Acontecer Diario

Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

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Domingo 2 de mayo de 2010

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SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA

Colaborador Invitado / De súbditos a ciudadanos

La ex presidenta de México Unido Contra la Delincuencia crea una nueva organización para impulsar cambios en materia política. Debemos cambiar la forma de relacionarnos entre gobernados y gobernantes, pero esto no es un cambio mágico, hay que empujarlo

Colaborador Invitado

(2 mayo 2010).- María Elena Morera
Presidenta de Causa en Común, AC.


Los mexicanos ya no queremos ser víctimas, queremos ser sobrevivientes; no queremos ser súbditos, queremos ser ciudadanos.

Hace 8 años, cuando secuestraron a Pedro mi esposo, decidimos no quedarnos con los brazos cruzados como una víctima más; no teníamos la piel para ser víctimas por el resto de nuestras vidas, queríamos ser sobrevivientes, pasar del dolor y la desesperanza a la acción y a la esperanza de una vida mejor para nuestros hijos.

Comenzamos haciendo conferencias sobre prevención en las escuelas, así nos involucramos en México Unido Contra la Delincuencia, AC. Dirigí esta gran organización por 5 años, tuvimos muchos éxitos, también fracasos, dimos un poco y sobre todo aprendí mucho.

Al terminar mi periodo seguí con muchas inquietudes y nuevas ideas, tuve que decidir a dónde dirigir todo lo que había aprendido y, reflexionando por qué me apasionó tanto trabajar en seguridad y justicia, por qué le dediqué tantas horas de mi tiempo, me di cuenta que mi pasión es mover conciencias, despertar ciudadanos, reconciliar puntos de vista distintos.

Así es como después de una gran reflexión y trabajo con personas de pensamientos muy diversos construimos una nueva organización de la sociedad civil (OSC): Causa en Común, AC.

Una de las preguntas que más me han hecho es por qué una OSC más habiendo tantas, y la respuesta es sencilla: en México hay 19 mil 428 organizaciones. Esto es muy grave, en otros países como Argentina, con la mitad de la población, hay alrededor de 120 mil; en Chile, con la sexta parte de la población, hay 106 mil y en Estados Unidos tienen 2 millones.

Hacer una OSC o participar en una como voluntario nos acerca al problema del otro, crea capital social -que es lo más valioso de un país- y nos hace solidarios con el otro al involucrarnos en problemas a los que la autoridad no llega o donde la autoridad es omisa. La falta de OSC representa un enorme reto de política pública para un gobierno que se dice democrático.

Obviamente, por mi perfil, Causa en Común trabajará donde la autoridad ha sido omisa en rendirnos cuentas, donde la autoridad ha sido omisa en respetar el Estado de derecho, donde la autoridad no ha sido suficiente para formar ciudadanos responsables.

Todos sabemos cuando la autoridad no cumple con sus responsabilidades, pero rara vez aceptamos y queremos cumplir con las nuestras. Desde las simples, como no pasarnos un semáforo en rojo, no tirar basura en la calle, respetar una fila, pagar un impuesto, no comprar productos piratas o robados y denunciar los delitos, hasta otras como participar en la vida pública de nuestro país y contribuir con soluciones.

Participar en lo público a veces resulta complicado porque creemos erróneamente que esto le toca al gobierno, y no es así. Curiosamente 8 de cada 10 mexicanos perciben que los legisladores sólo legislan por lo que conviene a sus partidos (Mitofsky, 2010), el 50 por ciento considera que los políticos gobiernan mal, pero el 78 por ciento piensa que el gobierno es quien debe solucionarle sus problemas (Encurp, 2009). ¿Por qué si creemos que lo hacen tan mal, también creemos que ellos son quienes nos tienen que solucionar?

Debemos cambiar la forma de relacionarnos entre gobernados y gobernantes, pero esto no es un cambio mágico, tenemos que empujarlo. Ésta es una causa en común de muchas más que los ciudadanos debemos construir juntos para cambiar México.

Nuestra organización está exigiendo se lleve a cabo la reforma política. Con la conciencia de que un cambio no cambiará todo el engranaje político, exigimos la iniciativa ciudadana, la candidatura independiente, la reelección consecutiva de legisladores, que le bajen el dinero a los partidos políticos y que exista igualdad de género para el acceso a cargos de elección popular. Entonces los políticos tendrían más compromiso con nosotros que con las cúpulas de sus partidos.

Posiblemente algunos se pregunten por qué incidir en esto si la seguridad, el empleo o la educación son más importantes. Precisamente porque son más importantes necesitamos buscar mecanismos de incidencia real para entonces sí obligarlos a tomar decisiones. Nuestro sistema político hoy dificulta la toma de decisiones y no existe un castigo por la falta de ellas o por tomarlas erróneamente. La pregunta es si nuestros políticos tienen el tamaño para hacer una gran reforma y los ciudadanos para apoyarla.

Estamos pasando por una etapa difícil en el país: las autoridades de todos los niveles de gobierno están entrando en el discurso de seguridad o libertad. No lo permitamos, ningún país que se respeta puede hacer esto, necesitamos libertad con seguridad y esto sólo lo lograremos con más igualdad social, oportunidades de estudio y trabajo, equidad de género, etcétera.

Debemos reconstruir el tejido social entre todos, formando ciudadanos responsables y participativos, exigiendo que el poder nos rinda cuentas; autoridades, sí, pero también sindicatos corporativistas, monopolios y todos los grupos de poder que ven sus intereses por encima de los nuestros.

A esto los invito, a construir causas en común y a trabajar hasta lograrlas.

www.causaencomun.org.mx





¿A quién tengo que llamar ingenuo?'

Entrevista 'Show' y narco. Un bolerista mexicano lamenta que el Presidente tenga oídos y tiempo para Joaquín Sabina, y no para escuchar a sus gobernados

Silvia Garduño

(2 mayo 2010).- La invitación que hizo el presidente Felipe Calderón a Joaquín Sabina para comer en Los Pinos hirió en lo más profundo a un bolerista mexicano de 22 años de edad.

Conocedor y defensor del arte, historia y música mexicanos, Rodrigo de la Cadena -quien además de cantante, compositor y arreglista, sabe tocar seis instrumentos musicales- no comprende cómo el cantautor español que cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno federal fue invitado por Calderón a comer y a cantar a la sede presidencial; cuando él, junto con otros músicos, se dedican a promover la cultura mexicana y no obtienen esa clase de reconocimiento.

La impotencia de saberse ignorado lo impulsó a pagar una carta abierta dirigida a Calderón.

"¿Y yo cuándo, Sr. Presidente?", señalaba la misiva publicada en Reforma el 23 de abril.

"¿Qué tengo que hacer para cantar en Los Pinos, para cantar con usted, para que los medios me difundan, para ser reconocido?", añadía.

El 12 de abril, durante la visita que realizó al país como parte de su gira Vinagre y Rosas, Joaquín Sabina se refirió al presidente Calderón y su estrategia antinarco con las siguientes palabras:

"Calderón fue muy ingenuo, por decirlo de buena manera, cuando planteó esa batalla. Parece mentira que no supiera que la policía estaba completamente infiltrada y a sueldo, y parece mentira que no supiera que esa guerra no la puede ganar él ni la puede ganar nadie".

Lejos de que esta declaración provocara el descrédito del artista, el presidente Calderón, quien considera a Sabina como uno de sus cantantes favoritos, asistió a uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional y posteriormente lo invitó a comer y a cantar a la Residencia Oficial.

"El ingenuo era yo", concluyó Sabina luego de la velada amenizada por el mariachi de la Secretaría de Marina.

Rodrigo, quien ha representado a México en festivales de bolero en Cuba, Ecuador y Colombia, se queja de que él, como muchos artistas jóvenes que promueven la música y la cultura mexicana, no ha encontrado espacios suficientes de difusión.

"Me dolió mucho (que el Presidente invitara a Sabina). Fue el corazón lo que me obligó a hacerlo. Soy una gente sensible y cualquier persona que se meta conmigo es merecedor de mi descontento. Que se metan conmigo, con mi país, me duele.

"Ya que Presidencia le responda y que se pongan en ese nivel y en ese tenor, ¿entonces por qué no lo va a hacer con nosotros, que somos, primero, mexicanos? ¿A quién tengo que insultar para que me pelen? ¿Qué acaso tengo que criticar a mi gobierno, a mi Presidente, para ser escuchado? ¿A quién tengo que llamar ingenuo para que Presidencia me abra las puertas?", cuestiona el joven cantante, quien desde los 6 años de edad estudia en el Conservatorio Nacional de Música.

Hace unos días presentó su cuarto disco, titulado Un loco como yo, acompañado del compositor Armando Manzanero. Rodrigo se considera un romántico que, a contracorriente, lucha por revivir la época de oro de México y su cultura musical.

Según él, no está interesado en que lo patrocine nadie, ni en que el Presidente o alguna institución cultural se fijen en él, pero critica que en el marco del Bicentenario de la Independencia no existan espacios para los artistas que difunden la música mexicana y, por el contrario, se enfrenten a un largo y tortuoso camino burocrático para presentar su obra.

"Lo único que estoy exigiéndole al Presidente es legislación para que se trabaje en pro de nuestra cultura y que haya espacios y escaparates para artistas muy talentosos, muy capaces, muy jóvenes, como lo son muchos compañeros míos, y me incluyo, que tenemos la misión de llevar la promoción de nuestras grandes raíces, de José Alfredo, de Manzanero, de gente como Amado Nervo, que tengan una promoción en los jóvenes", comenta.

También lamenta que, a diferencia de otros países como Cuba y Panamá -donde se organizan festivales de bolero- en México no existan eventos de este tipo.

"Allá sí existen medios que nos permiten exponer; aquí la situación es complicada", añade.

Una solución, propuso, sería obligar a los establecimientos mercantiles a tocar al menos una hora de música mexicana en vivo, lo mismo que a las televisoras y radios comerciales.

Otra sería, quizás, que el presidente Calderón escuche más a los boleristas mexicanos, que las canciones y críticas de Joaquín Sabina.




Mensaje a Calderón

Desplegado publicado el pasado 23 de abril.




Paulette exhibe a la TV

Análisis Seguridad y medios. La lógica del rating determinó el papel de los medios en la cobertura de la desaparición y muerte de Paulette Gebara

Manuel Alejandro Guerrero

(2 mayo 2010).- En estas últimas semanas hemos atestiguado un nuevo "misterio por resolver" en nuestra vida pública: la muerte de Paulette en el estado de México. El caso, de entrada, ha tenido "valor noticioso" debido a las características de la pequeña fallecida, la clase social de los padres, el estado aparente de su propia relación, su círculo de amistades personales y políticas, y las innumerables contradicciones de una autoridad que, de acuerdo con lo que se puede leer en las redes sociales como Twitter, abona más a mantener la intriga que a mostrar visos de posible esclarecimiento de los hechos.

Por tanto, ante la pregunta de si el caso debía haberse cubierto, la respuesta ha de ser afirmativa. Sin embargo, aquí me interesa compartir una reflexión sobre las "lógicas" que hoy definen por un lado, el cómo -la forma de la cobertura- y por otro el para qué -las razones de interés público-, pues el ejercicio arroja luz acerca del lugar que ocupan los medios en la construcción del debate público en México. Una reflexión que los propios medios han dejado fuera de agenda.


Paulette en los medios


El seguimiento mediático del caso Paulette generó entre el 25 de marzo y el 19 de abril mil 967 notas en radio y televisión nacional abierta y en los canales de Milenio TV, Foro TV y Canal 28 (Cadena Tres), incluyendo tanto programas noticiosos, como los de revista y espectáculos.

Lo notable es que más del 90 por ciento de esta cobertura se compone de editoriales y comentarios a las -no pocas veces confusas- explicaciones de la autoridad y a las entrevistas y reacciones concedidas por los padres y otros actores involucrados en la historia. Asimismo, el material gráfico que han mostrado los medios -en este caso, tanto los impresos como los audiovisuales- ha sido por demás explícito. Esta forma de cobertura, desde luego, ha generado reacciones que oscilan entre la indignación por el "oportunismo mediático" (como dicen algunos) hasta defensas a ultranza de la libertad de expresión de los medios. Sea como fuere, en general el debate carece de marcos de referencia más amplios que permitan trascender este planteamiento disyuntivo.


Un modelo explicativo


¿Qué define la lógica de la cobertura hoy? Empecemos por lo elemental: sin importar, por ahora, si consideramos que los medios son arenas abiertas al debate plural (liberalismo), son instrumentos de socialización (funcionalismo), son mecanismos que responden -o están directamente manejados- por estructuras de clase (marxismo), o se componen de múltiples facetas de interacción e intercambios (postmodernismo), es necesario reconocer que las imágenes que nos muestran de la realidad no son la realidad. Las imágenes que los medios proponen de la realidad a partir de lo que ofrecen como "noticias" son el resultado de una tensión dinámica, y nunca resuelta, entre la lógica del proceso de producción de las organizaciones mediáticas (lógica económica), la lógica de las relaciones, formales e informales, entre las clases políticas y mediáticas (lógica política), y la lógica de editores y periodistas para definir lo que es "valioso" y de "interés público" (lógica profesional).

En México, por décadas la lógica política, caracterizada por el predominio de un poder fuertemente centralizado en el Ejecutivo federal, capturó a las otras dos al establecer relaciones de intercambio de beneficios por apoyos (de tipo clientelar y corporativo) con los medios y su personal, haciendo innecesarias la competencia y las reglas claras de mercado, pero también el desarrollo de un periodismo profesional. Los subsidios, los apoyos fiscales, la publicidad gubernamental, entre muchos otros aspectos, impidieron el pleno desarrollo de una lógica económica, al tiempo que la inexistencia de leyes de transparencia, el bajo nivel de tolerancia a la crítica, el "chayote" y otras compensaciones salariales desde el gobierno obstaculizaron la lógica profesional. Además, como últimos recursos de control desde aquella lógica política, se podía contar con las llamadas a las redacciones o con la Unión de Voceadores. Así, en el fondo, mucho de lo que definía los alcances y los límites del "valor noticioso" y del "interés público" para mostrar información en los medios dependía, en gran medida, de la lógica política.

La descomposición del viejo régimen en los últimos 15 años ha significado cambios notables en los medios nacionales, aunque en algunos estados simplemente ha federalizado el predominio de los ejecutivos locales sobre los medios. En los medios nacionales, la lógica política ha dejado de capturar a las otras dos, pues se ha gestado una situación de fragmentación que permite a los diversos medios establecer diferentes tipos de relación con los múltiples grupos en competencia.

Sin embargo, lo importante aquí es que la lógica económica ha ganado autonomía frente a la lógica política no debido a la gestación de nuevas reglas y normas de competencia (desde 2007 estamos atorados con la Ley de Medios y no se ve muy promisorio el futuro de la iniciativa de la ley de competencia), sino sobre todo por la pérdida de predominio del Ejecutivo federal como eje del sistema. Esta situación, entre otras cosas, favorece ahora la captura de espacios de la política pública por parte de medios poderosos. Pero ésa es otra historia.

En cambio, el retraimiento del predominio de la lógica política sobre la lógica profesional no ha traído aparejada una discusión amplia en -y desde- los propios medios sobre lo que debe significar hoy la práctica del periodismo, sus códigos deontológicos, el papel que debería jugar en la construcción de una sociedad más... (coloque el adjetivo de su preferencia: plural, justa, equitativa, democrática, tolerante, etcétera), o sobre lo que hoy debería significar el profesionalismo en la disciplina.

Esta situación tiene consecuencias directas en las formas en que se definen precisamente el cómo y el para qué de la cobertura.


¿En dónde notarlo?


Desde hace varios años festejamos en México la libertad de expresión en los medios como un gran triunfo frente a los oscuros años en los que el Presidente era "intocable", no se podía criticar en la televisión o la publicidad gubernamental le daba al régimen la sartén por el mango en su relación con los medios.

Sin demérito de casos excepcionales de periodistas y medios, en general, como panorama mediático en México se puede afirmar que este triunfo no es el resultado de una búsqueda o una reflexión consciente desde los medios sobre el papel que les correspondería jugar en la sociedad -¿qué agenda?, ¿qué interés público?-, ni de un debate abierto sobre el sentido del profesionalismo periodístico -¿qué prácticas?, ¿qué valores profesionales? El triunfo de la libertad mediática actual es más bien el resultado fortuito de la descomposición de una lógica política que antes se imponía a las demás.

Sin el debate (o con un debate arrinconado en unos pocos espacios) sobre el papel de los medios y el sentido del profesionalismo, la lógica económica impone la claridad de sus intereses en las formas de definir el cómo y el para qué de la cobertura.

Es por ello que ante situaciones extremas como la violencia del narcotráfico, o inesperadas como el caso Paulette, la celebración de la libertad de expresión encarna en la búsqueda frenética de rating. Ejemplos claros los hemos tenido de sobra, desde la sobrada exposición de material gráfico explícito que nos han mostrado en la televisión y en la prensa, la ligereza con que se ha señalado a culpables en la radio, hasta la desmesura de un programa de televisión que presentó a una médium para que, a través de ella, en vivo y a todo color Paulette explicara las condiciones de su muerte.

Pero no nos perdamos: hace cerca de 150 años Alexis de Tocqueville defendía los excesos de la libertad de expresión más por los males que prevenía, que por los bienes que acarreaba. El asunto no es si un tema se debe o no discutir, me inclino siempre por lo primero, sino "cómo" y "para qué" se discute.

Y hoy en México, al carecer de una reflexión y un debate al respecto desde los propios medios, lo que tenemos en el caso de Paulette, como en casi todos los de la vida pública, es la definición de la agenda, de lo noticioso y del interés público por parte de una lógica económica que impone, sin los equilibrios adecuados de una lógica profesional, la inmediatez de la venta y el rating.

El autor es coordinador del posgrado en comunicación de la Universidad Iberoamericana.




Cobertura

El caso Paulette generó entre el 25 de marzo y el 19 de abril mil 967 notas en radio y televisión nacional abierta.

Marzo 25	2
Marzo 27	2
Marzo 30	221
Abril 4	226
Abril 8	118
Abril 16	2
Abril 17	1
Abril 19	24

Fuente: datos del Proyecto de Investigación de Medios y Redes Sociales del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.




Así lo dijo

"El motivo de la investigación para nosotros tiene que seguir siendo la persecución de lo que parece ser un homicidio en circunstancias muy atípicas, en condiciones muy complejas".

Alberto Bazbaz
Procurador de Justicia del estado de México.








Comicios caros y conflictivos

Reportaje Elecciones 2010. Establecer un domingo electoral no generó los ahorros prometidos por la clase política ni evitó que la contienda en los estados se trasladara al Congreso de la Unión

Ernesto Núñez

(2 mayo 2010).- Homologar los calendarios electorales no cumplió los objetivos buscados en la reforma electoral del 2007: no generó ahorros, no acortó el tiempo efectivo de campaña y no contribuyó a propiciar un clima de mayor entendimiento entre los partidos políticos nacionales.

En noviembre del 2007 se publicó una reforma electoral que modificó nueve artículos de la Constitución, entre ellos el 116, lo que obligó a los estados a modificar sus leyes para establecer como día de su jornada electoral el primer domingo de julio del año correspondiente.

El Congreso argumentó, en la exposición de motivos del decreto publicado, que hacía suyo el reclamo social en contra de calendarios electorales dispersos, que motivaban la contienda permanente entre los partidos y las campañas largas y costosas.

"Esta medida es en respuesta a un justificado reclamo social derivado de la proliferación de procesos electorales locales en un calendario que comprende todos los años y varios meses dentro de cada año. Esa situación ha provocado el alejamiento ciudadano de las urnas, la erogación innecesaria de cuantiosos recursos públicos y la permanente actividad electoral de los partidos políticos, restando tiempo y posibilidades a la realización de otras actividades políticas inherentes a los partidos y sometiendo la relación entre ellos, y con las autoridades, a una tensión que perjudica el diálogo, la negociación y la deseable construcción de acuerdos", señala el documento.

En el 2008 las elecciones locales se desarrollaron en fechas distintas debido a que los congresos no habían hecho las reformas a sus constituciones. En el 2009, 11 entidades tuvieron elecciones el 5 de julio, concurrentes con la federal; Tabasco y Coahuila fueron a las urnas el 18 de octubre.

Es en el 2010 cuando se pone a prueba la efectividad de la homologación ordenada por el Poder Legislativo, pues 14 estados tienen elecciones el 4 de julio, y sólo uno (Yucatán) lo hará en fecha distinta (16 de mayo).

Contrario a lo que se buscaba, estos procesos costarán mil millones de pesos más que en los años anteriores comparables, sus campañas serán igual de largas y ya provocaron desencuentros entre los partidos.

Casi 30 millones de electores están convocados (lo que representa el 38 por ciento de la lista nominal del IFE); en 12 entidades hay cambio de gobernador; se renuevan otros mil 621 cargos por elecciones constitucionales, más 418 presidencias municipales que se eligen en Oaxaca por derecho consuetudinario. En Coahuila dos municipios tienen comicios extraordinarios.

El gasto que harán los partidos a nivel local y los institutos estatales electorales para organizar los comicios asciende a 3 mil 712 millones de pesos.

Los mismos procesos, celebrados entre 2004 y 2005, tuvieron un costo de 2 mil 544 millones de pesos. Es decir, en 2010 se gastarán mil 168 millones de pesos más.

No hubo ahorro; sobre todo si se toma en cuenta que la misma reforma electoral estableció un mecanismo de acceso a los medios electrónicos de comunicación en el que quedó prohibida la contratación de espacios publicitarios, lo que hasta antes del 2007 representaba el principal gasto de los partidos.

A diferencia de lo que ocurría en 2004 y 2005, los partidos no deben ni pueden gastar en medios de comunicación, pues el Instituto Federal Electoral administra los tiempos del Estado y ha generado ya un esquema de distribución de spots entre los partidos que compiten en cada entidad.

Durante el 2010, en los 15 estados con elecciones locales se transmitirán 46 mil 714 spots de 30 segundos con propaganda de partidos políticos; además de los que transmitirán el IFE y las autoridades locales para campañas de promoción del voto.

De los spots partidistas, 14 mil 463 corresponden al periodo de precampañas y 32 mil 251 a las campañas.

Además, los partidos políticos nacionales tienen previsto destinar a sus campañas locales parte del financiamiento público que recibieron del IFE en el 2010 para sostener sus actividades ordinarias.

Dicho financiamiento ascendió a 2 mil 910 millones de pesos; siendo el PRI (partido ganador en los comicios del 2009) el más beneficiado, con 930.3 millones de pesos.

En el caso del PAN, por ejemplo, su Consejo Nacional aprobó en enero destinar a las 15 campañas locales 137 millones de pesos (de los 735 millones que le asignó el IFE). Además, busca diferir una deuda adquirida en el 2009 para enviar otros 75 millones de pesos a los estados en donde sean más competitivos.


Campañas largas


Las elecciones locales del 2010 arrancaron desde enero y el periodo de proselitismo de partidos y candidatos será tan largo como hace seis años.

Si bien la mayoría de los códigos electorales estatales establecen límites a la duración de precampañas y campañas, no existe una regulación aplicable a todo el país, por lo que existen grandes disparidades de entidad a entidad.

Además, salvo el caso de Quintana Roo, las legislaturas locales no prohibieron que los precandidatos únicos hicieran proselitismo. En un escenario en el que la mayoría de los partidos evitaron las contiendas internas y designaron a candidatos únicos, las precampañas se convirtieron en periodos efectivos de campaña.

Así, en Chihuahua -por ejemplo- el priista César Duarte hizo una precampaña en solitario desde el 13 de enero hasta el 26 de febrero. Tuvo que suspender sus actividades públicas en el periodo "de intercampaña", y reanudó -ya en campaña oficial- a partir del 17 de abril. La campaña en Chihuahua concluye el 30 de junio, cuatro días antes de la jornada electoral. Es decir, su tiempo efectivo de proselitismo será de 120 días.

En Durango el tiempo es más largo aún. Tanto el priista Jorge Herrera Caldera, como el candidato de la alianza PAN-PRD-Convergencia, José Rosas Aispuro, estuvieron en precampaña del 15 de enero al 8 de marzo; su campaña oficial será del 12 de abril al 30 de junio. Días efectivos de proselitismo: 133.

Puebla es la entidad con los tiempos más extensos: 60 días de precampaña y 89 de campaña.

En contraste, otras tres entidades gobernadas por el PRI y con mayoría priista en sus congresos locales optaron por acortar los tiempos: Oaxaca (20 días de precampaña y 60 de campaña); Hidalgo (20 de precampaña y 50 de campaña) y Veracruz (32 y 49 días, respectivamente).


Confrontación


Si la reforma que estableció un día único de elecciones al año se proponía evitar "una tensión que perjudica el diálogo, la negociación y la deseable construcción de acuerdos", los comicios 2010 no representan una prueba de que ese objetivo se haya alcanzado.

Desde el 5 de enero la lideresa del PRI, Beatriz Paredes, advirtió al PAN: "es un año en el que hay que avisar a los competidores del partido azul que también les vamos a ganar".

Para entonces, el PAN y la Presidencia ya cocinaban su estrategia electoral del 2010: buscar acuerdos con la dirigencia nacional del PRD (encabezada por Jesús Ortega) para establecer alianzas electorales que impidieran más victorias del PRI, anticipadas por el poder de sus gobernadores y los triunfos conseguidos entre 2007 y 2009.

César Nava y Ortega, con intervención directa del presidente Felipe Calderón (quien sostuvo reuniones en Los Pinos con diversos aspirantes a las gubernaturas), negociaron alianzas en Durango, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Sinaloa y Quintana Roo (aunque en esta última entidad no prosperó la idea de un candidato común a la gubernatura).

En Durango y Sinaloa, PAN y PRD exacerbaron los ánimos priistas al optar por priistas en activo como candidatos: José Rosas Aispuro y Manuel López Valdez, quienes se registraron como candidatos de la alianza horas después de su renuncia al PRI.

En Oaxaca y Puebla también se postulan a ex priistas, aunque con una trayectoria de años fuera del priismo: Gabino Cué, quien por segunda ocasión busca la gubernatura de Oaxaca, y Rafael Moreno Valle, panista de nuevo cuño vinculado a la maestra Elba Esther Gordillo.

Sólo en Hidalgo la alianza logró postular una candidatura ciudadana: Xóchitl Gálvez. Sin embargo, su postulación revivió a Vicente Fox como factor de conflicto político. Su anuncio de apoyar a su ex comisionada de los Pueblos Indios provocó que el PT rompiera ésa y todas las demás alianzas, salvo la de Oaxaca.

La estrategia aliancista confrontó abiertamente al gobierno de Calderón con el PRI, que en febrero evidenció la existencia de un acuerdo firmado en octubre del 2009 que comprometía al PAN a no aliarse con el PRD en las elecciones para gobernador del estado de México, previstas para el 2011, a cambio del apoyo tricolor al paquete fiscal del 2010.

Un acuerdo similar se habría alcanzado para el caso de Oaxaca, aunque en éste no se hizo público ningún documento que confirmara el compromiso.

La revelación de estos acuerdos irrumpió en el arranque del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXI Legislatura, en el que las fuerzas políticas se habían comprometido a llevar a cabo una reforma política, una reforma fiscal, una ley de medios y cambios en materia de seguridad pendientes desde el 2008, cuando se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad.

Panistas y priistas se enfrascaron en un par de debates en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados (9 y 10 de marzo), donde se lanzaron serias acusaciones. El PRI advirtió a Calderón que los tiempos de la colaboración en el Congreso habían terminado.

En los días posteriores se fueron congelando, uno a uno, los grandes asuntos pendientes del periodo ordinario.

La reforma fiscal -prometida por todos los partidos en noviembre del 2009 tras la aprobación del Presupuesto- ni siquiera se puso sobre la mesa. La reforma política, que motivó iniciativas del Ejecutivo y todos los partidos, se pospuso hasta septiembre. La reforma laboral propuesta por el PAN el 18 de abril ni siquiera se discutió en comisiones.

La reforma a la Ley de Medios, en donde PAN y PRD lograron algunos acuerdos en semanas recientes, provocó la ira del PRI, pues Beltrones se quejó de que sus opositores querían llevar su alianza electoral al Senado. Finalmente, el tema también fue congelado y terminó enfrentando a panistas y perredistas.

La reforma constitucional en derechos humanos aprobada en el Senado -principal fruto de este periodo- fue cuestionada por el PRI en la Cámara de Diputados y quedó pendiente de ratificación.

En la última semana ambas Cámaras aprobaron reformas en seguridad nacional, secuestro, competencia económica, pederastia. Pero quedaron pendientes de ratificar en la colegisladora.

Desde el 27 de abril el diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo adelantó el motivo de los desacuerdos: "las reformas más importantes están secuestradas por el ambiente político electoral... en el PRI no hay voluntad de caminar hasta que no pasen las elecciones de julio".

El jueves 29, en las últimas horas del periodo ordinario, el PRI decidió asestar un golpe a Calderón, al agregar un artículo al dictamen de la Cuenta Pública del 2007 que reprueba el ejercicio del gasto público en su primer año de gobierno. La propuesta fue aprobada con 275 votos de todos los diputados de oposición presentes, incluso el PRD, que no pudo mantener el respaldo que había dado originalmente al PAN en este tema.




15 Estados con elección en el 2010*
1,633 Cargos en disputa
12 Gobernadores
506 Diputados locales
1,115 Alcaldes
29.9 millones de electores en lista nominal.

* 14 estados el 4 de julio y Yucatán el 16 de mayo.




Beatriz Paredes.
Si estamos juntos, no necesitamos de alianzas espurias. No nos aliamos con afanes destructivos, olvidando, como olvidan otros, cuando se acusaban unos a otros de toda clase de cosas...
11 de abril


Jesús Ortega.
Es lamentable que la presidenta del PRI pretenda entrar al debate político con ese tipo de expresiones grotescas, vulgares; da cuenta de su pobreza para establecer un debate de altura...
14 de abril


César Nava.
Creo que el tamaño de la reacción del PRI ante el avance de las alianzas es proporcional a su preocupación y a su miedo. No vamos a caer en provocaciones...
14 de abril




No hubo ahorro

Los comicios que se celebrarán este año en 15 estados del país costarán mil 168 millones de pesos más que en 2004-2005; es decir, un 31.46 por ciento de incremento.

(Cifras en millones de pesos).

	Elecciones anteriores	Elecciones 2010
Veracruz	$329	$594.5
Sinaloa	184.2	323.4
Puebla	271.1	283.3
Chiapas*	268.4	267.8
Hidalgo**	233.6	267.3
Baja California	191.6	251.2
Durango	107.2	241.1
Zacatecas	176.3	238
Chihuahua	153.2	235.3
Quintana Roo**	99.2	192.2
Tamaulipas	68.6	192.1
Oaxaca	174.8	185.2
Yucatán	97.5	184.3
Tlaxcala	108.5	164.3
Aguascalientes	81	92.2

Notas:

* Chiapas es el único estado en donde aparentemente hay una reducción en el gasto, aunque no hay cifras oficiales que lo confirmen. La estimación presentada fue hecha por la revista Voz y Voto en su edición de marzo 2010.

** En Hidalgo y Quintana Roo la elección anterior se llevó a cabo en 2005.

Fuentes:
Institutos estatales electorales: Aguascalientes 2010, Baja California, Chiapas 2004, Chihua- hua, Durango 2010, Oaxaca 2010, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas 2010, Tlaxcala, Veracruz 2004, Zacatecas.

Presupuestos estatales: Hidalgo, Yucatán, Veracruz 2010, Zacatecas 2010, Aguascalientes 2004, Tamaulipas 2004, Oaxaca 2004, Durango 2004.

Recopilación: Andro Aguilar.






Spots y días de campaña

El IFE distribuyó 46 mil 714 spots en radio y TV entre los partidos. La duración de precampañas y campañas varía en cada entidad.

Total de spots: 46,714

	Total de spots		Días de proselitismo
	Precampaña	Campaña	Precampaña	Campaña
Aguascalientes	912	2,088	38	58
Baja California	888	2,016	37	56
Chiapas	240	1,080	9	30
Chihuahua	1,792	2,700	45	75
Durango	1,272	2,880	53	80
Hidalgo	479	1,795	20	50
Oaxaca	1,080	2,160	20	60
Puebla	1,440	3,240	60	89
Quintana Roo	1,008	2,016	37	56
Sinaloa	768	1,728	32	61
Tamaulipas	864	1,908	36	53
Tlaxcala	888	2,016	37	56
Veracruz	768	1,764	32	49
Yucatán	960	2,160	40	30
Zacatecas	1,104	2,700	46

Nota: Los spots se reparten conforme a la siguiente regla: el 30 por ciento de manera equitativa entre los partidos contendientes y el 70 por ciento restante se distribuirán según la votación obtenida por cada partido en la última elección. Fuente: IFE.




Encuestas y campañas locales

Entrevista Elecciones 2010. Thomas Petersen: Presidente de WAPOR. Las restricciones a la actividad demoscópica pueden ser nocivas para el proceso democrático

Alejandro Moreno

(2 mayo 2010).- Hoy en día las encuestas son una característica común de los procesos electorales. No obstante, las regulaciones que se les imponen a estos ejercicios, en lugar de mejorar su calidad, la ponen cada vez bajo un mayor riesgo. De acuerdo con el presidente de la asociación mundial de encuestadores, el alemán Thomas Petersen, las restricciones excesivas a las encuestas atentan contra la democracia porque privan a los ciudadanos de su derecho de contar con información confiable, ese derecho fundamental de acceso a la información que, en el caso de las elecciones, incluye también a las encuestas.

"Las restricciones a las encuestas pueden dañar el proceso democrático porque limitan a la población en su derecho de contar con información científicamente válida, dejándola expuesta a fuentes poco confiables como son las interpretaciones puramente partidarias de la opinión pública o el rumor político", señala el también investigador del Instituto Allensbach para la Demoscopía.

Petersen vino a México hace unos días para asistir a dos eventos relacionados con las encuestas. En uno de ellos, organizado por el IFE, se dio a conocer un estudio que ese instituto hizo acerca de las regulaciones a las encuestas que hay en las 32 entidades del país y a nivel federal.

"Me sorprendió mucho enterarme de que haya tantas diferencias y tan grandes entre las leyes a nivel federal y las que se dan a nivel de los estados en materia de encuestas", comenta Petersen al respecto. "La situación aquí se ve mucho más complicada de lo que se observa en la mayoría de los países", añade.

El otro evento fue un congreso de investigadores de opinión pública organizado por el capítulo mexicano de WAPOR en la ciudad de Querétaro, al cual asistieron diversos encuestadores de América Latina.

Entre los temas abordados en ese congreso figuró la forma en que las autoridades han tratado de regular las encuestas, creyendo -equivocadamente según los encuestólogos- que con eso ayudan a los electores. De acuerdo con Petersen, esta tendencia hacia la regulación excesiva se da porque se tiene la creencia de que las encuestas influyen en la conducta de la gente.

"Por un lado es difícil probar que las encuestas influyen en los votantes", afirma, "pero aun si influyesen, ése no debiera ser un argumento para restringirlas, ya que nadie se atrevería en una democracia a restringir a los diarios o a los noticiarios antes de una elección porque podrían influenciar a los votantes. Tener acceso a la información siempre es mejor que no tenerlo, es un derecho fundamental en una democracia".

El estudio recopilado por el IFE llegó a la conclusión de que en 26 de las 32 entidades federativas del país se observa una "alta" regulación a las encuestas. Expertos en el tema aseguran que esto refleja más un intento de control político que una protección a los ciudadanos.

"Esto no pasaba ni en tiempos de Pinochet", afirmó en el citado congreso Carlos Huneeus, quien ha dirigido un centro de investigación por encuestas desde mediados de los años ochenta en Chile, al escuchar las distintas regulaciones vigentes en estados como Hidalgo, donde habrá elecciones en julio.

Para el presidente de WAPOR, las encuestas ofrecen la única información científicamente confiable acerca de lo que la gente opina y siente. Petersen afirma que es muy importante que éstas sean de calidad y que se mantengan con independencia de las interpretaciones de los políticos.

Para ello, las asociaciones como WAPOR, que defienden el derecho y la libertad de realizar y publicar encuestas, han establecido normas, códigos de ética y estándares de calidad para la profesión.

Para algunos encuestadores reunidos en Querétaro, incluido el propio Petersen, las regulaciones a las encuestas deberían ayudar a mejorar la calidad de la información; pero, en su formulación actual en varios estados del país parecieran tener un efecto contrario, al ser excesivamente restrictivas. Como resultado, esas regulaciones podrían perjudicar al ciudadano y, de paso, dañar a la democracia.




Qué es WAPOR

La Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública se fundó en 1948 y hoy reúne a miembros en más de 60 países, tanto de firmas comerciales como de centros de investigación y de instituciones académicas. Página electrónica: http://www.unl.edu/wapor/




Inglaterra: breves y baratas

Reportaje Elecciones 2010. Gran Bretaña va a elecciones generales el 6 de mayo con otros costos, tiempos y estilos de hacer campaña

Luz Romano

(2 mayo 2010).- ESPECIAL

LONDRES.- ¿Le gustaría que las campañas políticas en México duraran sólo un mes y fueran significativamente más baratas? ¿Le gustaría ver menos anuncios partidistas en la televisión y no tener que ver las calles inundadas de propaganda? Si es así, entonces simpatizará con el modo de elegir al gobierno en el Reino Unido.

La elección del Parlamento (y por lo tanto de primer ministro) en el Reino Unido -la sexta economía mundial- se convoca con apenas un mes de anticipación, bajo un marco legal que restringe fuertemente el costo de campañas, que al final resultan mucho más baratas que en México.

Para las elecciones del 2010, la Comisión Electoral estableció un tope de gastos de 19.5 millones de libras esterlinas por partido (aproximadamente 370 millones de pesos), cifra significativamente menor a los 651 millones de pesos que los candidatos presidenciales en México pudieron erogar en el 2006.

Mientras en la última elección los candidatos al Parlamento británico gastaron menos de 12 mil 500 libras cada uno (aproximadamente 237 mil pesos), en México a cada candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa se le autorizó un tope de gastos de campaña de 812 mil 680 pesos en los comicios del 2009.

La Comisión Electoral reparte entre los partidos elegibles apenas 2 millones de libras (unos 37.5 millones de pesos) por año. En el 2009, los tres principales partidos (Laborista, Conservador y Liberal Demócrata) recibieron cada uno financiamiento público por 457 mil libras (8.5 millones de pesos aproximadamente).

Para hacerse de fondos, partidos y candidatos buscan donativos y organizan eventos con simpatizantes. Las donaciones mayores a 500 libras esterlinas (9 mil 386 pesos) son fiscalizadas.

Hasta el 15 de marzo del 2010, la Comisión Electoral tenía registro de 367 partidos en la Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y País de Gales) y 46 en Irlanda del Norte, pero el gasto público en partidos no se dispara pues sólo los principales reciben financiamiento público.

Las elecciones inglesas son también más cortas. Una vez que el primer ministro pide a la reina disolver el Parlamento, la campaña corta inicia y ésta tiene duración de apenas un mes. La precampaña o campaña larga dura otros tres meses.

En México sucede lo contrario: las campañas son más largas y las precampañas más cortas.

La reforma electoral del 2007 redujo los tiempos de precampaña y campaña, pero no tanto como ocurre en democracias como la británica: las campañas oficiales duran 90 días para la elección de Presidente, Senado y Cámara de Diputados, y 60 días cuando sólo se renueva la Cámara baja.

En cuanto a las precampañas presidenciales, el Cofipe establece que comenzarán el mes de diciembre anterior a la jornada electoral de julio, con duración máxima de 60 días. Y en las legislativas intermedias se prevé iniciar en enero, con duración máxima de 40 días.

En Gran Bretaña el uso de pendones y las pintas en bardas está restringido. Las calles no lucen tapizadas con rostros de candidatos y logotipos de partidos.

El acceso a los medios de comunicación también está debidamente reglamentado y la difusión de propaganda política contrasta notablemente con lo que sucede en México.

Aunque en la reforma del 2007 se prohibió la contratación de espacios para propaganda política por parte de partidos, candidatos y terceros interesados, la política de spots persiste en México.

Ahora es el IFE quien distribuye los tiempos del Estado entre los partidos y autoridades electorales, pero la cantidad de mensajes aumentó considerablemente: mientras en el 2006 se difundieron poco más de un millón de spots en los seis meses que duró la campaña presidencial, en las intermedias del 2009 los impactos en televisión y radio llegaron a 23.3 millones entre precampaña y campaña (contando también los mensajes de las autoridades electorales).

Durante las campañas electorales en el Reino Unido, los anuncios de radio y televisión simplemente están prohibidos por ley, explica Nicholas Allen, catedrático del Royal Holloway de la Universidad de Londres. Más aún, las televisoras, tanto la estatal BBC como las privadas, están obligadas por ley a proveer una cobertura balanceada y sin sesgos partidistas.

"No se permiten los anuncios, por eso estas elecciones son tan diferentes a las estadounidenses, ¡gracias a Dios!", dice Allen.

Sin embargo, las televisoras tienen la obligación de ofrecer espacios gratuitos para la transmisión de programas especiales de los principales partidos políticos. Eso sí, los partidos deben pagar por sus costos de producción.

Según Allen, para el elector británico una campaña de un mes es más que suficiente, pues al final en las elecciones lo que se vota es la continuidad o la renovación de un gobierno.

"Las elecciones son una formalidad porque usualmente los votantes ya tomaron una decisión en los meses y años precedentes, ya que tienen mucho tiempo para hacer juicios sobre el gobierno y la oposición. Los electores deciden entre un gobierno en funciones y otro en potencia, los cuales son bien conocidos a través de los medios. El votante británico promedio tiene tiempo suficiente para formarse una opinión sobre Gordon Brown y el Laborismo, o sobre David Cameron y los conservadores", añade.

Finalmente, el estilo de campaña es muy distinto: nada de mítines multitudinarios ni reparto de enseres o despensas.

Lo que se estila son actos cerrados con un grupo reducido de votantes que hacen preguntas al candidato, recorridos por escuelas u hospitales y el envío por correo de algún panfleto para promocionar las propuestas. En las calles sólo se ven algunos anuncios espectaculares pagados por los partidos más grandes.



La cultura política





(2 mayo 2010).- Téngalo presente

RemesAméricas-Remesas para el futuro. Organiza el Banco Interamericano de Desarrollo. Ciclo de conferencias con Carlos García de Alba, Elizabeth Bagley, Heriberto Félix y Patricia Espinosa. Jueves 6 y Viernes 7, 9:00 horas. Hotel Presidente Intercontinental. Campos Elíseos 218. Polanco. Informes: 5246 0100, extensión 253.



Conferencias


The Role of the State in Public Policies: New Perspectives. Ponencia en inglés impartida por Patrick Le Galès. En el marco de los Diálogos franco-mexicanos sobre asuntos públicos. Lunes 3, 12:00 horas. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: dialogosfrancomex@gmail.com.


El pensamiento crítico y las ciencias sociales. John Saxe Fernández, Carlos Aguirre Rojas, Julio Boltvinik y Enrique Leff hablan de la crisis económica y ambiental, alternativas ante la pobreza y la situación del sistema capitalista. Martes 4 y Miércoles 5. 11:00 horas. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.


La importancia de la investigación cuantitativa en las ciencias penales. Participa Mauricio Padrón. Martes 4, 17:00 horas. Sala de Seminarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan Centro. Informes: 5487 1500.


Guía de forasteros. Ponencia a cargo de Margo Glantz. Dentro del ciclo La Academia Mexicana de la Lengua ante los centenarios de las Revoluciones. Martes 4, 19:00 horas. Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Informes: 4155 0530.


Derechos fundamentales. Participan Juan Silva Meza, Fernando Silva García, Lorenzo Córdova Vianelo, Miguel Carbonell, José Antonio Caballero Juárez. Jueves 6, 18:00 horas. Auditorio Alfonso Quiróz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan Centro. Informes: 5487 1554.




Convocatorias


¿¡Constitucionalizar democratiza!? A 200 años de la Independencia Nacional y a 100 años de la Revolución Mexicana. Invita al curso la Facultad de Derecho de la UNAM. Inicia Jueves 6. Informes: http://bit.ly/bRLxBi

La cultura artística en torno a la Revolución Mexicana. Diplomado del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Martes y jueves de 17:00 a 21:00 horas, 152 horas. Inicia 4 de mayo. Informes: www.esteticas.unam.mx.


Historia del nacionalismo en México. Convoca el Instituto de Investigaciones Sociales y la Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Curso impartido por Fernando Vizcaíno Guerra. Del 5 de mayo al 23 de junio, 17:30 horas. Casa de las Humanidades, Presidente Carranza No. 162, Coyoacán. Informes: 5554 8462, difhum@servidor.unam.mx y www.cashum.unam.mx.


Maestría y doctorado en estudios sociales con las líneas: estudios laborales, procesos políticos, economía social. Invita la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Informes: 5804 4794, mdes@xanum.uam.mx y poes@xanum.uam.mx.


Programa de becas Ciudad de México-China 2010. La Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México hace la invitación a enviar proyectos que apunten a concretar la relación entre los pueblos de China y México, en los sectores público, privado, académico y la ciudadanía en general. Informes: 5622 2195 o http://bit.ly/cGvwK5.




Foros


Daños colaterales. ¿La guerra contra las drogas criminaliza a los jóvenes? Participan Carlos Zamudio, Aram Barra y Gabriel Medina. Martes 4, 13:00 horas. Plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fray Servando Teresa de Mier No. 92, Obrera. Informes: 2166 6034.


Perspectiva de género en la política de drogas. Elsa Conde, Rosa Julia Leyva, Gezabel Guzmán, Mónica Gameros y Ana Paula Hernández. Plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Jueves 6, 13:30. División del Norte No. 906, Col. Narvarte. Informes: 2166 6034.




Libros


América del Norte en el siglo XXI coordinado por Arturo Oropeza García. UNAM. Especialistas de México, Estados Unidos y Canadá analizan las circunstancias sociopolíticas y económicas de la región en el nuevo siglo.


Directorio Congreso Mexicano 2009/2012 coordinado por Jorge Alcocer V. Nuevo Horizonte Editores. Información de cada uno de los legisladores del actual Congreso de la Unión, clasificados por entidad federativa y distrito.


La Revolución Mexicana: actores, escenarios y acciones de Álvaro Matute. Océano. Conjunto de ensayos en los que el autor recrea y analiza los pormenores, con claroscuros y peculiaridades, de este periodo coyuntural que continúa en el centro del debate nacional.


Protección de datos personales. Alonso Editores. Compendio de lecturas y legislación en el tema a cargo de la Cámara de Diputados, Instituto Federal de Acceso a la información y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.


¿Puede llegar a justificarse la tortura? de Claux Roxin. Inacipe. Conferencia magistral donde el autor alemán plantea situaciones límite para responder a los cuestionamientos de la legitimidad del Estado para ordenar la tortura.


Reconstruir a México en el siglo XXI de Sergio Zermeño. Océano. Ensayo que retrata con datos duros la situación de México desde los ochenta hasta la crisis mundial de 2008. Promueve una vía de reconstrucción social y estrategias de acción para detener el deterioro del medio ambiente.


Situación de la democracia en México coordinado por Gustavo Ernesto Emmerich. UAM. Investigación académica sobre la situación de la democracia en México. Participan Víctor Alarcón, Pablo Javier Becerra Chávez, Jessica Bedolla, Raúl Benítez Manaut, Enrique Cuna Pérez, entre otros.


Vaivén del poder de Manuel Fuentes Bove. Programe. Recopilación de artículos publicados en la última década en Reforma y el blog hombresdepoder.com en torno a los temas ineludbles de la política en México. Informes: confrontaciones@hotmail.com.




Presentaciones


Reforma Constitucional de 2008 en materia penal y de seguridad pública. Variaciones críticas de Raúl Carrancá y Rivas. UNAM. Participan Ruperto Patiño Manffer, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, Ricardo Franco Guzmán, Juan José De Jesús Naveja Macías y Betty Zanolli. Martes 4, 9:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria. Informes: facultad@derecho.unam.mx.


Atlas conmemorativo 1810, 1910, 2010 de Reynaldo Sordo Cedeño y María Julia Sierra Moncayo. Siglo XXI. Registro de la historia nacional y su ubicación cartográfica. Jueves 6, 10:00 horas. Patio Central del Senado de la República. Xicoténcatl No. 9. Centro Histórico. Informes: 5345 3000, ext. 3412.




Revistas


Iter Criminis. No 14. El reconocimiento de inocencia en México, la justicia para adolescentes, el lavado de dinero y los casinos, la prevención del delito, la acción penal privada y el control social son abordados en este número de la revista editada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.


Isonomía. No. 32. Publicación del ITAM enfocada al estudio del derecho. Textos de Giuseppe Zaccaria, Enrico Zoffoli, Paula Gaido, Ricardo A. Guibourg Ronald Dworkin, entre otros.


Nexos. No. 389. Esta edición dedica su portada a la situación de la clase media en México. Textos de Luis Rubio, Luis de la Calle, Federico Reyes Heroles, Jesús Silva-Herzog Márquez y Leo Zuckermann, entre otros.


Voz y Voto. No. 207. Segundo análisis de los escenarios en entidades que celebrarán comicios este año. Textos de Jaqueline de la O, Lucía Irabién, Manuel Chávez Ramos, Enrique Carbonell, entre otros.




Seminarios


La historia y la memoria: la frontera insumisa por Ilán Semo. Cuarta sesión del seminario ¿Hay una nueva ciencia social en México? Lunes 3, 17:00 horas. Sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.


Asociacionismo y ciudadanía migrante. Cuarta sesión del seminario Migraciones internacionales, expresiones de las inequidades mundiales. Participan Katrina Burgess y Judith Boruchoff. Viernes 7, 11:30 horas. Transmitido por videoconferencia desde el Colef de Tijuana a través de www.colef.mx.


"Corte y Pena" Acteatl. Seguimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imparte Javier Cruz Angulo Nobara. Coordinan María Elena Fierro y Manuel Mejía Garza. Viernes 7, 16:00 horas. Sala de seminarios del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 y luis.rivero@cide.edu.


Si desea difundir alguna actividad de cultura política comuníquese al 5628 7245; correo electrónico: enfoque@reforma.com


Contra la impunidad militar

¿Por qué votó así?

Octavio Ortega

(2 mayo 2010).- Ricardo Monreal Ávila
Principio de elección: representación proporcional.
Estado: Zacatecas.


Para el senador Ricardo Monreal las reformas a la Ley de Seguridad Nacional aprobadas el martes por amplia mayoría en el Senado de la República son una estrategia para evitar que en el futuro se juzgue al presidente Felipe Calderón y al Ejército por la muerte de civiles en la guerra contra el narcotráfico.

"Lo que en el fondo subyace es el temor de que al gobierno mexicano, y en sus facultades unipersonales al presidente de la República, se le juzgue por genocidio en el futuro, junto con el Ejército", acusa.

El ex gobernador zacatecano explica que la ley aprobada con 105 votos a favor, una abstención y un voto en contra (el suyo), busca distribuir la responsabilidad de los operativos militares.

"Está corresponsabilizando a los estados y municipios de la presencia militar porque están generándose, como ellos dicen, daños colaterales muy graves: violaciones a los derechos humanos que todos los días se están denunciando. El Ejército exigía tener un marco jurídico y no cargar toda la culpa de una estrategia torpe, fallida y que es un fracaso", denuncia.

El coordinador del PT en la Cámara alta asegura también que las modificaciones preparan el terreno para el futuro regreso del Ejército a sus cuarteles.

"Aún aceptando sin conceder que fuera el 10 por ciento de inocentes los que han caído en la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada, son más de dos mil ciudadanos, hombres, mujeres y niños inocentes que han muerto. Con dos mil a cualquier gobierno puede considerársele genocida y ahora lo que intentan es cargar la responsabilidad también al Senado", detalla.

El también presidente de la Comisión Jurisdiccional del Senado reconoce avances en la modificación, pero la considera incompleta pues dejó de lado lo relativo al fuero militar.

"Mi voto fue en contra porque es un parche a la Ley de Seguridad Nacional. Debió haberse hecho una nueva legislación, más integral, y sobre todo el haber omitido tratar el fuero militar. Hubiese sido la oportunidad más importante en la historia del país para limitar el fuero", detalla.

Para Monreal Ávila el anuncio del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que en cuatro meses se entregaría una iniciativa de reforma en materia de fuero militar fue una presión para que se aprobaran los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.

"La presencia aquí de Gómez Mont tuvo efectos", apunta.

El 22 de abril Gómez Mont acudió a Xicoténcatl, donde sostuvo reuniones con senadores del PRD y encuentros privados con los coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PAN, Gustavo Madero.

"La presión es tan fuerte con los coordinadores que pocos pueden mantenerse, todos se doblan, incluyendo a la izquierda, aquella que está agraviada por el pasado, la persecución de sus dirigentes y militantes, parece ser que eso quedó en el olvido", añade.




Así lo dijo

"El propósito no es la seguridad, el propósito es exculparse del juicio de la historia como genocidas y eso no se lo van a poder quitar".




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REVISTA PROCESO No. 1748


Los narcodecomisos de ida y vuelta
Patricia Dávila
El poder del narcotráfico no se agota en las armas y el ejercicio de la violencia ni en su capacidad corruptora. Con ganancias anuales estimadas en 40 mil millones de dólares, según el propio gobierno federal, su fortaleza está en los vastos recursos de que dispone para sus actividades criminales y que, hasta ahora, apenas han sido tocados por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y lo que es peor: los cárteles de la droga han recuperado legalmente buena parte de lo que se les incautó en la última década. Una investigación de Proceso revela la incapacidad gubernamental para llevar su guerra contra el narco fuera del ámbito militar y aplicar inteligencia financiera contra el lavado de dinero.

El combate contra el lavado de dinero producto del tráfico de drogas es otro flanco perdido en la guerra contra el narcotráfico: en una década, el gobierno federal ha intervenido tan sólo 55 empresas, pero ha tenido que devolver 24 a sus propietarios, según registros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Sin embargo, de acuerdo con datos de diversas fuentes oficiales, los capos han logrado recuperar por lo menos otras nueve empresas más. Es decir, el narco le ha ganado al gobierno en 60% de los casos. La organización delictiva más beneficiada ha sido el cártel de Sinaloa.
En estos 10 años, el gobierno vendió 69 mil 870 bienes muebles e inmuebles asegurados al narco, por los que obtuvo cerca de 900 millones de pesos. La cifra no llega ni a 7.2% de la fortuna de mil millones de dólares atribuida a Joaquín El Chapo Guzmán Loera por la revista Forbes en marzo de 2009, cuando lo incluyó como uno de los hombres más ricos del mundo. Si se compara con las ganancias anuales de todos los cárteles de la droga que operan en México, calculadas en 40 mil millones de dólares por el propio gobierno federal, equivale apenas a 0.18%.
La información del SAE contrasta con la obtenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde 2002 incluye en sus bases de datos a 116 empresas mexicanas sospechosas de mantener vínculos con cárteles y de realizar actividades de lavado de dinero. De éstas, el gobierno mexicano sólo ha asegurado ocho, pero ha devuelto siete a sus propietarios, aun cuando forman parte de esas organizaciones delictivas.

Transparencia obligada

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 30 de septiembre de 2009 Proceso solicitó al SAE una lista de los bienes muebles e inmuebles y empresas aseguradas o decomisadas al narcotráfico desde 2000.
Más específicamente, este semanario pidió que los datos se entregaran desglosados por año, con descripciones detalladas de cada uno de los bienes, el nombre de las personas a quienes se les incautaron, fecha y lugar de aseguramiento, cárteles implicados y valor real del bien.
En el caso de los que fueron vendidos, también se requirió al SAE el nombre del adquiriente, la fecha y el monto de la venta, así como la relación de los bienes que no han sido subastados y su estatus legal. Se pidió que se especificara cuáles fueron devueltos a sus propietarios, lugar y fecha de la restitución y el motivo de ésta. En el caso de las empresas, se solicitó además la razón social y el giro comercial.
Ese mismo día, la Unidad de Enlace del SAE asignó a la solicitud el número de folio 0681200020209. Casi dos meses después, el 27 de noviembre, esa entidad respondió de manera “negativa” a la petición. El argumento: la información requerida se consideraba “reservada” o “confidencial”.
El SAE se basó en los artículos 44 y 35 de la Ley de Transparencia para determinar que “proporcionar los datos relativos a montos pondría en desventaja al SAE, pues impediría maximizar el precio de venta y reducir gastos administrativos”. Además, argumentó que la difusión de esa información “puede obstruir las acciones de verificación del cumplimiento de leyes de prevención o persecución de delitos o de impartición de justicia”.
También advirtió acerca de los inconvenientes de identificar bienes asegurados que revelarían “datos de carácter personal”, es decir, “que se encuentren sujetos a un procedimiento jurisdiccional que incide en la esfera jurídica de una persona física”.
El SAE solamente aceptó entregar a Proceso tres listas con información “parcialmente reservada y confidencial” que incluía una relación de bienes muebles e inmuebles, así como de empresas, y su procedencia, la fecha de aseguramiento, la fecha en que fueron entregados a la administración del SAE y el estatus jurídico en que se encuentran. Sin embargo, ni siquiera toda esta información estaba completa en la mayoría los casos.
Debido a la negativa de información del SAE, el 11 de diciembre de 2009 Proceso interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que fue admitido el 7 de enero último con el número de expediente 5908/09. Tras una solicitud de ampliación del plazo para resolver, el pasado 7 de abril el IFAI ordenó al SAE difundir el monto de los muebles e inmuebles, incluyendo empresas, decomisados al narcotráfico y que fueron enajenados entre 2000 y 2009.
La resolución elaborada por la comisionada del IFAI María Elena Pérez Jaén desecha los argumentos del SAE para reservar la información, porque hacer público el monto en que se vendieron esos bienes decomisados al crimen organizado ya no puede afectar el acto de presentación de ofertas por el cual se determinó el precio para lograr la recuperación económica.
Así, el 8 de abril, Proceso tuvo acceso a la totalidad de la información proporcionada por el SAE.
De los 69 mil 870 bienes asegurados que han sido subastados por el SAE entre 2000 y 2009, la mayor parte corresponden al sexenio de Vicente Fox: se liquidaron 59 mil 298 por la cantidad de 676 millones 120 mil 533 pesos. En cambio, durante los tres años y medio que lleva la “guerra” calderonista contra el narcotráfico se han enajenado 10 mil 572 bienes por un monto que apenas alcanza los 185 millones de pesos.
Los años que más decomisos registran son 2002, 2003 y 2004, con 26 mil 990, 11 mil 751 y 11 mil 881 bienes, respectivamente. De acuerdo con las cifras de venta reportadas, en 2002 se obtuvieron los mayores dividendos: 227 millones de pesos. En 2003 la suma fue de 102 millones, y de 145 millones de pesos en 2004.
En 2001 se reportaron 5 mil 552 decomisos con ingresos por 160 millones de pesos. Ese año se efectuó la transacción más alta realizada en la década: el 28 de diciembre fue vendido en 32 millones 200 mil pesos el buque atunero Macel, interceptado meses antes por la Secretaría de Marina en el puerto de Manzanillo, Colima, cuando transportaba 9.5 toneladas de cocaína con valor de 80 millones de dólares. Según la Procuraduría General de la República, el Macel formaba parte de la red de transporte empleada por Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, para traer cargamentos de droga desde Colombia.
En el listado de bienes asegurados y vendidos de 2000 a 2009 aparece la venta de 5 mil 96 vehículos (automóviles, camionetas y tractocamiones), con precios que van de 170 mil a 650 mil pesos por unidad; 70 aeronaves y 238 embarcaciones; yeguas finas de la raza friesian vendidas entre 70 mil y 90 mil pesos; equipos y accesorios para celulares y radiocomunicación; enseres para el hogar (ornamentos, recámaras, electrodomésticos y aparatos electrónicos como televisores, videocaseteras y videojuegos), y hasta ropa interior y pistolas de juguete.
De acuerdo con la lista proporcionada por el SAE, los 69 mil 870 bienes muebles enajenados fueron adquiridos por 3 mil 471 compradores, de los cuales 359 son empresas. Del resto, 130 compras las hicieron varias presidencias municipales de los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Morelos, Zacatecas, Culiacán y Oaxaca. Otras seis transacciones corresponden a los gobiernos de Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Veracruz. Las demás fueron hechas por particulares.
En el apartado correspondiente a la venta de inmuebles, el SAE señala que de 2006 a 2009 se vendieron a valor de “mercado” tres departamentos localizados en el Distrito Federal, así como cuatro casas en Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí, y un terreno urbano en Sinaloa. La suma de las ocho transacciones es de 34 millones 540 mil 742.81 pesos.

Usted disculpe

De acuerdo con el Anexo 1 entregado a Proceso, que contiene la relación de los 22 mil 285 bienes muebles asegurados y decomisados en administración, el gobierno federal ha reintegrado 4 mil 582 y tiene pendientes de devolver mil 599.
Dentro del mismo listado destacan 9 mil 17 aseguramientos de dinero en efectivo, tanto de moneda nacional como de dólares estadunidenses. El SAE no determina el monto total decomisado en cada intervención; sin embargo, de la información proporcionada se desprende que el gobierno federal ha perdido 3 mil 186 casos, en los que ha debido reintegrar el dinero.
Los seis estados en que se ha realizado la mayor parte de los decomisos son el Distrito Federal; Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chiapas, Baja California, Veracruz y Chihuahua. En donde menos se decomisa es Tlaxcala, con 33 operaciones, y Morelos, con 28.
En el anexo 2, el SAE revela que ha recibido mil 201 bienes inmuebles para su administración, de los cuales, 10 se encuentran en posesión de terceros, 14 en uso del propio SAE, mientras que 31 se han dictaminado para devolución (tres ya se han regresado). El resto permanece bajo resguardo del SAE en tanto se define su estatus.
Aquí sobresalen casas habitación, terrenos, departamentos, edificios, ranchos y locales comerciales. La mayor parte de los mil 201 inmuebles ha sido asegurada en los estados de Sinaloa, Jalisco, Sonora, Baja California Sur, Distrito Federal y Colima, que suman 936 decomisos.
En un tercer anexo, el SAE proporciona una relación de 31 empresas que se encuentran “aseguradas, decomisadas en administración” entre 2000 y 2006. En lo que va de la administración de Felipe Calderón, esta entidad no ha recibido negocios decomisados al narcotráfico.
El SAE asegura que desconoce la procedencia de los bienes, “así como si se encuentran relacionados con algún cartel del narcotráfico”. Sin embargo, de acuerdo con información de Proceso, al menos 23 casos están relacionados con algún grupo delictivo, según lograron identificar Rogelio Flores, Juan Carlos Baltasar y Juan Carlos Cruz Vargas, del centro de documentación de este semanario.
Estas son: Servicios Aéreos de Colima; inmobiliaria Jov; Aires Acondicionados Jov; Operadora Turística Jov; Autotransportes Especializados Jov; Materiales para Construcción Jov; Operadora Minera Jov y Centro de Capacitación y Adiestramiento Aeronáutico Jov, todas ellas pertenecían a José Ocampo Verdugo, detenido por la PGR e1 29 de noviembre de 1999 y acusado de lavar dinero de los hermanos Amezcua Contreras, entonces operadores del cártel del Milenio. También aparece la Cooperativa de Producción Rural Emmanuel, establecida en Jalisco, en la que se criaba ganado propiedad de Ocampo Verdugo.
El restaurante D’Carlos Butcher Shop, ubicado en Tijuana, fue decomisado el 1 de febrero de 2000, por ser una de las inversiones de los hermanos Arellano Félix, según la sentencia emitida por el entonces juez de Distrito en materia penal, con sede en Toluca, Estado de México.
El Instituto Rector Hidalgo, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asegurado el 26 de enero de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el Ejército realizaron un operativo para incautar las propiedades del exlíder paramilitar de Los Zetas, Carlos Rosales Mendoza, que lo utilizaba como centro de inteligencia.
Transportadora Purépecha, en Uruapan, Michoacán, es propiedad de Nicandro Barrera Medrano, alias El Nico, quien en el pasado 25 de febrero fue identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los siete cabecillas del cártel La Familia.
El 27 de septiembre de 1997, Manuel de Jesús Bitar Tafich fue señalado por el entonces juez undécimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, como responsable de delito de lavado de dinero, a través de Inmobiliaria Cobit, establecida en el estado de Chihuahua. Bitar Tafich, fue compadre de Amado Carrillo El Señor de los Cielos, el finado líder del cártel de Juárez.
Otras empresas relacionadas con ese grupo criminal –hoy al mando de Vicente Carrillo Fuentes– es Lualti, la cual manejaba la seguridad de los aeropuertos de Mérida y Cancún, así como Diversiones y Fiestas y Tequila Rock de Chetumal. La PGR las vinculó con el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.
El 9 de marzo de 1997 fueron aseguradas Bioesport, Fletes y Transportes Gaxgar, Inmobiliaria Gaxiola, Molduras del Noroeste y Distribuidora de Hermosillo Gaxiola, todas propiedad de Rigoberto Gaxiola Medina, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “componente vital” de la organización criminal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
En la información oficial proporcionada a Proceso, el SAE incluye a las empresas de Gaxiola en la lista de bienes que están todavía bajo su administración. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2001, el Juez José André Nalda emitió la resolución 56/2000 en la que ordenó a la PGR la devolución de las empresas, ya que Rigoberto Gaxiola García (hijo) demostró ser el legítimo propietario.
De acuerdo con un informe emitido en agosto de 2008 por el Departamento del Tesoro estadunidense, la red sigue operando a través de la esposa e hijos de Gaxiola: María del Rosario García Durán, así como Rigoberto, Carlos y María Elena Gaxiola García.
El Anexo 3 proporcionado por el SAE contiene también una lista con la razón social de las 24 empresas devueltas de 2000 a 2007. Al menos ocho de ellas tienen relación con el negocio de las drogas, según datos que pudo obtener Proceso en fuentes oficiales que solicitaron reservar su identidad:
Lavatronic, propiedad de Patricia Baeza Rodríguez, pareja sentimental de Mario Villanueva, y Complejo Turístico Oasis y Playa Mar, que desde finales de 1990 fueron catalogadas por la PGR como “lavadoras” de dinero de los Arellano Félix. Otra de las empresas es Candilejas de Saltillo, asegurada en octubre de 1994, propiedad de José Luis García Treviño, también conocido como Juan Chapa Garza o Juan García Ábrego, viejo líder del cártel del Golfo detenido en 1996 y actualmente preso en Estados Unidos.
Por cierto, García Ábrego pelea al gobierno mexicano la devolución de 25 millones de dólares.
Otra propiedad, regresada en octubre de 2007, es el rancho El Tesoro del Capulín, asegurado en noviembre de 2006 cuando militares y agentes federales encontraron armas largas, rifles AK-47 y AR-15 y 2 mil 500 cartuchos, granadas de fragmentación y prendas de vestir con camuflaje.
Laboratorios Ttokkyo, en Morelos, se dedicaba a la fabricación del psicotrópico conocido como ketamina, que distribuían en Estados Unidos, fue asegurado en septiembre de 2002 por la PGR.
La lista incluye varias empresas propiedad de Carlos Ahumada Kurtz, aseguradas el 18 de marzo de 2004 por la PGR como bienes de posible “procedencia ilícita”, pero que le fueron devueltas en octubre de ese mismo año: Promotora Deportiva de Futbol León, Nueva Perspectiva Editores y Deportiva de Futbol Comarca Lagunera.
El Establo Lechero Puerto Rico, propiedad de Ismael El Mayo Zambada, operador del cártel de Sinaloa, fue asegurada por la PGR el 23 de junio de 2000, pero la recuperó apenas seis meses después. Esta empresa, junto con Multiservicios Jeviz, Gasolinera Rosario, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Lechera Santa Mónica y Jamaro Constructores fueron boletinadas por autoridades de Estados Unidos en mayo de 2007.
De un total de 116 empresas que el gobierno estadunidense señala que lavan dinero del narco, 48 estarían relacionadas con los hermanos Arellano Félix, cabecillas del cártel de Tijuana; cinco con la familia Amezcua Contreras, del cartel Milenio; 16 a los hermanos Beltrán Leyva, y una a La Familia.
Otras 40 estarían vinculadas con el cártel de Sinaloa, de las cuales dos pertenecen a Agustín Reyes Garza, Don Pilo; cinco a Ismael El Mayo Zambada; 19 a Blanca Margarita Cazares Salazar y 14 a Rigoberto Gaxiola Medina.
De todas las empresas boletinadas por las autoridades estadunidenses, el gobierno mexicano sólo ha intervenido a ocho; sin embargo, de acuerdo con la información del SAE, siete ya fueron devueltas: una al Mayo Zambada y seis a Gaxiola Medina, ambos del cártel de Sinaloa.




El narco trasnacional
José Reveles
Los cárteles mexicanos de la droga no conocen límites ni fronteras. Mediante fachadas que incluyen iglesias evangélicas y judías, la organización encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán cuenta con una red para el lavado y triangulación de capitales que opera en Argentina, Uruguay y Chile. En su libro El cártel incómodo, el periodista José Reveles documenta los entretelones de esta trasnacionalización del narco. Con permiso de la casa editora Random House Mondadori y del autor, Proceso adelanta un fragmento de este volumen de inminente aparición.

Un buen día, no hace mucho tiempo, El Chapo encontró a la intemperie a su madre doña Consuelo Loera de Guzmán. Acompañada de varias mujeres más de La Tuna, sitio donde nació el capo y en el que su familia vivió durante muchos años: “No tenemos en dónde orar –respondió la señora cuando su hijo Joaquín le preguntó qué hacían bajo el rayo del sol–. Danos un cuartito para que podamos reunirnos con las hermanas…”
Poco tiempo después de la petición de la madre del Chapo, uno tras otro empezaron a llegar los camiones con los materiales para la construcción proyectada; previamente se tuvieron que hacer nuevos caminos para que pudieran transitar hasta La Tuna. Los vehículos transportaban cemento, varilla, cantera, madera, en suma, todo lo requerido por el templo que sería erigido y que habría de convertirse en un centro de convenciones y servicios ceremoniales al que hoy acuden fieles de más de 200 kilómetros a la redonda y de varios estados vecinos como Durango, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima y Nayarit.
En el templo, cuyo número de hermanas y hermanos creció de manera desorbitada, no hay imágenes ni esculturas, tampoco hay crucifijos, vírgenes ni santos. Y es que los adeptos evangélicos cantan, rezan, predican e interpretan la Biblia sin mayores intermediarios, su religiosidad recuerda a la de los primeros cristianos de las catacumbas. Hasta las estribaciones serranas viajan los ministros de este culto, que en ocasiones incluso han sido auxiliados por hombres armados, cuando se les descompone o atasca el vehículo. Los caminos a La Tuna están rigurosamente vigilados y los creyentes no tienen problema alguno al circular hacia su centro ceremonial. Son órdenes directas del jefe.
Aunque pudiera ser una simple coincidencia, en agosto de 2009 se hizo pública la información de que, en la región del Chaco, Argentina, la mexicana María Alejandra López Madrid quería ceder el templo evangélico de La Roca a “un pastor mexicano vinculado con el narcotráfico”, cuyo nombre era Jerónimo López Valdez, a quien se presentaba en el lugar como un profeta. López Valdez pretendía tomar la iglesia como fachada para otros fines, mediante la entrega de recursos multimillonarios.
El encargado del templo, Gilberto Monzón, denunció a María López Madrid “como cabecilla del cártel mexicano de Sinaloa”. Poco tiempo después, esta mujer fue arrestada en Paraguay –desde donde hoy se busca extraditarla a Argentina– bajo la acusación de tener vínculos con el tráfico de efedrina. Este hecho ha dejado de manifiesto “lo que en su momento denunció Claudio Izaguirre, de la Asociación Argentina Antidrogas: que el cártel mencionado utiliza los templos religiosos como una fachada, ya que a través de donaciones hacia las instituciones religiosas y hacia otras fundaciones se efectivizaría el pago de los envíos de efedrina al exterior”, como se lee en alguna de las notas periodísticas del caso.
María López y el pastor López Valdez, ambos mexicanos, “querían explicar todos los beneficios que recibiría el templo, dijeron que viajarían a Paraguay y que a su regreso la iglesia iba a ser muy próspera”, apunta un reportaje de La Voz del Chaco. Esto ocurría a principios de 2009, poco antes de que ella fuera detenida, el 2 de mayo, por grupos antidroga en el aeropuerto internacional de Asunción, Paraguay. El delegado de la Asociación Antidrogas, Miguel Chamorro, llamó la atención sobre la injerencia del subsecretario de Culto de la provincia, José Mongeló, quien canalizó subsidios millonarios a la iglesia como un buen pretexto para sugerir que el pastor mexicano se encargara del templo.
Así pues, la Iglesia Evangélica del Nuevo Milenio de Resistencia, en el Chaco, Argentina, quiso ser utilizada como una “pantalla” para el giro de divisas hacia el exterior y para el lavado de dinero, concluyó el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre. El escándalo que provocó el intento del presunto pastor mexicano, Jerónimo López Valdez, atrajo a periodistas, activistas sociales y policías de todo el país. La mexicana María Alejandra López Madrid, hoy presa en Paraguay, había llegado al Chaco apenas un par de años antes en calidad de lugarteniente, según todas las referencias públicas que hay del caso, del capo sinaloense.
Recientemente, el Dow Jones Newswires publicó que el pueblo de La Tuna, donde nació El Chapo, no ha cambiado mucho “excepto por la construcción tipo búnker que Guzmán mandó edificar para su madre y un templo evangélico para el grupo religioso con el que se reúne la señora”.

La conexión judía

A través de por lo menos 26 “agencias financieras ilegales”, el cártel de Sinaloa realizó 46 mil 169 operaciones bancarias y extrabancarias con dinero procedente de Argentina, Chile y Uruguay. Un par de periodistas judíos lograron establecer un nexo entre líderes ortodoxos del judaísmo argentino y los jefes del cártel de Sinaloa.
La pista que éstos siguieron surgió cuando se detectó el blanqueo de capitales operado por el rabino ortodoxo Samuel León Levín y las casas de inversión que, según la autoridad argentina, pertenecen al cártel de Sinaloa. Jorge Boimvaser y Daniel Schitman, que tienen el portal en internet La Voz y la Opinión, fueron los periodistas que lograron establecer la alianza financiera entre el rabino de Argentina y los sinaloenses.
Según fuentes de inteligencia mexicanas y organismos financieros internacionales, el rabino León Levín operaba mediante una bien estructurada y poderosa red de testaferros.
El sistema utilizado consistía en declarar donaciones recibidas en organizaciones y colegios, derivándolas luego para su manejo en mesas de dinero, desde donde entraban a circuitos financieros que terminaban por desembocar en las casas operadoras de capitales del cártel de Sinaloa. “Esta forma de manejo y triangulación fue difícil de detectar”, escribió el analista Expresión Ciudadana de Argentina, a lo que añadió: “Pero una vez que los investigadores hallaron la punta del ovillo, fueron descubriendo la red internacional tejida entre el rabinato judío ortodoxo de Buenos Aires, sus pares de Uruguay y Chile, y los poderosos barones de la droga en México”.
El lavado de dinero a través del cártel de Sinaloa no augura buenos resultados para la colectividad judía ahorradora de Buenos Aires. Y anota que hay antecedentes: “Realiza una actividad muy similar el grupo religioso que comanda el evangelista Luis Palau”, que se presenta cada cuatro años en distintos escenarios, mueve multitudes de fieles, en su mayoría llegados de sectores muy humildes, y dice recaudar, mediante el concepto de donaciones, millones de dólares.
Orejano concluye que “los cultos religiosos (judíos, católicos, evangélicos o de cualquier denominación) son una buena forma de lavar dinero, pues en general los organismos de control financiero prefieren no indagar demasiado en las finanzas de las colectividades religiosas”, por miedo a ser acusados y hostigados por perseguir la fe. l




En Hidalgo, la megaestructura “zeta”
Ricardo Ravelo
Declaraciones de testigos protegidos contenidas en por lo menos dos averiguaciones previas detallan los presuntos vínculos de la clase política de Hidalgo con la estructura criminal de Los Zetas, que se avinieron en esa entidad desde 2001, cuando Manuel Ángel Núñez Soto estaba al frente del gobierno. De entonces a la fecha la llamada “compañía” se expandió por los 84 municipios hidalguenses y formó un entorno que prácticamente incluye a los principales jefes policiacos, al procurador estatal, al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong y a Francisco Olvera, quien se perfila como su sucesor…

Fue en 2001, durante los primeros meses de la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto, cuando Los Zetas llegaron a Hidalgo, donde establecieron su centro de operaciones. Desde ahí, al amparo de policías, militares y autoridades estatales y municipales, ampliaron sus actividades para el trasiego de droga en las entidades circundantes, alternadas con secuestros, extorsiones, asesinatos y levantones, que se han agudizado incluso durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.
Con amplias conexiones hacia Puebla, Veracruz, el Estado de México y el Distrito Federal, los integrantes de esa organización crearon en Hidalgo una megaestructura criminal. Hoy incluso disponen de células en cada uno de los 84 municipios y tejieron una red de espionaje a través de los llamados Halcones.
Los Zetas manejan una nómina de más de 150 personas distribuidas a lo largo del territorio hidalguense, y hasta cuentan con cementerios privados y lugares secretos en los que sepultan a sus víctimas; pero, sobre todo, se desenvuelven con soltura entre las autoridades para que éstas “no investiguen sus crímenes”, según se desprende de un amplio expediente obtenido por Proceso.
De acuerdo con las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/150/2009 y PGR/SIEDO/UEIS/099/2009, varios testigos protegidos y no protegidos (en su mayoría policías estatales y municipales acusados de servir al narco) detallan la forma en que Los Zetas arribaron a Hidalgo y cómo iniciaron su expansión de “la compañía” en la zona.
Rufino, uno de los testigos que fue miembro del cártel del Golfo, asegura que el proyecto de Los Zetas para apropiarse de la plaza de Hidalgo data de 2001, cuando el gobierno de la entidad era encabezado por Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005).
En esa época, Osiel Cárdenas Guillén, líder de dicha organización criminal, ordenó al jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, establecerse en tierras hidalguenses como avanzada para posicionarse en otras entidades de la República, sobre todo Puebla y el Estado de México, sostiene Rufino.
En el año 2001 Osiel Cárdenas Guillén le ordenó a Heriberto Lazcano que tomara la plaza de Pachuca, Hidalgo, en donde tuvimos dos casas de seguridad, una que habitaba Osiel Cárdenas y otra que habitaba el grupo Los Zetas, o sea, la escolta personal de Osiel, ya que de ese estado (Hidalgo) es originario Heriberto Lazcano, pues él junto con su familia tienen su domicilio cerca del Campo Militar de la ciudad de Pachuca… Así fue como Lazcano fue tomando el control de dicha ciudad y del estado y (por ello) señalo al gobernador actual (Miguel Ángel Osorio Chong) por su negligencia y omisión, y lo señalo porque no hacer nada por el bienestar de su estado es colaborar con el cártel de Los Zetas, el cual es comandado por Heriberto Lazcano, afirmó el testigo en su declaración del 26 de junio de 2009.

La demanda

Desde el mes pasado, la PGR investiga al gobernador Osorio Chong, a su hermano Eduardo, así como a varios políticos hidalguenses por sus presuntas ligas con el narcotráfico, así como por la presunción de los delitos de lavado de dinero y otras modalidades del crimen organizado, según la denuncia de hechos presentada ante la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el pasado 11 de marzo. A partir de esa querella se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010.
En esa denuncia, interpuesta por el Grupo Ciudadano Hidalguense, se menciona también al procurador estatal, José Alberto Rodríguez Calderón; al secretario de Agricultura, Manuel Sánchez, y al expresidente municipal de Pachuca José Francisco Olvera Ruiz, candidato del PRI al gobierno de Hidalgo. A él se le acusa de haber recibido 30 millones de pesos de Los Zetas para el financiamiento de su campaña por la alcaldía de la capital hidalguense (Proceso 1745).
El documento, cuya copia tiene este semanario, precisa que el grupo armado se posicionó en la ciudad de Pachuca a partir de la gestión de Omar Fayad Meneses (2006-2009), quien antes había sido administrador general de Aduanas durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Antes de que el Grupo Ciudadano Hidalguense presentara su denuncia, la SIEDO ya tenía conocimiento de la protección institucional que reciben Los Zetas en la entidad. Testigos protegidos, como José Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, así como Pitufo y Caleb, refieren que desde hace varios años Los Zetas han gozado de la protección oficial.
Según los testigos, uno de sus nexos en la administración de Pachuca es el director de Seguridad Pública, Roberto Terán Contreras, uno de los colaboradores de Francisco Olvera durante los meses que éste encabezó el ayuntamiento pachuqueño.
En su declaración del 14 de junio del año pasado, El Oso relató que se desempeñó como policía municipal en Pachuca de 2004 a 2009 y que en ese periodo se “enganchó” con Los Zetas. Llegó a ser incluso, dijo, el responsable del pago de la nómina de esa organización, que creó una sólida infraestructura para operar el tráfico de drogas, los secuestros y asesinatos en todo el estado de Hidalgo y defender la plaza de sus rivales de La Familia michoacana.
Una de sus primeras funciones, comentó en esa ocasión, fue reclutar a policías municipales para Los Zetas: Todos los policías de Seguridad Pública Municipal de Pachuca, Hidalgo, realizaban las mismas funciones, también las de revisar vehículos sospechosos con un pago de 10 mil pesos al mes. Yo les estuve pagando (la nómina) aproximadamente por seis meses, ya que posteriormente les comenzó a pagar el comandante Terán, quien es el secretario de Seguridad Pública Municipal.
Él les hacía llegar los sobres con dinero y a su vez los repartía, aclarando que dentro de la organización de Los Zetas se encuentran implicados la Policía Ministerial del estado de Hidalgo y su director Ahuizotl Hideroa. Él es el que da órdenes de dar carpetazo a los asuntos de secuestros, homicidios, cubriendo a miembros de la organización de Los Zetas.
También está relacionado con Los Zetas el comandante de la Policía Ministerial Antisecuestros de nombre Jesús Garcés Jiménez, alias Soler o Jarocho, a quien tengo un año y medio de conocerlo y su función era la de secuestrar, quitar las órdenes de aprehensión que perjudicaran a Los Zetas. Por esa protección le pagan 50 mil pesos al mes.
Además de Garcés Jiménez, la red de protección a Los Zetas la conformaban, según El Oso, Guillermo Lugo Ávila, quien era el titular de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN). También menciona que personal de la SIEDO le proporciona información a Los Zetas y que uno de los enlaces era un individuo al que apodaban El Cepillo.
El Cepillo cobraba una cuota a los vendedores de cuetes de pirotecnia y otra de las instrucciones que me daba, para que a su vez yo se las diera a los Halcones, era la de checar que no hubiera mirones cerca de Tiro de Mina, que está en el primer cuadro de la ciudad de Pachuca, ya que en ese lugar mandaban a tirar a la gente que secuestraban y mataban, ya que es muy profunda y hay gases tóxicos.

El organigrama

De acuerdo con la causa penal 464/2009, el organigrama de Los Zetas en el estado de Hidalgo creció a pasos agigantados durante el actual gobierno, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, algunos de cuyos colaboradores presuntamente dan protección a ese grupo criminal.
El 16 de junio de 2009, en una ampliación de su testimonio, El Oso relacionó a decenas de funcionarios con presuntas ligas con el narcotráfico y Los Zetas. Entre ellos a Damián Canales Mena, secretario de Seguridad Pública del estado, responsable, dijo, de todos los operativos en la entidad para brindar protección a las actividades delictivas de ese grupo criminal.
El testigo aseguró: (La estrategia de Canales Mena consiste) en poner los puntos fijos en las salidas y entradas de Pachuca, asignaban patrullas para vigilar y estar informados sobre el movimiento de las autoridades policiacas que entraban al estado.
La estructura policiaca creada para proteger a Los Zetas en Hidalgo incorporó a policías de todos los niveles, pues cada uno realiza una función específica, de acuerdo con los detalles que menciona el testigo. Y como parte de esa red policiaca menciona a Froylán Chote, alias Relámpago, quien funge como comandante de motociclistas; Rubén Sampayo, director de Tránsito y Vialidad municipal en Pachuca, y Alejandro Caballero, El Canas, un policía preventivo, entre otros.
La función de esas personas –expuso El Oso– es vigilar los movimientos del Ejército, de los agentes federales y de los operadores de otros cárteles. La información recabada se la pasaban a un personaje al que el declarante sólo identifica por su mote: Masca Fierro.
En otra parte de su testimonio ampliado, El Oso desmenuza la forma en que actúan Los Zetas en los municipios hidalguenses que forman parte de sus territorios para el trasiego de droga, los secuestros y las extorsiones:
En la organización criminal denominada Los Zetas una de sus estructuras son las estacas, siendo un vehículo con las funciones de patrullaje conformado por tres elementos operativos. En la ciudad de Pachuca operan entre tres y cuatro vehículos, siendo uno de ellos el que trae El Masca Fierro o G1. Como apoyo para sus tareas se les asigna un grupo de halcones.
Los integrantes de este grupo son los espías que, según las investigaciones de la PGR, trabajan de día y de noche. Según El Oso, el comandante de Los Zetas en Hidalgo se llama Roberto Benítez, conocido con la clave Rayo y Verde dentro de “la compañía”. Y lo describió: Es de aproximadamente 1.60 metros de estatura, tez blanca, complexión delgada, pelo negro medio largo y se transporta en un Mercedes Benz color verde botella.
Junto con Rayo y Verde, agregó el testigo, hay dos personas que son operativos; es decir, levantan a las personas, las matan y las queman. Una de esas personas la conozco como El Lobo. El segundo comandante operativo que conozco le apodan El Mexicano, tiene su domicilio en Villas de Pachuca… está encargado de una estaca conformada por otras dos personas: Eduardo Mendoza, El Moroco, y al otro le dicen El Box y es tío del comandante Rayo y Verde.
Esos sujetos, “todos ellos conocidos”, relató El Oso, le comentaron en el último encuentro que habían conseguido –no detalló si fue un permiso oficial– tres panteones fuera de Pachuca que utilizaban para “las carnitas”; es decir, para descuartizar los cuerpos de sus víctimas.
Además de la capital hidalguense, Los Zetas tienen una estructura operativa en Actopan. En ese municipio la cabeza es un comandante a quien El Oso sólo identificó como El Chiuas. En Ciudad Sahagún el representante de la organización criminal es el comandante Sapo, quien, como los demás, “se dedica a distribuir droga, cobrar derecho de piso a narcos de otros estados, así como a comerciantes, a vendedores de discos pirata y a los ambulantes”.
En Omitlán de Juárez, Epazoyucán, Villas de Tezontepec, Tolcayuca, Tulancingo, Zapotlán de Juárez, así como en 70 demarcaciones más la estructura de Los Zetas es similar, incluida la nómina, en la que hay policías, y que manejan los contadores de “la compañía”, uno de los cuales era el propio Oso.
El pago de los policías, mandos altos y funcionarios estatales lo definen los contadores de Los Zetas, sin que yo los conozca, ya que el declarante solamente transcribía los listados y se los entregaba a Roberto Benítez, El Rayo y Verde, y éste le entregaba las listas a los contadores para que pagaran en sobres (de color) manila o de color amarillo la cantidad estipulada en la nómina.
Al declarante la pagaban 20 mil pesos, asimismo le entregaba a Julio César Sánchez Amador, director de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, conocido como El Pachuquillas, la cantidad de 50 mil pesos; al subdirector de esa corporación le pagaban 30 mil, a cada comandante se le pagaban 10 mil pesos, a los oficiales 5 mil, deseando aclarar que, además de hacer la nómina, la función del declarante era la de halconear, es decir, parar los vehículos que me indicaban para verificar si no se trataba de alguna autoridad federal, o que fuera alguna autoridad de otra dependencia y, en caso de ser positivo, otros halcones daban seguimiento permanente, deseando añadir que la única vez que el declarante no pudo detener un vehículo se llevó como 10 mil tablazos como sanción o castigo por no hacer su trabajo para el que lo contrataron.
Por su parte, el testigo protegido con clave Caleb señaló que Los Zetas recibían protección de la SIEDO y que a través de personal militar le entregaban información a los jefes de las estacas sobre operativos federales, y que éstos se encargaban de verificar si miembros de otros cárteles querían entrar a la plaza.
El destino de estos intrusos los determinaba el jefe de la plaza. En la causa penal 464/2009 Caleb refirió que cuando se detenía a personas en la venta de droga se verificaba si eran miembros de la compañía; de no ser así, el jefe de la plaza decidía si los entregaba a las autoridades estatales para que cumplieran con su trabajo o bien le daban piso (muerte).
Que para detectar a estos intrusos contaban con el apoyo de policías federales; uno de ellos, dijo, era el federal de caminos Javier García Mariscal. Su función: dar la seguridad a Los Zetas en las carreteras para que no detuvieran los vehículos de los sicarios, los tráileres robados y tráileres y camionetas con anfetaminas que le llegaban a la compañía por la carretera México-Laredo.
Otra de sus funciones era la de liberar a los halcones y sicarios que estuvieran involucrados en algún accidente y dar información cuando veían un convoy de federales del Distrito Federal hacia Hidalgo. Ahuitzol Hideroa, Esteban Reyes y Jesús Garcés Jiménez, director, subdirector y comandante de la Policía Ministerial de Hidalgo, protegían a Los Zetas. Su apoyo consistía en dar protección a los sicarios que llegasen a ser detenidos y consignados a separos de la Policía Ministerial, así como proteger los lugares donde se vendía droga.
Si los detenidos eran de la compañía, estos mandos oficiales informaban al jefe de la plaza que ya tenían la investigación de dichas personas, y del lugar, aconsejando cambiar el lugar de venta y a los tenderos y sugiriendo su cambio para protegerlos…




Al Ejército le dan mucho... pero quiere más
Jesusa Cervantes y Jenaro Villamil
Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se quedaron a medio camino en el Congreso: el Senado aprobó unas que al Ejército no le cuadran y el trámite no prosperó en San Lázaro. Las Fuerzas Armadas tienen una serie de exigencias que algunos legisladores consideran excesivas: entre ellas, quedar libres de culpa cuando ocurran “daños colaterales”. Pero los militares quieren eso... y mucho más.

Las Fuerzas Armadas “doblaron” al Congreso y lograron detener en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que el Senado avaló el 27 de abril. Y si bien los cambios aprobados en primera instancia legalizan la presencia del Ejército en las calles, los militares no quieren una “ley acotada”, que aniquila su margen de operación contra el crimen organizado.
El día 28, cuando la minuta de los senadores apenas llegaba a la Cámara de Diputados, empezó a sonar el teléfono de Ardelio Vargas Fosado, diputado priista y presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Lo llamaban miembros del Ejército que pedían “frenar” la aprobación, pues los altos mandos castrenses estaban enojados e inconformes. En el otro extremo, en la Presidencia de la Mesa Directiva, se recibían órdenes en contrario: apresurar la aprobación, según revelaron fuentes de la Cámara.
Aun el último día de sesiones de los diputados, el jueves 29, desde la Secretaría de Gobernación seguían las presiones para que se aprobara. Pero desde el día anterior la decisión estaba tomada: los cambios no pasarían, por lo menos en este periodo ordinario de sesiones, y se daría al menos un mes para analizar lo enviado por el Senado y cambiarlo nuevamente. El objetivo: tratar de enmarcar las demandas iniciales del Ejército en su lucha contra el narcotráfico.
En entrevista, Vargas Fosado sostiene que las reformas podrían discutirse en un periodo extraordinario, pero Enrique Ibarra, legislador del Partido del Trabajo e integrante de la Comisión de Defensa, afirma que no se hará hasta el próximo periodo ordinario, que empieza el 1 de septiembre, porque entre tanto habrá elecciones para gobernador en 10 estados, lo que dificultará llegar a acuerdos con los partidos.
El 28 de abril, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional inició un análisis de la minuta y apresuró la elaboración de un documento, cuya copia tiene Proceso.
En éste se ofrecen pinceladas de lo que se tiene que redefinir: términos como “seguridad nacional, riesgo, amenaza, seguridad interior, defensa exterior y agenda nacional de riesgos”. Además, Vargas Fosado señala que se revisará sobre quién recaerá “la coordinación”, pues dice que los integrantes de la citada comisión no están dispuestos a que los militares se subordinen a policías locales ni a la Procuraduría General de la República (PGR).
Comenta que “serán actualizados” los términos y opina que los diputados no pueden emitir una ley que “pudiera implicar acciones de inconstitucionalidad o que limite, exceda o pueda ser omisa en algunas facultades del Estado mexicano”, es decir, de los militares o las policías.
El documento deja entrever que los cambios aprobados en el Senado acotan los trabajos de los militares al punto de afectar la “atención oportuna” contra el crimen organizado.
Habla de la “preocupación” de las “medidas cautelares” que debe solicitar el Ejército y que en forma expedita tiene que brindarle la autoridad judicial. Y finalmente se refiere a la no inclusión en la persecución de grupos armados.
Vargas, exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y exjefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, explica en entrevista los alcances de los conceptos y temas que se deben incluir.
Sostiene en principio que la ley aprobada por los senadores “acota” en demasía a los militares y “burocratiza y hace tortuosa” la declaratoria que permite la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Es tanto el trámite, afirma, que obstaculiza las operaciones que se están realizando en la actualidad.

Regresar a la propuesta militar

En abril de 2009, el Ejecutivo envió al Senado una propuesta de cambios a la Ley de Seguridad Nacional; en ella se satisfacían las demandas del Ejército para legalizar su participación en el combate al narco.
Sin embargo, durante un año la iniciativa no fue analizada.
El 15 de noviembre de 2008, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, se reunió con diputados y les habló de su necesidad de contar con un respaldo jurídico para combatir el narcotráfico pues, dijo, hay “vacíos e indefiniciones legales que restringen al Ejército en sus funciones para hacer frente al narcotráfico y el terrorismo”. Les pidió readecuar la ley, pero nada ocurrió y esa Legislatura concluyó.
El 19 de febrero de 2009, Día del Ejército, Galván Galván se refirió al tema nuevamente y un par de meses después el Ejecutivo envió la iniciativa, que se quedó en los cajones del Senado.
Debido al incremento de los enfrentamientos entre militares y grupos delincuenciales, y lo virulento de las acciones criminales, se apresuró el paso.
El 19 de febrero último, Galván relanzó su petición y un mes después inició el cabildeo con senadores y diputados. El 1 de marzo se reunió en privado con senadores del PRI, y el 11 con los del PRD, pero no fue sino hasta el 7 de abril cuando se entrevistó con los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de los diputados y expuso sus peticiones, que dejaron fríos a los legisladores Enrique Ibarra, del PT, y Pablo Escudero, del PVEM, por los alcances de sus demandas.
Las exigencias fueron: potestad para tomar huellas dactilares de quienes delinquen e intervenir comunicaciones; para rastrear o hackear páginas de internet; para cancelar espectáculos públicos; para disolver concentraciones de vehículos, como las ocurridas recientemente en Nuevo León y Tamaulipas; para declarar zonas de excepción, es decir, para establecer toques de queda o retenes, y para eximir a los militares de la responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo incluía todas estas peticiones, aunque con un lenguaje menos explícito.
En su discusión, los senadores eliminaron todas estas exigencias, redefinieron los conceptos de seguridad nacional y seguridad interior e incluso establecieron que no considerarán “afectación a la seguridad interior” los actos que den origen a luchas de corte laboral ni los relacionados con movimientos o conflictos políticos, electorales o sociales.
Lo anterior molestó a los mandos castrenses, que solicitaron la intervención de los diputados priistas para frenar los cambios y les pidieron regresar a la propuesta original del Ejecutivo.
En la entrevista con Proceso, Vargas Fosado, quien ha participado en operaciones conjuntas –en las que actúan militares, policías federales y locales en la lucha contra el crimen organizado–, detalla lo que a su parecer está mal y que coincide con las exigencias de las Fuerzas Armadas.
Coincide en que la nueva ley “acota” el trabajo de los militares y hace ineficaces las operaciones, por lo que, dice, deben redefinirse desde los conceptos básicos, como el de seguridad nacional.
Señala que en el documento del Ejecutivo se entiende como tal que, para mantener la estabilidad y permanencia del Estado mexicano, se necesitan acciones dirigidas a hacer frente a riesgos y amenazas “que atenten en contra de los objetivos del proyecto nacional”.
Los senadores lo modificaron y proponen: “Que atenten contra la soberanía, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la preservación del territorio y su población, considerando su afectación por factores de orden ambiental, climático, químico o bien, acciones que expongan a estos a siniestros de carácter colectivo”.
Esta redacción no les gustó a los militares, quienes piden regresar a la original.
En lo que toca a la seguridad interior, el documento original la entiende como la condición “en que” la estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano se encuentran garantizadas mediante “la aplicación coordinada de sus recursos y medios”.
Los senadores la redefinieron como “la condición de estabilidad interna, paz y orden público que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural”. Esta parte tampoco fue del gusto de la milicia.
El exjefe operativo de la entonces Policía Federal Preventiva considera que las operaciones conjuntas tienen que traducirse a lenguaje legislativo. Especialista en estas tácticas, Ardelio Vargas puntualiza que el papel de la autoridad judicial debe quedar definido en ellas. Por ejemplo, dice, 10 agentes del Ministerio Público Federal, 10 del fuero común y un juez deben acompañar al Ejército y a la Marina en tales operativos, para que de inmediato puedan autorizar la puesta a disposición de quienes sean aprehendidos y no haya que esperar horas.
Es decir, la idea es que este personal ofrezca en el acto “todas las medidas cautelares” que se requieran, incluyendo órdenes de cateo o de arraigo e intervenciones telefónicas... Es decir, todo lo que el 7 de abril el general Galván pidió a los diputados.
Vargas aclara que no se define en la minuta del Senado el papel que jugará la PGR y que se deja “solos” a los militares, recayendo toda la responsabilidad en ellos. En suma, dice, se debe dejar claro el alcance y el papel que jugarán no sólo las fuerzas castrenses, sino también las policías federales y que todo su actuar sea articulado.
Otro punto que generó malestar entre los militares es el referente a las “zonas de excepción” y que es donde se incluyen los retenes. Los senadores dejaron fuera ese tema.
En la iniciativa del Ejecutivo se establecía, por ejemplo, en su artículo 79, que las Fuerzas Armadas “podrán verificar la no circulación de mercancías o efectos ilícitos y de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público”.
Los senadores lo modificaron: las Fuerzas Armadas “deberán respetar los derechos humanos y las garantías de las personas”. Esto tampoco gustó.
El presidente de la comisión comenta: “Lo que esperan (las Fuerzas Armadas) es un trabajo legislativo serio, donde se contemplen estas reformas como las planteó el Ejecutivo federal y que les permiten tener un margen de acción dentro de un marco jurídico suficiente. Ni siquiera piden tener más facultades para violentar, a lo mejor, los derechos humanos. No, no es así. La Sedena es la principal interesada en reglamentar esto. Incluso para asumir responsabilidades en los casos del llamado daño colateral o muerte de civiles”.
Debido a la intensidad de los enfrentamientos y acciones de los grupos criminales, sostiene el también diputado del PRI, es que “hay comentarios de que esta ley de seguridad saliera ya. Bueno, sí, pero no tan acotada”.
Y afirma: “Hay leyes que, por lo rápido que se realizan, terminan obstruyendo el trabajo. Hay leyes que se quieren acotar tanto, que terminan por hacerse inservibles, inoperables; y eso es lo que queremos evitar. Queremos que sea una ley a la medida de lo que necesita (el Ejército) y las expectativas que tiene el pueblo mexicano para entrar a resolver el problema de la violencia derivada del narcotráfico”.
Esta minuta, insiste, acota mucho el trabajo de los militares. No sólo por cómo define los conceptos, sino también porque únicamente va dirigida al tema de la seguridad pública y se dejan fuera el terrorismo y los levantamientos armados; quizá tendrá que hacerse una ley reglamentaria derivada de esta ley.

Implicaciones políticas

Para declarar la “afectación a la seguridad interior”, esto es, que se perturbe la estabilidad de una región y tengan que participar los militares, en la iniciativa presidencial bastaba con que “la autoridad competente” presente por escrito la solicitud al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad; en la minuta se establece que lo hará un presidente municipal, gobernador o Congreso local y en ella deberá establecer la ineficacia o inoperancia de ese gobierno.
“Quiero ver qué presidente municipal se va a aventar el boleto de declarar zona de riesgo y decir que es incompetente, que ha sido rebasado, que hay inoperancia del gobierno”, dice.
Aclara que esto tiene implicaciones políticas y jurídicas, porque puede ser utilizado por la oposición para solicitar juicio político o desaparición de poderes y porque se le pueden fincar responsabilidades administrativas a las Fuerzas Armadas, “y eso es muy grave, porque tendría que cargar con una responsabilidad histórica, política, moral y jurídica”.
La declaratoria la debe hacer únicamente el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, considera. El proceso para la declaratoria, como viene en la minuta, sostiene, es un trámite largo, tortuoso, que llevaría tiempo y, en caso de extrema urgencia, no se podría reaccionar.
Al ser un camino tortuoso, explica, se elimina el elemento de eficacia en la operación de las Fuerzas Armadas. “Les quita la oportunidad de operación”.
En el proyecto también se establecía que las Fuerzas Armadas, por considerar estratégica su participación, estarían al frente de la operación; sin embargo, en la minuta, dice Vargas, se supedita la actuación de los militares a las policías locales. “¡A una autoridad que se ha declarado incapaz!, ¿cómo subordinarse a ella si no tiene capacidad?”.
Para Ardelio Vargas, si no se revisa la ley se puede caer en violaciones a las garantías individuales, y advierte que éstas las tienen no sólo los ciudadanos, sino los militares –“el Ejército también tiene garantías y derechos”– y deja entrever que en la minuta no se protegen. Esto tiene que ver con lo que el 7 de abril Galván pidió a los diputados: eximir a los militares de responsabilidad en sus actos.
Todos los partidos políticos coincidieron en que no se aprobará. El PT y el PVEM dicen que aún se prevé la posible inclusión del fuero militar. El PRD pide más tiempo para leerla.
Por lo pronto, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional advierte que se revisará, se modificará y regresará al Senado “…y así tendrá que ser”.



“Una lluvia de balas nos envolvió”
Gloria Leticia Díaz
Sobrevivientes del ataque a una caravana de activistas por los derechos humanos narran a Proceso los pormenores de la emboscada en que murieron Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola. Todos los testimonios apuntan a que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz, tenía conocimiento de la visita de los internacionalistas pero no hizo nada para ayudarlos después de la matanza.

SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.- “Vimos que había piedras obstaculizando el camino, por lo que decidimos regresar. Entonces una lluvia de balas nos envolvió. Eran unos 30 hombres con los rostros cubiertos y con armas de grueso calibre los que disparaban desde una ladera del cerro; la balacera duró unos 20 minutos”, cuentan los sobrevivientes de la emboscada a la caravana humanitaria en el municipio autónomo de San Juan Copala, en esta entidad el pasado 27 de abril. Ahí cayeron dos de los integrantes de la misión humanitaria: el activista finlandés Jyri Jaakkola y a la mexicana Alberta Beatriz Cariño.
Pablo González González, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Mónica Santiago, Esther Cruz Ortiz, David Venegas y Noé Bautista, integrantes de la caravana, aseguran a Proceso que se aproximaban ya a la comunidad La Sabana, controlada por la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuando vieron el bloqueo en el camino y tomaron la decisión de dar marcha atrás.
Todos coinciden en que ese fue el momento en el que se inició el ataque contra ellos. Uno de los brigadistas alcanzó a ver a los paramilitares que los emboscaron poco antes de que iniciaran el ataque y les tomó varias fotos. Cuenta incluso que hubo un momento de sosiego debido a que los agresores recargaron sus armas y luego reanudaron el ataque.
Ese momento, relata uno de los entrevistados, fue aprovechado por los brigadistas, ocho de los cuales lograron internarse en el bosque y huyeron hacia Juxtlahuaca. Uno de los seis observadores humanitarios del grupo compuesto por 22 activistas logró sacar la memoria de la cámara y posteriormente difundió la fotografía del ataque que sufrieron él y sus compañeros.
De diciembre pasado a la fecha han caído 19 personas en la zona donde los paramilitares asesinaron a los dos activistas humanitarios el 27 de abril.
Mónica Santiago, quien viajaba en la primera de las camionetas, junto con otras 15 personas, asegura que vio cuando una bala se impactó en la cabeza de Beatriz Cariño; después caería el internacionalista finlandés: “Vi cuando Jyri, en un acto desesperado, tomó la cabeza de Bety y casi inmediatamente una bala le atravesó la cabeza a él. Después de que Bety cayó, sentí cómo la sangre me escurría por la espalda”, relata.
Pablo y Esther cuentan que se quedaron atrapados en el último vehículo de la caravana, una camioneta que abría sus puertas por la parte externa. Ambos, junto con Trinidad Sampablo, fueron encañonados y obligados a salir del vehículo. A los tres los interrogó el jefe del grupo paramilitar, a quien todos llamaban “sargento”. “Entre los paramilitares se hablaban en triqui”, precisa Esther.
En el interrogatorio, el “sargento” les preguntó por el paradero de Omar Esparza Zárate, dirigente de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), quien está amenazado de muerte por el grupo paramilitar.
Pablo y Esther comentan que los agresores vestían uniformes militares de camuflaje. Llevaban el rostro cubierto. “Por lo que he visto en la televisión, las armas que traían eran cuernos de chivo”, cuenta Pablo.

Ulises sabía

Anunciada con al menos dos semanas de anticipación al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por conducto de Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el grupo humanitario tenía la misión de llevar víveres a unas 700 familias atrapadas desde hace cuatro meses en un cerco impuesto por la Ubisort, organización vinculada con el PRI, señala Jorge Albino Ortiz, miembro del cabildo de San Juan Copala, autonombrado municipio autónomo desde 2007.
“El secretario general de Gobierno de Oaxaca, Evencio Martínez Ramírez –apunta Albino–, siempre supo de la visita, por lo que el gobierno de Ulises Ruiz miente cuando, para deslindarse de los hechos, dice que no tenía conocimiento de que la caravana se llevaría a cabo.
Albino Ortiz resalta que detrás de la “amnesia” del gobierno de Ulises Ruiz está el apoyo que presta a grupos como la “Ubisort, que desde que nació, en los noventa, se ha caracterizado por ser el brazo armado del PRI en la región; es un grupo paramilitar que tiene como líder a Rufino Juárez Hernández, quien fue alumno de Evencio Martínez en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en la escuela de derecho”.
El ataque a los activistas provocó reacciones de preocupación en el cuerpo diplomático acreditado en México, por la falta de garantías que tienen los defensores de los derechos humanos para desarrollar su trabajo.
La exigencia de justicia fue compartida por la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la finlandesa Heidi Hautala, quien sugirió la formación de una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes del 27 de abril.
Dos días después, al referirse al ataque, Hautala publicó en su blog que “las autoridades mexicanas deben investigar exhaustivamente los hechos y llevarlos a la justicia”.
Tras expresar su pésame a las familias de Jaakkola y de Cariño, la eurodiputada asentó: “Espero recibir un informe completo de lo que llevó a esta tragedia y pido que las autoridades mexicanas tomen medidas para evitar que esto se repita. Como presidenta del Subcomité del Parlamento Europeo, seguiré de cerca el desarrollo del caso. También apoyo la iniciativa para tratar de resolver el conflicto y formar una comisión de la verdad en Oaxaca para investigar los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos”.
La reacción tardía del gobierno de Ulises Ruiz para rescatar a las víctimas movió el interés de la Unión Europea y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); ambas solicitaron por separado a la reportera Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, “un informe detallado de los hechos” ocurridos en la región triqui de Oaxaca, donde quedaron atrapados dos de sus compañeros que cubrían la información de la caravana, así como dos defensores.
La preocupación del cuerpo diplomático acreditado en México se hizo evidente el día 29, cuando representantes de las legaciones de Estados Unidos, España, República Checa, Alemania, Francia, Finlandia y Portugal, así como personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Cruz Roja Internacional se reunieron con organizaciones de derechos humanos y familiares de los defensores y periodistas agredidos para conocer detalles de lo ocurrido en San Juan Copala, a donde asistieron seis observadores de derechos humanos extranjeros.
Las organizaciones que participaban en la caravana denunciaron, el 28 de abril, la negativa del gobierno de Ulises Ruiz para entrar a la zona del ataque.
Los cuerpos de Cariño y Jaakkola fueron recuperados casi 24 horas después de la emboscada, en tanto que para rescatar con vida a los enviados de la revista Contralínea, desaparecidos después de la emboscada –la reportera Éricka Ramírez y el fotógrafo David Cilia, quien tenía tres impactos de bala–, tuvieron que pasar más de 48 horas. Sólo entonces el gobierno estatal puso un helicóptero a disposición de David Cilia Olmos, padre del fotógrafo, y de Miguel Badillo, director de la publicación, para que fueran ellos quienes buscaran a los periodistas.
En tanto, los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Alternativas (Vocal), David Venegas y Noé Bautista, cada uno con varias heridas de bala, lograron salir del cerco tras caminar siete horas por la sierra triqui, evadiendo a hombres armados y encapuchados que iban detrás de ellos.
Otras organizaciones que se sumaron a la condena son Front Line, Amnistía Internacional, Artículo 19 y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Por la agresión, la Procuraduría estatal abrió la investigación 114 (SJ) 2010.

Amenazas y viejas rencillas

Existe otro grupo, también señalado como paramilitar, que opera en la región triqui, encabezado por Heriberto Pasos Ortiz: el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), creado en los ochenta y al que se le atribuyen los asesinatos de las locutoras de radio comunitaria Felícitas Martínez y Teresa Bautista, en abril de 2008.
En 2006, de las disidencias de la Ubisort y del MULT surgió el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2007 promovió la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, cuya máxima autoridad es Jesús Martínez Flores.
Albino Ortiz, integrante del ayuntamiento autónomo, acusa a Rufino Juárez Hernández de estar detrás del ataque a la caravana, cuyos integrantes intentaban documentar el cerco al que está sometido ese municipio autónomo desde hace cuatro meses, cuando la Ubisort tomó la presidencia de esa localidad. Desde entonces no hay servicios básicos ni se permite el ingreso de alimentos.
“El lunes (26 de abril) Rufino Juárez dijo en una entrevista de radio que él no se hacía responsable de la seguridad de la gente que iba en la caravana, por eso él es responsable de los hechos”, destaca Albino Ortiz.
Ante la amenaza lanzada por Juárez, dice Albino, los organizadores de la caravana determinaron que, de haber personas u obstáculos impidiendo el paso hacia Copala, “nos retiraríamos. Sólo queríamos que defensores, observadores internacionales y medios constataran la existencia del cerco”.
Organizada por Beatriz Cariño, dirigente regional de la AMAP, la movilización estuvo integrada por miembros de la Red de Radios Comunitarias del Sureste Mexicano y de la organización Vocal.
Aunque al partir la caravana contaba con un contingente de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las versiones de los sobreviventes entrevistados por Proceso confirman que antes de llegar al camino que conduce a San Juan Copala, el vehículo en el que viajaban se despegó y no lo volvieron a ver.
La emboscada del día 27 contra una misión humanitaria no es la primera que ocurre en San Juan Copala. En 1982, recuerda Carlos Beas, dirigente de la AMAP, “una caravana encabezada por Rosario Ibarra de Piedra, en la que había 30 periodistas y decenas de activistas, fue atacada a balazos”.
Sobreviviente de ese ataque, Beas recuerda que “se trató de un acto de intimidación ante la intención de doña Rosario, y de quienes la acompañábamos, de denunciar la violencia que imperaba desde entonces en la región triqui, causada por los caciques locales, quienes en esa época, se decía, tenían el apoyo del cuartel militar que estaba entonces en San Juan Copala”.
El activista, presidente también de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y conocedor de la zona triqui, asegura que detrás de la Ubisort y de otros “grupos paramilitares” en la región está el exsecretario de Gobierno de Oaxaca y actual diputado federal Jorge Franco.
“Se trata de una violencia de Estado dirigida contra quienes impulsan gobiernos autónomos no sólo en la región, sino en todo el estado de Oaxaca. En la zona triqui la lucha es por el poder político y la posesión de los recursos minerales locales, donde está el yacimiento de hierro más importante del país y que pretende entregarse a empresas extranjeras”, acusa.
Para la recuperación de las zonas autónomas, apunta, “Ulises Ruiz respalda a grupos paramilitares como el encabezado por Rufino Juárez, a quien le han dado tal poder que hoy ninguna autoridad policiaca ni militar ingresa a San Juan Copala; lo peor es que el gobierno estatal tuvo que negociar con la Ubisort para sacar de la zona los cuerpos de Bety y del compañero finlandés”.
El 29 de abril, en el momento en que aterrizó el helicóptero Bell 407, matrícula XAXAO, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los oficiales del cuerpo de Fuerzas Especiales, dirigidos por el comandante Guillermo Luna Gálvez, se encontraron con Rufino Juárez en la pista de aterrizaje para después trasladar al director de Contralínea, Miguel Badillo, y a David Cilia a la zona de conflicto.
“La emboscada a nuestros compañeros sólo confirma la existencia de grupos paramilitares en la región triqui, reconocidos por el gobierno del estado por su negativa a actuar. Pero lo peor es que nunca se había visto, ni en Irak ni en Colombia, que una misión internacional humanitaria fuera atacada. Eso sólo pasa en gobiernos como los de Ulises Ruiz y de Felipe Calderón”, comentó Rufino Juárez. l




Las raíces
maría dolores parís pombo*
El brutal ataque, el martes 27 de abril, de un grupo paramilitar priista contra la caravana humanitaria de periodistas, activistas sociales y observadores internacionales que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, tiene sus orígenes en una historia de injusticia, corrupción e impunidad que caracteriza a esta y a otras regiones de Oaxaca. Desde inicios de este año, los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo se encuentran sitiados por miembros armados de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización fundada por el PRI a mediados de los noventa. Les han cortado la luz, el agua y todos los servicios básicos; el médico del centro de salud ha tenido que irse; los niños no asisten a la escuela, y la escasez de víveres se está volviendo extrema.
La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflicto político entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras zonas de México y a Estados Unidos. Desde mediados de los noventa, el conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort. En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.
Como en muchas zonas del país, en la triqui han reinado la total impunidad, la ausencia del estado de derecho y el abandono por parte de las instituciones estatales y federales. La falta de justicia en casi todos los asesinatos y los permanentes hechos de violencia han transformado la región en un territorio sin ley, donde los derechos humanos se violan cotidianamente y existe un verdadero clima de terror.
A pesar de la notable ausencia de las instituciones federales y estatales que deberían brindar los servicios básicos, la región Triqui Baja no carece de recursos públicos. Al contrario, durante los últimos años se ha visto inundada por millones de pesos canalizados a través del MULT y de la Ubisort. Estas agrupaciones gobiernan cada una a varios barrios de Copala con la connivencia y el respaldo político del gobierno del estado, con las armas y el control total del presupuesto que llega a “sus” comunidades, ya sea a través de las agencias municipales o bien directamente a los líderes.
En septiembre de 2003, en una entrevista que realicé en el barrio de Rastrojo a Rufino Merino, dirigente del MULT, éste me presumió que el gobernador acababa de entregarle más de 15 millones de pesos para la pavimentación de la carretera de Putla a Juxtlahuaca, que cruza toda la región y que actualmente es intransitable. Por otro lado, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese mismo año recibió también del Programa Oportunidades casi 18 millones de pesos, más que cualquier otra organización en el estado de Oaxaca, incluyendo las oficiales. Cabe señalar que, a diferencia de otras regiones rurales donde el programa opera con la entrega de becas a las madres de familia, en la región triqui las agencias municipales “recogen” la totalidad de los apoyos monetarios y hacen uso de ellos de acuerdo con sus propias prioridades.
El apoyo del gobierno del estado a los grupos paramilitares se hizo evidente en 2003, cuando el MULT fundó el Partido de Unidad Popular. El PUP, presentado por sus dirigentes como el primer partido político indígena del país, es sobre todo una experiencia más de las prácticas de manipulación y división del voto opositor y de la cooptación de los movimientos sociales por parte de las élites priistas en Oaxaca. En efecto, uno de los artífices principales del nuevo partido estatal fue el hoy exgobernador José Murat. Por otro lado, la posición privilegiada que adquirió Unidad Popular como interlocutor de los triquis con el gobierno estatal no hizo más que agravar la situación de violencia en el área. Algunos dirigentes del MULT-PUP marginaron o expulsaron de la dirección política del movimiento a líderes reconocidos como “dirigentes naturales” de sus comunidades y armaron a grupos paramilitares para reprimir el ascenso de jóvenes líderes.
El aislamiento del conflicto en la región triqui y la retirada de las instituciones sociales han permitido la imposición de una verdadera dictadura del MULT-PUP y de la Ubisort-PRI. En las comunidades controladas por cada una de estas organizaciones armadas, todos los habitantes son considerados como “bases” de apoyo y obligados –bajo amenazas de multas, golpes o asesinatos– a participar en las movilizaciones e incluso en los choques armados. Además de disponer de recursos millonarios, las agrupaciones de la zona triqui están poderosamente armadas, y regularmente son surtidas de municiones y nuevo armamento. Apenas en febrero de este año, habitantes de San Juan Copala que habían huido hacia Juxtlahuaca burlando el cerco de la Ubisort denunciaban que los líderes de esta organización acababan de recibir un fuerte cargamento de armas AK-47 y R-15 y cientos de cartuchos, procedentes de Santiago Juxtlahuaca.
Las declaraciones de los gobiernos estatal y federal, así como la cobertura que hacen muchos medios de comunicación sobre los asesinatos y masacres en las regiones indígenas, enfocan siempre el supuesto “carácter ancestral” de los conflictos y las llamadas “luchas intercomunitarias”. El Estado parece librarse así de cualquier responsabilidad en lo que debiera ser su función primordial: garantizar los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. En efecto, igual que en el caso de la llamada “guerra contra el narco”, lo que priva es la culpabilización de las víctimas: se matan entre ellos; lo han hecho por siglos; este impulso al crimen y a la confrontación armada es parte de su naturaleza…
Sin embargo, el pueblo triqui se ha caracterizado, antes que nada, por su trayectoria histórica de movilización por la defensa de sus derechos y de su identidad, de resistencia contra el dominio racista y la explotación. Como lo muestra Francisco López Bárcenas en su libro San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo, el mito del triqui violento por naturaleza ha sido alimentado por una de las raíces más profundas del conflicto: el racismo, continuamente expresado en los discursos de los políticos, administradores, servidores públicos y, sobre todo, de los medios de comunicación. Las élites regionales han construido un discurso de desvalorización, de desprecio del triqui, que ha logrado incluso convertirse en sentido común entre los mestizos y en buena parte de la población mexicana.
Estos discursos racistas han permitido minimizar la violencia endémica y silenciar la connivencia de las autoridades gubernamentales en los crímenes que se cometen en el área. A principios de febrero, causó noticia el asesinato de 10 personas en un poblado triqui, San Miguel Copala, enmedio de una disputa entre el MULT y la Ubisort por el control de la agencia municipal. La mayoría de las víctimas eran habitantes del poblado, entre ellas el agente municipal, pero también murió un ingeniero que realizaba trabajos en la zona para la Comisión Nacional del Agua. En esas fechas, se intensificó el acoso contra el municipio autónomo por parte de un grupo armado dirigido por Rufino Juárez. El 20 de abril, algunos medios dieron cuenta del asesinato de Celestino Hernández (del municipio autónomo), cometido por un miembro de la Ubisort plenamente identificado por la comunidad.
Hoy las víctimas son defensores de derechos humanos, activistas sociales con amplio reconocimiento a nivel nacional y observadores internacionales. Por primera vez en meses, el sitio paramilitar de San Juan Copala se convierte en noticia internacional y ocupa las portadas de los periódicos nacionales. Cuando se sabía del asesinato de Alberta Cariño Trujillo y de Jyri Antero Jaakkola –originario de Finlandia–, y mientras que varias personas –entre ellas un belga y un italiano– seguían desaparecidas, el 28 de abril Ulises Ruiz declaraba con una frialdad impresionante a los medios de comunicación que nada tenían que hacer los “extranjeros” en esta región, y expresaba su determinación de investigar, eso sí, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la calidad migratoria con la que esas personas se encontraban en México.
El total cinismo del gobernador equivale sólo al de Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, quien tras haber amenazado con la afirmación de que detendría a toda costa la caravana, indica ahora que los culpables son las autoridades del sitiado municipio autónomo.
Pero ese cinismo ha sido alimentado por la impunidad. En efecto, la criminalización de la protesta social, la represión armada y el asesinato han sido la marca del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Este gobernador, uno de los más sangrientos de México, está a punto de concluir su gestión sin que pese sobre él ningún proceso penal. Sin embargo, la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos documentó en un informe 62 asesinatos por cuestiones políticas en Oaxaca entre junio de 2006 y abril de 2008, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó al gobernante por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Sin la presión de la sociedad civil nacional e internacional, de los organismos internacionales y de gobiernos de otros países, privará sin duda una vez más la impunidad. l

*Investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.

Huele a violencia electoral
José Gil Olmos
El ataque armado a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala prendió en Oaxaca los focos de alerta. Ahora se recuerda que Ulises Ruiz es el gobernador más violento y represor del país –a su régimen se le adjudican al menos 62 muertos y una decena de desaparecidos–, que practica el espionaje y que organiza “escuadrones de la muerte” para eliminar a sus adversarios. El riesgo es que se desencadene la violencia durante el proceso electoral, ante la indiferencia, hasta ahora, del gobierno federal.

Como ningún otro gobernador en funciones del país, Ulises Ruiz Ortiz se ha caracterizado por el uso de la fuerza y la violencia, pues grupos de derechos humanos nacionales y extranjeros atribuyen a su régimen una lista de 62 muertos, más de 500 detenidos y una decena de desaparecidos, todos por razones políticas, lo que lo identifica como represor social.
Tildado por algunos de sus propios compañeros de partido como “autoritario”, “tirano” y “represor”, Ulises Ruiz ha recurrido a la fuerza para imponerse, e incluso ha creado grupos armados paramilitares o parapoliciacos que actúan en las sombras de la ilegalidad y la clandestinidad, sembrando el terror entre organizaciones sociales, indígenas y campesinos del estado.
Ahora, en medio de la contienda electoral donde se siente seguro de ganar a través de su ungido, Eviel Pérez Magaña, el gobernador oaxaqueño también es acusado de espiar a sus adversarios, y la Procuraduría General de la República (PGR) ya abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010 para localizar a los responsables de realizar estas acciones ilegales contra personajes como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho, quien en entrevista con Proceso dice que esto enturbia las elecciones del 4 de julio y advierte que, si el gobierno federal no interviene, puede haber graves hechos de violencia durante el proceso electoral.
De la misma manera se expresa Yésica Sánchez, directora de la oficina en Oaxaca de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), al indicar que es sumamente preocupante la emboscada a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala, en la que murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus, A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa, mientras que el periodista David Cilia y los activistas Noé Bautista y Mónica Citlali Santiago resultaron heridos.
Consultada al respecto por el reportero, la defensora de derechos humanos manifiesta que este suceso “es la comprobación de la existencia de grupos paramilitares o parapoliciacos apoyados por el gobierno. Lo ocurrido en San Juan Copala marca una realidad: que en Oaxaca hay muchos conflictos que se pueden prender en cualquier momento. No quiero ser pesimista, pero veo un escenario turbulento y violento para las elecciones de julio”.

Violencia e impunidad

En vísperas de las campañas electorales para la renovación del Congreso, las presidencias municipales y la gubernatura de Oaxaca, existe preocupación en la sociedad oaxaqueña por la forma en que Ulises Ruiz calificó el ataque a la caravana de observadores pues, tras rechazar su responsabilidad, señaló que se trató de un “enfrentamiento” entre la comunidad y un grupo de “activistas” nacionales y extranjeros.
Para Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la postura del gobernador y las acciones violentas en San Juan Copala son una muestra más de la actuación de un gobierno “perverso” y de mano dura que Ulises Ruiz ha mantenido desde el inicio de su administración.
Inclusive antes, recuerda Sosa, en una etapa anterior a su arribo al gobierno estatal, Ulises Ruiz ya daba señales de su gusto por el uso de la violencia para conseguir sus objetivos.
En agosto del 2004, en un acto de su campaña electoral, un grupo de priistas encabezados por el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano mató a palos al profesor Serafín García, quien apoyaba al candidato de la oposición Gabino Cué.
A pesar del escándalo generado por las imágenes del ataque tomadas por el fotógrafo Tomás Martínez y publicadas entonces por el diario Reforma, nunca se actuó contra Desiderio Concha, sino, al contrario, fue premiado, pues el 12 de agosto de 2009 fue declarado diputado federal electo por el Distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón.
El día de la postulación como candidato de Desiderio Concha fue acompañado por Jorge Pineda Casimiro, alias El Diablo, quien más tarde, durante la campaña y en la referida agresión, fue fotografiado golpeando con un palo al anciano profesor, quien murió por ese acto de violencia que nunca fue castigado.
Ulises Ruiz “así ha ido. Comenzó encarcelando a opositores, haciendo obras sin consultar a la gente, y por eso estalló la rebelión en 2006. Durante todo este tiempo ha sido un gobierno que ha golpeado a la gente y que incluso ha mandado a asesinar usando la famosa Caravana de la Muerte”, asevera uno de los representantes de la APPO que fue encarcelado por órdenes de Ulises Ruiz.

“Un cacicazgo con el PRI de rehén”

Ulises Ruiz Ortiz es actualmente el gobernador que presenta los mayores índices de violencia y represión social, así como de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos de líderes sociales.
En 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Chiapas, Oaxaca, y Atenco, Estado de México. Ahí, para el caso de Oaxaca, destacaba que entre junio de 2006 y abril de 2008 se documentaron 62 casos de homicidio por cuestiones políticas o sociales, entre los cuales destacaban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.
Previamente a 2006, cuando se presentó el caso de la APPO, el gobierno de Ulises Ruiz ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio de 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo de 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre de 2005, en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa. Y a esos crímenes se sumaron, en 2006, los perpetrados en contra de Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.
Considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en 2006. A Ulises Ruiz se le responsabiliza de haber marcado un alto saldo histórico de muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos.
Raúl Bolaños-Cacho, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con más de 40 años de militancia en el PRI, dice que, si se toma en cuenta el dictamen del máximo órgano de justicia del país, se ve con claridad lo que ha sido el gobernador Ruiz y su necesidad de que gane su candidato Eviel Pérez Magaña para protegerse del juicio de tribunales internacionales y de las investigaciones que aún no hacen las autoridades competentes.
–En un referente histórico, ¿cómo describiría al gobierno de Ulises Ruiz?
–Es un gobierno muy distanciado de la ciudadanía, que trata de perpetuarse en el poder usando todos los medios al alcance para seguir manteniendo un cacicazgo teniendo de rehén al PRI.
–Pero además pretende ganar y colocarse en el 2012…
–Bueno, trata de hacer una plataforma con el triunfo de Eviel Pérez Magaña para posicionarse y buscar la dirigencia nacional del PRI, algo que veo muy remoto porque en otros estados se ve a un priismo de vanguardia, de cara al siglo XXI, mientras que el priismo de Ulises Ruiz es retrógrada, absolutista, autoritario, que no da apertura a los cuadros internos y no acepta las opiniones contrarias. Eso es lo que ha prevalecido en estos seis años. Pero me parece que la ciudadanía oaxaqueña ha empezado a despertar y el resultado lo veremos el 4 de julio.

Escuadrones de la muerte

Durante el conflicto de la APPO, fue documentada la aparición de un grupo de sicarios dedicado a sembrar el terror entre los simpatizantes del movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo de sicarios se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros y colonos, e incluso el homicidio del periodista estadunidense Brad Will.
En el informe sobre derechos humanos 2007-2009 Oaxaca, un régimen agrietado, de la agrupación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), se asienta que varios funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz participaron en la organización y operación del grupo paramilitar, entre ellos la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza y quienes fungieron como secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya, y como secretario de Gobierno, Jorge Franco, quien en la actualidad es diputado federal.
Flavio Sosa, por su parte, señala a otros funcionarios que participaron en estos aparatos de represión e inclusive de espionaje al servicio de Ulises Ruiz, como el secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárcega; Alejandro Barrita, quien fue director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial; Aristeo López Martínez, hoy excoordinador de Seguridad Pública, y los marinos José Manuel Vera Salinas, quien fue director general de Seguridad Pública, y Manuel Moreno Rivas, a la sazón director de la Policía Ministerial de Oaxaca.
Más aún, algunos de estos represores, ubicados en otras partes, siguen siendo severamente cuestionados por conductas parecidas, mientras que otros han sido ejecutados.
El 30 de enero de 2008, el teniente Alejandro Barrita fue abatido a tiros mientras hacía ejercicio en el parque deportivo El Tequio, por cuatro sujetos que portaban rifles de asalto AK-47 y R-15, así como pistolas de 9 milímetros. Casi un año después, el 23 de enero de 2009, otro de los personajes acusados de integrar la Caravana de la Muerte, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado de 30 balazos de armas largas cuando viajaba en su vehículo por la Calzada de la República en la capital oaxaqueña.
Curiosamente, ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de dos cuadros políticos del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo de 2007.
Otros dos personajes a los que se mencionó como parte del grupo paramilitar que actuó contra la APPO en 2006 son los mencionados marinos José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, quienes trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) bajo las órdenes del contralmirante Wilfrido Robledo, quien se desempeñaba como director de Seguridad. Fue también titular de la Policía Federal Preventiva (PFP) y director de Seguridad Pública del Estado de México, cargo éste del que fue destituido por la represión en Atenco.
“Así ha ido Ulises Ruiz. Durante todo el tiempo ha usado la asesoría de gente proveniente de la Secretaría de Marina. Hace poco fue encontrado un equipo de espionaje en Cancún a cargo del teniente de navío Manuel Vera Salinas, quien junto con el teniente de infantería Manuel Moreno Rivas fue pieza clave en todo la estrategia de contrainsurgencia y golpeteo a los opositores”, señala Flavio Sosa.
Efectivamente, durante la rebelión de la APPO los dos tenientes tuvieron una actuación destacada en los operativos policiacos, sobre todo en los destinados a detectar acciones del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). De hecho, estas actividades las venían realizando desde el gobierno de José Murat.
Cuando fracasó en el desalojo de los maestros del Zócalo de la capital oaxaqueña, el 14 de junio de 2006, Ulises Ruiz Ortiz tuvo que destituir a su secretario de Gobierno, Jorge Franco, operador de los grupos de choque, y al teniente Vera Salinas. Sin embargo, ambos siguieron operando en el control de los grupos opositores al gobernador.
Después del conflicto en Oaxaca, Vera Salinas se trasladó a Quintana Roo y fue nombrado director de Tránsito de Cancún. Ahí se vio envuelto en otro escándalo.
El 17 de abril pasado, elementos del Ejército descubrieron un centro de espionaje político en los condominios de Xcaret, Cancún. En el departamento se encontraron aparatos de alta tecnología de intervención telefónica de celulares y teléfonos fijos, grabadoras, computadoras, cámaras de rayos infrarrojos y dispositivos de seguimiento para personas y autos.
Las autoridades de Quintana Roo señalaron que el centro de espionaje era operado por el teniente de navío Manuel Vera Salinas, coordinador de seguridad del municipio de Benito Juárez (Cancún), y que estaba a cargo de una persona llamada Juan Ramírez, contra quien la PGR abrió la averiguación previa PGR7QROO/CAN/193/20-II, por el delito de intervención de comunicaciones privadas.

Espionaje oaxaqueño

Desde el inicio de la administración de Ulises Ruiz, los líderes sociales y políticos del estado manifestaron su preocupación por el espionaje y el seguimiento de que eran objeto por parte del gobierno. Aunque había quejas, no se había presentado ninguna acusación hasta que en las últimas semanas se conoció de una denuncia anónima –interpuesta ante la PGR– de espionaje telefónico en Oaxaca.
El 18 de marzo pasado, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010, y ha citado a varias personas que presuntamente son espiadas, entre ellos el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho.
En entrevista, el magistrado con licencia lamentó que algunas personas se estén dedicando a esos actos ilegales, pero sobre todo que lo hagan en este momento, cuando arranca el proceso electoral, y contra personas que son ajenas al gobierno y al PRI.
“Pienso que es el inicio de una guerra mediática que el gobierno de Oaxaca está aplicando como parte de la estrategia para que gane su candidato, pero debe tener cuidado porque como gobernante debe preservar la paz y garantizar la tranquilidad para las elecciones del 4 de julio.”
El magistrado sostiene que es preciso que el gobierno federal intervenga porque de las 12 elecciones que habrá este año en el país, la de Oaxaca es la más peligrosa por la violencia que se puede desatar, como la que se ha empezado a ver en el ataque a la caravana humanitaria en San Juan Copala.
“Creo – añade– que ya hay indicadores preocupantes que deben hacer voltear la mirada del gobierno federal. Los focos rojos se empiezan a encender en el estado. Nosotros apostamos a que haya saldo blanco y no se presente una violencia que oscurezca más el panorama de Oaxaca, pero la elección debe ser vista como un asunto de seguridad nacional.”
En esto coincide el integrante de la APPO Flavio Sosa, para quien el ataque a la caravana de observadores de derechos humanos y periodistas en San Juan Copala es una señal de la violencia que se puede generar durante el proceso electoral.
Sobre todo porque ya hay antecedentes de la actuación de grupos armados, quienes en fechas recientes han herido de bala a 10 niños y niñas, dice la directora de la Limedh, Yésica Macías, y porque el 7 de abril de 2008 asesinaron a Teresa Bautista Flores y a Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio. Además de que en septiembre y octubre de ese año asesinaron también a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de Ulises Ruiz hiciera algo para detenerlos. l

Los graneros electorales de Peña Nieto
Jenaro Villamil
Irrefrenable en su afán de conquistar la Presidencia de la República en 2012, el gobernador Enrique Peña Nieto avanza ya en un proyecto más que coyuntural, pues desde 2007 impulsa el proyecto Ciudades Bicentenario, mediante el cual pretende construir medio millón de viviendas en urbes de seis municipios mexiquenses de aquí a 2020. Ese millonario programa, con el que beneficia a varios de sus familiares y amigos, tiene un propósito definido: “sembrar” los futuros graneros electorales.

“Aquí, antes se sembraba maíz. Ahora prefieren sembrar casas”, afirma don Gervasio Lugo, habitante de una de las 87 mil 700 viviendas de interés social que se han construido en menos de tres años en el municipio de Tecámac, emblema del proyecto de Ciudades Bicentenario que anunció el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el 31 de julio de 2007.
Como don Gervasio, muchos habitantes de las unidades de Héroes de Tecámac se quejan por los malos materiales de las viviendas, la falta de transporte, agua, energía eléctrica, pero sobre todo de la creciente inseguridad en estas nuevas “ciudades dormitorio”.
Junto con Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez, Tecámac es uno de los seis municipios de la entidad elegidos para ser las Ciudades Bicentenario. Un dato: entre Tecámac y Zumpango se concentra 49% de las 28 mil 597 hectáreas que el gobierno mexiquense pretende urbanizar de aquí al 2020. En ese lapso la pretensión es construir medio millón de viviendas en estas ciudades, de las cuales 155 mil 300 quedarán en Tecámac y 111 mil en Zumpango.
El propósito de Peña Nieto es “conjuntar la planeación gubernamental con el espíritu empresarial de los mexiquenses para construir ciudades modelo, autosuficientes, ambientalmente viables, económicamente competitivas y socialmente justas”.
“De aquí al 2020, la entidad contará potencialmente con 28 mil hectáreas destinadas a usos urbanos con vocación industrial, comercial, de servicios, habitacional y recreativa, al tiempo que se privilegiará el uso del suelo y el crecimiento vertical, lo que permitirá que sus habitantes puedan vivir cerca de sus centros de trabajo”, declaró el mandatario el 19 de mayo de 2008, al firmar el acuerdo de los lineamientos generales para las Ciudades Bicentenario.
A casi dos años de distancia la situación es muy diferente. Las nuevas zonas habitacionales distan mucho de ser “ciudades modelo” y están más cerca de la condición de Mac Ciudades, es decir, concentraciones urbanas construidas para apilar casas, población migrante, centros comerciales, aun con deficiencias de servicios, y sobre todo para que sean los nuevos graneros electorales que garanticen el control del PRI en el Estado de México y la posible candidatura de Peña Nieto a la Presidencia en 2012.
Así lo revela el estudio demográfico Análisis prospectivo sobre la redemarcación distrital, elaborado por el diputado local del PRD, Ricardo Bautista, y el especialista electoral Félix Santana, quienes hacen las siguientes observaciones:
–En 10 años –de 2000 a 2010– la población del Estado de México crecerá en 2 millones hasta llegar a 15 millones 197 mil habitantes, de los cuales 11 millones estarán concentrados en 27 municipios, que equivalen a 80% de la población actual.
–No todos los municipios crecerán a tasas iguales. Aquellos donde predomina electoralmente el PRD lo harán en 8.6%; los del PAN a una tasa promedio de 7.9%, y los del PRI a 6%. Uno de los de mayor auge es Tecámac, con un índice anual de 56.6%. En ese municipio gobernó el PAN, pero el PRI le arrebató la mayoría electoral en 2009. La clave fue la población votante de las unidades habitacionales de Héroes de Tecámac que llevó de nuevo a la presidencia municipal al priista Aarón Urbina, vinculado a las poderosas empresas inmobiliarias de la familia Hank.
–En cuatro de los seis municipios que forman parte de las Ciudades Bicentenario –Tecámac, Huehuetoca, Zumpango y Almoloya de Juárez– se construirá el mayor número de viviendas, y el gobierno del Estado de México pretende movilizar hacia ellas casi 1 millón de personas, para 2010, y 2 millones 124 mil 700 personas para 2020.
–El gobierno del Estado de México “inició la contraofensiva operando el proyecto denominado Ciudades Bicentenario” para evitar el “contagio” de la ola amarilla del PRD que dominaba antes en los municipios conurbados del Valle de México, especialmente Ecatepec, colindante con Tecámac, y Nezahualcóyotl.
–“En este proyecto se proponen movilizar a 1 millón de habitantes otorgándoles viviendas a precios bajos. Si a esto le aumentamos los 2 millones de crecimiento natural que tendrá el Estado de México, en total se movilizarían 3 millones de habitantes”, concluye el estudio, cuya copia obtuvo Proceso.

De ciudades Pronasol
a ciudades fantasma

Sobre la carretera federal México-Pachuca, a unos cuantos metros del Tecámac Power Center, está el monumento a la Ciudad Bicentenario, construido por el gobierno peñista. Detrás de esa estructura de concreto se puede observar el vestigio de otro símbolo del sexenio salinista: una columna blanca con el moño entrelazado del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).
Solidaridad fue durante la década de los noventa el emblema salinista para recuperar el Estado de México. Los municipios conurbados con el Distrito Federal se convirtieron en bastiones de la oposición perredista y panista desde esa época. El Pronasol operó con recursos, créditos de vivienda y programas de urbanización en el Valle de Chalco, Ecatepec y Tecámac, especialmente para transformarlos en laboratorios de la recuperación electoral del salinismo.
Como una réplica casi exacta del Pronasol, el gobierno de Peña Nieto ideó el proyecto de las Ciudades Bicentenario para convertirlos en el emblema del desarrollo de su gobierno.
En un recorrido por Tecámac y Zumpango, Proceso observó que, en un esquema similar al Pronasol, las Ciudades Bicentenario son en realidad unidades habitacionales pensadas como graneros electorales. Carecen de los servicios indispensables y privilegian el negocio inmobiliario y comercial por encima del respeto al medio ambiente, de los servicios de transporte público, de educación o de salud.
UrbiVillas, unidad habitacional de Tecámac es durante las mañanas una ciudad fantasma. Casas vacías donde se distingue a algunos jóvenes que deben recorrer dos kilómetros diarios a pie para alcanzar el servicio de transporte que conecta al municipio con la zona de Indios Verdes, en el Distrito Federal. Sólo hay un horario para el servicio de las combis de pasajeros: las 3:30 de la tarde.
Don Manuel, originario de Michoacán, puso un puesto de venta de pollos asados al estilo michoacano en una calle de esa unidad. Dice que convirtió su casa en un negocio comercial para pagar la hipoteca mensual. Los clientes de don Manuel se quejan porque en los últimos días de febrero no tuvieron energía eléctrica.
El modelo de UrbiVillas se asemeja al de Héroes de Tecámac, el desarrollo inmobiliario más impresionante de la zona, realizado por la empresa Sadasi. Con casi 10 años de existencia, Héroes de Tecámac es el verdadero rostro de lo que pretenden ser las Ciudades Bicentenario.
Kilómetros interminables con “casas-cajón” de casi 160 mil viviendas distribuidas en tres secciones se extienden entre Ecatepec, el municipio más poblado del país, y Tecámac. El modelo de “casas de autoempleo” es más notorio en esta zona: en una sola cuadra hay siete estéticas, cuatro tiendas de abarrotes, dos refaccionarias y cinco fondas, al estilo de los paladares de La Habana, Cuba. Los habitantes adaptan sus casas como negocios particulares.
No hay ningún hospital en la unidad, las escuelas primarias y secundarias son pocas y el entorno carece de guarderías suficientes. Los vecinos consultados se quejan principalmente de dos cosas: la falta de seguridad pública y los “vicios ocultos” en sus domicilios.
El de Tecámac, en especial el complejo habitacional Héroes de Tecámac, es uno de los municipios con mayor incidencia de robo de autos y a casas-habitación a nivel nacional. Según los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), entre enero y junio de 2009 en Ecatepec y Tecámac desaparecieron mil 817 vehículos. Muy cerca de la unidad Héroes de Tecámac se encuentra la base aérea de Santa Lucía y los vecinos se quejan de los presuntos abusos de los militares.
El deterioro ambiental en Tecámac es pronunciado. Lo que antes fueron ejidos productores de alfalfa y maíz, ahora son terrenos en proceso de urbanización, aún cuando no cuentan con la infraestructura necesaria. Datos de la Comisión Nacional de Agua revelan que la construcción de estas unidades habitacionales representa una demanda adicional de 515 millones de metros cúbicos de agua.
Zumpango es el siguiente municipio elegido para construir en la zona norte otra Ciudad Bicentenario. Esta fue una de las cuencas lecheras más importantes del país, donde hasta algunos años se producían hasta 50 mil litros diarios. En menos de una década, la cifra de producción es de casi cero.
De los 20 grandes ranchos, hoy sólo cuatro sobreviven. Los demás fueron adquiridos por las empresas inmobiliarias. De las 7 mil 832 hectáreas, casi la cuarta parte de lo que el gobierno peñista pretende urbanizar se encuentra en Zumpango.
Desde 2007 el gobierno estatal autorizó en este municipio la construcción de 70 mil viviendas, de las cuales 47 mil 500 formarán parte del proyecto de Ciudad Bicentenario. El plan es llegar a 111 mil que alojarán a 447 mil 400 pobladores en 2020.
El tercer desarrollo en importancia es el del municipio de Huehuetoca, donde se urbanizarán 4 mil 203 hectáreas y se construirán 104 mil 100 viviendas de aquí al 2020, que serán habitadas por 447 mil 700 personas. El otro polo es Almoloya de Juárez, donde se han urbanizado más de 4 mil hectáreas con la finalidad de construir 37 mil 800 viviendas para 252 mil personas.
En Atlacomulco, municipio emblemático de la élite priista en el poder, se han urbanizado 2 mi 788 hectáreas y se pretende construir 38 mil 400 viviendas, de aquí al 2020, para 165 mil personas. En Jilotepec, bastión electoral priista, se urbanizarán 3 mil 161 hectáreas para construir 26 mil 600 viviendas en ese mismo periodo, con el propósito de movilizar a 114 mil 600 nuevos habitantes.

El gran negocio

Las empresas desarrolladoras más beneficiadas con la construcción de vivienda en las Ciudades Bicentenario son: Corporación Geo, Ara, Sadasi, Urbi, Hogares Unión y Sare. Tan sólo en Tecámac, Grupo Sadasi presume en su página de internet que la unidad Héroes de Tecamac “es ejemplo clave en el diseño de proyectos habitacionales a gran escala”. En Zumpango, Geo prevé construir 250 mil viviendas, mientras que Ara se interesa más en el desarrollo de Huehuetoca.
Buena parte de los fondos para desarrollar las nuevas unidades habitacionales proviene de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha apoyado la construcción de las seis Ciudades Bicentenario del Estado de México. También opera el esquema denominado Desarrollo Urbano Integralmente Sustentable (DUIS), un mecanismo creado por el gobierno federal para apoyar con una bolsa de 260 mil millones de pesos la construcción de 24 grandes proyectos inmobiliarios en todo el país, incluyendo los del Estado de México.
La clave del gran negocio inmobiliario y clientelar radica en los principales gestores y promotores oficiales de este esquema. Un exgobernador, Alfredo del Mazo González, tío de Peña Nieto y presidente del Consejo Mexiquense de Infraestructura, así como tres primos del gobernador que son miembros de su gabinete, juegan un papel fundamental en el esquema de la “contraofensiva” electoral que representan las Ciudades Bicentenario.
En primer lugar, la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco González, quien ha autorizado la construcción de las unidades habitacionales más importantes de la entidad. Algunos políticos locales consideran que la funcionaria ha logrado “convertir al Estado de México en una gran vecindad”.
Hija de Leopoldo Velasco y Ernestina González del Mazo, tía de Peña Nieto, Velasco González es de las pocas integrantes del gabinete peñista que ha perdurado en su cargo desde 2005, cuando se inició la actual administración. Los vecinos de Villa del Real, en Tecámac, interpusieron ante el Congreso local una demanda en contra de Velasco González en enero de 2007. En ella la acusaban de proteger los intereses de la constructora Urbi, que incumplió con la entrega de las casas-habitación en esta zona.
Otra pieza clave es el primo político de Peña Nieto, Ernesto Nemer, exsecretario de Desarrollo Social y actual líder de la mayoría priista en el Congreso local. Nemer es esposo de Carolina Monroy del Mazo, actual secretaria de Desarrollo Económico. Considerado uno de los precandidatos a la gubernatura, él fue pieza clave en la entrega de despensas y en la promoción del voto para la recuperación electoral del PRI en 2009.
Junto el matrimonio, Alfredo del Mazo Maza, actual alcalde de Huixquilucan y exsecretario de Turismo, es el enlace entre el grupo de empresarios interesados en los negocios de infraestructura carretera e inmobiliaria del Estado de México. Del Mazo Maza es señalado como el principal delfín de Peña Nieto para sucederlo.
Otro personaje clave es el exdiputado federal y actual secretario de Medio Ambiente, Gustavo Cárdenas Monroy, emparentado con Peña Nieto y con su prima Carolina Monroy del Mazo. El Análisis prospectivo sobre la redemarcación distrital lo señala como uno de los intermediarios de los capitales provenientes de Francia, España y Gran Bretaña para el financiamiento de obras de infraestructura, entre ellas el aeropuerto de Toluca y las principales vías de comunicación que enlazarán a las Ciudades Bicentenario.
El secretario de Agua y Obra Pública del Estado de México, David Korenfeld Federman, es otra pieza clave en el modelo de las Ciudades Bicentenario. Korenfeld fue alcalde de Huixquilucan, donde impulsó los desarrollos inmobiliarios más exclusivos del país, como Interlomas y Fuentes de las Lomas, cada uno de ellos considerado por sus propios habitantes como el “Tlatelolco de los ricos”.
Sin duda, uno de los empresarios más beneficiados y consentidos del gobierno de Enrique Peña Nieto es Juan Armando Hinojosa Cantú, compadre del gobernador, socio de Grupo Hermes, de la familia Hank, y beneficiario con obras de infraestructura hospitalaria, carretera, inmobiliaria y publicitaria por más de 20 mil millones de pesos durante la actual administración.
La fortuna de Hinojosa Cantú, propietario de Constructora Teya y otras cinco empresas, proviene del gobierno de Alfredo del Mazo González, tío de Peña Nieto. Su nombre aparece como donador de la campaña del PRI en el Estado de México en 2000, con 406 mil 940 pesos, según una lista entregada al IFE el 13 de julio de ese año.
En el sexenio de Arturo Montiel, Hinojosa Cantú se benefició con un jugoso contrato para la construcción del Centro Médico del Instituto del Seguro Social del Estado de México y Municipios (Issemym), cuyo costo excedió en 50% el presupuesto original. El entonces secretario de Administración, Enrique Peña Nieto, autorizó que el hospital, cuyo costo original era de 193 millones de pesos, costara 255 millones de pesos.
Los favores con Hinojosa Cantú se pagan en la administración Peña Nieto. Asociado a los empresarios españoles de OHL, Hinojosa ganó la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario y obtuvo, por 7 mil millones de pesos, la licitación del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, otra de las Ciudades Bicentenario.
Según los datos del concurso 448340 01-001-008, de la Secretaría de Salud, la obra costará 124% más que otras similares en El Bajío o Tamaulipas. Durante 25 años, el gobierno mexiquense deberá pagarle 281 millones 530 mil pesos anuales a Constructora Teya. l




La ley del miedo...
J. Jesús Esquivel
Tras la aprobación de la Ley SB 1070 –que criminaliza la inmigración ilegal en Arizona–, miles de indocumentados preparan el éxodo hacia otros estados de la Unión Americana, al tiempo que cientos más se agolpan en el consulado de México en Phoenix para solicitar documentos de doble nacionalidad que los ayuden a evitar la separación entre padres mexicanos e hijos nacidos en Estados Unidos. Entretanto, en Arizona, el ultraderechista sheriff Joe Arpaio amenaza con acusar a inmigrantes de ser potenciales traficantes de personas.

PHOENIX, ARIZONA. - Son las cinco de la tarde en Scottsdale, Arizona, y al restaurante Huauchinango llegan pocos clientes.
“La gente está espantada con esta nueva ley racista. Hace una semana a esta hora ya teníamos por lo menos a 15 personas comiendo. Hoy sólo han llegado cuatro”, comenta Alex Bonilla, encargado del restaurante, ubicado en el número 7620 de la calle E McKellips, en este condado conurbado a la capital de Arizona.
“Ahora sí se pasaron. No puede ser que nos odien tanto a los latinos que sólo estamos aquí para trabajar”, comenta Alex a Proceso.
Para los pequeños comerciantes y prestadores de servicios del área de Phoenix, la disminución de clientes es la consecuencia inmediata de la llamada Acta de Apoyo a Nuestra Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros, también conocida como la SB 1070, que fue promulgada el viernes 23 de abril por la gobernadora republicana del estado de Arizona, Jan Brewer.
Y es justo por la disminución de clientes, por lo que los dueños de pequeños establecimientos consideran que la ley afectará la actividad económica de la región. Muchos prevén el eventual cierre de sus negocios.
Aprobada por la mayoría republicana que domina las dos cámaras del Congreso de Arizona, la SB 1070 –que podría entrar en vigor en julio o agosto próximos– autoriza a los agentes de la policía de la entidad a detener a cualquier persona que, a su juicio, sea “sospechosa” de estar de manera ilegal en Arizona.
Como el criterio para determinar quién es sospechoso es subjetivo, los policías podrían guiarse por el color de la piel o las características físicas de un individuo para detenerlo, interrogarlo y exigirle documentos que demuestren su estatus de residente legal en el país. Si en el momento de su detención no cuenta con esos documentos, puede ser remitido a la cárcel. Si la policía comprueba que se encuentra en el país de manera ilegal, el estado de Arizona le impondría una sanción de seis meses de prisión y una multa de hasta 2 mil 500 dólares, antes de deportarlo a su país de origen.
Así, esta ley –impulsada por el senador republicano del distrito de Mesa, Russell Pearce–, criminaliza la inmigración indocumentada en Arizona.
Las autoridades federales estiman que en esa entidad residen unos 460 mil inmigrantes indocumentados, de los cuales 350 mil son mexicanos. Todos ellos son víctimas potenciales de la SB 1070.
Arturo, nacido en el estado de Hidalgo, ha vivido 10 de sus 28 años como inmigrante indocumentado en el área de Phoenix. En esta ciudad nació su hija que ahora tiene seis años.
“Los latinos, nada más por ser morenos y no güeritos, como casi todos los gringos que hay por acá, van a tener que andarse escondiendo de la policía, porque ante los ojos de la tira gabacha de Arizona, todos somos indocumentados”, se lamenta Arturo mientras juega con su hija en la fuente sin agua frente al edificio del consulado general de México en Phoenix.
“Nos están discriminando”, sostiene Luis, nacido en el estado de Puebla, quien desde hace 17 años trabaja como albañil en el área de Phoenix. Todo ese tiempo ha estado de “ilegal” en este país.
“Los políticos de Arizona son unos racistas. Ahí está el sheriff (Joe) Arpaio, quien se dedica a corretearnos a todos los latinos que vivimos en Phoenix. Dice que todos tenemos cara de criminales. Como si él no se mirara la suya todos los días en el espejo”, agrega Luis, mientras sus tres compañeros de trabajo dejan de comer el mole poblano que pidieron en el Huauchinango para observar con orgullo a su paisano que se atreve a criticar a Arpaio.

Separación familiar

Es martes 27 de abril y la sala de atención al público del consulado general de México en Phoenix se encuentra atiborrada de paisanos. Afuera del inmueble, otras 20 personas hacen fila para entrar. Tienen esperanza de ser atendidos el mismo día.
De acuerdo con las autoridades diplomáticas mexicanas en Phoenix, desde que la gobernadora Brewer promulgó la SB 1070, se disparó el número de mexicanos que acuden a recibir información sobre los efectos de la medida o para pedir documentos de doble nacionalidad para menores de edad nacidos en Estados Unidos.
Hasta el viernes 23 de abril, la oficina del registro civil recibía un promedio diario de 25 solicitudes de doble nacionalidad; la semana pasada la cifra aumentó a poco más de 50 al día.
“Estamos fregados. Yo tengo mucho miedo a esta ley”, comenta Ricarda Vázquez, de 32 años, quien alimenta a su bebé mientras espera en la oficina del registro civil del consulado.
“Mire, yo vine aquí a registrar a todos mis hijos. Tengo tres: el mayorcito de siete años, otro de tres y esta niña de cinco meses. Todos nacieron aquí y tienen papeles. Pero mi esposo y yo no tenemos”, dice la mujer que llegó a Phoenix hace 14 años procedente del estado de Oaxaca.
José Luis y su esposa, Frida, ambos nacidos en Los Mochis, Sinaloa, cuentan que llegaron desde las 7:30 de la mañana al consulado, media hora antes de que se iniciara la atención al público. “Venimos a sacarles la doble nacionalidad a nuestros cuatro hijos. Ellos nacieron acá y nosotros somos indocumentados”, comenta Frida, quien, al igual que la mayoría de las personas entrevistadas, pidieron que solamente se les identificara por su primer nombre.
José Luis explica que la nueva ley aumenta las probabilidades de que él y su esposa sean detenidos y deportados a México. Ante esa posibilidad, no quiere que sus hijos se queden en Estados Unidos. Prefiere llevarlos consigo a México y por ello les tramita el documento de doble nacionalidad. “Aunque mis hijos hayan nacido aquí, no se los vamos a dejar a estos pinches gringos racistas”, remata José Luis.
De hecho, la SB 1070 aumenta los riesgos de la separación familiar de los inmigrantes mexicanos y ello es la causa principal del pavor que ha generado en la comunidad hispana de Arizona.

El éxodo

Ismael, de 35 años y oriundo de Ixtlán del Río, Nayarit, que ha pasado los últimos 17 años trabajando en Arizona como jardinero, albañil, pintor y plomero, se quita de los labios el refresco Jarritos cuando el reportero le pregunta si le tiene miedo a la SB 1070.
“Claro que le tengo miedo, pero le tengo más miedo a los narcos y a los secuestradores de México. Por eso no me voy a regresar para mi pueblo. Me voy a ir de Arizona, pero para otro estado, tal vez más al norte”, dice.
Cuando Ismael habla, sus dos compañeros que lo acompañan en el restaurante Huauchinango asienten en señal de aprobación: “A México no vuelvo. ¿A qué?, ¿a que también a mí me maten o me secuestren a mis hijos? Está más cabrón allá que acá”, insiste.
Al igual que Ismael, la mayoría de los más de 20 mexicanos entrevistados por el reportero en las ciudades de Phoenix, Tucson y Douglas dicen que se preparan para emigrar de Arizona hacia otros estados de la Unión Americana, la mayoría a Nuevo México, California, Nevada, Texas o a otras entidades ubicadas más al norte –como Nueva York o Illinois– donde las leyes son “más tolerantes” con los indocumentados.
Justino, un chilango de 54 años, asegura que ya comenzó a vender sus muebles con la idea de “juntar un dinerito” para buscar trabajo en Nuevo México.
Rigoberto, oriundo de Zacatecas, planea irse a vivir a Maine. “Allá dicen que sí nos quieren”, comenta esperanzado. Y platica que su hermano y sus dos primos —quienes llegaron con él a Tucson hace tres años— “se van para Chicago”.
Ni Justino ni Rigoberto quieren esperar el resultado de las medidas anunciadas por el gobierno de Obama para frenar la ley. Una de ellas es que el Departamento de Justicia promueva ante una corte federal que la SB 1070 sea declarada inconstitucional. Tal demanda sería presentada a mediados de este mes, según difundió el jueves 29 el diario The Washington Post.
Pero no es fácil, pues las autoridades de Arizona pueden impugnar tal decisión con el argumento de que el gobierno federal trata de intervenir en las decisiones soberanas del estado, garantizadas por la Constitución del país.
No sería la primera vez que Arizona se enfrenta a la federación. De 1990 a 1993 las autoridades del estado, respaldadas por sus votantes, soportaron un boicot económico nacional –similar al que otros estados amenazan con aplicarle por la SB 1070– debido a que se negaron a aceptar el mandato federal que establece el tercer lunes de enero como día feriado por el natalicio de Martin Luther King.
De hecho, aprovechando los derechos constitucionales de los que gozan los estados, Arpaio, el sheriff de Maricopa –condado en el que está la ciudad de Phoenix– anunció la Operación de Supresión Criminal. En virtud de ella, los policías de Maricopa podrían cazar a inmigrantes indocumentados que, a juicio de Arpaio, puedan ser potenciales traficantes de personas.
“Mi marido dice que nos vamos a ir a California. Quiere que nos vayamos en los primeros días de junio, apenas salgan los niños de la escuela y comiencen las vacaciones”, admite la señora Ricarda Vázquez.
–¿Piensan regresar a México? –se le pregunta.
La señora Ricarda mira con incredulidad al reportero:
“Ni que estuviéramos locos”, contesta. “Si nos venimos de allá porque en Oaxaca no hay trabajo, menos nos vamos a ir ahora que hay tantas matanzas. ¿A poco le cree usted al presidente Calderón cuando dice que nos va a ayudar a parar esta ley? Si no puede parar a los narcos, menos a estos políticos de aquí”. l



Verbalismo defensivo
Olga pellicer
Los ánimos se han encendido, con razón. La ley SB 1070 aprobada por la gobernadora de Arizona consolida tendencias hacia la intolerancia, el racismo, la irracionalidad. Es el triunfo de la extrema derecha. Dicha ley abre la posibilidad de que, por el color de la piel, la policía interrogue a quien es “razonablemente sospechoso”, lo detenga, lo mande a la cárcel o lo deporte.
Así han comenzado las historias más trágicas de violación masiva a los derechos humanos, así se construyen los odios raciales que tanto se ha batallado para ponerles fin.
La solidaridad de la “otra América”, la que defiende la pluralidad, los valores democráticos, el antirracismo, la confianza en las grandes aportaciones que los inmigrantes han dado a la cultura y la economía de los Estados Unidos, se ha hecho sentir de inmediato. Allí están todos los grupos que han salido a la calle a denunciar la inconstitucionalidad de esta ley, los que preparan ya las demandas que conduzcan a su abolición, los periodistas que, como el cronista deportivo de The Nation, boicotearán las noticias sobre equipos de un estado racista, los empresarios que han suspendido la convención que iban a celebrar en Arizona.
Más allá de la indignación y la voluntad de sumarse a quienes repudian esta ley, se impone la reflexión. ¿Cuáles serán los efectos inmediatos para una reforma migratoria? ¿Cómo afectará el conjunto de la relación México Estados Unidos?
La consecuencia inmediata ha sido elevar la prioridad del tema de la inmigración en la agenda demócrata, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso. La ley aprobada en Arizona ha obligado a tomar conciencia del riesgo que se corre al no tomar una acción a nivel federal. Por ello, el senador Harry Reid, líder de la mayoría demócrata, se apresuró a declarar que la reforma migratoria tomaba prioridad sobre otro tema tan difícil como es la iniciativa de ley sobre energía y cambio climático.
Sin embargo, pronto se vio obligado a dar marcha atrás. Se sabe bien que la reforma migratoria requiere apoyo bipartidista para tener viabilidad.
Se ha puesto de manifiesto que ni demócratas ni republicanos gozan de consenso dentro de sus bases electorales para abordar este tema. Ellas se encuentran divididas: unas han aplaudido la SB 1070, otras la han criticado; unas expresan el sentir xenófobo de las comunidades blancas de Arizona, otras son muy conscientes del valor de la mano de obra barata y altamente trabajadora de los migrantes indocumentados; unas viven en comunidades donde el voto hispano es crecientemente importante para obtener el triunfo, otras viven en comunidades ultraconservadoras que rechazan la mera presencia de trabajadores extranjeros.
Ante tales divisiones, es necesario construir cuidadosamente los compromisos que puedan conducir a la esperada reforma migratoria integral. Desde luego, a unos cuantos meses de las elecciones intermedias, no es el momento. De insistir, se corre el riesgo de empantanar otra vez el tema o de llegar a un texto cuyo contenido sea muy deficiente.
La ley SB 1070 llega en muy mal momento para definir el ambiente general de la relación México-Estados Unidos. Felipe Calderón visitará Washington dentro de pocas semanas; la primera visita de Estado bajo la administración de Barack Obama. Será una visita muy significativa por el giro hacia la profundización de las relaciones en materia de seguridad que está ocurriendo, por la importancia que el futuro de la economía estadunidense tiene para la recuperación económica de México y por el momento político interno en el cual, al igual que en Estados Unidos, las necesidades de la contienda electoral pueden condicionar el estilo y las decisiones que se adopten.
Por esto último, existirá la tentación de centrar el discurso en reclamar por el agravio a trabajadores mexicanos derivados de la SB 1070. Será desafortunado si ocurre así. Expresar la indignación es comprensible pero protestar por esa ley, por la venta de armas o por el consumo de drogas, no hace las veces de una política.
México tendría que apuntar con mayor precisión, por ejemplo, el camino a seguir para obstaculizar la aplicación de la mencionada ley. Como lo ha señalado acertadamente Jorge Bustamante (Reforma 28/04) debería centrarse en el carácter anticonstitucional de la misma y llevar el caso a tribunales internacionales. Esto colocaría la respuesta en una dimensión más eficiente y al mismo tiempo más acotada.
Durante la próxima visita se deben dejar mensajes claros respecto a dos temas que, junto con la migración, forman el meollo de las relaciones México-Estados Unidos: los acuerdos en materia de seguridad y la inserción de nuestro país en el relanzamiento de la economía de América del Norte.
No se puede olvidar la nueva dimensión de las relaciones en materia de seguridad que tuvo una clara expresión en la delegación de altísimo nivel que llegó a México hace poco tiempo. La llamada Iniciativa Mérida II no importa tanto por el equipo que enviarán o no. Lo importante son los avances para abrir mayor espacio a los militares estadunidenses en la formulación de estrategias y puesta en marcha de operativos para combatir el crimen organizado en México. Responder a esos avances es parte de los retos sustantivos para México durante el diálogo que se llevará a cabo en Washington.
De otra parte, es urgente identificar la posible participación de México en las nuevas metas económicas, como elevar la capacidad exportadora de Estados Unidos, lo cual requiere de la participación de empresas establecidas en nuestro país.
Encontrar el equilibrio entre las protestas y los arreglos, sustituir el verbalismo defensivo por medidas eficientes, es el dilema de una política que, hasta ahora, no da señales de tomar forma. l


...Y en México, “holocausto” centroamericano
Arturo Rodríguez García
Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.

SALTILLO, COAH.- Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.
Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.
El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.
El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.
Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.
Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.
Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.
Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.
Los firmantes exponen su frustración:
“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”
Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.

Súplicas a “Los Zetas”

La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.
El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.
“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.
Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.
En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.
“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.
Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.
“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”
Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.
Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.
Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.
Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.
Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.
A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.
Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.
Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.
Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.
“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.
Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.
Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.

El poder de una empresa

La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.
En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.
En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.
De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.
Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.
De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.
Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.
“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.

La ruta del acoso

Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:
“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.
Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.
El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.
El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.
El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.
Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.
“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.
Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.
En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.

Cuernavaca, rehén o laboratorio
Javier Sicilia
Desde el golpe mediático que la Marina hizo el 16 de diciembre de 2009 con el operativo que eliminó a Beltrán Leyva en Cuernavaca, el estado de Morelos ha seguido el mismo patrón de otras entidades: asesinatos, descuartizamientos, balaceras y muertes de inocentes. Cuatro meses después de aquel operativo, el jueves 14 de abril, algo inédito surgió: por las redes de internet comenzó a circular un supuesto narcomensaje dirigido a la ciudadanía de Morelos. Lo reproduzco en lo sustancial tal y como llegó a mi correo:
“ciudadania de morelos (…) el cartel de pacifico sur es una organizacion dedicada unicamente al comercio de drogas, nosotros nunca hariamos daños a la familias morelenses (…) la autorizacion ha llegado por parte del ‘jefe’ las ordenes son claras eliminar a todos los miembros que trabajen para ‘edgar valdez villareal’(la barbie) que nos traiciono y se metio con el pueblo y a todos aquellos que tengan nexos con el tenemos la orden (…) de matar, descuartizar, decapitar uno por uno (…) les recomendamos que no salgan en la noche a antros, bares etc ya que los podemos confundir y van a valer madres (…) esto va a durar poco por el ‘jefe de jefes’ la tranquilidad regresara así como siempre lo quizo el. att: ‘resistencia’ cps”.
Entre el 15 y el 16 de abril continuaron llegando narcomensajes que, con algunas variantes, precisaban una fecha. Reproduzco lo sustancial del que recibí el 16 de abril por la mañana:
“pasen la voz a toda la ciudadanía de morelos una vez informada de nuestros movimientos se les avisa que el día viernes 16 de abril se dará el toque de queda, esto significa que a partir de las 20:00 hrs se les recomienda no salir por que estaremos en operativo (…). att: ‘resistencia’ cps.”
En la tarde de ese día la psicosis era total. Las propias autoridades de las dependencias del estado dieron la orden de cerrar establecimientos a las 18.30 horas. A las 20:30 sólo unos cuantos autos y personas circulábamos: los cafés, los bares, los restaurantes, los comercios estaban cerrados, y la mayoría de los ciudadanos se recluyeron en sus casas.
Dos hechos alarman: 1) el grado de terror que la guerra desencadenada por Calderón ha instalado en la ciudadanía; 2) el silencio por parte de los gobiernos estatal y federal frente a la psicosis desatada. El primero es evidente: tres años de una violencia que crece y se desborda por toda la República no pueden más que instalar el miedo y la impotencia en el corazón. El segundo es ambiguo y, por lo mismo, generador del miedo psicótico que se vivió: ¿Por qué Marco Antonio Adame, el gobernador de Morelos, desde el momento en que la psicosis comenzó a cundir no hizo una rueda de prensa y encadenó a las radiodifusoras para enviar un mensaje a la ciudadanía y conjurar el terror? ¿Por qué permitió que las propias instancias del gobierno cerraran? ¿Por qué ni la Cámara ni los presidentes municipales ni los partidos hicieron algo al respecto?
Puede haber dos explicaciones: O bien, tenemos una clase política imbécil, rehén del crimen organizado y ajena a los ciudadanos, o el gobierno federal está utilizando a Morelos y los supuestos narcomensajes para medir la posibilidad de instalar realmente un estado de excepción en el país.
Ambas cosas son terribles. Muestran el grado de corrosión al que ha llegado la vida política y el grado de miedo que la guerra de Calderón ha logrado instalar en el corazón de los ciudadanos. Pero sea un terror o el otro, la verdad es atroz: A fuerza de miedo, de mensajes anónimos y de silencio de las autoridades, el narcotráfico y el poder político lograron que una ciudadanía suspendiera, por sí misma y durante una noche, sus garantías constitucionales. De allí al hecho jurídico hay sólo un paso.
¿Cuernavaca es el laboratorio que permitirá al gobierno dar ese paso? No lo sabemos, pero la sospecha está allí. El gobierno de Calderón no ha dejado de proceder con una mentalidad totalitaria. En nombre de la salud y del bienestar, es decir, en nombre del sueño neoliberal, desató un terror que ha llamado “guerra contra el crimen organizado” y, bajo esa pantalla, contra las disidencias políticas. Se ha sentido y se siente, inspirado por una moral abstracta, el guardián de los mexicanos. La gente que sufre por su terror no lo conmueve –“los muertos civiles son los menos”, dijo hace poco–, porque su saber, como el de todos los totalitarios, es abstracto. “Ustedes, ciudadanos –parece decirnos junto con Adame y los poderes políticos de Morelos–, no nos conmueven. Amamos demasiado el poder y nuestros sueños, como los narcos su negocio, para ser sensibles a sus sufrimientos y a sus demandas verdaderamente políticas. Es más, contamos con el terror que les hemos creado para desplegar al Ejército y, de ser necesario, en nombre del bienestar que les prometemos, para suspender sus garantías –parecen quererlo cuando corren a casa al llamado anticonstitucional de ‘un toque de queda’ decretado por los criminales que perseguimos–. El amor por el bien que queremos darles nos autoriza a introyectarles el miedo para que clamen por la dureza. Nuestro compromiso con lo que ustedes necesitan nos preserva de la coartada del vínculo social”.
Tomar partido de una vez por todas y en todas las circunstancias a favor de un bien social abstracto es, como lo está haciendo el gobierno, asumir la vía totalitaria. “El campo de Abel –escribía Finkielkraut– puede ser tan criminal como la violencia de Caín”. La prueba más clara es la psicosis que se vivó en Morelos con la complacencia y el silencio de las autoridades y el consiguiente despliegue del Ejército en el estado. No podemos aceptarlo; no es posible aceptar más que el gobierno, de la mano del crimen organizado, se haya convertido en una máquina de desesperar a los ciudadanos para, bajo el pretexto de servirlos, obligarlos un día a abdicar de sus derechos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca. l