Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 28 de marzo de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS DE HAITI
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANO DE CHILE
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SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / 500 sobre 500 diputados
Un grupo de ciudadanos decidió "adoptar" a los diputados para exigirles que rindan cuentas y expliquen sus votaciones
Colaborador Invitado
(28 marzo 2010).- Maite Azuela
Analista política y activista ciudadana.
Los ciudadanos que pretendemos conocer el desempeño de los diputados federales nos encontramos un muro tan alto e infranqueable como su feo y enorme edificio. Es equiparable la dificultad de ingresar a las oficinas del palacio legislativo, blindadas por guardias malencarados, en donde el ciudadano es pequeño e insignificante, con las obstrucciones cotidianas que enfrentamos para conocer información de su desempeño, administración, gastos, prioridades, acuerdos, gestiones de cabildeo, etcétera.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública hace una distinción entre el Poder Ejecutivo y los otros sujetos obligados, de modo que su incumplimiento supone consecuencias distintas.
El Poder Ejecutivo tiene que asumir los dictámenes del IFAI en caso de que la negación o el estado de la entrega de la información no hayan sido plenamente justificados. Pero para el Poder Legislativo y otros sujetos obligados, la entrega o negación de información está supeditada al dictamen de la Unidad de Transparencia, integrada por funcionarios de los mismos órganos. De modo que si un ciudadano se inconforma ante la negación o la entrega incompleta de información, para que se resuelva la controversia debe recurrir al Comité de Información, instancia integrada también por funcionarios de las propias instituciones. Así, los legisladores federales, como juez y parte, pueden negar la información pública sin repercusión alguna.
Además de esa barrera, el resto del marco jurídico del Poder Legislativo no contempla obligaciones, tareas, plazos ni sanciones por incumplimiento. Los diputados no están obligados a informar sobre sus acciones, decisiones y erogaciones.
La primera experiencia del movimiento ciudadano Dejemos de Hacernos Pendejos DHP, denominada Operación 001: diputados coludos, ciudadanos rabones, demostró el desinterés de los ahora ex diputados por rendir cuentas sobre el uso discrecional de las subvenciones e hizo evidente la opacidad de los procesos administrativos con que se reparten, entre fracciones parlamentarias, los recursos públicos.
Los ex diputados no respondieron en el plazo constitucional la petición ciudadana que iba acompañada de más de cuatro mil firmas. Su respuesta denotó la ilegalidad de la decisión con que avalaron la compensación del impuesto por concepto de aguinaldo. Varios ciudadanos presentamos la denuncia correspondiente. Ha pasado más de medio año y seguimos en espera de alguna notificación por parte de la PGR.
La impunidad puede, como siempre, jugar a su favor, pero al menos podemos afirmar que la presión ciudadana consiguió un éxito: los diputados de la actual legislatura ya no realizaron ninguna compensación por concepto de impuesto al aguinaldo. Suponemos que comprendieron la ilegalidad del acto y celebramos el hecho de haber inhibido una práctica de corrupción.
Con este aprendizaje, estamos comprometidos a vigilar de cerca a los legisladores. Para ello, con el apoyo de Impacto Legislativo y de Estrategia 360°, DHP lanzó una página de internet en la que los ciudadanos pueden adoptar a un diputado y darle seguimiento a su desempeño y acciones.
La Cámara no tiene un sitio accesible de rendición de cuentas que genere un diálogo entre representantes y representados, pero no podemos quedarnos con lo que hay, sino que debemos construir lo que queremos: http:www.500sobre500.org es un sitio que presenta los perfiles de los diputados subrayando sus relaciones con los poderes fácticos, para distinguir si responden a alguna televisora, sindicato, empresario, gobernador, precandidato y otros vínculos que pueden orientarnos sobre la tendencia de sus propuestas y votaciones.
Periódicamente se presentará un reto dirigido a los ciudadanos para que con diferentes mecanismos de presión exijan a sus diputados rendición de cuentas y los sometamos a hacerse responsables de sus decisiones y acciones.
El primer reto es preguntarles ¿en qué gastan los recursos que se les entregan para atención ciudadana? Vía telefónica, por correo electrónico o mediante solicitud de información, los ciudadanos intentarán obtener respuesta de su diputado y reportarán cuánto tardó y la calidad de la misma.
Será un trabajo de mediano y largo plazo, en el que los ciudadanos habremos de ser tan constantes como pacientes. Al día de hoy, más de mil ciudadanos han adoptado diputado, y aún faltan 154 por adoptar. De los 346 adoptados, 53 han contestado. No debe quedar uno sólo sin seguimiento.
Éste es sólo un ejemplo de acciones ciudadanas que surgen como respuesta al desdén de nuestros representantes. Seguramente emergerán nuevas ideas que con trabajo colectivo consigan que los ciudadanos generemos redes sólidas que eliminen la más estorbosa de las murallas: la impotencia.
http://twitter.com/maiteazuela
Organos reguladores: urge un cambio
Análisis Regulación y competencia. Sus males de origen y los defectos de su normatividad hacen de las comisiones encargadas de regular la actividad económica entes débiles, ineficaces y poco transparentes
Alejandro Faya Rodríguez
(28 marzo 2010).- Reguladores y sus arreglos críticos
Según lo corrobora la evidencia empírica a nivel internacional, áreas como la competencia económica y sectores como el transporte, energía, telecomunicaciones y servicios financieros deben ser regulados por entidades administrativas dotadas de solidez institucional. La idea es que estos fenómenos particularmente complejos y dinámicos sean sometidos a una forma especial y continua de control, bajo una visión de largo plazo, con altos grados de especialización técnica y un mínimo de interferencia política. En primer término, el mandato del regulador debe ser claro y sus atribuciones suficientes. Luego viene la autonomía organizacional, factor definitorio: aunque parte del gobierno el regulador debe mantener una sana distancia. Ello incluye plena autonomía para la toma de decisiones, un régimen adecuado de nombramientos así como autonomía presupuestal, laboral y organizacional. Por otra parte, deben existir mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas que sirvan de contrapeso, obliguen al regulador a privilegiar el interés público y permitan a la sociedad hacer juicios de desempeño. Finalmente, y no menos importante, los reguladores deben contar con recursos humanos y económicos correlativos a sus responsabilidades.
Reguladores en México
La Comisión Federal de Competencia (CFC) tiene potestades de investigación y sanción frágiles. Por ejemplo, contrario a las mejores prácticas internacionales, nuestro sistema legal no admite la práctica de visitas de verificación sorpresa (dawn raids) ni contempla medidas cautelares. Una expectativa o probabilidad baja de procesamiento efectivo, aunada a multas máximas irrisibles (frente a la gigantesca rentabilidad de las prácticas monopólicas), sólo puede tener un resultado: incentivo de los agentes para extraer rentas y mantener las conductas ilícitas. Aunque el tema de sanciones siempre ha ocupado las primeras planas, nada se conseguirá con multas más altas, mucho menos con sanciones penales, sin un reforzamiento previo o simultáneo en la supervisión, investigación y ejecución (lo que incluye capacidades jurídicas, económicas y materiales). El número de investigaciones y multas impuestas por la CFC frente a sus pares en otros países es muy bajo; el porcentaje de multas efectivamente pagadas, del total impuestas, también lo es.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) tiene atribuciones suficientes pero simplemente no las hace valer. La institución enfrenta dos problemas: su autonomía es frágil e inclusive artificial, en gran parte porque su titular es nombrado y removido con absoluta discreción; además, es inoperante a falta de apoyo del Ejecutivo, ya que en este caso el regulador regula a la propia burocracia federal. Aunque la responsabilidad primaria es de quien emite la regulación (lo que incluye al Ejecutivo, Legislativo y dependencias federales), el organismo poco ha podido hacer para detener el flujo regulatorio y mucho menos para desregular o mejorar la calidad de la regulación. Cosa simple: la Cofemer nunca ha presentado de forma pública propuesta, diagnóstico o estudio alguno al Ejecutivo o a la sociedad.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) parece estar bien equipada para regular el sector del gas natural pero no así para la electricidad. Aunque otorga los permisos para que los privados generen electricidad bajo modalidades especiales (como el autoabastecimiento y la producción independiente), no tiene poder para fijar las tarifas (labor discrecional de Hacienda) ni para regular los términos y condiciones de la prestación del servicio por parte de la CFE y antes Luz y Fuerza del Centro (en el último caso, lo que probó ser muy nocivo para la zona centro del país). El regulador energético requiere también mayores dientes para vigilar a Pemex.
El caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es más que evidente: desde su origen a la fecha el regulador no puede sancionar ni otorgar permisos y concesiones en materia de telecomunicaciones; además, contrario a lo que sucede en el resto del mundo, sus actos son recurribles ante la propia SCT, haciendo con ello ilusoria cualquier noción de "autonomía técnica y operativa". El sistema de "doble ventanilla" y la fragmentación de los procesos regulatorios forman parte de una desafortunada circunstancia que ha inhibido el crecimiento del sector y dañado gravemente a los consumidores (ciudadanos y empresas por igual). El grupo Telmex-Telcel, operador dominante, ha hecho lo que ha querido y utilizado la interconexión (así como la fragilidad de su régimen) como arma para frenar la competencia.
Un punto en común es que los reguladores referidos tienen recursos modestos según lo que se observa en otros países. Otra nociva coincidencia es que todos los reguladores reprueban en materia de rendición de cuentas ya que se abocan al cumplimiento de meros requisitos formales -como la publicación de resoluciones y presentación de informes anuales- pero no ofrecen medidas adicionales que ofrezcan a la sociedad medios reales de evaluación (que además contribuirían a elevar la calidad jurídica y económica de las decisiones), como podrían ser la publicación de criterios y razonamientos, la publicidad de las reuniones de los órganos colegiados y el establecimiento "ex ante" de parámetros claros, objetivos y medibles, que sean visibles y de valor agregado. Los reguladores que exigen (como casi todos lo hacen) un fortalecimiento en sus atribuciones y recursos, deben ser congruentes y ofrecer al mismo tiempo un mayor grado de rendición de cuentas, para lo cual no se necesita reformar la ley.
Nueva figura
La figura de "órgano desconcentrado" (un órgano parte de una Secretaría pero con atribuciones propias) resulta obsolescente e inadecuada para los reguladores económicos "autónomos": genera tensiones institucionales, fomenta la interferencia política así como una serie de problemas jurídicos. Visiones un tanto ortodoxas del principio de jerarquía que caracteriza a la Administración Pública Centralizada así como del principio de división de poderes invalidarían la noción del regulador o algunos de sus arreglos. Precisamente es así como la Suprema Corte ha rechazado la posibilidad de que el Senado participe en los nombramientos o que el regulador tenga la obligación de presentar reportes ante el Congreso, a pesar de que dicha colaboración conlleve beneficios importantes.
La realidad es que la Constitución no impide al Congreso diseñar modelos de gestión pública más modernos. Los reguladores autónomos no entorpecen sino maximizan la función administrativa del Presidente, aunado a que permiten cristalizar una serie de valores constitucionales. Una lectura moderna de cualquier Constitución exige velar por los intereses colectivos del Estado. Pero dado el estado de las cosas es menester categorizar a nivel constitucional la figura de "entidades reguladoras autónomas", atadas al ámbito central, de vocación regulatoria, y no al paraestatal, de vocación empresarial o asistencia social. Esta reforma permitiría fortalecer a los reguladores política, institucional y jurídicamente así como ajustar su diseño por la vía legal conforme las mejores prácticas.
La autonomía no es sin embargo un fin en sí mismo: es necesaria y conveniente hasta ciertos límites y no debe implicar ruptura plena con el Ejecutivo mediante una autonomía constitucional. Tal y como es la práctica generalizada, los reguladores económicos deben formar parte del aparato administrativo (a excepción del banco central) para no fraccionar políticas que deben conservar una unidad de acción, así como para sujetar a dichos reguladores a leyes de corte transversal y a mecanismos razonables de vigilancia, tutela y rendición de cuentas.
Interacción con el Poder Judicial
El actuar de los reguladores (que tienen márgenes importantes de discrecionalidad) ha chocado con un sistema judicial rígido y legalista. La judicialización de las decisiones regulatorias ha sido otro de los males y ha conducido a una parálisis regulatoria. Unas veces los reguladores han emitido mal sus decisiones, cierto, pero en otras los jueces ponen énfasis desmesurado en la forma, o interfieren en el fondo más allá de lo deseable, antes de velar por el bien jurídico tutelado.
Varias cosas pueden hacerse al respecto. Una primera respuesta, relativamente fácil de cristalizar (al no requerir reforma) es la de establecer tribunales especializados en materia de regulación económica para que los asuntos cualitativos no se pierdan en lo cuantitativo y sean resueltos con calidad, celeridad y de forma responsiva al interés público. Lo anterior permitiría también formar criterios que abonarían a la certeza y buen funcionamiento de los esquemas regulatorios, mismos que podrían consolidar un sistema de deferencia judicial o discrecionalidad técnica, tal y como opera en otros países, bajo el cual ninguna decisión del regulador podría ser cuestionada o rechazada por aspectos sustantivos a menos que sea notoriamente ilógica, arbitraria o caprichosa. De esta misma forma también se evitará que tribunales desconocedores del fondo exageren el análisis de la forma. Existen 18 Tribunales Colegiados y 16 Juzgados de Distrito en materia administrativa que ejercen jurisdicción territorial sobre el Distrito Federal, los cuales ventilan los asuntos más importantes. Si el Consejo de la Judicatura Federal tomara la decisión de especializar a un grupo de éstos el avance sería importantísimo.
Por último, debe considerarse seriamente que las decisiones de los reguladores sean recurribles exclusivamente ante las instancias judiciales para evitar el paso intermedio (lento y burocrático) ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, justo como lo estableció la tesis jurisprudencial 30/2008 para el caso de los actos emitidos por el Pleno de la CFC. Esta regla encuentra eco en otros países y se considera sana práctica.
Conclusión
Los reguladores autónomos son un asunto de interés público: bien diseñados contribuyen al mejor funcionamiento de los mercados, propician competencia, fomentan la inversión, crean condiciones para una equidad de mercado y fortalecen los derechos de los consumidores. Mal formados son una pésima opción de política pública: generan costos, no ofrecen beneficios y llegan inclusive a ser contraproducentes.
La tendencia alrededor del mundo se dirige hacia el fortalecimiento de los reguladores. Desafortunadamente no es extensiva a México. Los males de origen y las insuficiencias de los reguladores mexicanos continúan, lo que resulta inaceptable a la luz de una economía distorsionada, concentrada, poco productiva y poco competitiva, en un país que exige desarrollo, empleos y equidad. Es tarea urgente hacer algo al respecto.
El autor es maestro en derecho y en políticas públicas. Director de A|Fr consultoría jurídica y consultor de la ONU. El presente estudio se basa en una publicación próxima de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del CIDAC. afaya@afrconsulting.com.mx
Árbitros sin dientes
Las comisiones que regulan la competencia, las telecomunicaciones, la industria energética y la promoción gubernamental de la actividad económica están maniatadas, son débiles, limitadas y poco transparentes.
Mandato y atribuciones
| Característica | CFC | Cofemer | CRE | Cofetel |
| Mandato legal claro y explícito | Sí | Sí | No | Medio |
| Atribuciones suficientes | No | No | No | No |
Autonomía organizacional
| Característica | CFC | Cofemer | CRE | Cofetel |
| Forma legal (desconcentrado de...) | SE | SCT | Sener | SCT |
| Integración de mando | Colegiado | Unipersonal | Colegiado | Colegiado |
| Nombramientos (exigencia legal de credenciales) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Prohibición de desempeñar otro encargo o empleo durante la comisión | Sí | No | Sí | Sí |
| Prohibición de haber laborado o laborar en la industria o sus asociaciones por un período previo y posterior | NA | NA | No | No |
| Lo nombra/propone el Ejecutivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Participa el Legislativo en el nombramiento* | No | No | No | No |
| El nombramiento es escalonado y trasciende el gobierno en turno | Sí | No | Sí | Sí |
| La remoción es calificada | Sí | No | Sí | Sí |
| Se prevé renovación de nombramiento | No | NA | Sí | Sí |
| Autonomía presupuestal** | No | No | No | No |
| Autonomía laboral (contrataciones)*** | No | No | No | No |
| Autonomía organizacional**** | Medio | Medio | Medio | Medio |
| ¿Sus actos son recurribles ante la Secretaría y/o gobierno? | No | No | No | Sí |
* La no objeción senatorial fue tachada de inconstitucional por la SCJN para los casos de la CFC y Cofetel.
** Sus presupuestos se asignan por medio de las secretarías.
*** Implica reglas diferentes de la burocracia central para contrataciones y remuneraciones.
**** Emiten sus manuales de organización, pero el Ejecutivo fija la estructura mediante reglamento interior.
Recursos
| Característica | CFC | Cofemer | CRE | Cofetel |
| Platilla laboral acorde a la práctica | No | Medio | No | No |
| Presupuesto acorde a la práctica | No | No | No | No |
| Mezcla de perfiles (público-privado) | No | No | No | No |
| Capacitación permanente inductiva y de actualización | No | No | No | No |
Transparencia
| Característica | CFC | Cofemer | CRE | Cofetel |
| Publicación de resoluciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Publicación de criterios y razonamientos* | No | No | No | No |
| Publicación de reuniones del órgano colegiado | No | NA | No | No |
| Establecimiento de metas y parámetros objetivos y/o cuantificables (visibles y de valor agregado) | No | No | No | No |
| Reporte anual** | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Susceptible de auditoría | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sujeto a procesos de mejora regulatoria | Sí | NA | Sí | Sí |
| Labores activas de difusión, promoción y prevención | No | No | No | No |
| Labores pasivas de difusión, promoción y/o prevención (información en internet) | Medio | Medio | Medio | Medio |
* Las guías, manuales e instructivos revisados no califican para este propósito.
** La obligación de reportar al Congreso fue considerada inconstitucional por la SCJN para el caso de la Ley Federal de Competencia Económica.
Cuba: El silencio cómodo
Reportaje Diplomacia y derechos humanos. El Senado fue incapaz de procesar un punto de acuerdo para condenar la muerte de Orlando Zapata y pedir al gobierno de Calderón que exhorte a Cuba a respetar los derechos humanos de sus disidentes
Martha Martínez
(28 marzo 2010).- La falta de claridad respecto a la política que asumirá el país ante Cuba, el afán del gobierno de Felipe Calderón por evitar un nuevo conflicto en su agenda y el escaso consenso al interior de los partidos políticos sobre la postura que cada uno debe asumir ante la isla se tradujeron en una respuesta tardía y tibia ante la muerte de Orlando Zapata, la huelga de hambre iniciada por Guillermo Fariñas y la situación humanitaria de los disidentes cubanos.
La muerte de Zapata fue motivo de pronunciamientos de jefes de Estado y organismos como la ONU y el Parlamento Europeo, pero en México la respuesta se limitó a un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otro del partido en el gobierno. Los senadores y diputados fueron incapaces de procesar dos puntos de acuerdo propuestos en tribuna por el PAN para pedir al gobierno una actitud más firme frente a Cuba. Éstos quedaron congelados en comisiones hasta después de las vacaciones de Semana Santa.
El 15 de marzo pasado, 20 días después de la muerte de Zapata, la Cancillería emitió un comunicado en el que lamenta, pero no condena, el fallecimiento; manifiesta la preocupación del gobierno mexicano por la salud de Fariñas -quien relevó a Zapata en su protesta-, evita mencionar la palabra disidente y conmina al gobierno de Raúl Castro a proteger la salud y la dignidad de "todos los prisioneros" de la isla.
Semanas antes, cuando Zapata todavía vivía, tanto senadores de todos los partidos, como el presidente Felipe Calderón, tuvieron oportunidad de abordar el tema de manera directa con Raúl Castro y su régimen: durante la XI Reunión Interparlamentaria México-Cuba celebrada los días 19 y 20 de febrero en la isla y en la Cumbre para la Unidad de América Latina y el Caribe llevada a cabo en Cancún del 21 al 23 de febrero. Pero no lo hicieron.
Para el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, la tardanza y tibieza del gobierno y Congreso mexicanos se debe a que el gobierno federal no tiene una política clara respecto a Cuba.
"Me atrevería a decir que Cuba no es en este momento una prioridad para el gobierno", afirma.
Otras causas se encuentran en el afán de Calderón por distinguirse de su antecesor, Vicente Fox, y por no agregar un problema más a su ya conflictiva agenda.
Luego de que la política exterior de Fox hacia Cuba le complicara la política interna, la actual administración optó por ser más cauto, al grado de colocarse en el extremo de la pasividad.
Esta cautela, advierte Pascoe, tiene su origen en el intento del presidente Calderón por no generar más conflictos para su gobierno, el cual enfrenta una crisis de seguridad y económica.
"La tibieza es la confesión de que éste es un sexenio profundamente emproblemado y de que se ha decidido no convertir a Cuba en un tema más de conflicto", advierte.
La misma cautela es practicada por los partidos en el Congreso.
El 16 de marzo, un día después del comunicado emitido por la Cancillería, los panistas Rubén Camarillo y Adriana González intentaron presentar un punto de acuerdo mediante el cual el Senado lamentaba la muerte de Zapata y solicitaba al gobierno federal que exhortara a su homólogo cubano para que favorezca la apertura al diálogo con los disidentes políticos y la liberación de todos los presos de conciencia.
Antes de que Camarillo pudiera subir a tribuna, la senadora del PRD Yeidckol Polevnsky reventó la sesión: solicitó a la mesa directiva verificar el quórum y al no haberlo ésta se tuvo que suspender.
Dos días después el punto de acuerdo fue propuesto ante el pleno. Camarillo aprovechó para denunciar la intromisión del embajador de Cuba en México que, enterado de su intención de proponer dicho pronunciamiento, envió una carta a Camarillo desde el 3 de marzo advirtiendo que eso entorpecería las relaciones bilaterales. Pese a esta denuncia y aunque los senadores dijeron que era urgente pronunciarse, el proyecto fue turnado a comisiones sin ser considerado de urgente y obvia resolución -a petición del propio Camarillo-.
Camarillo informó que el tema será discutido después de las vacaciones de Semana Santa; es decir, la votación podría llevarse a cabo en la primera semana de abril, 31 días después de la muerte de Orlando Zapata y cuando Guillermo Fariñas estaría cumpliendo 40 días en huelga de hambre.
El 25 de marzo, el PAN en la Cámara de Diputados incluyó en la orden del día la proposición de un punto de acuerdo con un pronunciamiento similar al que se congeló en el Senado. La sesión terminó sin que hubiera tiempo de que la propuesta fuera hecha en tribuna por sus promoventes.
División en el PRI
Senadores consultados por Enfoque reconocen que la tardía respuesta del Congreso ante la situación de los derechos humanos en Cuba es el resultado de las divisiones y controversias que el tema genera al interior de cada partido político, incluso de izquierda.
Estas divisiones, aseguran, no sólo han retrasado cualquier posibilidad de respuesta, sino que han paralizado a las dirigencias nacionales.
Durante la discusión del punto de acuerdo propuesto por los panistas, la senadora Rosario Green -presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y ex canciller- criticó la pasividad del gobierno mexicano y la situación de los disidentes prisioneros en las cárceles de la isla.
"Al Senado le preocupa la inmovilidad del gobierno para conminar a nuestro país hermano a evitar la prolongación de las condiciones de reclusión que afectan la salud de los opositores", indicó.
El senador Carlos Jiménez asegura que la postura del grupo priista en el Senado es la expuesta por Green -quien como canciller promovió que Ernesto Zedillo fuera el primer presidente mexicano en reunirse con la disidencia en Cuba, en su visita de 1999-, pero la senadora María de los Ángeles Moreno afirma que la opinión de Green es personal, pues no consultó al resto de la fracción antes de subir a la tribuna.
"En el PRI es mucho más la gente que no quiere criticar a Cuba para nada, que la que lo hace... es eso lo que a la dirigencia la contiene, porque Beatriz Paredes -quien fue embajadora de México ante Cuba- es muy defensora de los derechos humanos, pero ella ve que Cuba en el PRI es un emblema.
"Cuando el tema se trajo al Senado justamente fue el momento de definir posiciones de los grupos parlamentarios, cuando Rosario Green lo hizo, lo hizo a nombre de la bancada, o sea ella no lo hizo sola, de hecho se discutió en la mesa previa que siempre tenemos", asegura Jiménez Macías.
Pero Moreno lo niega: "mi compañera, quien es muy respetable, tiene sus propios puntos de vista sobre los derechos humanos y tiene su opinión personal. No recuerdo que en este asunto nos haya preguntado al resto de los integrantes del grupo; siendo muy respetable su opinión, no la comparto".
PAN: inconformidad silenciosa
Las discrepancias en el caso Cuba también existen entre el gobierno federal y el PAN, partido que optó por la inconformidad silenciosa ante la pasividad de Calderón y su política de acercamiento con el régimen castrista definida desde el inicio del sexenio.
Calderón ha actuado en contra de la estrategia panista diseñada y desplegada en el sexenio anterior, cuando el PAN exigió a Vicente Fox reunirse con la disidencia en su viaje a Cuba de febrero del 2002 y votar en abril de ese año a favor de una propuesta de censura a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.
Lo que el ex dirigente panista Luis Felipe Bravo Mena presumió en su momeno como un triunfo -orientar la política exterior de Fox y del canciller Jorge Castañeda con principios humanistas- fue echado atrás por Calderón, quien como dirigente (1996-1999) afilió al PAN a la Organización Demócrata Cristiana de América, de la que adoptó la postura crítica hacia el régimen de Fidel Castro.
La actual dirigencia panista, encabezada por César Nava, decidió plegarse a la línea gubernamental y, a diferencia de lo que ocurría en el sexenio pasado, guardó silencio respecto a las huelgas de hambre y las manifestaciones reprimidas por el régimen castrista.
Con más de seis meses al frente del partido, Nava no ha reinstalado la Comisión de Relaciones Internacionales del PAN, un órgano partidista en el que confluían legisladores, funcionarios y dirigentes para discutir estos temas y definir la línea partidista ante fenómenos mundiales y conflictos en países en particular. La CREI funcionó todo el sexenio de Fox y desapareció con Calderón.
César Leal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, confirma la actitud asumida por los panistas. Explica que debido a que el asunto de los derechos humanos en la isla es un tema "hipersensible" para su gobierno, él ha optado por excluirlo de la agenda.
"He seguido mejor la línea suave de tratar de reinstalar los hilos de la relación", indica.
Según legisladores y miembros de la dirigencia partidista, los panistas fueron autorizados por Nava a pronunciarse sobre Cuba en el Congreso hasta después de que la SRE emitió su comunicado, calificado públicamente como "tibio" por al menos dos ex cancilleres: Green y Jorge Castañeda.
Con esa "tibieza", el PAN y su gobierno claudicaron en un asunto calificado como fundamental en la más reciente proyección de sus Principios de Doctrina: los derechos humanos.
En coincidencia, el pasado jueves la Secretaría de Gobernación operó para que no se presentara ante el pleno el dictamen de reforma en materia de derechos humanos aprobado en comisiones del Senado desde el martes. Entre otras cosas, la reforma obliga al gobierno a considerar la defensa de los derechos humanos en la conducción de su política exterior. Por medio de Alejandro Zapata y con la oposición de Santiago Creel -promotor de esta reforma- la Segob logró que se revisaran algunos puntos del dictamen que "le preocupaban", con lo que este tema también quedó pendiente para después de Semana Santa.
División en la izquierda
Entre los partidos de izquierda tampoco hay consenso sobre la postura que se debe asumir frente a Cuba.
Durante la presentación del proyecto de punto de acuerdo del PAN, el senador Graco Ramírez, del PRD, informó que había solicitado formalmente al gobierno cubano la visa para ingresar a la isla con el objetivo de reunirse con los disidentes y supervisar la situación de los derechos humanos.
Mientras tanto, la senadora Yeidckol Polevnsky criticó el intento de pronunciamiento, argumentando que en México se cometen violaciones que deberían ser atendidas por el Senado como prioridad.
Para Ricardo Pascoe, ex perredista, el problema es que los partidos políticos ya comprendieron la necesidad de replantear su posición frente a Cuba, pero tienen miedo de hacerlo por los costos políticos que ello implicaría.
"El problema sustantivo es que Cuba se ha convertido en un gran problema incómodo para las izquierdas y para las derechas en México. Eso se reflejó en la primera escaramuza que hubo en el Senado, cuando el senador panista leyó su propuesta y mostró la carta que le había enviado el embajador cubano en nuestro país, y el hecho de que Graco Ramírez y Rosario Green plantearan reunirse con disidentes en Cuba. Lo que refleja es que los partidos están sintiendo que tienen que repensar a fondo el tema", opina.
La necesidad de replantearse el tema Cuba, señala el ex embajador, se debe a que los argumentos del gobierno de Cuba se sostienen cada vez menos ante los señalamientos internacionales en materia de derechos humanos, la purga de la clase política en la isla y el trato que el gobierno de Raúl Castro da a los disidentes.
"Estoy convencido de que la izquierda tiene que repensar el tema cubano, mi conclusión después de todo esto es que Cuba ha perdido su carácter revolucionario y yo creo que la izquierda tiene miedo de asumir una decisión clara en este sentido. Una postura honesta de izquierda es de condena a la represión de la gente en Cuba, a las Damas de Blanco, a los huelguistas de hambre y también la purga que hay dentro de la misma clase política cubana", indica.
Revolución polémica
La discusión por la situación de los derechos humanos en Cuba ha subido de tono por las huelgas de hambre de Orlando Zapata y Guillermo Fariñas. Mientras en Cuba arrecian las protestas, en el mundo se multiplican las condenas al régimen castrista y en México se guarda silencio o se cuidan los pronunciamientos.
2009
1o. de diciembre El preso cubano Orlando Zapata Tamayo inicia una huelga de hambre para denunciar las condiciones de vida de los presos políticos en el régimen de Raúl Castro y exigir la liberación de los presos de conciencia.
2010
19 y 20 de febrero. Se celebra en La Habana la XI Reunión Interparlamentaria México-Cuba. La delegación mexicana es encabezada por el perredista Carlos Navarrete, presidente del Senado, pero en ella viaja también la diputada y dirigente del PRI, Beatriz Paredes. Navarrete asegura que esta misión mexicana busca "pavimentar" el camino para una próxima visita del presidente Felipe Calderón a la isla. Los senadores evitan reunirse con disidentes o hablar sobre el tema de derechos humanos en la isla.
El embajador mexicano en Cuba, Gabriel Jiménez Remus, asegura que la visita de Calderón podría concretarse en el primer semestre del 2010.
23 de febrero. Muere Orlando Zapata, tras permanecer 85 días en huelga de hambre.
24 de febrero. La Unión Europea, presidida por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, condenan la muerte de Zapata y exigen a Cuba respeto a los derechos humanos de los disidentes.
Amnistía Internacional exige una investigación independiente sobre la muerte de Zapata.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva visita La Habana para tener un último encuentro con Fidel Castro antes de abandonar el poder. Evita reunirse con los disidentes.
El presidente cubano, Raúl Castro, dice durante la visita de Lula que lamenta la muerte de Zapata, que atribuye a "la relación con Estados Unidos". Niega que en Cuba se torture a disidentes.
Guillermo Fariñas Hernández, opositor al régimen castrista, inicia en libertad una huelga de hambre para continuar la protesta de Orlando Zapata en demanda de la libertad de los presos políticos.
26 de febrero. Activistas cubanos en internet lanzan la campaña #OZT Yo acuso al gobierno cubano para recopilar firmas y exigir la liberación de los presos políticos en Cuba. En un mes se reúnen más de
34 mil firmas, entre ellas las de 276 personalidades como Gloria Estefan, Yoani Sánchez, Fernando Savater, Jordi Pujol, Jorge Castañeda, Jorge Volpi, Xavier Velasco y Eduardo Lizalde.
27 de febrero. El diario oficial del régimen cubano, Granma, asegura que Zapata era un "preso común maquillado de prisionero político" y niega que haya presos de conciencia en Cuba.
3 de marzo. El embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera, envía una carta a la mesa directiva del Senado para advertir sobre las consecuencias de la aprobación de un punto de acuerdo promovido por el PAN, mismo que calificó como "improcedente".
5 de marzo. Fariñas escribe una carta a Raúl Castro en la que lo acusa de haber ordenado dejarlo morir. "El hecho de que usted considere que mi muerte es necesaria para mí constituye un honor", señala en su misiva.
En declaraciones al diario La Razón, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la petista Rosario Ibarra de Piedra, asegura que Orlando Zapata murió porque quiso y elogia al régimen castrista como "un gobierno honesto que ha sufrido mucho".
9 de marzo. Lula asegura que Cuba tiene derecho a detener a los disidentes al régimen castrista.
10 de marzo. El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, condena la muerte de Zapata, pide evitar la muerte de Fariñas y añade: "me acusarán de inmiscuirme en asuntos internos, de irrespetar su soberanía y casi con certeza de ser un lacayo del imperio... no voy a callarme cuando se vulneran los derechos humanos; no voy a callarme cuando la sola existencia de un régimen como el de Cuba es una afrenta a la democracia" (Nota de AP).
La Cámara de Diputados de Chile aprueba un proyecto de acuerdo que condena categóricamente la muerte de Zapata y la indolencia del régimen cubano.
11 de marzo. El Parlamento Europeo aprueba con 509 votos a favor, 30 en contra y 14 abstenciones una resolución de condena a Cuba por la muerte de Zapata y expresa su preocupación por el estado de salud de Fariñas.
12 de marzo. A través del periódico oficial Granma, Cuba lamenta la resolución del Parlamento Europeo y lo acusa de alinearse a la política anticubana.
14 de marzo. En entrevista con Reforma, Fariñas pide al presidente Calderón y al Congreso mexicano que condenen la muerte de Zapata y se sumen a la exigencia de liberación de los 26 presos opositores al régimen castrista que están enfermos en cárceles cubanas.
15 de marzo. La Cancillería mexicana emite un comunicado de ocho párrafos en el que "expresa su preocupación" por el estado de salud de Fariñas e informa que "ha lamentado -como lo han hecho numerosas organizaciones e individuos, entre ellos el propio Presidente de la República de Cuba-" la muerte de Zapata. Además manifiesta su respeto a la soberanía de Cuba y su derecho a la autodeterminación y afirma que para México es "prioritario mantener una relación cercana y constructiva".
17 de marzo. La policía cubana y personas afines al régimen disuelven una manifestación de las "Damas de Blanco", la tercera de siete movilizaciones convocadas para conmemorar el séptimo aniversario de la llamada "Primavera negra", periodo en el que el gobierno cubano emprendió redadas para arrestar a más de 70 disidentes que fueron condenados a penas de
18 de marzo. Los senadores del PAN Rubén Camarillo y Adriana González Carrillo proponen un punto de acuerdo por el que el Senado de la República "lamenta profundamente y condena" la muerte de Orlando Zapata y "exhorta al Ejecutivo federal" para solicitar al gobierno de Raúl Castro la "pronta apertura al diálogo con los disidentes políticos y la liberación de todos los presos de conciencia". Camarillo exhibe en tribuna la carta del embajador cubano presionando al Senado.
El perredista Graco Ramírez se suma al punto de acuerdo e informa que envió una carta al embajador cubano para solicitarle visa para ingresar a Cuba e informarle sobre su intención de reunirse con la disidencia.
La priista Rosario Green -ex canciller- se suma al punto de acuerdo y asegura que es preocupante la inmovilidad del gobierno mexicano en este tema. Asegura que ella también iría a ese viaje para visitar a los disidentes.
En contraste, la perredista Yeidckol Polevnsky, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, rechaza el punto de acuerdo y asegura respecto a Cuba: "yo ya quisiera esa democracia en México".
20 de marzo. La coordinadora de los diputados del PAN, Josefina Vázquez Mota, condena la "represión" ejercida por el régimen cubano en contra del movimiento Damas de Blanco".
22 de marzo. El CEN del PAN emite un comunicado en el que exhorta al Ejecutivo Federal para que se solicite al gobierno del presidente Raúl Castro una mayor apertura al diálogo con los disidentes políticos y la pronta liberación de todos los presos de conciencia encarcelados en Cuba.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, condena la situación de derechos humanos en Cuba.
24 de marzo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pide a Cuba poner fin a la represión y recuerda que ha tomado medidas para "tender la mano a los cubanos".
El Senado mexicano aprueba en comisiones una reforma al artículo 89 constitucional, que obliga al Ejecutivo a considerar los derechos humanos en la conduccción de la política exterior.
25 de marzo. Miles de cubanos en el exilio se manifiestan en La Pequeña Habana de Miami, encabezados por la cantante Gloria Estefan, en apoyo a las "Damas de Blanco" y en demanda de la liberación de los 75 presos de conciencia detenidos por el régimen.
De revolucionario a disidente
Reportaje Diplomacia y derechos humanos
(28 marzo 2010).- Lleva 23 huelgas de hambre en 15 años y ha estado tres veces en prisión, sumando 11 años de encarcelamiento. Hasta el cierre de esta edición (el pasado jueves) había cumplido 29 días en huelga de hambre para protestar por la muerte de su compañero de lucha, Orlando Zapata, y exigir al régimen de Raúl Castro la liberación de 26 presos políticos que cumplen enfermos sus condenas en cárceles de Cuba.
Se llama Guillermo Fariñas Hernández, nació en 1962 en la provincia de Santa Clara; es licenciado en psicología, blibliotecario y periodista independiente; dirige el foro de estudios sociales Marta Abreu y coordina el Partido Liberal Democrático de Cuba en las provincias centrales cubanas. Le dicen Coco -sobrenombre que en Cuba se da a los empecinados o necios-.
El mismo hombre que hoy atrae los reflectores de la comunidad internacional como un disidente del régimen de Fidel y Raúl Castro, fue durante 20 años un fiel combatiente de la Revolución cubana.
Es hijo de un ex militar que luchó junto al Che Guevara en El Congo, militó en la Unión de Jóvenes Comunistas y fue cadete militar con formación en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Fue miembro de los batallones de seguridad personal a sedes diplomáticas destacado en Perú, en donde en 1980 le tocó ver con sus propios ojos la irrupción de miles de cubanos exigiendo asilo diplomático (el incidente quedó registrado en la historia como "el exilio de los marielitos", muchos de los cuales terminaron en Florida).
En noviembre de 1980 viajó a Angola para combatir en la larga Guerra de Independencia iniciada en 1975. Raúl Castro en persona despidió a su batallón.
En 1981 regresó a Cuba y en agosto de ese año viajó a la URSS para convertirse en cadete de la Academia de Desembarco Aéreo de la ciudad de Tambov, en las cercanías de Moscú.
"Allí con entrenamiento de vietnamitas, coreanos y chinos, además de entrenadores rusos, en una práctica por negligencia del oficial en rasos fui contaminado por un gas neuroparalizante, el cual me produjo crisis de epilepsia y fui evacuado hacia Moscú y al poco tiempo al Hospital Naval de La Habana", relata él mismo en una autobiografía publicada el pasado 10 de marzo en el portal Cubamatinal.com.
Retirado del ejército, inició sus estudios en psicología en 1983 y seis años más tarde rompió en definitiva con la Revolución: tras el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa Sánchez, acusado de narcotráfico, enjuiciado públicamente y fusilado, en 1989 entregó su credencial de afiliación a la UJC.
En 1991 la Dirección Provincial de Salud le negó el derecho a una vivienda "por no ser confiable políticamente".
En los noventa ejerció como psicólogo en el hospital pediátrico Pedro Borrás, donde denunció a su directora por corrupción. Como era integrante del Comité central del Partido Comunista, la directora del hospital hizo que el régimen lo acusara de posesión de armas y fue encarcelado por primera vez en 1995.
Inició así una larga historia de persecución, trabajo en la clandestinidad y huelgas de hambre. La última que había hecho, en 2006, fue para demandar el acceso a internet sin restricciones para todos los cubanos. Ello le valió los primeros reconocimientos internacionales: la asociación Periodistas Sin Fronteras le otorgó su premio anual del 2007.
Staff
Transformar la democracia desde lo local
Debate Reforma política. La reelección de ayuntamientos es una reforma imprescindible, pero tal como fue propuesta quedaría incompleta
Edgar Franco Vivanco
(28 marzo 2010).- La propuesta de reelección consecutiva de presidentes municipales, regidores y delegados hasta por 12 años ha quedado opacada por otras como la segunda vuelta, las candidaturas independientes o la reducción del Congreso. Sin embargo, ésta es la reforma que ofrece mayores oportunidades a los ciudadanos para influir directamente en la labor de su gobierno y crear una democracia moderna, más justa y eficiente.
Hace 26 años comenzó a circular la idea de que la democracia en México necesitaba perder todos los adjetivos que la habían caracterizado(1). Hoy, tras la alternancia del partido en la Presidencia, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y un importante proceso de descentralización fiscal, a la democracia mexicana se le pueden adjudicar muchos nuevos calificativos: limitada, elitista, extravagante. Nunca democracia a secas.
Una de las mayores evidencias de estos calificativos es que México tiene la única democracia del mundo que despoja a los ciudadanos de la capacidad de premiar o castigar a los funcionarios locales y a sus representantes en el Congreso, al negar paralelamente la reelección de poderes locales y de legisladores.
Si bien Colombia no permite la reelección de sus autoridades locales, sí la de legisladores; Costa Rica es el caso inverso. En todas las demás democracias del mundo el juicio ciudadano en elecciones es práctica común.
Origen del mito y sus defensores
Un fantasma recorre la psique mexicana, el fantasma de la no reelección. Habría que empezar por decir que Madero nunca pensó en prohibir este mecanismo, pues su lema "Sufragio efectivo, no reelección" se refería exclusivamente al caso presidencial. No hay ningún rastro en La sucesión presidencial en 1910 de esa prohibición. Ésta tampoco aparece en la Constitución de 1917. Fue hasta 1933 que se buscó debilitar a los poderes locales para lograr un equilibrio centralizado del poder en un liderazgo político nacional; el mecanismo fue la reforma anti reeleccionista promovida por Plutarco Elías Calles durante el mandato de Abelardo L. Rodríguez. Quienes creen que los mismos supuestos aplican para el México del siglo XXI, o se engañan o no conocen la historia. La otra opción es que los opositores vean afectados sus intereses con el rediseño de las instituciones políticas.
A la vez, otras voces han surgido para descalificar la propuesta. Algunos argumentan que la reforma es innecesaria, pues la calificación ciudadana ya se da a través de los partidos. Otros critican que ésta limitará la movilidad de funcionarios.
Si bien ha existido una transformación en la estructura partidista de los ayuntamientos(2), todavía existen muchos municipios que están dominados por un solo partido. La pregunta fundamental es si la permanencia de un partido en los gobiernos locales se debe a una buena gestión o se trata de "cacicazgos perfectos", parafraseando a Mario Vargas Llosa. Lamentablemente, la evidencia muestra que la reelección partidista está más relacionada con las redes clientelares que con la provisión eficiente de bienes públicos(3).
Por otro lado, hay quienes critican la reelección de autoridades locales porque, dicen, evitaría la movilidad política. Sin embargo, no está claro que ésta sea benéfica tal y como sucede en la actualidad. Hoy, presidentes municipales y legisladores abandonan su cargo para contender en la única meta que los motiva: la próxima elección. Esto los lleva a dejar proyectos inconclusos e invertir su capital político y su esfuerzo en la búsqueda del siguiente puesto. Pero esto no debería sorprendernos, el edificio institucional está diseñado para que así suceda por los incentivos que lo sustentan. Por ello, lo que se debe buscar es que los presidentes municipales permanezcan en su puesto cuando demuestren su eficiencia y que dejen el puesto si no lo hacen. Así funciona la movilidad política en las democracias más modernas, donde además dichos políticos tienen la oportunidad de saltar a otros puestos tras demostrar ser sobresalientes.
Estos dos casos dejan en claro que antes de hacer un juicio contundente sobre la reelección de gobernantes locales habría que preguntarse quién sale perdiendo con esta posibilidad, a quién le conviene que el mito perdure. Estos grandes perdedores parecen ser las élites partidistas tanto locales como nacionales.
'It's the economy (again), stupid'
Si los presidentes municipales son encargados de la gestión local -la más cercana al ciudadano- el hecho de tener la posibilidad de extender su mandato les podría dar mayor capacidad para actuar y aprender cómo se administra un municipio, a la vez que la tentación de ser reelectos los motivaría a tener un buen desempeño. La continuidad y estabilidad puede tener repercusiones importantes para mejorar los gobiernos locales e impactar en la economía a través de un mejor manejo de las finanzas públicas.
En la actualidad, los funcionarios de un ayuntamiento deben pasar por un periodo de aprendizaje que se interrumpe a los tres años.
Por ejemplo, conocer la fórmula de transferencia de los fondos federales como el FORTAMUN o el FISM, así como su funcionamiento, implica varios años. Lo mismo sucede con la elaboración de presupuestos y cuentas públicas e incluso con labores más cotidianas como recolección de basura o suministro de agua.
Basta echar una mirada a los presupuestos municipales para advertir la inexperiencia y las fallas elementales que presentan. Si somos optimistas podríamos pensar que quizá éstos mejoren en el siguiente ejercicio, pero entonces será momento de cambiar de gobierno.
A finales del año pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estudió a los 373 municipios más importantes del país, aquellos que aportan 80 por ciento del PIB nacional, de los cuales se esperan ayuntamientos más preparados. Los resultados fueron decepcionantes. Sólo 97 municipios se tomaron la molestia de publicar su presupuesto en internet. Sin embargo, la publicación de los presupuestos es sólo el principio de la transparencia y la rendición de cuentas.
En la mayoría de los municipios es imposible imaginar procesos aún más sofisticados como la bursatilización de activos municipales o el planteamiento de Proyectos de Prestación de Servicios, que en la actualidad se presenta como una alternativa para la construcción de infraestructura local. De hecho, son muy pocos los municipios que participan de lleno en el mercado de capitales, pues sólo cerca del 4 por ciento cuenta con calificación de riesgo crediticio.
Por el lado de la recaudación sucede algo parecido. El impuesto predial, la fuente de recaudación con mayor potencial para los ayuntamientos, está altamente concentrado en algunos cuantos municipios. En la actualidad, sólo 196 municipios recaudan el 90 por ciento del predial cobrado.
Una ventaja de la reforma es que otorga a las legislaturas locales la capacidad de decidir sobre la posibilidad de reelección, porque un municipio urbano y relativamente próspero como Guadalajara -con más de 1.5 millones de habitantes- no puede gobernarse igual que un municipio como San Francisco Nuxaño, Oaxaca, con poco más de 400 personas. El municipio de Ensenada, con una superficie mayor a la de Suiza, no tiene los mismos problemas que Coatepec, con una extensión poco mayor que el bosque de Chapultepec.
La complejidad del país requiere administradores locales especializados no principiantes, a los cuales estamos condenados sin la posibilidad de reelección.
Necesaria, pero incompleta
Si bien el hecho de discutir al fin esta propuesta es un avance significativo, ésta es insuficiente dado su alcance y sus posibles efectos. Aunque el Ejecutivo especificó objetivos claros (mayor rendición de cuentas, profesionalización, planeación a mediano plazo y fortalecimiento del federalismo) no está claro el arreglo institucional por el que los quiere lograr.
A pesar de sus beneficios, no debemos pecar de ingenuos. La reelección de poderes locales por sí sola no significa nada y existe el riesgo de que se repita lo sucedido durante la primera ola de descentralización, cuando la falta de fiscalización adecuada dotó a los gobiernos estatales de capacidades de gasto sin un equivalente en rendición de cuentas.
La pregunta es cómo lograr un federalismo integral y cómo evitar que las haciendas locales sean cotos de poder y paraísos para la corrupción. Para que esta reforma funcione en el sentido correcto, debe de complementarse con requisitos de transparencia y rendición de cuentas. Éstos implican métodos efectivos de aplicación y vigilancia estricta de transferencias federales mediante procedimientos de evaluación por resultados. Se debe dotar de facultades a las auditorías locales y a la Auditoría Superior de la Federación para aplicar sanciones que eviten el uso de recursos con fines políticos y clientelares en el ámbito municipal.
También se deberá buscar un fortalecimiento de las haciendas públicas por medio de sistemas catastrales eficientes y modernos, así como Registros Públicos de la Propiedad. A la par, la discusión debe abarcar los mecanismos electorales de los ayuntamientos, en particular aquellos que restan poder al ciudadano, como la apertura de listas de regidores y síndicos.
La reforma tiene el potencial de dotar de poder a la sociedad y de transformar el sistema político desde lo local o, por el contrario, de convertirse en un fiasco más en la colección de la excéntrica democracia mexicana, por lo que no puede tomarse a la ligera. Por lo pronto, el PRI eliminó la reelección de ayuntamientos en su propuesta de reforma política y el PRD se ha manifestado en contra. Parece que tendremos que esperar más tiempo para tener los derechos que poseen los ciudadanos de cualquier democracia.
Notas:
1 Por una democracia sin adjetivos de Enrique Krauze. Vuelta, 1984.
2 En 1994 el 90 por ciento de los municipios eran gobernados por el PRI, en la actualidad existe una repartición de 57 por ciento PRI, 24 por ciento PAN y 14 por ciento PRD; el resto lo gobiernan otros partidos o se rigen por usos y costumbres.
3 Accountability and Municipal Reelection in Mexico de Alberto Díaz-Cayeros, Stanford University.
El autor es investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La nueva lección de Obama
La reforma al sistema de salud, aprobada con 219 votos contra 212 en la Cámara de Representantes, legitima otra vez al presidente estadounidense
Zoé Robledo
(28 marzo 2010).- "This is a big fuckin' deal".
Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, al felicitar a Barack Obama por la firma de la Ley de Reforma Sanitaria.
En 1933 el congresista demócrata John Dingell presentó una propuesta para un sistema de seguro médico nacional. La iniciativa no prosperó, pero Dingell la presentó en todos y cada uno de los 22 años que ocupó el escaño. A la muerte de Dingell, en 1955, fue electo en el cargo su hijo John, quien con 26 reelecciones es el congresista que ha ocupado por más tiempo una posición en la Cámara de Representantes: 54 años con 105 días. Todos y cada uno de esos años John Dingell hijo presentó la misma propuesta, para sumar 77 años de perseverancia familiar. La tradición tendrá que terminar luego de la noche del 21 de marzo de 2010, cuando John Dingell, junto con otros 218 congresistas demócratas, aprobaron el proyecto de ley que reforma el sistema de salud. El logro es histórico en diferentes niveles: se trata de un gran trazo transformador de la sociedad y una gran lección de política.
I
Obama tuvo éxito donde Truman, Johnson, Carter y Clinton fracasaron: que el gobierno asuma la responsabilidad de una cobertura nacional de salud. Es una política pública inspirada en el ADN demócrata: el Estado como protector de la sociedad, la garantía de que esa protección sea la misma para todos, el énfasis en los más vulnerables. El camino fue largo y complicado. Comenzó en 1935 con la Ley de Seguridad Social de Roosevelt para proteger a los desempleados; le siguió el Medicare y Medicaid de Lyndon Johnson, para atender a los más viejos y a los más pobres. Ahora, con la Ley de Reforma Sanitaria se extenderá la cobertura médica a cerca de 32 millones de norteamericanos sin seguro, para los que la salida de una enfermedad sólo tenía dos opciones: la muerte o la bancarrota.
El paso siguiente es que los no-asegurados (por insolvencia o porque las aseguradoras los rechazaron por tener condiciones de salud preexistentes) contraten un servicio de salud, mismo que pagará el Estado. Esta incorporación masiva tendrá un costo, calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en 938 mil millones de dólares durante los próximos 10 años. Para financiar este ambicioso plan, la reforma incluye modificaciones en la política impositiva general, ajustes en otros programas y la creación de un nuevo impuesto del 40 por ciento sobre los seguros "premium", aquellos diseñados para las familias que ganan más de 250 mil dólares anuales.
¿Resolverá por completo los problemas de salud de aquel país? Es probable que no. Pero aún así, se trata de una transformación institucional que califica entre las políticas sociales más ambiciosas e inclusivas de la historia norteamericana. No exagera el analista político Jacob Weisberg cuando afirma que modificará el contrato social norteamericano.
II
La reforma de salud de Obama es también una gran lección de política: la campaña es para inspirar y convencer, el gobierno es para administrar, pero el poder es para transformar. Obama comprendió que no podía limitar su entrada a la historia al hecho de ser el primer Presidente afroamericano. No podía restringir su primer mandato a administrar la crisis financiera y recomponer la imagen de Estados Unidos en el mundo. El ejercicio del poder de Obama pasaba por la obligación -la necesidad histórica- de transformar la estructura social.
Así, la firma de la Ley de Reforma Sanitaria revierte una tendencia social: la merma del entusiasmo por la democracia, la idea de que se trata de un sistema político donde es imposible que las cosas sucedan. La reforma no podrá curar todos los males políticos de Estados Unidos, pero es una soberbia demostración de que, sin mayorías absolutas, también es posible dar resultados con la rapidez y profundidad esperada.
Sin duda, la reforma tendrá consecuencias en las elecciones legislativas de noviembre de este año. Una máxima señala que las políticas impopulares llevan a derrotas electorales. Y la reforma al sistema de salud es una política mayoritariamente impopular. Según el promedio de encuestas realizado por Real Clear Politics, 39.7 por ciento de los estadounidenses está a favor, contra 50.4 que están en contra. Es altamente probable que el Partido Demócrata pierda un número importante de congresistas. Ésa es otra lección en sí misma: pagar los costos políticos de una decisión de Estado. La forma más segura de ganar las elecciones intermedias era no impulsar la reforma hasta sus últimas consecuencias. En contraste, Obama decidió ejercer su poder a favor de una transformación que garantiza y expande la justicia y la igualdad.
Es la hora de la segunda legitimación de Obama. El gran candidato que resultó ser un gran gobernante. Con la reforma al sistema de salud, la promesa de cambio adquiere un nuevo significado.
El autor es consultor asociado de Gerencia del Poder.zrobledo@gerenciadelpoder.com.mx
La cultura política
(28 marzo 2010).- Téngalo presente
Los derechos humanos de los migrantes en México. Colegio de la Frontera Norte e Instituto Nacional de Migración. José María Ramos, Juan Carlos Calleros y Ernesto Rodríguez. Miércoles 31, 13:00 horas, Colef Tijuana. Transmisión por videoconferencia en la casa del Colef del D.F. Francisco Sosa 254, Coyoacán. Informes: www.colef.mx.
Exposiciones y museos
Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Reproducciones de documentos y pinturas que dan testimonio de la consolidación del Estado mexicano promovida por Juárez y la influencia de su obra en el continente. Martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Museo Panteón San Fernando. Plaza de San Fernando 17, col. Guerrero. Informes: 1719 3000.
El éxodo mexicano; los héroes en la mira del arte. Relato plástico sobre el accionar político y simbólico de los héroes nacionales. A partir del miércoles 31. Museo nacional del arte. Tacuba 8, Centro Histórico. Informes y reservaciones para visitas guiadas: 5130 3460.
México a través de la causas. Fotografías, grabados, dibujos, pinturas y documentos -alrededor de 800 piezas de la colección de Carlos Monsiváis- que ofrecen una revisión crítica de las causas de la Independencia y la Revolución. Montada por Monsiváis y el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón. Miércoles a domingo en el Museo del Estanquillo. Isabel la Católica 26, Centro Histórico.
Mujeres del siglo XX: trabajo, creación y ejercicio de la ciudadanía. Imágenes representativas de la vida diaria de las mujeres del siglo pasado y los sucesos que les permitieron alcanzar la equidad de género y el reconocimiento de sus derechos. También se exhiben murales con distintas visiones de los clichés que enfrentan las mujeres en mensajes publicitarios o expresiones populares. Martes a sábado, 10:00 a 1:30; domingos, 10:00 a 16:00 horas. Centro Cultural de España en México. Guatemala 18, Centro Histórico. Informes: 5521 1925 al 28.
Paseo en mapa, explorando las claves de América Latina. Muestra organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Antiguo Colegio de San Ildefonso que presenta un recorrido inédito por la conformación de los Estados Nacionales de América Latina a través de la cartografía. Martes a domingo. Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra 16, Centro Histórico. Informes: 5702 2991 y www.sanildefonso.org.mx.
Internet
¿Qué Reforma Política queremos? Portal del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. Análisis de las propuestas de reforma hechas por el Ejecutivo y los partidos, cuadros comparativos y propuestas ciudadanas. www.buenciudadano.org.mx/.
Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad. Propuesta para coordinar y focalizar las iniciativas gubernamentales y sociales en esta ciudad fronteriza elaborada por El Colegio de la Frontera Norte. Disponible en www.colef.mx.
Libros
Acción Nacional. El apetito y las responsabilidades del triunfo de Soledad Loaeza. El Colegio de México. Colección de artículos publicados por la autora después del 2000. El volumen responde a la pregunta ¿cómo le afectó al PAN su arribo a la Presidencia?
Análisis de la industria manufacturera en el estado de Hidalgo de Martín Aubert Hernández Calzada. Consorcio de Universidades Mexicanas. Investigación sobre el comportamiento de este sector y sus subsectores en el desarrollo nacional e internacional.
Atlas conmemorativo 1810-1910-2010 de Reynaldo Sordo Cedeño. Siglo XXI y Senado de la República. Un recorrido por la situación geográfica, socioeconómica y política de México en los tres momentos cruciales de su historia.
Comunicación y democracia de Hugo Sánchez Gudiño, Fernando García Hernández y Silvestre de la O Tapia. Porrúa. Reflexiones sobre el nuevo escenario de los medios de comunicación en México. Reforma electoral, Ley Televisa y Ley de Transparencia.
Cuando éramos honrados mercenarios de Arturo Pérez- Reverte. Alfaguara. Colección de artículos del 2005 al 2009 en los que se refleja el paso de la euforia económica al derrumbe.
Dios es redondo de Juan Villoro. Planeta. Nueva edición de un libro que analiza al futbol como fenómeno social, a los estadios como catedrales y a los jugadores como apóstoles. Los creyentes de esta "religión" y sus ateos encontrarán pistas para entender el delirio de los fieles a este deporte.
El general sin memoria de Juan Veledíaz. Debate. A través de la historia del general Salvador Rangel Medina, el autor recrea la participación del Ejército mexicano en la denominada Guerra sucia de los años setenta y la primera incursión de esta institución en la lucha contra el narcotráfico.
El homicidio en México entre 1990 y 2007 de Fernando Escalante Gonzalbo. El Colegio de México y Secretaría de Seguridad Pública. Aproximación estadística al fenómeno de la violencia en México a partir del análisis de las bases de datos de la SSP.
Estudios institucionales: caracterización, perspectivas y problemas coordinado por Eduardo Ibarra Colado. Gedisa. Un análisis académico sobre la crisis de las instituciones modernas.
Fábrica de culpables. Florence Cassez y otros casos de la injusticia mexicana de Anne Vigna y Alain Devalpo. Grijalbo. Análisis de tres casos emblemáticos de cómo opera la justicia en México: Florence Cassez, Jacinta Marcial e Ignacio del Valle.
Juárez, historia y mito de Josefina Zoraida Vázquez. El Colegio de México. Conjunto de ensayos sobre la figura y obra del Benemérito y sobre la naturaleza de las Leyes de Reforma.
La juventud mexicana, una radiografía de su incertidumbre de Pedro José Peñaloza. Porrúa. Esta obra ofrece información documentada y ordenada sobre el fenómeno de la "generación ni-ni", un sector de jóvenes excluidos de las opciones educativas y laborales. Prólogo de José Narro Robles.
La guerra injusta de Ciudad Juárez de Manuel Espino. Grijalbo. El ex dirigente nacional panista analiza la situación de la ciudad fronteriza; exige un cambio de estrategia del presidente Felipe Calderón y reitera sus propuestas para tratar de recuperar la paz.
La Ley Televisa y la lucha por el poder en México coordinado por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva. UAM. 34 especialistas analizan desde diversas disciplinas las repercusiones de la Ley Televisa en la política y las comunicaciones en México.
La violencia de Estado en México de Carlos Montemayor. Debate. Componen la obra dos ensayos escritos por el autor en años recientes y revisados durante el 2009 para su publicación en este volumen. Uno sobre el movimiento estudiantil de 1968 y otro acerca de la estrategia de guerra y violencia emprendida por el Estado contra movimientos de inconformidad social en el siglo XX.
Revistas
AZ. No. 31. El órgano de difusión del SNTE dedica su portada a la problemática de la infraestructura educativa. Textos de María Teresa Pérez Paz, Francisco Miranda López y Elías Morales Aché. Se incluye un texto de Carlos Fuentes sobre el futuro de la educación superior.
Bien común. No. 182. La publicación de la Fundación Rafael Preciado Hernández del PAN presenta una serie de análisis de la familia del siglo XXI: Fernando Rodríguez Doval, Salvador Abascal, Carlo Pizano, Oscar Moya, Milagros Recioy, Rodrigo Guerra y Jesús Kumate, entre otros.
Examen. No. 181. Publicación doctrinaria del PRI. Gerardo Sauri Suárez, Juan Martín Pérez García, Mónica Ramírez, Alejandro Calvillo, Margarita Griesbach, entre otros, escriben sobre la infancia: obesidad, explotación laboral, situación en calle y derechos.
Zócalo. No. 121. Ernesto Villanueva, Salvador Guerrero, Eduardo R. Huchim y Perla Gómez analizan diferentes amagos gubernamentales en contra de la transparencia y el acceso a la información.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política comuníquese al 5628 7245; fax: 5628 7259
correo: enfoque@reforma.com
Sobre el Bicentenario de oropel
Los ciberlectores de enfoque
(28 marzo 2010).- Comentarios recibidos en torno al reportaje sobre las acciones conmemorativas del 2010 previstas en el catálogo elaborado por el gobierno federal.
La Fundación Conmemoraciones
Todo esto sin el mínimo apoyo de la Comisión Federal del Bicentenario. Se le solicitó apoyo económico al comisionado José Manuel Villalpando, y lo único que hizo fue presumir que tenía un presupuesto de mil millones de pesos pero sólo para sus proyectos, y que no incluiría en ninguno de ellos a la sociedad civil. Pero eso sí, se presentó a inaugurar nuestro seminario de historia en la Universidad Pontificia como si hubiera sido parte de sus proyectos. Actualmente tenemos detenida la restauración de la Casa Rivas Mercado por falta de recursos y tampoco quiere apoyar.
Fundación Conmemoraciones
En 1976 se celebró el Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos; en 1999, el Bicentenario de la finalización de la Revolución Francesa. La lista puede ser larga y todos son eventos que unen ideológicamente a pueblos y consolidan la idea de naciones. Ése debiera ser el sentido del Bicentenario del inicio de la Independencia y Centenario de la Revolución mexicanas. Pero el problema comienza al conmemorar el inicio de algo que no acabó, que nunca concretó sus principios, y por tanto no convocó a la consolidación del nacionalismo mexicano. Por eso se perdió la mitad del territorio "heredado" de España, y por eso continuamos sin resolver tantos problemas sociales. Celebremos pues la idea de nación que queremos, no lo que somos; elijamos abrazar este principio para comprometernos a trabajar por él y hacer de México una idea que nos haga sentir aún más orgullosos. No renunciemos por culpa de nuestros políticos; es hora que Juan Pueblo levante la voz y, como hace 200 o 100 años, diga ¡ya basta! ¡Viva México, hoy y siempre, a pesar de sus políticos y sus multimillonarios!
JR
Y no solamente el señor Ric Birch se está volviendo millonario, los cuates de quienes lo contrataron también. Sería bueno echarle un ojito a la nómina de los "trabajadores" mexicanos de su empresa ¿De dónde y cómo los seleccionaron? Tengo entendido que entre ellos hay muchos que no tienen ni idea de historia, cultura o arte, pero lo bueno es que sí tienen buenos padrinos.
Pilar Rivera
Es cierto que algunos gastos como mencionan son totalmente innecesarios, pero en el caso del grafiti en los puentes se me hace una buena idea, es mucho mejor ver un grafiti bien hecho que la cantidad interminable de propaganda para salones y eventos de sonidos pegados clandestinamente por las noches...
En lo personal conozco a uno de los autores del grafiti que aparece en la foto de la nota. Y éste fue auspiciado por la iniciativa privada (Comex), incluso está su logotipo. La nota es muy interesante, pero deberían investigar más acerca de todas las actividades conmemorativas.
Alberto
Para opinar, busque el contenido de Enfoque en el sitio http://gruporeforma.reforma.com/Suplementos/enfoque/
Encuesta / Divide opiniones mujer presidenta
(28 marzo 2010).- ¿Es posible que en México se elija a una Presidenta en 2012?
(74 respuestas).
Sí 55.4%
No 44.6%
Resultados del sondeo del 7 de marzo en enfoque.com
REVISTA PROCESO No. 1743
Civiles o sicarios, da igual...
Luciano Campos Garza
Ante la indignación social por las muertes de ciudadanos inocentes en medio de los operativos militares, el gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina trata de ocultar su inoperancia con llamados “a la unidad”, artificiosos desplegados de prensa y marchas “por la paz”. A su vez el Ejército, enfrascado en enfrentamientos reactivos por todo el estado y sin autoridad que le imponga respeto al marco legal, tacha a todos los caídos de “sicarios” –como hizo con los dos estudiantes del Tec– y considera “narcocampaña” cualquier crítica.
MONTERREY, NL.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos, el rector del Tec de Monterrey y familiares de las personas muertas en el fuego cruzado entre elementos de las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada exigen que los responsables de estos asesinatos sean llevados ante la justicia.
En Nuevo León hay por lo menos cinco de esos casos documentados. Ante los reproches por los daños “colaterales” en los enfrentamientos, el comandante de la cuarta región militar, general Guillermo Moreno Serrano, declaró al periódico El Norte que el Ejército no ha cometido homicidios: “Seríamos una horda de salvajes. Por eso tenemos disciplina, entrenamiento, adiestramiento, leyes y un código militar. No somos asesinos”.
En cuanto al gobernador, durante su campaña el priista Rodrigo Medina exclamaba en un spot de televisión: “¡Por Nuevo León daré mi vida!”. Ahora, no sabe para dónde voltear.
En Anáhuac, municipio ubicado en el extremo norte de Nuevo León, el miércoles 3 se enfrentaron a balazos miembros de la delincuencia organizada y el Ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional señala que “hubo ocho delincuentes muertos”.
Se explica que durante el enfrentamiento un auto de los agresores chocó con un vehículo militar, momento que aprovecharon los delincuentes para sacar a cuatro de sus muertos, subirlos a otra camioneta y darse a la fuga. “En el lugar de los hechos perdió la vida un elemento de tropa y uno más resultó herido, mismo que durante su traslado para su atención médica lamentablemente murió”.
No se aclaró oficialmente la identidad de los civiles muertos. Sin embargo, en fotografías que tiene la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), se aprecia a varios de éstos tirados y con armas de fuego en las manos. Sin embargo, entre ellos han sido reconocidos los esposos Juan Carlos Peña Chavarría y Rocío Romely Elías Garza, ambos de 29 años.
Sus familiares presentaron el jueves 11, ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, una denuncia en contra de miembros del Ejército Mexicano y “quienes resulten responsables” de los asesinatos (averiguación previa 580/10).
A las 12:20 horas del miércoles 3 –refieren en su demanda–, escucharon detonaciones que se prolongaron durante 10 minutos. Fueron a la casa de la pareja y preguntaron por ella, pero fue hasta las 19:30 cuando se enteraron en la televisión de una balacera entre sicarios y militares. Se dijo que en el lugar murió una delincuente conocida como La Gata.
Poco después llegó el alcalde Santos Javier Garza García para notificarle a un hermano de Rocío: “Es muy duro, pero les tocó. Hubo dos bajas aquí, y son tu hermana y tu cuñado”. Dejaron huérfanas a dos niñas.
En la denuncia se especifica que el mismo familiar acudió al otro día por el coche de la pareja victimada, un Chevrolet Lumina 96. Al preguntarle a un soldado, éste dijo “de manera burlona que cómo iba a recuperar el coche de una sicaria. Enseguida otro soldado me dijo que él había visto el cuerpo de mi hermana con un chaleco antibalas y una pistola escuadra en la mano”. En la ampliación de la declaración, fechada el 21 de marzo, el deudo refiere que en ese momento el mismo militar le dijo: “A los sicarios, en lugar de darles auxilio, hay que matarlos como perros”.
En entrevista, el hermano de Rocío Elías señala que unos testigos le comentaron que los esposos habían salido a comer y subieron al coche, que estaba estacionado en la calle: “Salieron de la recepción (de Delphi) y al minuto empezó la balacera. Iban por el carro y la balacera los agarró dentro del carro. Ya al último se asustaron y mi hermana se bajó corriendo.
“Traía la bata de la fábrica. Lo que sé es que se bajó mi cuñado y lo hirieron en el tórax. Estaba tirado pidiendo auxilio, una ambulancia. Mi hermana también estaba gritando. Hay testimonios de quienes escuchaban los gritos de ella y que vieron cuando los militares los mataron. Ya había acabado la balacera.
“Ya había militares heridos y uno muerto. Un testigo dice que mi cuñado estaba tirado boca abajo y que llegó un militar por atrás y le dijo: ‘Cómo ambulancia, hijo de tu pinche madre’, y le dio el tiro de gracia por atrás, en la nuca. Ya estaba todo calmado. Ya no había sicarios.
“Mi hermana seguía pidiendo auxilio. Quería huir, salvarse y los militares la balacearon toda, desde la espalda hasta la cabeza. La desfiguraron por detrás. Antes le habían dado balazos a mi hermana en la pierna, y como quiera podía pararse... y ya fue cuando le dieron”. Una señora que fue testigo directo le reclamó al militar por qué los había matado si estaban desarmados, con las manos arriba y pidiendo auxilio.
Finalmente, el entrevistado dice que en el funeral efectuado en Anáhuac, el viernes 5, “pude observar los rostros desfigurados de mi hermana y mi cuñado, percatándome que cada uno tenía al menos tres orificios en la cabeza”.
La empresa Delphi, planta Anáhuac, expidió dos cartas fechadas el miércoles 17, donde hace constar que Rocío Romely y Juan Carlos eran sus empleados. Ella tenía el número de nómina 142251, con 13 años de antigüedad, y ocupaba el puesto de operadora universal. Se especifica que era “una persona seria, responsable y un alto enfoque de dedicación a su trabajo”.
En cuanto a él, su número de nómina era el 201814, con 12 años de antigüedad, y su puesto era de técnico de Kaizen/Métodos. “Se caracterizó –dice la carta firmada por el gerente de recursos humanos de Delphi– por ser una persona seria, responsable, emprendedora y con gran interés por sobresalir, y con alto enfoque hacia su trabajo”.
Otro testimonio, recabado por el CADHAC, confirma esta versión. Dice el declarante identificado como “Autoridad”: “Fue un crimen. Lo que yo sé es que ellos salieron hacia las 12:15 de la empresa, atraviesan la calle, caminan no más de
Otro declarante, cuya versión se identifica como “Testimonio
Las actas de defunción, fechadas el 8 de marzo, señalan otras causas de muerte. La de Juan Carlos, la número 2195, certificada por el médico David Carlos Amaya Vega, establece que se trató de “shock hipobolémico secundario a trayectoria de proyectil de arma de fuego en tórax y abdomen”. El documento correspondiente a Rocío (número 2195) prácticamente dice lo mismo: “shock hipobolémico secundario a trayectoria de proyectiles a tórax y abdomen”.
El hermano de Rocío dice que los cadáveres les fueron entregados desnudos en el hospital Universitario. Su padre tuvo que someterse a una muestra de sangre para comparar su ADN con el de la fallecida para reclamar el cuerpo, ya que el rostro era irreconocible.
Hasta el jueves 25, los familiares no habían recuperado las pertenencias de los fallecidos. No saben quién se quedó con sus identificaciones oficiales.
Indignación en el Tec
El 19 de marzo, dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) fallecieron cuando militares se enfrentaron de madrugada a un grupo de presuntos sicarios sobre la avenida Garza Sada. En el cruce de ésta con Luis Elizondo, por una puerta lateral, cayeron abatidos Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.
Las actas de defunción, expedidas por el médico Ismael Valencia y fechadas el 22 de marzo, señalan que los dos jóvenes perecieron por “lesiones intercraneales secundarias a trayectoria de proyectil de arma de fuego”.
Durante el funeral de Jorge, el 22 de marzo en Saltillo, su madre, la señora Rosa Elvia Alonso, declaró al corresponsal Arturo Rodríguez: “Para el funeral tuvieron que ponerle mucho maquillaje y ni así quedó igual. Tenía el rostro muy exquisito pero, por como quedó, pensamos que fue objeto de tortura”.
Entrevistado el miércoles 24, Rafael Rangel Sostmann, rector del Tec, dijo que su trabajo no es el de ser “rector investigador”, aunque tiene dudas sobre las versiones oficiales de los hechos. Por lo menos, dice, los estudiantes fueron alcanzados por granadas.
“Al Ejército hay que decirle: responsabilízate de lo que hiciste. No quiero decir: fuera el Ejército o la procuraduría. Tú, Ejército, comprométete a tener reglas de cómo intervenir, y tenemos qué ponérselas, acotarlo, porque van a segur sucediendo (hechos como éstos).”
“Hay que pedir esclarecimiento (…) Tenemos qué preguntar por qué les quitaron la identidad, por qué no reportaron inmediatamente que eran estudiantes, por qué afirmaron definitivamente que no eran estudiantes y nosotros, tontamente y equivocadamente, les creímos. Ese fue un gran error.”
Señala que ya preguntó por las pertenencias de los jóvenes a la procuraduría del estado y al Ejército, pero nadie le respondió. El lunes 22, se reunió también con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien se comprometió a resolver los homicidios.
“Yo lo que tengo miedo es que le quieran dar carpetazo a esto, como generalmente ocurre, y ahora me estoy dando cuenta de que un ciudadano común y corriente en la calle lo borran y dicen que era un gatillero”, dice Rangel Sostmann.
Con todo, no ha contemplado la posibilidad de actuar jurídicamente contra el Ejército: “¿Bajo qué ley? Ellos se rigen bajo la ley de armas y explosivos, échele un ojo a ver si los puedo demandar. Se me hace que no. ¿Por el homicidio? Cómo voy a demostrar eso. ¿Dónde está la procuraduría? ¿Me voy a meter a averiguar si fue homicidio? ¿Me corresponde a mí? Cuando se determine si hubo negligencia, entonces actuamos, pero ahorita, ¡no tengo nada!
“¿Qué le voy a reclamar al Ejército? Me gustaría primero entender quién lo limita o si hay alguien que lo haga, con qué autoridad. Porque si al Ejército no lo limita nadie, los paramilitares son válidos. (…) Es que obedecen al presidente (los militares), sí, pero, ¿dentro de qué marco?”.
No tiene muchas esperanzas: “A mis dos estudiantes les quitaste la identidad, no los reportaste, los pusiste como gatilleros y ya, cerraste el caso. Es lo que van a tratar de hacer. Sí, mi amigo, a cerrar el caso”.
El asesinato de los estudiantes del Tec ocurrió a la una de la mañana. La noche de ese mismo viernes 19, en el exclusivo sector de San Jerónimo hubo otra balacera. Sandra de la Garza Morales falleció en el fuego cruzado entre militares y presuntos secuestradores.
Ella iba en la camioneta que manejaba su marido, Julio César Peña Rodríguez, quien al percatarse del tiroteo quiso huir por el Periférico, pero varios disparos poncharon las llantas del vehículo. La señora recibió un balazo en la cabeza. Ella era egresada de la Udem y dejó a dos hijos, uno de año y medio y otro de 10.
El domingo 21 ocurrió otro incidente en el que participaron las fuerzas federales. En el municipio de Santa Catarina, agentes de la Policía Municipal detuvieron en la colonia La Fama a dos narcomenudistas, identificados como José Humberto Márquez Compeán y Marcelo Adrián Lucio Barajas.
Cuando los trasladaban a los separos, un grupo de pistoleros intentó rescatar a los detenidos. En la refriega murieron dos agentes municipales y resultaron heridos el director de Tránsito, Antonio Marroquín Martínez, y un escolta. Lucio Barajas también fue alcanzado por las balas. Asimismo fue herida una pareja.
Los dos detenidos y el director de Tránsito lesionados fueron transportados en helicóptero de la Marina al hospital Universitario. Los medios de difusión impresos y electrónicos captaron a los dos detenidos cuando subían a la nave, pero al día siguiente, lunes 22, José Humberto apareció muerto en San Nicolás, en lo que parece ser una ejecución extrajudicial. De Lucio primero no se sabía nada; posteriormente apareció en casa de unos familiares, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos comunicó que estaba en buen estado de salud pero temía por su vida.
La Marina aclaró de inmediato que su trabajo fue únicamente trasladar a los sospechosos, y ya en el hospital se los entregó al jefe de la Policía Municipal. El procurador Alejandro Garza y Garza afirma que ya se investigan los hechos, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación al respecto.
“Que se haga justicia”
La presidenta del CADHAC, Consuelo Morales Elizondo, deplora la “complicidad” de la procuraduría nuevoleonesa frente a los abusos del Ejército. Desde el gobierno de Vicente Fox, dice, la ONU advirtió del peligro de encargar a militares la seguridad pública de México.
Ahora “el semáforo ya está en rojo por los homicidios que vemos de los militares. En el aparente enfrentamiento de presuntos sicarios y el Ejército en la Anáhuac (…), la información que tenemos es que todos los sicarios que estaban enfrente de los soldados se rindieron e incluso la pareja que acababa de salir de su trabajo trató de explicar que no tenía nada que ver” en la balacera.
En respuesta, los mataron. Y “aunque el Ejército dice que eran sicarios, esto contradice lo que señala toda la comunidad de la Anáhuac, que los ve como gente que trabajaba y estudiaba”. Para el Ejército “todos los ciudadanos a los que matan son sicarios, sin presunción de inocencia ni derecho a juicio justo. Ellos vienen a matar”.
La complicidad para encubrir los crímenes, acusa, es de los tres niveles de gobierno: “Vemos un total sometimiento de parte de las autoridades gubernamentales estatales y municipales a las autoridades castrenses”. Parece confirmarlo el desplegado que el gobernador publicó en los periódicos locales el lunes 22: “Para los generales, jefes y oficiales de tropa, nuestro respeto y mayor consideración a su dedicación y esfuerzo”.
En ese desplegado Rodrigo Medina también convocó a una marcha por la paz, para el domingo 28 por la mañana en el parque Fundidora. Esa iniciativa, insiste Morales Elizondo, “nos da mucho que pensar, primero porque el gobernador divide a la sociedad en buenos y malos, y también porque se quitan los derechos constitucionales de derecho a audiencia y presunción de inocencia antes de decidir si somos delincuentes o no. Y no es justo que el gobernador convoque a una manifestación cuando él es una parte importante de la violencia que se ha generado”.
En un desplegado anterior, del domingo 21, Medina de la Cruz y supuestamente más de un centenar de instituciones y personas manifestaron su “desprecio al crimen organizado”. No suscribieron ese texto el Tec de Monterrey ni la Udem. En cuanto a la CNDH, no tuvo conocimiento de que había sido incluida en el desplegado y exigió que el gobierno de Nuevo León lo aclarara. El jueves 25 se publicó un cuarto de página con las disculpas oficiales.
Este mismo jueves, diputados locales del PAN desplegaron una serie de mantas en puentes peatonales de la zona metropolitana, en las que solicitan al gobernador: “No marches, Rodrigo, mejor márchate. En Nuevo León queremos vivir en paz”.
El viernes 26, el periódico El Norte dio a conocer que “fuentes militares” anticiparon que habría una “narcocampaña” para desprestigiar a las Fuerzas Armadas ante “la sociedad civil” por la muerte de inocentes como los estudiantes del Tec de Monterrey...
El Ejército, sin control y sin ley
Arturo Rodríguez García
MONTERREY, NL.- El rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann, considera que el Ejército está en las calles sin control y sin ley, con soldados mal educados y sin criterio y que difícilmente pueden enfrentar al narcotráfico sin afectar a la población civil.
Dicha evaluación, complementada con la advertencia de que la sociedad tiene que participar en la solución de los problemas de la seguridad y la justicia, se produce a raíz del homicidio de dos estudiantes el 19 de marzo.
Ese día, alrededor de la una de la madrugada, un convoy del Ejército se enfrentó a tiros con un grupo de hombres armados en las inmediaciones del campus matriz del ITESM, ubicado en el centro de esta ciudad.
Durante varias horas, los nutridos disparos de grueso calibre y la detonación de granadas sembraron el terror en el campus del ITESM, donde aún había alumnos y maestros trabajando, así como numerosos internos que descansaban.
El sector, rodeado de edificios habitados principalmente por estudiantes, se mantuvo sometido a una fuerte tensión, con alumnos que se refugiaban en la biblioteca, en las aulas y hasta en túneles que interconectan el campus del instituto.
El parte informativo rendido por la mañana señaló que, además de asegurar armas y una camioneta blindada, en el lugar murieron dos personas abatidas por las balas.
No fue sino hasta el sábado al mediodía cuando se supo que los muertos eran Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo, dos estudiantes de posgrado, de alto rendimiento académico, quienes, egresados del Instituto Tecnológico de Saltillo, se hallaban becados en el ITESM.
El rector Rangel Sostmann se convirtió entonces en la principal fuente de información y, a lo largo de la semana, dio pormenores de lo ocurrido “en defensa de los alumnos”, ya que algunas versiones periodísticas, con fuentes policiacas y militares sin identificar, los habían calificado de “sicarios”.
“Yo no soy rector-ministerio público, pero parece que lo soy. Me ha tocado dar a conocer información que deberían proporcionar las autoridades”, dice el rector en entrevista con Proceso, conmovido por los sucesos.
“Parece guerra”
Además de que se pretendió hacer pasar a los dos estudiantes como sicarios, un reporte militar al que tuvo acceso el rector Rangel Sostmann establecía que ambos estaban armados, y, por si fuera poco, la madre de Jorge Antonio, Rosa Elvia Alonso, cree que a éste lo torturaron.
El sábado 20 de marzo, la señora Alonso fue a identificar el cuerpo de Jorge Antonio, pero no de manera directa, sino mediante fotografías mostradas en computadora. Afirma que no fue fácil reconocerlo por la gravedad de las heridas que tenía en el rostro, que ni el maquillaje funerario disfrazaba.
Y es que, dice la señora Alonso, el rostro del único hijo que tenía quedó desfigurado “como si lo hubieran arrastrado”. Coincidentemente, en la zona donde se produjo el tiroteo la banqueta quedó con un rastro de sangre que se extendió a lo largo de varios metros.
Para el rector Rangel Sostmann, los abusos, la inseguridad y la falta de control se extiende a todo el país.
“Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin la menor investigación.
“No hay ley. Con los soldados, estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal. Así que no tengo a quién reclamar, a quién exigir nada, a quién demandar ni a quién protestarle, porque, para empezar, no hay marcos legales.”
Las injusticias, continúa, se están cometiendo diariamente en todo el país, donde los crímenes son olvidados y los muertos borrados o calificados de sicarios cuando no lo son.
“Hay que acotar al Ejército, porque no es una policía urbana, no puede andar de ministerial revolviendo casos. Luego hay que fortalecer a las policías, y eso le toca al señor gobernador, que no se haga tonto”, sentencia.
Al respecto, manifiesta que los gobernadores buscan salir en la foto antes que resolver problemas; los legisladores debaten en función de su interés personal y de partido, pero no del interés público. Y el gobierno federal opta por dar cuanto antes carpetazo a los crímenes.
Respecto a la política de Felipe Calderón en materia de seguridad, puntualiza: “Es una política difícil, y viene de Estados Unidos. Además, ellos (los estadunidenses) también mandan las armas y el dinero; nosotros ponemos los muertos y la droga. Está llegando dinero por toneladas, armas de alto poder, y esa es una responsabilidad muy seria de Estados Unidos.
“Así que, por más leyes y acciones que emprendamos, esto va a seguir y va a crecer. El problema empieza con la política estadunidense. Eso es toral. El Ejecutivo tiene que exigir un freno, porque aquí, en las calles, hay granadas, armas enormes… Pareciera que estamos en una guerra, y todo eso viene de allá. La solución debe ser bilateral.”
Luego, expresa su decepción de la política mexicana:
“Mientras las armas circulan y afectan a la población, ellos (los políticos) andan en la televisión. No se pueden sentar ni tres días para encontrar soluciones a cuestiones concretas o acordar una pendejada. Y se andan echando culpas…”
Riesgo de grupos paramilitares
Avergonzado aún por haber creído “tontamente” en los informes que el Ejército proporcionó a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, donde se afirmaba que no había estudiantes afectados, el rector subraya que el Ejército “se está pasando en sus funciones” y debe ser acotado ya porque puede darse un retroceso democrático.
“Hay quienes inclusive sugieren la integración de grupos paramilitares. Eso es una estupidez, vamos a acabar con toda la sociedad, porque cada quien va a hacerse justicia en virtud de que el Estado no la garantiza. Así se va a acabar con el país.
“Nos saldríamos del estado de derecho, mal aplicado, mal hecho y todo, pero es algo, y ahora parece que nos dirigimos a salirnos completamente. Mientras tanto, el crimen organizado se está riendo de nosotros.”
A pregunta expresa, rechaza que el medio empresarial, tan vinculado al ITESM, esté proponiendo la paramilitarización, pero sostiene que es una tendencia muy extendida en la sociedad debido al miedo y a la injusticia que imperan.
Las muertes de Mercado Alonso y Arredondo Verdugo, dice, son la expresión más reciente de la incertidumbre que prevalece en el país.
“Hay incertidumbre total. Hay secuestros, extorsiones, de todo. Esto es generalizado. En algunos lugares más que en otros (…), pero creo que es un sentir de inseguridad total en los campus del Tec y en la sociedad.”
Agrega que la violencia de los cuerpos de seguridad está provocando mayor violencia por parte de la población.
“(El Ejército y las autoridades) están haciendo cosas ilegales; entran al combate al narcotráfico pero haciendo cosas ilegales. Lo ilegal del Estado valida que los ciudadanos actúen en la ilegalidad.
“¿Cómo explicar el caso de los estudiantes a los que les quitaron la identidad, los quisieron esconder, los llamaron sicarios, les endilgaron portación de armas, y ahora nadie es responsable?”, pregunta.
“Propuestas, no protestas”
El 22 de marzo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió con el rector del ITESM. Un día después, el martes 23, durante un homenaje póstumo a los estudiantes, realizado en el campus universitario, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, acudió a dar el pésame a los familiares de los alumnos acribillados.
El acto se realizó en la explanada de Las Carreras, donde se ubica la estatua de Eugenio Garza Sada, fundador del ITESM y patriarca empresarial abatido a tiros durante un intento de secuestro el 17 de septiembre de 1973.
Rangel Sostmann se refirió en su discurso a la muerte de Garza Sada, pero a diferencia de los reclamos que en aquel tiempo hizo la élite empresarial y académica al presidente Luis Echeverría Álvarez, esta vez el rector dijo que no era tiempo de protestar ni de echar culpas.
–¿No va a protestar? –se le pregunta durante la entrevista.
–Salir a las calles y desquiciar el tráfico no ayuda a nadie, hay que proponer –dice.
–¿Y la justicia?
–No hay objetivo en una marcha, pues después de hacerla todo mundo vuelve a su casa, se quita el listón negro, y todo queda igual.
–¿Cambió su posición luego de ver a Gómez Mont y a Margarita Zavala?
–¡Qué va a cambiar! Lo que pasa es que de nada sirve andar echando culpas sin que se resuelvan los problemas.
–En esencia, se paga a los gobernantes para eso…
–Sí, esa es la lógica, pero no funciona, y no me malentienda. No nos vamos a quedar en que el gobierno no resolvió esto y nos llevó el tren.
“Ellos tienen que tomar decisiones. Yo pienso que a lo mejor no están conscientes de lo que está pasando, no lo quieren aceptar, o no sé, pero lo que sí tengo claro es que nos toca a nosotros proponer.”
Desde el lunes 22 de marzo, Rangel Sostmann empezó a pedir propuestas, hasta que, el miércoles
Pese a los llamados del rector del Tec a no protestar públicamente en las calles de la capital regia, personal de la EGAP participó en una manifestación ciudadana organizada el día 24 en la explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno estatal.
Por medio de un comunicado, la mayoría de los investigadores de dicho plantel exigieron el esclarecimiento de las muertes de los dos estudiantes y llamaron a las autoridades a revisar su estrategia de combate a la delincuencia, a reivindicar la dignidad de quienes, siendo inocentes, son identificados como “delincuentes”, así como a sancionar a todo aquel que atente contra las garantías constitucionales.
“La muerte de don Eugenio (Garza Sada) levantó conciencias. Yo espero que estas muertes levanten conciencias y que como sociedad veamos cómo nos vamos a unir. Suena muy retórico, muy idealista, pero si esta es una guerra, no puede andar cada quien por su lado. A lo mejor no es toda la solución, pero será algo”, expresa.
En casi todas sus intervenciones públicas, el rector se refiere a la falta de oportunidades para los jóvenes, lo cual ha derivado en el surgimiento de la que llama “generación ni-ni” (ni estudia-ni trabaja).
Y en la entrevista señala: “Veo con tristeza que el problema de la educación en México está llevando a un cambio alarmante en los paradigmas, especialmente cuando no hay acceso al sistema educativo. Lo veo y escucho en rancherías, comunidades y ciudades importantes. La falta de oportunidades puede acabar con el país”.
Ante una “guerra” que está afectando indiscutiblemente a jóvenes y niños, lamenta que los mexicanos esperemos a “que los soldados tomen decisiones… ¡Por favor! Tenemos un problema con la educación de esas personas. Andan en la parte urbana, no entienden a la sociedad, pero andan con armas de alto poder.
“Con los policías es lo mismo. No tienen vivienda, no tienen futuro estable. La tentación (de corromperse) va a continuar. Así está todo.”
Por eso hace un llamado a la unidad en aras de construir una agenda por la seguridad, antes que tomar las calles.
“Sí exigimos el esclarecimiento de las muertes, pero no nos vamos a quedar en una marcha. El verdadero enemigo es el narco, no las instituciones. En lugar de fortalecerlas, las estaríamos debilitando. El crimen quiere eso, para acabar de tomar el control. Es momento de dejar el discurso, dejar el rollo, sentarnos a ver cómo vamos a defender esta guerra.
“Eso sí –concluye–, tenemos que estar unidos porque si no, nos va a llevar el tren.” l
Manipulación informativa
Jesús Cantú
Frente a la tragedia, las autoridades manipulan y ocultan la información, e inician intensas campañas publicitarias para incidir en las percepciones ciudadanas. La muerte de tres inocentes en dos enfrentamientos entre militares y presuntos delincuentes evidencia algunas constantes en los comunicados oficiales: siempre que los fallecidos no son transgresores reconocidos en la opinión pública, se difunde que “hasta el momento se encuentran sin ser identificados”, además de minimizar el número de militares heridos.
Al darlos oficialmente por no identificados, siempre es posible señalarlos extraoficialmente como delincuentes o sicarios. En el caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey abatidos en el fuego cruzado frente a dicha institución, las versiones periodísticas reiteradamente los identificaron como sicarios hasta la tarde del sábado 20, cuando el rector del Tecnológico, Rafael Rangel Sostmann, aclaró a través de un comunicado oficial que se trataba de dos integrantes destacados de su comunidad estudiantil.
En la persecución de presuntos secuestradores en Colinas de San Jerónimo, las primeras versiones periodísticas, difundidas el sábado por la mañana, hablaban del fallecimiento de “un secuestrador, su novia y un cómplice de éstos”. El comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 7ª Zona Militar, distribuido el sábado 20 –más de 12 horas después del acontecimiento–, nuevamente señala: “En este evento resultó muerta una persona del sexo femenino que hasta el momento se encuentra sin ser identificada”. De nuevo, oficialmente está sin identificar; extraoficialmente, es la novia de un secuestrador.
Si en el caso de los estudiantes, aunque con reservas, puede entenderse la explicación de que los dos caídos no portaban identificaciones, en Colinas de San Jerónimo no había dudas: a la víctima le sobrevivió su esposo, que conducía el vehículo, así que de inmediato se conoció su identidad; sin embargo, es más conveniente dejar la idea de que todos los muertos son “sicarios” hasta que sus familiares demuestren lo contrario.
Por otra parte, si es atendible la versión de que los dos estudiantes cayeron víctimas del fuego cruzado, prácticamente es insostenible en el caso de Sandra de la Garza: según los indicios, casi todos, si no es que todos los disparos, fueron de los militares, pues de acuerdo con el boletín oficial a los secuestradores sólo les decomisaron “dos armas largas, 19 cartuchos de diferentes calibres, un cargador metálico…”. Vecinos del lugar afirman que prácticamente no hubo balacera.
Los estudiantes sí fueron víctimas del fuego cruzado y, en ese sentido, pudieron ser abatidos por cualquiera de los dos bandos; pero en el segundo caso lo más probable es que únicamente los militares hayan disparado contra la camioneta, de la que ciertamente no salió un solo disparo, lo cual puede comprobar fácilmente un perito en balística con sólo revisar los impactos sobre ese vehículo.
También era sencillo averiguar la identidad de los abatidos en el Tec, pues los militares o las autoridades que recogieron los radios de los guardias y los videos de la institución supieron desde el primer momento que el guardia de la puerta en ese crucero sospechaba que se trataba de estudiantes. No obstante, todo indica que desaparecieron todas sus pertenencias, incluyendo cualquier identificación. La madre de uno de ellos, Jorge Antonio Mercado, dijo que ni con mucho maquillaje pudo ocultarse el daño a su rostro, por lo que pudo ser “objeto de tortura” .
En cuanto a los soldados heridos en el enfrentamiento de la madrugada del viernes 19, Proceso señala en su anterior edición que “tres militares resultaron heridos por fragmentos de granada”. El boletín oficial dice que fue sólo uno; información extraoficial, pero de una fuente directa, confirma que fueron tres, y que uno de ellos fue trasladado para que lo atendieran en la Ciudad de México porque está en riesgo de perder un ojo.
Por haber involucrado a una institución educativa con el prestigio del Tecnológico de Monterrey, los hechos del pasado fin de semana permiten diseccionar claramente la estrategia oficial: la información se presenta de manera que permite generar la percepción de que “si bien hay bajas, le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad”, como presumió el presidente Felipe Calderón en febrero de 2008, precisamente en el Tec. También facilita que los militares evadan su responsabilidad en las muertes de civiles ajenos a la delincuencia, y dejar a los familiares de los abatidos la tarea de buscarlos para demostrar posteriormente su inocencia.
Por si todo esto fuera poco, el gobierno del estado responde a la ola de inseguridad inundando de spots publicitarios las pantallas de televisión (incluso la nacional) en franca violación al artículo 134 de la Constitución, que prohíbe expresamente incluir en la propaganda oficial los “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”. Además, el gobernador Rodrigo Medina convoca a la ciudadanía a una manifestación para el domingo 28 de marzo a fin de “exigir que cesen las agresiones contra un pueblo ejemplar” y las diligentes televisoras locales agradecen los cientos de millones de pesos de propaganda promoviendo ese llamado en diversos espacios.
Así la estrategia oficial y la manipulación de la información parecen ser el elemento más sólido de esta llamada guerra contra la delincuencia organizada. l
...Y la plaza no se enfrió
J. Jesús Esquivel
Luego de seguirle el rastro a los cárteles que se mueven en Ciudad Juárez, diversas agencias de inteligencia estadunidenses estaban convencidas de que esas organizaciones habían hecho un pacto: dejar de llamar la atención de las autoridades mexicanas. Sin embargo, la violencia en el primer trimestre del año parece desmentirlas.
EL PASO.- Los cárteles del narcotráfico que operan en la zona de Ciudad Juárez realizaron un pacto para detener las ejecuciones, levantones y secuestros entre ellos, luego de que “calentaron demasiado” la plaza y llamaron la atención del gobierno mexicano, sostienen agentes federales y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Al menos eso creían a principios de este año, antes de que estallara la presión social contra el presidente Felipe Calderón, quien calificó como pandilleros a 15 jóvenes el 30 de enero, y sobre todo antes del asesinato de tres personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, el 30 de marzo.
Las agencias de inteligencia estadunidenses estaban seguras de que los principales cárteles de la droga que se disputan esta frontera habían acordado “enfriar” la plaza, supuestamente para dejar de llamar la atención de los gobiernos de México y de Estados Unidos, según tres funcionarios destacados en El Paso, Texas, entrevistados a principios de año.
La violencia en Ciudad Juárez había costado la vida a más de 2 mil 600 personas en 2009; 90% de los asesinatos presuntamente estuvieron relacionados con el crimen organizado.
“El pacto lo hicieron a mediados de diciembre, cuando en México se comenzó a hablar del repliegue del Ejército de Ciudad Juárez”, dijo a Proceso un funcionario de una de las agencias de inteligencia estadunidense.
“Los cárteles se pusieron de acuerdo y entendieron que cometieron tantas ejecuciones, levantones y demás, que pusieron a Ciudad Juárez bajo la lupa del gobierno de México e incluso del gobierno de Estados Unidos, y que eso no era favorable para sus intereses económicos”, apunta el funcionario que aceptó la entrevista con la condición del anonimato.
De acuerdo con la fuente, esta información la recopiló su agencia por medio de los informantes que tiene en Ciudad Juárez, a través de las investigaciones y de la intercepción de llamadas telefónicas que se ha hecho a algunos capos de los cárteles del narcotráfico mexicano.
Los servicios de inteligencia estadunidenses estaban convencidos de que el acuerdo entre narcos involucraba a los mandos de los cárteles de Juárez, Sinaloa y del Golfo, así como a Los Zetas y Los Guardianes.
Funcionarios de otras dos agencias federales en El Paso afirmaron tener datos que confirmarían el pacto alcanzado entre la cúpula de los cárteles. Según ellos, desde octubre del año pasado comenzaron a detectar un cambio en el comportamiento del narcotráfico mexicano en esta frontera.
“La ejecución en noviembre de integrantes de La Línea (sicarios del cártel de Juárez) a manos de Los Zetas fue la primera señal de que algo estaba ocurriendo dentro de los mandos de los cárteles”, explica a Proceso uno de los agentes federales.
“Los cuerpos de los dos ejecutados fueron encontrados con mensajes que hablaban de ‘Poner un alto, por el bien de todos, a todos los pasados de verga’, y fue cuando nosotros comenzamos a detectar que la lucha entre ellos comenzó a aminorar en su intensidad”, puntualiza el agente federal, quien exigió que no se revelara su nombre ni el de la dependencia a la cual está asignado.
Las entrevistas con los tres funcionarios estadunidenses en El Paso se realizaron un par de días antes de la matanza de los 15 jóvenes en Ciudad Juárez, el pasado 30 de enero.
La guerra entre los cárteles del narcotráfico por el control de Ciudad Juárez obedece a que es la puerta principal para la entrada de drogas a Estados Unidos, coinciden varios reportes de inteligencia y algunas investigaciones de dependencias estadunidenses, como la Administración Federal Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Interior a través de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanas (ICE).
“Los Guardianes”
Una investigación de la DEA que Proceso pudo revisar describe el papel de Los Guardianes (o Gatekeepers), “operadores independientes que se encargan de pasar la droga a Estados Unidos a lo largo de toda la frontera norte de México y que prestan sus servicios a todos los cárteles con quienes no tienen ninguna afiliación”. Así, lo mismo trabajan para el cártel de Juárez que para los del Golfo, de Sinaloa y Los Zetas, y hasta para las pandillas locales.
Los Guardianes se iniciaron con el tráfico de grandes cantidades de mariguana y de metanfetaminas a El Paso, Texas. A finales de 2008, tras el auge de las metanfetaminas en Estados Unidos, Los Guardianes se convirtieron en un importante aliado del cártel de Sinaloa, destaca el documento de la DEA.
“El cártel de Juárez respondió a la agresión del cártel de Sinaloa con una ola de ejecuciones contra los operadores de El Chapo (Joaquín Guzmán Loera) en Juárez y contra Los Zetas”, subraya la investigación, que identifica al grupo de sicarios de La Línea y a matones pertenecientes a pandillas como Barrio Azteca, Los Artistas Asesinos y Los Mexicles como el brazo ejecutor de Vicente Carrillo Fuentes.
“El problema de todo lo que ha ocurrido en Juárez fue que se les pasó la mano a los cárteles y comenzaron a matarse entre ellos de manera indiscriminada, y eso llamó la atención del gobierno federal de México que mandó al Ejército a poner orden en Ciudad Juárez”, comenta un funcionario estadunidense en El Paso.
Durante todo el sexenio de Vicente Fox, dice, el Ejército Mexicano nunca puso un pie en Juárez porque en esos años la plaza estaba prácticamente controlada por Carrillo Fuentes, y aunque ya había presencia de los cárteles de Sinaloa y del Golfo en la plaza, éstos se mantenían al margen del territorio que no les pertenecía.
“Pero aumentó la demanda de metanfetaminas aquí en Estados Unidos y El Chapo, sabiendo que Juárez es la plaza más práctica para el trasiego de esa droga, le quiso arrebatar el control de toda la plaza a Carrillo Fuentes. Y con ello se vino la guerra y la lucha militarizada del gobierno mexicano”, agrega el funcionario.
La participación de los militares mexicanos en el combate al narcotráfico en Juárez “fue una táctica buena, al principio”; pero después provocó más violencia entre los mismos cárteles, al limitarse su campo de operación.
Muchos pandilleros o jóvenes contratados para eliminar a narcomenudistas, choferes que transportan la droga y algunos sicarios pertenecientes a Los Zetas y a La Línea, se transformaron en “asesinos a sueldo o independientes” que han comenzado a crear sus propios feudos de poder, según algunos análisis de inteligencia del gobierno de Estados Unidos sobre narcoviolencia y violencia criminal en Ciudad Juárez.
“Este tipo de criminales ahora también participan en el tráfico ilegal de drogas a Estados Unidos por medio de los servicios que les ofrecen Los Guardianes, y aunque la cantidad de droga que pasan es mucho menor que la del trasiego a cargo de los cárteles, les ha hecho sentir que son verdaderamente grandes capos del narcotráfico, con potencial para lograrlo; y quieren luchar por ganar el control de la plaza”, enfatiza uno de los expedientes de inteligencia que le fue permitido revisar a Proceso en El Paso.
Cría cuervos…
Otra de las razones de la violencia criminal en Ciudad Juárez es la guerra entre pandilleros por hacerse del control de una pequeña parte del mercado de drogas a menor escala: el narcomenudeo, estiman los reportes de inteligencia estadunidenses.
“La violencia se le salió de las manos a los cárteles porque les dio dinero y armas a los pandilleros, que ahora se creen y se sienten capos con el poder de eliminar a quien se les ponga enfrente.”
Cuando a principios de enero se comenzó a hablar del repliegue de Ciudad Juárez del Ejército Mexicano para ser reemplazado por agentes federales, las agencias de inteligencia y las dependencias estadunidenses como la DEA, ICE y FBI concluyeron que ese movimiento obedecía al pacto entre los cárteles para “enfriar” la plaza.
“No sabemos cuánto durará el pacto entre los cárteles. Consideramos que no mucho, por la importancia que tiene Juárez para el movimiento de mariguana y metanfetaminas; pero por lo pronto es una señal de que la violencia entre narcotraficantes va a disminuir y eso es bueno para los juarenses”, dice uno de los funcionarios estadunidenses consultados por el reportero.
No todo es cuestión de armas; a fin de cuentas, también pesan los intereses económicos de los narcos. La presencia del Ejército ha limitado sus operaciones “y también cayó el flujo de dinero para todos los cárteles; sus ganancias se redujeron y eso no les conviene porque, además de criminales, son empresarios, son los dueños del casi monopolio de las drogas y para ellos fue mejor llegar a un pacto bajo el cual pueden operar sordamente sin llamar la atención”, especula el funcionario.
Según las autoridades estadunidenses, los cárteles están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para dejar de llamar la atención de las autoridades de los dos lados de la frontera, pero sobre todo para evitar que el gobierno estadunidense se involucre más y con mayores recursos a la lucha contra el narcotráfico en la zona El Paso-Ciudad Juárez.
Las hipótesis de las agencias de inteligencia estadunidenses recibieron un fuerte mentís el sábado 30 de enero, con la masacre de los 15 jóvenes, y casi se desploman con el asesinato de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, el sábado 13 de marzo.
La indiscreta Napolitano: Calderón pidió ayuda del Pentágono
J. Jesús Esquivel
Una semana después de haber provocado la irritación del gobierno de Felipe Calderón al calificar prácticamente de inútil la presencia del Ejército mexicano en Ciudad Juárez, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, perdió otra vez el tacto diplomático. Declaró a la radio de su país que el personal del Pentágono que se encuentra en territorio mexicano está ahí a petición directa de Los Pinos. En varias oportunidades, las autoridades de México han dicho que no han pedido ninguna ayuda militar a sus contrapartes estadunidenses. ¿A quién creer?
WASHINGTON.- Apenas había transcurrido una semana de que Janet Napolitano hizo rabiar al gobierno mexicano con su afirmación de que la presencia del Ejército en Ciudad Juárez no había servido de nada en la lucha contra el narcotráfico, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos incurrió en una indiscreción: el miércoles 24 reveló que el presidente Felipe Calderón pidió al gobierno de Barack Obama enviar militares para que realicen operaciones antinarco junto al Ejército Mexicano.
Ese día, entrevistada en el programa All Things Considered, de la National Public Radio (NPR), puntualizó que el personal del Pentágono que se encuentra en el territorio mexicano está ahí a petición directa de Los Pinos.
Con estas declaraciones, la colaboradora de Barack Obama contradice al gobierno de Calderón, cuyos integrantes han negado una y otra vez que las puertas del territorio nacional hayan sido abiertas a tropas estadunidenses.
En el programa de la NPR, conducido por el locutor y periodista Robert Siegel, Napolitano habló del resultado de la reunión del Grupo Consultivo de Alto Nivel realizada el día anterior en la Ciudad de México, así como en torno al problema del narcotráfico en el vecino país. La funcionaria fue muy enfática al confirmar la presencia de personal del Pentágono en territorio mexicano a petición expresa de Calderón, según la trascripción de la entrevista radiofónica obtenida por Proceso.
–¿Hay algún papel, un papel potencial para los militares de Estados Unidos al sur de la frontera con México? –preguntó Siegel.
–Bueno, de hecho en nuestras reuniones (en México) estuvieron el jefe de Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, y, como ya lo mencioné, el secretario de Defensa (Robert) Gates, quienes se reunieron con sus contrapartes militares.
“Y creo que se puede deducir de eso que hay pláticas sobre el papel apropiado de nuestro ejército, y más allá de eso no sería apropiado hacer un comentario.”
–Usted sabe, estoy seguro de que la presencia de militares de Estados Unidos en México es un asunto neurálgico para los mexicanos…
–Lo es. Y se ha hecho a pedido, consulta y cooperación con los mexicanos. Esto no significa que Estados Unidos se haya metido de manera unilateral; esto es cooperación, asistencia. Es un reconocimiento mutuo de que, como países vecinos, tenemos aquí algo en juego.
“Y lo mencioné ayer (martes 23)… Como usted sabe, hay un comercio cuyo valor se estima en mil millones de dólares que todos los días cruza la frontera de México. La gente necesita transitar por la frontera sin temor a ser víctima de la violencia. Y la gente que vive en las comunidades al sur de nuestra frontera necesita saber si se aplicará el estado de derecho.”
El conductor presionó a su entrevistada para que fuera más precisa en sus respuestas:
–Sólo para dejar las cosas en claro: ¿está usted diciendo que el presidente Calderón expresó su apertura a la presencia de personal militar de Estados Unidos en México?
–Sí. Déjeme ser clara, porque este es un asunto muy delicado: En forma limitada nuestro ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del gobierno de México, en consulta con el gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil.
–Bueno, secretaria Napolitano, muchas gracias por hablar con nosotros el día de hoy.
–Gracias.
–Es Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior. Ella fue parte de la misión que ayer estuvo en México, y habló con nosotros desde su oficina en Washington, DC –dijo el conductor de All Things Considered tras despedir a su entrevistada.
Las críticas
Napolitano, quien formó parte de la comitiva que encabezó la secretaria de Estado Hillary Clinton en su visita a México, es la única colaboradora de Obama que ha criticado abiertamente la estrategia militarizada de la administración calderonista para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.
“El presidente Calderón ha estado profundamente involucrado (en la lucha contra el narcotráfico) e incluso envió al Ejército a Ciudad Juárez, pero eso no ha ayudado”, dijo Napolitano el martes
La reprobación de Napolitano al despliegue del Ejército Mexicano provocó la furia de Calderón, quien a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclaró que Napolitano no había dicho lo que dijo, que era necesario entender el contexto. Asimismo, el funcionario señaló que los medios de comunicación mexicanos tenían “problemas de traducción” respecto de la declaración de la funcionaria.
El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, intentó calmar la irritación del gobierno calderonista por las afirmaciones de Napolitano. El diplomático declaró al periódico El Universal que el papel del Ejército Mexicano era muy importante en la lucha contra los cárteles de la droga, sobre todo en entidades como Ciudad Juárez.
La víspera de los comentarios de Napolitano al programa de la NPR, los colaboradores de Calderón negaban que militares estadunidenses estuvieran operando en México. Los señalamientos en ese sentido sonaban inverosímiles. Pero luego de la entrevista de Napolitano con Siegel, el gobierno de México intentó desmentir la versión de la colaboradora del presidente Obama.
Sin embargo, más allá de las explicaciones del gobierno sobre el particular, en el Capitolio existen testimonios y documentos de funcionarios del Pentágono que confirman que soldados de Estados Unidos participan en la lucha contra el crimen organizado en México (Proceso 1742); incluso señalan que Obama no confía mucho en la efectividad de la lucha militarizada de Calderón.
El jueves 18, un día después de la reprobación a la estrategia de Calderón por parte de Napolitano, el general Victor Eugene Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes del Congreso que el Pentágono desea aplicar en territorio mexicano técnicas de inteligencia militar similares a las de Afganistán e Irak.
Según el militar, el propósito es enfrentar de manera más directa y efectiva al narcotráfico y al crimen organizado: “El reto de México es la fusión de inteligencia con la agilidad de operativos contra un objetivo específico de parte de los equipos altamente calificados que permitan explotar las vulnerabilidades que puedan encontrar en los cárteles del narcotráfico con la fusión de inteligencia”.
Y remató: “Hemos ampliado nuestros esfuerzos para entrenar a militares y agentes civiles (mexicanos) en operaciones muy parecidas a las que hemos llevado a cabo en Afganistán y en Irak”.
Televisa en el Bar Bar: hasta el tuétano
Gloria Leticia Díaz
El pleito por el control de actores y deportistas entre Televisa y Simón Charaf exhibe el uso electoral de más de media docena de “talentos” contratados para “avalar” campañas electorales y de imagen de partidos políticos y gobernadores. En entrevista con Proceso, el dueño del Bar Bar –donde casi muere el futbolista Salvador Cabañas– denuncia haber recibido amenazas de muerte. La Televisora y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lo desmienten.
Dos meses después del atentado contra el futbolista Salvador Cabañas en el interior del Bar Bar, el dueño del establecimiento, Simón Charaf Medina, da cuenta de los negocios millonarios que la empresa Televisa tiene con gobiernos de los estados y partidos políticos, así como de las jugosas campañas publicitarias que se efectúan a través de los “talentos” del Canal de las Estrellas.
Charaf hace estas revelaciones luego de que fue marginado de los contratos a los que, asegura, tenía derecho por ser socio del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en la empresa Imagen y Talento Internacional (ITI), la cual, sostiene, pretenden arrebatarle mediante amenazas de muerte. De éstas responsabiliza a directivos “de alto nivel” de Televisa y a autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En su edición 1735, Proceso reveló que Charaf Medina (exesposo de la Miss Universo 1991 Lupita Jones) mantenía relaciones de negocios con Televisa desde 1994, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) del Distrito Federal.
De
En 2005 quedó incorporada en el expediente de Imagen y Talento Internacional la sociedad con altos directivos del consorcio televisivo: Joaquín Valcárcel Santa Cruz, vicepresidente jurídico; José Antonio Bastón Patiño, vicepresidente de Televisión y Operaciones; Salvi Rafael Folch Viadero, vicepresidente de Planeación Finaciera; Jorge Lutteroth Echegoyen, vicepresidente contralor del corporativo, y Rafael Carabias Príncipe, vicepresidente de Administración (folio mercantil 279989).
Televisa es socio mayoritario de ITI con 51% de las acciones; Charaf posee 49%.
Según el convenio accionario, el objetivo de la empresa es “la representación, promoción y contratación de personalidades, artistas, deportistas y conductores (‘las personalidades’), a efecto de comercializar en cualquier forma permitida por la ley campañas y proyectos publicitarios, promocionales, de relaciones públicas, conferencias, líneas de comerciales y productos, así como cualquier actividad semejante o conexa a las anteriores (‘la promoción publicitaria de personalidades’)”.
Viejos amigos
Tras aclarar que después de su divorcio con Lupita Jones en 2000 le cedió sus acciones de Promo Certamen, Simón Charaf dice en entrevista que mantenía una “buena relación con la gente de Televisa; eran clientes muy asiduos míos (en el Bar Bar), los veía muy seguido en el negocio”, y eso lo animó a crear ITI.
En 2004, apunta, se dieron los primeros acercamientos de Televisa para asociarse con él en ITI, que entonces contaba con más de 100 “talentos” como representados.
Dice que en esa época “un enviado de una televisora extranjera” –al que no identificó– le manifestó su interés en adquirir ITI, toda vez que se especulaba que el mercado de telecomunicaciones sería abierto a la inversión extranjera.
Según Charaf, el mayor atractivo que él vio en la sociedad con la empresa de Azcárraga Jean fue el compromiso asentado en el convenio de accionistas de que todos los talentos de Televisa estarían obligados por su contrato a “hacer cualquier actividad comercial, aunque sea con Televisa”, a través de ITI.
Ello implicaría, explica, pasar de una plantilla de talentos “de
En la lista de personajes sobre los que ITI tendría injerencia destacan “los deportistas que tiene Televisa en América, Necaxa y San Luis, es decir de una exclusividad de todo su talento”.
Charaf se entusiasmó porque, además, entre las cláusulas del convenio se establece la no competencia entre los socios, así como la prohibición de que fuera de la empresa realicen actividades equiparables al objeto de ITI, que es la “promoción publicitaria de personajes”. Otro candado señala que las decisiones de la compañía sólo podrían tomarse por “dos consejeros nombrados por Televisa y por lo menos uno de los consejeros nombrados por el señor Charaf, o bien con 60% del voto favorable de los accionistas”.
Sin embargo, en la operación hubo algunas trabas. Actrices como Lucero y Angélica Rivera, por ejemplo, que han promocionado al gobierno de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante a la presidencia, trabajaron fuera de los lineamientos del convenio por indicaciones de la televisora.
“La verdad, para no enfrentarme con ese monstruo hemos tenido que acceder”, señala Charaf, quien dice que su empresa ha invertido en la promoción de las personalidades entre los gobiernos estatales para que funjan como “avales”, así como entre empresas comerciales para campañas publicitarias.
Asegura que en los últimos años fue excluido de las ganancias de al menos 100 proyectos en los que participaron “talentos” de Televisa. “Por cada talento cobramos al menos 1 millón de pesos, sólo en la promoción; de lo demás se encarga Televisa. Por eso quieren apropiarse del negocio”.
En abril de 2008, ITI realizó la campaña promocional del estado de Hidalgo, con Irán Castillo como figura, y después de ese proyecto “ya no nos dejaron participar en ese tipo de campañas porque vieron el tamaño del negocio”.
Charaf es cuestionado sobre su relación comercial con TV Promo, creada por Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente Corporativo de Televisa, y que, junto con la empresa Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia, “han sido mencionadas como mecanismos para maquillar los costos en spots y la venta subrepticia de tiempo-aire en espacios informativos de Televisa a manera de gacetillas electrónicas, que finalmente no se reportan como ingreso de publicidad en la televisora”, de acuerdo con un reportaje de Jenaro Villamil. (Proceso 1512)
“Muchos proyectos los trabajábamos de la mano. La función de TV Promo, según entiendo, es promoción y activación de marcas, y nosotros éramos los que proveíamos el talento. Lo que hacemos nosotros es promoción de personalidades, ya el resto lo hace Televisa.”
–A TV Promo se le adjudican campañas políticas para gobernadores como Enrique Peña Nieto.
–No sé quién lo haya hecho, lo desconozco. Nuestro alcance está en la promoción de la personalidad: mandamos CD o DVD a las empresas más importantes y en algún momento a los gobiernos de los estados para que sean sus avales. Cuando TV Promo o cualquier empresa ha requerido algún talento, lo que hacemos es proveerle al talento y cotizarle al talento, nuestro alcance no llega más allá.
Entre las campañas de las que dice haber sido marginado, sólo en 2009, están la de Chantal Andere, con Convergencia; Ernesto Laguardia, con el estado de Coahuila; Itatí Cantoral, con Hidalgo, y Maite Perroni y Raúl Araiza, con el Partido Verde Ecologista de México.
Esta última campaña le habría reportado ganancias a ITI por 600 mil dólares, pero, asegura, fue operada directamente por Televisa. Y eso fue la puntilla para el empresario de origen libanés, pues su empresa elaboró a petición del PVEM la campaña electoral de 2009, que tuvo como tema central la promoción de la pena de muerte. El proyecto, dice, fue rechazado por Televisa, pero después apareció en las pantallas.
Charaf entregó a Proceso el registro de la comunicación que sostuvieron el exdiputado federal del PVEM Jesús Sesma y la directora de Relaciones Públicas de ITI, Grisel Charaf, en marzo de 2009, para diseñar la campaña electoral, que incluía cineminutos, espectaculares, parabuses, revistas y cartas a domicilio.
Charaf buscó en varias ocasiones, sin éxito, a Emilio Azcárraga para exigirle una explicación, hasta que en diciembre Alejandro Benítez Cueto, directivo de Televisa y apoderado de ITI, le ofreció comprarle su paquete accionario, “por una cifra ridícula”. Charaf se negó, y respondió que preferiría vender a un tercero, lo que provocó la furia de Benítez, quien lo amenazó con un litigio.
Según el empresario, las amenazas arreciaron tras el intento de asesinato de Cabañas, el 28 de enero, luego de enviar un correo electrónico a Azcárraga Jean en el que reclamaba que desde los noticiarios de Televisa se orquestaba una campaña mediática en contra del Bar Bar, al que señalaron como sitio de prostitución y drogas. Charaf le recordó al hijo del Tigre Azcárraga que él, lo mismo que “innumerables ejecutivos del más alto nivel de Televisa” y sus estrellas, eran clientes de su negocio.
Cuenta que Benítez le habría insistido en que la única salida para detener esa campaña era que accediera a vender sus acciones, pero afirma que nuevamente se negó.
“Entonces los ataques seguirán. ¿Qué no te queda claro que quienes mandamos sobre la autoridad y hasta sobre el mismo presidente de la República somos nosotros?”, sostiene Charaf que le dijo Benítez.
El empresario dice que no pretende buscar justicia con su denuncia, sino mantenerse vivo:
“Lo que espero es que no me vayan a matar. Hay alguien involucrado, de muy alto nivel. Y a mí me dijo el señor Benítez que esto obviamente no era algo que me decía a título personal, él es el mensajero, de que si no accedo a soltar el 49% (de su empresa) van a continuar los ataques.”
Charaf dice que durante los primeros días de las investigaciones del caso Cabañas recibió otra amenaza de un “funcionario cercano al procurador Miguel Mancera”, al cual tampoco identifica en la entrevista.
Según el empresario, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Luis Genaro Vásquez, a través de su representante legal Jorge Antonio Domblas, le advirtió que acudiera a los medios para denunciar las presuntas irregularidades.
“Cuando se enteraron de que teníamos una copia del video original y que pensábamos utilizarlo para evidenciarlos, se enfurecieron. Diez días después del atentado de Cabañas, una persona cercana al procurador me buscó y me amenazó de que si decíamos algo, me iban a romper la madre a mí y a mi familia”, acusa.
Dice que realmente tiene miedo, porque la información que ha difundido a través de su página web (laverdadsobreelbarbar.com) “revela el poder de Televisa y el sometimiento de la autoridad, porque no puede ser que todas esas imágenes que ellos tienen, hasta de mejor calidad, nunca las hayan dado a conocer”
Y advierte: “Cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, responsabilizo a Televisa o a la procuraduría. A mí lo que me preocupa ya es mi vida y la de mi familia. Quien me está amenazando son dos grandes poderes”.
Que lo pruebe
El subprocurador Luis Genaro Vásquez Rodríguez, en entrevista con Proceso, invitó al empresario a formular su querella ante las instancias correspondientes, “acompañada de pruebas”, y sugirió que la información que contiene su página en internet sea presentada como “prueba que ofrezca a la autoridad judicial y que ésta valore”.
Según el subprocurador, los únicos funcionarios de la PGJDF que han tenido contacto directo con Charaf en las diligencias son el fiscal de Álvaro Obregón, Miguel Espejel, y el agente del Ministerio Público Hilarión Guerrero Sánchez.
Durante los primeros días de las investigaciones, la dependencia recurrió a los noticiarios de Azcárraga para dar a conocer sus avances. Aun así, Vásquez Rodríguez aseguró que “a Televisa se le ha dado el trato que a cualquier medio se le ha dado. En concreto, si hemos tenido presiones o lineamientos (de Televisa), no”.
Resume que “de la investigación únicamente está vivo un desglose para dar con el otro coautor de los hechos, que es el sujeto identificado como El Paco. Por lo que respecta a las conductas y omisiones desarrolladas por los exempleados del Bar Bar y del señor Carlos Cázares Ocaña, las investigaciones están cerradas debido que se ejercitó acción penal y está en la etapa procesal, sólo le resta al juez recibir más pruebas, procesarlas y valorarlas”.
En cuanto al presunto autor material, José Jorge Balderas Garza, El JJ, Batman o El Modelo, contra quien hay una orden de aprehensión, dijo que se envió un desglose a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pues “la multiplicidad de identidades” es un elemento que lo vinculaba con la delincuencia organizada.
En cuanto a los tres escoltas del JJ que trabajaban en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), recordó que están en el Reclusorio Sur sometidos a un juicio por homicidio calificado en el grado de tentativa.
Después de que durante dos días Simón Charaf encabezó una intensa campaña para presentar su página web a través de entrevistas a diarios nacionales, como Reforma, El Universal, Récord y La Jornada, que reprodujeron algunas frases de tres entrevistas radiofónicas con Carmen Aristegui, Televisa respondió con un desplegado firmado por el director general corporativo de comunicación, Manuel Compeán.
En el texto, publicado en varios diarios nacionales, Compeán asegura que la estrategia de Charaf es sólo “para distraer la atención” sobre las “presuntas irregularidades” con las que operaba el Bar Bar, al que ubica como “oscuro antro”.
Compeán califica como “inverosímil y ridícula” la acusación contra Alejandro Benítez y señala que la empresa Imagen y Talento Internacional representó para Televisa ventas netas en 2009 por 8.5 millones de pesos, equivalentes a “0.02% de los ingresos” del consorcio.
Simón Charaf replica: “Si vende esa cantidad es porque muchos de los proyectos, y los proyectos más grandes, Televisa los ha hecho en directo, violando nuestros acuerdos de accionista”.
–¿Esa es la cifra que le ofrecen para comprarle sus acciones?
–Es una cantidad ridícula que no te voy a revelar
–¿Es menor de esos 8.5 millones que dice Compeán?
–Sí, es una cantidad muy baja, una cantidad ridícula.
Al preguntarle por qué no ha recurrido a los tribunales civiles y mercantiles por el incumplimiento de contrato de Televisa, así como por el daño moral que dice que le ha causado a sus empresas, a él y a su familia la campaña mediática de la televisora contra el Bar Bar, Simón Charaf asegura que son asuntos que está estudiando con sus abogados.
–En cuanto a las amenazas que asegura que recibió de funcionarios de la procuraduría, ¿por qué no recurrir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, si desconfía de las autoridades?
–Es lo que vamos a hacer.
–¿Por qué no lo ha hecho, si ya tienen tiempo esas amenazas?
–Hemos estado atendiendo a los medios. l
Lo que televisa calla…
Jenaro Villamil
Aunque Grupo Televisa lo ha negado, el dueño del Bar Bar, Simón Charaf, confirmó lo que ha publicado Proceso: que el voraz consorcio televisivo dispone de una serie de empresas “pantalla” que, con la participación accionaria de ejecutivos de Televisa, llegan inclusive a contratar espacios informativos para posicionar partidos o personajes políticos como Enrique Peña Nieto…
La revelación de Simón Charaf, dueño del Bar Bar, de que Televisa lo ha presionado y amenazado para que venda 49% de sus acciones en la empresa Imagen y Talento Internacional, confirma la existencia de un complejo entramado de empresas “pantalla” que funcionan como brokers o intermediarios del consorcio mediático, en los cuales participan ejecutivos y algunos miembros del Consejo de Administración de la compañía, sin informar a accionistas minoritarios y en franca violación a su propio “Código de Mejores Prácticas Corporativas”.
En la edición de Proceso del 31 de enero de 2010, la reportera Gloria Leticia Díaz reveló que Simón Charaf, exesposo de Lupita Jones, ganadora en 1991 del certamen Miss Universo y una de las personas más cercanas al equipo actual de Azcárraga Jean, es socio de Televisa en la empresa Imagen y Talento Internacional y participó, junto con Jones, en el consejo de administración de Promo-Certamen, donde Grupo Televisa tenía acciones mayoritarias.
En ambos casos, se trata de compañías dedicadas a la “representación de personalidades del medio artístico, deportivo, de la moda, intelectual, político y científico”, así como a “la promoción, producción, realización, administración y comercialización, en general, de todo tipo de eventos, espectáculos y concursos de carácter internacional”, según consta en los folios 279989 y 188675 del Registro Público de la Propiedad, correspondientes a Imagen y Talento Internacional y a Promo-Certamen.
Tras haberse publicado esta revelación, ni Televisa ni Charaf confirmaron o negaron los vínculos de negocios que los unieron y que ahora los confrontan.
Ahora, él denuncia que Alejandro Benítez, director de Comercialización de Talentos de la empresa, lo amenazó si no vendía al consorcio 49% de sus acciones en Imagen y Talento Internacional.
Benítez, mejor conocido como El Pelón en los círculos internos de Televisa, trabaja bajo las órdenes de José Antonio Bastón Patiño, presidente de Televisión y Contenidos, y es cercano a Alfonso de Angoitia, poderoso vicepresidente ejecutivo y miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. De Angoitia ha desplazado en los últimos dos años a Bernardo Gómez, también vicepresidente ejecutivo, como el principal estratega de Emilio Azcárraga Jean. Estos cuatro jóvenes se hacen llamar Los Cuatro Fantásticos y manejan las decisiones centrales de la principal empresa de comunicaciones del país.
Charaf no sólo confirmó su sociedad con Televisa. También indicó que la televisora está detrás de la utilización de personajes del medio artístico para promocionar a partidos, como en el caso del Partido Verde, o a gobernadores, como el mexiquense Enrique Peña Nieto, a cambio de jugosos contratos publicitarios, cuyos montos reales se mantienen al margen de la fiscalización pública.
El empresario confirmó así lo que Proceso ha documentado desde octubre de 2005 y que ha sido insistentemente negado por Televisa y los gobiernos clientes: la existencia de una red de empresas como TV Promo, S.A. de C.V. y Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia, S.A. de C.V., a través de las cuales realiza los contratos multimillonarios para vender sus espacios publicitarios, sus contenidos informativos e, incluso, la cobertura noticiosa favorable a políticos y gobiernos.
En el caso de Peña Nieto, Proceso obtuvo la copia del primer contrato multimillonario firmado en 2005 entre el gobernador del Estado de México –a través de su director de Comunicación Social, David López– y las empresas brokers de Televisa –a través de Yéssica Miranda, como representante de TV Promo y Radar Servicios Especializados.
Se trató de un plan de comunicación política por 742 millones de pesos, el primer año, de los cuales 691 millones de pesos se dedicarían a publicidad televisiva, así como a asesoría en materia política y de comunicación favorable al gobernador mexiquense para conseguir, en 2011, “fortalecer su liderazgo a nivel regional y su proyección a nivel nacional e internacional”.
Un esquema muy similar se documentó en otros contratos por 331 millones 890 mil pesos firmados en 2005 y 2006 con el gobierno de Tabasco, encabezado por Manuel Andrade y volcado en ese momento en la campaña presidencial de Roberto Madrazo, exgobernador y candidato presidencial del PRI. Casi 80 millones de pesos de ese contrato se destinaron a dos cápsulas o “infomerciales” por mes en los noticiarios Primero Noticias, Lolita Ayala y Joaquín López Dóriga.
En ambos casos, los convenios se firmaron con TV Promo y con Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia. El vínculo entre ambas compañías es Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente corporativo de Comercialización y miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa, responsable de la venta de espacios publicitarios y de la comercialización de los segmentos informativos.
TV Promo y Radar Servicios Especializados también le han facturado a los gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Calderón millonarias cantidades por la producción de “spots, infomerciales, programas especiales, mensajes presidenciales” y campañas especiales para los informes de gobierno.
Investigación sobre TV Promo
A pesar de los múltiples indicios que vinculaban al principal funcionario de Televisa responsable de la comercialización en la pantalla y en los otros negocios de la empresa (radio, editoriales, espectáculos, cine), la dirección corporativa de Comunicación de Televisa le comunicó a Proceso, en octubre de 2005, que “TV Promo NO representa a Televisa en sus tratos comerciales con partidos políticos, ni con ninguna otra instancia política o gubernamental”.
Sin embargo, en enero de 2007, en su reporte ante la Securities Exchange Commision (SEC), Televisa admitió ante el organismo regulador bursátil de Estados Unidos que TV Promo realiza intermediación con diversos clientes. Admitió que “Alejandro Quintero tiene directa o indirectamente participación” en TV Promo y en otras empresas como Producción y Creatividad Musical, S.A., Maximedios Alternativos y TV Promo Internacional, ya que estas compañías “definen tarifas aplicables a terceros que adquieren servicios de publicidad, las cuales son más bajas que las tarifas que regularmente se pagan”.
La relación poco clara entre TV Promo, Quintero y Televisa despertó suspicacias en los principales bancos de inversión y consultorías de Estados Unidos. La principal sospecha es que a través de ésta y otras compañías, el grupo encabezado por Azcárraga Jean realizara un fraude a accionistas minoritarios de Televisa, al no reportar en sus cuentas los ingresos reales por publicidad política proveniente de los gobiernos y los partidos políticos.
En enero y febrero de 2007 este reportero recibió una comunicación de Davis Bell, analista financiero del banco de inversión Bearn Stearns. Este corporativo, especializado en análisis de riesgos de inversión sobre grandes compañías, expresó en un correo electrónico lo siguiente:
“Estamos con muchas ganas de averiguar más sobre Grupo TV Promo y sus vínculos con Grupo Televisa. Nos gustaría obtener TODA la información que podamos sobre el tema. En su artículo se refiere a varios documentos públicos. ¿Todavía los tiene? ¿Sabe usted cuáles otros empleados y directores de Televisa tienen un interés en TV Promo?”
La investigación de Bearn Stearns se canceló. En marzo de 2008 este banco de inversiones quebró, pero quedaron constancias de algunos análisis, realizados por Christopher Recouso, sobre la expansión de Televisa en el negocio de la televisión por cable y sus vínculos políticos.
Otro indicio de los nexos entre TV Promo y Televisa es un dictamen de abril de 2008, realizado por los auditores de Price Waterhouse Coopers y dirigido a los accionistas de Grupo Televisa. En el apartado “transacciones con partes relacionadas”, los auditores anotan que Grupo TV Promo tiene “cuentas por cobrar” por 103 millones 500 mil pesos a favor de Televisa, y anota lo siguiente:
“Durante 2006 y 2007, el Grupo (TV Promo) pagó comisiones sobre ventas a una empresa en donde un miembro del consejo y ejecutivo de la compañía (del Grupo Televisa) es un accionista, por un monto de 113 millones 972 mil y 49 millones 614 mil pesos, respectivamente.”
Los tentáculos de TV Promo llegan a otras firmas, como es el caso de Grupo Crea TV, compañía dedicada a “la producción y desarrollo en espectáculos y eventos artísticos de cualquier índole”, según el folio número 249801 del Registro Público de la Propiedad.
En esta empresa, creada en marzo de 1999, participaron como accionistas y apoderados, inicialmente, Eduardo Medina Mora Icaza, exdirector del Cisen y exprocurador general de la República, amigo desde la infancia de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa; Carlos Quintero Íñiguez, hermano de Alejandro Quintero y socio también de TV Promo; Alejandro Soberón Kuri, accionista del Consorcio Interamericano de Entretenimiento (CIE), una de las firmas de espectáculos más grandes de América Latina, que se distanció de Televisa a raíz de la entrega en 2005 de 130 permisos para que la televisora operara centros de apuestas y salas de sorteos de números. También participó como apoderado el escritor Héctor Aguilar Camín, exconductor del programa Zona Abierta.
En enero de 2004 se realizó una reestructuración para incorporar como vocal de Crea TV a Federico González Compeán, responsable de comunicación y vocero oficial de Televisa. El 29 de julio de 2005 la asamblea general ordinaria de Grupo Crea TV ratificó a González Compeán.
El Grupo Piljo
Menos conocido y documentado que TV Promo es el Grupo Piljo, S.A. de C.V., creado el 3 de julio de 2001, teniendo como principal accionista a Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo de Televisa, con el 99%, y como apoderado a Joaquín Balcárcel Santa Cruz, quien ha fungido también como apoderado y abogado general de Televisa.
Grupo Piljo tiene como objeto “vender, comprar, fabricar, distribuir, comercializar, promover, importar, arrendar, exportar, otorgar en usufructo o de cualquier otra manera comerciar con toda clase de productos, bienes inmuebles, equipo, sistemas y máquinas”.
Grupo Piljo adquirió dos terrenos en una zona exclusiva de Valle de Bravo, en la exhacienda Casas Viejas. Uno mide 207 mil
En paralelo, Grupo Piljo le compró el 15 de junio de
En las entrañas de “la gozadera”
Homero Campa y Raúl Monge
Contratadas como “bailarinas exóticas”, decenas de jóvenes extranjeras son introducidas al país y orilladas a prostituirse. El Instituto Nacional de Migración regulariza a muchas, pero niega que esta práctica legalice el tráfico de personas. Una de ellas estaba con El JJ momentos antes de que disparara al futbolista Salvador Cabañas. Es la “testigo clave”.
Diana Hernández Díaz e Ismary Caraballo Maset lanzan un grito de júbilo cuando empiezan los acordes de Baby, te quiero, la canción de éxito del cantante Nigga:
Y es que te quiero ohuuuu
Baby, te quiero ohuuuu.
Desde que te he conocido yo vivo tan feliz
El reggaeton las arrebata. No es necesario que pasen a la pista para demostrarlo. Desde su mesa, ubicada en la parte baja del Bar-Bar, exactamente al lado de las escaleras, agitan sus cuerpos, palmean y corean la canción:
Ay cómo quisiera en este instante
abrazarte
Y mil canciones al oído cantarte
A tu vida muchas cosas regalarle
Es que tú me enamoraste
Pasan de las cuatro de la madrugada del lunes 25 de enero y las jóvenes cubanas llevan tres horas de estar “en la gozadera”. Llegaron con otra amiga, Anays Leyva López, quien se encuentra junto a la barra del bar con su novio Auyuri.
Desde una mesa contigua, Amancio Rojas Hernández ya tomó con su celular varias fotografías de Diana e incluso ya se acercó a ella para pedirle su teléfono y para invitarla a un partido de futbol, pues su cuñado es Salvador Cabañas, el estrella del equipo América, que está sentado ahí, en una mesa cercana, platicando con su esposa María Alonso Mena.
Diana no sabe de futbol ni le interesa. Le pide a su amiga Ismary que le dicte el número telefónico al “muchacho”, porque ella no se lo sabe. Lo despide amablemente y sigue bailando.
Ismary dice que ya le cansaron los zapatos. Se los quita y Diana la imita. Suben a los bancos de su mesa y sacuden frenéticamente las caderas.
Es que tú eres un lucero que guía mi vida
Si no te tengo en mi canción no existe
melodía
Tú me haces falta, baby, de noche y de día
Sin tu inspiración no existiría esta poesía.
En una mesa ubicada a unos tres metros de la suya, José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, le comenta algo a uno de sus guardaespaldas. Éste se acerca a las jóvenes cubanas. Les dice que va de parte de El JJ para invitarlas a su mesa.
–Pero si estamos descalzas –comenta Ismary.
–Ese no es problema –responde el guardaespaldas.
El tipo se agacha y sin dificultad levanta en sus brazos a Ismary, atraviesa la pista cargándola y la deposita en la mesa de El JJ. Luego regresa y hace lo mismo con Diana.
El JJ estaba con cinco personas: dos mujeres y tres hombres, dos de éstos eran guardaespaldas; el tercero escuchaba atento sus palabras. Se fue de la mesa un rato después.
–¿Qué quieren tomar? –ofrece solícito El JJ.
Diana pide un güisqui. Ismary prefiere comer un entremés de carnes frías.
Las jóvenes ya habían estado en el Bar-Bar en al menos siete ocasiones. Ahí Diana conoció a El JJ, pero dice que sólo cruzó unas palabras con él. Y eso porque se lo pidió Ihosvany (Díaz Díaz), el capitán de meseros, de origen dominicano y quien introdujo a las chicas cubanas al ambiente del Bar-Bar.
En las declaraciones ministeriales de las tres chicas cubanas (averiguación previa FAO/AO-4/T1/00147/10-01, integrada por el delito de “homicidio calificado en grado de tentativa” cometido contra Salvador Cabañas) no aparece lo que ellas hablaron con El JJ. Sólo cuentan que éste se desapareció durante un rato. Diana va al baño, en el primer piso, y al salir se encuentra con uno de los guardaespaldas de El JJ que después supo se llama Eduardo García Alanís.
–Oye, preséntame a tu amiga Anays –le pide él.
–Está con su novio en la barra –le comenta ella.
El escolta de El JJ le pide que esperen a su jefe. Diana dice que mejor lo espera abajo. Y regresa a la mesa. Ni Ismary ni Diana escuchan disparo alguno. Explican que unos minutos después los guardias de seguridad del bar suben presurosos las escaleras. De golpe se acaba la música y se prenden las luces. Uno de los guardaespaldas recoge la chaqueta de El JJ sin decirles una palabra.
–¿Qué pasó? ¿Ya van a cerrar? –pregunta Ismary a uno de los meseros.
–No pasa nada, pero es mejor que se vayan.
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Las cubanas Diana Hernández Díaz, de 23 años; Ismary Caraballo Maset, de 23, y Anays Leyva López, de 21, consideradas por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal como testigos clave en el intento de homicidio contra Cabañas, ingresaron a México el 3 de diciembre del año pasado por el aeropuerto de Cancún.
Llegaron al país con todos los documentos en regla, incluidas sus respectivas formas migratorias FM-3, en las que aparece inscrito su estatus de “no inmigrante visitante con actividades lucrativas”. Así lo hace constar Gustavo Garrido, subdirector de Información y Registro Nacional de Extranjeros del Instituto Nacional de Migración (INM) en un oficio que envió el pasado 27 de enero a Reyes Sánchez Mendoza, agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa del caso Cabañas.
De hecho, Diana formó parte de un grupo de 10 cubanas y dos cubanos cuyo ingreso al país fue autorizado por el INM desde el pasado 9 de septiembre.
De acuerdo con un oficio “confidencial” enviado por José Luis Aguilar Avilez, subdirector de Asuntos Migratorios de la dependencia, a Carlos Giralt, encargado de la Dirección de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INM autorizó el ingreso de este grupo de cubanas y cubanos para que pudieran realizar durante un año “actividades lícitas y honestas en los ámbitos del entretenimiento y de restaurantes”. El oficio precisa: “prestarán sus servicios como meseros, edecanes, hostess, modelos y bailarinas”.
El documento identifica a la empresa que los contrató y que promovió su internación en México: Fuerza y Excelencia Algar, S.A. de C.V.
Desde septiembre de 2008, el INM ha autorizado el ingreso al país de 73 extranjeros que realizan actividades de “entretenimiento y servicio en restaurantes”. Se trata de 19 ciudadanos de Rusia, 20 de Ucrania, seis de Bielorrusia, nueve de Moldavia, 18 de Cuba y uno de Colombia. La mayoría son mujeres y son contratadas como bailarinas.
Al mismo tiempo, el INM ha regularizado el estatus migratorio de extranjeros que ingresaron al país como turistas, pero que trabajan en bares y centros nocturnos.
En entrevista con Proceso, Juan Ignacio Pedroza, director general de Asuntos de Regulación Migratoria del INM, rechaza que estas prácticas oficiales puedan legalizar el tráfico de personas y la trata de blancas.
Los extranjeros que laboran en bares y centros nocturnos, dice, pertenecen a un grupo vulnerable de inmigrantes, como también lo son los trabajadores agrícolas y las domésticas. Explica que hasta antes de la “nueva política” trabajaban en la opacidad y la simulación: “ingresaban como turistas y se ponían a trabajar. Su condición migratoria impedía que el Estado les reconociera sus derechos y los hacía vulnerables a un posible delito de trata de personas”.
El documento que ahora les proporciona el INM “les permite trabajar con la empresa que ellos decidan; se les otorgan mayores derechos y éstos los hacen más visibles ante la sociedad”.
Pedroza afirma que existe un proceso “riguroso” para autorizar este tipo de ingresos al país. Ello implica, entre otras medidas, la revisión de los documentos de la empresa, incluido el contrato de prestación de servicios y la revisión del lugar donde van a laborar, así como una entrevista “personalísima” con el o la extranjera, a quien se le hacen saber sus derechos laborales y económicos y se le otorgan facilidades para que los ejerza.
–¿Es un programa experimental?
–No. Es una política que está en firme. No hemos cambiado la Ley General de Población, sino que ésta nos autoriza a aplicar esta política, pues las actividades que se autorizan son lícitas.
–¿Existe el riesgo de que esta política legalice la trata de personas?
–No hay legalización de ningún tipo. Esta política va a otorgar a la autoridad capacidad para saber dónde se encuentran las posibles víctimas y que éstas conozcan sus derechos, pues muchas de ellas ignoran que pueden estar en el país legalmente, con documentos, trabajando en centros nocturnos, y que pueden renunciar a esa empresa y contratarse en otra y denunciar a su patrón si viola sus derechos. El propósito es quitar argumentos a los tratantes de personas y otorgarles derechos a las eventuales víctimas.
De acuerdo con Pedroza, de
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A Diana Hernández Díaz siempre le gustó bailar. Desde chiquita participaba en los festivales de su escuela en La Habana. De acuerdo con su currículum, en 2004 entró de llenó al oficio: tomó un curso de “baile casino” con Juan Gomes Barroso, músico del grupo Moncada, y un taller de danza con el maestro Tony Méndez. Se integró pronto a cuerpos de baile que se presentaban en teatros, peñas y algunos hoteles turísticos en La Habana y Varadero. Incluso tomó parte en algunos videoclips, bailó en un evento cultural del Ministerio del Interior y “tuve el privilegio de participar en un acto para el Ejército Occidental de las Fuerzas Armadas en ciudad de La Habana”, apunta en su currículum.
Luego formó parte de la compañía cubana Ignacio Piñeiro, dedicada a representación artística. Ahí Diana integró junto con tres bailarinas un grupo que se hizo llamar Las chicas de miel, debido a que las cuatro eran rubias, según contó su madre María del Carmen Díaz a Juan Balboa, corresponsal de Proceso en La Habana.
María del Carmen afirma que su hija no fue contactada por empresario mexicano alguno. Asegura que su contrato lo consiguió la compañía cubana Ignacio Piñeiro. Eso sí, Diana realizó directamente sus trámites migratorios en la embajada de México en Cuba. Su madre la acompañó a hacerlos.
Sin embargo, Alejandro Martínez Grey, accionista y administrador de Fuerza y Excelencia Algar, envío el 21 de julio de 2009 una carta a Diana para “ofrecerle trabajo en nuestra empresa”.
“Las funciones que desempeñaría –le dice en la misiva– serían las propias para desarrollar nuestro negocio y están vinculadas a un restaurante bar con show (…) y por las cuales percibirá 9 mil pesos mensuales.”
Diana llegó el 3 de diciembre y su primer lugar de trabajo fue el Bada Bing, un centro nocturno ubicado en Santa Fe, propiedad de Fuerza y Excelencia Algar. Pero a los pocos días las autoridades de la delegación Cuajimalpa lo cerraron y el 3 de febrero pasado impusieron sanciones administrativas a sus propietarios por infringir disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, entre ellas “vender bebidas alcohólicas sin contar con licencia de funcionamiento, por incitar a la prostitución (…) y no contar con la licencia ordinaria correspondiente al giro que se encuentra ejerciendo”.
El 24 de marzo, Ismael Rivera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), mostró durante una conferencia de prensa dos videos en los que Carlos Sánchez Cervantes, subdirector de área de la delegación Cuajimalpa, intentó sobornar a los propietarios de Fuerza y Excelencia Algar con 1 millón de pesos y una cuota mensual de “150 mil o 200 mil” a cambio de autorización para reabrir el antro.
Fuerza y Excelencia Algar fue constituida el 6 de marzo de 2009, según consta en la escritura pública 2263. Uno de sus principales accionistas es Guillermo Fridman Ramos, quien a su vez es apoderado de otras dos empresas: Diversiones de Santa Fe, S.A. de C.V., y Especialistas en Diversiones, S.A. de C.V.
De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, la primera es la razón social de Butcher’s Club Santa Fe y la segunda de la cadena de table dance Solid Gold, donde terminaron Diana y sus amigas.
El Butcher’s Club –ubicado sobre la autopista a Toluca– es un “club exclusivo” frecuentado por yuppies y ejecutivos de la zona de Santa Fe. Jóvenes extranjeras (rusas, checas, ucranianas, búlgaras, venezolanas) y alguna que otra mexicana los atienden, solícitas. No hay pasarela al centro ni “tubo” para acrobacias aéreas, sino un escenario austero con un gran espejo al fondo, donde las chicas bailan y hacen strip tease por turnos. En la parte alta del edificio se encuentran “los reservados”: estrechos cubículos con mullidos sillones apenas cubiertos por cortinas ligeras. Ahí, en pareja o en grupo, las jóvenes hacen “privados”. El costo: 250 pesos la melodía.
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La noche del 25 de enero, la noticia de que Diana Hernández Díaz era testigo en el intento de homicidio del futbolista Cabañas llegó al Butcher’s Club. Sus compañeras temían que ello atrajera a la policía. Le pidieron al gerente “Pepe Carrera” que Diana no fuera al club.
Eso lo cuenta la venezolana Angélica Felicia del Carmen Nieves Hidalgo en una denuncia por “trata de personas y delincuencia organizada” que presentó el 5 de febrero ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que abrió la averiguación previa FDS/FDS-6/T3/0081/10-02.
Angélica cuenta que llegó a México el 13 de enero, contratada como “bailarina exótica” por María Luisa Rocha Bautista, de la agencia Body Hunter Puebla. La venezolana sostiene que Rocha le prometió un salario de 4 mil dólares durante tres meses, así como vivienda, alimentación, descansos los fines de semana y realizarle los trámites para obtener los documentos que legalizaran su estancia en el país.
Un chofer de la agencia fue por ella al aeropuerto internacional Benito Juárez. También recogió a otras dos chicas que, al igual que Angélica, iban a trabajar como bailarinas. El chofer las llevó a un edificio de cuatro plantas color mamey, de frente estrecho pero alargado hacia el fondo, en el número 14 de la calle Estocolmo, en la Zona Rosa.
Angélica afirma que ahí viven 50 extranjeras que trabajan como bailarinas en el Butcher’s Club y en las cuatro filiales del Solid Gold. Sostiene que cada una debe pagar 300 pesos diarios de alquiler. Dice que guardias privados vigilan la entrada del edificio y que otros hombres y mujeres maduros se encargan de controlar el lugar. A ellos, las chicas les llaman “papis”; a ellas, “mamis”.
De ahí salen cada noche a trabajar a los diferentes antros, en taxis ejecutivos. En su primer día, a Angélica le tocó el Solid Gold de Naucalpan. Afirma que apenas bailó una vez. Durante la semana siguiente la llevaron al Butcher’s Club. No pasaba de los tres bailes al día.
Asevera que se sentía engañada. Sostiene que no era lo que le habían “prometido”. Habló con la “mami” Claudia para que la dejaran regresar a su país. Ésta le dijo que cómo no, pero que primero tenía que pagar lo que debía de vivienda, de comida y del boleto de avión.
–Si quieres ganar dinero tienes que bailar más canciones y hacer todo con el cliente –le recomendó Claudia.
–¿Cómo? ¿Me tengo que prostituir?
–Sí, para ganar más dinero.
Angélica refiere que cada baile tenía un costo de 250 pesos, 150 pesos para la chica y el resto para el antro. La tarifa para sostener relaciones sexuales “completas” ascendía a 10 mil pesos, comenta.
“Como yo no acepté prostituirme, no me era posible tener mayores ingresos. No tenía dinero ni para comer”, afirma Angélica.
Luego comenta que Iván, uno de los “papis”, amenazaba a las chicas. Les decía que si no salían a trabajar avisaría a los agentes de Migración, pero que “antes nos violarían y hasta podrían matarnos”.
La venezolana afirma que a las 13:00 horas del 4 de febrero “escapó” del edificio de la calle Estocolmo. Dijo a los guardias que su laptop tenía un virus y que debía arreglarla. En la calle echó a correr y pidió luego ayuda a una patrulla.
Vocación perversa
Rodrigo Vera
Pese a la revuelta cristera y al “absolutismo religioso” en el que transcurrió su niñez, Marcial Maciel fue un niño perverso que con los años, bajo la protección de la jerarquía eclesiástica, se convertiría en el “pederasta impune más connotado del mundo católico”, quien hizo del sexo el “artefacto multifuncional” que le serviría para “recaudar dinero y lograr el poder”, escribe Alejandro Espinosa Alcalá, sobrino del fundador de Los Legionarios de Cristo y autor del libro El ilusionista Marcial Maciel. Biografía no autorizada.
La profesión sacerdotal fue la única vía que encontró Marcial Maciel para mantener impunes sus perversiones sexuales, que empezaron a manifestarse desde que era un mozalbete y aún vivía en su natal Cotija, Michoacán, donde le decían “la niña bonita” por sus finos rasgos y sus escarceos sexuales con compañeros de juego, animales y rudos campesinos de la región.
El viernes 26, los Legionarios de Cristo por fin reconocieron de manera oficial que el fundador de esta congregación abusó sexualmente de seminaristas. Mediante un comunicado, también aceptaron que Maciel tuvo una hija con una mujer y otros dos varones con otra, y piden perdón a “todos los que han sido perjudicados, heridos o escandalizados por su reprobable actuación”.
Autor del libro El ilusionista Marcial Maciel. Biografía no autorizada, Alejandro Espinosa Alcalá, sobrino y víctima del controvertido fundador de los Legionarios de Cristo, señala que su obra se apoya en testimonios que durante años recogió del propio Maciel y de sus allegados. Relata:
“Durante 13 años –de
–Su libro revela una etapa hasta hoy desconocida de Maciel; su infancia y primera juventud –plantea el reportero.
–Efectivamente. Él siempre ocultó la etapa de su infancia. Sin embargo, llegó a revelarme algunas anécdotas de ella, que yo complementé con otros testimonios de quienes lo conocieron en esa época. Todos aseguran que Maciel era un enfant terrible por sus perversiones sexuales.
“Para mi investigación, tuve además la ventaja de que fui sobrino suyo. El padre de Marcial, don Francisco Maciel, era hermano de mi abuela paterna, doña Trinidad Maciel. También crecimos en la misma zona de Michoacán: Marcial en Cotija y yo en Chavinda.”
Autor del libro El Legionario –donde relata los abusos sexuales a los que lo sometía Maciel, reseñado en el número 1373 de Proceso–, Alejandro Espinosa enfatiza que en su nuevo libro hace una amplia narración sobre cómo se fue gestando, desde la infancia, la “megalomanía” y la “desmesurada compulsión sexual” del fundador de los Legionarios de Cristo.
Hijo del comerciante Francisco Maciel y de Maura Degollado –actualmente en proceso de canonización–, Marcial Maciel Degollado nació en Cotija el 10 de marzo de 1920, y desde niño –se indica en el libro– empezaron a manifestarse sus enfermizas tendencias sexuales.
Precocidad
Detalla el autor en El ilusionista:
“Desde los cinco años comenzaron a motearlo de loquito, debido a cierto exotismo de conducta; persistió el apodo aunque había otros aludiendo a su marcada femineidad y a la inclinación sesgada hacia los niños. La niña bonita lo llamaban, persistiendo con mayor frecuencia el de El loco Marcial... sus instintos le acarreaban palizas de su padre y tamborizas de su hermano mayor, Pancho, cuando era sorprendido.
“Don Pancho lo pescó repetidas veces en juegos sexuales con niños, por lo que menudearon las ‘mondas’; era una deshonra familiar tener un hijo homosexual, peor que una hija prostituta. Sus innumerables aventuras eran calificadas como ‘pecado mortal’… Décadas adelante tendría eructos de esos hartazgos de sexo en confidencias a sus íntimos mientras duraba el efecto de la morfina.”
Para corregir a su hijo, don Pancho lo sometía a duras faenas de campo, que el chico astutamente evadía:
“Antes de alcanzar los nueve años, su padre lo había llevado a trabajar a Poca Sangre, la finca familiar de unas cuantas hectáreas; lo dejó bajo la supervisión del empleado. Pronto se agotó desyerbando, arrancando con las manos yerbajos que crecían junto a las plantas de frijol. Era necesario inclinar la espalda e hincar las uñas para arrancar la maleza sin dañar las plantitas. Ya que el empleado no podía someterlo a rendir como su padre quería, se dedicó a sombrear bajo un mezquite.
“Pestañeaba bucólico cuando advirtió el rebaño; pastaban cerca unos cuantos chivos y se le ocurrió la travesura. Se acercó a los caprinos acariciándolos. Súbitamente apresó a una tierna hembra por la panza y comenzó a forcejear para fornicarla. La lucha duró poco; fácilmente la rindió y, entre carcajadas del empleado y su propio solaz, la dejó libre cuando lo invadió un cosquilleó de orinar, aún no eyaculaba.
“Al día siguiente contaba a otros niños su increíble hazaña; algunos no le creían, otros que ya lo habían visto, lo celebraban. Esto le daba preponderancia entre sus coetáneos y le retribuía estatus en la pandilla por sus proezas… disponiéndolo ente los mocosos a juegos sexuales intercambiables por trompos, yoyos, canicas y cuanto tesoro trajera encima.”
El niño Maciel retaba a sus compañeros de travesuras a que lo fornicaran. “Métemela tú”, decía escogiendo a uno “mientras se bajaba el pantalón”. Esos atrevimientos dejaban atónitos a los niños. “Tanta audacia arredraba a cualquiera y aun a mozalbetes de más edad que no se atrevían a fornicarlo cuando les mostraba el trasero”.
Marcial amplió su campo de acción con los peones de Poca Sangre y con otros labriegos de la comarca, quienes gustosos aceptaban las propuestas sexuales del rubio y atildado chamaquito.
Muy pronto la conducta incorregible de Marcial causó escándalo en Cotija y le dio fama de perverso, para vergüenza de su devota familia en la que había monjas y “varones de Iglesia”, entre ellos dos obispos: Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz, y su hermano Antonio, obispo de Chihuahua.
“La repetición de esa conducta sorprendida por su padre y hermanos en lugares más discretos, como el barrio de La Rinconada, prestigiaron al precoz niño como virtuoso en avatares de sexo antes de cumplir 10 años… una determinación que no quebrantaron ni el temor de la condenación eterna ni los castigos familiares.”
Sólo su madre lo protegía, sufriendo calladamente la deshonra. “Se compungía doña Maura, es cuanto podía hacer, y llorar la desventura de su niño”.
En una ocasión –se cuenta en el libro–, Marcial encontró una “calavera completa entre las hierbas” del cementerio. Tomó el cráneo y lo cubrió con hojas. Luego mostraba la calavera a sus compañeros asustados y les decía: “Tengo pacto con el más allá. Puedo hacer que esta calaca vaya a ahorcar de noche a los que se burlan de mí”. Hizo correr la versión entre los ingenuos chamacos de que tenía “pacto con el Diablo”, a fin de someterlos a sus caprichos.
El niño se había dado cuenta de que “el temor desarma”, dejando “inerme” la voluntad de sus compañeros. Con el tiempo fue explotando “los beneficios de su descubrimiento”. Sus dotes de “ilusionista” comenzaban a aflorar.
El gran engaño
Mientras tanto, un entorno de “absolutismo religioso” marcaba la vida de los cotijenses. “El pueblo no tenía más pasatiempo que las celebraciones cíclicas de la religión: misa, rosario, comunión, prédicas, villancicos en la iglesia, canto de letanías…, siendo el cura el rector de almas y censor de la conducta social”.
A muy temprana edad, según esta biografía, Marcial reparó en las ventajas que gozaban los miembros de la casta sacerdotal: “La cercanía de varios obispos en la familia, curas, monjas, le habían iluminado; todo mundo los respetaba, vivían como príncipes con las limosnas de los feligreses, y tenían verdaderos palacios sin sudar la gota gorda arando la tierra”. Había encontrado su vocación: “¡Vivir del prójimo! ¡Vivir de limosnas!”. Entonces empezó a ufanarse ante sus compañeros:
“¡Que suden los pendejos! Yo llevaré vida de obispo”, decía, harto de las asperezas del campo. De esta manera –prosigue el libro– la “vocación clerical se perfilaba como único cauce para complacer dos instintos: pederastia y holgazanería”.
En 1936, cuando tenía 16 años y aún “no había terminado la instrucción primaria”, Marcial Maciel comenzó a fantasear con la idea de dirigir a un grupo de bellos religiosos ojiazules, un verdadero harén de efebos dispuestos a servirlo. Pero antes tenía que salir de Cotija, entrar al seminario, realizar los estudios que tanto le disgustaban. Tras “mucho cavilar” encontró la solución: utilizaría la “influencia de su parentela”… su “carisma sexual”… fingiría “que oía voces del Espíritu Santo instándolo a fundar un grupo de misioneros”. Y comunicó a sus padres su decisión de entrar a un seminario.
“Doña Maura lo tomó con suspicacia, conociendo su historia (ella aseguró en Roma, en 1956, que al principio no le creyó)… Sobre la sorpresa de su madre, que a decir verdad no le desagradaba la idea del seminario, estaba la autoridad paterna, enemiga de beaterías y más de gastar sus escasos dineros en el hijo para que se hiciera cura”. Repetía don Francisco: “Yo no doy un centavo. Lo que quiere es zafarse del trabajo”.
Pero fueron dos devotos hermanos de éste, don Ventura y doña Josefa Maciel, quienes decidieron apoyar económicamente al sobrino para que saliera a estudiar a la Ciudad de México.
Durante la guerra cristera, la tía Josefa “había ocultado curas en su casa”, donde celebraban a escondidas misas, bodas y bautizos. Ansiaba tener un sacerdote más en la familia y le hizo una “aportación generosa” a Marcial, quien comenzó a saborear lo que sería otro gran éxito de su vida: “limosnear”. Un hallazgo que “ordeñó” siempre y que lo convertiría en “el principal limosnero de la cristiandad”.
“En menos de un año –prosigue la biografía de Marcial Maciel– estuvo listo para emprender la aventura, a sus sobrados 16, con un capital para financiarse dos años viviendo en seminarios y la inestimable sabiduría adquirida… si había tenido tanto éxito en puebluchos pobres, cuanto más tendría en la capital mexicana, visitando gente distinguida de la más alta sociedad.”
En 1937, Marcial deja Cotija y viaja a la Ciudad de México, donde, en ese tiempo de persecución religiosa, vivía refugiado su tío abuelo Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz, quien dirigía en la capital el seminario de su diócesis. Marcial le pidió que lo aceptara en éste y para halagarlo le comentó que cuando se arrodillaba a rezar frente al Santísimo solía tener “revelaciones divinas”, por lo que su vocación era el sacerdocio.
El obispo se alegró y le contestó al sobrino: “Aquí podrás cumplir con el llamado del Señor, aunque debes aprender esfuerzo y sacrificio”.
Ya para entonces el tío tenía fama de lograr “raptos místicos” que lo hacían levitar, atributos que lo llevaron a la santidad durante el actual pontificado de Benedicto XVI. Marcial solía contar con ironía que él mismo había visto levitar al tío, “trepado con todo y reclinatorio hasta el tapanco”. Lo cierto es que el sagaz Marcial le aprendió al obispo esos trucos de “ilusionismo” y los incorporó a su repertorio.
Pero al poco tiempo de estar en ese seminario clandestino –ubicado en Mixcoac–, Marcial mostró su pereza para el estudio y su afición por los jóvenes seminaristas. “A dos meses de su ingreso, se reveló indolente, sin espíritu de trabajo para el estudio ni para el esfuerzo físico, enajenado y enredado en afectos con grupitos de compañeros”. Y empezó a tener “amistades particulares” –como se le llama al homosexualismo en los seminarios–. Se ganó el mote de La Monja.
El obispo Guízar y Valencia “observó con cuidado” el sospechoso grupo que había formado su sobrino. Comenzó a llamar a uno por uno de sus integrantes para interrogarlos. Entre ellos estaba Julio Campos, “un joven despierto y de buena presencia”, y el también cotijense Rogelio Orozco, actual sacerdote en la diócesis de Cuernavaca.
El obispo interrogó también a Marcial y le dijo: “Pecas contra la castidad con tus amigos. Esa tendencia es inaceptable”. Marciel le contestó: “Nos reunimos para practicar la devoción al Sagrado Corazón”. También argumentaba: “Quiero formar un grupo de misioneros”.
No cejaba en su propósito de “formar su propio grupo donde pudiera dar órdenes, infundirles carácter y, por sobre todo, crear su fuente de ingresos”, escribe Espinosa Alcalá.
Pero el obispo decidió finalmente “separar la manzana podrida antes de que pudriera a las otras” y expulsó al sobrino de su seminario, en medio de una acalorada discusión con él. Para quitarle el enojo, el mismo Marcial le preparó al obispo un té, que éste bebió en la cama… y amaneció muerto. Persisten las sospechas de que Marcial lo envenenó.
En 1938, el joven consigue entrar al seminario de Montezuma, manejado por los jesuitas. Al año siguiente también lo expulsaron de ahí por la corrupción que provocó. Ningún otro seminario volvió a darle cabida. Marcial Maciel–se relata en el libro– tuvo que seducir sexualmente al obispo de Cuernavaca, Francisco González Arias, para que lo ordenara sacerdote sin haber concluido sus estudios de seminarista.
En la década de los cuarenta y mediante varias artimañas, siendo apenas un veinteañero, Marcial funda y consigue la aprobación del Vaticano para su “secta religiosa”: Los Legionarios de Cristo.
El ilusionista, de 250 páginas, sigue narrando de esa manera los actos de pederastia y drogadicción de Marcial Maciel, los sobornos que daba a los altos jerarcas del Vaticano, su admiración por Hitler y el nazismo, cómo seducía a viudas acaudaladas para esquilmarlas, la impunidad que le daba la protección papal...
Este “embaucador con disfraz de santo” –que hizo de la mentira su “obra de arte” y logró “hipnotizar” al mundo católico– había materializado así sus desquiciados sueños infantiles.
Impasse migratorio
J. Jesús Esquivel
Pese a la promesa del presidente Barack Obama, la reforma migratoria no es prioridad en la agenda de la Casa Blanca ni en la del Congreso. Los senadores Charles Schumer y Lindsey Graham apenas presentaron un “borrador” de proyecto de ley, pero pocos creen que podrá ser aprobado antes de las elecciones legislativas de noviembre próximo.
Washington.– Si el presidente Barack Obama incumple su promesa de empujar en el Congreso de Estados Unidos la aprobación de una reforma migratoria integral durante 2010, los votantes hispanos –cada día con mayor poder electoral– pueden frustrar la reelección del mandatario en los comicios de 2012, advierte Frank Sharry, fundador y director ejecutivo de America’s Voice, organización que aboga por humanizar las leyes de inmigración.
“Es posible que en 2010 no tengamos éxito en lograr una reforma migratoria amplia, pero no por ello vamos a dejar de luchar”, sostiene Sharry en entrevista con Proceso.
Junto con America’s Voice, otras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, así como corporaciones sindicales y hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos, advierten públicamente y en privado a la Casa Blanca y al Capitolio que los votantes hispanos tienen la firme determinación de dar su sufragio en las elecciones de 2012 al partido político o al candidato presidencial que ayude a la aprobación de la reforma migratoria, la cual –señalan– debe regularizar el estatus de residencia de los 12 millones de indocumentados que se estima viven desde hace más de 10 años en este país.
“Los inmigrantes latinos que ahora son ciudadanos y pueden votar no son estúpidos. Reconocen que este año el espacio político para aprobar una reforma es muy reducido. Pero si Obama no cumple su promesa por lo menos en 2011, él y el Partido Demócrata van a perder muchos votos”, subraya Sharry.
El borrador
El domingo 21, justo el día en que la Cámara de Representantes aprobó la reforma al sistema de salud –la prioridad en la agenda legislativa de Obama–, unas 200 mil personas pertenecientes a la comunidad migrante de Estados Unidos –ciudadanos, residentes legales e indocumentados–, llevaron a cabo una marcha pacífica en Washington, DC. Su propósito: exigir al presidente y al Congreso la aprobación lo antes posible de una reforma integral que detenga el trato de criminales que reciben los indocumentados.
Los manifestantes recordaron que Obama prometió empujar un proyecto de reforma migratoria durante los primeros 100 días de su mandato, iniciado el 20 de enero de 2009. No hubo tal. Por ahora, la Casa Blanca asegura que el presidente respalda el proyecto de ley que formularían los senadores Charles Schumer, demócrata por el estado de Nueva York, y Lindsey Graham, republicano por el estado de Carolina del Sur.
El viernes 19, dos días antes de la manifestación a favor de la reforma migratoria, Schumer y Graham dieron a conocer “el borrador” del proyecto de ley.
De acuerdo con ese documento, el proyecto tiene “cuatro pilares”:
1) Emitir tarjetas biométricas del Seguro Social, supuestamente a prueba de fraude. Los ciudadanos y residentes legales estarán obligados a usarlas para obtener empleo. Como los inmigrantes ilegales no podrán contar con ella, quedarán excluidos del empleo legal.
2) Fortalecer la seguridad en la frontera con México. Ello implica aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y financiar nuevos proyectos de infraestructura, como muros de concreto, barreras virtuales, equipo de rastreo y registro de cruce de personas en la frontera.
En este punto, el borrador pide que se apliquen en todo el país las leyes que permiten “arrestar y deportar” a los inmigrantes “que cometan delitos, que pertenezcan a pandillas o a grupos terroristas”. Y aboga por establecer “un sistema de registro de entrada y salida del país de personas que tengan visas, con el objeto de tener la garantía de que no se quedarán en Estados Unidos más del tiempo del que se les ha permitido”.
3) Crear un proceso para admitir trabajadores temporales destinados a sectores que requieran mano de obra calificada y no calificada.
Y 4) establecer “un difícil pero justo método” para legalizar a los 12 millones de inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en el país. Para ello, pide que se les otorguen tarjetas verdes de residencia, siempre y cuando “admitan que violaron las leyes migratorias, por lo cual deberán pagar una multa, tendrán que hacer servicio comunitario, pagar impuestos (atrasados), no tener antecedentes penales y hablar inglés”.
Estas mismas tarjetas verdes se podrán otorgar a personas que soliciten emigrar a Estados Unidos, siempre y cuando éstas obtengan un doctorado o una maestría en ciencias y tecnología de cualquier universidad estadunidense.
Eliseo Medina, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), asegura en entrevista con Proceso que el borrador del proyecto de ley es “positivo y cubre las partes básicas” de las necesidades migratorias. Sin embargo, considera que requiere algunos ajustes en las condiciones que establece para regularizar el estatus de residencia de los indocumentados, especialmente en el tema de las multas y pagos de impuestos atrasados.
Cuestión de prioridades
Existen muy pocas posibilidades de que el Congreso pueda aprobar en este año el proyecto de ley de Schumer y Graham. En la agenda legislativa de Obama otras son las prioridades, al menos hasta las elecciones de medio término que se celebrarán el próximo 2 de noviembre. Después de la reforma al sistema de salud –aprobada la semana pasada– vendrían las reformas financiera y energética y la creación de empleos, según dijo Robert Gibbs, vocero de la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa realizada el jueves 18.
En la Cámara de Senadores las perspectivas de éxito del proyecto de ley tampoco son alentadoras. Asesores personales de los senadores Schumer y Graham comentaron a este semanario que ambos planean presentar oficialmente la iniciativa a mediados de abril con el propósito de echar a andar el proceso legislativo, pero sin prometer que será aprobada en el transcurso de este año.
En este escenario, Sharry calcula que el proyecto de ley Schumer-Graham sería enviado al Comité Judicial del Senado a más tardar en mayo, por lo que el proceso de análisis, enmiendas y debates podría durar de uno a dos meses. “De ocurrir así, el proyecto de ley Schumer-Graham se sometería a votación en el pleno del Senado a mediados o finales de julio y puede ser aprobado hasta por 60 votos” de los 100 integrantes de la Cámara Alta, afirma Sharry.
Pero advierte: “Después de su aprobación en el Senado pasará a consideración de la Cámara de Representantes, en donde no creo que ocurra algo antes de las elecciones de noviembre. Pero hay posibilidad de que, una vez concluidas éstas, la legislación se someta a votación en el pleno, antes de que en enero de 2011 tome posesión la nueva legislatura”.
Por su parte, Medina –uno de los organizadores de la manifestación del domingo 21– sostiene: “Vamos a hacer todo lo que sea necesario para lograr la aprobación de una reforma migratoria amplia; yo sigo terco y lucharemos para que se haga algo antes de las elecciones de noviembre”.
En los comicios de este noviembre están en juego las 435 curules de la Cámara de Representantes y 36 de las 100 que integran el Senado.
“Si los demócratas no patrocinan el proyecto de ley antes de noviembre, una parte importante de los votantes de la comunidad hispana no van a votar por ellos y así aumentarán los riesgos para que los demócratas pierdan lugares en la Cámara de Representantes”, pronostica Sharry.
Medina advierte que se van a llevar a cabo nuevas manifestaciones masivas a nivel nacional para ejercer más presión sobre el Congreso. “No vamos a hacer distinción entre demócratas o republicanos, a todos les vamos a apretar las tuercas y con nuestros votos en las urnas en noviembre vamos a castigar a quienes se opongan a la reforma migratoria”, asegura.
Por lo pronto, las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes tienen programada manifestaciones el próximo 10 de abril en por lo menos 40 de los 50 estados del país. Asimismo, planean una marcha masiva para el 1 de mayo.
Medina adelanta que los manifestantes presentaran de manera pacífica sus demandas ante los legisladores republicanos y demócratas de sus respectivos distritos. Además, dice, las organizaciones que apoyan a los migrantes se van a comunicar directamente con todos los senadores y representantes –sean demócratas o republicanos– para actualizar una lista de los que apoyan o rechazan la reforma migratoria. Afirma que esa lista se hará pública con el propósito de que los votantes hispanos puedan “castigar a los candidatos que sean nuestros detractores o favorecer a los que nos quieren ayudar”.
America’s Voice calcula que sin una reforma migratoria amplia, aprobada por lo menos en el Senado ante de las elecciones del próximo 2 de noviembre, en esos comicios habrá un abstencionismo significativo por parte de la comunidad hispana.
“Los políticos en Washington no se han dado cuenta de la nueva realidad política del país. Aún no entienden lo importante que es, y lo será más todavía, el voto de los hispanos, quienes ya pueden castigar con su sufragio al presidente y a los congresistas”, sostiene Sharry.
En las elecciones presidenciales de noviembre de 2008, en las que Obama ganó al candidato republicano John McCain, 30% de los votos hispanos fueron emitidos por inmigrantes latinos nacionalizados estadunidenses.
De acuerdo con datos de America’s Voice, en esas elecciones 67% de los votos hispanos fue para Obama y 31% para McCain. Más: en cuatro estados –Nevada, Nuevo México, Colorado y Florida– Obama obtuvo el 75% del voto hispano frente al 25% de McCain. Del total de los votos hispanos emitidos en los cuatro estados, Obama ganó 45% de los sufragados por latinos nacionalizados, y McCain 40%.
“Hemos sostenido encuentros importantes con el presidente Obama. En ellos hemos tenido discusiones fuertes porque no nos quedamos callados y le exponemos abiertamente lo que la comunidad hispana y los inmigrantes quieren de él y de los demócratas”, sostiene Medina.
Y machaca: “El presidente dice que está comprometido con nuestra causa. Vamos a ver si eso es cierto ahora que ya logró la reforma de salud. En caso contrario, deben atenerse a las consecuencias, sea quien sea”. l
El arte de cruzar
Alejandro Maciel
Después de residir 20 años en San Diego, California, donde vivía con su esposa y sus hijos y tenía un negocio de jardinería, Eusebio Ramírez fue deportado a Tijuana. Durante cuatro meses lo intentó todo para regresar a su hogar: con engaños a los guardias en la garita de San Ysidro; con polleros ligados a narcos en el área de Nogales; con pandillas que se disputan a los migrantes y el control de las rutas de cruce fronterizo; con lanchas que parten de Rosarito y llegan a las costas de California...
TIJUANA/SAN DIEGO.- El 18 de octubre de 2009 la vida de Eusebio Ramírez dio un giro radical: después de comprar un auto en una subasta pública de San Diego fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza que, vestidos de civil, verificaban los documentos de los compradores. Como no pudo comprobar su residencia legal, fue deportado tras 20 años de haber vivido en Estados Unidos.
“Allá se quedó todo. Mi esposa, mis hijos, mi negocio de jardinería y todo lo que había construido”, dijo Eusebio a Proceso durante una entrevista realizada en enero pasado en la ciudad de Tijuana, donde se había refugiado en espera de una oportunidad para cruzar de nuevo hacia aquel país.
Pero pasaban los días y la suerte parecía estar en su contra.
Durante cuatro meses se enfrentó al hecho de que la frontera ha dejado de ser tierra de nadie para convertirse en patrimonio exclusivo de redes del narcotráfico que ampliaron su campo de acción al tráfico de personas.
Cuenta que fue deportado el 20 de octubre. Al día siguiente empezó a buscar la forma de regresar a Estados Unidos. Veinte años antes había cruzado por la zona del río en Tijuana; así que se dirigió hacia allá y se dio cuenta de que todo había cambiado. Ahora del lado estadunidense había lámparas como de estadio de futbol por todos lados, sensores de movimiento, agentes en motos, helicópteros y hasta perros.
Del lado mexicano, encontró a mucha gente que le advirtió que no se arriesgara a cruzar él solo, “no tanto por la migra, sino por los polleros que asaltan y secuestran a las personas que intentan aventurarse por cuenta propia”.
Mientras caminaba por la avenida Internacional de Tijuana encontró a cinco personas que se estaban poniendo de acuerdo para cruzar. “Pensé que esa era mi oportunidad. Así que me acerqué y les dije que yo también necesitaba cruzar”.
El grupo apenas se estaba formando. Un pollero recorría el bordo fronterizo reclutando a los aspirantes.
–¿Qué? ¿De a cuánto? –preguntó Eusebio Ramírez.
–Tres mil 500 (dólares), pero garantizado y sin peligro –dijo el pollero.
–Pero ¿por dónde vamos a pasar?
–Por sus narices.
Ensayo y error
En la zona peatonal de la garita de San Ysidro el procedimiento de revisión es siempre el mismo. Las personas que van a cruzar se forman a lo largo de 10 filas y en cada puesto de revisión el agente de Inmigración llama una a una a las de su hilera. Cuando le llega el turno a una persona, ésta debe entregar su documento de identidad al agente, quien lo pasa por un escáner y revisa en la pantalla de su computadora los datos del viajero.
–En esos dos segundos que el agente ocupa para bajar la vista y checar la pantalla es cuando vas a cruzar –le dijo el pollero.
Ensayaron todo el día en una casa donde había una réplica a escala del área de revisión de la garita: los puestos, uno casi frente a otro; los tubos que dividen las líneas y hasta los sitios donde se colocan los agentes.
Si el pollero colocaba su mano izquierda sobre el tubo izquierdo, quería decir que cruzarían por el carril inmediato a la izquierda. En cambio, si arrimaba su pierna izquierda al tubo, entonces eso significaba que cruzarían por el carril de la extrema izquierda.
Todo estaba listo para el viernes 23 de octubre a las ocho de la mañana. Ramírez y sus compañeros de grupo se formaron a las 7:30 horas y empezaron a avanzar lentamente. Había mil peatones haciendo fila y pasaban en grupos de 50. Los agentes seguían exactamente la rutina que le había dicho el pollero. “La clave es mostrarse seguro. Hay que actuar con toda normalidad, como si uno anduviera derecho”, le había recomendado éste.
Frente a Eusebio, en la línea, el pollero tocó con su pierna el barandal derecho. Es decir, iba a cruzar a dos carriles de donde se encontraba.
Eusebio sintió que todo el mundo lo miraba.
Fueron unos cuantos segundos.
“Las cosas estaban pasando exactamente como nos habían dicho. En el carril que me indicó el pollero, el agente estaba revisando los documentos de un hombre como de 1.60 de estatura. Yo mientras tanto, con toda seguridad pasé frente al agente. Seguí caminando. ‘Ya la hice’, pensé. Entonces, lo único que quería era caminar lo más rápido posible para salir y perderme entre la gente. Me faltaban cinco pasos para salir por la puerta, cuando escuché la voz del agente:
–¡Deténgase!
“Tuve mala suerte. Ya en el interrogatorio, el mismo agente dijo que alcanzó a verme con el rabillo del ojo porque la persona que él estaba revisando en ese momento era de muy baja estatura y yo, que mido 1.80, no podía pasar desapercibido. Cinco personas del grupo pudieron pasar. Yo fui el único que me quedé”, se lamenta Eusebio.
Zona exclusiva
Ese mismo día –23 de octubre– lo soltaron y el pollero le dijo que no habría otra oportunidad sino hasta dentro de 20 días, cuando se “enfriara” un poco la frontera.
Eusebio aprovechó para visitar a su familia en Sinaloa. Tenía más de 10 años sin verla. Se estuvo ahí hasta mediados de noviembre. Allá consiguió un contacto que le dijo que unos amigos podían cruzarlo por Nogales. El costo: 4 mil 500 dólares.
No lo pensó dos veces. El 22 de noviembre viajó a Nogales. Iba con su cuñado, Ramón Romero, quien decidió acompañarlo. Se instalaron en el hotel Montecarlo de esa ciudad. Ahí esperaron a que los polleros los recogieran.
Puntuales pasaron por ellos a las cinco de la tarde. Los cruzadores iban en una camioneta Explorer último modelo. “Desde que nos subimos nos dimos cuenta de que no estábamos tratando con los polleros de siempre. En el auto venían tres personas. Como éramos de confianza, porque conocían a nuestro contacto, empezaron a alardear:
“–Aquí no hay pedo. Nosotros nos mochamos con todas las policías. De quien hay que cuidarse es del Ejército, pero no le sacamos porque tenemos con qué defendernos –decían retadores mientras mostraban las R-15 que traían en el auto y las granadas de fragmentación que llevaban en varios compartimientos secretos.”
Los polleros los llevaron a una casa de seguridad en lo alto de un cerro, a unos cuantos metros de la frontera. Desde ahí se podía observar con facilidad cuando se acercaba cualquier auto o persona.
Había vigilancia día y noche, no sólo en la casa, sino también en la zona aledaña a la frontera.
“Tenemos más de 45 autos patrullando para asegurarnos de que nadie se pase de listo e intente cruzar por aquí. Esta zona es nuestra y el que quiera trabajar aquí tiene que pagar derecho de piso; si no, se atiene a las consecuencias”, comentó uno de los polleros a Ramírez.
Las “consecuencias” son obvias: aquellos que no respetan “la exclusividad” son levantados y desaparecidos. Los pollos, en cambio, son secuestrados y dejados en libertad sólo después de que sus familiares pagan un rescate de 5 mil a 10 mil dólares, o cuando éstos acceden a cruzar la frontera con un cargamento de droga que ellos mismos les colocan en sus mochilas.
“Era una casa normal. Sin lujos pero con todo lo necesario para habitar por días sin necesidad de salir. En las recámaras tenían costales de dinero y droga. En el piso de abajo había como siete personas que esperaban el momento para cruzar a Estados Unidos”, recuerda Eusebio.
–Está fácil. Vamos a cruzar por el desierto, y llegando a la carretera los va a recoger un americano. Él los va a llevar por carretera hacia Phoenix. En el retén de Tucson tenemos contactos. Así que, si todo sale bien, en dos o tres días vas a estar en San Diego –le aseguró el pollero.
En la entrevista con Proceso, Eusebio confiesa: “Yo, la verdad es que sí tenía miedo. Pensaba que en cualquier momento nos iba a caer el ejército y que en lugar de cruzar, a lo mejor hasta a la cárcel iba a dar”.
–¿A qué se van? A ver, ¿a qué se van al gabacho? –les preguntaba uno de los guardias que los cuidaba–. ¿Cuánto crees que puedes ganar, sin papeles y sin inglés? ¿200, 300 dólares a la semana? Mejor quédense aquí, con nosotros, estamos necesitando dos guardias. Cuélguense un cuerno (de Chivo) y se ganan
Eusebio cuenta que como él y su cuñado “eran de confianza”, tenían algunos privilegios. Así que pidieron a los polleros que les dieran “chanza de ir a comprar unas cosas para la pasada. Para nuestra suerte, accedieron sin mayores problemas”.
Los dejaron en el centro de Nogales y les dijeron que pasaban por ellos en una hora. Pero Eusebio y su cuñado corrieron a la central de autobuses y tomaron el primer camión que salió rumbo a Tijuana.
“¡Ahí vienen los pelones!”
Ya en Tijuana, ambos fueron directo a la zona norte. Les habían dicho que ahí podían encontrar a alguien que los podía cruzar por el cañón del Matadero, una zona agreste en la que abundan las pandillas.
–Ya saben –les dijo el pollero–; si se avientan solos, se arriesgan a que los levanten.
Se pusieron de acuerdo con éste: 3 mil dólares por cada uno. Y se prepararon para salir tres días después: miércoles 2 de diciembre.
Los polleros llegaron a medianoche. Iban en un Jetta gris, nada ostentoso. Ramírez y su cuñado subieron al vehículo. El conductor tomó rumbo al aeropuerto de la ciudad. Ya se estaban bajando del auto cuando el guía recibió una llamada.
–¡Pélense, que ahí vienen los pelones! –les dijo.
El guía no se refería a los soldados, sino a los miembros de una pandilla contraria que los habían visto y que se disponían a atacarlos. Lo que Eusebio y su cuñado no sabían es que los polleros habían roto las reglas: los estaban transportando sin que sus jefes lo supieran. Era un “trabajo independiente” y ellos estaban a punto de pagar las consecuencias. Se echaron a correr y corriendo llegaron al otro extremo del aeropuerto, donde se escondieron hasta el amanecer.
Hubo otro intento que cancelaron. Ya tenían todo arreglado para cruzar en lancha. A finales de diciembre fueron a Rosarito y de ahí se pusieron en contacto con otro pollero. Les dijo que no había problema, pero que había que esperar porque la lancha de esa noche ya estaba llena.
“Nos salvamos de milagro”, comentó Ramírez mientras respiraba hondo… En la mañana del 16 de enero Eusebio y Ramón leyeron en el periódico Frontera que la panga se había hundido y que se había ahogado una persona y otras nueve se encontraban hospitalizadas.
“Ya estamos desesperados. Todos los días nos estamos gastando unos 500 pesos en alojamiento, transporte y llamadas telefónicas y no vemos para cuándo pasar”, dijo Eusebio al reportero durante la entrevista realizada en Tijuana en enero.
El jueves 4, Proceso volvió a entrevistar a Eusebio. Esta vez en San Diego. Había logrado cruzar, pero lo había hecho de manera insospechada.
Contó que el pasado 15 de febrero, casi cuatro meses después de haber sido deportado, estableció contacto a través de una taquería en Tijuana con unos polleros estadunidenses que le aseguraron que cruzaría sin riesgo alguno.
Acordó pagar 5 mil dólares una vez que estuviera en la ciudad de San Diego. La operación se llevaría a cabo el 19 de febrero. “Era la primera vez que escuchaba esta forma de cruzar”, contó Eusebio.
Los polleros colocan un anuncio en los periódicos locales de Tijuana solicitando trabajadores para distribuir volantes en San Diego. Entrevistan a los candidatos en algún hotel local y ofrecen entre 12 y 15 dólares por hora de trabajo. La persona que resulta seleccionada debe tener auto y documentos para trabajar en Estados Unidos. Cuando llega la fecha acordada para trabajar, pasa a recoger los volantes a un domicilio en Tijuana, donde le dan las instrucciones para su reparto y le piden que por favor lleve a otro trabajador y que lo deje en un centro comercial de San Diego.
“El otro trabajador era yo”, dice Eusebio, pues su cuñado Ramón había desistido en su intento por cruzar la frontera y regresó a Sinaloa.
“Me entregaron una mica falsa y me dijeron que no le dijera nada a la persona que iba a manejar. Que le entregara la mica sólo un minuto antes de cruzar”, cuenta Eusebio.
Poco después de las 15 horas el empleado y Eusebio llegaron a la garita de San Ysidro y, cuando faltaba un auto para cruzar, Eusebio le entregó el documento. El oficial apenas miró los documentos y los dejó pasar.
Siguiendo las instrucciones, el conductor dejó a Eusebio en un centro comercial en Bonita, a unas
El conductor del auto nunca se enteró que había ayudado a cruzar a alguien de manera ilegal. l
Adictos al fracaso
Denise Dresse
El mismo guión. La misma obra. Las mismas escenas. Las mismas promesas vertidas. Los mismos compromisos firmados, con alguna que otra pequeña variante, o nuevos actores con nombres y apellidos distintos aunque los cargos sean iguales. Antes era Madeleine Albright y ahora es Hillary Clinton. Antes era el general Gutiérrez Rebollo y ahora es el general Guillermo Galván. Antes era Barry McCaffrey y ahora es Gil Kerlikowski. Antes era Ernesto Zedillo y ahora es Felipe Calderón. Pero la gran obra teatral de combate al narcotráfico continúa en la cartelera binacional, sin grandes cambios aunque se insiste en que “ahora sí” habrá un enfoque diferente, un reconocimiento de responsabilidades compartidas, un método distinto de encarar la lucha contra las drogas y la violencia que engendra. Pero en realidad no es así, y la reunión de alto nivel más reciente lo revela. Como lo sugiere Ethan Nadelmann en la revista Foreign Policy, en cuanto al tema de las drogas se refiere, México y Estados Unidos parecen ser adictos al fracaso.
Año tras año, cumbre tras cumbre, acuerdo tras acuerdo, las discusiones se desarrollan tal y como ocurrieron esta semana. Quizás los discursos se hayan vuelto más sofisticados o la encargada de pronunciarlos lo haga con mayor elocuencia, como es el caso de Hillary Clinton. Pero son versiones facsimilares de posiciones reiterativas. Son reuniones ceremoniales, convocadas para demostrar sensibilidad ante incidentes recientes –como los asesinatos de funcionarios consulares en Ciudad Juárez– pero siempre concluyen de modo similar. El espaldarazo estadunidense al presidente mexicano en turno, al que se congratula por su “valentía” y “compromiso”. La llamada solidaria desde la Casa Blanca. La lista acostumbrada de acciones conjuntas, acuerdos logrados, esfuerzos para combatir la oferta de drogas en México y limitar el consumo en Estados Unidos. La lista ampliada de los programas piloto que se echarán a andar, el flujo de armas que se controlará, los estudios sobre la drogadicción que se pondrán en marcha.
Incluso en estos días se habla de la “novedad” que incluye el “enfoque social” que se le dará a los recursos de la Iniciativa Mérida. Se enfatiza que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos han aprendido que no basta con enviar al Ejército o desplegar una estrategia puramente delincuencial en la “guerra contra el narcotráfico” y ahora la atención abarcará el desarrollo económico y social en las comunidades más afectadas por la violencia. Se subraya la inversión en el combate a la corrupción, en las reformas judiciales, en la atención integral a las comunidades fronterizas en ambas naciones. Pero en el fondo, no hay nada nuevo bajo el sol ni en Ciudad Juárez ni en El Paso ni en Tijuana ni en el Distrito Federal ni en Washington. Y por ello la recitación reciente suena tan hueca, tan cansada. Probablemente la reunión de alto nivel que acabamos de presenciar sea el preludio de un mayor involucramiento estadunidense –en términos de presencia, asesoría, equipo, entrenamiento y recursos– pero no entraña un viraje sustancial en la visión simplista y contraproducente que ha predominado desde hace décadas.
Esa visión desde la cual el combate al narcotráfico parte de premisas supuestamente inamovibles e incuestionables: la “guerra” contra las drogas puede ser ganada; Estados Unidos puede reducir la demanda de drogas y lo intentará; la respuesta real se halla en la reducción de la demanda y México si se lo propone puede lograr ese objetivo; la política antidrogas de Estados Unidos debe ser la política antidrogas del resto de América Latina; la legalización podría ser buena pero jamás ocurrirá.
Estas son ideas escritas en piedra, repetidas hasta el cansancio por funcionarios en ambos lados de la frontera, diseminadas por policy-makers estadunidenses y memorizadas por políticos mexicanos. Pero como lo ha sugerido Nadelmann, cada una de estas premisas puede y debe ser confrontada. Cada uno de estos argumentos puede y debe ser revisado. La futilidad de la guerra contra las drogas –librada como se hace hoy– es cada vez más obvia. Más evidente. Más dolorosa. Basta con mirar la tristeza ovillada en los ojos del rector del Tecnológico de Monterrey para confirmarlo.
La guerra contra el narcotráfico no ha mejorado la salud de México, la ha empeorado. No ha contribuido a combatir la corrupción, la ha exacerbado. No ha llevado a la construcción del Estado de Derecho, más bien ha distraído la atención que siempre debió haber estado puesta allí. No ha atendido el problema del crimen organizado, más bien ha contribuido a su enquistamiento y expansión. No ha encarado los problemas históricos de corrupción política y complicidad gubernamental, tan sólo ha ayudado a profundizarlos.
Y por ello llegó la hora de reflexionar seriamente en otras opciones, en otras alternativas, en otras maneras de pensar sobre las drogas y reaccionar ante los retos que producen. Como lo han sugerido distintas voces desde distintas latitudes y convicciones políticas, el curso más racional para México sería contemplar la legalización de la mariguana. Lo han propuesto expresidentes latinoamericanos como César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso en su estudio Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma. Lo han argumentado quienes piensan que la legalización de ciertas sustancias sería la manera de reducir los precios de las drogas y así proveer el único remedio a las múltiples plagas que provocan: la violencia, la corrupción, el colapso del andamiaje del gobierno en sitios como Ciudad Juárez y Monterrey.
México necesita demostrar la capacidad para determinar su propio destino y tomar decisiones que fortalezcan su seguridad nacional, promuevan su estabilidad política, construyan su cohesión social. Caminar en esa dirección entrañaría empezar un amplio debate público sobre la despenalización limitada como un instrumento –entre otros– capaz de desmantelar un mercado demasiado poderoso para ser vencido por cualquier gobierno. Significaría mirar y emular lo que han hecho otros países e incluso estados dentro de la Unión Americana, como California, donde avanza la despenalización. Pero implicaría, más que nada, reconocer nuestra propia adicción y lidiar con ella. El gobierno mexicano se ha vuelto adicto a una política antidrogas fallida que lo lleva a dedicar cada vez más recursos, más dinero, más armas y más tropas a una guerra que nunca podrá ganar. l
Dos presas de conciencia
Miguel Ángel Granados Chapa
En el feo, por suspicaz, lenguaje judicial esta es su identificación:
“Alberta Alcántara, o Alberta Alcántara Juan dijo ser mexicana, de veintisiete años de edad en virtud de haber nacido el veintitrés de enero de mil novecientos setenta y nueve, originaria y vecina de Santiago Mexquititlán, Amealco de Bonfil, Querétaro, con domicilio conocido en el Barrio Sexto: estado civil soltera, instrucción escolar de educación primaria, sin apodo, ocupación obrera de la fábrica Caltex; dos dependientes económicos, ingresos de aproximadamente cuatrocientos quince pesos semanales; hija de Pedro Alcántara Vicente y de Amalia Juan Regino: no afecta al consumo de alcohol, tabaco y drogas o enervantes; sin señas particulares; primera vez procesada, que pertenece a un grupo indígena pero habla y entiende perfectamente el idioma castellano.
“Teresa González Cornelio dijo ser mexicana, de veintidós años de edad, en virtud de haber nacido el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro; originaria de Francisco Saschmi, estado de México, y vecina de Santiago Mexquititlán, Amealco de Bonfil, Querétaro, con domicilio conocido en el Barrio Sexto; estado civil casada, con instrucción escolar de educación primaria; ocupación, el hogar, sin ingresos, sin dependientes económicos; hija de Paula Tomasa Cornelio Cirilo; no afecta al consumo de alcohol, tabaco y drogas o enervantes: como seña particular refirió una cicatriz de quemadura en el oído derecho; por primera vez procesada, que pertenece a un grupo indígena, pero habla y entiende perfectamente el idioma castellano.”
Estas dos mujeres, de habla hñahñú, fueron detenidas desde 2006 como “penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, … y contra servidores públicos…; además la primera, por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína…
“Por la responsabilidad del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, se impone a cada una de las acusadas, Alberta Alcántara o Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, las penas de veinte años de prisión y dos mil días de multa, equivalentes a noventa y un mil seiscientos veinte pesos…
“Se tienen por compurgadas las penas de un año de prisión impuestas a cada una de las sentenciadas… por el delito contra servidores públicos… y de diez meses de prisión impuesta a Alberta o Alberta Alcántara Juan por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína.
“Se condena a Alberta Alcántara o Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio al pago de la reparación del daño causado, por la cantidad de setenta mil pesos…”
Contra esa sentencia fue presentada una apelación ante el respectivo Tribunal Unitario de Circuito. Pero la semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó para sí, de oficio, la resolución del caso, y lo asignó a la ministra Olga María Sánchez Cordero. Horas antes de que se anunciara esta trascendental decisión judicial, el Senado de la República acordó instar a la Procuraduría General de la República a explicar su posición en este caso. En la misma sesión, el senador Pablo Gómez presentó una iniciativa de ley para amnistiarlas. Y el domingo siguiente, el 21 de marzo, el senador Manlio Fabio Beltrones, junto con el gobernador de Querétaro, José Calzada, hicieron a las reclusas una visita informal y conversaron con ellas, verja de por medio.
Acaso con esos mecanismos se pondrá fin al absurdo cautiverio vivido durante cuatro años por esas mujeres. Una tecera, Jacinta Francisco Marcial, detenida en las mismas circunstancias, procesadas por los mismos delitos, está en libertad desde el año pasado porque la PGR reconoció la insuficiencia de las pruebas y se desistió de acusarla en segunda instancia.
Todo comenzó –al menos formalmente, porque la defensa cree que el siguiente documento fue elaborado con posterioridad a su fecha, 26 de marzo de 2006– con la siguiente tarjeta informativa dirigida por Rolando René Robles Sánchez al agente del Ministerio Público federal en San Juan del Río, Gerardo Cruz Sevilla:
“Por medio del presente (sic) me permito informar a usted que el día de hoy, aproximadamente a las 9 horas se recibió una llamada cuya voz pertenecía a una persona del sexo femenino, quien manifestó querer realizar una denuncia de carácter anónimo por temor de verse involucrado (sic) en represalias en su persona o su familia, indicándome que en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de amelado (sic) acuden personas del estado de México a poner un tianguis de productos piratas en la plaza de dicho pueblo, entre ellas una persona del sexo femenino a la cual le apodan La Güera, de 28 años aproximadamente, quien es de complexión regular, de
La realidad era muy otra. Un grupo de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación –una corporación de vida efímera, que se extendió menos de 10 años, pero en ese lapso alcanzó triste y terrible fama– visitaron por su cuenta el tianguis referido en la población mencionada. Quizá sea verdad que allí se expenden productos pirata y acaso sea también cierto que se distribuye droga. Pero no era el ánimo de impedir esos delitos o castigar a sus perpetradores lo que movía a la media docena de fornidos y armados agentes. Iban, como seguramente acostumbraban en las poblaciones apartadas, a extorsionar a los comerciantes y aun a la clientela de esos mercados populares.
Pero encontraron resistencia. Algunas personas aceptaron pagar una cantidad porque las dejaran en paz, pero el conjunto de los tianguistas –unos 200 en total– se negaron no sólo a pagar la cuota exigida, sino que demandaron la devolución de lo indebidamente pagado, cuyo tenedor se había ya retirado a San Juan del Río. Cuando se condensó la resistencia popular, los agentes quedaron impedidos de moverse, hasta que se aceptó que alguno de ellos fuera en busca del dinero malhabido y lo devolviera a sus dueños. Así ocurrió y unas horas después de iniciado el incidente los miembros de la AFI se retiraron.
Pero se fueron ofendidos. De seguro les resultó imposible de aceptar lo que había pasado y resolvieron vengarse. Les ofreció la ocasión, al día siguiente del insólito suceso, la información y las fotografías acerca del mismo publicadas en la edición regional del diario queretano Noticias: “AFI secuestrado. Más de cien tianguistas de Santiago Mexquititlán lo retuvieron seis horas”. En la foto respectiva había una muchedumbre, pero en el primer plano, visibles por el azar de la captación periodística, tres mujeres: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. De haber sido verdad que el agente federal estuvo secuestrado, el hecho había sido cometido por una pequeña multitud. Pero los agraviados policías decidieron cargar su encono contra las tres mujeres. Inventaron, según todas las apariencias, el reporte sobre la denuncia anónima y a partir de allí montaron una averiguación previa de la que se derivó un proceso plagado de irregularidades y singularmente prolongado. Se extendió entre agosto de 2006 y noviembre de 2008, cuando que la Constitución establece que un juicio de esa índole no debe durar más de un año. La causa de la demora es que fue difícil hacer comparecer a los agentes, cuyo testimonio era la única pieza de acusación para el delito torpemente construido. Nadie en su sano juicio aceptaría que media docena de gorilones había sido reducida por tres menudas mujeres, veinteañeras dos de ellas.
La tercera, doña Jacinta, fue sentenciada antes que sus compañeras, el 21 de diciembre de 2008, y Teresa y Alberta, a quienes no llamamos doñas por su juventud, son unas muchachas, aunque una de ellas sea madre de su primogénito nacido en prisión el año pasado, lo fueron el 19 de enero de 2009. Sendas sentencias en las apelaciones, a cargo ya no de una defensa ineficaz y venal, sino del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ordenaron la revocación de los fallos y la reposición del procedimiento, así de torcidos habían sido los de la primera instancia en cada caso.
En septiembre pasado, después de que los casos fueron hechos públicos y se generó una presión social insoslayable, y de que Amnistía Internacional declaró a doña Jacinta presa de conciencia, la PGR anunció que en el proceso repuesto formularía conclusiones de no acusación respecto de ella, no así en relación con sus compañeras. Era incomprensible el diverso trato, porque los hechos de que se componía la acusación eran los mismos en los tres casos. Pero por lo menos la injusticia cesó, no se borró, en uno de ellos. En noviembre, en cambio, la PGR presentó conclusiones acusatorias y el 19 de febrero el juez cuarto de distrito, a quien se le había antes enmendado la plana, insistió en condenar a Teresa y Alberta. Sólo redujo muy tenuemente la pena de prisión.
Es probable que la atención social, reforzada ahora por el interés de algunos políticos en el caso, y la atracción del caso por la Suprema Corte de Justicia generen el espacio jurídico y político adecuado para que las dos presas de conciencia en el penal queretano puedan volver a sus casas, con su familia (que es una solamente, ya que Teresa y Alberta son cuñadas, pues esta última está casada con un hermano de aquella).
Pero aun si quedan pronto en libertad, como ocurrió ya con doña Jacinta, nadie podrá resarcirlas del rudo cautiverio que han padecido a causa de errores procesales inducidos por una intención, que parece regir los procesos enteros: se trata de castigar a quienes resistieron la extorsión, a quienes protestaron por la conducta delictiva de los agentes policiales que contaron para su desagravio con la complicidad del Ministerio Público en todos sus niveles, hasta llegar a la propia Procuraduría General de la República, que en este periodo tuvo dos titulares, Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, y el terco juez cuarto resuelto a penalizar una conducta que debería, en cambio, ser loable porque supone la defensa de la propia dignidad.
Ellos deberían padecer procesos por su ilegal conducta. l
Celulares: la estulticia como política
Ernesto Villanueva
Uno de los méritos de los gobernantes mexicanos es encontrar un problema a cada solución. No podía ser la excepción el establecimiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), una ocurrencia de cómo se gasta más el dinero público para resolver menos los problemas de la sociedad. En efecto. Veamos.
Primero. El 9 de febrero del 2009 el Congreso de la Unión aprobó una conspicua reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con lo que dio vida al Renaut y amplió la burocracia en la Secretaría de Gobernación. De esta forma, los usuarios de teléfonos celulares deben registrar su equipo y chip en las compañías telefónicas que les otorgan el servicio, so pena de que éste les sea suspendido sin posibilidad de reactivación. Esta decisión legislativa tiene un propósito loable: facilitar el combate a los delitos de extorsión, amenazas, secuestro y delincuencia organizada cometidos con el concurso de dichos aparatos. El quid del asunto reside en saber si esas medidas pueden ser los medios razonables para llegar a los fines buscados. Esto en realidad no es así.
Segundo. No es factible en el corto plazo adoptar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) como un localizador con tecnología satelital, en virtud de que esto haría sumamente costoso el servicio del celular, en perjuicio, paradójicamente, de la mayoría de la sociedad. Si se lograra que el gobierno federal (con los impuestos suyos y míos) absorbiera dicho costo, surgiría otro problema igual o mayor: que para la eficacia del GPS se requiere de un sistema cartográfico actualizado que no posee México. Y no sería como las Guías Roji que todos conocemos y que nos sirven para ubicar calles, sino un sistema que incluye los relieves del terreno y puede determinar si el celular se halla en un inmueble de un piso o en un edificio de 15 o 40 niveles, diferencia que, para propósitos de seguridad, puede representar la vida o la muerte. Hoy, sin reforma alguna, se utilizan las radio-bases existentes para efectos de identificación aproximada. Aunque tienen un menor nivel de precisión que el GPS, ayudan cuando hay voluntad de hacer cumplir la ley en casos de secuestro o extorsión.
Tercero. Supongamos que se reorientara el presupuesto para adoptar un sistema GPS y mantener un proceso permanente de cartografía en todo el país. Este esfuerzo presupuestal mayúsculo nada garantizaría. Se deja de lado la inteligencia del crimen organizado. ¿Se imagina alguien a un delincuente llamando de su propio teléfono celular para pedir un rescate? Es absurdo. Lo que generalmente pasa es que se utilizan los teléfonos celulares de las víctimas u otros robados. De modo que puede saberse quién es el propietario del teléfono del que se habla y cuál es su domicilio, pero esto poco ayuda a combatir los delitos de alto impacto.
Cuarto. Por si lo anterior fuera poco, se parte del supuesto de que los delincuentes son débiles mentales y que para sus quehaceres delictivos usan los teléfonos celulares convencionales de Telcel, Movistar u otros similares. No se toma en cuenta la existencia de la comunicación telefónica por internet, que es mucho más segura y confiable para no ser rastreada. Se trata de sistemas como Skype o Vonage, por citar dos ejemplos, donde no se requiere de número alguno. ¿Qué sucede además si el teléfono para el secuestro es europeo, estadunidense o de cualquier país distinto a México? Eso no es todo: Los datos personales de los titulares de los teléfonos celulares carecen de la mínima garantía de protección.
Como se puede observar, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil servirá sólo como un mecanismo que podría brindar seguridad psicológica a una reducida parte de la población. En épocas electorales es entendible que el Poder Legislativo busque reivindicar su imagen entre los gobernados, pero es injusto que se explote la ignorancia de nuestro pueblo, en este tema tan sensible para todos, dándole gato por liebre. Más que en carencias tecnológicas, el problema reside en la cultura de la corrupción e impunidad que prevalece, sin cuyo combate lo demás será siempre lo de menos.
Desde un punto de vista formal, los usuarios de celulares pueden recurrir al amparo contra esta medida restrictiva de los datos personales y del derecho a la vida privada de los mexicanos. Y es que, en realidad, será materialmente imposible que a los usuarios de celulares que no acudan al registro se les elimine el servicio e imponga la sanción de que jamás tendrán otro de esos aparatos a su nombre. ¡Por favor! Estamos en México.
Si no se garantiza lo básico, que es la seguridad pública, y si no se recupera el espíritu remunerador del salario mínimo, entre una enorme cantidad de pendientes, ¿se va a aplicar selectivamente la ley para afectar a los mexicanos, a la industria nacional y los empleos que genera, a las comunicaciones y a la libertad de expresión, sin que por ningún lado se vea un verdadero interés público superior que justifique tal medida? l
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