reclamarle al secretario de Gobernación. Creo que de alguna manera se habrán vinculado al llegar Gobernación a intervenir en la discusión del paquete económico para reforzar los esfuerzos de Hacienda, como además está obligada por ley.

“Pero no tenemos ninguna constancia de que haya habido un ‘dame 1% más de IVA y te voy a dar el que no haya ninguna alianza en ningún lugar’. Creo que además Gómez Mont no tenía ni facultades ni posibilidades para ofrecer eso… y el PRI no es ingenuo.

Entrevistado en el impasse de las negociaciones entre los diputados priistas y el gobierno federal para impedir la aprobación de una controversia contra el gobierno federal por abrir los contratos de riesgo de Pemex a la iniciativa privada y trasnacionales petroleras, Ramírez Marín enfatiza que Gómez Mont, Francisco Rojas (líder de la fracción priista) y Beatriz Paredes han dado versiones disímbolas.

“Son diferentes actores de una misma obra y están muy marcados según de qué lado de la obra están participando. Gómez Mont dice que hubo una negociación, pero también sostiene: ‘lo hice a espaldas del presidente’. Yo me pregunto qué secretario de Gobernación puede hacer un acuerdo de esa naturaleza a espaldas del presidente. ¡No le creemos!”

Además, dice que si bien Francisco Rojas aceptó que “hablamos y empujamos en dos sentidos, nosotros por el lado de la equidad electoral y ellos por la necesidad fiscal y deficiencia estructural de la economía, nunca dijo: ‘Pactamos el 1% y me das cero alianzas’.

“Lo mismo dijo Beatriz (Paredes), que por cierto sí podría hablar y acordar ese tipo de cosas con el secretario de Gobernación como presidenta del partido. Confluyeron (los temas de ‘no alianzas’ y del paquete fiscal) en la Secretaría de Gobernación, en una conversación, en un tema. Pero de ahí a que… pues es muy diferente a confluir en un acuerdo, porque estaríamos hablando de un intercambio, de ‘tú me das no alianzas y yo te doy el 1% de IVA’. Eso nunca se estableció en esos términos, eso es indigno y no hubo ni ha habido ninguna condición de indignidad en nuestra relación con la Secretaría de Gobernación.”

Ramírez Marín sostiene que Gobernación debe establecer acuerdos, y los ha habido con la dirigencia partidista, “pero no con la bancada del PRI” en la Cámara de Diputados.

Así fue. Beatriz Paredes reconoció haber pactado con Gómez Mont que el PAN no haría alianzas electorales en entidades como Oaxaca y el Estado de México.

Enrique Peña, el gobernador mexiquense, confirmó: “Fue un acuerdo general tomado... que se tomó entre los partidos y, bueno, hoy vemos después de pasar el tiempo… pareciera que hubo una omisión, que hubo un olvido a este propósito de mantener fidelidad y lealtad a las condiciones partidarias, y que hoy se observan distintas alianzas”.

Paredes argumentó que “el gobierno no podía pedirle al PRI alianzas para cuestiones legislativas y cuestiones de desarrollo, y por otro lado ignorar al PRI y distorsionar la competencia electoral”.

Posteriormente consideró que la renuncia de Gómez Mont a su militancia panista tras revelar el pacto “ha generado mucha confusión”, por lo que pidió al dirigente nacional del PAN, César Nava, “explicar los alcances de los acuerdos”.

Ramírez Marín retoma el comentario. Dice que “eso es lo que genera la confusión” del PRI sobre quién está dialogando y acerca de la validez de su interlocutor en Gobernación, sobre todo cuando Gómez Mont sostiene que el presidente no se entera de sus acuerdos.

–¿Qué otros acuerdos existen que ustedes teman que no les cumplan?

–Creo que el tema, más que el no cumplimiento, es la validez de las negociaciones. Es decir, ¿con quién estamos hablando? Si el secretario de Gobernación dice: ‘es que yo no le informo al presidente de la República’, entonces vuelvo a preguntar: ¿con quién estamos hablando? Porque el chiste es que las cosas le lleguen al presidente.

–¿Y las revelaciones que se han hecho sobre este pacto no hacen ver a los políticos como cínicos?

–Hacen que los políticos se vean ineficientes. Si efectivamente hiciste un pacto y no pudiste hacer que se cumpla, eres un ineficiente. Si efectivamente hiciste un pacto y no tuvo una repercusión positiva en lo que estabas buscando, eres un ineficiente.

Entrevistado por separado, el diputado oaxaqueño Elpidio Concha insiste en que Calderón siempre estuvo enterado del acuerdo contra las alianzas, pero también señala que los legisladores no formaron parte de la negociación ni mucho menos ésta fue una condición para que apoyaran el aumento al IVA.

“En esa negociación de la ‘no alianza’ nosotros, como diputados, no estuvimos presentes. En ese acuerdo sólo participaron los dirigentes nacionales de los partidos. Desconocemos en qué términos se dio ese acuerdito que tanto problema está dando a todos.”

–¿Felipe Calderón sabía de ese acuerdo?

–Por supuesto que si el secretario de Gobernación toma un acuerdo, no lo va a hacer a espaldas del presidente. Que no nos venga (Gómez Mont) a dar atole con el dedo: la población no le va a creer y nosotros ya pasamos por la preparatoria. Un secretario que no le diga o no le comente al presidente... ¡Por supuesto que lo sabía, hombre!

“Además, el PAN sabe que puede perder o ganar mucho; entonces, el asunto es hacerse tontitos con los acuerdos, que nosotros los diputados no vimos, con el secretario de Gobernación. Por otro lado, el mismo presidente (Calderón) le está diciendo a Nava que juegue otro papel. ¡Eso no se vale!”

El acuerdo de las “no alianzas” se realizó durante la discusión del paquete económico, el 20 de octubre de 2009. No obstante que se aprobó el aumento de impuestos, el PAN continuó afianzando su alianza con el PRD en Oaxaca y anunció la próxima en Durango.

Por eso, al arrancar el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de febrero, el legislador Rubén Moreira –que no se cuenta entre los operadores políticos pero es hermano del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés– fue designado para fijar la posición política del PRI y enviarle un mensaje a Felipe Calderón por no cumplir sus compromisos, adquiridos a través de Gómez Mont.

Moreira dijo en la tribuna: “El jefe del Ejecutivo debe saber que estafar es sabotear deliberadamente los acuerdos. Estafar es la preeminencia de la intolerancia, es dejar el papel que al gobernante le otorga la Constitución para convertirse en un simple vocero partidista, abandonando su responsabilidad como jefe del Estado mexicano”.

Los acuerdos tropiezan... y siguen

A pesar de que Felipe Calderón y Gómez Mont no cumplieron su palabra, los acuerdos entre el PRI y el PAN continúan, por lo menos en la Cámara de Diputados. La primera prueba fue que el coordinador priista Francisco Rojas rompió el compromiso de acompañar al Partido del Trabajo en la presentación de la tercera controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo por permitir, el pasado 6 de enero, la participación de la iniciativa privada en la extracción de hidrocarburos mediante los contratos incentivados, y por entregarle bloques o áreas de explotación.

A pesar de que los asesores jurídicos de la fracción priista elaboraron junto con el PT el documento de la controversia, el jueves 18 el PRI reculó y se alió con el PAN para que ni siquiera se debatiera al respecto. Esto sucedió tras un acuerdo con la Secretaría de Energía, y a fin de desactivar la protesta del PT, que tomó la tribuna durante seis horas para exigir la discusión del tema.

Esto no significa que no haya descontento en algunos priistas. Durante una reunión interna de la fracción, el coordinador Francisco Rojas fue cuestionado por el diputado sinaloense Miguel Ángel García Granados:

“Primero danos una explicación de cómo estuvo eso de las no alianzas a cambio del paquete económico y cómo es que en la controversia contra Pemex te vas a echar para atrás.”

Rojas no respondió a lo primero. En el segundo caso pidió un voto de confianza, pues aseguró que Pemex hará las modificaciones necesarias para no permitir los contratos incentivados. El diputado replicó: “Ya está bueno de acuerditos con estos cuates que nunca cumplen nada. Que se siga con la controversia. Hay que ser una verdadera oposición para que entiendan que, cuando se acuerda algo, se cumple”.

Clouthier, otra banderilla

El gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) activaron, en una estrategia conjunta, varios mecanismos para censurar y tratar de someter al diputado federal Manuel Clouthier Carrillo por denunciar que la “guerra” contra el crimen organizado no ha llegado a Sinaloa, cuyo cártel, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, no ha sido combatido.

A la carta que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, envió al “Estimado Manuel” Clouthier para desmentirlo –cuya copia hizo llegar al semanario Proceso, donde el 14 de febrero se publicó la entrevista con el hijo de Maquío–, siguió la decisión de la coordinación del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el jueves 18, de exigir al legislador sinaloense retractarse o solicitar licencia y dejar su curul al suplente.

Y el presidente del PAN, César Nava, también diputado federal, cerró la pinza la noche de ese mismo día: “El Comité Ejecutivo Nacional desautoriza expresamente las manifestaciones vertidas por el diputado Manuel Clouthier. No reflejan en modo alguno el sentir ni la posición de Acción Nacional, y conducen a la confusión y a la mala interpretación de las acciones del gobierno”.

Nava, quien rehuyó precisar si sabía del pacto entre Gómez Mont y la cúpula del PRI para aumentar los impuestos a cambio de que el PAN no se aliara con la izquierda –como reconoció haber negociado el secretario de Gobernación–, censuró a Clouthier por sus declaraciones a Proceso sobre la protección gubernamental hacia la “narcopolítica” de Sinaloa.

Y advirtió: “No permitiremos que estas aseveraciones tiendan un velo de confusión entre la población, ni mucho menos que se presten a intereses perversos o a agendas distintas a aquéllas de los que buscamos precisamente el restablecimiento de la seguridad pública y del orden público en el país, de la mano con el presidente Calderón”.

Sin embargo, ante el embate que comenzó con el emplazamiento del vicecoordinador de la diputación del PAN, Julio Castellanos –michoacano como Calderón y Nava–, para que el hijo de Maquío solicite licencia o se retracte,
Clouthier ratificó ante el resto de los medios de comunicación lo que había declarado a Proceso: que el gobierno de Calderón no combate al narco en Sinaloa ni hace nada contra la “camarilla mafiosa” que lo gobierna. (Álvaro Delgado) lT

¿Qué más han negociado?
Álvaro Delgado

Para el senador panista Ricardo García Cervantes, el acuerdo del secretario de Gobernación con el PRI para evitar las alianzas electorales del PAN es una muestra de que su partido está copado por políticos de un pragmatismo aberrante. En entrevista, admite que, al margen de las consideraciones éticas y de principios, el carácter cupular del pacto lo lleva a preguntarse si otras importantes legislaciones, como la Ley Federal de Telecomunicaciones y la de Seguridad Nacional, también son materia de esos o de otros acuerdos secretos. “A ver: ¿qué más han negociado?”.

El senador Ricardo García Cervantes no vacila: dice que la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), en el que milita desde hace 32 años, ha impuesto un pragmatismo extremo, capaz de signar el pacto “absolutamente aberrante” de aprobar aumentos de impuestos a cambio de cancelar alianzas electorales, pero también ha incubado la sospecha sobre el alcance de otros arreglos.

Porque este acuerdo, aclara, no fue sólo responsabilidad del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sino también del presidente del PAN, César Nava, y de los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, y en el Senado, Gustavo Madero.

“¡No me digan que Josefina y Madero no tienen vela en el entierro! Por supuesto que la tienen frente al secretario de Gobernación, que yo no sé de dónde saca que sí puede comprometer todo el accionar de una institución política como Acción Nacional, a la cual él conoce.”

El legislador dice que el diferendo por el pacto con la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI), supuestamente al margen de Felipe Calderón, “ahora queda entre el presidente del partido y sus coordinadores parlamentarios”.

–¿Cree usted que Calderón no lo sabía?

–Mire: a creer, en la religión. Aquí ciertamente hay una palabra del secretario de Gobernación. Me quedo con los dichos del secretario, y el secretario dice que no.

–¿Y de quién es la responsabilidad política?

–Lo más importante de la relación del secretario y del presidente de la República es su nivel de confianza. Yo no especulo. Veo que el presidente Calderón tiene confianza en el licenciado Gómez Mont, lo hace público, y lo demás es lo de menos.

–Como parlamentario, ¿tiene confianza en la palabra del secretario de Gobernación que se comprometió a algo y no lo cumplió?

–No, en lo que ya no empiezo a tener mucha confianza es en la coordinación, porque ahí estaba comprometiendo también nuestros votos, nuestra propia ética personal, nuestra propia responsabilidad frente a nuestro cargo, que es una responsabilidad de conciencia

Sobre este pacto, que define como “una devaluación o una autodenigración de los cuerpos colegiados”, a García Cervantes le surgen dudas como miembro del grupo parlamentario del PAN: “Si yo estoy fuera de las consideraciones éticas, estratégicas y tácticas que involucran mi responsabilidad personal, yo lo primero que digo es: ‘A ver... ¿y qué más han negociado?’”.

Plantea: “¿(Se negoció) esa concesión que se da para no cobrar derechos al nuevo tramo del espectro radioeléctrico y que ya se sabía quiénes, y ahora se ve la concentración de ese espectro y la concentración del poder en la comunicación y en la economía de un grupo como Televisa con estos privilegios? ¿Fue parte del negocio, fue parte de la negociación? ¿O por qué está parada y no sale una serie de piezas legislativas urgentes para el país, como la Ley de Seguridad Nacional, que podría darle un marco jurídico (si se quiere cuestionable, pero cuando menos que se discuta) a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Son también parte de las negociaciones?

–¿Lo son?

–Yo creo que sí lo son ahora. ¿Por qué? Porque ahora se negocia una cosa por la otra.

El legislador afirma que este comportamiento ya incubó la sospecha entre los legisladores del PAN: “Ha traído la desconfianza en todo tipo de negociación el hecho de que cupularmente se haga sin informar a quienes luego tenemos que ser idiotas útiles acompañando el proceso, negociaciones que se salen de los cánones de la ética política y de la práctica política como tal”.

El estilo Gamboa-Kamel

Actual vicepresidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura –en carácter de tal invistió a Vicente Fox con la banda presidencial–, exsubsecretario de Gobernación y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN desde 1990, García Cervantes se niega a ser un “político práctico” y por eso reprueba el pacto que hizo renunciar a Gómez Mont a su militancia en el PAN.

“Nada tiene que ver una negociación de carácter legislativo con un compromiso de conducción de un partido político”, critica el legislador. “Por eso vemos el alejamiento que tienen ahora la sociedad y los electores con los partidos, que siempre ha estado, pero ahora están a flor de piel las razones”.

Aclara que no es vergonzoso crear mayorías parlamentarias, ni siquiera para aumentar impuestos, como ocurrió cuando los legisladores del PRI y los del PAN aprobaron elevar el IVA, el ISR y las gasolinas. “Ese no es el tema. El tema es: ¿a cambio de qué? Eso es lo que a mí me parece absolutamente aberrante”.

Aunque se ha impuesto la práctica de vincular una legislación con otra, como condicionar la fiscal a la política, al menos en este tema se da en el terreno legislativo. “Pero ahora ya hay negociación legislativa por otros intereses”, censura.

Y pone como ejemplo la conversación difundida en septiembre de 2006 entre el senador Emilio Gamboa Patrón y el empresario Kamel Nacif, en la que el legislador le informa que se aprobará una reforma legal sobre el hipódromo:

–¿Cómo lo ves? (pregunta Gamboa).

–No, no la chingues (se opone Nacif).

–Entonces lo que tú digas, cabrón, lo que tú digas, por ahí vamos cabrón.

–No, dale pa’ tras, papá.

–Pues entonces va pa’ tras, esa chingadera no pasa en el Senado, ¿eh?

–¡A huevo!

García Cervantes compara este episodio con el arreglo de Gómez Mont y el PAN con el PRI: “Eso era reprobable porque se estaba sacando una negociación del ámbito legislativo para un interés económico. Bueno, ¡pues esto es exactamente igual!”.

Explica: “Es sacar una negociación del ámbito legislativo hacia el ámbito electoral, y el ciudadano se da cuenta de que la mezquindad, la ruindad en la política, ya llegó, porque se ancló en el cálculo electoral. ¡Sólo si me da rentabilidad, si tengo utilidad o ganancia electoral, hago o dejo de hacer! ¡Eso es absolutamente decepcionante!

Diego, el maestro

García Cervantes se define como practicante de la negociación, “pero no en este tipo de arreglos”, como el que signó Gómez Mont, quien se alejó de la militancia en el PAN en 1996, a partir de que sus compañeros de partido manifestaron su molestia porque él era también asesor de Ernesto Zedillo y socio de Rubén Valdés Abascal, asesor de Carlos Salinas.

“No niego que en Acción Nacional empieza a gestarse un estado de ánimo de inconformidad en contra de Fernando –confirmó García Cervantes en agosto de ese año, cuando era coordinador de la bancada–. Genera parque para el detractor y le arrima piedras al enemigo.”

Gómez Mont calificó las “falsedades, medias verdades e inexactitudes” como “una manera torpe y cobarde de hacer política”, y se mantuvo alejado del PAN hasta que, en 2008, Germán Martínez, entonces presidente del PAN, lo llamó a colaborar con él en el Comité Ejecutivo Nacional, y luego, a la muerte de Juan Camilo Mouriño, asumió la Secretaría de Gobernación.

Controvertido como su mentor, Diego Fernández de Cevallos, Gómez Mont ha sido criticado más bien en voz baja por los panistas, salvo Manuel Espino, expresidente del PAN, y Juan José Rodríguez Prats, quien, en entrevista, censura el pacto con el PRI.

“Es mi amigo Gómez Mont, pero se entrometió en la vida del PAN. Somos un partido político, uno; y dos, si a estas alturas estamos creyendo en la palabra del PRI, entonces no tenemos remedio”, dice el exdiputado, quien censura la posición del funcionario sobre las alianzas, tal como lo hizo también Fernández de Cevallos. “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.

–De plano.

–De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha, detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo puede ir!

Cuenta que el año pasado, después de que supo que asistió al cuarto informe de gobierno del gobernador del Estado de México, habló por última vez con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’”.

–¿Qué le respondió?

–Nada. Se quedó callado.

A su vez, García Cervantes lamenta que el pragmatismo en el PAN se exhiba al no tener candidatos propios, sino expriistas que no significan, como ha ocurrido en procesos anteriores, un cambio real. Ahora postula en Puebla a Rafael Moreno Valle, en Oaxaca a Gabino Cué y en Veracruz a Miguel Ángel Yunes.

“Los actuales empoderados de mi partido hablan de que los principios y la doctrina no ganan elecciones. Yo creo que sí. Pero si no lo creen, por eso estamos perdiendo.”

Añade: “Yo nada más veo ambiciones y procesos de invasión del poder económico sobre el poder político, de la colusión del poder económico y del poder político para intereses de grupo, y veo a una sociedad cada vez más decepcionada de lo que ahora llaman la política real”.

Pragmatismo estéril

El senador aclara, sin embargo, que tampoco es correcto censurar a rajatablas las alianzas, sobre todo en estados como Oaxaca e Hidalgo, “que tienen los más altos índices de pobreza, de marginación y de cinismo político en su máxima expresión”.

En esas dos entidades está de acuerdo con las alianzas, pero no en Durango ni en Puebla, aunque asume la decisión de la mayoría. Algo distinto, contrasta, es cuando se signa un pacto como el que se hizo con el PRI para aumentar impuestos a cambio de que el PAN no se alíe con la izquierda.

–¿Deshonra este pacto al PAN y a su gobierno?

–Tampoco lo llevemos a esos extremos de deshonra, porque estas son conductas personales, y tampoco se puede llevar de la actitud personal a la deshonra institucional.

La responsabilidad, dice, cae en el ámbito de las personas concretas y puntuales, con nombre y apellido, con trayectoria y con ubicación concreta, sus responsabilidades, como ya lo hizo Gómez Mont con la renuncia al PAN.

“Queda en el ámbito personal de Nava y de los coordinadores parlamentarios, y en la de todos los que de alguna manera creen que es posible negociar piezas legislativas con actitudes o por conductas institucionales que toma un órgano distinto. El que me enseñe la factura del partido que tome las decisiones, porque ni siquiera el dueño mayoritario de las Chivas puede explotar el nombre de las Chivas.”

–La factura la tiene Calderón, que ejerce control en el PAN.

–Sí, pero la diferencia entre la factura unipersonal es que poco importaría el sentimiento de los empleados. Este es un empoderamiento, una capacidad de decidir, pero que ha generado el desánimo, que ha generado la desilusión, la irritación y la división al interior del partido. No de ahora, desde tiempo atrás.

García Cervantes insiste: “Estas prácticas de hacer política cupular, que llaman civilizatorias, sin tomar en cuenta la deliberación de órganos colegiados ni muchísimo menos los sentimientos, el estado de ánimo de las bases y de los militantes, da como resultado todo esto”.

Convencido de que la política se debe subordinar a la ética, el senador dice que es posible corregir el rumbo: “Tampoco puedo hacer de un episodio destino. Estamos en presencia de una perversidad de la política al tratar de llevar una negociación de carácter legislativo a un comportamiento electoral. Eso está reprobado. Punto. El PAN tiene un capital político y una reserva moral que lo puede sacar adelante con toda tranquilidad”.

–¿Ha pensado renunciar al PAN?

–Como pensado, sí.

–¿Y qué lo ha hecho desistir?

–Esos pensamientos están en el ámbito personal. Pero, además, no se me adelante. Ya lo veremos…

Divisiones en la “Cumbre de la Unidad”
Homero Campa

El gobierno de Felipe Calderón la bautizó como la “Cumbre de la Unidad”.

A ella asisten prácticamente todos los presidentes de América Latina y del Caribe con un propósito explícito: crear un nuevo organismo regional que –sin Estados Unidos ni Canadá– pueda resolver problemas políticos y económicos de los países latinoamericanos y, a la vez, posicionar a éstos como un bloque ante la comunidad internacional.

De acuerdo con los documentos preparatorios de la “Cumbre de la Unidad” –que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero, en Cancún–, este nuevo organismo surgirá de la fusión gradual de dos instancias regionales: el Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (Calc). El primero es un mecanismo de concertación y diálogo políticos. Fue creado en diciembre de 1986 y lo integran 24 países. México, país fundador, ocupa la secretaría pro témpore desde 2008 y en Cancún la entregará a Chile. La segunda instancia nació en diciembre de 2008 en San Salvador de Bahía, Brasil, lo forman 33 países y su objetivo es impulsar los procesos de integración y cooperación económica entre las naciones del subcontinente.

Pero la “Cumbre de la Unidad” ocurre en un contexto en el que impera la división de los países latinoamericanos: los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –particularmente los de Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador– mantienen constantes diferendos con el de Álvaro Uribe, de Colombia, al que acusan de “títere del Imperio” estadunidense; mandatarios de derecha –como el recién electo Sebastian Piñera, de Chile– o de izquierda moderada –como Alan García de Perú– toman distancia respecto del “populismo bolivariano” de Chávez y lo acusan de antidemocrático y de querer desestabilizar la región; el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez y el argentino de Cristina Fernández mantienen su diferendo en torno de la construcción de una empresa papelera en la frontera entre ambos países; el gobierno de Bachelet hereda a su sucesor, Piñera, el conflicto irresuelto con Bolivia de la salida al mar de este país; etcétera.

Un ejemplo ilustrativo de las posiciones encontradas en el subcontinente: mientras los integrantes del Alba se niegan a reconocer al gobierno de Porfirio Lobo en Honduras porque, afirman, es producto de un golpe de Estado; otras naciones –como Panamá y Colombia–, ya lo reconocen abiertamente; y otras más –como México y Brasil– esperan que cumpla las condiciones impuestas por la comunidad interamericana.

Son tales las diferencias que los gobiernos no se ponen de acuerdo en el nombre del nuevo organismo regional, cuya gestación será anunciada en Cancún: México propone que se llame Unión de América Latina y el Caribe; Paraguay también coincide en que se llame Unión, pero Latinoamericana y del Caribe; Brasil se opone debido a que ello se puede confundir con el de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), cuyo nacimiento auspició, y puso sobre la mesa el nombre de Comunidad de América Latina y El Caribe; otros se decantan por Asociación de Estados de América Latina y del Caribe.

“El nombre es lo de menos. Me atrevo a decir que es una minucia frente a lo importante de la Cumbre: la convergencia de las agendas del Grupo de Río y de la Calc para, en una misma sesión, abordar los temas regionales que nos son comunes”, dice Salvador Beltrán del Río, subsecretario para América Latina y del Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En entrevista con Proceso, sostiene que los latinoamericanos “nos pondremos de acuerdo” sobre los tiempos y el ritmo que permita crear este nuevo organismo. Afirma que existe consenso de que éste es “un paso necesario” tanto para resolver problemas en la región como para asumir posiciones comunes ante otros foros internacionales, como Naciones Unidas y la Unión Europea, en temas como el cambio climático, el crimen organizado y el desarrollo económico.

Rechaza que exista el temor de que si este proyecto fracasa, se pierda el mecanismo del Grupo de Río que desde hace 24 años ha impulsado –con altibajos– el diálogo y la concertación política entre la mayoría de las naciones de la región. Sostiene que el nuevo organismo integrará la experiencia y los métodos de trabajo del Grupo de Río: un mecanismo flexible de consulta y toma de decisiones, cuya creación no está asentada en un tratado internacional ni tiene burocracia ni impone cuotas económicas a sus integrantes.

A Beltrán del Río se le expone una preocupación expresada en corto por representantes de varios países: que los países del Alba se apoderen del nuevo organismo y lo conduzcan en función de sus intereses. Uno de ellos: la confrontación con Estados Unidos, el supuesto amigo, socio y aliado del gobierno de México.

–¿Cómo se eliminará o reducirá ese riesgo? –se le pregunta.

–Esta instancia regional va a trabajar con base en el consenso de sus países miembros. Eso reduce los riesgos (…)

Rechaza que este nuevo organismo duplique las funciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) –la cual también tiene entre sus objetivos el diálogo y la concertación política de los países de la región– o que incluso intente desplazarla ante la debilidad que ésta mostró para restituir al presidente hondureño Manuel Zelaya tras el golpe de Estado que sufrió en junio pasado.

Pone un ejemplo sobre cómo “evitar la duplicidad de esfuerzos” con la OEA: aprovechar los mecanismos subregionales para avanzar en la integración del subcontinente. Así, dice, se puede conectar el Proyecto Mesoamérica (impulsado por México) con el de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IRSA) para crear una red de producción y distribución eléctrica desde México hasta Chile; o se pueden coordinar los esfuerzos de los países del área para apoyar a Haití en la etapa de reconstrucción (tema que está en la agenda de la cita de Cancún); o se pueden fijar posiciones comunes ante la próxima cumbre sobre cambio climático que a finales de este año también se llevará a cabo en Cancún; o….

–A propósito de la OEA y Honduras, ¿considera que este organismo fracasó para restituir el orden constitucional en ese país?.

–La OEA hizo lo que estaba dentro de sus posibilidades. No podía ir más allá de la sanción que impuso (al gobierno golpista): suspenderlo como país miembro. Fuera de eso no podía hacer más, aunque esa nación reciente todavía la cancelación temporal de varios créditos internacionales.

Beltrán del Río comenta que el caso Honduras abrió un debate dentro de la OEA. “Hay quienes sostienen que este organismo debe tener mayores facultades para que pueda implementar medidas coercitivas y así hacer valer sus decisiones. Esto se debe abordar en el marco de su próxima asamblea”, dice.

Recuerda que el presidente hondureño Porfirio Lobo no fue invitado a la Cumbre de Cancún debido a que la OEA aún no levanta las sanciones contra ese país. Rechaza la versión de que los presidentes de las naciones del Alba amenazaron con no asistir a Cancún si Lobo era invitado.

Explica que México no ha roto relaciones con el Estado Hondureño, pero aún no reconoce al gobierno de Lobo. Expone que dicho reconocimiento depende de la decisión que tome la OEA respecto de la reincorporación de Honduras, así como de que Lobo cumpla las condiciones de este organismo continental.

Enumera estas condiciones: que excandidatos presidenciales que compitieron con Lobo en las pasadas elecciones de noviembre se incorporen a su gabinete; que se establezca una Comisión de Verdad, pues hasta el momento sólo se ha formado un grupo que trabaja en la integración de dicha Comisión; que una Ley de Amnistía –ya aprobada por el congreso hondureño– se publique en la gaceta oficial de ese país…

El reportero comenta al subsecretario la tesis de los intelectuales Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, expuesta en el ensayo Un futuro para México, en el sentido de que el país se enfrenta al dilema de dónde quiere estar: en América Latina –donde están su corazón, su idioma y una cultura afín– o en América del Norte –donde están su “cartera”, su cabeza y la undécima parte de su población.

“Ese es un falso dilema”, ataja Beltrán del Río. Y dice que México se encuentra en ambos ámbitos. Más, sostiene que “la posición del gobierno de Calderón es clara: ser la puerta de entrada de Estados Unidos hacia América Latina, un puente entre ambas regiones…”

–Ese tipo de posición molesta mucho a los sudamericanos. Dicen que no necesitan a México como “puente” de Estados Unidos… –acota el reportero.

–Como nosotros tampoco necesitamos hacer a un lado nuestra pertenencia con América Latina y el Caribe para avanzar en nuestra relación bilateral con Estados Unidos…

–Se plantearía así: ¿Por qué necesitamos mostrarnos vociferantes latinoamericanistas cuando en realidad estamos enchufados a Estados Unidos? Pareciera que con este tipo de cumbres jugamos a esconder nuestra dependencia de Estados Unidos.

–No se trata de eso, sino de reconocer nuestra pertenencia a esta región latinoamericana y caribeña sin necesidad de confrontarnos con Estados Unidos o con cualquier otro país, como España, o instancia internacional, como la OEA…

Los retos, los miedos...
Carlos Acosta Córdova

Una vez superadas las rivalidades y los recelos diplomáticos, y si el miedo de los productores mexicanos a sus contrapartes brasileñas no acaba por imponerse, los presidentes Felipe Calderón y Luiz Inácio Lula da Silva anunciarán esta semana el inicio formal de las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Brasil y México, las economías uno y dos de América Latina, respectivamente. El temor que ello concita en algunos sectores productivos mexicanos –el agropecuario en particular– no es gratuito: les preocupa no solamente la histórica incapacidad del gobierno de México para encauzar acuerdos de este tipo de manera realmente favorable al país, sino también la alta competitividad brasileña en el sector...

Por fin, Brasil y México, las economías uno y dos de América Latina, están dispuestos a dejar atrás décadas de distanciamiento económico y comercial y, aun, de rivalidad diplomática y política.

Más allá del momento económico, social e internacional que vive cada uno de los dos países, existe consenso en sus gobiernos de que ya no hay razón para seguir postergando la firma de un Tratado de Libre Comercio bilateral, que le daría a cada país la fuerza comercial y económica equiparable, por ejemplo, a la de potencias económicas europeas como Francia o Inglaterra.

Porque si se suma el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país –1.1 billones de dólares el de México, 1.6 billones el de Brasil–, la economía conjunta compite con el valor de cada una de esas economías 
europeas.

Inclusive, si se mide el PIB en relación con su paridad de poder adquisitivo –que da una idea más real del nivel de vida de un país, pues toma en cuenta las variaciones de precios–, resulta que las economías de Brasil y México, juntas, alcanzan un valor de poco más de 3.5 billones de dólares, cifra no muy distante de los 3.7 billones de Alemania, que es la cuarta economía del mundo. Ambas son la octava y la decimotercera economía a nivel mundial, según el FMI, y la décima y la decimotercera, de acuerdo con el Banco Mundial.

Además de esa posible fuerza económica, otra buena razón que aducen los gobiernos de ambos países es el reconocimiento de que han desaprovechado el mercado que cada uno ofrece al otro. Tan sólo en términos de población, para nada es desdeñable el mercado potencial de consumidores que se ofrecen uno y otro. Brasil rebasa los 193 millones de habitantes; México, los 107 millones.

La suma, algo más de 300 millones de personas, es un mercado formidable que ha sido aprovechada, sólo de manera individual, por trasnacionales de uno y otro país.

Por ejemplo, las mexicanas Telmex y América Móvil, de Carlos Slim, han podido hacer grandes negocios en Brasil, inclusive en áreas donde están vetadas en México, como la televisión por cable. La Empresa Brasileira de Telecomunicaçoes, S.A. (la emblemática Embratel), no es, ahora, más que la subsidiaria más importante de Telmex fuera de México.

Por medio de ella, Telmex ofrece servicios de larga distancia nacional e internacional, transmisión de voz, datos, televisión e internet, entre otros servicios. Y a través de la brasileña Star One, la telefónica mexicana ofrece servicios satelitales a su clientela, y ella misma se beneficia del adelanto tecnológico que le provee Embratel, pues ésta tiene capacidad para colocar en el espacio, a través de Star One –ya lo ha hecho–, satélites artificiales que les permiten garantizar la continuidad de sus servicios.

Y a través de Claro, la operadora de telefonía móvil más importante del subcontinente –opera en 14 naciones–, América Móvil (Telcel), propietaria de 100% de aquélla, concentra una tercera parte de los servicios telefónicos móviles en todo Brasil.

Otras empresas mexicanas con fuerte presencia allá son Bimbo, de la familia Servitje, y Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego. Bimbo ha tenido una presencia creciente y consistente; una de sus últimas adquisiciones fue la de Plus Vita, una de las panificadoras más importantes de Brasil, que compró al 100%; ya había comprado 75% de Nutrella Alimentos y el total de Panificio Laura.

A su vez, Elektra tiene presencia reciente, pero empuja con todo: tiene planeado establecer, en los próximos cuatro años, unas mil 500 tiendas, además de que ya tiene varias sucursales de Banco Azteca. Pero no se queda ahí: entre sus proyectos de inversión se hallan los biocombustibles, montadoras automotrices y fábricas de motos y muebles, de acuerdo con información proporcionada por la Unidad de Inteligencia de Negocios de Promexico.

Menos espectaculares, pero con fuerte presencia allá, también están las empresas Softtek (sistemas, tecnologías de la información), Coca Cola Femsa, Dako y Mabe (electrodomésticos), Grupo Posadas (hotelería, turismo) y Mexichem (petroquímica).

De parte de Brasil, igual, son poderosas trasnacionales las que más han aprovechado las ventajas de la relación con México. Es el caso muy reciente, sólo por citar un ejemplo, de Braskem, la principal petroquímica brasileña que, asociada, con empresas mexicanas, construirá un complejo petroquímico en Coatzacoalcos con una magna inversión inicial de más de 2 mil 500 millones de dólares.

Pero más allá de los datos macro, que muestran cómo se han desaprovechado las potencialidades de uno y otro país, el caso es que a ambos les urge formalizar un tratado de libre comercio que supere los múltiples programas y acuerdos comerciales que ya tienen firmados, pero que son más bien magros en alcances y resultados.

Y cada quien tiene sus razones para acelerar los pasos en pos del libre comercio. Aun cuando México tiene tratados comerciales con más de 30 países, sigue adoleciendo de una abrumadora dependencia respecto de la economía de Estados Unidos.

De hecho, una de las grandes lecciones de la reciente crisis económica internacional para México fue la total vulnerabilidad de su economía, producto de esa extrema dependencia de Estados Unidos, que se expresa en que más de 80% de nuestro comercio internacional es precisamente con ese país.

Por ello, desplomada la economía estadunidense y abatida su demanda por productos mexicanos, la economía nacional se quedó colgada de la brocha.

Si la crisis internacional le significó a Estados Unidos una caída de su PIB de 2.4%, para México fue la debacle: una caída de 7% en la actividad económica para todo 2009 (de -11% en el segundo trimestre) y un desempleo abierto que llegó a ser, en el momento más grave de la crisis, de 3 millones de personas en el total desamparo; 5 millones con ocupaciones que no dan ni para comer, y 12 millones de personas en la informalidad, con salarios ínfimos, de baja calidad, sin seguridad social ni prestación económica alguna. Datos nunca vistos en la historia reciente de México.

Voluntad política

Brasil, con una economía pujante, diversificada –tiene suscritos más de 150 acuerdos comerciales– y ávida por expandirse, que sorteó felizmente la crisis económica internacional –de apenas 0.7% se estima la caída en su PIB en 2009, pero anuncia un crecimiento superior a 5% para este año–, aparece sin duda como una oportunidad para México.

Y México lo es, también, para Brasil. Aunque le ha ido bien con la diversificación de sus mercados –25% de sus exportaciones van a la Unión Europea; 15% a Estados Unidos, un tanto igual a China y 10% a su vecina Argentina–, no quiere desdeñar más los 3 mil kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, que hacen, junto con Canadá, el mercado comercial más grande del mundo, al que tendría acceso con un TLC con México.

Pero, sobre todo, no quiere obviar más el potencial de negocios que ofrecen más de 107 millones de consumidores mexicanos, a los que podría llegar sin los altos costos ni la gravosa logística que le significa comerciar con países europeos y asiáticos.

La razones económicas, pues, están dadas. La voluntad política, parece que también. Desde agosto del año pasado, los presidentes de los dos países anunciaron el compromiso de iniciar consultas internas para ver la posibilidad de ampliar sensiblemente el comercio entre los dos países y, de lograrse los consensos necesarios, apostar a un Tratado de Libre Comercio.

La necesidad de éste parte de una lógica impecable, que ya han expresado públicamente los presidentes Lula y Calderón, así como algunos sectores empresariales de uno y otro país, y que es el absurdo abandono de las potencialidades que cada uno ofrece al otro.

Y los datos duros lo confirman así. Por ejemplo, entre enero y noviembre de 2009 –el dato más actual de la Secretaría de Economía–, México hizo exportaciones por 206 mil 682 millones de dólares. A Estados Unidos y Canadá fueron 174 mil millones, es decir, 84.2%, mientras que a Brasil se destinaron mercancías con valor de 2 mil 206 millones… ¡1% del total!

Con las importaciones, igual. En ese mismo periodo, México importó bienes y servicios por 211 mil 200 millones de dólares. De Estados Unidos y Canadá llegaron mercancías por 108 mil millones, 51%. De Brasil, en cambio, se importaron mercancías por 3 mil 178 millones de dólares, un minúsculo 1.5%.

De parte de Brasil, lo mismo. De las exportaciones totales que realizó en 2008 –datos del Fondo Monetario Internacional y la Secretaría de Economía–, y que sumaron 226 mil 764 millones de dólares, sólo 1.4% tuvo como destino a México.

Y a México le compró, en ese año, apenas 1% de sus importaciones totales, que sumaron ese año casi 227 mil millones de dólares.

Todo ello a pesar de que el comercio mutuo ha crecido sensiblemente en las últimas dos décadas. En 1990 el comercio bilateral sumó apenas 527 millones 395 mil dólares; en 2000, los dos países se compraron y se vendieron bienes y servicios por un total de casi 2 mil 500 millones. Para 2008, el valor total del comercio entre ambos fue de poco más de 8 mil 562 millones de dólares.

Es decir, de 1990 a 2000 el comercio mutuo creció 372%, y entre 2000 y 2008, 243%. Ninguna relación comercial de México con otro país ha incrementado a ese ritmo. El problema es que es sobre montos muy reducidos.

Igualmente, pese a ese ritmo de intercambio comercial, es muy escasa la presencia de empresas locales en uno y otro país. La inversión en uno y otro, aunque creciente, realmente no pinta dentro del total de inversión extranjera directa que recibe cada uno.

El hecho puede ilustrarse de otra manera: en México están registradas poco menos de 350 empresas con capital brasileño… nada frente a las 22 mil empresas de origen estadunidense que hay en el país, que tienen invertidos 122 mil millones de dólares –54% del total de la IED en México–, equivalentes a 12% del PIB nacional.

Así, entonces, hay de sobra espacio y razones para una relación comercial más intensa entre los dos países. El problema son las resistencias y los miedos de los productores mexicanos, que ven a un Brasil embalado y avasallante.

Aunque parte de ese miedo es que un TLC con Brasil les implica salir de la modorra y la comodidad de sólo comerciar con quien está al otro lado de la frontera, lo cierto es que el país de Lula ciertamente es una potencia económica que nos ha ido dejando rezagados en el concierto internacional.

Y los más preocupados por la eventual firma de un TLC son los productores agropecuarios mexicanos. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), cuyas empresas generan 70% de la producción de México en este rubro, es un hervidero: todos los subsectores que la integran están avocados a elaborar estudios y monografías, producto por producto, sobre los posibles impactos de un TLC con Brasil.

El CNA no ha expresado públicamente una posición respecto del tema –porque aún no la tiene definida–, aunque internamente, y así se lo han hecho saber en privado a funcionarios del gobierno federal, manifestarán su rechazo a ese TLC. Su argumento: que primero se eficienten y reencaminen los múltiples acuerdos y tratados comerciales que ha firmado México.

En realidad, es el miedo a los brasileños lo que invade a los productores agropecuarios del país. Aunque ese miedo no es gratuito.

Datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que dirige Juan Carlos Anaya, una de las firmas de análisis y consultoría nacionales más importantes en materia agropecuaria –con servicios desde hace 14 años para dependencias gubernamentales y empresas del ramo– dan cuenta del poderío de los productores brasileños.

Por ejemplo, en el caso del maíz, Brasil es el tercer productor y el segundo exportador en el mundo. En cambio, México es el cuarto productor y segundo importador mundial. En números: Brasil genera 6.4% de la producción total de maíz en el mundo y vende 10.6% de las ventas totales. En cambio, México produce 2.7% del total mundial, pero debe comprar 11.2% de todo el maíz que se vende en el mundo.

En el caso del café, Brasil es el principal productor y exportador del mundo; mientras que México apenas exporta parte de su producción. En el actual ciclo de mercado, aquel país produjo casi 44 millones de toneladas de café; México, unas 4.5 millones de toneladas.

También en el caso del azúcar, Brasil es el más grande productor y exportador, mientras que México no es autosuficiente. Brasil produjo casi 36 millones de toneladas y México poco más de cinco millones de toneladas.

Otras fortalezas brasileñas inhiben al empresariado mexicano. Brasil es autosuficiente en petróleo y el mayor productor de etanol. Nuevos megayacimientos de crudo y una política energética que permite una participación activa de empresas privadas, nacionales y extranjeras, están por convertir al país en una potencia petrolera, cuando hace 10 años importaban crudo.

Es tal el desempeño económico y financiero de Brasil que en el mundo se festeja un hecho insólito: ya no sólo no le pide prestado al Fondo Monetario Internacional, sino que ahora Brasil le presta a ese organismo.

Y aunque tiene muchos problemas irresueltos, similares a los de México –desigualdad social, insuficiencia educativa, burocracia excesiva, corrupción, violencia y narco–, goza de una muy superior imagen internacional, que ha convertido al país en el anfitrión de próximos Juegos Olímpicos y Copa Mundial de Futbol.

Pero aun lidiando con ello, México podría tener en Brasil una tabla de salvación.

Un país que se diluye
Axel Didriksson

En el proceso de vaciamiento, de ausencia de sentido en las perspectivas de largo plazo, el país parece como los ríos de agua sucia que causan pérdidas irreparables, humanas y materiales, pero sobre todo de generaciones enteras de jóvenes que ya no tienen confianza en la educación y viven a la deriva.

Es este el peor signo de la actual ingobernabilidad, pues la pérdida progresiva de las funciones del aparato del Estado y del sistema escolar se traduce en los inenarrables episodios de violencia y degradación que ocurren. La violencia generalizada que hace posible la actual ingobernabilidad es directa pero también indirecta. Así, además de manifestarse hasta en el asesinato de jóvenes departiendo alrededor de sus logros escolares o grupales, se expresa en la falta de políticas de gobierno para prevenir y solucionar lo más elemental de la seguridad de todos desde alguna racionalidad, o en el hecho de que, cuando esas políticas se emprenden, siempre llegan tarde o se dirigen en contra de la libertad (por ejemplo, contra la sexualidad de cada quien), aduciendo juicios morales o religiosos. Y todo ello, en un ambiente de demagogia y corrupción política.

En el fondo lo que se expresa es una violencia indirecta generalizada contra el sentido de la educación que forma o debiera formar para la defensa de los derechos humanos y la integridad emocional, cultural e intelectual.

La escuela mexicana está golpeada por la violencia que se deriva de esta pérdida de sentido de las políticas de gobierno. Hay hostigamiento verbal y hasta golpes en las aulas, mientras que los excluidos del sistema educativo no encuentran ninguna otra perspectiva que la ilegalidad o el crimen organizado: Con sus errores gramaticales, todas las “narcomantas” ponen de manifiesto dicha exclusión educativa.

Es una descomposición que a estas alturas abruma, sobre todo cuando se la ve desde la perspectiva de los educadores. Uno de ellos, Fernando Reimers, como si se refiriera a México, señala: “Cuando la escuela, los educadores y la sociedad no actúan decididamente para romper el ciclo de reproducción de la pobreza; cuando aceptan como inevitable, como un hecho natural, que aquellos estudiantes que han nacido en las comunidades de menores recursos tendrán por ello significativamente menos oportunidades de desarrollar su talento, es ésta aceptación cómplice de una forma de violencia indirecta. Otro aspecto de esta violencia lo constituye la utilización de los recursos que la sociedad asigna a la educación para fines distintos que el de promover el aprendizaje de los estudiantes. Cuando los sindicatos de maestros se hacen cómplices o promueven el bajo desempeño profesional de los profesores, o cuando los administradores públicos abusan para fines personales de la confianza que el Estado les asigna, son éstas formas de violencia indirecta contra aquellos en la sociedad que tienen menos voz para resistirla”. (Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Metas Educativas 2011, página 135, 2009.)

En otras palabras, se incrementa la desconfianza hacia quienes tienen a su cargo el manejo de las políticas educativas cuando no saben adónde dirigir los recursos para la educación, o cuando, al aplicarlos, procuran obtener beneficios para sí mismos o para alguien en particular, de modo que su gestión tiene resultados políticos exitosos para ellos, pero no para mejorar la calidad y la cobertura del sistema educativo.

En suma, mientras los jóvenes no tienen ninguna otra salida que la pobreza y la ignorancia, pues la educación que reciben –cuando la reciben– se les escurre como el agua entre los dedos, el país también se nos diluye.

El presidente que no sabe
Sabina Berman

El presidente muestra su rostro contrariado cuando en Juárez una mujer proletaria le advierte: No, no es usted bienvenido acá. Cuando le aclara: Estuvo usted mal informado, mis hijos asesinados eran estudiantes. Cuando le explica: Acá su Ejército no ha hecho nada.

Celebramos el valor civil de la mujer. Pero no debemos de ninguna forma celebrar el rostro contrariado del presidente del país. Es raro, es inquietante, es un muy pésimo augurio para todos su contrariedad.

¿Por qué su contrariedad, si en Juárez todos y cada uno de los ciudadanos sabían todo esto desde hace años? ¿Por qué, si afuera lo supimos bien pronto los que nos interesamos por Juárez, y lo publicamos en medios nacionales, y los juarenses lo declararon a la BBC, a la CNN y al New York Times, y es consabido en todo el país y el extranjero?

Sí, el Ejército fue a Juárez a pasearse. A revisar si los automovilistas usaban cinturones de seguridad. A requisar casas para llevarse tarros de mermelada y bolsas de pan Bimbo. Cuando se avisaba de un operativo del narco, los soldados huían en sus camiones verdes, como huía la población común.

Y lentamente extralimitaron su poder sobre los civiles. Hincharon su prepotencia. Un transporte militar machucó la pierna de una niña y no se responsabilizó nadie. Tres soldados robaron una casa, y nadie los amonestó. Pronto los agravios castrenses se volvieron un azote diario, un azote añadido al del crimen organizado para los juarenses. Pero cuando los soldados avistaban un convoy de narcos, se trepaban otra vez a sus camiones verdes y escapaban.

Otra vez hay que preguntarlo: ¿de verdad, no lo sabía el presidente? Y hay que preguntar algo peor: ¿qué más no sabe el presidente?

Porque en esta guerra que vivimos, parece ser que el comandante en jefe del Ejército Mexicano, es decir, el presidente, no sabe lo mismo que los ciudadanos. ¿No sabe por ejemplo que en Juárez, como en el resto del país, “las policías están en las nóminas del narco”? Son palabras del fundador y primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.

¿Y no sabe tampoco el presidente que los delitos más recurrentes y nocivos que nos aquejan a los mexicanos son el robo y el secuestro? ¿Que lo que rompe nuestra convivencia diaria es el miedo? ¿Que las calles se han vuelto el terror de las mujeres y los hombres, especialmente las quincenas, cuando llevan sus sueldos a sus casas? ¿No sabe que somos, para nuestro inmenso infortunio, el país con mayor índice de secuestros en el planeta? ¿Y no sabe lo más atroz, que en cada secuestro hay involucrado por lo menos un policía, y a menudo más de cinco?

Tan es consabido por todos esto, que el robo y el secuestro son los delitos más comunes y más devastadores para la población, y que policías suelen intervenir en ellos, que el narco ha hecho su oferta para un pacto social. Ellos, y no los policías, controlarían a los rateros y a los secuestradores, dentro y fuera de sus filas, a cambio de poder trasladar su droga por el territorio nacional.

El presidente tiene que saber de esta oferta, como lo sabemos todos. Arturo Beltrán Leyva la dejó escrita en cartones sobre los cadáveres de secuestradores que ajustició. El jefe de La Familia de Michoacán lanzó la oferta en una llamada telefónica al noticiario matutino de la televisora local. Las mantas de Los Zetas reiteran la tentadora oferta cada mes.

Y el presidente tiene que saber también que la droga para la población de a pie no es una angustia urgente. Tiene que saberlo porque tiene el último informe de su Secretaría de Salud, fechado en 2009: sólo el 5.6% de los mexicanos consumen una droga proscrita, y sólo 500 mil de ellos padecen de una adicción. Es decir, de cada 200 mexicanos solamente uno vive la tortura de la adicción a la droga.

Y mientras tanto, como si el presidente no lo supiera, la propaganda oficial nos reitera que los triunfos de esta guerra son el asesinato de un capo o requisamiento de equis toneladas de mariguana.

Esto es lo alarmante de esta guerra: que no es una guerra, que son dos guerras. Una, la que definimos y vivimos los ciudadanos; otra, la que define y vive el presidente.

En nuestra guerra, los ciudadanos tenemos como enemigos a los ladrones y los secuestradores, que irrumpen periódicamente en nuestras vidas para destrozar el bienestar que armamos cada día con más trabajo y con más temor. Los policías y el Ejército no son de ninguna manera nuestros aliados, y a menudo, enmascarados, son los mismos que nos roban y nos secuestran. Y la droga no es ni remotamente el diablo.

En cambio, en la guerra del presidente la droga es verídicamente el diablo, y los capos, los enemigos a vencer. Las policías infiltradas y el Ejército son los instrumentos, imperfectos pero irreemplazables, para combatir. Y la población es el paisaje donde suceden las confrontaciones: un bosque de seres humanos donde a veces algunos troncos caen abatidos por la metralla.

En el fondo de las palabras dolorosas y airadas de Luz María Dávila al presidente en Juárez estaba el señalamiento de este malentendido. Su guerra no es la mía, presidente. Sus enemigos no son los míos, y a su fuerza pública le tengo pavor.

Y en el rostro contrariado del presidente estaba el no saberlo. O el no querer saberlo del todo y asumir la consecuencia: redefinir su guerra.