domingo, 21 de marzo de 2010

Acontecer Diario


Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®

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Domingo 21 de marzo de 2010

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SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA

Colaborador Invitado / Reyes Heroles: referente obligado

El pensamiento del artífice de la reforma política de 1977 sigue vigente

Colaborador Invitado

(21 marzo 2010).- Pedro Joaquín Coldwell

Senador priista por Quintana Roo.

El viernes 19 pasado se cumplieron 25 años del fallecimiento del ilustre veracruzano don Jesús Reyes Heroles (1921-1985). México es otro, muy distinto al país que él conoció, y lo es entre otras muchas cosas porque no hay en este momento figuras de su relieve intelectual, político y moral, capaces de iluminar el rumbo colectivo con sus luces. Estamos en confusión y sin norte, para decirlo de una buena vez.

Recibido de abogado en 1944, sus primeros años estuvieron dedicados a la docencia en la UNAM y el IPN, y poco a poco fue ocupando cargos administrativos en el gobierno federal y en organismos descentralizados. A la vez, continuaba su labor de estudio sobre la historia de México, ocupación que consiguió legarnos sus monumentales estudios sobre el liberalismo mexicano.

Él decía que el político debe tener las tres C: cabeza, corazón y carácter, y él las tuvo en abundancia. Fue una inteligencia lúcida, un apasionado campeón de sus convicciones y tuvo una firmeza de carácter ampliamente reconocida, capaz de llevarlo a poner aquellas en práctica, incluso enfrentándose a dos presidentes de la República que le confiaron delicadas tareas.

Le tocó vivir una etapa turbulenta de nuestra historia, en la que las guerras ideológicas tenían una fuerte intensidad y supo combatir del lado del liberalismo y de las tesis de la Revolución Mexicana. Atajó con buena fortuna los intentos reeleccionistas de su época y afirmó con vigor la vigencia del Estado laico.

Pero su obra cumbre sería la Reforma Política de 1977. México había sufrido la crisis política del movimiento estudiantil de 1968, y el consecuente surgimiento de guerrillas rurales en el sur de la República y de movimientos clandestinos asentados en algunas ciudades y universidades, mientras que en el terreno electoral los partidos languidecían. Recuérdese que José López Portillo, postulado por el PRI, fue candidato único en 1976 y el sistema acusaba inocultables signos de ruptura.

La reforma política promovida por él y consensuada con todas las fuerzas políticas y con los sectores académicos permitió la reconciliación con dos fuerzas políticas confrontadas con el Estado posrevolucionario, mismas que con la reforma alcanzaron su registro electoral: los comunistas y los sinarquistas. En el caso de los primeros, se beneficiaron con la Ley de Amnistía que excarceló a los luchadores sociales presos.

La nueva Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), creó la representación proporcional que permitió el acceso a los partidos a cargos legislativos -en los estados se reprodujo el esquema a nivel estatal y municipal-, otorgó tiempos en radio y televisión y elevó el número de diputados a 400.

Hasta antes de ese cambio, el PRI era el partido dominante y las oposiciones tenían una presencia casi testimonial. Era evidente que para dar un salto cualitativo hacia la modernidad se requería del concurso de las fuerzas plurales de la sociedad y Reyes Heroles, entendiendo la situación, le dio cauce abierto a través de la reforma constitucional de aquel año.

Esta reforma fue un parteaguas que desencadenó un proceso inacabado de perfeccionamiento democrático que dura hasta nuestros días.

En la dirigencia del PRI (1972-1975), promovió la militancia de los jóvenes y se preocupó porque las instancias estatales y municipales del PRI cobraran nueva vida. Téngase en cuenta que el progreso del país encabezado por el sistema priista había sido consistente y se hablaba en el mundo del "milagro mexicano", pero una de sus deudas había sido la pesada carga del centralismo que asfixiaba a las entidades federativas; por eso calaron hondo las reformas reyesherolianas que tendían a abrir paso a la democracia en la provincia, dentro y fuera del partido.

Enemigo de las reformas ad hominem o de transacciones coyunturales, Reyes Heroles tuvo la particular virtud de colocarse por encima de sus contemporáneos para atisbar las grandes corrientes de la historia, de ahí derivaban sus proyectos y también sus posturas ante problemas concretos; por eso su obra es duradera e inspiradora.

Son relevantes sus textos sobre liberalismo social, federalismo, pluralidad, sobre la democracia interna del PRI y sobre la revolución social.

Fue un ejemplo paradigmático de político e intelectual, tema que abordó con profundidad y soltura en Dos ensayos sobre Mirabeau.

En al etapa actual, Reyes Heroles es un referente imprescindible cuyo pensamiento mucho nos habría ayudado para remontar los problemas de esta hora.

Transición: un concierto desafinado

El ex presidente del IFE hace la crítica al libro de la periodista Carmen Aristegui, en el que 26 protagonistas de la transición dan su testimonio y valoración

José Woldenberg

(21 marzo 2010).- El Poder de convocatoria está a la vista: varias decenas de políticos, escritores y comentaristas fueron convocados por Carmen Aristegui para reconstruir algunos episodios de nuestro pasado reciente. Ex presidentes, líderes de partidos, candidatos, académicos, literatos de las diferentes orientaciones aceptaron platicar con Carmen, narrar y repasar, desde sus muy particulares puntos de vista, capítulos que han conformado el rostro actual de la política mexicana. Ése es el primero y el más elemental de los méritos.

Narran o comentan capítulos en los que se vieron involucrados, pero también especulan tratando de llevar agua a su molino; cuentan episodios desconocidos, que transcurrieron en una zona de privacidad, y recrean acontecimientos públicos conocidos desde sus muy particulares perspectivas; todos quieren -queremos- aparecer como personas coherentes, preocupadas por el bienestar del país, y no son pocos los que aprovechan para ajustar cuentas con sus adversarios e incluso con sus presuntos compañeros. Se trata de una auténtica pluralidad de voces que ilustra la complejidad de la vida política nacional, filtrada por códigos de interpretación que no son fácilmente compatibles. Leído en esa perspectiva, Transición es una especie de Rashomon (1950), aquella película de Akira Kurosawa donde la violación de una mujer y el asesinato de un hombre eran recreados por tantas versiones como testigos -incluyendo la explicación de la propia víctima-. Cada quien ve lo que quiere ver. Cada quien subraya lo que considera conveniente. Cada quien comprende a partir de un lente preconstruido.

El concierto resulta desafinado. Y no podía ser de otra manera. Los filtros con los que los convocados responden a las preguntas son de todas las tonalidades que existen en nuestro arco iris político y por ello sus aproximaciones están plagadas de muy distintas coloraciones.

Son voces interesantes (unas más que otras), rigurosas y fantasiosas, evasivas o puntuales, informadas y sesgadas, pero en conjunto ofrecen una sinfonía expresiva, sugerente y por supuesto contradictoria. Se trata de un rompecabezas para armar, de piezas que en muchos casos nos develan más del entrevistado que de los episodios que reconstruye. Recordemos que quien habla dice más de sí mismo que de los otros.

No hay por desgracia un hilo conductor fuerte, una columna vertebral. Por transición -así sin adjetivos- cada quien entiende lo que quiere y algunos implícitamente parecen pensar que se trata o trataba de un cambio hacia el paraíso, hacia una sociedad sin problemas, reconciliada consigo misma. Una estación terminal, como si esas estaciones existieran.

Lo que más se asemeja a una columna vertebral son los momentos de las elecciones, sobre todo las de 1988, 1994, 2000 y 2006. Y en eso Carmen acierta. Las elecciones han sido momentos estelares que han modificado sensiblemente la correlación de fuerzas políticas en el país. A esa secuencia se suman algunos acontecimientos relevantes: el levantamiento del EZLN, el asesinato de Colosio, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Pero para mi sorpresa casi no se detiene en los momentos fundamentales de la construcción de las nuevas reglas y las nuevas instituciones que remodelaron profundamente la política del país. Me refiero a las sucesivas reformas (desde la de 1977 hasta la de 1996, pasando por las de 1986, 1989-90, 93 y 94). No es que no existan alusiones a ellas, sino que sólo son recordadas de manera superficial. Incluso en la cronología no aparecen varias de ellas, incluyendo a la más que relevante de 89-90 que creó el IFE, al Tribunal Federal Electoral y el nuevo Registro Electoral, o la de 1996, la más abarcante y completa de cuantas se han producido en México. No hay suficiente aprecio por las transformaciones normativas e institucionales que se produjeron desde 1977 y 1996, sin las cuales es imposible comprender la ruta del cambio. El énfasis en las personalidades -que por supuesto son importantes- no deja ver que el marco de la contienda electoral se fue modificando lenta pero sistemáticamente, acicateado por una conflictividad creciente y demandante.

Aunque Carmen insiste en preguntar por la transición democrática -cuestión más que pertinente- quizá luego del aluvión de respuestas hubiese resultado pertinente inquirirles a los entrevistados qué entienden por democracia, porque al parecer el concepto sigue siendo elusivo, informe, multifacético. La transición no ha acabado dice Denise Dresser; ha sido catastrófica, afirma Porfirio Muñoz Ledo; se echó a perder, señala Lorenzo Meyer. Las fechas de su inicio van de 1968 a 1988 o de 1997 al 2000, según el entrevistado. Babel es la metáfora sin imaginación que se me ocurre.

Mi posición

La transición democrática mexicana es algo que ya sucedió. Se trata de una breve o larga etapa -según el gusto- de nuestro pasado inmediato en que se desmontó un sistema autoritario de gobierno y se edificaron las bases para una germinal democracia. Ello pasó entre 1977 y 1997. Y antecedió a la alternancia en el Poder Ejecutivo federal. Y no podía ser de otra manera: era imposible pensar siquiera en esa alternancia sin que estuviera precedida de un cambio democratizador.

Cualquier observador medio de la política debería poder verlo: transitamos de un sistema casi monopartidista a un sistema plural de partidos, de elecciones donde los ganadores y los perdedores estaban predeterminados a auténticos comicios -muchos de ellos de pronósticos reservados-, de un mundo de la representación política monocolor a un espacio donde coexiste la diversidad. Y todo ello impactó el funcionamiento de nuestro sistema político.

Ante quienes afirman que el cambio en todo caso sólo fue electoral, sería necesario recordar que esa pieza, aunada a la creación de un auténtico sistema de partidos, modificó de manera radical el funcionamiento de todo el aparato estatal: pasamos de una Presidencia omnipotente a otra acotada, de un Congreso subordinado a uno donde ninguna fuerza política puede hacer su voluntad, de una Corte irrelevante en materia política a una Corte árbitro de los litigios entre poderes, de un centralismo agudo a un federalismo primitivo con un buen número de gobernadores que no tienen auténticos contrapesos en los poderes constitucionales locales. Y por supuesto todo ello modificó el clima en el que transcurre la política, haciendo que muchas de las libertades se ejerzan hoy como nunca antes en el pasado.

No fue una ruta sencilla. Estuvo plagada de innumerables conflictos, movilizaciones, reclamos que se desataban en respuesta a normas, instituciones y prácticas contrarias a la coexistencia de la pluralidad. Pero los cambios normativos e institucionales fueron posibles gracias a acuerdos sucesivos que lograron remodelar de manera radical el espacio donde se procesa la política.

Tengo la impresión, luego de leer las entrevistas, que nuestra incomprensión de esa etapa tiene dos fuentes intelectuales: la del oficialismo de antaño que no podía aceptar la idea de "transición" porque para él México era desde siempre un país democrático que sólo perfeccionaba de vez en vez la democracia. Y la de cierto discurso opositor que nunca fue capaz de valorar los cambios continuos que se sucedieron en esas dos décadas, porque según ese discurso, era hacerle el juego a las posturas oficiales. De tal suerte que cuando la alternancia en el Poder Ejecutivo federal se produjo apareció como una especie de milagro o día cero de nuestra historia.

Ahora bien, la democracia es una forma de gobierno. Nada más y nada menos. Y sus calidades y su eficiencia, su capacidad de inclusión, su funcionamiento, su dinámica pueden resultar venturosos o no. La democracia tiene calidades y la de la nuestra es para preocuparse.

Y por otro lado, como apunta Carlos Fuentes, la debilidad de nuestra democracia (él habla de la mala suerte de la transición) también se explica porque gravitan sobre ella todas las contrahechuras de nuestra vida social. La economía no crece ni el empleo formal se incrementa; sin embargo, como una ola imparable, la informalidad sí; en la pobreza material se recrea la vida de la mitad de la población y las desigualdades son la falla estructural más dramática de nuestra no convivencia social. No existe un sentido de pertenencia a una comunidad nacional, sino adscripciones de clase, de grupo, de corporación, que pesan negativamente sobre la cohesión social; nuestro Estado de derecho es más una aspiración que una realidad y la ciudadanía no es una, sino muchas, lo que significa que mientras algunos pueden explotar a cabalidad todos sus derechos, otros se ven marginados de los mismos, y son una especie de subciudadanos. Y si a ello sumamos el disruptivo fenómeno del narcotráfico y los retos que de manera reiterada los poderes fácticos ponen a los constitucionales, aparece un cuadro preocupante. Todo ello (y más) gravita negativamente -y con razón- sobre el aprecio a nuestra germinal democracia.

Ahora bien, para afrontar cada una de esas fallas monumentales que erosionan las posibilidades de una convivencia más o menos armónica se requieren políticas específicas, programas bien planteados y ejecutados, operaciones inclusivas que sólo pueden armarse desde la esfera de la política. Una esfera venturosamente democrática pero con altos grados de ine- ficiencia, una zona donde se aclimata la pluralidad pero con brújulas contradictorias y en ocasiones enfrentadas, un espacio inédito en nuestra historia pero sujeto a un desgaste que alarma. Y basta leer los testimonios del libro para corroborarlo.

Dos deficiencias

Además, pongo a consideración las que me parecen dos deficiencias del conjunto de entrevistas: la no comprobación de los dichos y la espiral de especulaciones a la que al parecer somos tan afectos. Trato de explicarme.

Hay demasiadas afirmaciones que debieron ser confrontadas con los hechos. Sólo dos ejemplos que son botones de muestra: Manuel Bartlett intenta colocar la responsabilidad total de la calificación de la elección de 1988 en el Colegio Electoral. Dice: "¿dónde se calificó la elección?, ¿dónde se analizó la elección?, ¿dónde se hicieron los cómputos? Fue en la Cámara de Diputados, en el Colegio Electoral?". Formalmente tiene razón, pero ¿no resultaba imprescindible cuestionarlo sobre la documentación que recibió el Colegio, que no era otra que la que le enviaba la Comisión Federal Electoral, presidida entonces por el secretario de Gobernación?

Por su parte, Manuel Camacho califica a la reforma de 1989-90 como una "contrarreforma". ¿No era necesario preguntarle si entonces él creía que la Comisión Federal Electoral era mejor que el IFE para organizar las elecciones? Porque ése fue el punto fundamental de aquella reforma. En síntesis: hay demasiados dichos que debieron ser cotejados contra los hechos.

De las entrevistas me gustan sobre todo los pasajes donde los participantes hablan de episodios donde estuvieron involucrados. Resultan entonces testimonios relevantes que ayudan a la comprensión de los procesos narrados. En el otro extremo, sin embargo, abundan las especulaciones, que por ser eso restan consistencia a los alegatos. La especulación por su propia naturaleza toma algunos de los elementos que son públicos y notorios, pero los arma al gusto del intérprete. Se trata de una operación normalmente interesada que rastrea las fuentes de una supuesta conspiración que aclara los hechos. Esa nube de especulaciones que acompañó y acompaña a nuestra vida política tiende a hacerla indescifrable, incomprensible, inasible.

Las fotografías de Ricardo Trabulsi, en blanco y negro, resultan expresivas, elocuentes, pero también caricaturescas, ¿son autoparódicas de manera intencional o se trata de un humor involuntario?

Luis H. Álvarez con un sombrero indígena; Bartlett con el puño cerrado; Camacho con media sonrisa. El ingeniero Cárdenas adusto, ¿podía ser de otra manera?; Castañeda tomándose las manos y enojado con el fotógrafo y consigo mismo; Fernández de Cevallos ¿rascándose la barba o limpiándose los dientes?; Rosario Ibarra sosteniendo un saxofón inexistente; Francisco Labastida silbando una canción; López Obrador contando del uno al cinco; Alonso Lujambio aprendiendo a saludar de mano; Muñoz Ledo entonando un goya; Ugalde abrazándose a sí mismo; Woldenberg con cara de bobo. Retratos hechos con la buena-mala leche de todo fotógrafo que se respete.

Título: Transición.

Autora: Carmen Aristegui.

Fotografías: Ricardo Trabulsi.

Editorial: Grijalbo.

País y año de publicación: México 2009.

Estado laico: la redefinición

Entrevista Dogmas y derechos. Roberto Blancarte prevé nuevas confrontaciones entre conservadores y liberales. La dispersión del poder hacia los estados ha provocado que la Iglesia pacte su agenda a nivel local, con gobernadores que sólo ven su interés de corto plazo

Martha Martínez

(21 marzo 2010).- La verdadera amenaza para el Estado laico no es la Iglesia, sino los partidos políticos y los gobernadores, advierte el especialista en sociología y religiones Roberto Blancarte.

El investigador señala que si bien la ofensiva de la jerarquía católica para echar atrás nuevos derechos adquiridos ha sido organizada y agresiva, ésta avanzó de manera inédita en el 2009 porque existe un proceso de feudalización del poder que permite a cada actor político negociar en sus términos y guiado por su propia ideología y pragmatismo.

"¿Por qué fue posible? Porque hay un proceso de feudalización del poder político en México que hace que los gobernadores sean una especie de virreyes o de señores feudales que hacen dentro de su estado lo que quieren, y se da porque hay mucho pragmatismo en esos señores feudales que pierden la visión de Estado y negocian en aras de ganar un supuesto apoyo o alguna legitimidad", indica.

La aprobación de reformas a leyes locales para penalizar el aborto, ocurrida en 17 estados del país entre octubre del 2008 y diciembre del 2009, es el más claro ejemplo de ello, (suman 18 contando Chihuahua, pero ahí la reforma se hizo desde 1994). Nunca había ocurrido que en cuestión de meses tantas legislaturas locales aprobaran leyes en contra de la interrupción legal del embarazo.

"Nunca había sucedido que 17 estados votaran prácticamente lo mismo y esto obviamente tiene que ver con una coordinación que viene desde el Episcopado católico", enfatiza.

No sólo es el PAN

En materia de partidos políticos, Blancarte subraya que es necesario dejar atrás la idea de que el PAN es el más propenso a establecer acuerdos con grupos conservadores, pues casos como el de Baja California Sur, en donde su gobernador perredista estuvo a punto de impulsar leyes para penalizar el aborto, son una muestra de que todos están dispuestos a negociar los derechos de las personas.

"Hay que señalar que esto no es exclusivo del PAN, que ha caído en brazos de una derecha confesional; no es exclusivo del PRI, que en medio del pragmatismo no sabe cómo recuperar su brújula ideológica, sino también es del PRD, que por recuperar despojos de otros partidos está convertido en una amalgama de posiciones que muchas veces no tiene nada que ver con la verdadera izquierda", asevera.

El fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México explica que en un Estado laico los ministros de culto tienen el derecho a expresar sus ideas y opiniones, de ahí que el problema no sea la Iglesia, sino los políticos dispuestos a pactar con ella.

"El problema no son las iglesias, eso es importante decirlo porque un Estado laico no está en contra de las iglesias y de que los ministros de culto expresen sus opiniones y digan cuál es su ideal de sociedad; el problema son los políticos que, negociando una legitimidad perdida, se dirigen hacia las iglesias y las dirigencias religiosas y negocian los derechos de los ciudadanos", insiste.

Momento de redefinición

Para el experto en laicismo, la aprobación de "leyes de avanzada" en el Distrito Federal (como la reforma al Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo), la ofensiva de la Iglesia Católica y el creciente activismo de los grupos de derechos humanos son una muestra de que el país transita por un proceso de redefinición del Estado laico.

Blancarte recuerda que la separación entre el Estado y la Iglesia establecida por Benito Juárez permitió que hoy demos por asumidos derechos como la laicidad de la educación, la igualdad entre ciudadanos o la libertad de culto.

No obstante, reconoce que la sociedad ha ido cambiando, al igual que los retos para el Estado laico.

En este momento, apunta, los retos están más relacionados con los derechos sexuales, reproductivos y de minorías; que han sido materia de reformas legales en temas como el aborto, el matrimonio y la adopción.

Otro aspecto importante es la reforma aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, que introduce de manera explícita el concepto de Estado laico en el artículo 40 de la Constitución.

Según Blancarte, en esta redefinición es donde la Iglesia y los grupos conservadores insisten en participar para minar sus alcances.

"El Estado laico se ha ido reforzando y lo vemos en muchos de los nuevos derechos adquiridos, pero en la medida que el Estado laico se redefine, porque la sociedad va cambiando y los retos también son distintos, aparecen esfuerzos por obstaculizarlos; digamos que entran, aprovechan esa redefinición para tratar de minar su alcance", expresa.

El investigador explica que la estrategia de la jerarquía católica y los grupos conservadores no es nueva, pues desde hace 15 años han reorientado sus esfuerzos en limitar los derechos relacionados con la libre elección, pero hoy su estrategia es visiblemente más organizada y agresiva.

"Doctrinalmente en eso han estado fijando su atención en los últimos 15 o 20 años. Juan Pablo II, desde que cae el Muro de Berlín, reorienta todas sus baterías hacia el liberalismo y todo lo que significa en materia de relativismo moral y nuevos derechos para las mujeres", insiste.

Guerra de trincheras

Blancarte asegura que si bien los grupos conservadores han reforzado su estrategia, los defensores de derechos humanos también.

En opinión del especialista, los cambios legales en varios estados para penalizar el aborto y el impulso de leyes en favor de las minorías en el Distrito Federal son fenómenos que han obligado a estos grupos a organizarse y establecer mejores estrategias de resistencia.

"Ha sido más la sociedad civil la que ha brincado y se ha opuesto a retrocesos y ha obligado a los partidos a dar marcha atrás; ha obligado al PAN a frenarse, porque tampoco al PAN le interesa aparecer como ese partido confesional; ha obligado al PRI a frenar una serie de confesiones y entreguismos en el que estaba inmersa su directiva nacional, y ha impulsado y está obligando también a la estructura del PRD a posicionarse más claramente en estos temas que son los temas que la izquierda siempre ha defendido", asegura.

Este enfrentamiento entre grupos conservadores y de derechos humanos ha convertido la lucha por el Estado laico en una "guerra de trincheras", en la que cada vez es más importante el papel de los tribunales, pues es ahí en donde se dirimen muchas controversias.

El especialista afirma que ignorar los preceptos del Estado laico ha generado leyes hipócritas e injustas como la del aborto, que penaliza sólo a las mujeres que no tienen la capacidad económica para viajar al extranjero o a la Ciudad de México, en donde dicha práctica no es violatoria a la ley.

Blancarte advierte que la necesidad de un Estado laico está más vigente que nunca, pues es la única manera de garantizar una convivencia pacífica en una sociedad diversa y plural.

"La lógica del Estado laico no es una lógica voluntarista de una persona o de un grupo de personas, sino que viene de que todos necesitamos algo así para poder convivir en una sociedad con gente que viene de lugares diversos, que tiene composiciones y comportamientos muy diversos, y que por lo tanto, necesita legislaciones y políticas públicas que respondan a esa diversidad", añade.

Conózcalo

Nombre: Roberto Blancarte.

Cargo actual: investigador de tiempo completo de El Colegio de México y asesor del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre las Religiones (PIER) en el Colegio Mexiquense.

Antecedentes: fue coordinador de asesores de la subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México (CEREM).

Formación académica: licenciado en Relaciones Internacionales, El Colegio de México. Maestro en historia y civilizaciones, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia. Doctor en nuevo régimen, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia.

Ofensiva contra el derecho a decidir

Reformas aprobadas a las constituciones estatales para "proteger la vida desde la concepción"; es decir, para castigar el aborto.

Estado

Fecha de aprobación

Diputados en el Congreso

Votación a favor

Votación en contra

Inasistencias

Abstenciones

Baja California*

23 de octubre del 2008

25

21

3

1

Campeche

23 de abril del 2009

35

28: PAN 10, PRI 15, Convergencia 1, PRD 1, Panal 1.

PRD 2

5

Chiapas

18 de diciembre del 2009

40

40: PRI 14, PAN 7, PRD 11, PT 2, Panal 2, Convergencia 2, PVEM 2.

Chihuahua

Desde 1994

Colima*

17 de febrero del 2009

25

19

5

1

Durango*

7 de abril del 2009

30

26

1

3

Guanajuato

8 de mayo del 2009

36

26: PAN 23, PRI 2, PT 1.

1

9**

Jalisco*

26 de marzo del 2009

40

28

10

2

Morelos

11 de noviembre del 2008

30

23: PAN 14, PRI 3, Convergencia 2, Panal 2, PVEM 2.

PRD 6

1

Nayarit

17 de abril del 2009

30

27: PRI 16, PAN 4, Convergencia 2, Panal 2, PVEM 2.

PRD 3

Oaxaca

9 de septiembre del 2009

42

30: PRI 24, PAN 3, Panal 1, PT 1, Convergencia 1.

Convergencia 1, PRD 4, Unidad Popular 1.

6

Puebla

12 de marzo del 2009

41

29: PRI 20, PAN 8, Panal 1.

PRI 5, PRD 2, Convergencia 1, PT 2.

2

Querétaro

1o. de septiembre del 2009

25

21: PAN 14, PRI 4, Convergencia 1, PVEM 1, Panal 1

4

Quintana Roo

21 de abril del 2009

25

18: PRI 13, PAN 4, PVEM 1.

PRI 1, PRD 1, Convergencia 1, PVEM 2, Panal 1, PT 1

San Luis Potosí

21 de mayo del 2009

27

21: PAN 14, PRI 3, PRD 1, PT 2, PCP 1

PRI 2, PRD 1, PVEM 1.

2

Sonora

21 de octubre del 2008

33

27: PAN 13, PRI 13, PT 1.

PRD 3, Panal 2.

1

Veracruz

17 de noviembre del 2009

50

38: PRI 27, PAN 10, Convergencia 1.

PRD 3, PRI 1, PT 1, Convergencia 1.

6

Yucatán

15 de julio del 2009

25

24: PRI 14, PAN 9, Partido local 1.

PRD 1



* En estos estados no es posible conocer la votación por partido, pues la información desagregada no ha sido publicada por el Congreso correspondiente.


** Abandonaron el salón de sesiones para no votar.


Fuente: Grupo de Información en Reproducción Elegida AC. Página de internet: www.gire.org.mx

Panistas contra la laicidad

Entrevista Dogmas y derechos. Gregorio Hurtado Leija: diputado panista.. El diputado del PAN explica porqué rechazó la reforma para incluir el término "Estado laico" en la Constitución

Octavio Ortega

(21 marzo 2010).- El 11 de febrero pasado el diputado panista Gregorio Hurtado Leija fue el único que votó en contra del dictamen de reforma al artículo 40 de la Constitución, que agrega la palabra laico entre los atributos del Estado mexicano.

Hurtado explica que dicha reforma limita las libertades religiosas.

"Considero que la intención original del promovente era la contraria, crear una especie de negación a que pueda discutirse abiertamente la libertad religiosa de las personas.

"El querer limitar esa libertad religiosa es fanatismo en contra de las creencias. ¿Por qué negarle a cualquier persona el que pueda traer una cruz en su pecho, en su escritorio? Yo creo que eso sería caer en la intolerancia, y eso es lo que rechazo totalmente, no queremos un Estado mexicano intolerante", declara.

Para el legislador neoleonés, la iniciativa presentada por Juventino Castro y Castro, diputado del PRD y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, genera confusiones.

Hurtado argumenta que desde su partido se sugirió adicionar un párrafo a la modificación del artículo 40 en el que se expresara claramente el respeto del Estado a la libertad de culto, pero éste fue rechazado, por lo que ocho panistas decidieron abstenerse y él, votar en contra.

"Laico no significa rechazar tajantemente, sino promover esa libertad religiosa y respetar por igual a todas las religiones y creencias. La reforma está indebidamente incluida en el artículo 40, en todo caso debiera ser en el 24 o en el 130, que hablan de la relación entre la Iglesia y el Estado, y no en el 40, que habla sobre las características del Estado mexicano", considera.

Para el legislador panista, la participación de los cultos religiosos en una sociedad es necesaria.

"Si los cultos religiosos fueran negativos para el país, es decir que crearan violencia, que fomentaran la división, la delincuencia, estaríamos a favor de que se les limitara totalmente y que no se practicaran de manera abierta, pero al contrario, si vemos que las iglesias lo que buscan es fomentar valores, la superación de las personas, el valor de la familia, el respeto entre las personas, no sé por qué tanta intolerancia hacia ellas. Ésos son valores que todas las sociedades necesitan", evalúa.

Hurtado, quien colaboró con grupos parroquiales de la Iglesia San Gerardo de Mayela en Nuevo León, según se lee en su ficha del Sistema de Información Legislativa de la Segob, argumenta que ya existe una separación entre la Iglesia y el Estado.

"El Estado laico ya existe en la Constitución, incluso es sano para las mismas creencias de culto religioso que hay en el país, la Católica -la cual yo profeso-, lo ha manifestado en innumerables ocasiones, está a favor de que exista esta sana distancia entre la Iglesia y el Estado", expresa.

El dictamen de reforma al artículo 40 fue aprobado con 363 votos a favor y ocho abstenciones. Fue turnado al Senado, en donde el PAN ha detenido el trámite para su aprobación definitiva.

El 16 de febrero, al llegar la minuta a la Cámara alta, el coordinador panista, Gustavo Madero, advirtió que usarían su mayoría para modificar la reforma sobre laicidad: "en el PAN somos laicos, pero no ilusos. No queremos caer en las provocaciones que están motivando precisamente la exposición de motivos en la iniciativa, tal y como viene formulada. Mínimo vamos a modificar la exposición de motivos, los tiempos, los términos y los tonos", expresó.

Las presiones hacia los senadores se incrementan en ambos sentidos: el 18 de febrero un grupo de intelectuales encabezados por Carlos Monsiváis urgió a la Cámara alta a aprobar la reforma al artículo 40. La semana pasada, los coordinadores parlamentarios se reunieron con altos jerarcas de la Iglesia Católica. Y la próxima semana se desarrollará un nuevo foro sobre laicidad, con motivo del 150 aniversario de las Leyes de Reforma.

Conózcalo

· Nombre: Gregorio Hurtado Leija.

· Partido: PAN.

· Entidad: Nuevo León.

· Distrito: 6.

· Principio de elección: mayoría relativa.

· Grado académico: licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

· Comisiones: secretario de la Comisión de Gobernación, integrante en las de Desarrollo Metropolitano, Justicia y especial sobre el funcionamiento de aduanas.

· Experiencia: diputado local en la LXXI legislatura del Congreso de Nuevo León.

César Nava: el hombre escándalo

Perfil Crisis en el PAN. Acusado de mentir para ocultar sus pactos con el PRI, el dirigente del partido en el gobierno se mantiene en el primer plano de la atención, no por sus éxitos, sino por sus yerros

Ernesto Núñez

(21 marzo 2010).- Con apenas siete meses al frente del PAN y en medio de una de las crisis internas más severas que ha vivido su partido, César Nava Vázquez se sumerge en el escándalo. A sus 35 años ya es uno de los políticos panistas más polémicos y quizás el más crontrovertido de los 17 dirigentes que ha tenido el blanquiazul en 70 años de historia.

Desde su elección como dirigente interino tras la renuncia de Germán Martínez, el 8 de agosto del 2009, Nava fue cuestionado por sus correligionarios, que denunciaron que el presidente Felipe Calderón pretendía imponer a su secretario particular como líder del partido. De entonces a la fecha, Nava ha ido hilvanando una serie de decisiones y estrategias contradictorias, hasta colocarse en el centro del escándalo político.

En enero lanzó una campaña en contra de los matrimonios entre homosexuales aprobados por la mayoría perredista en el Distrito Federal y la posibilidad de que éstos adopten hijos, esgrimiendo argumentos morales sobre la institución del matrimonio. A finales del mismo mes anunció su intención de conformar alianzas electorales con el PRD en Oaxaca, Puebla, Durango, Sinaloa e Hidalgo.

En febrero comenzó a circular el libro Camisas azules manos negras, en el que la periodista Ana Lilia Pérez relata presuntos actos de corrupción en Pemex, en los que Nava se vio involucrado como abogado de la paraestatal. Sin aclarar los hechos, Nava se limitó a descalificar el libro afirmando que en su momento (2008) fueron "respondidos".

Las alianzas con el PRD lo confrontaron con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien renunció a su militancia panista el 10 de febrero, rompiendo al mismo tiempo sus relaciones con el dirigente partidista.

El 2 de marzo, Nava quiso solicitar licencia a la Cámara de Diputados para dedicarse de lleno a las campañas en 14 estados. Pero la fracción del PRI usó su mayoría para negársela.

Un día después se desató la polémica por la presunta existencia de un pacto de Nava y Gómez Mont con la dirigencia priista para evitar las alianzas anti-PRI a cambio del apoyo del tricolor al Paquete Fiscal del 2010. Nava lo negó públicamente, pero luego de que la lideresa priista, Beatriz Paredes, y el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, revelaran que sí había acuerdo y que estaba firmado, Nava tuvo que admitir que había mentido y quiso salir al paso haciendo público el documento.

Lejos de salir bien librado, Nava se ganó entonces la fama de "mentiroso".

Una semana después el tema fue debatido durante cuatro horas en el pleno de la Cámara de Diputados, en donde Nava retó a Peña Nieto a debatir públicamente sobre el pacto firmado el 30 de octubre del 2009. La bancada del tricolor aprovechó el momento para exhibirlo desde la tribuna como un político sin palabra ni experiencia.

"Pinocho", le llamaron desde la máxima tribuna.

La semana pasada, cuando parecía que el PAN y el PRI habían establecido una tregua, Nava volvió al ojo del huracán, cuando la revista Quién reveló su supuesta relación sentimental con la cantante infantil Patricia Sirvent, mejor conocida como Patylu, a quien presuntamente le pidió matrimonio el pasado 25 de febrero.

Patylu fue presentada por Nava a los medios de comunicación en noviembre del 2009, como la cara de una campaña de afiliación denominada "Ponte en Acción", en la que también participaron deportistas que, como la cantante, fueron afiliados sin conocer la ideología y programa de acción del PAN.

El político michoacano ya había mostrado afición por la combinación política-farándula: en su campaña a diputado federal se hizo acompañar por Isabel Madow, Ericka Buenfil, Alfredo Adame, Liliana Amorós, Mariana Ochoa y la propia Patylu, a quien conoce desde el 2006, cuando cantó en el cierre de campaña de Calderón en el Estadio Azteca.

"A César Nava lo conocí desde cuando era jefe de la campaña de transición (sic). En algunas otras ocasiones tuvimos acercamientos normales, como de amistad. Qué honor que él me haya afiliado al partido", declaró la cantante el 28 de noviembre del 2009.

La fama pública de Nava se hunde justo cuando el PAN atraviesa una crisis interna sin precedentes, desatada por su derrota electoral del 2009, y en medio de dos contiendas internas que reclaman toda la atención del Comité Ejecutivo Nacional: la elección de los candidatos a los más de 2 mil cargos de elección popular que se renovarán en las 14 elecciones que se llevarán a cabo en los próximos meses, y las asambleas municipales y estatales para elegir a los candidatos al Consejo Nacional.

La renovación del Consejo Nacional del PAN está programada para la Asamblea Nacional del próximo 22 de mayo y resulta clave en la contienda entre las corrientes internas del partido, pues los nuevos consejeros elegirán al nuevo presidente y un nuevo CEN el próximo 8 de diciembre; además, el Consejo 2010-2013 será el responsable de acordar las reglas para la elección del candidato presidencial del PAN para el 2012, y de definir la plataforma y estrategia electorales de ese año.

Conservador y calderonista

Nava Vázquez nació en Morelia, Michoacán, el 16 de julio de 1974. Estudió Derecho en la Universidad Panamericana, alma máter de líderes panistas y de organizaciones religiosas como el Opus Dei.

Es hijo de César Nava Miranda, líder michoacano de organizaciones como el Frente Universitario Anticomunista (FUA), la asociación Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), Provida y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Nava Miranda, quien falleció el 11 de mayo del 2009, fundó la Universidad Vasco de Quiroga en 1979. Para entonces, ya era conocido como un activo promotor del ingreso al PAN de empresarios y miembros de organizaciones ultraconservadoras. También se le ubica como jefe estatal de El Yunque (La Jornada Michoacán, 12 de mayo del 2009).

Esto lo hizo entrar en conflicto con otro panista michoacano destacado: Luis Calderón Vega, uno de los ideólogos y fundadores del PAN, historiador del partido, literato y defensor de los principios liberales con los que Manuel Gómez Morin fundó al partido en 1939.

Calderón Vega renunció al panismo en 1981, denunciando la infiltración de grupos empresariales y ultraconservadores como los que protegía Nava Miranda. El mismo día de su renuncia, su hijo Felipe Calderón se afiliaba al partido.

Catorce años después, los hijos de ambos personajes se encontraron en el CEN del PAN, con Carlos Castillo Peraza como líder nacional: Nava Vázquez fue electo dirigente juvenil en 1995, impulsado por la ultraderecha y el sector empresarial del partido -los "neopanistas"-, y Felipe Calderón fue electo dirigente nacional en 1996 impulsado por las corrientes que combatían el ultraconservadurismo -los "doctrinarios"-.

A pesar de ello, Nava desarrolló gran afinidad con Calderón y creció políticamente bajo su cobijo. Desde que dejó la dirigencia juvenil del PAN (en 1998) todos sus cargos se los debe al actual Presidente: trabajó en el CEN hasta 1999; en julio del 2000 llegó a las listas plurinominales del PAN a iniciativa de Calderón y fue electo diputado federal. En diciembre del 2000 Josefina Vázquez Mota lo nombró coordinador de asesores de la Sedesol a petición de Calderón, quien a principios del 2001 lo impulsó para ser contratado como abogado general de Pemex.

En septiembre del 2003 Calderón lo nombró jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Energía, cargo que ocupó apenas un mes, pues lo dejó para irse a estudiar un máster en derecho en la Universidad de Harvard. Al regresar a México, a finales del 2005, se integró al equipo de campaña de Calderón, quien lo colocó como secretario general adjunto del CEN panista, para vincular su campaña con la dirigencia de Manuel Espino.

En la transición (septiembre-diciembre del 2006) fue nombrado secretario particular de Calderón, cargo que ocupó durante los dos primeros años de su Presidencia.

En diciembre del 2008 renunció a su cargo en Los Pinos para buscar la candidatura a diputado por el distrito 15 de la delegación Benito Juárez, uno de los más anhelados por los panistas, pues no lo ha perdido el blanquiazul desde 1997. Sus rivales (Jorge Romero y Antonio Zepeda) ni siquiera se registraron para buscar la candidatura.

Paralelamente, el entonces dirigente partidista Germán Martínez lo nombró coordinador de la estrategia 2009, cargo que tampoco asumió a plenitud, pues el 25 de febrero decidió concentrarse en su campaña en el distrito 15.

En julio, como estaba previsto, arrasó y fue electo diputado. Pero un mes después Calderón lo impulsó para ser electo dirigente interino del PAN.

Por el lado familiar, Nava también tiene vínculos con la extrema derecha: se casó en 1999 con María Covadonga Baños Ardavín, hija del empresario Emilio Baños Urquijo, uno de los dirigentes de la organización anticomunista El Muro.

Prominente líder de la ultraderecha mexicana, Baños Urquijo se casó a su vez -en mayo del 2001- con la entonces senadora panista Cecilia Romero, actual comisionada del Instituto Nacional de Migración, ex integrante de la Asociación Nacional Cívica Femenina y política cercana a Calderón.

Cecilia Romero, según testimonios de panistas que prefirieron no ser citados, se opuso rotundamente a la elección de Nava como dirigente interino del PAN en agosto del 2009, y llegó a ventilar en reuniones del CEN la "desordenada" vida familiar del entonces secretario particular del Presidente, lo que lo había llevado a "descuidar" su matrimonio con María Covadonga Baños Ardavín.

El veto de Romero, sin embargo, no impidió que Nava fuera apoyado por las corrientes conservadoras del PAN que, en mancuerna con el calderonismo, lo eligieron dirigente panista el 8 de agosto del 2009 con 290 votos a favor, 39 nulos, 19 abstenciones y la ausencia de 23 consejeros nacionales.

El michoacano llegó con apenas 35 años a la dirigencia partidista, una "hazaña" que sólo había sido lograda por Felipe Calderón en 1996, cuando fue electo dirigente con 34 años.

Dirigencia fallida

El día que fue electo dirigente nacional también se conformó una comisión de reflexión y análisis de los resultados electorales del 2009, que presentó sus conclusiones al Consejo el 12 de septiembre.

El documento presentaba un duro diagnóstico del partido que recibía Nava: "ya no somos el partido del cambio. Al ganar el gobierno no hicimos un manual de procedimientos panista y asumimos la práctica priista. Los ciudadanos no distinguen al PAN y dicen: 'todos los partidos son iguales'. Se perdió la responsabilidad ética ante el juicio ciudadano".

La comisión retrató un partido alejado de los principios con los que se fundó en 1939; una organización sin mística, proyecto de gobierno ni estrategia de comunicación. Un partido sin liderazgos sociales frescos, sin nuevos operadores políticos, sin estructura ni organización capaz de ganar elecciones; con dirigentes reciclados y múltiples trabas para la afiliación y promoción de sus cuadros.

Frente a la dureza del diagnóstico, Nava se comprometió en aquella sesión del Consejo Nacional a convertir la comisión de reflexión en una "Comisión de Seguimiento de las Acciones de Mejora", que supuestamente iba a supervisar el fortalecimiento de la estructura interna, los reajustes para mejorar la operación política de los comités estatales y municipales, la construcción de un "auténtico modelo de gobierno con sello panista en los tres órdenes de gobierno", la selección de candidatos con liderazgo reconocido por la sociedad, la formación de nuevas generaciones de líderes y la ampliación de la membresía del partido.

Pese a la tarea que tenía al interior del PAN, Nava decidió no separarse del cargo de diputado y formar parte "como uno más" de la bancada coordinada por Josefina Vázquez Mota en San Lázaro.

Entre septiembre y diciembre del 2009, Nava sumó cinco permisos y una falta injustificada a la Cámara. Hace una semana, Reforma reveló que durante febrero pasó lista de asistencia, pero no estuvo presente a la hora de las votaciones. La semana pasada no se presentó a la sesión del martes.

El 8 de octubre del 2009 presentó una iniciativa para reducir el financiamiento público que reciben los partidos. Hizo de esta iniciativa su causa como diputado y acusó al PRI y al PRD de resistirse a atender la demanda ciudadana de austeridad en la política. Pero una semana después abandonó esta bandera y se concentró en la negociación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos con el PRI.

La comisión de reflexión del Consejo Nacional panista le había ordenado dirigir las baterías del partido en contra del partido tricolor y sus gobernadores, especialmente el mexiquense Enrique Peña Nieto. Incluso, Nava declaró el 12 de septiembre: "enfrentaremos con decisión y energía a los señores feudales del PRI para asegurar competencias auténticamente democráticas, equitativas y apegadas a derecho. Los hemos visto actuar en sus elecciones locales de 2007, los vimos actuar en 2009 y no permitiremos que vuelvan a actuar en 2010. Sabemos quiénes son y vamos a impedir que vuelvan a conducirse en ese sentido".

Pero el 20 de octubre, Nava estaba pactando con ellos subir el IVA del 15 al 16 por ciento para cubrir el presunto boquete en las finanzas públicas. Aunque eso también lo operó con deficiencias: el 21 de octubre, estuvo a punto de descarrilar las negociaciones al achacar al PRI la paternidad del aumento al IVA, lo que complicó la aprobación de la Ley de Ingresos en el Senado, donde el PRI -y un considerable número de senadores panistas- se resistían a avalar el incremento.

El 30 de octubre, en la Secretaría de Gobernación, Nava firmó un pacto de no agresión en el estado de México con Beatriz Paredes; el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como "testigo de honor", y el secretario de Gobierno del Edomex, Luis Enrique Miranda, como testigo de Peña Nieto, a cambio de que el tricolor avalara finalmente la Ley de Ingresos.

Cuatro meses después se desató el escándalo.

Palabras incumplidas

En el último año y medio, César Nava ha hecho declaraciones que contradice días o semanas después con sus actos.

Al renunciar a la secretaría particular

26 de noviembre del 2008. "Pretendo estar en plenas condiciones legales, políticas y morales para buscar el apoyo de la militancia de mi partido y, posteriormente, el voto ciudadano".

30 de marzo del 2009. Es electo candidato a diputado por el distrito 15 de Benito Juárez en un proceso interno con un solo candidato. Los otros dos aspirantes a la candidatura declinaron a petición de la dirigencia panista en el DF.

En campaña

5 de junio del 2009. "Solamente pienso en el Congreso, en San Lázaro... es en lo que estoy trabajando y no tengo otra cosa en la mente que ganar y ser diputado por Benito Juárez".

24 de julio del 2009. Se registró como candidato único a la dirigencia nacional del PAN.

2 de marzo del 2010. Solicitó licencia al cargo de diputado federal. El PRI votó en contra y le fue negada. Días después retiró la solicitud y decidió seguir ocupando la curul.

Al asumir la dirigencia nacional del PAN

12 de septiembre del 2009. "Enfrentaremos con decisión y energía a los señores feudales del PRI para asegurar competencias auténticamente democráticas, equitativas y apegadas a derecho".

30 de octubre del 2009. Firmó con Beatriz Paredes un acuerdo para tener un comportamiento "de respeto" en el Edomex hasta las elecciones locales de julio del 2011 y no hacer alianzas con partidos ideológicamente contrarios.

Al conocer el análisis de la derrota electoral

8 de agosto del 2009. "Nos confundiremos si creemos que el reto es sólo aumentar el número de gobiernos, sin considerar si en la forma de gobernar estamos cumpliendo el objetivo del bien común. Señores consejeros: les pido que no me instruyan a ganar a costa de lo que sea".

Enero del 2010. Acuerda con la dirigencia del PRD aliarse para sacar al PRI de las gubernaturas de Durango, Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Sinaloa.

La cultura política

(21 marzo 2010).- Téngalo presente

Homenaje a Jesús Reyes Heroles. Conferencias con motivo del 25 aniversario luctuoso del político e intelectual. Luis Medina Peña, Laura Moya, Roberto Blancarte, Soledad Loaeza, Alberto Arnaut. Miércoles 24, 18:00 horas. El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, col. Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.

Conferencias

La política del gobierno mexicano sobre Cuba y los presos políticos. Eduardo Matías López Ferrer, presidente de la Asociación Cívica Cubano Mexicana. Organiza la Fundación Naumann. Lunes 22, de 14:00 horas. Cerrada de la Cerca 82, San Angel Inn. Inscripciones: 5550 1039.

¿Qué reformas son necesarias para combatir a los monopolios en México? Miguel Ángel Bisogno, María Cristina Capelo, Luis Alberto Ibarra, Alejandro Faya, entre otros. Convoca la Facultad de Derecho de la UNAM. Martes 23 y miércoles 24, 17:00 horas. Aula Jacinto Pallares de la facultad. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 1969.

La Constitución de la República y su proyecto de nación. Impartida por Miguel Ángel Morales Mayoral. Jueves 25, 18:00 horas. Salón Miguel Hidalgo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Justo Sierra 19, Centro Histórico. Informes: 5522 2055.

Convocatorias

¿Por qué la competencia importa? Concurso organizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC. Los interesados deben escribir un ensayo sobre el impacto de los monopolios en la vida cotidiana del consumidor. Bases completas: http://www.reddecompetencia.cidac.org/.

Cursos

Maestría en política y gestión del cambio tecnológico. Impartida por el CIECAS-IPN. Reunión informativa: 26 de marzo; recepción de documentos: hasta el 30 de abril; examen de admisión: 4 de mayo; inicio: 2 de agosto. Informes: 5729 6000 ext. 63115; ciecas_mpygct@ipn.mx, y www.ciecas.ipn.mx/mpgct.

Exposiciones

México a través de la causas. Fotografías, grabados, dibujos, pinturas y documentos -alrededor de 800 piezas de la colección de Carlos Monsiváis- que ofrecen una revisión crítica de las causas de la Independencia y la Revolución. Museo del Estanquillo. Isabel la Católica 26, Centro Histórico.

Foros

¿Qué reforma política queremos los ciudadanos? Participan Maite Azuela, Juan Pardinas, Alberto Serdán, Alberto Núñez, Agustín Martínez, entre otros. Martes 23, 16:00 horas. Aula San Ignacio de Loyola, edificio S, primer piso de la Universidad Iberoamericana. Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Informes: http://www.buenciudadano.org.mx/.

Internet

Nuevos escenarios del derecho electoral: los retos de la reforma de 2007-2008 coordinado por John M. Ackerman. http://bit.ly/cDnGBc.

Triunfador-es.com. Portal ciudadano creado por Joaquín Alva para informar y orientar sobre los temas de discapacidad, accesibilidad, discriminación, derechos, inclusión y rehabilitación. http://www.triunfador-es.com.

Libros

Acción Nacional. El apetito y las responsabilidades del triunfo de Soledad Loaeza. Colmex. Colección de artículos publicados por la autora después del 2000. El volumen responde a la pregunta ¿cómo le afectó al PAN su arribo a la Presidencia?

Comunicación y democracia de Hugo Sánchez Gudiño, Fernando García Hernández y Silvestre de la O Tapia. Porrúa. Reflexiones sobre el nuevo escenario de los medios de comunicación en México. Reforma electoral, Ley Televisa y Ley de Transparencia.

Cuando éramos honrados mercenarios de Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara. Colección de artículos del 2005 al 2009 en los que se refleja el paso de la euforia económica al derrumbe.

El general sin memoria de Juan Veledíaz. Debate. A través de la historia del general Salvador Rangel Medina, el autor recrea la participación del Ejército mexicano en la denominada Guerra Sucia de los años setenta y la primera incursión de esta institución en la lucha contra el narcotráfico.

Estudios institucionales: caracterización, perspectivas y problemas coordinado por Eduardo Ibarra Colado. Gedisa. Un análisis académico sobre la crisis de las instituciones modernas.

La guerra injusta de Ciudad Juárez de Manuel Espino. Grijalbo. El ex dirigente nacional panista analiza la situación de la ciudad fronteriza; exige un cambio de estrategia del presidente Felipe Calderón y reitera sus propuestas para tratar de recuperar la paz.

La Ley Televisa y la lucha por el poder en México coordinado por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva. UAM. 34 especialistas analizan desde diversas disciplinas las repercusiones de la Ley Televisa en la política y las comunicaciones en México.

La violencia de Estado en México de Carlos Montemayor. Debate. Ensayos sobre el movimiento estudiantil de 1968 y la estrategia de guerra emprendida por el Estado contra movimientos sociales en el siglo XX.

Mesas

¿Está en nuestra naturaleza delinquir? Bases biológicas del delito. Organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con Víctor Hugo Pérez Pérez y Feggy Ostrosky. Martes 23, 12:00 horas. Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Inacipe. Magisterio nacional 113, Tlalpan. Informes e inscripciones: 54871500 ext. 1665.

La religión: ¿promotora o inhibidora del delito? Organizada por el Inacipe, con Juan Luis González Alcántara, Armando Martínez Gómez, Hugo Valdemar, Marco Perilli. Jueves 25, 18:00 horas. Magisterio nacional 113, Tlalpan.

Presentaciones

La juventud mexicana, una radiografía de su incertidumbre de Pedro José Peñaloza. Porrúa. Presentan la obra Miguel Ontiveros, Raúl Álvarez Garín, Elizabeth Nolasco, Luis González Placencia y el autor. Martes 23, 12:00 horas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Universidad 1149, colonia Florida. Informes: 5229 5600 ext. 1619.

México, país de migración de Luis Herrera-Lasso. Siglo XXI. Presentan Cecilia Imaz, Rodolfo Casillas, Gustavo Mohar y el coordinador. Martes 23, 18:30 horas. Foro de la librería S. XXI. Cerro del Agua 248, Copilco. Informes: 5658 7999, ext. 110 y 128.

Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar de Luis F. Aguilar. Comentaristas: Mario Miguel Carrillo, Andrés Lajous y Omar Guerrero. Organiza la Fundación Naumann. Miércoles 24, 18:30 horas. Tacuba 4, Centro Histórico. Inscripciones: 5512 4947.

Secularización del Estado y la sociedad coordinado por Patricia Galeana. Siglo XXI y Senado de la República. Presentan la obra Carlos Navarrete, Melquiades Morales y la coordinadora. Jueves 25, 10:00 horas. Patio Central del Senado. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 5237.

Revistas

Examen. No. 181. Gerardo Sauri Suárez, Juan Martín Pérez García, Mónica Ramírez, Alejandro Calvillo, Margarita Griesbach, entre otros, escriben sobre la infancia: obesidad, explotación laboral, situación en calle y derechos.

Zócalo. No. 121. Ernesto Villanueva, Salvador Guerrero, Eduardo R. Huchim y Perla Gómez analizan diferentes amagos gubernamentales en contra de la transparencia y el acceso a la información.

Simposios

II Simposio Iberoamericano de Estudios sobre Japón. Diez especialistas analizarán los procesos de integración de japón en la región del Pacífico. Miércoles 24, 10:00 a 20:00 horas y jueves 25, 9:00 a 14:00 horas. Centro de educación y extensión universitaria de la UAM. Casa Rafael Galván Zacatecas 94, Colonia Roma. Informes: 5574 0428 y 5264 3983.

Si desea difundir alguna actividad de cultura política comuníquese al 5628 7245; fax: 5628 7259

correo: enfoque@reforma.com

REVISTA PROCESO No. 1742

El encanto de ser expresidentes...

Daniel Lizárraga*

De los cinco expresidentes vivos, Vicente Fox es el más caro para el erario, seguido por Miguel de la Madrid, autor del decreto que les aseguró una vida regalada mediante millonarias pensiones. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo no la cobran, pero sí gozan de seguros de gastos médicos mayores, empleados administrativos y escoltas militares. Como candidato a la Presidencia, Felipe Calderón prometió que no la aceptaría, pero aún no ratifica públicamente su compromiso.

El presidente Felipe Calderón ha preferido apretar el cinturón a la gente limitando el salario mínimo a un aumento de apenas 2 pesos con 58 centavos diarios; se ha arriesgado a incomodar a los industriales con el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), y recientemente ha sacrificado a la burocracia reduciéndole el gasto corriente. Todo, antes que tocar a las familias presidenciales, cuya manutención histórica llegará este año a 438 millones 841 mil 787 pesos (unos 33.7 millones de dólares), cifra sin parangón en el mundo.

En ninguna otra parte de América Latina los exmandatarios cuentan con oficinas ocupadas por servidores públicos a sus órdenes y sostenidas con el erario, del tamaño que hay en México, donde los cuatro expresidentes vivos disponen de 89 funcionarios que han costado a los contribuyentes 229 millones 132 mil 248 pesos durante los últimos 32 años, de acuerdo con una investigación de Proceso.

Estos montos no consideran la nómina de los 78 elementos del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea asignados a los exmandatarios. El Estado Mayor Presidencial ha clasificado estos datos como confidenciales y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) aún no se ha pronunciado sobre la pertinencia de divulgar esa información.

Solamente la Fuerza Aérea aporta 11 miembros: un jefe, dos oficiales y ocho elementos de tropa. No se sabe con cuál expresidente fueron asignados ni tampoco qué papel desempeñan.

Privilegiados

Hay tres maneras de pertenecer a la socialité mexicana: tener un apellido de abolengo que venga desde principios del siglo pasado, pertenecer a las familias de empresarios poderosos o estar bajo el cobijo de la nobleza política, compuesta por las familias de los expresidentes.

Mientras muchos empresarios –particularmente libaneses y judíos– han forjado sus fortunas mediante el trabajo de generaciones, las familias de los exmandatarios han alzado el vuelo gracias al erario. Por ejemplo, la manutención del expresidente Luis Echeverría Álvarez durante 32 años ha significado 133 millones 605 mil 541 pesos distribuidos entre sueldos (81 millones 228 mil pesos), aguinaldos (1 millón 443 mil pesos) y nómina de 23 empleados (50 millones 933 mil pesos).

Hasta antes de su muerte en febrero de 2004, José López Portillo obtuvo del erario por lo menos 52 millones 609 mil 494 pesos entre salarios y aguinaldos, además de un seguro de vida que pudo cobrar su familia estimado en 8 millones 204 mil pesos.

El fallecimiento del expresidente no significó que desapareciera el apoyo a su familia. Su segunda esposa, Alejandra Acimovic Popovic (conocida como Sasha Montenegro, una estrella del cine de ficheras en la década de los ochenta), percibe una pensión de 102 mil 561 pesos y un aguinaldo de 21 mil 875 pesos, además de los seguros de vida y de gastos médicos mayores. En seis años –y hasta el cierre de 2010–, ella habrá recibido 8 millones 553 mil pesos de pensión, de acuerdo con cifras proporcionadas a Proceso por la Presidencia, a través de la Ley Federal de Transparencia.

La fortuna tampoco abandona a los descendientes de exmandatarios, y menos si emparentan entre sí. En la primera semana de marzo pasado, el suplemento Club del diario Reforma dio amplia cobertura a la boda entre Lorena Tovar y López Portillo, nieta del expresidente José López Portillo, con Gerardo Díaz Ordaz, nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Sobre el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, por cierto, no hay información confiable en los registros de Los Pinos, porque hasta antes de 1973 las pensiones no estaban reglamentadas. Lo que percibieron antes de esa fecha fue discrecional.

En el otro extremo de la escala social, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 43.9 millones de personas que no tuvieron empleo hasta diciembre de 2009, cerca de 5.9 millones, es decir, 13.36% perciben ingresos de un salario o menos de un salario mínimo.

El actual presidente, el panista Felipe Calderón, aún no anuncia si aceptará o no la jubilación presidencial. Proceso solicitó al coordinador de Comunicación Social de Los Pinos, Max Cortázar, una precisión sobre este tema, recordando que, durante su campaña electoral, Calderón dijo que renunciaría a ese derecho. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

De aceptarla, a partir de diciembre de 2012 Calderón tendrá una pensión mensual de 215 mil pesos brutos, un aguinaldo de 43 mil 500 pesos, un seguro de vida por más de 8 millones de pesos y un seguro de gastos médicos mayores con un tope máximo de 390 mil 609 pesos.

Su antecesor, Vicente Fox Quesada, el primer presidente surgido de la oposición panista, sí recibe la jubilación, herencia del viejo régimen priista, al cual juró sacar a patadas de Los Pinos.

Seis años más tarde, Vicente Fox no sólo gana lo mismo que los expresidentes priistas, sino que además tiene a su servicio 19 empleados, más que el equipo que disfrutan los expresidentes Carlos Salinas (13) y Ernesto Zedillo (11), quienes por cierto rechazaron la pensión.

De hecho, Vicente Fox tiene una nómina que cuesta 447 mil 207 pesos mensuales. Uno sólo de sus empleados, Jorge Humberto Loyola, tiene un sueldo de 119 mil pesos brutos. No existe otro salario similar en las oficinas de apoyo a los expresidentes. A cinco años de haber dejado el poder, los funcionarios que trabajan para el guanajuatense han costado 21 millones 465 mil 936 pesos.

Miguel de la Madrid tiene a su servicio a 23 personas. El costo de esa nómina es de 389 mil 176 pesos mensuales.

En contraste, en Ecuador, los exmandatarios devengan una pensión equivalente a 41 mil 600 pesos, sin ningún otro apoyo administrativo, prestaciones ni de guardia personal extra. En Francia, las pensiones presidenciales incluyen el sueldo de una secretaria. En Argentina, el expresidente Néstor Kirchner cobra lo equivalente a 91 mil pesos mensuales.

En Brasil, los expresidentes no tienen derecho a una pensión y su única prestación es una oficina con ocho empleados (cuyos salarios no pueden superar los 61 mil pesos mensuales) y dos automóviles. En Panamá están prohibidas las pensiones presidenciales.

Más cercanos al caso mexicano, en Colombia, los exmandatarios reciben una pensión de 136 mil 500 pesos (10 mil 500 dólares), una edecán y un escolta. En Chile, los expresidentes reciben una pensión de alrededor de 130 mil pesos netos (apenas 12 mil pesos menos que aquí), más gastos para oficina en general por 12 mil dólares, es decir, unos 156 mil pesos. En esta jubilación van incluida lo que puedan gastar en transportes.

Los privilegios para los expresidentes mexicanos son obra de Miguel de la Madrid, quien emitió un decreto que establece: Los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos disfrutarán, mientras vivan, de una pensión equivalente al sueldo total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado. Dicha pensión se otorgará con cargo al erario federal y se incrementará en la misma temporalidad y proporción.

Vida regalada

Felipe Calderón tendrá 49 años de edad cuando entregue la banda presidencial a su sucesor. Según el Consejo Nacional de Población, el promedio de vida de los mexicanos llega a 73 años. Si Calderón cumpliera esta expectativa, estará pensionado durante casi 24 años, lo que representaría más de 64 millones de pesos, tomando en cuenta sólo salario y aguinaldo actuales, sin considerar aumentos.

En contraste, a finales del año pasado, la administración de Felipe Calderón decretó un aumento de 4.85% al salario mínimo, que pasaron de mil 644 pesos a mil 723 pesos mensuales en la zona geográfica A; de mil 597 pesos a mil 675 en la zona B, y de mil 558 pesos a mil 634 en la zona C. Ni hablar de las pensiones que paga la seguridad social a los trabajadores con esos niveles salariales.

Los presidentes en funciones tienen otra prestación: pueden ahorrar una cantidad significativa gracias al seguro colectivo: el funcionario aporta de 2% a 10% de su salario, mientras que el gobierno aporta la misma cantidad.

Es decir, si el actual mandatario ahorrara 10% de sus salario neto obtendría 29 mil 200 pesos mensuales, mismos que al final de sexenio le representarían unos 2 millones 102 mil pesos. Esta cifra es sólo una estimación, ya que no existe manera de saber con precisión qué cantidad ahorra.

Calderón gozará también de un fondo de retiro individualizado que, para la mayoría de los funcionarios públicos, representa un fondo de resistencia cuando son despedidos. En el caso de los expresidentes, esta bolsa es ganancia pura, pues tienen garantizada una pensión de por vida.

Igual que el resto de los expresidentes, Calderón y su familia quedarán protegidos por un seguro de vida equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual. Esto significa 8 millones 204 mil 880 pesos. Además, cuentan con un seguro médico de gastos mayores por 390 mil 609 pesos.

En el decreto vigente aprobado por Miguel de la Madrid se estableció que las viudas de los expresidentes tendrán derecho a una pensión de 80% del sueldo total bruto de la jubilación de su marido fallecido, durante el primer año. Luego se va reduciendo hasta quedar en 50% después del cuarto año. La esposa y los hijos de los expresidentes están incluidos también en el seguro de vida –éstos hasta cumplir la mayoría de edad– y en el seguro de gastos médicos mayores por un monto equivalente a 60% del que tenía el expresidente.

Dos de los expresidentes emanados del PRI, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, renunciaron a la jugosa jubilación, pero no a los seguros ni al personal de apoyo.

En los estados financieros de Los Pinos consta que a favor de la familia Zedillo se paga mensualmente un seguro de gastos médicos mayores por 6 mil 35 pesos mensuales, cifra que, a lo largo de 10 años, representa 724 mil 680 pesos, además de la nómina de personal administrativo que este año habrá ascendido a 1 millón 224 mil pesos.

Lo mismo ha sucedido con Carlos Salinas, por quien se devengan 805 mil 680 pesos para seguro de gastos médicos mayores. A lo largo de 15 años –de diciembre de 1994 a diciembre de 2010– los recursos públicos canalizados a la familia Salinas alcanzarán los 805 mil 680 pesos, sin contar los 57 millones 435 mil 480 pesos que ha costado la manutención de su oficina con 13 empleados.

* Con datos de los corresponsales internacionales de Proceso y de la Red de Periodistas de Investigación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Alquimia presidencial
Álvaro Delgado

Hasta mediados de 2004, el exdiputado federal, expresidente nacional del PAN y exsecretario de Estado Felipe Calderón poseía un modesto patrimonio. Sin embargo, aun antes de que hiciera sus habituales efectos la magia presidencialista, los fondos de sus cuentas bancarias se multiplicaron por 10, y eso que no tuvo empleo entre junio de 2004 y enero de 2006; de ahí en adelante todo ha sido bonanza... y opacidad.

Al quedar en el desempleo por su renuncia a la Secretaría de Energía en junio de 2004, Felipe Calderón poseía un modesto patrimonio: tenía sólo 32 mil pesos en dos bancos y un depósito de 16 mil dólares en Estados Unidos. Debía la hipoteca de su casa.

El sostén de la familia era Margarita Zavala Gómez del Campo, su mujer, aunque ella misma dejó de tener ingresos cuando, en marzo de 2006, solicitó licencia como diputada federal. “Yo ahorita no tengo chamba, pero soy candidato. Ella me mantiene”, confesó Calderón en la campaña.

Pero la suerte en el dinero comenzó a cambiarle a Calderón no sólo desde que, el 1 de diciembre de 2006, asumió el cargo de titular del Ejecutivo bajo acusaciones de fraude electoral, sino desde que se convirtió en candidato del Partido Acción Nacional (PAN), en octubre de 2005.

Se inició entonces la bonanza inmobiliaria y financiera, pero siempre bajo el signo de la opacidad, como lo acreditan sus propias declaraciones patrimoniales a su paso por el gobierno de Vicente Fox y en los tres años que tiene en el cargo que le confirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En este singular ascenso económico, Calderón ha dejado huellas: por ejemplo, sin haber tenido ningún empleo entre junio de 2004 y enero de 2006, los fondos de sus cuentas bancarias se multiplicaron por 10.

En efecto, el 19 de enero de 2006, al iniciar su campaña presidencial, tenía cuatro cuentas en dos bancos por un total de 288 mil 495 pesos, 346 mil 42 pesos de su afore y 14 mil 988 dólares depositados en Bank of America.

El único inmueble que reconoció como suyo fue la casa de la calle Cóndor 231, colonia Las Águilas, adquirida en marzo de 2002 mediante un crédito hipotecario por 4 millones de pesos.

En esa declaración ante el notario público 243, Guillermo Escamilla Narváez, Calderón incluyó el patrimonio de su cónyuge: cuatro cuentas bancarias en igual número de bancos por 885 mil 264 pesos; un predio rústico en Ayapango, Estado de México, y 33% de los derechos de copropiedad del terreno de mil 705 metros cuadrados de Cóndor 227.

Pero en su última declaración patrimonial como servidor público del foxismo, en mayo de 2004, Calderón consignó una fortuna considerablemente menor: una cuenta por 21 mil 616 pesos, otra por 10 mil 410 pesos, y la tercera, en el Bank of America, por 16 mil 365 dólares.

En su testimonio, declaró ser propietario de la casa de Cóndor 231 y otra de 155 metros cuadrados, cuya dirección no especificó, adquirida en enero de 1993 mediante un crédito por 340 mil pesos.

En 2004 poseía también –como hasta su declaración correspondiente a 2009– dos vehículos: un Volkswagen Golf modelo 1993, valuado en 55 mil pesos, y una camioneta Ford Windstar 2000, cuyo costo estimó en 240 mil pesos.

Siempre conforme a las declaraciones patrimoniales de Calderón, que por ley deben presentarse ante la Secretaría de la Función Pública y que consignan textualmente que toda la información es “capturada directamente por el servidor público”, este ascenso en su hacienda personal ha sido permanente.

Pero también ha crecido la opacidad de la familia Calderón-Zavala, como lo muestra el hecho de que no declaró la adquisición de los nuevos bienes inmuebles colindantes con su casa de la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México (Proceso 1789).

Bonanza financiera

Así como Calderón multiplicó por 10 los fondos de sus cuentas bancarias en dos años sin tener empleo, en su primera declaración patrimonial que presentó ostentándose como jefe del Ejecutivo, el 12 de enero de 2007, se observa un incremento curioso.

Calderón declaró ingresos netos por 147 mil 134 pesos –146 mil 584 por su primer mes en el cargo público y 550 pesos por actividad financiera– , pero sus cinco cuentas bancarias sumaban ya 674 mil pesos, además de los 15 mil 66 dólares en Estados Unidos.

Es decir, de enero a diciembre de 2006, los fondos en las cuentas bancarias de Calderón pasaron de 288 mil 495 pesos, que declaró ante notario público al inicio de la campaña, a casi 700 mil pesos, cuando él mismo aseguró haber tenido ingresos sólo por su salario de diciembre de 2006, porque públicamente renunció a los 150 mil pesos mensuales que estaban presupuestados para él en los gastos de transición.

Cinco meses después, la modificación patrimonial del 30 de mayo de 2007, con seis meses en el cargo, sufrió pocos cambios: las cuentas bancarias subieron casi 100 mil pesos, al sumar 760 mil 436, y la cuenta en dólares siguió en 15 mil 74. Un detalle: a diferencia de su primera declaración, en la segunda sí estableció los gastos de manutención: 479 mil pesos.

Llama la atención también que en esa segunda declaración, además de sus ingresos mensuales por el cargo –139 mil 850 pesos– y por actividad financiera –7 mil 107–, aparezca una suma por concepto de “servicios profesionales” por un total de 193 mil 478.

Al año siguiente, en la declaración patrimonial que presentó en mayo de 2008, Calderón informa que ganó en su primer año de gestión 2 millones 486 mil 48 pesos: 2 millones 471 mil 508 pesos por el cargo público y 14 mil 540 pesos por actividad financiera.

De esta forma, sus cuentas bancarias sumaron 701 mil 528 pesos –60 mil pesos menos que el año previo–, pero acumuló casi 1 millón y medio de pesos más por dos conceptos nuevos: un total de 614 mil 772 pesos de “seguro de separación individualizada” y 812 mil 77 pesos por lo que denominó simplemente “otros”.

Si a sus ingresos de 2 millones 486 mil 48 pesos se le restan sus gastos de manutención, que tasó en un millón 68 mil, le quedaron un millón 418 mil pesos.

En la declaración 2009, con datos al 31 de diciembre de 2008, Calderón declaró ingresos anuales por 3 millones 75 mil 182 pesos, correspondientes a 3 millones 45 mil por el cargo público y 29 mil 355 por actividad financiera.

Aunque sus cuentas bancarias sufrieron una disminución de aproximadamente 200 mil pesos respecto del año anterior –al sumar un total de 490 mil 800 pesos–, mantuvo el millón y medio de 2008 por el “seguro de separación individualizada”, que subió a 1 millón 131 mil 993 pesos, y “otros” por 374 mil 89 pesos, lo cual dio un total de 1 millón 506 mil 82 pesos.

Sus gastos durante 2008 ascendieron a 2 millones 87 mil 287 pesos: 1 millón 68 mil pesos de manutención y un millón 19 mil 287 por el pago de dos créditos hipotecarios otorgados el mismo día (6 de junio de ese año) para adquirir una “casa habitación” y un “terreno con construcciones”.

Engañosa austeridad

En las dos más recientes declaraciones patrimoniales de Calderón, que ya no incluyen los bienes de su cónyuge, Margarita Zavala –que no percibe ingresos desde 2006–, se consigna también que no cumplió su promesa de no incrementarse su sueldo desde que asumió el cargo.

En la declaración correspondiente a 2008, Calderón asegura que sus ingresos durante todo 2007 ascendieron a 2 millones 471 mil pesos netos sólo por concepto del cargo público, pero en la correspondiente a 2009 asentó que percibió durante todo 2008, también sólo por su cargo, un total de 3 millones 45 mil 827 pesos libres de impuestos.

Es decir, el sueldo de Calderón como titular del Ejecutivo, que prometió que se mantendría igual desde 2006, en un año se incrementó en 574 mil 319 pesos, equivalentes a casi 25% más, según las cifras que él mismo consignó.

Y es que Calderón siempre ha mostrado resistencias a la transparencia: jamás honró su palabra de informar sobre los gastos de su campaña, el costo de la renta de tres inmuebles usados por su equipo ni el de su casa de transición. Tampoco dio cuenta sobre sus medios de sustento durante dos años y medio de desempleo.

Calderón había dado muestras de actuar con opacidad cuando se concedió un autopréstamo por 4 millones de pesos como director general del Banco Nacional de Obras (Banobras) en 2003, al que renunció por el escándalo que generó su revelación.

De hecho, tal como lo acreditó el reportero Daniel Lizárraga en su libro La corrupción azul, trató de ocultar el despilfarro de 150 millones de pesos de los gastos de transición, que por mandato de ley y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) debe informar a detalle.

Al iniciar la gestión de Calderón, la Presidencia de la República negó a Proceso una solicitud, formulada el 4 de diciembre de 2006, para tener acceso a su declaración patrimonial, con el argumento de que no es de su competencia.

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reportero solicitó la “relación de bienes del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de su esposa Margarita Zavala, que incluya propiedades muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias y adeudos, que por ley debe rendir en su declaración patrimonial”.

Sin embargo, el 15 de diciembre, la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República notificó al solicitante la negativa, con el argumento de que no es de su competencia, sino de la Secretaría de la Función Pública, según el artículo 37 fracción XV, donde se establece que a ésta le corresponde “recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables”.

Sin embargo, al margen de esa disposición legal, el Código de Ética del PAN que Calderón se comprometió a respetar dispone, en el apartado “Información, comunicación y transparencia”, la obligación de los servidores públicos de ese partido a abrirse al escrutinio público.

En el punto 23 establece: “Me aseguraré (de) que la información que llegue a la sociedad sea veraz, oportuna, adecuada, transparente y suficiente para cumplir con la exigencia del derecho a la información”.

En el punto 24 añade: “Facilitaré a los medios de comunicación el cumplimiento de su misión de informar. Me abstendré de ofrecer u otorgar favores o dádivas con cualquier propósito que busque cambiar el sentido de tal información”.

Y en el 27 anota: “Ejerceré la autoridad con responsabilidad y aplicaré en ello todo mi tiempo y esfuerzo, resguardando la dignidad, la honra y el nombre del servidor público y del partido. Estaré dispuesto al escrutinio de la gestión pública. Haré transparente y limpio el ámbito público”.

El mismo Calderón, al iniciar su campaña y hacer público su patrimonio, el 19 de enero de 2006, rechazó la corrupción –“¡No es válido amasar fortunas al amparo del poder!”– y se ufanó: “¡Tengo las manos limpias, no tengo cola que me pisen ni dinero mal habido ni sangre en las manos!”.

Amenaza penal
Daniel Lizárraga

Al asumir la responsabilidad de haber eliminado de las declaraciones patrimoniales del presidente Felipe Calderón los bienes comprados a nombre de su esposa, Margarita Zavala, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, podría resultar sancionado penal o administrativamente, advierte el especialista en transparencia Ernesto Villanueva.

“Si el presidente en verdad registró las propiedades de su esposa y luego aceptó dar a conocer todos sus bienes, esa información era pública de oficio”, sentencia Villanueva, uno de los impulsores de la Ley Federal de Transparencia, autor de más de 20 libros sobre acceso a la información y asesor de gobiernos extranjeros en el diseño de sistemas de rendición de cuentas en América Latina.

Aún más: si Calderón aceptó que sus declaraciones patrimoniales fueran públicas, el titular de la SFP está obligado a respetar esa decisión y, en consecuencia, debió colocarla en forma íntegra en Declaranet, el sistema público de rendición de cuentas, puntualiza Villanueva.

En su edición pasada, Proceso publicó un reportaje en el que se refiere cómo Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala incrementaron 11 veces el tamaño de su casa familiar al comprar una nueva vivienda y un terreno contiguo, sin que esas transacciones quedaran consignadas en la declaración patrimonial de 2008 firmada por el mandatario.

Disponible en internet, en la declaración de Calderón no apareció la casa marcada con el número 9 de la privada de Cóndor 231 en la colonia Las Águilas –con una extensión 234 metros cuadrados–, registrada a nombre de Margarita Zavala.

En esa misma declaración patrimonial, así como en las dos anteriores presentadas por Calderón como presidente de la República, no existe forma de enterarse de que, junto con su consorte y su compadre Óscar Fernández, adquirieron un terreno de 2 mil 300 metros cuadrados.

A la familia Calderón-Zavala le corresponden mil 552 metros cuadrados (776 metros cuadrados de Calderón y 776 metros cuadrados de Zavala), según consta en los archivos del Registro Público de la Propiedad ubicados por este semanario.

Durante los dos últimos años, sobre ese predio se han construido una edificación de tres pisos, un jardín, un estacionamiento para al menos tres vehículos, media cancha de basquetbol y una bodega.

Entrevistado telefónicamente en cuanto a las razones por las que esas propiedades no aparecieron en las declaraciones patrimoniales de Calderón, aun cuando el propio mandatario aceptó transparentar sus bienes, Salvador Vega Casillas, explicó a Proceso que el sistema Declaranet eliminó en automático las propiedades a nombre de Margarita Zavala.

El funcionario afirmó que eso mismo se hace con todas las esposas, parejas sentimentales e hijos de los servidores públicos, a fin de proteger sus datos personales.

Consultado al respecto, Ernesto Villanueva destaca que, si se atiende al contenido de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Vega Casillas no tiene atribuciones como para haber omitido las propiedades a nombre de Margarita Zavala.

–El secretario dijo que se trata de una interpretación del marco legal. ¿Está en lo cierto?

–Por supuesto que no. Al contrario, él no tiene atribuciones para interpretar en ese sentido la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y menos aún para aplicar la escasa normatividad sobre datos personales. Cierto es que existen especificaciones claras sobre el manejo de datos personales en un apartado de la Ley Federal de Transparencia, pero la autoridad encargada de aplicarla es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, no él.

–¿A qué debió ceñirse entonces en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y qué espacio de maniobra tiene para interpretar que dentro de sus atribuciones está el eliminar las propiedades de la esposa del presidente?

–No hay espacio para las interpretaciones. En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos quedó claro que basta con la autorización por escrito del funcionario para transparentar sus bienes. De tal suerte que, en el caso del presidente Calderón, la Función Pública debió liberar toda la información. Lo lamentable aquí es que esa dependencia, que es la responsable de auditar al gobierno federal, no predique con el ejemplo e incurra en anomalías.

–Si el secretario Vega Casillas asumió la responsabilidad de que el sistema Declaranet elimine automáticamente los bienes de las esposas, ¿puede resultar sancionado por ello?

–Por su puesto.

–¿Quién podría hacerlo?

–Puede intervenir la Cámara de Diputados. Desde dentro del gobierno es imposible. El secretario de la Función Pública es designado por el presidente en turno, es parte de su gabinete, y en esta lógica sería absurdo pensar que pueden sancionarse entre ellos.

–¿Cómo se castiga esa irregularidad?

–Mediante la Auditoría Superior de la Federación, practicando una auditoría de desempeño. Por ahí se puede hacer algo. Estamos ante una clara violación legal en la que hay un acto de autoridad que modifica datos de la declaración patrimonial sin fundar ni motivar su decisión.

–¿Es factible que prospere?

–Si dejamos pasar esto, mañana va a ser lo mismo con el resto del gabinete. Esto no debe entenderse como un acto de buena voluntad o de nobleza del secretario. En todo caso, el interesado, que es el presidente, debió decir que no quería transparentar su declaración patrimonial.

–Como especialista, ¿sabía usted que la Función Pública eliminó de las declaraciones patrimoniales los bienes a nombre de Margarita Zavala, así como de cualquier otra esposa e hijos?

–No, nunca. No había sido tema. Hasta ahora que se publicó el reportaje de Proceso me enteré de ello. Este tema, por lo que dijo el secretario, estaba ahí dentro como una facultad discrecional. Esto es una violación sistemática de la ley a manos de la propia autoridad encargada de vigilar el patrimonio de los servidores públicos e informar de ello a los ciudadanos. Estamos en el mundo al revés.

En su libro Transparencia y declaración patrimonial de los servidores públicos: Alcances y límites del derecho a saber, Ernesto Villanueva expone que la importancia de las declaraciones patrimoniales radica en brindar a la gente confianza respecto de la actuación de los funcionarios.

México pertenece a un bloque de países –entre los que están Colombia, Ecuador y Panamá– en el que los servidores públicos son los que autorizan la difusión de sus declaraciones patrimoniales. En otros países, como Estados Unidos o Chile, la relación de bienes se transparenta de oficio, sin tomar en cuenta la opinión de los gobernantes.

–¿Afecta a la rendición de cuentas en México la eliminación de la lista de propiedades de las esposas, en este caso de Margarita Zavala?

–La rendición de cuentas es de adentro hacia fuera. Es decir, del gobierno hacia la gente y no a la inversa. Por eso la gravedad de esto. El problema es de fondo. El titular de la Función Pública es designado por el presidente para vigilar a su propio gobierno. Esto no sucede en toda América Latina.

–¿Hay otros casos como México, con un sistema intermedio de rendición de cuentas en el cual los servidores públicos deben autorizar la difusión de sus declaraciones patrimoniales, pero a final del camino el gobierno rasura esa información?

–No, en lo que averigüé no. Generalmente se había mantenido en México el cumplimiento formal de la ley. En esta administración aparentemente tenemos un margen mayor de transparencia, pero en realidad es un gran cinismo.

–¿Cuáles son los criterios del IFAI respecto de la declaración patrimonial?

–Si el servidor público aceptó transparentar su declaración de bienes, la información es pública. Por eso digo que el haber conocido las propiedades de la esposa del presidente era un asunto de oficio. Pero con el candado puesto por la Función Pública, ahora la única alternativa es hacer solicitudes de acceso a la información, lo que llevaría algunos meses de trámite.

–¿Le sorprendió enterarse de esta presunta mutilación de las declaraciones patrimoniales del presidente Calderón?

–Sí, porque la idea que teníamos era otra: que bastaba con que el funcionario aceptara hacerla transparente. Sin embargo, también hay que destacar que el presidente Felipe Calderón ha sido consistente en su rechazo a la transparencia. Cuando fue coordinador del PAN en la Cámara de Diputados puso resistencia a que se aprobara a Ley de Transparencia y estaba en contra de que naciera el IFAI.

–¿Hay alguna manera de que la Secretaría de la Función Pública pueda sostener esa interpretación legal que dicen ostentar para eliminar información de las declaraciones patrimoniales?

–El secretario Vega Casillas no puede decidir por sí y ante sí, al margen del régimen legal establecido .Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La eliminación de los bienes a nombre de las esposas no está fundada ni motivada. La declaración patrimonial es un todo, no se puede desgajar. Cuando tomamos una naranja en el supermercado, no podemos decidir qué parte tomamos y cuál no. Lo mismo pasa con las declaraciones patrimoniales. En todo caso, se requeriría de una reforma legal que faculte a la autoridad a sólo tomar una parte de esa declaración para hacerla pública.

De acuerdo con el referido libro de Ernesto Villanueva, las declaraciones patrimoniales representan una ventana a través de la cual los ciudadanos vigilan la evolución patrimonial de quienes manejan los recursos públicos. El transparentar los bienes del funcionario y su familia, indica el texto, da confianza a la gente.

Pero si cualquier persona pasa por la calle de Cóndor, en la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México, no podría saber que la casa de la familia Calderón Zavala ha cambiado durante los últimos tres años. Desde la acera no pueden detectarse las modificaciones, pues las nuevas propiedades se conectan por la parte de atrás.

La casa 9, a nombre de Margarita Zavala, que cuenta con jardín, alberca y cabaña, es rentada al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, como lo informó este semanario en su edición 1741.

En respuesta, la Sedesol envió una carta a este semanario en la cual asegura que el contrato de arrendamiento se firmó con “una empresa inmobiliaria” y el precio que se paga es el que corresponde al mercado de esa zona.

Mientras circulaba ya la edición de Proceso con la investigación sobre las propiedades de Felipe Calderón, la SFP suspendió, con el argumento de que se daría “mantenimiento tecnológico”, el sistema de rendición de cuentas por internet utilizado por los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación para conocer el patrimonio de los funcionarios federales, así como para enterarse de las compras y adquisiciones del gobierno.

La suspensión duró cuatro días, del viernes 12 al lunes 15 de marzo. Al reiniciarse el sistema, las declaraciones patrimoniales de Felipe Calderón siguieron sin mostrar las propiedades a nombre de Margarita Zavala Gómez del Campo.

En manos de Televisa
Jenaro Villamil

Según nuevos datos sobre el acuerdo clandestino que firmaron los dirigentes del PRI y del PAN en octubre de 2009, las verdaderas monedas de cambio fueron: 50 mil millones de pesos para los gobernadores priistas y mayor gasto corriente para el gobierno federal. Pero el escándalo detonó cuando Televisa, que tiene en sus manos las riendas publicitarias del líder de esos gobernadores, Enrique Peña Nieto, y del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, decidió demostrarles a ambos quién es el verdadero “administrador” de la sucesión para 2012.

La firma del “convenio de colaboración” entre los dirigentes del PAN y del PRI no fue para garantizar la aprobación del incremento de 15% a 16% del IVA y otros aumentos fiscales contenidos en la Ley de Ingresos de 2010, como afirmó el presidente panista César Nava, sino para acordar el reparto de casi 50 mil millones de pesos en recursos extraordinarios a los estados gobernados por mandatarios priistas a cambio de que no se redujeran los 107 mil millones de pesos en gasto corriente del gobierno federal durante la discusión de la Ley de Egresos, aprobada la madrugada del 17 de noviembre de 2009.

Nuevos datos sobre el documento firmado en las oficinas de la Secretaría de Gobernación el pasado 30 de octubre indican que el convenio no tuvo como propósito garantizar el voto de la mayoría priista en la Cámara de Diputados durante la discusión de la Ley de Ingresos, aprobada cinco días antes de que Beatriz Paredes y Nava estamparan sus firmas, sino pactar un reparto multimillonario de recursos extraordinarios, sin obligaciones de fiscalización ni de rendición de cuentas, según revelaron a Proceso testigos clave de esta negociación.

“En este escándalo, tanto Nava como Beatriz Paredes, Fernando Gómez Mont y el gobernador Enrique Peña Nieto han mentido”, confía esta fuente, según la cual hubo, además, otros convenios entre la Secretaría de Hacienda y gobernadores priistas –los mismos ocho mandatarios del tricolor que asistieron al quinto informe de gobierno de Ulises Ruiz el 16 de noviembre, en Oaxaca, donde Peña Nieto les garantizó el reparto de recursos extraordinarios por 49 mil 402 millones de pesos.

La revelación del documento, forzada por el propio Peña Nieto, no solamente fue el resultado del rompimiento entre el gobierno del Estado de México y el de Felipe Calderón. Televisa jugó un papel fundamental en la gestión del revuelo mediático, tal como ocurrió en 2004 con los videoescándalos y un año después fue clave para cortar las ambiciones del gobernador mexiquense Arturo Montiel.

Entre Televisa y el gobernador Enrique Peña Nieto surgió un desencuentro, derivado de la disminución de 80 a 60 millones de dólares en el convenio anual de publicidad que el mandatario mexiquense negoció con los altos ejecutivos del consorcio. A pesar de ser el convenio más elevado y sin posibilidad de fiscalización pública, Televisa presionó a Peña Nieto y obtuvo más recursos también del gobierno de Calderón para garantizarle una cobertura favorable en sus espacios informativos.

“Televisa quiso hacerle sentir a Peña Nieto que aunque es ‘su candidato preferente’, ellos son los que tienen el control político de la carrera sucesoria en 2012”, admitió otra fuente cercana al entorno del gobernador mexiquense.

De hecho, el primero en revelar algunos detalles del convenio fue el periodista Carlos Loret de Mola, conductor de la emisión matutina de noticias de Televisa. El 25 de febrero, en su columna Historias de reportero, publicada en El Universal, expuso:

“No es un compromiso de palabra, una carta ni un documento cualquiera. Es un contrato. Un contrato notariado. Tiene dos hojas y está redactado con el lenguaje legal que caracteriza a estos convenios: los abajo firmantes, representantes de los partidos políticos constituidos por tal y cual ley, en esta fecha, con domicilio en cierta dirección, etcétera.

“La cláusula clave: quienes rubrican se comprometen a no establecer alianzas electorales en el Estado de México con partidos políticos cuyas ideologías les sean adversas.”

Loret de Mola citó a “fuentes de alto nivel” que confirmaron que frente al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, “los priistas ofrecieron apoyar el paquete de impuestos 2010 planteado por el gobierno federal a cambio de que el PAN no se coaligara con el PRD para disputarle la gubernatura al PRI”.

El periodista de Televisa advirtió que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, participó directamente en el detalle del cabildeo del paquete fiscal. Según esa versión, “Peña Nieto exigió un documento firmado que se tradujo en un contrato donde Nava, con el aval de Gómez Mont, firma que no hará alianzas en la sucesión mexiquense, programada para 2011. Ulises Ruiz no pidió nada por escrito: ‘me basta con tu palabra, secretario’, le dijo al de Gobernación”.

Una semana después de publicada esa versión, el martes 2 de marzo, Enrique Peña Nieto apareció en el noticiario conducido por Adela Micha para asumir que sí existió un compromiso entre el PRI y el PAN para que no se hicieran alianzas electorales con el PRD. Dos días después, el 4 de marzo, el dirigente panista César Nava distribuyó la copia del convenio y admitió que el pacto se hizo a cambio de que el PRI apoyara la Ley de Ingresos del gobierno federal, versión que han negado tanto Peña Nieto como Beatriz Paredes.

El elemento discordante en la historia ofrecida hasta ahora por los protagonistas es que el “convenio de colaboración” fue firmado el 30 de octubre, días después de que ya se había votado en la Cámara de Diputados el incremento al IVA y en la misma fecha que, en la madrugada, fue votado en el Senado, donde algunos senadores del PRI votaron a favor para que “transitara” la ley, a pesar de la oposición expresada por el coordinador de la bancada, Manlio Fabio Beltrones, y por el senador Francisco Labastida, entre otros interlocutores de la negociación.

El pacto de Oaxaca

El documento fue una exigencia del gobernador Peña Nieto para que el grupo mexiquense en la Cámara de Diputados, el más numeroso de la bancada de su partido, acompañado por priistas de otras entidades, aprobaran la propuesta del gobierno de Felipe Calderón de que no se le redujeran más de 107 mil millones de pesos del presupuesto para 2010, incluyendo el presupuesto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras dependencias en las cuales se ha incrementado 12% el gasto corriente, a pesar del subejercicio y de la crisis económica.

El 5 de noviembre, Peña Nieto protagonizó uno de los desplantes más comentados durante la discusión del presupuesto. Llegó en su helicóptero a la explanada del Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, para demandar una partida presupuestal de 23 mil millones de pesos extras, más de las dos terceras partes de los 30 mil millones de pesos que se pensaba recaudar por el incremento al IVA.

La gestión de Peña Nieto, quien así se convirtió en virtual secretario de Hacienda y en vicepresidente en funciones, se concretó el 16 de noviembre en la capital de Oaxaca.

Peña Nieto llegó junto con otros siete mandatarios del PRI a apoyar al gobernador Ulises Ruiz, que rendía su quinto informe. Los ocho gobernadores priistas, acompañados por la dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, se encerraron en el Museo del Palacio para aplaudir a Ruiz, mientras en las afueras del recinto se protagonizaba una sonora protesta de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En el marco de la Feria del Libro de Oaxaca, el caricaturista Eduardo del Río, Rius, criticaba la corrupción y los acuerdos de la clase política mexicana, mientras que a unos 100 metros de distancia, en el Museo del Palacio, los gobernadores priistas se repartían 49 mil 402 millones de pesos de recursos extraordinarios ofrecidos por el gobierno de Felipe Calderón para que se aprobara la madrugada siguiente el presupuesto de 2010.

Estos recursos extraordinarios fueron aprobados sin candados de fiscalización ni de rendición de cuentas. El Estado de México obtuvo 2 mil 665.3 millones de pesos, 142% más que el monto inicial ofrecido por la Secretaría de Hacienda. El gobierno de Oaxaca fue el segundo más beneficiado, con 2 mil 302 millones de pesos extras, mientras que el de Veracruz recibió 2 mil 17 millones de pesos, 87% más que lo ofrecido, y Durango pasó de mil 237 a mil 923 millones de pesos.

En el quinto informe de gobierno de Ulises Ruiz coincidieron los mandatarios de esas cuatro entidades. Peña Nieto declaró al noticiario de la televisión pública local que los diputados priistas “tienen que alinear” la asignación de recursos presupuestales.

De este modo, a pesar de la crisis económica, el gobierno federal también salió beneficiado con más dinero para el gasto corriente, que de 667 mil millones de pesos en 2000 se incrementó a 1 billón 583 mil millones de pesos en 2010: 37% más que en cualquiera de los 10 años de administraciones panistas.

Candidatos por contrato

Televisa jugó un papel fundamental en la trama del escándalo. Agudizadas las diferencias entre el presidente Felipe Calderón, cuyas encuestas reflejaron la más pronunciada caída de popularidad en sus cuatro años de gobierno, y el gobernador Peña Nieto, el consorcio televisivo decidió demostrarle a ambos quién tiene el poder para “administrar” la sucesión en 2010.

Peña Nieto tuvo diferencias con los ejecutivos de Televisa por la reducción de 80 a 60 millones de dólares en el convenio de publicidad anual para 2010. En un estudio publicado en su blog por investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se calculó que entre Peña Nieto y Televisa “existe un programa mediático con un costo de mil millones de pesos que incluye la compra de espacios en los principales noticiarios de Televisa”.

La cifra es superior al primer convenio de publicidad firmado en 2005 entre Televisa y Peña Nieto, que reveló Proceso. De acuerdo con el plan de comunicación política que el gobernador firmó en ese año con Televisa a través de la empresa TV Promo, el primer año destinó 742 millones, de los cuales 691 millones se destinaron a publicidad televisiva.

Tanto Peña Nieto como Televisa han negado insistentemente el oneroso gasto en publicidad. “Son leyendas, mitos”, ha dicho el mandatario mexiquense sobre las constantes denuncias por su dispendio en la pantalla chica. Sus cifras oficiales indicaron que en 2008 le destinó “sólo” 60 millones de pesos a Televisa y 27 millones de pesos a TV Azteca.

En un desplegado publicado en todos los periódicos el 24 de junio de 2009, Televisa calificó como “absurda” la cuenta de los gastos publicitarios de Peña Nieto. “El cálculo es mentiroso, un engaño, ya que sería tanto como suponer que el gobernador Enrique Peña Nieto se ha venido promocionando en televisión, año con año, más que todos los candidatos de todos los partidos políticos a todos los puestos de elección popular que se renovaron” en los comicios de 2006.

Sin embargo, Televisa nunca ha aclarado a cuánto asciende el monto real de los gastos de Peña Nieto por la campaña de infomerciales, de publicidad integrada y hasta de promoción de su romance con la actriz Angélica Rivera en los espacios televisivos y editoriales del consorcio.

El modelo Peña Nieto le ha servido a Televisa para obtener otros jugosos contratos millonarios de publicidad a cambio de cobertura informativa favorable a otros gobernadores priistas, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y, sobre todo, al gobierno federal de Calderón.

Por lo pronto, el escándalo iniciado con la entrevista a Peña Nieto en el noticiario de Adela Micha, el 2 de marzo en Televisa, se pretende arreglar con nuevos convenios de publicidad. El 10 de marzo, en el programa Tercer grado, los comentaristas realizaron una evidente “cargada” a favor del gobernador mexiquense, con comentarios favorables a su gestión y a sus altos índices de popularidad. Citaron una y otra vez la encuesta reciente de Mitofsky que le otorga 53% de aprobación a Peña Nieto, frente a 14% de Santiago Creel y 14% de Andrés Manuel López Obrador.

En la columna editorial del diario Alfa, uno de los pocos medios críticos a Peña Nieto en el Estado de México, el director Mario García Huicochea deslizó el 19 de marzo: “Televisa destruyó de un solo golpe a Montiel. ¿Hará lo mismo con Peña?”.

La solución somos nosotros...
J. Jesús Esquivel

El fracaso de la estrategia militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico agravó más la crisis: Orilló al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a replantear sus planes de cooperación con México. Pero el asesinato de tres personas vinculadas al Consulado estadunidense en Ciudad Juárez precipitó los plazos, y ahora Washington pretende que sus servicios de inteligencia controlen la lucha contra el narco en México.

WASHINGTON.- El presidente Barack Obama comenzó a presionar a su homólogo Felipe Calderón para consolidar la presencia de los servicios estadunidenses de inteligencia en México, con el objeto de que sean los principales coordinadores de la lucha contra el crimen organizado.

Documentos oficiales y declaraciones de jefes del Pentágono ante el Congreso de Estados Unidos corroboran la intención de la Casa Blanca para aplicar contra el narcotráfico mexicano las técnicas de inteligencia militar utilizadas en Irak y Afganistán, a fin de reemplazar la fallida estrategia calderonista y favorecer el eventual repliegue del Ejército Mexicano de las plazas más “calientes”.

El general Victor Eugene Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos y encargado de contener cualquier amenaza a la seguridad nacional proveniente de esta región, dijo el jueves 18 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes: “El reto de México es la fusión de inteligencia con la agilidad de operativos contra un objetivo específico de parte de los equipos altamente calificados que permitan explotar las vulnerabilidades que puedan encontrar en los cárteles de narcotráfico con la fusión de inteligencia”.

Desde la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2009, la estrategia de cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico se avocó a empujar a Calderón para que sustituyera el despliegue del Ejército por los operativos de inteligencia coordinados para desmantelar los cárteles de la droga.

En el Capitolio, Renuart subrayó que desde hace poco más de seis meses el Departamento de Defensa reforzó sus asesorías a las fuerzas federales mexicanas. “Hemos ampliado nuestros esfuerzos para entrenar a militares y agentes civiles en operaciones muy parecidas a las que hemos llevado a cabo en Afganistán y en Irak”, reveló el general.

Al principio se planeó aplicar la visión de Obama sobre el combate al narco en México dentro de la Iniciativa Mérida a partir del año fiscal 2011 –que se inicia el próximo 1 de octubre–, pero se transformó en una medida urgente por el asesinato, en Ciudad Juárez, de los estadunidenses Lesley A. Enríquez y su esposo Arthur H. Redelfs, así como del mexicano Jorge Alberto Salcido Cenicero, marido de otra ciudadana de Estados Unidos. Los tres estaban vinculados al Consulado General de ese país en la ciudad fronteriza de Chihuahua.

“El presidente Calderón ha estado profundamente involucrado (en la lucha contra el narcotráfico) e incluso envió al Ejército a Ciudad Juárez, pero eso no ha ayudado”, declaró el martes 17 Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Obama, en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC.

Fue la primera funcionaria del gobierno de Obama que reprobó públicamente la estrategia militarizada de Calderón, lo que irritó al presidente, quien a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó el señalamiento de Napolitano:

“Hay que entender el contexto y que no fue parte central de la declaración. Hay problemas de traducción, pero no acepto, por falso, que se diga que el papel de las Fuerzas Armadas en Ciudad Juárez es insustancial e insuficiente”, dijo Gómez Mont el miércoles 17, en conferencia de prensa.

Hasta el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, intentó aplacar la molestia que causó la declaración de Napolitano: “El Ejército ha sido muy importante, se sigue necesitando su presencia en Juárez”, dijo Pascual ese mismo miércoles 17 al periódico El Universal.

El daño ya estaba hecho. Ese mismo día el Departamento de Estado anunció que su titular, Hillary Clinton, llegaba a la capital mexicana el martes 23, acompañada de una delegación de alto nivel a fin de revisar la evolución de la Iniciativa Mérida.

La composición de la delegación estadunidense denota que el tema de la reunión no es dicho programa de cooperación: con Clinton vienen el secretario de la Defensa, Robert Gates, y por primera vez en un encuentro bilateral de combate al narcotráfico, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el almirante Michael Mullen, cuya presencia confirma por sí misma el carácter militar de la visita.

Todos los demás integrantes de la delegación estadunidense, sin excepción, están involucrados en los servicios de inteligencia: Dennis Blair, director nacional de Inteligencia; John Brennan, asesor presidencial de Asuntos de Seguridad Interior y Antiterrorismo; Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; John Morton, subsecretario de Seguridad Interior para Aduanas e Inmigración; Gary Grindler, subprocurador general de Justicia interino; Michelle Leonhart, titular de la Administración Federal Antidrogas (DEA); Adam Zsubin, director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro; y Patrick Ward, encargado de las políticas sobre Producción y Reducción (de narcóticos) de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca.

“La misión es estructurar un nuevo enfoque para la estrategia contra el narcotráfico en México. Urgen resultados positivos porque la percepción general, tanto de los mexicanos como de los estadunidenses, es que se está perdiendo la batalla”, dice a Proceso un alto funcionario del gobierno de Obama que está familiarizado con los preparativos del encuentro.

“Aunque esta reunión ya estaba pactada desde hace tiempo, es obvio que los asesinatos en Ciudad Juárez han creado más tensión y la urgencia de un cambio de planes”, acota el funcionario, que habló con el reportero bajo la condición de que no se revelara su identidad ni el puesto que ocupa en el gobierno de Washington.

Por encima del resultado o las conclusiones a las que lleguen la delegación de Clinton y el gobierno de Calderón, en el Pentágono tienen clara la nueva estrategia. Renuart la delineó en el Capitolio: “El general (Guillermo) Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional de México, ha pedido nuestra asistencia para impartir un entrenamiento único en la integración de operaciones, la aplicación de la ley, de la justicia y los derechos humanos”.

Es más, el Departamento de Defensa de Estados Unidos enfatizó que cuenta con “un plan de contingencia” en caso de que la narcoviolencia mexicana amenace traspasar la frontera, el cual, de acuerdo con Renuart, se basa en fortalecer la capacidad del Ejército y de la Policía Federal mexicanos con mejores tácticas de inteligencia militar.

Control total

Los mil 351 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos aprobó para financiar la Iniciativa Mérida en su plan original de tres años se dedicaron en su mayor parte a proveer al Ejército Mexicano de equipo militar, como helicópteros y aviones, entrenamiento especial para operativos de inteligencia y tecnología de vanguardia.

Como resultado de la revisión del programa por el gobierno de Obama, se canceló la entrega de más equipo al Ejército Mexicano para concentrarse en darle entrenamiento sobre técnicas de inteligencia. Incluso, en lo que puede interpretarse como una presión para replantear la estrategia militarizada de Calderón, la Casa Blanca ordenó retrasar la entrega a México de helicópteros y aviones que, según el calendario del programa, ya debían haber llegado o están programados para este año (Proceso 1739).

En su propuesta al Congreso federal estadunidense de destinar 310 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2011, Obama pretende anular la entrega de equipo a las Fuerzas Armadas de México (Proceso 1738). En cambio, aprovechará que su antecesor, George W. Bush, logró que Calderón aprobara que la inteligencia estadunidense controlara totalmente la lucha contra el narcotráfico en México mediante la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), con sede en el Distrito Federal.

Tener un centro de operaciones como este en el país era uno de los anhelos de Washington. Anteriormente la DEA, encargada de combatir al trasiego de drogas mediante convenios de cooperación en casi todo el mundo, ha sacado el mayor provecho posible a la concesión de soberanía que aceptó Calderón al suscribir la Iniciativa Mérida. Hasta antes del 1 de enero de 2006 –fecha en que Calderón tomó posesión de la Presidencia de la República–, la DEA contaba oficialmente con poco más de 30 agentes asignados en ocho oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Ciudad Juárez, Mazatlán, Mérida, Tijuana y Monterrey.

Un reporte fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Capitolio –del cual este semanario tiene una copia– indica que durante los primero 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi 50% más de agentes y la apertura de otras tres oficinas de la oficina antidrogas.

Un funcionario de la Secretaría de Gobernación confirmó al reportero que actualmente la DEA tiene registrados a 54 agentes repartidos en casi todo el territorio mexicano. Y un exfuncionario de la cancillería mexicana, quien también pidió no ser identificado, comenta que sí son 54, pero “sin contar a decenas más que seguramente están registrados ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y la de Gobernación con algún otro tipo de asignación diplomática”.

El reporte del auditor general de la DEA establece que, “fuera de Estados Unidos, México es el país que cuenta con el mayor número de oficinas y de agentes (nuestros)... Desde las oficinas en México, la DEA se encarga también de la coordinación de las acciones antinarcóticos que otros agentes llevan a cabo en Centroamérica”, remata el documento, de contenido catalogado como “sensible”.

En paralelo, el Buró Federal de Investigación (FBI) tiene cinco oficinas y varias decenas de agentes en el país. Desde las instalaciones de la embajada estadunidense, en la Ciudad de México, esta agencia coordina sus instalaciones en Guadalajara, Hermosillo, Tijuana y Monterrey, confirma el Departamento de Justicia en su página en internet.

La presencia de agentes extranjeros en México se autorizó oficialmente con el acuerdo del 3 de julio de 1992 entre la Procuraduría General de la República y las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación. “La cooperación internacional constituye uno de los principios normativos de la política exterior de México, de conformidad con la fracción X del artículo 89 de la Constitución General de la República”, se justifica en el documento.

Según ese acuerdo, el gobierno de México le impone a los agentes extranjeros las siguientes condiciones: a) la cooperación bilateral debe realizarse con estricto respeto a la soberanía territorial y jurisdicción del Estado mexicano; b) las actividades de los agentes se limitarán a servir de enlace para intercambio de información con las autoridades mexicanas que se señale, que se derive de los diferentes aspectos de cooperación internacionales en que los mismos participen; c) la estancia temporal y las actividades de los agentes se estipularán en los programas específicos de cooperación bilateral que convengan a cada país.

El documento aclara que “los agentes no podrán realizar tareas que están reservadas a las autoridades mexicanas”.

Analistas y especialistas en materia de seguridad y asuntos de inteligencia vaticinan que, una vez que la OBI funcione a toda su capacidad, tanto la DEA, el FBI y el Pentágono como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) buscarán darle otro rumbo a la fracasada guerra contra el narcotráfico que declaró Calderón hace tres años, que hasta ahora ha dejado un saldo de 18 mil muertos y un futuro incierto para más de 100 millones de mexicanos.

Relación “agotada”
Jenaro Villamil

De los mil 300 millones de dólares que Estados Unidos ha entregado a México como parte de la Iniciativa Mérida, sólo 500 mil dólares se destinaron a los programas enfocados a prevenir la drogadicción y al establecimiento de comunidades libres de drogas. Asimismo, de los 600 especialistas que se capacitarían para la rehabilitación de farmacodependientes, sólo se han preparado 24.

Lo anterior se desprende de un informe que el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, entregó a los seis coordinadores de las fracciones legislativas del Senado. En este documento, cuya copia obtuvo Proceso, se establece que la mayor parte de los fondos se empleó para capacitar a policías e investigadores, así como para la compra de aviones y helicópteros destinados al Ejército y la Armada. También se han utilizado recursos para adquirir infraestructura y equipo que las fuerzas policiacas emplean en la lucha contra el crimen organizado.

En una reunión privada que Pascual sostuvo con los senadores el jueves 11 –tres días antes de que detonara la crisis en la frontera de Ciudad Juárez por el asesinato de dos ciudadanos estadunidenses–, les entregó el documento y advirtió que el esquema de la relación bilateral “estaba agotado”. Incluso planteó que venían tiempos de mayor violencia fronteriza, lo que representaba una amenaza para la seguridad interna de su país.

El informe puntualiza que 20 millones de estadunidenses son consumidores activos de drogas, y que será en 2011 cuando el gobierno de Barak Obama incremente 13% el presupuesto para la prevención de la farmacodependencia y 4% para su tratamiento. En total destinará 15 mil 500 millones de dólares para combatir el narcotráfico en su territorio y 5 mil 600 millones de dólares para intentar reducir la demanda de estupefacientes entre la población.

Peligro fronterizo

Consultados acerca del encuentro que sostuvieron con Pascual –el primero que se realiza en cuatro años entre un embajador estadunidense y la Junta de Coordinación Política del Senado–, Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Ricardo Monreal, del PT, coinciden en que Pascual tiene “mucha más información”; que maneja con mayor detalle los sucesos vinculados al crimen organizado, y que les planteó a los legisladores el inicio de un nuevo esquema de relación que involucre intercambio de información con el Congreso.

“Él asumió que hay un esquema agotado. Que la relación bilateral debe comenzar con un nuevo enfoque”, sostiene Monreal.

–¿Cómo percibió al embajador frente al problema del narcotráfico? –se le pregunta al coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado.

–Trae una idea geopolítica que rebasa con mucho nuestra estrategia casera. Es más agudo que otros, sabe a lo que viene y está consciente de que México es la frontera más importante y la más peligrosa para Estados Unidos.

–¿Previó que habría mayor violencia?

–Sin duda. Esa reunión se anticipó a la crisis. Es claro que tienen más información que nosotros. Sienten que México les está representando un problema por su gobierno gris, que no tiene fuerza ni liderazgo para imponer políticas públicas que den tranquilidad a Estados Unidos.

–¿Anticipó o sugirió una mayor injerencia o una intervención militar?

–Intervención militar, no. Estados Unidos tendrá mayor injerencia en México, sin duda, pero no se atreven a invadir ni a mandar marines. Van a estimular un enfoque más plural porque ellos saben que sólo tienen dos alternativas: invadir o tomar posición en el país, que es un problema para ellos, o convencer a su clase política y a las organizaciones ciudadanas. Ambas opciones son indeseables. La segunda significa el adoctrinamiento ideológico y el alineamiento de las oposiciones.

“El estallido de la violencia en las ciudades fronterizas, como Juárez, está generando una crisis en Estados Unidos por la llegada de miles de conciudadanos que están pidiendo asilo o trasladando sus negocios. Son miles los que huyen de la violencia fronteriza. No son los migrantes tradicionales, sino hombres de negocios, gente culta y rica, huyendo de la violencia de su país. Es un fenómeno muy delicado.”

Por su parte, Beltrones subraya que en esa reunión se habló de una “mayor colaboración institucional y transexenal entre el Senado y la embajada de Estados Unidos”.

“Se expresó la preocupación que existe al otro lado de la frontera en torno a la creciente violación de los derechos humanos en México, derivada de la guerra contra el narcotráfico. Se planteó como un tema de la agenda del Departamento de Estado”, abunda.

Coincide con Monreal en que hubo una clara advertencia sobre el riesgo de incremento de la violencia en la frontera norte y en que Pascual es un diplomático con más información que sus antecesores. “Es sumamente inteligente y maneja el detalle de las situaciones”, apunta.

Después de la reunión que los senadores tuvieron con Pascual, ellos acordaron que intercambiarán más información con la misión diplomática. De hecho, del 18 al 20 de marzo un grupo de trabajo integrado por varios senadores visitará las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado Springs, por invitación de su comandante, el general Victor E. Renuart. Acudirán Eloy Cantú Segovia, del PRI; René Arce, del PRD; Ludvina Menchaca, del PVEM, y Ricardo Monreal, del PT.

Tendrán una reunión de trabajo con el general Renuart, así como una “sesión informativa sobre amenazas” con el director de inteligencia del comando. También se entrevistarán con Richard Downie, director del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS).

Los cuatro pilares

De acuerdo con el documento entregado por el diplomático a los senadores, la siguiente fase de la Iniciativa Mérida consistirá en “ayudar a las agencias de procuración de justicia mexicanas a adquirir nuevas tecnologías que aumenten su movilidad, comunicaciones y capacidades técnicas para enfrentar a los narcotraficantes con efectividad”.

Asimismo, se pretende dotar de “tecnologías avanzadas y sistemas de comunicaciones seguros que permitirán a las autoridades mexicanas mejorar la obtención y almacén de datos y el intercambio de información”.

Hasta ahora se han canalizado mil 300 millones de dólares para capacitar a 4 mil 300 nuevos investigadores en la academia de la Policía Federal ubicada en San Luis Potosí, y para dotar de equipos de inspección a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Seguridad Pública. También se compraron cinco helicópteros Bell 412, y en el transcurso del presente año la Secretaría de Marina recibirá una aeronave CASA 235, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública Federal estrenará tres helicópteros Blackhawk UH-60.

El informe describe “los cuatro pilares de la cooperación” en los que se basa la Iniciativa Mérida:

“1.- Trastornar la capacidad operativa del crimen organizado”. En este punto se compromete a “disminuir el poder de los grupos mexicanos del crimen organizado sistemáticamente capturando y procesando a sus cabecillas y reduciendo las ganancias del comercio ilícito de drogas mediante el decomiso de narcóticos y el freno al lavado de dinero al igual que a la producción.

“2.- Institucionalizar la capacidad de mantener el estado de derecho”. Se compromete a “mejorar la capacidad” de las instituciones de seguridad pública y de las instituciones judiciales e incluye puntos como “profesionalizar a las Fuerzas Armadas y la policía, reformar instituciones correccionales e implementar la reforma al sistema penal”. En este rubro se han destinado 9 millones de dólares al entrenamiento de 4 mil 300 nuevos oficiales de la Policía Federal hasta enero de 2010.

“3.- Crear la infraestructura fronteriza del Siglo XXI”. Se comprometen ambos países a “facilitar el comercio legítimo y el movimiento de personas mientras se restringe el flujo ilícito de drogas, personas, armas y efectivo”. Se creará mejor infraestructura y tecnología para garantizar la seguridad fronteriza “en los cruces terrestres del norte y del sur, puertos y aeropuertos”.

“4.- Construir comunidades fuertes y resistentes”. En este punto, Estados Unidos advierte que “al implementar y crear programas de trabajo, involucrar a los jóvenes en sus comunidades, expandir las redes de protección social y generar confianza en las instituciones públicas al interior de las comunidades, la Iniciativa Mérida desarrollará nuevas estrategias para el fortalecimiento de las comunidades mexicanas en contra del crimen organizado”.

El documento detalla los principales programas que se están financiando:

“En diciembre de 2009, 24 profesionales de seis estados mexicanos iniciaron un proyecto de capacitación y certificación para especialistas en rehabilitación de la farmacodependencia en México. Este programa cuenta con fondos por 2.4 millones de dólares y pretende capacitar a 600 especialistas.

“Se trabaja en la creación de la Red Nacional de Transferencia de Tecnología para la Atención de las Adicciones (Renadic), con fondos por 6.5 millones de dólares para mejorar la interconexión de más de 300 centros de tratamiento Nueva Vida de Conadic.

“Se han asignado 500 mil dólares para iniciar con la formación de coaliciones de ‘comunidades libres de drogas’.

“Se destinaron 1.2 millones de dólares para evaluar los programas de tratamiento y certificación contra las drogas en México.”

La embajada de Estados Unidos cuenta con otro documento titulado Esfuerzos a nivel federal para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, en el que anuncia que para el año fiscal 2011 el gobierno de Barack Obama solicitará 5 mil 600 millones de dólares para reducir la demanda de drogas en su territorio, que incluye 13% para la prevención y 4% para el tratamiento.

El presupuesto global que Estados Unidos destinará en 2011 para reducir la oferta de drogas y mejorar la procuración de justicia en su territorio será de 15 mil 500 millones de dólares. Aunque esta cifra luce imponente, palidece frente a los más de 200 mil millones de dólares anuales que produce el narcotráfico.

Para 2011 se destinarán 15 millones de dólares a un programa piloto llamado Comunidades Dedicadas a la Prevención entre Población Adolescente. Las actividades que realizará incluyen monitoreo de drogas a nivel estatal, asistencia técnica y formación de redes de mentores.

Al Instituto Nacional para el Abuso de las Drogas le corresponderá invertir 435.2 millones de dólares para investigar la efectividad de los programas preventivos.

Una parte de los 85.5 millones de dólares correspondientes al programa Comunidades Libres de Drogas se destinará a coaliciones locales en México, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Brasil y Sudáfrica, bajo la supervisión del Departamento de Estado estadunidense.

De estos fondos, 500 mil dólares se asignarán para “ayudar al gobierno de México a dar inicio a la formación de coaliciones de comunidades libres de drogas”. De acuerdo con la Iniciativa Mérida, estas coaliciones servirán “como un catalizador para la participación ciudadana en los esfuerzos por reducir el abuso de drogas entre los jóvenes”.

El consulado ya olía a plomo
Patricia Dávila

El móvil del asesinato de tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez se mantiene en la bruma porque las autoridades estadunidenses insisten en calificar el crimen como “un error”. Sin embargo, el consulado había recibido amenazas –e inclusive dispuso medidas de precaución y recibió apoyo de México en la vigilancia–, luego de que The Washington Post publicó una nota según la cual “funcionarios de las diferentes agencias federales de México y Estados Unidos” sostenían en El Paso, Texas, reuniones “a puerta cerrada” para iniciar un programa de combate al narcotráfico que incluiría la presencia de agentes federales de EU en territorio juarense…

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El sábado 13 de marzo, a las 14:00 horas, tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en esta ciudad salieron del salón de fiestas El Barquito de Papel. Se dirigían a sus casas en El Paso, Texas. No alcanzaron a llegar, pues a unos metros de la línea fronteriza fueron ejecutadas, al parecer como desenlace de amenazas que unos días antes había recibido el consulado por parte del cártel de Juárez.

El jueves 18, el gobierno estadunidense contraatacó: 200 elementos de la DEA, el FBI y el Departamento del Sheriff de El Paso emprendieron una redada en contra de la pandilla Barrio Azteca, brazo armado del cártel de Juárez que habita en el condado. Detuvieron a 50 integrantes del grupo para “interrogarlos” y dar con el paradero de su líder: Eduardo Ravelo, El Tablas.

El viernes 19, empleados del consulado permanecían en “alerta roja” tras recibir la “sugerencia” de enviar a sus familias a Estados Unidos, para lo cual contarán con el “auxilio diplomático” de ese país. También les dieron la “indicación” de trasladarse a El Paso inmediatamente después de concluida la jornada laboral.

En el interior del consulado hay miedo, pues se teme otro ataque, confiaron a Proceso algunos empleados que pidieron no revelar sus nombres porque recibieron la instrucción de abstenerse de abordar el tema.

Pero de acuerdo con diversos indicios, el detonante del ataque fue que, el 24 de febrero, The Washington Post publicó una nota según la cual agentes federales de Estados Unidos se preparaban para operar en Ciudad Juárez con el fin de reforzar el combate a los cárteles del narcotráfico: “Funcionarios de las diferentes agencias federales de México y Estados Unidos –precisaba la información– sostienen reuniones a puerta cerrada en El Paso y afinan detalles de cómo operará el programa”.

La nota, firmada por el periodista William Booth, establecía que los agentes de Estados Unidos quedarían ubicados en un centro de comando en Ciudad Juárez, con el fin de “compartir inteligencia del narco obtenida de informantes y comunicaciones interceptadas”.

Y agregaba: “Los agentes estadunidenses han sido cautelosos respecto a actuar dentro de centros de comando mexicanos por miedo a ser blanco de ejecuciones en medio de la violencia y falta de estado de derecho, que el año pasado dejaron un saldo superior a los 2 mil 600 muertos en Ciudad Juárez”.

Al respecto, un funcionario estadunidense de alto nivel, que pidió a la reportera no ser identificado, comentó: “La idea es tomar nuestras aptitudes (…) y ponerlas al servicio de un socio dispuesto a abordar lo que constituye una situación de crisis”.

Aunque el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, se encargó de desmentir cuanto antes la nota de William Booth –cuyos datos sustanciales fueron proporcionados por un informante anónimo–, al día siguiente el periódico El Diario, editado en El Paso, no sólo confirmó la versión de Booth, sino que precisó:

“Funcionarios de primer nivel de México y Estados Unidos, especializados en las áreas de Inteligencia y Seguridad Nacional, mantienen reuniones a puerta cerrada dentro de la base militar de Fort Bliss, sobre los centros de operaciones que instalarán en Ciudad Juárez.”

De acuerdo con un agente federal de Estados Unidos, en el marco de las negociaciones de la Iniciativa Mérida se acordó que los puntos operativos de esa colaboración serían colocados de manera estratégica en colonias de Ciudad Juárez como Bellavista, ubicada cerca de la línea fronteriza.

El hecho es que la filtración de esa información causó malestar al cónsul general de Estados Unidos en esta ciudad, Raymond McGrath, quien ante algunos funcionarios del gobierno estatal reconoció el “peligro” que esta revelación representaba para la sede diplomática.

Las amenazas

El martes 9 de marzo, la sede diplomática estadunidense sufrió una de las primeras advertencias: El cónsul Raymond McGrath reportó a la Operación Coordinada Chihuahua (Occh) la amenaza de que estallaría un “artefacto explosivo” en la sede diplomática. En respuesta, la Policía Federal (PF) instaló una unidad fija y dos más para vigilancia “intermitente”. Cada patrulla estaba dotada de seis elementos preparados para repeler “cualquier agresión”.

Tres días más tarde, el viernes 12, el cónsul emitió un comunicado interno que hizo circular entre sus empleados con la advertencia de que El Reco Bar estaba “fuera de nuestros límites” debido a las “preocupaciones de seguridad”, por lo que instaba a los ciudadanos estadunidenses a no visitarlo hasta nuevo aviso.

Ubicado en la Plaza Nicole, al sur del Consulado General, El Reco Bar opera con la licencia estatal de alcoholes número 6988, y trabaja con permisos mensuales de restaurante-bar a nombre de Luis Fernando Martínez Villegas. A su vez, la Plaza Nicole –de acuerdo con los registros revisados por Proceso– aparece a nombre de la inmobiliaria Perjoza, propiedad de Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes.

Pedro Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Agroindustrial Zaragoza, es concesionario de la cerveza Corona, propietario de dos estadios, de centros de diversión fronterizos y de más de 80 gasolinerías, sólo en Ciudad Juárez. Fue investigado por defraudación fiscal por 2.2 millones de dólares durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando la PGR lo vinculó con el cártel de Juárez, a partir del hecho de que dos de sus cuñadas estaban casadas con los narcotraficantes Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera, fundadores del cártel de Juárez (Proceso 1374).

Al día siguiente de que se emitió en el consulado la mencionada circular interna –copia de la cual tiene Proceso–, varios de los empleados consulares asistieron a un cumpleaños en el salón para fiestas infantiles El Barquito de Papel.

A eso de las dos de la tarde, Jorge Salcido Ceniceros, esposo de Hilda Antillano –empleada del consulado–, y Lesley Enríquez –esposa de Arthur Haycock Redelfs, alguacil de la cárcel de El Paso–, junto con sus hijos, abandonaron la fiesta.

Por separado, en sus vehículos, se dirigían a sus domicilios particulares de El Paso cuando, a unos metros del puente internacional Santa Fe y a escasos 50 metros de la Presidencia Municipal, fueron interceptados y ejecutados por un comando armado.

Los primeros en acudir en su auxilio fueron agentes municipales. Su reporte indica que, en el cruce de las avenidas Francisco Villa y Norzagaray, de la colonia Zona Centro, varios sujetos que se trasladaban en una Suburban negra por la avenida Heroico Colegio Militar, del Distrito Aldama, en sentido de oriente a poniente, perseguían a la camioneta Toyota Rav 4, modelo 2004. En el cruce de Norzagaray, los sujetos de la Suburban dispararon tanto al conductor como al copiloto.

Aunque ambos murieron, el reporte estatal y el municipal no los identifican, pero sí establecen que en la parte trasera del vehículo sobrevivió una bebé de siete meses de edad.

Minutos después de este hecho, por una llamada al 066, la policía municipal se enteró de que en el cruce de Avenida Insurgentes y Artículo 39 se encontraba un hombre muerto por disparos de arma de fuego.

El cuerpo se halló dentro de una camioneta Honda Pilot, modelo 2007, placas 527SGK6, y en el asiento trasero había dos niños heridos, de cuatro y siete años de edad.

A diferencia de los otros dos cuerpos, este fue identificado como Jorge Alberto Salcido Ceniceros, de 37 años de edad, quien trabajaba en una maquiladora y no tenía ningún registro de antecedentes penales u órdenes de aprensión en su contra.

“El cadáver se encontraba en una posición sedente (sentado) y como con huellas de violencia. Y presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en glúteo izquierdo y flanco derecho. En el área se localizaron dos casquillos percutidos de calibre 7.62 x 39 y cuatro casquillos con la leyenda MK”, señala el protocolo sobre el caso emitido por la Subprocuraduría de Justicia en Ciudad Juárez.

Reacción tardía

El mismo domingo 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó los asesinatos y señaló que colaborará con México para llevar ante la justicia a los criminales. A su vez, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció que la seguridad del país y la del personal consular y de sus familias en México seguirá siendo la más alta prioridad para el gobierno estadunidense.

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer también que desde el sábado 13 –horas antes del triple asesinato– había autorizado la salida de México de las familias de los empleados de las sedes diplomáticas que laboran en Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Monterrey y Matamoros, por la preocupación generada ante la “situación de seguridad” que se vive en estas comunidades.

Solo que esa autorización no fue notificada a los interesados, sino hasta el domingo 14.

Y el martes 16, durante su tercera visita a esta ciudad en solo un mes, el presidente mexicano Felipe Calderón declaró que este es un problema binacional (de Estados Unidos y México) y que, por lo tanto, el combate al narcotráfico es competencia de ambos gobiernos.

Además, tanto el secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, como el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, durante la tercera reunión Todos Somos Juárez, Reconstruyamos nuestra ciudad, presentaron públicamente cifras “maquilladas” sobre la disminución de la violencia.

Esto enervó a varios integrantes de las mesas. “Señor presidente –le dijo a Calderón un miembro de la organización Observatorio Ciudadano, Miguel García–, no regrese a la Ciudad de México con la idea de que las cosas van bien en Ciudad Juárez. ¡No! Las cosas no van bien. Desde su última visita han ocurrido cosas terribles: Frente a sus hijos, una mamá fue asesinada durante un juego de beisbol, y tres estadunidenses fueron acribillados”.

Calderón sólo alcanzó a responder que ya se tenía al sicario de La Línea que dirigió la matanza de 15 jóvenes estudiantes el 30 de enero en Villas de Salvárcar.

Al día siguiente, en las instalaciones de la Guarnición Militar, la procuradora del Estado, Patricia González Rodríguez, presentó a José Alfredo Soto Arias, El Arnold o El Siete, como el principal responsable de la matanza de jóvenes, y aseguró que ya había avances significativos en la búsqueda de los autores del triple homicidio en relación con el consulado.

Sin embargo, desde un día antes, la procuradora estatal ya había culpado de ese triple homicidio a la pandilla de Los Aztecas, brazo armado de La Línea, operadores del cártel de Juárez.

Inclusive el gobierno estadunidense, a través de Andrea Simmons, vocera del FBI en El Paso, no sólo respaldó la versión de la procuradora, sino que dio a conocer la llegada de elementos de su país a Ciudad Juárez para coadyuvar con las investigaciones.

La mañana del jueves 18, Simmons reveló a Proceso que 200 agentes del FBI, de la DEA y de la oficina del sheriff participarían en una redada en El Barrio Azteca, colonia asentada en El Paso, Texas, habitada por pandilleros relacionados con La Línea.

El objetivo de Estados Unidos: dar con miembros de Los Aztecas involucrados en el asesinato de Lesley Enríquez y su esposo Arthur Haycock Redelfs, así como de Jorge Alberto Salcido Ceniceros.

Las redadas fueron realizadas en Nuevo México y alrededor de la ciudad fronteriza de El Paso. “Creemos que podemos conseguir importante información en el lado de Estados Unidos al ir detrás de estos miembros de Barrio Azteca”, señaló el FBI. Uno de los más buscados, Eduardo Ravelo, es el líder de la pandilla Barrio Azteca, que tanto en El Paso como en Ciudad Juárez tiene entre sus principales actividades el lavado de dinero y la distribución de cocaína.

Sin embargo, surgió la versión de que los sicarios iban por Arthur Haycock Redelfs debido a que en su función como alguacil de la cárcel de El Paso pudo molestar a alguno de los aztecas presos, y también la de que su esposa, Lesley Enríquez, era agente antinarcóticos adscrita a la DEA.

Otra versión consistió en que el ataque se originó en las actividades que Jorge Salcido desempeñó como agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría del Estado en Juárez, así como en las actividades desarrolladas dentro de la misma dependencia por su esposa Hilda Antillán.

Ninguna de estas versiones fue desmentida ni confirmada por las autoridades de ambos países.

Sin embargo, mientras que la vocera del FBI trató de deslindar al matrimonio estadunidense –“un grupo de sicarios pudo haber atacado al blanco equivocado”, dijo Simmons–, el cónsul de EU en Ciudad Juárez, Raymond McGrath, señaló en una entrevista con El Diario: “Desde las primeras horas del sábado, después de los ataques, la información disponible ha sido de que el ataque en contra de Leslye Enríquez y Arthur Redelfs fue un error… En el caso del señor Salcido, no sabemos todavía”.

Y, aunque insistió en deslindar al consulado como objetivo de la agresión, tuvo que admitir: “Entiendo las dudas de la gente. Hay también otras sugerencias: que fue (una) respuesta de los narcos dado un informe que emitimos el viernes (previniendo a la población estadunidense y a los empleados del Consulado de no asistir al bar El Reco)…”

Corrupción centenaria
Jorge Carrasco Araizaga

El hartazgo de los habitantes de Ciudad Juárez por el tráfico de drogas, la complicidad gubernamental y la impunidad no son nada nuevo. Desde hace décadas, la presidencia municipal, las policías municipales y estatales y oficiales del Ejército eran identificados como parte del entramado delictivo en la ciudad.

Reportes del Departamento Confidencial, el antecedente más remoto del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), revelan que desde la década de los veinte las actividades de lo que ahora se conoce como delincuencia organizada tenían la protección e incluso eran dirigidas por autoridades civiles y militares.

La confabulación de los gobernantes con los delincuentes generó, como ahora, el enojo y temor de la ciudadanía, que no sólo era testigo de las actividades ilegales que se cometían en la frontera, sino también de cómo el gobierno federal permitía y fomentaba la impunidad.

Reportes del Departamento Confidencial, que forman parte del acervo del Fondo Gobernación del Archivo General de la Nación (AGN), dan cuenta de la manera en que operaban los delincuentes dedicados al tráfico de enervantes hacia Estados Unidos, la falsificación de dólares, la trata de blancas y al regenteo de la prostitución en Ciudad Juárez, con la participación de mexicanos y extranjeros.

El caso más documentado es el del presidente municipal Agustín Gallo. Aunque era de nacionalidad estadunidense, fue “impuesto por la fuerza de las armas” como autoridad de esa ciudad, después de una asonada militar encabezada por el general Marcelo Caraveo, quien derrocó al gobernador Jesús Antonio Almeida en abril de 1927.

Entre los golpistas destaca José Borja Ramos, un conocido narcotraficante nacido también en Estados Unidos que después de la asonada fue nombrado coronel. Apodado El Chato, Borja Ramos fue designado por Gallo como recaudador e inspector del rastro de la ciudad, cargo que le permitió realizar abiertamente sus actividades delictivas.

La información acerca de la delincuencia en Ciudad Juárez durante los años veinte fue localizada por la investigadora María de los Ángeles Magdaleno –quien fue directora de Análisis Histórico de la desaparecida Femospp– en el fondo documental de la sección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, localizado en el AGN.

En uno de los reportes, elaborado por el “agente confidencial número 10” y fechado el 25 de mayo de 1928, se identifica a Samuel Sambli, de nacionalidad china, como la persona que, al amparo de las autoridades, controlaba el negocio de las drogas en Ciudad Juárez. En pago por la protección que recibía, financiaba campañas políticas.

El chino viajaba con frecuencia entre Chihuahua y las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California. En Ciudad Juárez regenteaba El Casino, que funcionaba como centro de lavado de dinero mediante apuestas y especulación financiera. Dice el informe: Sambli “ha procurado atraerse a las autoridades por medio de gajes para que le puedan dejar en libertad sus negocios”.

En sus informes el agente identificaba a los militares que dieron cobertura y fomentaron la ilegalidad: se trataba del propio general Caraveo, jefe político y de operaciones militares en el estado de Chihuahua; el coronel José Borja Ramos, funcionario municipal, y el general Francisco A. Martínez, jefe de la guarnición de la plaza en Ciudad Juárez.

Abuelos del narco

El caso del coronel Borja Ramos es ilustrativo. Un oficio del Departamento Confidencial fechado el 15 de julio de 1929 confirma que el militar estaba identificado como un “conocido traficante de drogas heroicas” (derivadas de la heroína) y delincuente.

El documento consigna: “Nuestro consulado general en El Paso, Texas, en oficio 4142 del 5 del actual informa a esta Secretaría que… se ha permitido la entrada a nuestro país a José Borja Ramos (a) El Chato… individuo que, según antecedentes y pruebas en su contra, es un conocido traficante de drogas heroicas y responsable de varios delitos”.

Peor todavía, El Chato no sólo intervino en el asalto a la casa y derrocamiento del gobernador Almeida, sino que “hizo explotar una bomba junto al consulado de México en El Paso”. En la administración del general Caraveo se le permitió “en forma descarada y pública el tráfico de las drogas enervantes”.

Un poco antes, en su informe de mayo de 1928, el agente número 10 destacado en Ciudad Juárez se refirió a otro estadunidense que ejercía como autoridad y fomentaba la delincuencia: el presidente municipal Agustín Gallo.

Escribió el informante: “La actuación de las autoridades locales es motivo de censura por comerciantes y particulares honorables, quienes me han informado que desde hace tiempo esperaban que al tener conocimiento esa secretaría (de Gobernación) de los antecedentes del señor don Agustín Gallo, presidente municipal, y de la comprobación de su ciudadanía americana y comportamiento, fuera depuesto”.

El presidente municipal –que, en efecto, había nacido en Estados Unidos– contaba con el respaldo de los jefes políticos y militares tanto en Chihuahua como en Juárez, por lo que desestimó cualquier intervención de Gobernación. Sabía que las comunicaciones de esa dependencia en torno a la situación en Juárez y los señalamientos en su contra eran firmados por el oficial mayor, no por funcionarios de mayor jerarquía.

Una vez que las acusaciones contra el presidente municipal fueron desactivadas por sus protectores políticos, él y sus socios se dedicaron abiertamente a regentear negocios ilegales, entre ellos cantinas donde se consumían drogas y se ejercía la prostitución.

Era dueño de la cantina El Castillo, ubicada en la avenida 16 de Septiembre y conocida popularmente como “el castillo eléctrico”, porque él, como autoridad, había prometido instalar ahí una planta de luz.

Entre sus socios estaban el jefe de la policía municipal, J. Jesús Sosa, así como el jefe de la Policía Judicial, Edmundo Herrera, quienes abrieron el Gambrinus Bar en la avenida Vicente Guerrero. El encargado de la cantina era Julio Manzano, protegido de Gallo.

El establecimiento contaba con un hotel anexo y, según el reporte, tenía “entradas privadas y escondites”; no pagaba impuestos al municipio y estaba vigilado por la policía “para que los parroquianos puedan disponer de facilidades que otros centros no tienen, por estar un poco retirado del centro de la población”.

En realidad, El Gambrinus era la alternativa que Gallo ofrecía a su clientela, pues aunque El Castillo tenía instalaciones lujosas, por encontrarse cerca del Puente Internacional “los parroquianos no fácilmente pueden gozar de impunidad en sus actos”, sobre todo al consumir drogas.

Como El Gambrinus permanecía abierto las 24 horas, el presidente municipal decía a sus clientes que cuando estuvieran alcoholizados o quisieran tomar drogas, podían acudir a este antro “donde serán despachados con seguridades, pudiendo tener alojamiento en caso de que el puente Internacional quede cerrado o se encuentren imposibilitados para regresar a territorio americano”.

Hoyo en la pared fronteriza

El alcalde Gallo contaba con poderosos protectores. Uno de ellos fue el general Francisco A. Martínez, jefe de la guarnición de la plaza. Juntos abrieron la cantina El Agujero en la Pared, ubicada en plena línea divisoria. Varios reportes resguardados en el AGN hacen constar que la operación de este negocio generó rechazo no sólo en Ciudad Juárez, sino en El Paso, Texas.

El agente de los servicios secretos, dependientes desde entonces de la Secretaría de Gobernación, recibió una orden desde la Ciudad de México para que investigara ese establecimiento. La razón: el diario El Continental, de El Paso, publicó en su edición del 23 de mayo de 1928 quejas de un empresario texano, quien demandaba la intervención del gobierno de Estados Unidos.

La nota periodística consignó: “El señor A. P. Coles, conocido hombre de negocios y agente de bienes raíces, declaró ayer que el gobierno federal (de Estados Unidos) debería tomar medidas inmediatas para impedir el tráfico en la línea internacional, al pie de la calle Eucalyptus, sitio frecuentado por los concurrentes a El Agujero en la Pared, establecimiento que el señor Coles considera como una ‘vil amenaza’ para la moral pública”.

El Agujero en la Pared también permanecía abierto día y noche. El inmueble que ocupaba se extendía, en efecto, hasta esa calle de El Paso. En su reporte el agente número 10 precisó: “Estando en Ciudad Juárez, sólo hay que atravesar el vado denominado El Cordobeño, y al encontrarse en la cantina a la siguiente calle ya está uno en territorio de Estados Unidos”.

El bar operaba con un prestanombres de Gallo, Manuel Munguía, y allí ocurrían “toda clase de actos inmorales y si es llegado el caso, hasta crímenes que pueden quedar impunes”.

Los hermanos Antonio y Enrique Fernández también fueron socios del presidente municipal. Además de que eran propietarios del Mint Bar, ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre, se dedicaron a la falsificación de dólares y fueron los principales negociantes de drogas heroicas en ese tiempo.

En este caso, el informe revela otra forma de impunidad, similar a la que hoy gozan miembros de la delincuencia organizada que son detenidos, pero dejados en libertad de inmediato.

En abril de 1928, consigna el reporte, la policía detuvo a Antonio Fernández y a otras personas que eran sus cómplices en la circulación de los dólares falsos. Además, comercializaba drogas y tenía un fumadero de opio.

“Fueron –se lee en el informe– conducidos a la Ciudad de México y… han regresado con absoluta libertad. La presidencia municipal sabe perfectamente que los Fernández han reanudado sus negocios de drogas, pero como por la cantina y demás concesiones recibe cantidades considerables, los Fernández no son molestados, conservando su buen entendimiento con la principal autoridad del lugar.”

En los documentos elaborados por el agente secreto se expresa el enojo –presente desde ese tiempo– de la población en general y de los empleados del municipio: “Si la vida comercial y moral de Ciudad Juárez ha sido en otros tiempos atacada por sus lacras administrativas, en la actualidad es más sensible por el control y el nepotismo del presidente municipal”.

Algunos empleados del ayuntamiento le confiaron al investigador que soportaban al presidente municipal “por la presión que ejerce y el apoyo que le presta el general Caraveo. Pero prácticamente, el señor Gallo es la autoridad municipal unitaria. Los habitantes se encuentran disgustados en alto grado por ser una personalidad impuesta por la fuerza de las armas”.

Agustín Gallo también controlaba a los elementos de la Policía Judicial Federal, antecedente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), hoy llamada Policía Federal Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde aquella época –al igual que ahora–, las quejas de la ciudadanía no se limitaban a los ámbitos municipal y estatal, sino que incluso alcanzaban al federal. En el expediente del AGN se documentan las denuncias en contra del doctor Antonio Dávalos, delegado sanitario federal, quien cobraba a las dueñas de las casas de citas a cambio de no hacer “los exámenes de rigor a las mujeres de la zona de tolerancia”. El pago también era para el presidente municipal.

Ante el alud de denuncias, la PGR abrió la averiguación previa 9/1928 contra Dávalos. Según la querella presentada por Antonio Martino, un comerciante que había invertido en la zona de tolerancia, la corrupción del empleado federal dio lugar al surgimiento de prostíbulos más allá de esa área.

Esos lugares surgieron “con tanta o más profusión que lo estaban cuando se tomó la medida radical de crear la referida zona, de manera que el mal que trató de remediarse sigue subsistiendo quizás en mayores proporciones”, sostuvo Martino. En el legajo no hay información acerca de los resultados de la instrucción judicial.

Los policías, o son narcos o tienen miedo
Luciano Campos Garza

MONTERREY, NL.- Los policías en Nuevo León o trabajan con el narco o tienen miedo.

El diagnóstico es del procurador de Justicia del estado, Alejandro Garza y Garza, quien añade: “Estamos ciento por ciento seguros de que tenemos policías infiltrados, y los que no están infiltrados tienen miedo. Por eso se ha optado por pedir el apoyo del Ejército, que es el que está actuando y dando los golpes, aparte de contar con mejor armamento”.

En entrevista efectuada el viernes 19, dice que hay “elementos valiosos, honestos, comprometidos con su trabajo”, pero también reconoce que “una parte importante” de los uniformados en la entidad han sido cooptados por el crimen organizado.

“No todos son malos”, aclara. Así como hay elementos que sirven a los cárteles “por convencimiento”, también hay muchos “policías buenos que, por miedo, trabajan para ellos”.

Sostiene que las balaceras en las que participan las fuerzas federales, los enfrentamientos entre civiles y hasta los bloqueos de las carreteras son resultado de la fractura entre el cártel del Golfo y el que era su brazo armado, Los Zetas, que han creado su propia organización.

En Nuevo León, dice, muchos policías y exuniformados trabajan mayormente para “los de la letra”, como se le llama a Los Zetas.

Reclutados

Hasta hace algunos meses, expone el procurador de Justicia del estado, la pugna entre los cárteles mantenía una violencia “normal”, sin que se saliera de control. Pero con el rompimiento, dice, aumentaron los enfrentamientos, y los grupos criminales llamaron a policías corrompidos que hasta hace poco cometían ilícitos por su cuenta.

Antes, esos elementos servían al cártel del Golfo, pero como dejaron de recibir cuotas de esa organización, comenzaron a trabajar por su lado en secuestros, robos de vehículos, extorsiones y cobro de derecho de piso. En algunos casos utilizaban a ladrones para que perpetraran robos domiciliarios y de automóviles.

Tras el rompimiento entre cárteles, a finales del año pasado y principios de éste Los Zetas “salen de Tamaulipas y vienen a pedir apoyo a la gente que trabajó con ellos en Nuevo León; su apoyo más fuerte son policías y expolicías”, con los que tenían contacto.

La consecuencia inmediata fue un aumento en los robos a casas-habitación y la exigencia de cuotas a comerciantes en el estado. En cuanto al robo de autos, se disparó el número de casos en los que los robos se realizan con violencia. Antes los robacoches usaban ganzúas y actuaban sigilosamente. Los integrantes de los cárteles, sin pericia para desactivar alarmas o para retirar seguros con alambres, optaron por despojar por la fuerza a los conductores.

Su objetivo es armarse, abastecerse y prepararse para la guerra que ya actualmente se encuentra desatada, dice Garza y Garza.

“Los Zetas llegaron a Nuevo León sin autos, sin efectivo y sin refugio. Tuvieron que abandonar la mayoría de las casas de seguridad que tenían en Monterrey porque sus rivales ya sabían dónde estaban. Por ello se apoyaron en policías para delinquir, para capitalizarse”, señala el procurador.

Y aventura: “me refiero a todos los policías, estatales y mayormente los municipales, es decir, todos lo que son uniformados. Pero consideramos que existen también elementos de la Policía Ministerial del estado que están metidos con ellos”.

El problema es tan grave que el 18 de noviembre de 2009, cuando apenas había transcurrido poco más del primer mes del actual gobierno estatal, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a los exsecretarios de Seguridad Pública municipales Amador Medina Flores, de Monterrey; José Santos Almaraz Ornelas, de Guadalupe, y Alejandro Arturo Esparza Contreras, de Montemorelos.

En la zona rural del norte de Nuevo León la violencia se incrementó por enfrentamientos entre los cárteles. En los municipios de Cerralvo, China, General Treviño y otros que hacen frontera con Tamaulipas, había casas de seguridad que se convirtieron en objetivos del cártel del Golfo, explica.

Según el procurador, las señales de alarma motivaron a reagrupar las fuerzas en el estado mediante reuniones semanales entre las policías locales, la procuraduría estatal, representantes de la Policía Federal Preventiva, los generales de la Séptima y la Cuarta regiones militares, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En esas juntas se intercambia información y se definen estrategias, dice. Así se determinó que el Ejército diera los golpes más precisos, y efectuara el trabajo pesado contra los cárteles, lo mismo que la Marina, que la semana pasada desmanteló un campo de entrenamiento de Los Zetas en Bustamante.

Con frecuencia, las fuerzas federales no le avisan al gobierno del estado sobre operativos de alto perfil. Simplemente actúan, dice Garza y Garza.

Esto no significa que las corporaciones federales pasen sobre las autoridades locales, aclara: “Estamos trabajando con ellos, dependiendo de la situación. Tenemos un grupo que verifica información y, dependiendo de la magnitud del problema, se actúa directamente con el Ejército”.

El procurador justifica la intervención directa de las fuerzas armadas ante la corrupción de los cuerpos de seguridad del estado: “En ocasiones no podemos actuar con nuestras policías, porque sabemos que determinadas personas pueden estar infiltradas, sobre todo cuando se necesita demasiado hermetismo”.

En el caso de Bustamante, Garza y Garza rechaza los señalamientos sobre la aparente ceguera de la autoridad frente a un hecho tan evidente como el establecimiento de un campo de tiro.

Esa base de entrenamiento de Los Zetas tenía pocas semanas de haber sido creada en el rancho La Lagunilla. Su propietario ni siquiera sabía de la presencia de los narcos, que corrieron al encargado y ocuparon el predio. “Esta persona, por temor, se abstuvo de avisarle al dueño, quien se enteró de la balacera del domingo 14, en la que murieron ocho sicarios, cuando apareció en los medios”.

El jueves 18 se reanudaron los bloqueos en las calles en horas pico, supuestamente para impedir el desplazamiento de las fuerzas federales a zonas de conflicto. Garza y Garza dice tener informes de que los responsables son los mismos jóvenes que el 9 y el 17 de febrero de 2009 colocaron varios obstáculos en las principales arterias de la capital del estado. Cubiertos sus rostros con camisas, pedían que el Ejército regresara a los cuarteles. El entonces gobernador Natividad González Parás dijo que eran patrocinados por Los Zetas. El procurador ofrece la misma versión.

“Según los informes que tenemos, son los mismos tapados que bloquearon la avenida Constitución; son muchachos de tipo pandillero, como los que el jueves hicieron los bloqueos. Los estarían patrocinando Los Zetas.”

Entre tanto, el gobierno de Nuevo León intenta depurar a sus policías. En los primeros cinco meses de administración ha dado de baja a unos 30 elementos por falta de confianza, la mayoría el 20 de octubre pasado, una semana después de la renuncia del director de la AEI, Héctor Santos.

El procurador Garza y Garza dice que “es complicado atrapar a un policía in fraganti”, porque difícilmente se encuentran pruebas que lo incrimine, a pesar de que algunos casos sean “muy obvios”.

Sangre sobre Acapulco
Gloria Leticia Díaz y Ezequiel Flores

La muerte de Arturo Beltrán Leyva rompió el control de su cártel en el estado de Guerrero y ahora tres grupos criminales intentan apoderarse de ese mercado. En plena temporada vacacional, sicarios de El H y La Barbie se disputan la plaza y siembran el puerto de cadáveres, ante la permisividad de autoridades municipales, estatales y federales, a las que los narcos advierten: “No se metan, estamos limpiando la plaza”.

Mientras el estado de Guerrero es disputado por tres cárteles, la plaza de Acapulco fue escenario de la batalla entre los herederos de Arturo Beltrán Leyva: su hermano Héctor, El H, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, que dejó una treintena de cadáveres regados en el puerto entre el 13 y el 14 de marzo, ante la permisividad de soldados y marinos de la IX Región Militar y la VIII Zona Naval.

Los enfrentamientos sangrientos entre sicarios de La Barbie y El H ocurrieron sin que las Fuerzas Armadas intervinieran sino para atestiguar los hechos consumados y decomisar armas de grueso calibre y cargadores encontrados en al menos cinco de nueve vehículos abandonados tras la batalla.

Mientras imágenes de cadáveres ensangrentados y cuerpos mutilados se difundían en los medios de comunicación, autoridades municipales y estatales se apresuraron a negar que existiera una disputa entre bandas rivales de narcotraficantes.

El lunes 15, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Albertico Guinto Sierra, declaró que no podía confirmar que se tratara de un enfrentamiento de la delincuencia organizada. El alcalde priista Manuel Añorve Baños dijo no tener “ningún dato confirmado” sobre el origen de la violencia y prefirió hablar sobre la promoción turística del puerto.

El mismo lunes en que las autoridades no se daban por enteradas de lo que pasaba en Acapulco, un comando armado de entre 20 y 25 hombres llegó en varios vehículos a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil municipal, ante el azoro de policías y empleados.

Testigos aseguran que los sicarios buscaban al subdirector operativo Armando González Valeriano. Como no lo encontraron, intentaron llevarse al escolta del funcionario, Pablo Hernández Rabadán, quien logró huir, pese a la persecución de los sicarios que provocó pánico entre las secretarias de la dependencia, que fueron a refugiarse a una fonda cercana.

“De milagro no dispararon, pero estuvieron a punto de agarrarse a balazos con policías preventivos que estaban armados también”, narra un testigo.

Los sicarios entraron y salieron de las oficinas sin que nadie los molestara y sin ser perseguidos. Incluso, a su paso, los hombres armados se dieron el lujo de secuestrar a dos jóvenes que viajaban en una camioneta cherokee. Un día después fueron liberados con vida, amarrados y con el rostro cubierto, en una calle del puerto

Tras los choques de ese fin de semana, en algunas colonias de Acapulco se reportaron varias balaceras y estallidos de granadas en varias casas de seguridad, pero los medios locales ya no publicaron nada más.

Una fuente que pidió el anonimato señaló que el objetivo de las matanzas y enfrentamientos del 13 y el 14 de marzo es “calentar la plaza” que, hasta el momento, controla Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

“Se enfocaron en levantar y asesinar a operadores que responden directamente a El Güero Huetamo (lugarteniente de La Barbie) y atacar zonas que ni el Ejército toca, donde se distribuye cocaína para surtir a los consumidores, en su mayoría turistas locales y extranjeros, sobre todo en esta temporada de springbreak”, indicó la fuente consultada.

Reacomodos

La guerra por Acapulco se veía venir, después de que Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, fue acribillado por marinos el 16 de diciembre en Cuernavaca, Morelos.

Cuatro días después, El Güero Huetamo convocó a vendedores de droga y sicarios para indicarles que, a partir de ese momento, trabajan para La Barbie y hasta les dio instrucciones para impedir la entrada de Héctor Beltrán, El H (Proceso 1732).

La detención de Rogaciano Alba Álvarez, cacique de la Costa Grande de Guerrero vinculado con Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, el pasado 11 de febrero en Jalisco, confirmó que el estado de Guerrero es disputado por tres grupos del narcotráfico: el de Édgar Valdez Villarreal, ubicado en Acapulco; el de Héctor Beltrán, que controla el corredor Chilpancingo-Morelos, y el de La Familia, que opera en Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero, para el que también trabajaría el que recientemente fue vinculado Alba Álvarez.

En lo que va del año, esta guerra ha costado la vida a más de 200 personas, según documentos de la Secretaría de Seguridad Pública. Entre las víctimas hay militares, policías municipales, agentes ministeriales y civiles.

Algunos cadáveres aparecieron con advertencias de La Barbie o de El Judío a “todos los que anden con Héctor Beltrán Leyva y con (Sergio Villarreal Barragán) El Grande”.

En pleno puente vacacional la violencia se enfocó en Acapulco, la principal zona de distribución, venta y consumo de drogas de la entidad. Las madrugadas del sábado 13 y del domingo 14 fueron asesinados 11 sicarios, siete policías municipales, un funcionario del ayuntamiento, cinco presuntos operadores de La Barbie (cuatro de ellos decapitados), un descuartizado, cuatro presuntos narcomenudistas y una turista del Estado de México que murió de un tiro en la cabeza al quedar en medio del fuego cruzado.

El lunes 15, otras dos personas fueron ejecutadas en un hotel de la zona turística de Costa Azul.

En la región de Tierra Caliente, soldados del 40 Batallón de Infantería irrumpieron en varias casas de seguridad de una célula de los Beltrán Leyva que operaba en el municipio de Ajuchitlán del Progreso. En el enfrentamiento murieron 10 presuntos sicarios, entre ellos una mujer, así como un militar.

Héctor Beltrán Leyva habría enviado a Acapulco al menos a 30 sicarios a mediados de febrero, y a otros tantos en el puente vacacional.

Pasada la medianoche del viernes 12 de marzo, movilizados en un convoy de al menos 15 vehículos y ataviados con trajes negros y gorras con insignias de la Policía Federal, los sicarios de El H atacaron a operadores de La Barbie en el puerto.

Un grupo irrumpió en dos bares de donde sacó a siete personas, entre ellos Alejandro López Salgado, medio hermano del exalcalde perredista Alberto López Rosas; al policía municipal Antonio Ramírez, y al exagente de la Policía Ministerial Armando López Damián, jefe de matones de La Barbie y hermano de Ricardo López, muerto en un enfrentamiento con sicarios en Caleta en junio del año pasado.

Estos serían los primeros ejecutados de la jornada sangrienta: cinco cuerpos, dos de ellos decapitados, fueron abandonados en el entronque a Tres Palos, mientras otros dos cuerpos decapitados quedaron exhibidos en un mirador de la avenida Escénica, en plena zona de hoteles de gran turismo.

En el recorrido, siete policías municipales fueron desarmados y fusilados atrás del panteón de Tunzingo. Otros dos murieron a bordo de su patrulla al ser atacados en una gasolinera en la carretera Acapulco-Pinotepa.

Alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado se registraron al menos dos enfrentamientos entre bandas rivales en el extremo norte del puerto, a la altura del poblado Las Cruces y sobre el bulevar Vicente Guerrero, en los que dos sicarios murieron. Soldados del 56 Batallón de Infantería llegaron más tarde a bordo de un vehículo oficial, tomaron datos de los hechos y se retiraron. Las autoridades ministeriales se limitaron a recoger a los muertos.

El resto del sábado transcurrió en tensa calma. Al caer la noche, grupos de camionetas de lujo con gente armada anunciaban una segunda jornada de violencia.

En las primeras horas del domingo 14, las corporaciones policiacas municipales y estatales recibieron llamadas anónimas para advertirles que no intervinieran porque estaban “limpiando la plaza”, según versiones de La Jornada Guerrero.

Y así fue. A las 4:30 de la mañana, un comando armado asesinó a cuatro hombres en la colonia La Bocana, la principal zona de distribución de droga de Acapulco.

Una hora después, hombres con chalecos y gorras negras con las siglas de la Policía Federal, fuertemente armados y a bordo de 15 vehículos, fueron emboscados en el bulevar Vicente Guerrero, el mismo escenario del enfrentamiento de la víspera.

Durante 30 minutos, sicarios armados con AR-15 y AK-47 dispararon contra el convoy. En el lugar quedaron siete cuerpos acribillados, cinco dentro de los vehículos de la caravana.

En el fuego cruzado murió una turista, Miriam Sánchez Manjarrez, originaria del Estado de México.

Sobre la carpeta asfáltica, a la altura de La Venta y el poblado Arroyo Seco, otros dos cuerpos acribillados más fueron localizados por las autoridades.

Entre los sicarios acribillados había hombres de entre 17 y 40 años originarios de Chilpancingo, Iguala, Tlacotepec y el estado de Morelos, indica un reporte ministerial. Uno de los muertos fue identificado como Esteban Pineda Duque, agente de la Policía Ministerial adscrito en la comandancia del sector Emiliano Zapata de Acapulco, dijeron fuentes de la PGJ.

De nuevo, las Fuerzas Armadas se limitaron a tomar nota de lo ocurrido. A las 10 de mañana, unos seis vehículos de la Secretaría de Marina-Armada de México acordonaron el área mientras peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y agentes ministeriales realizaban diligencias.

Ese domingo, los restos de un hombre descuartizado fueron abandonados en las escalinatas de la iglesia de la colonia La Garita. Su rostro había sido desprendido, como una máscara.

Tal saña no es nueva, al menos no en esta zona del puerto. Aquí fue asesinado hace tres años, el 27 de enero de 2006, Carlos Landeros Sánchez, lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán.

Meses más tarde, el 19 de abril de 2007, frente a la iglesia de La Garita, en las oficinas del gobierno del estado, se colocaron las cabezas de unos policías preventivos municipales, junto al letrero “Para que aprendan a respetar”.

A partir de entonces se inauguró la era de las decapitaciones, y la guerra por el control del puerto no termina.

El expediente negro de Yunes
José Gil Olmos

El PAN tratará de arrebatarle la gubernatura al PRI de Fidel Herrera con un candidato acusado de aprovecharse de su puesto como director del ISSSTE y de los recursos públicos para promoverse, sospechoso de torcer licitaciones por interés económico, e incluso designado mediante un dedazo mal disimulado. ¿Qué cambiará en Veracruz si gana el panista Miguel Ángel Yunes?

En Veracruz le dicen “el tiburón” porque aseguran que no tiene miedo de enfrentar al gobernador Fidel Herrera para arrebatarle el gobierno del estado al PRI, claro está que con el apoyo de Felipe Calderón y la dirigencia nacional del PAN.

Sin embargo, los adversarios del expriista Miguel Ángel Yunes Linares señalan que ha dejado una estela de agravios en el estado, se han denunciado sus supuestos vínculos con el empresario pederasta Jean Succar Kuri e incluso con narcotraficantes, y deja una deuda de 20 mil millones de pesos como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que según ellos le impedirá gobernar su entidad.

Amigo de Elba Esther Gordillo, en los últimos meses Yunes Linares puso todo su empeño en promoverse como aspirante a la candidatura para gobernador de Veracruz, invocando el apoyo de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

En vísperas de la elección del candidato del PAN para gobernador de Veracruz, Yunes no reparó en el uso de recursos propios e institucionales para vencer a Gerardo Buganza y Juan Bueno Torio. Desde la dirección del ISSSTE utilizó la infraestructura de salud para promoverse en todo el estado una imagen de funcionario eficaz.

No dudó en echarle a cuestas al ISSSTE una deuda por 20 mil millones de pesos en unidades de inversión (udis) pagaderos hasta 2039, como publicó en enero pasado la calificadora Fitch Ratings. Además, manipuló el instituto para difundir su imagen en Veracruz: tan sólo el año pasado, Yunes realizó 11 giras en la entidad, y en los últimos tres ha utilizado aviones privados y comerciales, vehículos y publicidad, lo que generó gastos extraoficiales estimados en 21 millones 750 mil pesos.

De acuerdo con un seguimiento periodístico, en 2009 Yunes, como director del ISSSTE, realizó en Veracruz 48 actos, a los que asistieron 20 mil personas que recibieron desayunos y comidas gratis. Fue tan evidente el carácter de campaña política de esas actividades, que la diputada local Elvia Ruiz presentó en octubre de ese año una denuncia ante la fiscalía de servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/113/2009) por presunto desvío de recursos públicos.

La denuncia se basa en las inserciones publicitarias pagadas por la Dirección de Comunicación Social del ISSSTE a periódicos de Veracruz e incluso en un espacio pagado en la edición de octubre de 2007 de la revista Líderes Mexicanos, con 35 fotografías de Yunes en sus giras por la entidad.

Esta denuncia tuvo repercusiones en la Cámara de Diputados, donde el 4 de noviembre se aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la PGR que agilice la investigación en contra de Yunes. En la sesión de ese día en el Palacio de San Lázaro, el diputado priista Antonio Benítez Lucho, exsecretario particular del gobernador Fidel Herrera, señaló que Yunes está más ocupado en visitar Veracruz “realizando una campaña mediática de promoción personal y en contra del gobierno, que en cumplir su tarea de manera eficiente”.

El punto de acuerdo fue apoyado por el diputado del PRD Agustín Guerrero Castillo con el argumento de que Yunes violó el artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de la imagen de los funcionarios. Al siguiente día, el director del ISSSTE, que renunció al PRI en julio de 2004, cuando era diputado federal y aspiraba a ser candidato a gobernador de Veracruz, respondió que regresaría a su entidad “cuantas veces fuera necesario” porque nadie le podía negar ese derecho. Agregó que los priistas sólo querían generar escándalos.

Licitaciones, el negocio

El candidato panista no sólo ha sido cuestionado por priistas y perredistas por el uso político de los recursos del ISSSTE. También empresarios farmacéuticos lo acusan de manejar licitaciones millonarias para favorecer a determinadas compañías y obtener recursos para su campaña en Veracruz.

El instituto lanzó una de esas licitaciones para contratar el suministro de medicamentos por 5 mil millones de pesos, y la otra para la adquisición de precursores para la detección de enfermedades en laboratorios clínicos y bancos de sangre, por más de 3 mil millones.

La convocatoria para la primera licitación fue emitida a principios de 2009. Empresas como Nadro y Casa Saba acusaron a Yunes de favorecer a su competidora Fármacos Especializados, pues únicamente esta compañía cumplía requisitos como el de haber conseguido contratos por 600 millones de pesos con entidades públicas. José Antonio Pérez Fayad y su hijo Francisco Pérez, dueños de esta última empresa, también se beneficiaron con tres contratos del IMSS en 2008.

El pasado 3 de febrero se convocó a la segunda licitación, a fin de contratar el Servicio Integral de Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre en Unidades Médicas Hospitalarias del ISSSTE. Este procedimiento ha sido igualmente cuestionado por pequeños y medianos proveedores. También señalan que está amañado para favorecer a una sola empresa y por ello pone en riesgo el trabajo de 500 familias que desde hace años han suministrado estos químicos al instituto.

Otra licitación impugnada es la de equipos de cómputo, digitalización de documentos y soluciones tecnológicas que el instituto le otorgó a la pequeña empresa Ofistore, que encabeza Marco Cardona y se ubica en un local de la Plaza de la Computación, del Centro Histórico de la Ciudad de México. La pequeña empresa, fundada en 1990, entregará y administrará 13 mil 600 computadoras, 9 mil 500 impresoras, 772 escáneres, 612 proyectores de video y 627 cámaras digitales, incluidos en un contrato por 706 millones de pesos.

A los señalamientos de favoritismo hacia esas empresas se suman las denuncias de que, en el fondo, el político veracruzano trata de conseguir fondos para su campaña por la gubernatura. Yunes ha contestado que se trata de una operación de “un grupo de calumniadores profesionales que tiene a su servicio el gobernador del estado de Veracruz”, quien ha promovido documentos que contienen “afirmaciones insostenibles que faltan a la verdad”.

También arroja sospechas la entrega del hospital de altas especialidades de Morelos, Centenario de la Revolución Mexicana, que Yunes inauguró el pasado 4 de febrero y que, pese a la inversión de mil millones de pesos, no está terminado. Según trabajadores del instituto, cuando el hospital fue inaugurado por Felipe Calderón y el gobernador Marco Antonio Adame aún estaba inconcluso, pero Yunes informó que estaba terminado y lo calificó como la obra más grande del ISSSTE en los últimos 30 años.

En plena campaña para conseguir la candidatura, Yunes abrió el 16 de febrero, en Tultitlán, otro hospital de especialidades que costó 600 millones de pesos, el cual fue acondicionando a marchas forzadas, como si ya estuviera listo, con camas y monitores aparentemente en pleno funcionamiento, pero faltaban incluso las conexiones de oxígeno.

La idea era promoverse antes de que cerrara el periodo de las precampañas y aprovechar lo que él mismo se ha encargado de difundir como la “señal del elegido”, es decir, el famoso pastelazo que le propinó Felipe Calderón el 19 de enero pasado, en la celebración del 50 aniversario del ISSSTE en Los Pinos.

Historias que pesan

Sustituto del dedazo que el PRI utilizó para designar a los candidatos desde Los Pinos, Yunes aseguró que el “pastelazo” era la señal más clara de Calderón para elegirlo como el aspirante del PAN al gobierno de Veracruz. Lo cual se confirmó el pasado viernes 19 en una reunión secreta de cinco horas, en la que 25 consejeros del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido votaron por el expriista, mientras que el exdiputado federal Gerardo Buganza logró 10 sufragios y el senador Juan Bueno Torio se quedó con cinco.

La designación de Yunes fue sorpresiva. En el orden del día estaba planeado que la dirigencia nacional panista decidiría únicamente el método de selección del candidato. Sin embargo, inmediatamente Yunes pidió licencia para retirarse temporalmente de la dirección del ISSSTE.

En protesta, Gerardo Buganza expresó su inconformidad con los métodos para elegir al candidato. En una carta dirigida al presidente del PAN, César Nava, señaló que “sería indigno pretender fingir que nada ocurrió en ese proceso de selección”, por lo que el 3 de marzo renunció a su militancia de 16 años.

Y en pleno escándalo por la revelación del convenio político firmado por el PAN y el PRI para reventar las alianzas electorales, en una carta Buganza le reclamó a Nava que el 29 de enero, en Boca del Río, el dirigente panista se comprometió a realizar un proceso equitativo en la selección del candidato, pero que al final se desató la “cargada” desde el Comité Ejecutivo Nacional y Los Pinos en favor de Yunes.

Casi a la par de la designación directa del candidato del PAN, comenzó a circular un expediente con datos de su carrera política y de indagaciones que se han iniciado por su presunta relación con el caso del narcotraficante Albino Quintero Meraz, el principal operador del cártel de Juárez en Veracruz y ligado a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

En dicho expediente se incluyen los desmentidos que hizo Yunes en junio de 2004, cuando se publicaron documentos apócrifos sobre este caso para acusarlo, junto con el exgobernador veracruzano Patricio Chirinos, de haber recibido 15 millones de dólares por brindarle protección al narcotraficante conocido como El Beto.

Sin embargo, esos documentos, a los que tuvo acceso este semanario, contienen datos adicionales. Se afirma, por ejemplo, que Yunes adquirió dos yates (Babalú y El Fedayín) con dinero de Albino Quintero y que a bordo del segundo él visitaba a Jean Succar Kuri en Cancún.

El tema de la pederastia también es ampliamente abordado en el expediente, donde se cita la averiguación previa 7431/2003 de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, así como documentos de la Agencia Federal de Investigación (AFIJ4426/2003 y AFI43091/2003) en los que el procurador general de la República, Rafael Macedo, daba cuenta de los supuestos vínculos de Yunes con la red de pederastas.

Si bien se consignan las declaraciones de Yunes ante la PGR en las que aseguró que no conocía a Succar Kuri y que no estaba relacionado con la red de pederastas, se precisa que el político veracruzano y el empresario se conocían desde 20 años antes, “cuando Yunes fungía como subdirector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Jean Succar Kuri pretendía adquirir varios locales comerciales en el Aeropuerto Internacional de Cancún”, lo que al final logró.

El expediente destaca que el director del ISSSTE nunca presentó una denuncia en contra de la periodista y activista Lydia Cacho, que en su libro Los demonios del Edén lo ubica como asistente asiduo a las fiestas de Succar Kuri en su casa de Villas Solymar, Cancún.

Yunes, señala el documento, vendió sus dos yates para comprarse uno nuevo, el Ulúa, una embarcación fabricada en 2005 que aparece en su declaración patrimonial con un valor de 2 millones de pesos, aunque en realidad su precio aproximado es de 1 millón 700 mil dólares, pues se trata de un navío de lujo.

Aunque en su última declaración patrimonial Miguel Ángel Yunes enlista su casa de Alvarado, Veracruz, el mencionado yate Ulúa, cuentas bancarias por medio millón de pesos, así como obras de arte y joyas por un monto similar, según el expediente mencionado el candidato panista posee casas y departamentos en varios municipios de su estado, en la Ciudad de México, en San Pedro Garza García, Nuevo León, y un condominio en el edificio Las Olas de Cancún, además de departamentos en Brooklyn, Nueva York, y en Miami, Florida.

A través de su familia tiene negocios en la Compañía Veracruzana de Casas y Departamentos, en el corporativo Yunes Márquez, que opera una gasolinera en el puerto de Veracruz, y una consultoría registrada a nombre de su hijo Miguel Ángel, que tiene como clientes a dependencias del gobierno estatal y federal.

“Irascible y represor”

En otro apartado del expediente se ofrecen elementos de su perfil personal y se resumen algunos agravios que ha cometido desde que fue secretario general de gobierno de Veracruz con Patricio Chirinos (1992-1997), como diputado federal en (2004), subsecretario de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública (2004-2006) y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Hombre inteligente, buen orador, disciplinado, conoce el valor de la información y a través del tiempo ha consolidado una red de inteligencia para su uso personal, teniendo infiltrados a la mayoría de sus adversarios.”

Además, Yunes es “irascible”, “egocéntrico” y tiene fama de represor, especialmente entre los grupos sociales de izquierda, por lo que “proyecta imagen de policía y no de estadista”.

Como ejemplos, se cita la persecución legal y política en contra del exgobernador Dante Delgado Rannauro, a quien metió a la cárcel del 17 de diciembre 1996 al 4 de abril de 1998, acusándolo de malversación de recursos estatales; la manipulación de una marcha de gays en un acto de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en Xalapa en 2004; sus enfrentamientos con Fidel Herrera desde que llegó a la gubernatura; y los ataques a Vicente Fox cuando Yunes era coordinador jurídico del PRI en el Instituto Federal Electoral (2000-2003).

Destaca que, durante su carrera política en los niveles estatal y federal, Yunes ha acumulado 17 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre ellas las correspondientes a la represión contra indígenas nahuas de la comunidad de Cantollano, el 18 de agosto de 1995, por elementos de la policía enviados por él, con saldo de un muerto. También resalta la represión, en mayo de ese mismo año, en contra de campesinos de las comunidades Ricardo Flores Magón, La Lima, Doroteo Arango, Otlamaláctl y Cecepa, que dejó decenas de heridos y 34 detenidos.

En 1997, en un acto en Xalapa, Porfirio Muñoz Ledo se refirió a Yunes como “un hombre que siempre ha practicado las artes más sucias de la política”.

En ese sentido, el expediente del ahora candidato panista señala que en sus 30 años dentro del PRI defendió a sus compañeros envueltos en escándalos, como Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana en el caso del Pemexgate. También se reseña que como representante del PRI en el Instituto Federal Electoral encabezó los ataques al PAN por el caso de Amigos de Fox. Como si quisiera dejar atrás todo esto, la campaña de Yunes arrancará precisamente a los pies de la estatua de Vicente Fox en Boca del Río, con la promesa de arrancarle al PRI la hegemonía en Veracruz.

Solicita investigar posibles desvíos de Yunes en el ISSSTE

Señor director:

Ruego a usted la publicación de esta carta, dirigida a los derechohabientes del ISSSTE y al Congreso de la Unión.

El pasado 7 de enero conseguí en el Hospital Darío Fernández, luego de diversas y engorrosas gestiones, un pase para realizarme estudios subrogados, pues “el nuevo ISSSTE” continúa sin ampliar su infraestructura para que todos los estudios puedan realizarse ahí.

Hasta el pasado 19 de febrero –fecha en que me decidí a elaborar esta denuncia pública–, la suscrita y todos los pacientes que requerimos estudios subrogados seguíamos esperando porque, según las oficinas de Referencia y Contrarreferencia, Recursos Financieros y la Subdirección Médica, el hospital “no cuenta con presupuesto” para pagar los servicios que contrate a particulares.

Mientras tanto, el 16 de febrero atestigüé con indignación que en la Clínica de Medicina Física y Rehabilitación “San Fernando”, enfermeras y médicos laceran con fibra dura para trastes la piel de los pacientes que acuden a estudios neurofisiológicos, pues “no cuentan con presupuesto” para comprar los electrodos subcutáneos y de aguja que se usan actualmente. Por la misma “falta de presupuesto”, cortan el cabello al derechohabiente en las zonas donde serán colocados los viejos electrodos, como se hacía hace 50 años.

Cuando el personal me dijo que me iban a lacerar la piel como “única molestia”, pensé que hablaba en sentido figurado, pero es literal: desde bebés hasta adultos mayores son tallados con fibra para trastes. La doctora Rita Vergara me confirmó que así se atiende a toda la población. En virtud de que me quejé del procedimiento y no ha habido una respuesta, he decidido comprar los electrodos para evitar la laceración múltiple.

Sin embargo, puesto que en cada situación el personal del ISSSTE argumenta “falta de presupuesto”, pese a que los derechohabientes pagamos cada mes más por sus “servicios”, demando al Congreso de la Unión que indague el posible desvío de recursos de Miguel Ángel Yunes –quien acaba de renunciar a la dirección general del instituto– para su campaña al gobierno de Veracruz. (Carta resumida.)

Atentamente

Irisela Sánchez Pérez

Profesora universitaria

Escamotea el ISSSTE pensiones a jubilados del IPN

Señor director:

Un grupo de profesores jubilados del IPN, todos ellos de tiempo completo, han tenido que recurrir a demandas judiciales para exigir el cumplimiento del pago de diferencias originadas en el cálculo de la liquidación denominada “concesión de pensión”, pues en ella no fueron integrados todos los conceptos previstos por la ley.

Lo más destacable es que, no obstante que las distintas salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde originalmente se interpusieron las denuncias, han dictado sentencias favorables para los demandantes desde 2006, los profesores no han recibido los pagos correspondientes.

Estos maestros, que deben recibir del ISSSTE el importe correcto de sus jubilaciones, se han visto obligados a demandar judicialmente a dicha institución, en virtud de la negativa de las autoridades a pagar estas diferencias en el tiempo y en la forma que ordenan los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Puesto que para algunos esto ha significado una espera de hasta cinco años, y todos han visto aún más deteriorada su economía porque han debido hacer un oneroso desembolso para pagar los honorarios de un abogado, se solicita públicamente a las autoridades correspondientes hacer una elemental y expedita justicia. (Carta resumida.)

Atentamente

Roberto Vega Ramos

Un médico que laboró en Similares propone que cambie de lema

Señor director:

Como asiduo lector de Proceso desde su fundación, deseo hacer de su conocimiento lo siguiente:

Soy médico familiar jubilado del IMSS. Después de 29 años de ejercer la profesión médica, decidí seguir practicándola y, para “ayudar a los que menos tienen”, ingresé a un consultorio aledaño a una farmacia de Similares en calidad de médico comodatario.

Inmediatamente establecí allí una relación médico-paciente adecuada, con calidad y calidez, que redundó en un incremento de las consultas diarias. Ante ello, personal de la farmacia me pidió recetar suplementos alimenticios, vitaminas y antibióticos caros, así como medicamentos herbolarios.

Como eso me pareció indignante porque atentaba contra la ética médica, no acepté, y ello ocasionó roces con el personal ayudante del franquiciatario F0466 Las Águilas, quien dispone de otras 15 franquicias y es cliente distinguido de Similares.

Total, el pasado 1 de marzo dieron por terminado mi comodato por orden de la doctora María del Carmen Villafaña, y en mi lugar ingresó una médica contratada directamente por el franquiciatario y, obviamente, incondicional de ellos.

Comuniqué lo anterior a mi jefa inmediata superior, doctora Lima, con quien dos días antes había firmado la continuidad del comodato y, por lo visto, ni siquiera estaba enterada de que los planes eran prescindir de los servicios del sucrito.

Si en una fundación cuyo lema es “ayudar a los que menos tienen” se quiere sangrar a los pacientes de escasos recursos que acuden a diario a consulta –obreros, taxistas, desempleados, trabajadoras domésticas, etcétera–, considero que, por lo menos, deberían cambiar de lema. (Carta resumida.)

Atentamente

Doctor Gerardo Rodríguez C.

044/55/12207429

Silva Herzog, Reyes Heroles
Miguel Ángel Granados Chapa

Hace 25 años, en el mes de marzo de 1985, con apenas una semana de diferencia, murieron dos mexicanos de talla excepcional, don Jesús Silva Herzog, finado el día 13, y don Jesús Reyes Heroles el 19 siguiente. El primero era 30 años mayor que el segundo pero en más de un sentido fueron coetáneos. Los dos dedicaron su vida al servicio público, a la investigación y a la docencia. Exigentes consigo mismos, desempeñaron sus responsabilidades en niveles.

Silva Herzog fundó y dirigió la Escuela Nacional de Economía, fue subsecretario de Educación y de Hacienda, ministro ante la Unión Soviética: gerente de Petróleos Mexicanos, recién establecida la empresa tras la expropiación. Su estudio sobre la situación económica de las empresas petroleras fue base para el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y confirmado por la Suprema Corte de Justicia cuyo desacato dio lugar a la expropiación de sus bienes y la nacionalización de la industria de los hidrocarburos. Miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, fundó en 1941 la revista bimestral Cuadernos Americanos, donde Jesús Reyes Heroles, joven abogado recién vuelto de Argentina, país en el que hizo estudios de posgrado, publicó algunos de sus primeros ensayos.

Con ese motivo se estableció una relación entre ese muchacho de 25 años y el viejo profesor que rebasaba ya el medio siglo. Reyes Heroles sobresaldría en el medio intelectual, entre otras razones por su formidable investigación sobre El liberalismo mexicano y su no menos magnífica edición de las Obras de Mariano Otero. Pero sería mayor su valimiento político, como empresario de Estado, como funcionario de alto nivel, como renovador de las ideas de su partido, al que encabezó. Subdirector y director del IMSS, director general de Pemex, director del Complejo Industrial Sahagún, presidente del PRI, secretario de Gobernación y de Educación, donde quiera dejó una huella imborrable.

No hago ahora una mera recordación de los dos Chuchos notables –así los llamaban sus allegados–. Los tengo presentes por la perennidad de su pensamiento y de su acción en los días de hoy, en apariencia tan lejanos del ayer en que ellos enriquecieron a México.

Los veo juntos, por ejemplo, en un gastado ejemplar de Cuadernos Americanos, el número tres de su vigésimo noveno año, correspondiente a mayo-junio de 1970. El director de la revista publica allí un ensayo sobre “Lo positivo y lo negativo en el Porfirismo”. En sus palabras finales enumera la alianza del gobierno del general Díaz con los sectores sociales que le permitieron larga vida, tal como hoy aseguran la de la actual administración, que por fortuna no está llamada a perdurar:

“El porfirismo tuvo… apoyo y sustentación en la gran burguesía nacional y extranjera, en los grandes terratenientes, en la mayoría de los profesionistas con éxito y de los intelectuales que de alguna manera vivían del gobierno: novelistas, poetas, historiadores, periodistas, etcétera. Debe mencionarse también al clero, en particular al alto clero, merced a la política de conciliación y al abandono en buena medida de algunas de las leyes de Reforma; y sobre todo a un ejército leal y disciplinado al mando de generales viejos y de jefes y oficiales jóvenes adiestrados en el Colegio Militar y aun en el extranjero.”

Ese número de Cuadernos Americanos se abre con un texto de Reyes Heroles, “México y su petróleo”. Hubiera podido ser un ensayo de ese economista improvisado (sólo en el sentido de que no hizo estudios formales en ese campo) que fue el abogado tuxpeño. En realidad es un discurso, el último que pronunció Reyes Heroles como director de Pemex. En la apostilla que explica el carácter de esas palabras, el editor se ufana de que “hoy Petróleos Mexicanos es la mayor empresa editorial de la América Latina y se encuentra en pleno desarrollo”.

El discurso de Reyes Heroles tuvo en esa oportunidad una singular relevancia política porque anunció “la rescisión de todos los contratos-riesgo que se firmaron con compañías extranjeras y que abarcaron una superficie de 3,858 kilómetros cuadrados”.

El historiador que era (durante su estancia en la dirección de Pemex había sido elegido miembro de la Academia Mexicana de la Historia) dio cuenta de los orígenes de tales contratos; y el político que fue expuso los términos del cálculo en que se basó la decisión que, también como político, atribuyó al presidente de la República:

“Entre 1949 y 1961, Petróleos Mexicanos suscribió cinco contratos riesgo con empresas petroleras privadas, que establecían un periodo para la exploración y perforación de pozos y señalaban como remuneración, por parte de Petróleos Mexicanos, el reembolso total, sin plazo de vencimiento, de los gastos e inversiones por trabajos ejecutados, con el valor del 50% de los hidrocarburos producidos por los pozos perforados, y una compensación que iba del 15 al 18.25% del valor de la producción, por un periodo de 25 años.

“El presidente Díaz Ordaz ordenó la no renovación o prórroga de estos contratos, y que se acatara la reforma constitucional que prohíbe su celebración y preceptúa su insubsistencia. Tres posibilidades se planteaban para cumplir con esas instrucciones: 1) Que incurriera Petróleos Mexicanos en incumplimiento para que fueran las empresas extranjeras las que demandaran; 2) Promover judicialmente la nulidad de estos contratos, sosteniendo que la existencia de un interés público, consignado en el artículo 27 constitucional, estaba por encima del principio de no retroactividad establecido en el artículo 14 constitucional; 3) Buscar y negociar la rescisión voluntaria de los contratos. Se escogió este último camino en virtud de que el primero está vedado por la seriedad de México y Petróleos Mexicanos y a la larga en sí, en la cuestión, las posibilidades de una resolución favorable eran sumamente escasas. En cuanto al segundo, ni en casos extremos México se ha negado a reconocer derechos: ha discutido los montos de éstos y los términos para cubrirlos y, concretamente, Petróleos Mexicanos tiene la experiencia de que en situaciones similares o análogas, cuando se ha escogido el camino judicial no sólo se han originado enojosos conflictos, sino que se ha retrasado alcanzar los objetivos que se buscaban y, a la postre, se han pagado cantidades mayores a las adecuadas y razonables. Se optó por negociar la terminación voluntaria de los contratos. Las negociaciones se iniciaron el 12 de diciembre de 1964.”

O sea que apenas llegado a la dirección del organismo petrolero nacional Reyes se planteó esa operación. Entre junio de 1969 y febrero de 1970 los contratos fueron rescindidos: “En todos los casos se cubrieron cantidades menores de lo que a valor actual correspondería a esas empresas, de acuerdo con los porcentajes que deberían entregárseles y el plazo de vencimiento de los contratos que iba de marzo de 1974 a marzo de 1976… Sin necesidad de ofrecer participaciones o derechos sobre el valor de la producción del subsuelo mexicano, con recursos propios y financiamientos normales, proseguirá de hoy en adelante el desarrollo y progreso de la industria petrolera”.

Reyes Heroles se equivocó en su pronóstico. Hoy, a un cuarto de siglo de su muerte, a 40 años de sus palabras, a 72 de la expropiación, se recorre puntualmente el camino inverso. Y, por consecuencia, se llegará a una meta distinta de la establecida entonces.