Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org
Domingo 9 de mayo de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS DE HAITI
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANO DE CHILE
Cuenta 4042482448 de la sucursal bancaria HSBC
Cuenta 0404040406 Suc. 683 de Bancomer
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Gastar mejor
Diez organizaciones civiles se organizan para vigilar el uso de los recursos y obligar a las autoridades a ser más transparentes
Colaborador Invitado
(9 mayo 2010).- Alejandro González Arreola
Director de Gestión Social y Cooperación, AC.
En diciembre de 2009 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer los resultados de medición de la pobreza bajo su nueva metodología multidimensional. Una de sus principales ventajas es que permite estimar el número de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad como resultado de su falta de acceso a la salud, a la seguridad social, a una vivienda digna, entre otras variables clave para el desarrollo. Gracias a esta nueva metodología, ahora sabemos que, al año 2008, la falta de acceso a la seguridad social afectaba al 64.7 por ciento de la población, el 40.7 por ciento carecía de servicios de salud y que el 81.7 por ciento estaba afectada por al menos una de las ocho carencias sociales que considera esta metodología¹.
Las cifras presentadas por Coneval contrastan con el hecho de que en el periodo de
Es necesario y urgente que gastemos mejor. Los recursos presupuestales se deben orientar a generar condiciones básicas de desarrollo para las personas. Para ello, resulta crucial que los presupuestos respondan a criterios de transparencia en su elaboración, ejecución y evaluación. Sabemos, sin embargo, que en México los incentivos van a contracorriente: opacidad (para evitar ser exhibido y perder votos), discrecionalidad (para gastar en lo que más votos da) e inequidad (para preservar las clientelas que aseguran votos).
Ante esta situación, un grupo de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con orígenes y trayectorias muy diversas, hemos decidido unir esfuerzos en torno a una agenda común: la necesidad de fortalecer la calidad y transparencia del gasto público en los tres niveles de gobierno y en los tres Poderes de la Unión. Para ello nos hemos dado un instrumento: el Observatorio Ciudadano Gastar Mejor.
A este grupo de organizaciones nos motiva la certeza de que nuestro trabajo tendrá mayor incidencia en la vida pública si se apuntalan esfuerzos en una red de colaboración que agregue y potencie la experiencia y capacidades de cada una de nuestras organizaciones para lograr que el uso del dinero público tenga un impacto más positivo en la calidad de vida de los mexicanos.
Nuestra primera acción conjunta (de muchas por venir) es el lanzamiento del portal electrónico www.gastarmejor.mx, el cual agrega y ordena los estudios y productos de análisis presupuestal que este conjunto de organizaciones hemos generado en los últimos años; así como información presupuestal clave de fuentes oficiales en cinco áreas temáticas: transparencia y rendición de cuentas; ciclo de presupuestación y gasto; evaluaciones; herramientas; y cifras oficiales.
Hemos decidido iniciar por lo más básico: conocer y compartir entre nosotros y con terceros lo (aún poco) que sabemos sobre el gasto público en México. Éste es un primer paso que pudiera parecer menor. Sin embargo, estoy convencido de que la sola existencia de Gastar Mejor es una gran noticia, en un contexto político en donde la construcción y avance de agendas comunes entre los distintos es algo tan raro y escaso como los presupuestos públicos transparentes y orientados al desarrollo.
Gastar Mejor
Observatorio Ciudadano
Organizaciones que lo integran
· Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
· Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes).
· Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
· Fundación Este País (FEP).
· Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
· Gesoc, Gestión Social y Cooperación.
· Instituto de Administración Pública del ITESM.
· Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
· México Evalúa.
· Transparencia Mexicana.
Notas:
¹ Las ocho carencias son: ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
² Good intentions, bad outcomes de Santiago Levy.
www.gesoc.org.mx
Deepwater y el 'tesoro' mexicano
Análisis Derrame en el Golfo. El desastre petrolero en el Golfo de México introduce un tema adicional en la discusión sobre la viabilidad de explorar las aguas profundas mexicanas
Rosío Vargas
(9 mayo 2010).- El 20 de abril del 2010 explotó una plataforma de perforación rentada por la empresa British Petroleum (BP) dejando un derrame petrolero cuyo volumen asciende ya a 5 mil barriles diarios. Si bien el volumen derramado está lejos de los 257 mil barriles atribuidos al tanquero Exxon-Valdez, el que hasta hoy no se haya podido contener la fuga de petróleo impide estimar las verdaderas dimensiones del desastre.
Hay además una convergencia de factores que empeoran el problema: el tipo de crudo derramado, que se mezcla fácilmente con el agua; las dificultades para taponar el pozo -que sólo ha podido ser cubierto en una zona de fuga, por lo que ésta habrá de continuar por al menos 90 días según lo anunciado-, y el viento como factor adverso que empuja el petróleo hacia las costas de Luisiana y Florida, sin descartar la posibilidad de un cambio de rumbo hacia México. Los efectos de la contaminación en flora y fauna marina no serán inmediatos, ni del todo visibles.
Todo esto ha llevado a catalogar el fenómeno por sus consecuencias como un huracán con categoría cinco. Por ello nos atrevemos a adelantar que quienes afrontarán las mayores pérdidas en términos relativos son otros actores sociales y económicos, por el impacto ecológico en la zona del derrame y su eventual dispersión.
Si bien la causa del accidente sigue bajo investigación por parte de varias compañías y agencias del gobierno estadounidense, los actores privados involucrados están asumiendo una responsabilidad con límites que llevará a una deliberación en la que no se puede descartar el peso de su poder económico y político. Podría ocurrir lo mismo que en el caso Exxon Valdez, cuando los abogados y los jueces intentaron prorrogar el asunto como una maniobra para reducir lo más posible: las penalizaciones resultantes.
Responsables privados
Diversos son los actores directa o indirectamente relacionados con la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, pero el más visible es el gigante británico British Petroleum (BP), por ser titular de la concesión petrolera. Su posición es negar la responsabilidad del accidente, pero asumir el costo del derrame y la responsabilidad ecológica derivada del mismo. Por ello asumirá los costos "necesarios y apropiados" de la limpieza, admitiendo que: "somos responsables no por el accidente, sino por el petróleo". Los esfuerzos por contener la marea negra son visibles: se han comenzado a perforar pozos de seguridad para reducir la presión más fuerte e inyectar un revestimento para taponar el pozo. Asimismo se propuso fabricar una cúpula de 70 toneladas para depositarla en el fondo del mar a fin de drenar la salida del hidrocarburo, para luego recuperarlo en un contenedor.
Otras participantes son las compañías Cameron -proveedora de las válvulas de tormenta- y TransOcean -la contratista propietaria de la plataforma y el taladro- que también enfrentará numerosas demandas en un ambiente tenso y con menos apoyo que sus socios mayores. TransOcean es de hecho la más expuesta.
Otro actor importante poco mencionado en la prensa mexicana es Halliburton. En la plataforma rentada por BP la empresa Halliburton trabajaba para TransOcean para cimentar el pozo petrolero a partir de un cemento especial que se bombea para cerrar el pozo, prevenir un derrame y fugas de gas. Si bien Halliburton argumenta haber terminado de cimentar el pozo cuando la plataforma explotó, se sabe que cuando el proceso de cimentación se ha hecho mal la resultante es el derrame. En otros derrames en el Golfo de México se ha encontrado que éstos han tenido que ver más con la cimentación que con la falla de los equipos. Por ello hay múltiples demandas contra Halliburton basadas en la misma explicación: "antes de la explosión Halliburton estaba a cargo de las operaciones de cimentación del pozo y la tapadera, y de manera negligente e inadecuada desempeñó estos deberes que fueron causa de la explosión". La defensa de la empresa apela a que pasaron 20 horas después de la cimentación cuando estalló el pozo.
No está de más señalar que Halliburton, como las otras empresas, cuentan con sus respectivas aseguradoras y numerosos contactos en Washington.
Responsables públicos
La responsabilidad también está recayendo en el Servicio de Administración de Minerales de Estados Unidos (MMS por sus siglas en Inglés), por la laxitud en los procesos regulatorios de los estándares de seguridad para la industria, que ordenan por ejemplo apagadores acústicos automáticos de control remoto en caso de incidentes. También se están enfocando en la inadecuada certificación de la perforadora semisumergible de la plataforma que explotó y se incendió. Hay serias dudas sobre los estándares de seguridad otorgados a BP y TransOcean, que se habían venido oponiendo a nuevas regulaciones para mejorar la seguridad propuestas el año pasado por una agencia federal que vigila la perforación costa afuera.
La regulación -que tomaba como base un estudio que mostraba la ocurrencia de numerosos accidentes en perforación entre 2001 y 2007- mereció la total oposición de la industria frente a la agencia. Por lo anterior, el 3 de mayo en el Senado de Estados Unidos Bill Nelson pidió al Departamento del Interior investigar los rumores de que la industria del petróleo y gas influyen indebidamente en el diseño de regulaciones del MMS en lo que se refiere a medidas precautorias de explosión de pozos costa afuera y sistemas de control.
Por si fuera poco, el Comité de Energía y Comercio de la Casa de Representantes anunció una investigación a las compañías por su plan de respuesta ambiental, incluyendo "la adecuación del riesgo administrativo" de las compañías. También BP está siendo investigada por el MMS por la demanda de que la compañía violó una ley federal al no mantener la documentación clave relacionada con otra plataforma de producción costa afuera en el Golfo de México.
A nadie le cabe la menor duda de que el peso de los actores petroleros tiene la capacidad de influir de manera decisiva en la normatividad que aplican las agencias federales y locales a la industria. Después de lo sucedido es seguro que las regulaciones tendrán que ser fortalecidas y algunos de sus representantes actuales despedidos. Por lo pronto, el 3 de mayo del 2010 tres senadores demócratas opuestos a la expansión de la actividad exploratoria en la plataforma marina continental introdujeron una propuesta de ley para aumentar el máximo de indemnizaciones -de 75 millones a 10 mil millones de dólares- que deberán pagar las petroleras por este tipo de daños a la ecología.
Continuará la exploración
Pese a lo anterior la industria petrolera estadounidense no piensa retirarse del negocio en aguas profundas. Si bien tiene claros los riesgos de exposición por localizaciones remotas, la volatilidad de los precios y otros, se consideran pilar de la oferta petrolera, ya que los desarrollos costa afuera han aportado el 70 por ciento de los principales descubrimientos de petróleo y gas en los últimos 10 años, y se sabe que en esas localizaciones habrá más.
Las petroleras tienen la certeza de que la tecnología está disponible para todos en el mercado y que está en buena medida en manos de las empresas de servicio, para quienes es difícil mantenerse en la frontera tecnológica debido a su rápida y fácil diseminación. Para ellos los desafíos son mentales, no tecnológicos, por lo cual están lejos de pretender retirarse del negocio petrolero.
Otro aspecto que se discute en Estados Unidos es si este acontecimiento impactará la política energética del presidente Obama, considerando la anuencia que había dado para las labores de explotación en la plataforma marina continental y la voluntad de ampliar los desarrollos costa afuera en gas y petróleo. La Casa Blanca ha sido pragmática al posponer nuevas licitaciones hasta que se aclare lo que causó el accidente. Esto llevará al menos dos años.
Cierto que toda decisión en materia energética implica riesgos; sin embargo, dada la magnitud del desastre, los riesgos de la exploración costa afuera, y sobre todo en aguas profundas, deberán considerar escenarios con mayor incertidumbre en materia tecnológica, así como el azar propio de la naturaleza.
También habrá que incorporar los efectos secundarios de todos los experimentos geológicos que Estados Unidos realiza (Proyecto Haarp) y que puede estar mostrando sus efectos "colaterales".
Es claro que el accidente y sus consecuencias ya están siendo analizados por las petroleras cuya actividad se ubica en aguas profundas, como Petrobras, pero también debería ser un antecedente a considerar por quienes quieren incursionar en aguas profundas mexicanas en busca del "tesorito".
La autora es doctora en ingeniería energética, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
Desastre ecológico
Análisis Derrame en el Golfo
Raúl Estrada
(9 mayo 2010).- El derrame petrolero por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, el pasado 20 de abril a
Apenas seis meses atrás, British Petroleum (BP), la empresa responsable de esta catástrofe ambiental, cabildeó con el gobierno estadounidense para evitar mayores controles de seguridad en la planta; el resultado fue la imposibilidad de cerrar de manera remota las válvulas por las que hoy fluyen más de 5 mil barriles de petróleo a más de a 5 mil pies de profundidad, contaminando a su paso todo vestigio de vida marina en la zona.
La mancha de crudo crece cada día, pero la mayor parte del daño no ha salido a flote ya que el petróleo se está mezclando con el agua de mar, lo que provoca que sólo una parte del crudo llegue a la superficie.
La otra razón es que, para minimizar los daños visibles, BP está usando un dispersor que se llama Codexit que ayuda a que el crudo se hunda en vez de flotar. Usar el dispersante representa un gran ahorro para BP, que podrá contratar menos barcos pesqueros -a mil 500 dólares el día- para recoger el petróleo. Pero, definitivamente provocará más daños para la vida marina, porque es sumamente tóxico.
Desde Louisiana hasta Florida, las pesquerías de camarón, atún aleta azul, atún aleta amarilla, sierra, salmón, tiburón, ostión y otras variedades de ostras podrían estar contaminadas, sino por el derrame, sí como producto del uso de los dispersantes. Éste es un grave golpe para la economía local, ya que las pesquerías en el Golfo de México contribuyen con el 15.65 por ciento del total del volumen pescado en Estados Unidos, y con el 40 por ciento en México.
Cientos de pescadores perdieron su fuente de empleo y ahora sólo cuentan con dos mil dólares al día que les ofrece BP como salario temporal para ayudar a limpiar el crudo derramado. Pero el precio es aceptar una cláusula "mordaza" que les exige no hablar con los medios de comunicación ni demandar a la empresa. Su futuro es incierto.
La adicción al petróleo que tienen nuestros países para generar energía, además de acelerar el cambio climático nos da muy caras lecciones: si queremos evitar otro derrame petrolero como el de Deepwater Horizon, tanto México como Estados Unidos deben optar por fuentes de energía renovable como la solar, eólica, geotérmica o la energía del mar. El medio ambiente y las generaciones futuras lo agradecerán.
El autor es coordinador de prensa de Greenpeace México.
Ley de medios: reforma imposible
Reportaje Poderes institucionales... y fácticos. Como ocurrió en el 2006, la reforma integral a la ley de medios fue detenida por presión de las televisoras al Legislativo, y se corre el riesgo de una reforma parcial que sólo beneficie a las empresas
Karla Garduño Morán
(9 mayo 2010).- Cuando este año comenzó a discutirse nuevamente una reforma integral a la ley de medios de comunicación, los académicos impulsores de estos cambios se sintieron optimistas; sin embargo, el desenlace de la historia comprueba que los legisladores siguen sometidos a los poderes fácticos, considera Alma Rosa Alva de la Selva.
La catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y coordinadora del libro La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México (UNAM, 2010) encuentra paralelismos entre el proceso legislativo que concluyó en 2006 con la aprobación de la llamada "Ley Televisa", y el intento de reforma actual: en ambos se ha discutido de forma paralela una reforma integral y otra parcial, y al final las modificaciones de fondo a las telecomunicaciones se han quedado frustradas.
"No se logró romper de nuevo toda la maquinaria que se pone en acción cuando hay la posibilidad de una iniciativa de otro tenor que no sea cercano a los intereses del sector de radio y televisión. Se puso en marcha la maquinaria y si bien la iniciativa pudo llegar a las dos Cámaras, no se pudo ir más adelante tampoco esta vez. Parecería que la historia se repite, aunque en aquella ocasión la 'Ley Televisa' sí llegó a ser aprobada y tuvo que ser frenada por la Corte. Ahora hay muchas similitudes de nuevo para torpedear una iniciativa de otro carácter", explica una de las autoras de la iniciativa ciudadana que en 2002 se presentó en el Senado y que algunos legisladores hicieron suya.
Paralelismos
La actual iniciativa del PAN -que forma parte de las propuestas a partir de las cuales se dictaminó en abril un proyecto de ley que no llegó a votarse en comisiones- retoma aspectos importantes de la presentada en el 2002 que, luego de un dilatado proceso, se quedó en la congeladora. Aquel proceso culminó con la aprobación de la llamada "Ley Televisa": una serie de cambios parciales a la Ley Federal de Radio y Televisión que fueron aprobados por la Cámara de Diputados en apenas 7 minutos a finales del 2005, justo en el preámbulo de las campañas presidenciales.
"Algunos legisladores llamaban a que se siguiera trabajando en ese dictamen, pero otros lo estaban frenando, porque ya venía un proyecto paralelo que estaban negociando por otro lado", recuerda Alva de la Selva.
La "Ley Televisa" dio atribuciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para otorgar concesiones, lo cual coincidía con la propuesta integral que buscaba un órgano regulador más independiente; sin embargo, según la académica, la Cofetel responde actualmente a los poderes mediáticos y no ha tenido la autonomía que se necesita para poder tomar decisiones de cara al interés público.
La "Ley Televisa", ratificada por el Senado en marzo del 2006, también abría las puertas para que las empresas pudieran ofrecer otros servicios de telecomunicaciones sin necesidad de licitar y sin la obligación expresa de un pago al gobierno federal. Estos aspectos fueron los que motivaron que los senadores de la Comisión de Radio y Televisión -quienes en 2005 estuvieron a punto de dictaminar una nueva ley de medios- impulsaran un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
En junio del 2007 la "Ley Televisa" fue invalidada por la SCJN a través de una sentencia que representa uno de los grandes triunfos que se han conseguido en el proceso de lograr una reforma integral de las telecomunicaciones, según la autora del libro Radio e ideología (El Caballito, 1983).
"Cada vez es mayor la presencia social, la ubicación del tema en la agenda nacional, en eso sí hay avances. La necesidad de hacer cambios en este tema sí está posicionado, pero los frenos siguen siendo muy fuertes y la voluntad política para romper ese círculo vicioso sigue siendo frenada", explica la ex presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.
La nueva discusión
La obligación de resolver la adjudicación de las concesiones que se quedaron en el limbo luego de la sentencia de la SCJN levantó el tema al iniciar el gobierno de Felipe Calderón, pero la historia fue la misma: la dilación de los debates y las diferencias de posturas entre el PRI, el PRD y el PAN.
Nuevamente se manejaron dos proyectos alternos: una reforma integral derivada de las iniciativas del PRD y del PAN, y una reforma parcial impulsada por el líder priista en el Senado Manlio Fabio Beltrones, la cual permitía el refrendo como un trámite administrativo y sin licitación.
"La reforma integral quiere cambiar aspectos nodales, cuestiones centrales, bases esenciales para transformar el modelo de comunicación en el país, mientras que las reformas parciales apuntan a aspectos muy puntuales que le interesan a la industria, en la perspectiva de un proyecto de expansión", dice Alva de la Selva.
Una fracción del PRD negoció con el PRI para dictaminar un proyecto donde se incluyera la iniciativa de Beltrones con algunos puntos de la iniciativa perredista relacionados con el fortalecimiento de los medios públicos, pero la molestia de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión retiró al tricolor del tema.
El presidente de la comisión de RTC, el senador perredista Carlos Sotelo, tuvo que enfrentar solo los cuestionamientos cuando se hizo público que el documento con el dictamen llevaba la firma electrónica de la empresa Televisa. El senador, que había presentado la iniciativa integral perredista, pero que a la vez negociaba con Beltrones su propuesta, justificó el hecho de varias maneras, pero al final el dictamen se quedó congelado y, ante el retiro del PRI, PAN y PRD decidieron ir juntos por una reforma integral.
Sin embargo, ese dictamen tampoco llegó a votarse porque el gobierno federal frenó la discusión dos días antes de concluir el segundo periodo ordinario y retiró a los panistas del debate.
"Es una lucha entre los poderes fácticos y los institucionales; los poderes públicos tienen un reto muy importante que es el de a quién se deben, a quién le responden. Los ciudadanos tenemos la posibilidad de reclamarles negándoles el voto", apela la académica.
Si el ambiente era complicado en el periodo ordinario que acaba de concluir, a partir de septiembre del 2010 puede ser aún más difícil sacar la reforma, por la cercanía de las elecciones presidenciales del 2012, considera Alva de la Selva.
Si la legislación se detiene de nuevo, agrega, los riesgos son mayores porque se está frenando la construcción de una sociedad de la información equitativa.
"Se están transfiriendo esos poderes a nuevos espacios de telecomunicaciones y si se les deja sin contrapesos, sin acotamientos, sin regulación, estaría mas difícil tener un funcionamiento de los medios de acuerdo a un modelo de cara a la sociedad. Cómo vamos a tener una sociedad de la información más equitativa, donde haya un desarrollo de la inteligencia colectiva, si esos poderes están sobreponiendo sus intereses de rentabilidad. Problemas como la brecha digital se podrían ahondar", señala la investigadora.
El 30 de abril, durante la presentación del libro La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México, en el que se recopilan diversos ensayos que analizan la polémica ley y sus implicaciones, Alva de la Selva apeló a los grupos de la sociedad civil, para que incluyan el tema de la ley de medios en sus agendas y se ejerza así mayor presión a los legisladores.
Un régimen ideal
Según Alma Rosa Alva de la Selva, una reforma integral de medios de comunicación debe tener al menos cuatro aspectos nodales:
· Plantear un modelo más democrático de comunicación, donde haya cabida para otras voces y sectores sociales. Para ello es preciso legislar a favor de los medios públicos.
· Proteger el espectro radioeléctrico como un bien de la nación y garantizar la soberanía del Estado en la materia.
· Reglamentar los derechos de los usuarios con aspectos como el derecho de réplica, las tarifas, la participación social, la regulación de publicidad y los contenidos de calidad.
· Evitar la concentración del sector en monopolios.
Conózcala
Nombre: A. Rosa Alva de la Selva.
Estudios: doctora en comunicación por la UNAM.
Ocupación: profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Comunicación de la FCPys de la UNAM.
Trayectoria: presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (1993-95), presidenta de la Asociación Mexicana de Creadores e Investigadores de la Radio (2001-03), participante en la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación en Medios Electrónicos (2001-02).
Diez años de estira y afloja
Desde que se dio la alternancia, el nuevo gobierno de Vicente Fox ofreció a la sociedad un nuevo régimen de medios de comunicación, plural, democrático y sin monopolios. Pero en 10 años ha sido imposible concretarlo.
2001
Marzo 28. El secretario de Gobernación, Santiago Creel, instala la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de los Medios Electrónicos, en la que participan legisladores, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión y organizaciones de la sociedad civil.
2002
Febrero. Los miembros de la Mesa de Diálogo conforman una comisión para redactar una iniciativa.
Octubre 10. El Ejecutivo publica el nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, donde, entre otras cosas, se elimina el 12.5 por ciento de tiempo oficial del Estado. A esta acción, en la que participó la esposa del Presidente, Martha Sahagún, se le conoció como "El Decretazo".
Diciembre 4. El Senado acoge una propuesta de diversas organizaciones para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión.
Diciembre 12. Los senadores Javier Corral (PAN) y Raymundo Cárdenas (PRD) presentan la iniciativa ciudadana, con el respaldo de 64 legisladores.
2003
Febrero 11. El Senado crea una subcomisión para analizar y dictaminar la iniciativa presentada por los ciudadanos.
Febrero 26. El senador Demetrio Sodi (PRD) denuncia que algunos miembros del Senado han sido presionados por la CIRT para bloquear la reforma a la ley federal en la materia.
Noviembre. Corral pide licencia en el Senado para buscar la gubernatura de Chihuahua y la presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía queda en manos del también panista Héctor Osuna.
2004
Septiembre. Corral regresa al Senado luego de perder la elección en Chihuahua.
Octubre. Se reinstalan los trabajos de la subcomisión de dictamen para una nueva ley de medios.
Noviembre 24. La CIRT envía una carta al Senado pidiendo tiempo para analizar la iniciativa y enviar sus observaciones.
Noviembre 30. El Senado pide a la CIRT que envíe sus comentarios antes de que termine el periodo de sesiones.
Diciembre 7. La CIRT envía otra carta al presidente del Senado, Diego Fernández de Cevallos, en la que advierte que la iniciativa pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión.
Diciembre 8. La subcomisión modifica el predictamen de acuerdo con los señalamientos de la CIRT: cambia el proceso de réplica y hace del Consejo Nacional de Radio y Televisión un órgano descentralizado, en lugar de desconcentrado.
Diciembre 14. La aprobación del dictamen en comisiones es detenido por senadores del PRI y PAN, quienes piden más tiempo para su análisis bajo el compromiso de llevar la discusión al 16 de febrero.
2005
Enero 19. Reinician los trabajos de dictaminación.
Enero 28. La fracción del PRI en la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo al dictamen que se discute en el Senado.
Marzo 17. Fernández de Cevallos fija el 7 de abril como fecha límite para que se presente a la Mesa Directiva el dictamen de la nueva ley.
Abril 6. De último momento, y por un supuesto acuerdo entre Fernández de Cevallos, Emilio Gamboa y Héctor Osuna, se cancela la reunión de las comisiones.
Abril 8. Osuna y Gamboa presentan a sus grupos parlamentarios (PAN y PRI) propuestas de modificaciones a la ley, opuestas al dictamen de la subcomisión, ya que facilita las concesiones sin licitación.
Diciembre 1o. La Cámara de Diputados aprueba en 7 minutos el dictamen con modificaciones a la Ley de Radio y Televisión, el cual incluye casi los mismos puntos de las iniciativas de Osuna y Gamboa y que es conocido como la "Ley Televisa".
Diciembre 13. Los coordinadores de todos los partidos en el Senado pactan para diferir la votación de la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
2006
Marzo 22. El líder del PAN, Manuel Espino, pide a los senadores de su partido apoyar la "Ley Televisa" para impulsar la campaña del candidato Felipe Calderón.
Marzo 23. El grupo parlamentario del PRI decide aprobar las reformas aprobadas en la Cámara baja.
Marzo 24. Dulce María Sauri y Manuel Bartlett (PRI), Felipe de Jesús Vicencio, José Castañeda y Javier Corral (PAN), y los perredistas César Raúl Ojeda y Jesús Ortega deciden unirse para impedir la aprobación de la "Ley Televisa".
Marzo 28. La minuta de reforma es aprobada en comisiones del Senado, sin ningún cambio, con 11 votos contra 9.
Marzo 29. Las radiodifusoras públicas protestan a través de su programación durante todo el día contra la Ley Federal de Radio y Televisión.
Marzo 30. Con 81 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones, después de 5 horas y media de debate, se aprueba la "Ley Televisa" en el Senado.
Mayo 4. Un grupo de 46 senadores presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la "Ley Televisa", pidiéndole que declare la invalidez en 20 artículos de las reformas.
2007
Junio 7. La SCJN declara la invalidez de los artículos 28 y 28-A de la "Ley Televisa", que permitían a los concesionarios prestar otros servicios de telecomunicaciones sin licitación. También invalida una porción del artículo 17-G que señala que las concesiones serán resueltas por subasta.
Los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el Senado (pertenecientes a una nueva Legislatura) anuncian que la Cámara alta aprobará una nueva ley en materia de radio, televisión y telecomunicaciones antes de que concluya el año.
Agosto 27. Los presidentes de las comisiones de Radio y Televisión, Carlos Sotelo, y Estudios Legislativos, Alejandro Zapata, anuncian que en un plazo máximo de seis meses se presentará ante el pleno del Senado una nueva reforma en materia de medios de comunicación.
Septiembre 7. El Senado instala un grupo plural con legisladores de diversos partidos para dictaminar la nueva legislación.
Septiembre 12. El Senado aprueba una reforma constitucional en materia electoral. Entre otros artículos, se modifica el 41 para prohibir a los partidos la contratación de publicidad en los medios de comunicación durante las campañas políticas, a pesar de las resistencias de la CIRT.
Octubre 10. El grupo abre consultas con especialistas.
Octubre 16. Julio Di-Bella, uno de los candidatos de Vicente Fox rechazado como comisionado para la Cofetel y ex colaborador de Marta Sahagún, es nombrado secretario técnico del grupo plural de telecomunicaciones del Senado.
Noviembre 7. La Asociación Mexicana del Derecho a la Información entrega una propuesta para la reforma a las leyes de Telecomunicaciones, Radio y Televisión.
El senador Carlos Sotelo advierte que existen intentos por retrasar la aprobación de los cambios legales.
2008
Febrero 6. El grupo plural se compromete a presentar una propuesta de ley de medios en abril.
Mayo 28. El senador panista Ricardo García Cervantes presenta una iniciativa para reformar la Ley de Radio y Televisión e incluir como sanción máxima a los medios electrónicos la revocación de la concesión en caso de violación a los ordenamientos electorales.
Junio 19. Las bancadas del PAN y el PRI en el Senado frenan la discusión definitiva del dictamen de la iniciativa de García Cervantes que sería tratada en el periodo extraordinario de julio.
Junio 26. El presidente del Senado, Santiago Creel, admite que los legisladores fallaron al no haber aprobado la reforma a la Ley de Radio y Televisión.
Septiembre 15. El gobierno federal publica un decreto para que los concesionarios de radio que tengan frecuencias de Amplitud Modulada (AM) puedan ingresar a Frecuencia Modulada (FM), previo pago de derechos. El decreto es descalificado incluso por el PAN.
Diciembre 2. El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, presenta una iniciativa de reforma para que los medios puedan prorrogar sus concesiones en una o más ocasiones por plazos de hasta 20 años y sin proceso de licitación.
2009
Febrero 17. El Senado reforma Ley de Radio y Televisión en materia de sanciones para dar al IFE mayor control sobre el tiempo oficial del Estado en medios, como respuesta a las presiones de las televisoras contra el IFE en la aplicación de la reforma electoral.
Noviembre 23. La SCJN elimina las facultades de la SCT para aprobar los programas de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión gratuitas y para declarar desiertas las licitaciones. Las atribuciones quedan en manos de la Cofetel.
Diciembre 7. La Comisión de Radio y Televisión del Senado se reúne por la mañana para dictaminar el refrendo a concesiones, sin licitación de por medio; los combos para la conversión de estaciones de AM a FM y la autorización para que medios públicos, comunitarios e indígenas puedan vender el 5 por ciento de su tiempo a la publicidad comercial. La propuesta lleva el respaldo del PRI y el PRD.
La CIRT publica un desplegado criticando la propuesta de reforma por el tema de los medios públicos y el PRI posterga la discusión del dictamen.
Durante una comida, Navarrete, Sotelo, Alejandro Encinas, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel deciden que no pueden empujar el dictamen sin el PRI y sugieren ir juntos PAN y PRD para el siguiente periodo en una reforma integral.
Diciembre 8. Sotelo presenta a nombre del grupo parlamentario del PRD la iniciativa para una Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que considera la licitación de las concesiones aún para refrendo y la existencia de un ente regulador independiente.
2010
Enero 28. El PRI expresa su intención de seguir adelante con el tema de los refrendos automáticos y los combos de AM y FM.
Febrero 25. Diputados del PRI ligados a la CIRT y a Beltrones presentan una iniciativa en la que plantean mantener prórrogas por 20 años a los concesionarios de radio y televisión sin licitación.
Abril 8. Madero en el Senado y Corral en la Cámara de Diputados presentan una iniciativa para una nueva Ley de Telecomunicaciones, que coincide con la del PRD en la creación de un órgano regulador y plantea que las concesiones sean siempre por licitación, además de limitar la concentración del sector.
Al mismo tiempo, en el Senado, con el voto del PRI y el PRD, se aprueba el dictamen para autorizar el refrendo de concesiones sin necesidad de licitación.
Abril 9. Reforma publica que el documento del dictamen aprobado por la comisión lleva la firma electrónica de la empresa Televisa. Sotelo rechaza la acusación y argumenta que la difusión del proyecto hace que se encuentren en circulación diferentes versiones del mismo.
Corral y Sotelo acuerdan debatir públicamente en el Senado el 14 de abril.
Abril 12. Beltrones sostiene que el hecho de que el dictamen presentado a los legisladores tenga el sello de Televisa es una confusión.
Abril 14. El debate entre Corral y Sotelo se cancela y, en su lugar, las bancadas del PAN y PRD acuerdan impulsar juntos una reforma integral para aprobarla antes del 30 de abril.
Abril 15. Madero, Navarrete y legisladores de PAN y PRD de la Comisión de Radio y Televisión se reúnen con el titular de la SCT, Juan Molinar, para analizar la iniciativa.
Abril 19. La CIRT publica un desplegado en el que denuncia que los senadores pretenden dictaminar "al vapor" una reforma que hace inviable jurídica, económica y operativamente al sector. Los legisladores de PAN y PRD dicen que no se dejarán intimidar.
Abril 20. Navarrete invita a la CIRT a expresar sus comentarios a la propuesta de ley en una sesión con la comisión del Senado.
Abril 22. Trasciende que la SCT cuenta con una propuesta de reforma a los medios electrónicos igual a la presentada por el PAN.
Abril 25. Sotelo asegura que el dictamen de la ley de medios está listo y que no hay pretexto para no aprobarlo al día siguiente en la reunión de la comisión de RTC.
26. En las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el dirigente César Nava da marcha atrás al compromiso de aprobar la reforma antes del 30 de abril y dice que antes de aprobar cualquier dictamen escucharán a la CIRT.
Al conocer la posición de la dirigencia de su partido, los panistas Gustavo Madero, Ricardo García Cervantes y Javier Corral abandonan una reunión que sostenían con el PRD para afinar el dictamen.
Abril 27. Sotelo acusa al PAN y al gobierno federal de parar la reforma por someterse a los poderes económicos.
Abril 28. Madero y Navarrete afirman que el proyecto no está muerto y que se abrirá un periodo de cuatro meses para las consultas con empresarios del sector, con el fin de discutirlo en septiembre.
'Calderón reculó'
Reportaje Poderes institucionales... y fácticos. El panista Javier Corral y el perredista Pablo Gómez coinciden en que fue el Presidente quien frenó la reforma integral a la ley de medios. El PRI mantiene su silencio sobre este tema
(9 mayo 2010).- Fue el gobierno de Felipe Calderón y no el PAN quien frenó la discusión de la ley de medios que estaba a punto de dictaminarse el mes pasado, afirma el diputado panista Javier Corral, quien desde 1995 impulsa una reforma en ese sector.
"Es por la indefinición de Calderón, que vuelve a recular en este tema; tiene un cálculo político equivocado en este asunto y le vuelven a temblar las corvas. En el PAN hay una gran definición, el que no la ha tomado es el presidente de la República. Todos estábamos listos, el que no estuvo listo al final de cuentas fue el Presidente", señala Corral, ex presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
Corral relata que, ante la negativa del PRI de apoyar cualquier reforma integral, especialmente si no llevaba su propuesta de refrendar las concesiones sin licitación de por medio, el PAN y el PRD intentaban sacar adelante el dictamen en la comisión de Radio y Televisión del Senado.
Pero a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, el Presidente comenzó a introducir una serie de "despropósitos" en la discusión para romper el acuerdo, como la elaboración de otra iniciativa, aun cuando la que se discutía ya había sido negociada con la SCT.
"En nueve años de gobiernos del PAN hemos logrado el acuerdo fundamental de poner sobre la mesa una definición de política pública en materia de telecomunicaciones y radiodifusión a nombre del sistema PAN. Hablamos al interior de cada una de las bancadas, entre las bancadas, entre las bancadas y el partido y entre el partido y el gobierno. Es un proyecto revisado, adicionado y en algunas cosas corregido por la SCT", explica.
Corral reconoce que la iniciativa presentada por el partido tanto en Cámara de Diputados como en el Senado llegó antes de lo previsto al pleno para frenar la posibilidad de que el PRI y la "telebancada" impulsaran la reforma parcial al régimen de concesiones.
El cometido se cumplió también por la revelación de que el dictamen de Beltrones y Carlos Sotelo, presidente de la comisión de Radio y Televisión del Senado, llevaba la firma electrónica de la empresa Televisa, pero aunque se vio la posibilidad de ir por una reforma integral, ésta también se aplazó.
"Buscamos la posibilidad de que confluyera el PRI. Fui a hablar con varios actores priistas, entre ellos el senador Manlio Fabio Beltrones, pero ellos tienen muy claro que éste es un tema con el que van a medrar políticamente lo que reste de la LXI Legislatura y con miras al 2012", apunta Corral.
Con todo y la indefinición del gobierno federal ante la reforma integral y la imposibilidad de superar la mayoría del PRI y la telebancada en la Cámara baja, el legislador asegura que la ley de medios no ha muerto. Después de las elecciones, en septiembre, la clase política tendrá que pensar en la urgencia de su resolución.
"Eso sí, va a costar todavía un par de definiciones más duras la etapa que viene: plantear un proyecto de dictamen que salga con el apoyo del Presidente, sin el apoyo del Presidente o a pesar del Presidente; con el apoyo del PRI, sin el apoyo del PRI o a pesar del PRI; decantar las posiciones y conformar una mayoría en ambas Cámaras transversal a los partidos", señala el panista, quien le atribuye al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la facultad de fungir como el gran aglutinador de las diversas posiciones.
El PRD en medio
El senador perredista Pablo Gómez también lamenta que la reforma de medios no pueda concretarse por la indefinición del gobierno federal.
"Ya teníamos un acuerdo parcial con el PAN, pero al PAN no lo deja el gobierno. Ya van dos veces que el gobierno frena a su partido: una vez con Creel (2008) y otra vez con (Gustavo) Madero. El PAN avanza y el gobierno lo enfría, debería ser al revés, los partidos están para darle línea a su gobierno y no el gobierno para darle línea al partido", dice el secretario de la comisión de Estudios Legislativos, que también participa en la discusión del dictamen.
Por otro lado, dice el perredista, el PRI no quiere llevarle la contraria a Televisa y tienen un acuerdo con la industria que tiene implicaciones políticas, por lo que tampoco es posible negociar con ellos.
"Es un tema pendiente, el país lo tiene pendiente, y por alineamientos de los partidos frente a los industriales no alumbra la nueva ley", dice el Senador.
El PRD tiene claro que va por una reforma integral, un solo instrumento jurídico para las telecomunicaciones y la radiodifusión y con una autoridad independiente del gobierno; sin embargo, también está dispuesto a negociar en el régimen de concesiones.
"Nosotros estamos porque haya licitación para los refrendos, en un esquema en el cual el concesionario que cumple probablemente pueda ganar en una licitación sin problema, siempre que haya cumplido con todas las condiciones", afirma Gómez.
El PRI ha guardado silencio en este debate. Si acaso, el coordinador de sus senadores, Manlio Fabio Beltrones, defendió en un par de ocasiones el refrendo automático y llamó a los legisladores a dialogar con la CIRT.
Cuando Enfoque solicitó la postura del priista Raúl Mejía, secretario de la comisión de RTC del Senado, éste informó que por el momento no podía dar una postura oficial de su grupo parlamentario.
"En el PAN hay una gran definición, todos estábamos listos, el que no estuvo listo al final de cuentas fue el Presidente".
Javier Corral.
"Es un tema pendiente y por alineamientos de los partidos frente a los industriales no alumbra la nueva ley".
Pablo Gómez.
Luis Arriaga Valenzuela / Enseñanzas del caso Alberta y Teresa
Opinión Justicia y derechos humanos. Es un primer paso, pero falta mucho para garantizar que miles de indígenas tengan acceso a la justicia
Luis Arriaga Valenzuela
(9 mayo 2010).- Injustamente, Alberta y Teresa permanecieron más de tres años en prisión por hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Ese día seis agentes federales de investigación comenzaron a decomisar la mercancía de los comerciantes del tianguis de Santiago. No iban uniformados, ni se identificaron. Los vendedores, exigiendo sus derechos, se opusieron a esta acción autoritaria. Los agentes tuvieron que ceder ante los reclamos y pagaron los daños ocasionados.
Sin embargo los agentes y el Ministerio Público maquilaron un proceso que culminaría con la detención y condena de Alberta y Teresa. Se integró la averiguación con elementos contradictorios, con testimonios y pruebas que carecen del rigor mínimo. Pese a lo inconsistente de las pruebas y acusaciones, el juez Cuarto de Distrito de Querétaro ordenó la detención de tres mujeres, entre ellas Alberta y Teresa. Ésta se realizó el 3 de agosto de 2006 de manera irregular: las detuvieron personas que no se identificaron y que no les indicaron los motivos reales de su detención. Horas después, ellas se enterarían de que las acusaban de haber secuestrado a los seis agentes que llegaron a su localidad el 26 de marzo de 2006.
Las irregularidades continuaron: sin atender a su condición específica como habitantes de un pueblo indígena, el juez no respetó su derecho a contar con un traductor, reconocido en el artículo 2 de la Constitución. Otra irregularidad, insostenible en un Estado democrático de derecho, ha sido el completo desconocimiento del principio de presunción de inocencia por parte del juez. Señaló, sin inmutarse, que las dos mujeres estaban obligadas a rebatir las acusaciones fabricadas por el Ministerio Público. No consideró la existencia de contradicciones sustanciales, señaladas como tales por el magistrado que ordenó reponer el procedimiento. Aunque también éste mostró su magro conocimiento de los alcances de la presunción de inocencia, al permitir que el proceso se enfrentara con ellas en prisión.
Hubo faltas graves al debido proceso en contra de Alberta y Teresa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante lo notorio de las deficiencias procesales y por la trascendencia del caso, atrajo de manera extraordinaria la apelación presentada por la defensa de ambas mujeres. El 28 de abril de este año los cinco ministros de la Primera Sala del Tribunal Constitucional pusieron un alto a tantas irregularidades, al aprobar el proyecto de resolución de la ministra Olga Sánchez Cordero.
Con su decisión, dieron fin a un episodio lamentable. Enviaron también un mensaje claro a todas las autoridades implicadas en la procuración y administración de justicia: en primer lugar, la necesidad de anteponer a cualquier consideración -oportunista o populista- el respeto a la presunción de inocencia; en segundo lugar, el imperativo de proceder con independencia, imparcialidad, profesionalismo y sensatez al valorar las pruebas aportadas en un proceso.
En congruencia con el mensaje anterior debe entenderse que el sistema de justicia debe mantener su autonomía de manera que no sea rehén de los intereses gubernamentales que han hecho de éste un instrumento de disuasión y de castigo para los disidentes y los solicitantes de derechos.
Sería imposible que la Suprema Corte interviniera para corregir las irregularidades presentes en cada uno de los procesos penales. Su intervención extraordinaria señala que éstas deben ser corregidas en las instancias correspondientes. Son muy claras las lecciones que las autoridades deben aprender del presente caso. Corresponde también a la sociedad pugnar por erradicar los criterios de exclusión y discriminación que son acentuados por el sistema de justicia tales como el género, la condición socioeconómica y la pertenencia étnica. Lo anterior debido a que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas que enfrentan procesos penales no son sino continuación de la discriminación y de la dominación que caracterizan a nuestra sociedad.
La liberación de Alberta y Teresa constituye un primer paso, ineludible, hacia el acceso a la justicia. Queda mucho por hacer, por ejemplo establecer mecanismos que permitan la reparación integral del daño y actuar con decisión para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y de todos los colectivos cuya vulnerabilidad es mayor en el actual contexto de violencia y militarización. Frente a la actuación arbitraria de quienes detentan el poder la sociedad debe reforzarse, reconocerse poseedora de derechos y no beneficiaria de dádivas.
El autor es director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La cultura política
(9 mayo 2010).- Téngalo presente
El poder de las redes sociales en la política. Con David de Ugarte, Sergio Uzeta, Pablo Mier y Terán, José Antonio Sosa Plata, Mauricio Zajbert y Ricardo Sepúlveda. Jueves 13, 10:00 horas. Aula Magna San Ignacio de Loyola, Universidad Iberoamericana. Informes: 5950 4000.
Coloquios
América del Norte en el siglo XXI. Robert Pastor, Ugo Pipitone, Leonardo Curzio, Isabel Studer, Inés Bustillo, Arturo Oropeza, Roberto Zapata y Abraham L. Lowenthal analizan el tema en seis mesas redondas. Miércoles
Conferencias
El pensamiento crítico y las ciencias sociales. Pablo Romo, Miguel Concha, Magdalena Gómez, Felipe Lara, Rosalba Casas Guerrero, Gustavo Esteva, Ana Esther Ceceña y Pablo González Casanova. Martes
La Universidad y la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Alicia Mayer. Martes 11, 12:00 horas. Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 2015.
Territorios de ficción. Gabriela Villanueva, Iván Valdez-Bubnov y José Vicente Sicilia Rosado. Dentro del ciclo De los mapas de Ptolomeo a Google Earth, en el marco de la exposición Paseo en mapa. Martes 11, 17:30 horas. Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Informes: 5789 2505.
Derecho procesal penal militar. Alejandro Carlos Espinoza. Jueves 13, 18:00 horas. Sala de Seminarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan Centro. Informes: 5487 1500.
Transparencia y rendición de cuentas. Irma E. Sandoval, Francisco Valdés Ugalde y Sara Sefchovich. Dentro del ciclo Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. Jueves 13, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán. Informes: 5554 8513 y www.cashum.unam.mx.
La contrarrevolución de Iturbide, el imperio y Santa Anna. Luis Jáuregui Frías. Jueves 13, 19:00 horas. Auditorio Tláloc del Museo Nacional de Antropología. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Chapultepec Polanco. Informes: 5281 4001 y http://bit.ly/av9J2a.
Libros
El cártel incómodo. El fin de los Beltrán Leyva y la Hegemonía del Chapo Guzmán de José Reveles. Grijalbo. Descripción de las redes internacionales de narcotraficantes mexicanos y la nula coordinación de las autoridades en su combate, así como la complicidad en la fuga de El Chapo del penal de Puente Grande en 2001.
Estudios de derecho penal Internacional de Héctor Olásolo Alonso. Inacipe. Análisis de figuras como la admisibilidad, la empresa criminal común, la posición de la víctima ante la Corte Penal Internacional, entre otros.
Los orígenes ideológicos del derecho penal del enemigo de Francisco Muñoz Conde. Ubijus. Publicación del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la colección Debates de Derecho Penal.
Reconstruir a México en el siglo XXI de Sergio Zermeño. Océano. Este ensayo retrata con datos duros a México desde los ochenta hasta la crisis del 2008.
Mesas redondas
Ministro, magistrados y consejero del Poder Judicial de la Federación, y académicos. Juan Silva Meza, César Jáuregui, María del Carmen Alanís y Luis Carballo Balvanera. Jueves 13, 18:00 horas. Auditorio Antonio Martínez Báez de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, UNAM. Informes: 5703 1455 y http://bit.ly/dArh8t.
Presentaciones
Desigualdad social y ciudadanía precaria de Víctor Manuel Durand Ponte. UNAM y Siglo XXI. Carlos Bravo y Manuel Canto. Jueves 13, 11:00 horas. Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470.
Seminarios
Sociedad civil y consolidación de la democracia. Philippe Schmitter, Jesús Tovar, Alejandro Natal, Francisco Lizcano y Édgar Hernández. Martes 11 y Miércoles 12, 11:00 horas. El Colegio Mexiquense, A.C. Informes: 01 (722) 279 9908 begin_of_the_skype_highlighting 01 (722) 279 9908 end_of_the_skype_highlighting ext. 214 y www.cmq.edu.mx.
Independencia y Revolución en los estados de la República. Rodolfo Alanís, Patricia Galeana, Anna Ribera y Claudia Guarisco. Miércoles 12, 10:00 horas. Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de la República. Donceles 14, Centro Histórico. Informes: 5345 3000, ext. 3412.
Cómo evaluar reformas electorales. Un modelo Monte Carlo para la Cámara de Diputados. Javier Aparicio, Javier Márquez y Raúl C. González. División de Estudios Políticos del CIDE. Miércoles 12, 13:00 horas. Sala de Seminarios del CIDE. Carretera México- Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política comuníquese al 5628 7245
Correo electrónico: enfoque@reforma.com
Los placeres y los días / El primer capo
Andrés de Luna
(9 mayo 2010).- La política mexicana tiene mucho de picaresca. Aunque eso que suena a mera gracejada, de pronto y sin más termina por imponer la dictadura de la corrupción. A mediados de los años treinta, en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un ascenso considerable Francisco Aguilar González, alias El Loco; era primo hermano de Francisco I. Madero, sólo que las diferencias entre uno y otro era abismales. Algo de esa biografía cargada de sobresaltos, jugadas sucias y toda clase de transas es lo que documenta Juan Alberto Cedillo en su magnífico libro Los nazis en México (Random House Mondadori, 2010). Las consideraciones en torno al Loco tienen la vigencia de lo arqueológico revitalizado, pues el personaje, de acuerdo con la información del volumen mencionado, fue el primer capo de la droga en México. Él se dedicó a introducir estupefacientes a Estados Unidos en un momento crítico, gracias a alianzas circunstanciales con agentes alemanes y japoneses que auxiliaron en ese contrabando. Otros hombres ligados a ese negocio tan altamente lucrativo fueron Donato Bravo Izquierdo, un gobernador de Puebla, y Gonzalo N. Santos, el famoso Alazán Tostado, otrora gobernador de San Luis Potosí. A este último se le debe el mérito de acuñar una de las frases de mayor cinismo en este país: "moral o es un árbol de moras o sirve para una chingada". Sin comentarios.
En el libro de Cedillo se lee: "la organización encabezada por el general (Aguilar) no sólo traficaba con drogas. En realidad, el primer cártel mexicano era la red más grande de espionaje al servicio de los agentes de la Gestapo y de la Abwehr". Por cierto, El Loco Aguilar logró su cometido al manejar sumas estratosféricas de dinero, esto le permitió negociar con las autoridades militares, quienes protegieron las operaciones ilícitas del personaje y le brindaron facilidades para servir de enlace con el gobierno hitleriano. Así, el antiguo revolucionario y primo del Apóstol de la Democracia, se constituía como uno más de los arietes que aprovechaban el río revuelto de la política para conformar vías seguras para el narcotráfico, que se amparaba en el poder y en las "buenas amistades". Esos negocios le valieron hacerse propietario de cuadras de caballos, aeroplanos y dinero a raudales que terminaría por derrochar.
Además, el tipo se metió en problemas en Chile y su mala fama fue un dolor de cabeza para sus familiares. Así, con Aguilar nacía el primer capo mexicano.
REVISTA PROCESO No. 1749
Arizona, puerta abierta para la mariguana del "Chapo"
J. Jesús Esquivel
Diariamente los periódicos de Arizona informan sobre decomisos de droga a operadores del cártel del Chapo Guzmán, en tanto que agentes federales de Estados Unidos admiten que el estado es “la bodega de mariguana más grande del mundo”. El viernes 23 de abril, el mismo día en que la gobernadora Jan Brewer aprobó la Ley SB 1070 –que criminaliza a los inmigrantes mexicanos–, el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, declaró a la cadena televisiva Fox: “¿Dónde está la DEA? Aquí, en Arizona, no está. Si estuviera, no habría tanta droga en el estado”. Pero los datos indican que entre omisiones y solapamiento, las autoridades locales han convertido a Arizona en territorio libre… del Chapo.
DOUGLAS-NOGALES.- “La bodega de mariguana más grande del mundo”, denominan agentes federales de Estados Unidos y de México al estado de Arizona. El motivo: por esta región se introduce la droga que posteriormente se distribuye en los 50 estados del país.
De acuerdo con reportes obtenidos por este semanario, esa descomunal concentración de droga sólo se explica por el hecho de que las agencias policiacas locales están corrompidas por cárteles del narcotráfico.
El jueves 22 de abril el periódico Eastern Arizona Courier publicó un artículo en el que le atribuye a Tony Coulson, agente de la Drug Enforcement Administration (DEA) en el estado, declaraciones según las cuales diariamente se realizan ahí transacciones de droga procedente de México por 2 millones de dólares. El dato refleja la dimensión del problema y lo redituable que le resulta ese negocio en particular al cártel de Sinaloa.
“Es increíble, pero por la frontera de Arizona pasa casi toda la mariguana que se consume aquí; o por lo menos eso indican las estadísticas oficiales”, comenta a Proceso un agente federal estadunidense mientras acompaña al reportero en un recorrido por las ciudades hermanas de Nogales: la de Arizona y la de Sonora.
El entrevistado pide que se omita su nombre para no entorpecer, dice, una indagatoria que se realiza actualmente sobre la corrupción en los cuerpos policiacos locales y su implicación con el narcotráfico. Esta investigación se abrió hace varios meses e involucra también a los integrantes de la organización de los Beltrán Leyva.
Sin embargo, alerta: “Si pasa tanta droga es porque algo anda mal en este estado, o quizá porque las autoridades locales son ineficientes para contener ese tráfico”.
En junio de 2009, funcionarios y agentes de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) comentaron a este corresponsal que los cárteles mexicanos operan en la zona desde hace muchos años. En Arizona están casi todos: los Beltrán Leyva, el cártel de Juárez, La Familia michoacana, Los Zetas y la organización del Chapo Guzmán (Proceso 1704).
El mismo informante declaró en aquella ocasión que “su agencia tiene abiertas decenas de investigaciones sobre las operaciones de los cárteles mexicanos en esta región”.
Otro de los entrevistados comentó que desde hace tres años la gente del cártel de Sinaloa desbancó de esa plaza a los hermanos Beltrán Leyva, sus antiguos aliados.
Arizona comparte
“¿Dónde está la DEA? Aquí, en Arizona, no está. Si estuviera, no habría tanta droga en el estado”, declaró Phil Gordon, alcalde de Phoenix, a la cadena de televisión Fox el pasado 23 de abril.
Las estadísticas de confiscación de estupefacientes proporcionadas a Proceso por el Buró de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirman por qué Arizona es llamada la “bodega de mariguana más grande del mundo”, y por qué la frontera que comparte con Baja California y Sonora es “la puerta verde”.
En el primer bimestre de este año, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos incautó 168 mil 328 kilos de la yerba en el sector Tucson; otros 7 mil 246 en la zona Douglas-Agua Prieta; 3 mil 132 en el sector de Naco, y mil 575 kilos en el de Willcox.
“Y éstas son sólo cifras de la mariguana confiscada; seguramente los cargamentos que logran pasar son mucho mayores”, comenta un funcionario adscrito a la oficina de la CBP en Tucson.
De acuerdo con las estadísticas del CBP, durante 2009 sus agentes decomisaron 43 mil 571 kilos de cannabis en Douglas, 21 mil 64 en Naco, y 11 mil 178 en Willcox. El año previo interceptaron 13 mil 780 kilos en Douglas, 9 mil 126 en Naco y 8 mil 295 en Willcox.
La mayoría de la mercancía interceptada de
“La plaza de la distribución de mariguana en Arizona está dominada por la gente del Chapo (Joaquín Guzmán Loera)”, afirma a Proceso un agente federal mexicano en Nogales, Sonora.
Los medios de comunicación, en especial los periódicos de las ciudades fronterizas de Arizona, publican cotidianamente notas sobre los cargamentos decomisados al cártel de Sinaloa en la región desértica de Agua Prieta y Nogales.
El 19 de abril último, el diario Willcoxrangenews informó en su página electrónica que “agentes locales de la Patrulla Fronteriza confiscaron casi 439 kilos de mariguana, cuyo valor en el mercado asciende a 441 millones de dólares”.
Entre las montañas de Chiricahua y Huachuca hay una inhóspita franja desértica de unos
De manera coincidente ahí se concentran la mayoría de los “ranchos ganaderos” de Arizona, cuyos terrenos son utilizados por los cárteles de la droga y los traficantes de indocumentados, aseguran los entrevistados.
“Lo raro de esos ranchos ganaderos es que en ellos no hay vacas, sino puro desierto. Son extensas propiedades privadas colindantes con el estado de Sonora y que a la vista sólo tienen arbustos, cactus, arena. ¿Extraño, no?”, comenta a Proceso el agente federal que acompaña al corresponsal en el recorrido.
Ranchos “ganaderos” sin ganado
Para conocer los “ranchos ganaderos” el reportero contrató un guía que lo condujo por la carretera interestatal número 10, que atraviesa la ciudad de Douglas y el condado de Apache. Y, como dijo el funcionario estadunidense, en ese entorno agreste no se observa ningún animal.
Consultadas al respecto, autoridades de los condados de Apache y Cochise se niegan a hablar del asunto.
El 27 de marzo pasado el ranchero Robert Krentz fue asesinado en el interior de su propiedad. La extensión sobrepasa los
El sheriff de Cochise, Larry Dever, comentó al día siguiente que, según las pesquisas iniciales, el ranchero había muerto a causa de un disparo hecho por un indocumentado de origen mexicano.
La muerte de Krentz molestó a las autoridades de Arizona y a la Asociación de Rancheros local, cuyos integrantes se lanzaron contra los inmigrantes. Los calificaron de criminales y los acusaron de estar ligados al tráfico de drogas.
La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, pidió incluso a la administración de Barack Obama que desplegara a la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México; además, el senador estatal, el también republicano Russell Pearce, redactó una iniciativa de ley para proponer que la policía de Arizona tuviera facultades para detener a cualquier persona que por su aspecto físico resultara “sospechosa de ser inmigrante indocumentado”.
Semanas después de la muerte de Krentz, el 23 de abril, la gobernadora Brewer avaló la propuesta de Pearce y promulgó la Ley SB 1070. Las autoridades de Cochise aún no esclarecen el caso del ranchero Krentz, aunque insisten en que fue un inmigrante indocumentado quien le dio muerte.
Los medios locales manejan una versión diferente: Los hermanos Robert y Phil Krentz permitían que los narcotraficantes mexicanos utilizaran sus terrenos para el trasiego de la droga, pero tuvieron diferencias por el cobro que recibían y Phil disparó contra su hermano, según esa interpretación.
Lo extraño del caso es que un día antes del asesinato de Robert, agentes de la Patrulla Fronteriza de Tucson encontraron en su propiedad 131.5 kilos de mariguana en pacas. La noticia sólo fue publicada por The Arizona Daily el 29 de marzo, dos días después de ese crimen.
Robert Boatright, subdirector de la CBP en Tucson, informó a los medios de comunicación que tras el hallazgo de la mercancía en el rancho de Krentz se rastrearon “unas huellas humanas” y se logró capturar a ocho inmigrantes indocumentados. Sin embargo, horas después se les deslindó del caso por falta de evidencias.
“En Arizona hay mucha corrupción por narcotráfico. Que no lo quieran admitir las autoridades de Estados Unidos, es otra cosa”, subraya un agente federal mexicano consultado en Nogales.
La red de Cochise
El 29 de enero, las autoridades del condado de Cochise anunciaron el desmantelamiento de una “red” de aliados del narcotráfico mexicano en el poblado de Bisbee. En conferencia de prensa, las autoridades los responsabilizaron de traficar por lo menos 18 mil 143 kilos de mariguana durante tres años.
Entre los detenidos estaban Angélica Borquez e Ignacio Erives, a quienes se acusó de proporcionar información confidencial al cártel de Sinaloa sobre los operativos antinarcóticos en el condado de Cochise entre noviembre de 2008 y enero de 2010. Borquez trabajaba en la oficina del fiscal del condado, informó a los medios locales la vocera del sheriff, Carol Capas.
“Centro de distribución”
Por su ubicación geográfica, Arizona es la joya de la corona en el trasiego de narcóticos. ¿La razón?: Además de compartir frontera con México, esa entidad colinda con Utah, Nevada, Nuevo México, California y Colorado.
“La mayoría de la mariguana que entra a Arizona no se consume en el estado; Arizona es una especie de centro de distribución hacia casi todo el territorio de Estados Unidos”, dice un funcionario de la CBP consultado por Proceso.
Desde México los operadores del cártel de Sinaloa utilizan varios métodos para introducir la droga a territorio estadunidense a través de Arizona, dicen al corresponsal funcionarios de ambos lados de la frontera.
Un agente federal mexicano describe el modus operandi: “La mariguana entra por el desierto en cargamentos pequeños. Los inmigrantes indocumentados sólo piden ayuda para llevar la mercancía a ciudades como Tucson, camuflada en camiones de carga o en las cajuelas de autos privados; en lomos de caballo, y hasta en aviones superligeros”.
–¿En aviones superligeros? –pregunta el reportero.
–Sí, por supuesto. Apenas el 4 de marzo el Ejército Mexicano descubrió tres aviones superligeros en Agua Prieta. Dos de ellos en óptimas condiciones y otro que estaba en reparación.
El pasado 29 de enero, The Sierra Vista Herald publicó en su primera plana un artículo sobre la confiscación de dos caballos por parte de la Patrulla Fronteriza en Douglas. Los animales transportaban un cargamento de 71 kilos de mariguana. Las personas que guiaban los caballos huyeron hacia Agua Prieta.
El corresponsal acudió a la oficina regional de la DEA en Phoenix para solicitar información sobre el narcotráfico y la forma en que las autoridades locales lo combaten. Ningún funcionario quiso abordar el tema de manera abierta.
Sólo el funcionario de la CBP en Tucson comentó al corresponsal que una dependencia del gobierno federal tiene bajo investigación a todo el departamento de policía de Bisbee, “por su presunta colaboración con el cártel de Sinaloa para introducir a territorio estadunidense mariguana y otras drogas”.
………
La CNDH, en el filo de la complicidad
Marcela Turati
Un grupo de especialistas cuestiona el accionar lento y aparentemente “cómplice” de un organismo de derechos humanos, la CNDH, que parece empeñada en no moverse, en no hacer ruido. Por lo demás, dos hechos recientes la ponen bajo los reflectores: las investigaciones por las muertes de dos estudiantes del Tec de Monterrey y de dos niños en un retén militar. En ambos casos tuvo que haber indagado, con toda celeridad, la actuación del Ejército.
Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se exculpa de los asesinatos de los dos estudiantes del Tec de Monterrey y de los menores Almanza en un retén de Tamaulipas, ocurridos el 19 de marzo y el 4 de abril de 2010, respectivamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantuvo un “silencio cómplice” y abrió investigaciones tardías que podrían no ayudar a esclarecer los hechos.
El personal de la CNDH encargado de investigar ambos sucesos llegó a los sitios donde se cometieron los asesinatos con días de retraso –cuando los cadáveres ya habían sido enterrados y alterada la escena del crimen–, se demoró para pedir información al Ejército y solicitar el resguardo de las evidencias, otorgó plazos máximos para que le dieran respuestas y no ha informado a la sociedad acerca de los avances.
Fue el 13 de abril cuando la Segunda Visitaduría de la Comisión abrió la investigación CNDH/2/2010/1836/Q por las muertes de los niños en el retén en Tamaulipas, ocurridas nueve días antes. Y no fue sino hasta el décimo día –según información proporcionada por la propia CNDH– cuando los peritos viajaron a esa entidad a revisar el lugar y entrevistarse con la familia.
Las presuntas violaciones cometidas por la Sedena en este caso son: “Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio público; omitir prestar atención médica; trato cruel, inhumano o degradante; ocupar deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada; privar de la vida; causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza”.
En cuanto al asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey, fue el día 25, seis después de los hechos –según la información solicitada por Proceso–, cuando personal de la Comisión viajó a la capital de Nuevo León a recopilar datos y sólo entonces solicitó al Ejército y a las procuradurías federal y local que preservaran las evidencias.
En este asunto, los hechos a investigar son: “Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones (en los casos del Ejército, la PGJE y la PGR) y privación de la vida (sólo la Sedena)”.
Bajo sospecha
Expertos en la materia califican como “tibia”, “sumisa”, “cómoda” y “sospechosa” a la Comisión y a su nuevo titular, Raúl Plascencia, en un contexto en que las quejas por violaciones a los derechos humanos se han triplicado en un año a raíz de la guerra contra el narcotráfico.
Las declaraciones del ombudsman y del segundo visitador, Marat Paredes Montiel, evidencian los errores que se les atribuyen.
Por ejemplo, cuando en los medios ya era un escándalo el asesinato de los niños Martín y Bryan Almanza, el 12 de abril W Radio entrevistó al visitador Paredes Montiel, quien anunció que “en un mes, mes y medio, esperamos tener los primeros resultados para ir informando qué sucedió y quiénes son los responsables”. Sin embargo, ese día todavía no comenzaban las investigaciones.
También mencionó que, por ley, la Sedena tiene “15 días naturales” para rendir su informe y que la CNDH podía optar por “un recordatorio de información”, que estimaba tardaría un mes, y añadió que en un futuro pediría también información a la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que completaría el mes y medio.
El tiempo siguió avanzando. No fue sino hasta 26 días después del asesinato, el 30 de abril, ya que el Ejército se había deslindado de esas muertes y la mamá de los niños había rechazado la versión militar, cuando el ómbudsman anunció que “solicitará” a la Sedena sus pruebas periciales para confrontarlas con las investigaciones del organismo. Como si en los “15 días naturales” no lo hubiera hecho.
En lo que toca a la muerte (por supuesto “fuego cruzado”) de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, a quienes los militares ubicaron como narcotraficantes muertos en conflicto, la actuación de la CNDH fue similar.
Todavía el 6 de abril, cuando ya habían pasado 18 días de las muertes, Plascencia dijo a varios medios que aún estaba “a la espera” de que el Ejército entregara informes, y justificó: “Tienen 15 días para hacerlo” y, “en caso de que no den respuesta, se hará público en su momento”.
Casi un mes después de lo ocurrido en el Tec, el 2 de mayo, cuando la PGR presentó el informe en el que señalaba que los estudiantes murieron por balas disparadas por sicarios, la CNDH llamó a las familias de las víctimas, que estaban inconformes con los resultados, para pedirles autorización a fin de solicitar los expedientes de su caso.
Tres días después, Plascencia denunció que la PGR está entorpeciendo la investigación y no le proporciona expedientes.
“La CNDH no está actuando con la diligencia y la inmediatez que se requiere y que se le marca. Se requiere una CNDH más activa, más presente en los hechos, que prevenga; no tiene que esperar a que las familias presenten las quejas”, opina la jurista Susana Thalía Pedroza, quien fue segunda visitadora de la CNDH de
Pedroza explica que en su tiempo, cuando el Ejército cometía delitos graves (como homicidios), el personal de la CNDH viajaba rápido al lugar de los hechos (“a veces al día siguiente”) porque procuraba ver los cadáveres antes de los entierros y hacer sus propios peritajes para “saber la realidad”; de lo contrario, es difícil establecer la causa de la muerte. Hubo ocasiones en que hallaron evidencias que las procuradurías no habían recogido.
En casos graves, utilizaban la figura de la “reducción de plazos” para obligar a las autoridades a entregar información, no a los 15 días como es lo común, sino a más tardar en cinco o hasta de un día para otro.
En esos casos complicados comisionaba a seis trabajadores de la visitaduría (entre peritos y abogados) para que se dedicaran de tiempo completo a investigar, y así podían rendir un informe preliminar al mes, y las recomendaciones “a los dos o tres meses”.
“Quien debió haber salido primero a decir qué paso, o casi al mismo tiempo (que el Ejército), es la CNDH. Nosotros, cuando teníamos todos los elementos, salíamos a dar información; o cuando veíamos que daban versiones que no eran ciertas, como en el caso de la familia Esparza Galaviz –que según el Ejército sus integrantes murieron en un enfrentamiento y traían drogas–, salimos a desmentirlos”, dice Pedroza en entrevista en referencia a ese otro asesinato (con saldo de dos adultos y tres niños muertos) en un retén en Sinaloa, en 2007.
El jueves 6, Proceso entrevistó al visitador Paredes Montiel, quien informó que será “en un par de meses” cuando concluyan las investigaciones sobre los niños Almanza y los estudiantes del Tecnológico, y aunque deslizó que podría ser antes, no quiso confirmarlo porque, dijo, “no quiero comprometerme demasiado”.
El abogado admite que su equipo llegó cuando los estudiantes y los niños ya estaban enterrados, por lo que no pudieron ver los cadáveres.
Interrogado sobre los avances de las investigaciones de lo ocurrido en el retén tamaulipeco, dice que recogieron versiones, dictaron medidas cautelares para proteger a la familia y a su abogado de cualquier posible hostigamiento, acudieron al lugar de los hechos y “estamos haciendo diligencias”.
En lo que respecta al caso de los estudiantes del Tec, asegura que recabaron testimonios, reconocieron el lugar, tomaron fotos y videos y se entrevistaron con la autoridad.
Cuestionado sobre la tardanza para entregar resultados, el visitador se queja: “La PGR nos ha negado la información, el acceso a la averiguación previa, todo lo que difundió en vivo y a todo color, el video que se entregó a todos, a nosotros nos lo negaron, hemos tenido que ir consiguiendo la información por diversos canales”.
Señala que en ambos asuntos aún les falta hacer sus propios peritajes.
“Vamos a ampliar los testimonios, a precisar tiempos de la realización de los hechos y verificar toda esta situación sobre el daño sicológico. Vamos a estar también con nuestros criminalistas para estar en el lugar de los hechos y hacer una reconstrucción”, plantea el abogado, quien ingresó a la Comisión en noviembre de 2008.
Indica que no presentará ningún informe preliminar con los datos recabados y que dará a conocer los resultados cuando la investigación esté terminada, “porque si no, luego se empieza a improvisar”.
Este licenciado en derecho, que hizo su carrera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue colaborador cercano del exministro Genaro Góngora Pimentel, informa que están a su cargo otras investigaciones, como la matanza de 15 jóvenes en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, ocurrida a finales de enero. Dice que evalúa la queja por la negación de servicios médicos de emergencia y las promesas gubernamentales incumplidas, así como las quejas de los presuntos homicidas.
Esta queja (CNDH/2/2010/798/Q) se abrió 17 días después de la matanza.
También lleva el asunto del asesinato de “una arquitecta” durante el operativo en el que murieron los estudiantes del Tec de Monterrey; de “un encobijado” y de las muertes de Patricia Terroba e Ignacio Aguilar, ocurridas durante el operativo de la Marina para capturar a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca.
El visitador informa que por el asesinato de Beltrán Leyva no abrió investigación, debido a que nadie presentó la queja ante la CNDH. Aunque los asesinatos cometidos por militares deben abrirse de oficio, Paredes se excusa diciendo que “no en todos los casos”.
–¿Por qué en otros sí (investigan de oficio) y en este no? –se le cuestiona.
–Mmmh. No tengo una, digamos, una… mmmh… pero en este caso no se estimó, no se evaluó… yo creo –contestó nervioso.
Cuestionado de origen
En su edición 1727, Proceso publicó que Jorge Hank Rhon, el exalcalde de Tijuana acusado de tener relación con negocios ilícitos –narcotráfico y lavado de dinero–, maniobró junto con el senador priista Fernando Castro Trenti, excoordinador de la campaña de Hank, para convertir a Plascencia en ómbudsman nacional y, en pago por su triunfo, varias oficinas clave fueron otorgadas a hombres cercanos a Hank y con oscuro historial.
En su desempeño como primer visitador durante la década en la que el ómbudsman era José Luis Soberanes, Raúl Plascencia tuvo a su cargo algunos expedientes que quedaron inconclusos. Uno de ellos, el del linchamiento de los agentes federales en Tláhuac (2004) del que nunca emitió recomendación. Fue responsable de indagar sobre las muertas de Juárez y las torturas a los globalifóbicos en la Cumbre de Guadalajara (2004), pero en ninguno de ellos hubo recomendación alguna para sancionar autoridades. Se limitó a hacer un informe especial. Tuvo a su cargo el informe de la guardería ABC, de Sonora, que no reveló mucho más de lo que ya había indagado el IMSS.
En cuanto a la investigación sobre las desapariciones políticas, la senadora Rosario Ibarra, dirigente del movimiento de madres de desaparecidos, opina que “no hizo nada”.
En los cinco meses que Plascencia lleva en el cargo ha superado hasta las peores expectativas.
Para la abogada Jacqueline Sáenz, del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Plascencia ha mantenido una postura “tibia” frente los abusos militares y prácticamente desapareció en la discusión sobre el retiro del fuero para que los miembros del Ejército que cometan violaciones a las garantías ciudadanas sean juzgados en tribunales civiles.
Sobre la actuación de la comisión en los casos de Bryan y Martín Almanza y de los estudiantes del Tec, opina: “Ha sido poco expedito, poco diligente; la PGR ya se pronunció respecto a los peritajes, y aunque la CNDH debería ir a la cabeza de las investigaciones, emitiendo recomendaciones y vigilando su cumplimiento, nada más anunció que iba a investigar, mostrando falta de posicionamiento, de liderazgo o consolidación y de debilidad ante una institución como la Sedena”.
Sáenz dice que es preocupante que la Comisión muestre rezago en temas que han saltado a la luz pública y tienen los reflectores encima, y se cuestiona cómo estará actuando ante los “muchísimos casos que se dan en todo México, en las comunidades rurales” pero no son famosos.
Cifras dispares
El Centro Prodh tiene otra diferencia con el ómbudsman, quien declaró que las violaciones a los derechos humanos por parte de militares crecieron, en un año, “300 o 400%”, sin precisar la cifra y aunque luego rectificó y dijo que era 500%, las sumas del Prodh –con base en datos de la CNDH– arrojan que en lo que va del sexenio y hasta marzo de 2010 hubo tres mil 430 quejas contra el Ejército (fueron mil 791 en 2009), por lo que el incremento es de “casi 1000%”.
Para quien fue ómbudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, “las grandes ausentes” en este contexto de masivas violaciones a los derechos humanos en todo el país son la CNDH y las comisiones respectivas de cada estado, junto con las procuradurías federal y estatales.
“José Luis Soberanes era criticado de poco sentido de oportunidad, pero Plascencia tiene todavía un perfil más bajo, una actitud casi silenciosa, muy reactiva, que no contribuye a la defensa de los ciudadanos y de las víctimas ni cumple sus mandatos legales. Deberían darnos con oportunidad las investigaciones sobre los hechos, ya tendrían que habernos dado información de lo de Monterrey”, critica el sociólogo.
Álvarez Icaza, quien al igual que Pedroza compitió por la presidencia de la CNDH, dijo que los senadores, al elegir a Plascencia, no se comportaron como estadistas, sino como contratistas, por hacer prevalecer relaciones y pagos de favores por encima de los intereses del Estado.
Rosario Ibarra, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, considera que la CNDH ha empeorado por la aparente inacción, mantiene un silencio cómplice con el gobierno y una “inercia torpe”.
“Ha tenido un silencio cómplice. ¡Caray! ¿Qué han dicho de estos casos? ¿Para qué sirven las visitadurías, qué hacen? ¿En qué gastan tanto dinero? (...) Han mantenido un silencio que se antoja de complicidad o, cuando menos, de sumisión terrible, acomodaticio por alguna razón. No sé si para elegirlo la condición era no tocar al Ejército”, dice.
La legisladora recuerda que desde antes de la elección ya se mencionaba a Plascencia como uno de los “elegidos”, y que la votación aplastante confirmó que había un acuerdo entre las cúpulas del PRI y del PAN para mantener la continuidad en la comisión.
Para Pedroza, la CNDH debería trabajar conjuntamente con la Sedena y marcarle los puntos que tienen que cambiar y acompañarla en su proceso de cambio.
“La actuación de la CNDH ya no es la adecuada: no basta emitir recomendaciones cuando el número de casos se ha elevado tanto. Cuando las violaciones a los derechos humanos son reiteradas se necesitan informes especiales, recomendaciones especiales para prevenir que sigan ocurriendo los excesos en asuntos como los retenes, los operativos, los cateos, y emitir periódicamente informes a la opinión pública”, dijo Pedroza, quien en su tiempo en la CNDH tuvo a su cargo investigaciones como la polémica muerte de la indígena Ernestina Ascencio, las violaciones masivas del Ejército en tres municipios michoacanos y los asesinatos de la familia Galaviz y de unos jóvenes de Santiago de los Caballeros, Sinaloa. Agrega:
“Todos los días escuchas lo mismo: heridos en un retén, en otro retén, cateos de domicilios sin orden judicial, sustracción de objetos, uso excesivo de la fuerza. Son tan reiteradas que se necesita una recomendación general que serviría a los legisladores para que legislen sobre esos temas, y la CNDH nutriría esas iniciativas con datos, resúmenes de hechos, patrones, propuestas y seguimiento.”
La también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que Plascencia fue elegido porque “es una personalidad menos incómoda”. Y, al parecer, está siendo fiel a su personalidad.
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La embajadora Fuentes-Beráin: “Uy, Proceso no es creíble...”
Marco Appel
BRUSELAS. – La embajadora de México ante la Unión Europea (UE), Sandra Fuentes-Beráin, aseguró en el Parlamento Europeo que el ataque del pasado 27 de abril en Oaxaca contra una caravana internacional de paz, en el que murieron la activista mexicana Beatriz Cariño Trujillo y el ecologista finlandés Jyri Antero Jaakkola, fue un “accidente” ocurrido por un “conflicto interétnico”.
Aseveró, además, que “en México no existen grupos paramilitares”, por lo que, afirmó, “no es verdad lo que dicen algunos medios”, que culpan de la agresión a un comando ligado al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Fuentes-Beráin afirmó lo anterior durante un encuentro con las eurodiputadas finlandesas Heidi Hautala y Satu Hassi, el pasado jueves 6 en la oficina de éstas en el Parlamento Europeo. Ambas eurodiputadas del grupo del Partido Verde Europeo han manifestado gran interés en el caso Jaakkola.
Hautala es presidenta del subcomité de Derechos Humanos, uno de los puestos más influyentes de europarlamento. En 2000 y 2006 fue candidata presidencial en su país. Hassi fue ministra de Medio Ambiente y Cooperación al Desarrollo del gobierno finlandés entre 1999 y 2002.
Desde el comienzo de la reunión, Hautala manifestó a Fuentes-Beráin su intención de dedicar “el poco tiempo (que ella y Hassi tenían) a discutir sobre lo que había sucedido en Oaxaca”.
En ese encuentro informal –que comenzó a las 8:30 de la mañana y duró 40 minutos–, Hassi comentó a su colega mexicana que en el ataque del 27 de abril habían matado al hijo de una amiga suya. Fuentes-Beráin presentó sus “condolencias” por lo que llamó un “accidente” y dijo que para el gobierno mexicano “siempre es triste” cuando alguien muere de esa manera.
Las eurodiputadas preguntaron por qué no había acudido de inmediato una ambulancia al lugar de los hechos. Fuentes-Beráin justificó la tardanza y dijo que se debió a “dificultades geográficas”.
Hautala y Hassi expresaron su preocupación de que la muerte de Jaakkola quede impune. Se refirieron a las 19 personas que desde diciembre pasado han caído asesinadas en la misma zona, como lo indica un reportaje publicado por este semanario en su edición del domingo 2, el cual exhibieron las eurodiputadas.
“¡Uy, Proceso! –comentó Fuentes-Beráin–; Proceso no es creíble”. Y explicó a las finlandesas que el estado de Oaxaca “es muy complejo” y “difícil de entender”. Les dijo que sería “muy importante” que ellas “comprendan la auténtica realidad de México” y descarten aquella que describen “publicaciones como Proceso”, por lo que las invitó a viajar a Oaxaca en calidad de observadoras.
Cabildeo
En entrevista con este semanario, realizada el miércoles 5, Hassi advirtió: “Desde el Parlamento Europeo vamos a trabajar juntos para que a todos los niveles se exija que este caso sea investigado (...) Por ejemplo, yo misma contacté a la ministra de Justicia de Finlandia, Tuija Brax, que proviene del mismo partido”.
El pasado 30 de abril, en un comunicado, el Ministerio de Exteriores finlandés exigió al gobierno de Felipe Calderón que ordene una “investigación exhaustiva” que aclare las circunstancias que rodearon la muerte de Jaakkola. Asimismo, demandó que “se juzgue a los culpables del crimen” y que las autoridades de Oaxaca informen “cuál de los grupos armados que operan en la región es el responsable del asesinato”.
El lunes 3, la presidencia española de la UE emitió un comunicado en el que expresó también que seguirá con gran atención los acontecimientos derivados del ataque.
Durante la entrevista, Hassi indicó que, junto con su bancada, analiza qué opciones diplomáticas o legales tienen el gobierno finlandés o la presidencia española para ejercer más presión sobre México, de tal manera que “puedan ir más allá de sólo presentar una petición oficial al gobierno mexicano para que este caso sea investigado”.
La eurodiputada confía que, en el corto plazo, el caso Jaakkola sea puesto sobre la mesa durante las conversaciones con el gobierno de Felipe Calderón, tanto en la Cumbre bilateral México-UE, programada para el domingo 16, como en la de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y América Latina y el Caribe, prevista para el lunes 17 y el martes 18 en Madrid.
El cabildeo finlandés ha sido efectivo. En una misiva fechada el martes
“Es la primera vez que un grupo de derechos humanos es violentamente atacado en México y que un observador internacional es asesinado”, justificó Hautala en dicha carta. Y agregó: “Como presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, estoy profundamente preocupada por este deterioro de la situación y por la falta de garantías para el trabajo necesario de los defensores de los derechos humanos”.
Buzek no sólo se refirió al hecho, sino que lo hizo al comienzo de su intervención frente al hemiciclo europarlamentario.
Señaló: “Tenemos noticias tristes que comunicar: el homicidio en México del finlandés Jaakkola y la mexicana Trujillo, asesinados durante una misión de observación de derechos humanos en el país”.
“El Parlamento Europeo –añadió Buzek– quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos. Es triste que continúen este tipo de ataques y que siga habiendo este tipo de víctimas.”
Conmoción
Jyri Jaakkola era un activista de 33 años que defendía el comercio justo, el medio ambiente y los derechos indígenas. En un video grabado el pasado 1 de febrero en Finlandia, incluso explicó que el propósito de su viaje a México era “aprender distintas formas de organización” social para luego “adaptarlas” a su país.
Había previsto viajar a México en su barco, de nombre Estelle, como lo había hecho en
En México creó un blog cuya última anotación fue la del 10 de abril, en la que reseñó las charlas del Diálogo Climático de los Pueblos, que formó parte del Encuentro por una Vida Autónoma, celebrado en la ciudad de Oaxaca y en el que él participó.
En un documental de ese encuentro, realizado por J. P. Sipila para la ONG Marea Creciente México, aparece Jaakkola, quien dice en español: “Para resolver la crisis climática tenemos que acabar con nuestro sobreconsumo de energía y de recursos naturales. Para eso tenemos que cambiar todas las estructuras y relaciones sociales, económicas y políticas: gran parte de la cultura de consumismo occidental tiene que ver con nuestra falta de oportunidades para dirigir nuestras vidas”.
El activista tenía planeado asistir a la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático que se realizará en diciembre en Cancún.
El asesinato de Jaakkola causó conmoción en Finlandia, uno de los países más prósperos del mundo, ubicado en el duodécimo lugar del Índice de Desarrollo Humano 2008/2009 elaborado por la ONU.
Desde el 28 de abril, la mayor parte de los medios informativos finlandeses dedicó espacios destacados a la noticia de su muerte. Desde entonces no han dejado de dar una amplia cobertura a su muerte.
Hassi comenta a Proceso que mantiene contacto con la familia Jaakkola. La madre de Jyri, Eva Lena, fue su compañera de escuela durante seis años y la considera una de sus mejores amigas.
La eurodiputada confiesa que, por ahora, la principal preocupación de los padres de Jyri es garantizar que el crimen de su hijo sea investigado, ya que en México, señala, se sabe que predomina “una cultura de impunidad”.
“Sin presión internacional –advierte Hassi–, mucha gente que conozco desconfía que se lleve a cabo una investigación”. Apunta que por la forma tan artera en la que se efectuó la emboscada, tiene “la impresión de que el gobierno local está protegiendo a los grupos paramilitares que perpetraron el ataque, y que el gobierno federal, al no decir nada, hace lo mismo”.
–El presidente Calderón afirmó en Alemania que México cumple con muchos de los requisitos económicos más severos que se exige a los países de la UE. ¿Qué opina de esa declaración hecha pocos días después del asesinato de Jyri? –se le pregunta.
–Los criterios más importantes para ser miembro de la UE son el respeto de los derechos humanos y de la libertad de expresión, el funcionamiento de la democracia, el cumplimiento de la ley, el castigo de los crímenes, la lucha contra la corrupción... Estos valores tienden a liberar y movilizar la energía creativa de los ciudadanos. Eso no pasa en las sociedades que sienten miedo y están paralizadas. l
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Las mentiras de Presidencia para acabar con Luz y Fuerza
Daniel Lizárraga
Las verdaderas causas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que lanzó a la calle a por lo menos 44 mil trabajadores, siguen siendo un misterio debido a la cerrazón del gobierno calderonista, impuesta por motivos de “seguridad nacional”. Aunque el presidente Calderón defendió esa medida con argumentos como la “corrupción” e “ineficiencia” que privaban en la paraestatal, una investigación realizada durante siete meses por Proceso reveló que las dependencias gubernamentales, empezando por la Presidencia, carecen de información que sustente los dichos del mandatario y, por consiguiente, sus acciones de fuerza contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El 11 de octubre de 2009, las televisoras interrumpieron sus programas estelares para transmitir un mensaje del presidente Felipe Calderón: la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) sería liquidada.
Serio, muy serio, de traje negro y con una pequeña bandera mexicana prendida a la solapa, Calderón actuó ante los televidentes para anunciar que esa determinación –la extinción del organismo descentralizado y el despido de 44 mil trabajadores– era inaplazable.
A pesar de que el jefe del Ejecutivo habló de pérdidas, ineficiencias y corrupción en la paraestatal, los expedientes que pudieran sustentar o documentar sus dichos fueron enviados a reserva.
En busca de esa información, Proceso emprendió una investigación que en abril pasado cumplió siete meses y a raíz de la cual el gobierno calderonista reconoció haber elaborado el expediente llamado Luz y Fuerza del Centro; Agosto del 2009 y el titulado Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación 2009.
Sin embargo, se determinó que ambos documentos sólo podrían desclasificarse después de 12 años, pues de acuerdo con las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo abrirlos antes del año 2021 sería tanto como permitir que los extrabajadores –afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– pudieran realizar actos de sabotaje en el suministro de energía.
Al responder a un paquete de solicitudes de acceso a la información planteadas por este semanario, Hacienda sostuvo que los archivos sobre la extinción de LFC fueron reservados porque es un asunto de “seguridad nacional”, ya que los extrabajadores podrían utilizar su contenido para apelar ante los tribunales internacionales, creando con ello un clima de inestabilidad en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Para sostener esa reserva por el plazo máximo que permite la Ley de Transparencia, Hacienda destacó que el SME tiene capacidad para poner de cabeza al país mediante bloqueos en calles y autopistas, aun cuando Luz y Fuerza del Centro abasteció de energía sólo al Distrito Federal, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.
No obstante, al analizar la respuesta de la Secretaría de Hacienda –por petición de Proceso–, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) redujo a sólo dos años el tiempo de reserva de dichos expedientes, aunque también a su juicio contienen información sensible que “podría poner en riesgo la seguridad nacional”.
Pese a que en su mensaje Calderón utilizó dos veces la palabra “corrupción”, otras dos el término “ineficacia”, y acusó a los trabajadores de tener “prestaciones onerosas”, la investigación de este semanario determinó que en Los Pinos no cuentan con pruebas de actos de corrupción ni con datos concretos sobre las fallas técnicas, ineficiencias y privilegios sindicales que el presidente argumentó.
Más aún, al atender una de las solicitudes de acceso a la información presentadas por Proceso, la Presidencia de la República reconoció no tener registro de averiguaciones previas sobre corrupción que respaldaran el discurso del jefe del Ejecutivo.
La declaratoria oficial de inexistencia de averiguaciones previas sobre corrupción la firmaron la Coordinación de Asesores, la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales, la Dirección de Administración, la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría Particular del Presidente y la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, encabezada por Alejandra Sota, una de las colaboradoras más cercanas del mandatario.
Otro de los integrantes del gabinete y amigo del presidente, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, también se refirió en ruedas de prensa a los desfalcos presentados en LFC, pero también en la Secretaría del Trabajo rechazaron contar con una lista de casos sobre malversación de recursos públicos. En su respuesta oficial, incluso reportaron que buscaron documentos al respecto en la oficina de Lozano, y que nunca los hallaron.
Aun cuando la secretaria de Energía, Georgina Kessel, igualmente comentó a la prensa que en la paraestatal se registraban actos de corrupción, su equipo de trabajo no pudo precisar qué tipo de casos irregulares conocían y endosaron la responsabilidad de atender las solicitudes de información correspondientes a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Respecto de los privilegios sindicales, Kessel respondió que este tipo de casos no los conocieron de cerca y sugirió buscar esa información en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Las “ineficiencias”
La Secretaría de Energía (Sener) pretendió documentar las ineficiencias de la empresa en el Informe de reclamaciones presentadas contra Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al primer semestre del año 2009.
Pero sólo se trata de un documento de 10 páginas donde se exponen quejas de ciudadanos y empresarios por el deficiente suministro de energía o por cobros irregulares de recibos. Señala que de las 49 protestas presentadas en seis meses, el 90% correspondieron a LFC, y 10% a la CFE.
El mayor número de este tipo de quejas contra la LFC se presentaron en abril de 2009, cuando hubo 10 reportes, por cortes en el suministro de energía, por afectaciones a viviendas en obras y por cobros indebidos.
Las 44 quejas contra el servicio que prestó LFC en medio año –el último que estuvo operando– equivalen, en promedio, a siete por mes y a 1.8 por semana, según se desprende del documento referido. Pero no se estableció ningún vínculo entre estas quejas y las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública para evaluar el desempeño de los servidores públicos.
En diferentes foros, el presidente Calderón ha dicho que las ineficiencias de LFC –de manera especial los vaivenes en el voltaje– provocaron que muchos empresarios optaran por instalarse en las áreas controladas por la CFE e inclusive fuera del país.
Pero sobre este punto la Presidencia tampoco pudo aportar detalles.
Por separado, la Sener entregó una tabla según la cual en 1994 la paraestatal perdió 16.32% de la energía producida, y en 2009 la pérdida llegó a 32.45%, lo que equivale a unos 24 mil 822 millones 688 mil 700 pesos. Según los cálculos oficiales, estos números exceden los estándares internacionales.
Aunque en su mensaje Calderón habló de actos de corrupción que carcomieron a la empresa, su gobierno no abrió ni un solo expediente por delitos relacionados con malversación de recursos públicos, y en la Secretaría de la Función Pública no tienen registradas investigaciones en torno a redes de corrupción en las que pudieran haber participado funcionarios y trabajadores sindicalizados de la paraestatal.
La indagatoria más reciente, sin concluir, data del 18 de septiembre de 2009, pero de los datos disponibles se desprende que se trata de una acusación contra una persona.
Durante el actual gobierno se han abierto cinco expedientes en la Secretaría de la Función Pública relacionados con presuntas irregularidades en LFC, y únicamente dos personas resultaron sentenciadas por cohecho (recibir dádivas a cambio de hacer algo ilegal): Marco Antonio Morales Castañeda (23 de julio de 2007) y Jorge Ávila Pérez (14 de enero de 2009).
Otras tres investigaciones siguen abiertas, sin que por lo pronto pueda conocerse la identidad de los acusados. No obstante, las pesquisas hasta el momento indican que se trata de personas que no tienen relación entre sí y que no forman parte de redes corruptas.
Si se amplía históricamente la falta de pesquisas y de sentencias condenatorias por desvíos del erario, el saldo es aún más pobre.
Entre 1998 y 2009 –esto es, entre el último gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las dos administraciones del Partido Acción Nacional (PAN)–, la Secodam y posterior Secretaría de la Función Pública hicieron nueve investigaciones, de las cuales en sólo tres casos lograron que se castigara por cohecho a Alejandro Carrasco Silva (el 21 de mayo de 1998) y, como ya se mencionó, a Marco Antonio Morales Castañeda (el 23 de julio de 2007) y a Jorge Ávila Pérez (14 de enero de 2009).
En otros expedientes las autoridades no pudieron comprobar actos de corrupción.
El caso más representativo implica a una red de extrabajadores –vinculada a la dirigencia nacional del SME– que presuntamente se dedicaban a extorsionar a empresarios.
En 2003, la Secodam capturó a Mario Garfias –inspector y hermano de uno de los líderes del SME–, Gustavo Vanegas, Jesús Nájera y Enrique Martínez –funcionarios de nivel medio– cuando cobraban un soborno de 45 mil pesos a cambio de no cortar el suministro de energía a la empresa Cepra Servicios, la cual supuestamente tenía un adeudo de 192 mil pesos.
Estos empleados fueron detenidos en los baños de un restaurante Sanborns en la Ciudad de México, justo en el momento en que les entregarían un sobre con parte del dinero. Los implicados terminaron tras las rejas. Pero tiempo después la empresa se echó para atrás en la demanda, el SME se volcó para apoyar a sus compañeros y el gobierno cometió errores en la presentación de los hechos ante un juez, lo que facilitó el hecho de que los aprehendidos quedaran libres mediante un amparo y sólo fueran inhabilitados para volver a ejercer cargos públicos por dos años.
Por separado, la PGR tiene en sus archivos 14 averiguaciones previas sobre presuntas irregularidades cometidas en la historia de LFC. Todas ellas corresponden sólo al gobierno de Calderón, aunque ninguna concluyó antes de la desaparición de la empresa. Hasta el momento siete de esos expedientes permanecen abiertos.
La PGR no informó respecto de las fechas precisas en que iniciaron tales indagatorias, pero pudo determinarse que seis de ellas corresponden a 2009 y una a 2008.
Además, existe otro grupo de averiguaciones (seis en total) que permanecen en la reserva. Esto es, que se quedarán congeladas hasta que existan más pruebas. De estos archivos, uno corresponde al año 2007, dos a 2008 y tres a 2009.
El alud de denuncias
El domingo 11 de octubre de 2009, Calderón tardó 10 minutos con 24 segundos para explicar la extinción de LFC y la liquidación de 44 mil trabajadores.
En los alegatos enviados al IFAI para mantener la reserva de dos archivos especiales, la Secretaría de Hacienda destacó que no era posible soslayar que el número de trabajadores pertenecientes al SME representó para el gobierno ciertos riesgos sociales.
“El conflicto ya ha sido utilizado políticamente por diversos actores y agrupaciones sociales cuya intención pareciera ser no sólo mantenerlo, sino avivarlo”, estimó Hacienda en un informe enviado al comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar.
Aunque fueron escasas y poco significativas las averiguaciones previas por irregularidades antes de que desapareciera LFC, el gobierno de Calderón sí canalizó numerosas denuncias y abrió investigaciones contra los trabajadores electricistas en cuanto iniciaron las protestas por la extinción de la paraestatal.
Hasta abril pasado, la PGR mantenía abiertas 250 averiguaciones contra líderes y miembros del SME. Además, se redactaron 26 actas circunstanciadas –sobre posibles delitos– y, sobre todo, figuraban ya 19 expedientes en manos de jueces federales.
El desglose de las averiguaciones previas respecto de los presuntos delitos cometidos es el siguiente: 111 por robo, 67 por sabotaje, 11 por amenazas, 7 por ataques a las vías generales de comunicación, 6 por actos contra el consumo y la riqueza nacional, 5 por oponerse a la ejecución de obras, 5 por lesiones y 2 por fraude, además de otras 36 en las que igual número de personas son acusadas de diversos delitos.
Hacienda le dio al SME un trato de grupo extremista con capacidad de poner en riesgo la seguridad nacional por medio de sabotajes. Una de sus pruebas consistió en un resumen de 18 noticias sobre bloqueos en calles, desórdenes, marchas, riñas en mítines y la protesta realizada ante la casa del secretario del Trabajo.
Pero el comportamiento y el perfil de los extrabajadores sindicalizados no se ajustan a las características de un grupo extremista: El SME puso en internet su plan de acción y una cuenta bancaria para allegarse fondos, sus líderes son conocidos y decenas de sus integrantes se hallan expuestos públicamente en huelgas de hambre…
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Manejo político de datos personales
Daniel Lizárraga
Hasta hace poco –alrededor de ocho meses–, la falta de una ley que impidiera el uso indiscriminado de datos personales facilitó el hecho de que, sin mayores problemas, la Secretaría de Gobernación (Segob) autorizara a una empresa especializada en marketing –comercial y político– la utilización de los números telefónicos de miles de hogares mexicanos en una campaña propagandística de apoyo al presidente Felipe Calderón.
En el marco del tercer informe de gobierno –septiembre de 2009–, la compañía B-Connect logró el permiso de la Segob para probar su nuevo “Sistema de Automatización de Mensajes de Voz”.
La ocasión era propicia, ya que trasmitiría “gratis” los mensajes oficiales sobre los logros del mandatario en programas sociales, en la construcción de infraestructura, en servicios de atención a la salud, etcétera.
Entre la empresa B-Connect y la Segob no hubo contrato ni transferencia de recursos públicos, pero sí un acuerdo en el que, por una parte, las autoridades se dieron por enteradas de la utilización de un call center para apoyar a Felipe Calderón y, por la otra, la empresa se comprometía a no cobrar por sus servicios.
El 17 de agosto de 2009, la Segob recibió una carta donde B-Connect se definía como una empresa que opera dentro de México con un “Sistema Automatizado de Mensajes de Voz” bajo los más altos estándares de calidad e innovación.
“En ocasión del tercer informe de gobierno del Ejecutivo Federal, B-Connect ha tomado la decisión de probar el sistema con la única finalidad de aprovechar el evento mencionado para comprobar la calidad e infraestructura con la que contamos”, señaló la compañía en su misiva, de la cual Proceso obtuvo una copia.
La carta fue entregada a este semanario luego de dos solicitudes de acceso a la información hechas a la Segob. En la primera de ellas, reconoció que B-Connect fue la encargada de transmitir los mensajes mediante llamadas telefónicas en el marco del tercer informe de gobierno, y en la segunda respuesta entregó una copia del documento donde la compañía solicitaba el permiso oficial para trabajar.
B-Connect forma parte de Grupo CIE –la mayor empresa en la industria del entretenimiento en México–, con ingresos anuales de 41 millones de dólares, y se presenta como el líder proveedor “en soluciones de centro de contacto” sirviendo a las industrias financiera, de telecomunicaciones y de bienes de consumo.
“Nuestro corporativo se encuentra en la Ciudad de México, en el centro de todas las actividades financieras y de negocios en México. B-Connect cuenta con tres modernos centros de contacto, con la infraestructura y tecnología necesarias para apoyar las operaciones de nuestros clientes. Estos centros están interconectados con un sistema espejo de almacenamiento de datos, lo que nos garantiza un funcionamiento continuo, sin interrupciones”, indica en su página oficial en internet.
En el papel, esto no podrá volver a suceder para el cuarto informe de gobierno. Al menos no podrá ponerse en marcha de la misma manera, luego de que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la creación de una Ley Federal de Datos Personales.
Las nuevas normas
La responsabilidad de administrar los datos personales de los mexicanos –nombres, direcciones, teléfonos, estado civil y números de seguro social, entre otros– estará bajo la responsabilidad del IFAI que, de acuerdo con la nueva legislación, se denominará ahora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Conforme a las nuevas normas, las empresas deberán contar con el permiso de la gente para utilizar su número telefónico o cualquier otro dato personal en campañas de marketing.
Para ello, quienes tengan bajo su custodia datos personales de mexicanos deberán crear un “Aviso de Privacidad”. Se trata de un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato que se pondrá a disposición de la gente para que, en su caso, autorice la utilización de su información.
Se considerarán como “datos sensibles” aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual.
Para el uso comercial y propagandístico, en la ley se considera que el ciudadano “consiente tácitamente” en el “tratamiento” de sus datos cuando, habiéndose puesto a su disposición el respectivo “Aviso de Privacidad”, no manifieste su oposición.
De cualquier manera, la misma norma especifica que el consentimiento para usar los datos personales puede ser revocado en cualquier momento.
En el artículo 12 de la Ley Federal de Datos Personales, los legisladores especificaron que, en el tratamiento de los datos personales, las empresas deberán limitarse al fin para el que éstos fueron solicitados. Es decir, que no pueden pasarse de empresa a empresa con diferentes rubros comerciales.
El Aviso de Privacidad deberá contener al menos la siguiente información: identidad y domicilio del responsable que recaba los datos; finalidades del tratamiento de datos; opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, así como medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Y en el caso de datos personales sensibles, el Aviso de Privacidad indicará expresamente que se trata de este tipo de información.
Las personas que consideren que sus datos personales han sido utilizados sin su consentimiento podrán presentar una denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Las autoridades, por su parte, otorgarán a las empresas o instituciones involucradas un plazo de 15 días para que puedan defenderse por escrito. En caso de no hacerlo, el instituto procederá con base en las pruebas de que disponga.
La sanción más leve consistirá en un apercibimiento para que las empresas o instituciones protejan los datos personales o, en su caso, los elimine de sus registros.
No obstante, en la ley se prevén multas que van de
Esta nueva norma también afectará la manera en que los partidos políticos desarrollan las campañas de sus candidatos a diversos puestos de elección popular; desde alcaldes hasta presidente de la República.
Ahora los partidos no podrán llamar por teléfono ni enviar propaganda a los ciudadanos sin que cuenten con el “Aviso de Privacidad”.
Al aprobar la nueva legislación, los senadores apuntaron que la tecnología de nuestros tiempos permite conocer todo sobre una persona: dónde vive, en qué trabaja, su estado civil, número telefónico, correo electrónico, preferencias sexuales, estado de salud y trayectoria laboral, entre otros; pero eso no significa que esté permitido utilizar toda esa información sin el consentimiento del titular.
En las consideraciones se destaca como “indispensable abatir la compraventa de información que ha convertido a México en un paraíso de datos personales; esta ley no impedirá el libre flujo de datos, antes bien se dará bajo reglas claras y respetuosas dictadas por el titular de dicha información”. l
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La CIA estaba enterada...
Lawrence Wright
Inmersas en sordas disputas burocráticas, las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos se negaron a compartir la información que advertía lo que desde 1999 preparaba Al Qaeda: espectaculares atentados con aviones en territorio estadunidense. La historia detallada de estas pugnas, así como de los errores y omisiones que derivaron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, es contada por el escritor y periodista Lawrence Wrigth en el libro La torre elevada. Ganadora del premio Pulitzer (2007), la versión en español de esta obra será publicada próximamente en México por Random House Mondadori, con cuya autorización Proceso adelanta algunos fragmentos reveladores.
En los tres años transcurridos desde que (en 1996) Jaled Sheij Muhammad (autor intelectual de los atentados al World Trade Center en 1993 y quien vivió en Estados Unidos) le había propuesto a Bin Laden su “operación de los aviones” en una cueva en Tora Bora (Afganistán), Al Qaeda se había dedicado a elaborar un plan para atentar en territorio estadunidense.
La idea de Muhammad consistía en realizar dos tandas de secuestros aéreos: cinco aviones procedentes de la Costa Este y cinco de Asia. Nueve aviones se estrellarían contra objetivos bien seleccionados, como la CIA, el FBI y centrales nucleares. El propio Muhammad pilotaría el último avión. Después de matar a todos los hombres que hubiera a bordo, haría una declaración de condena de la política de Estados Unidos en Medio Oriente; finalmente aterrizaría y dejaría libres a las mujeres y los niños.
Bin Laden rechazó esta última idea, pero en la primavera de 1999 convocó a Muhammad en Kandahar y le dio su visto bueno para poner en práctica el plan.
Unos pocos meses después, Bin Laden, Jaled Sheij Muhammad y Abu Hafs al Masri (comandante militar de Al Qaeda) se reunieron en Kandahar para seleccionar posibles objetivos. Aquellos tres hombres eran los únicos implicados. Su propósito no era sólo infligir un daño simbólico. Bin Laden creía que Estados Unidos, en tanto que entidad política, podía ser destruido (…) Era natural, por tanto, que Bin Laden deseara atentar contra la Casa Blanca y el Capitolio. El Pentágono también figuraba en su lista. Si lograba destruir la sede del gobierno de Estados Unidos y el cuartel general de su ejército, el desmantelamiento real del país dejaría de parecer una fantasía.
Muhammad propuso el World Trade Center, que su sobrino Ramzi Yusef no había logrado derribar con el atentado perpetrado seis años antes. También barajaron atentar contra la torre Sears en Chicago y la torre Library (ahora llamada la torre del U.S. Bank) en Los Ángeles. Bin Laden decidió que el ataque contra las ciudades estadunidenses de la Costa Oeste podía esperar.
Disponían de poco dinero, pero contaban con mártires voluntarios de sobra. Cuando el plan consistía únicamente en hacer explotar los aviones en pleno vuelo, no eran necesarios pilotos calificados, pero una vez que la idea evolucionó hasta adoptar su brillante forma definitiva, se vio claro que para la operación de los aviones hacía falta un grupo disciplinado y con unas capacidades que se tardan años en adquirir.
Bin Laden seleccionó a cuatro de sus hombres de más confianza para que participasen en la operación, pero ninguno de ellos sabía cómo pilotar un avión ni hablaba inglés, un requisito obligatorio para obtener una licencia de piloto. Además, ninguno de ellos había vivido en Occidente. Muhammad intentó darles clases. Les enseñó frases en inglés y recopiló folletos de escuelas de vuelo estadunidenses.
Practicaban con videojuegos de simulación de vuelo y estudiaban películas de Hollywood donde aparecían secuestros aéreos, pero la distancia entre las aptitudes de aquellos hombres y la grandiosidad de su misión debía resultar descorazonadora.
Nawaf al-Hazmi era uno de ellos. Había llegado a Afganistán en 1993, cuando tenía 17 años. Era corpulento y tenía una sonrisa fácil y atractiva. Su padre era un rico comerciante de La Meca. Su amigo de la infancia, Jaled al-Mihdar, pertenecía también a una importante familia de La Meca. Siguiendo el ejemplo de Bin Laden, estos dos jóvenes y ricos sauditas habían combatido juntos en Bosnia y más tarde con los talibanes contra la Alianza del Norte (…)
Puesto que eran ciudadanos sauditas, tanto Hazmi como Mihdar consiguieron con facilidad visados para entrar en Estados Unidos. Ni siquiera los tuvieron que solicitar en persona. La situación de los otros dos futuros secuestradores era muy diferente, ya que ambos eran yemenitas. Las autoridades de inmigración creían que los yemenitas eran mucho más propensos a desaparecer en la clandestinidad cuando llegaban a Estados Unidos, por lo que les denegaban sistemáticamente los visados.
Frustrado por la imposibilidad de introducir a todos sus hombres en Estados Unidos, Bin Laden les envió al sudeste asiático para analizar la posibilidad de ejecutar el plan de Muhammad de simplemente hacer explotar los aviones estadunidenses en pleno vuelo. En aquel momento, el gran proyecto de atentar en suelo estadounidense parecía archivado.
Fue entonces cuando Muhammad Atta y sus amigos (Ramzi Bin al Shibh, Ziad Yarrah y Marwan al Shehhi, conocidos como los “cuatro de Hamburgo”) se presentaron por primera vez en Afganistán. Llegaron de manera escalonada a lo largo de las dos últimas semanas de noviembre (1999). Abu Hafs los caló de inmediato: cultos y con formación técnica, con un dominio del inglés que variaba entre elemental y alto. No necesitaban que nadie les explicara cómo se vive en Occidente. Los visados no serían un problema. Bastaba con que aprendieran a pilotar aviones y estuvieran dispuestos a entregar su vida.
Cuando llegaron Bin al Shibh, Atta, Yarrah y Al Shehhi les dijeron que los habían elegido para una misión secreta y desconocida. Los cuatro fueron invitados a un banquete de Ramadán con el propio Bin Laden. Conversaron acerca de los talibanes y Bin Laden les preguntó por las condiciones de vida de los musulmanes en Europa. Entonces les informó que serían mártires.
Encuentro en Malasia
Ahora había dos comandos diferentes para la operación de los aviones, rediseñada a gran velocidad, y cada uno de ellos debía perpetrar un gran atentado. Los miembros de la célula de Hamburgo (comandados por Atta) declararon que habían perdido sus pasaportes o que se los habían robado, para ocultar que habían viajado a Afganistán.
Mientras tanto, los cuatro hombres que habían sido seleccionados inicialmente para la operación viajaron a Kuala Lumpur. Además de Jaled al-Mihdar y Nawaf al-Hazmi había dos yemenitas: Abu Bara y Tewfiq bin Attash, que adoptó el nombre de Jallad.
Jallad era otro personaje esquivo pero muy significativo de Al Qaeda. Tenía una prótesis de metal en lugar de la pierna derecha, que había perdido luchando contra la Alianza del Norte de Ahmed Sha Massud. Aunque había nacido en Yemen, había crecido en Arabia Saudita y conocía a Bin Laden desde la infancia. Había participado en los atentados de las embajadas y en el intento fallido de volar el USS The Sullivans en el puerto de Adén, y sería el cerebro del atentado contra el USS Cole 10 meses más tarde.
A finales de 1999, Jallad telefoneó a Mihdar y lo convocó a una reunión en Kuala Lumpur. Aquella sería la única vez que estarían juntos los miembros de los dos comandos. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) grabó una conversación telefónica del suegro de Mihdar, Ahmad al-Hada, en Yemen –el teléfono que Al Qaeda utilizaba como tablón de mensajes–, en la que se mencionaba la futura reunión en Malasia, además del nombre completo de Jaled al-Mihdar y los nombres de pila de otros dos participantes, Nawaf y Salem. Gracias a ese mismo teléfono, la NSA disponía de información suficiente para saber que el apellido de Nawaf era Hazmi, pero la agencia no consultó su propia base de datos (…)
Por otro lado, la CIA ya tenía los nombres de Mihdar y Hazmi. Said Badib, el principal analista del príncipe Turki (jefe de los servicios secretos sauditas), ya había alertado a sus colegas estadunidenses en una de las reuniones mensuales que se celebraban en Riad de que aquellos hombres eran miembros de Al Qaeda.
Con esta información, los agentes de la CIA irrumpieron en la habitación del hotel en que se alojaba Mihdar en Dubai, donde había hecho escala de camino a Malasia. Los agentes estadunidenses fotografiaron su pasaporte y lo enviaron por fax a la estación Alec (dedicada a la lucha contra el terrorismo y dependiente de la CIA). El pasaporte facilitaba una información crucial: Mihdar tenía un visado múltiple para Estados Unidos que expiraba en abril. La estación Alec alertó a varias agencias de espionaje de todo el mundo con un mensaje que decía: “Necesitamos proseguir con los esfuerzos de identificar a estos viajeros y sus actividades (…) para determinar si suponen una amenaza real”. El mismo telegrama decía que se había alertado al FBI de la reunión de Malasia y se le habían facilitado copias de los documentos de viaje de Mihdar. Pero resultó ser falso.
La CIA pidió a las autoridades malayas que vigilaran la reunión en Kuala Lumpur, que se celebró el 5 de enero en un conjunto de departamentos apartado en un centro turístico con vistas a un campo de golf diseñado por Jack Nicklaus. El departamento era propiedad de Yazid Sufaat, el hombre de negocios malayo que había trabajado con Ayman Zawahiri (dirigente de al Yihad e ideólogo de Al Qaeda) cultivando esporas de ántrax. La reunión no fue grabada, por lo que se perdió la oportunidad de descubrir las conspiraciones que culminarían en los atentados contra el USS Cole y del 11 de septiembre (…)
Aquel mismo día llegó un telegrama a la estación Alec, procedente de la estación de Riad, sobre el visado estadunidense de Mihdar. Uno de los agentes del FBI destinados en Alec, Doug Miller, leyó el telegrama y redactó un informe en el que solicitaba autorización para avisar al FBI de la reunión en Malasia, y de las muchas probabilidades de que uno o más terroristas viajaran pronto a Estados Unidos. Dicha autorización era necesaria para transmitir información secreta de una organización a otra. La respuesta que recibió Miller fue: “Este asunto no le incumbe al FBI”.
Una semana después, Miller consultó a Tom Wilshire, un subdirector de la CIA destinado en el cuartel general del FBI (…) Miller le envió el informe que había redactado y le preguntó: “¿Es un no o tengo que rehacerlo de alguna manera?”. Wilshire no le respondió nunca. Después de aquello, Miller se olvidó del asunto.
“Demasiado tarde”
Los servicios secretos malayos fotografiaron a unos 12 miembros de Al Qaeda cuando entraban en el edificio y mientras visitaban cibercafés. El 8 de enero, los servicios secretos notificaron al jefe de la estación de la CIA en Tailandia que tres de los hombres que habían participado en la reunión –Mihdar, Hazmi y Jallad– volaban hacia Bangkok. Allí Jallad se reuniría con autores del atentado contra el USS Cole. Pero la CIA no avisó a nadie de que había que seguir a aquellos hombres ni informó al Departamento de Estado para que incluyera el nombre de Mihdar en la lista de sospechosos de terrorismo y así poder detenerle o ponerle bajo vigilancia si entraba en Estados Unidos.
Tres meses después, la CIA averiguó que Hazmi había volado a Los Ángeles el 15 de enero de 2000. Si hubiera revisado la lista de pasajeros, habría sabido que Mihdar viajaba con él. La agencia no se preocupó de informar al FBI ni al Departamento de Estado de que al menos un miembro conocido de Al Qaeda estaba dentro del país (…)
Cuando Mihdar y Hazmi llegaron a Los Ángeles, el 15 de enero de 2000, supuestamente tenían que matricularse en una escuela de vuelo. Debieron de sentirse abrumados por la misión que se les había encomendado. El simple hecho de buscar un lugar donde vivir debía suponer un reto enorme, ya que ninguno de ellos hablaba inglés.
Sin embargo, poco después de llegar conocieron a Omar Bayumi, un estudiante de 42 años que iba a clase en contadas ocasiones y que recibía una asignación de un contratista del gobierno saudí. Había llamado la atención de la oficina local del FBI en 1998 debido a las sospechas del gerente del complejo de departamentos en el que vivía. Uno de los confidentes del FBI en San Diego sostenía que Bayumi era un agente del gobierno saudita, pero eso apenas tenía importancia para los detectives del FBI, ya que se consideraba a Arabia Saudita un aliado leal (…)
La CIA era la única agencia del gobierno estadunidense que sabía quiénes eran Hazmi y Mihdar y que estaban en Estados Unidos. La CIA había seguido la pista a Mihdar y Hazmi desde Kuala Lumpur hasta Bangkok, y desde allí hasta Los Ángeles (…)
Mihdar y Hazmi llegaron 19 meses antes del 11 de septiembre. El FBI tenía todas las atribuciones necesarias para investigar a aquellos hombres y averiguar qué estaban planeando, pero como la CIA no informó de la presencia de dos miembros activos de Al Qaeda, los secuestradores tuvieron total libertad para poner en práctica su plan hasta que ya fue demasiado tarde para detenerlos (…)
“El chico de los recados”
A finales de octubre, los yemenitas detuvieron a Fahd al-Quso, el camarógrafo de Al Qaeda que se había quedado dormido y no había grabado en video el atentado (contra el barco USS Cole). Quso admitió que él y uno de los suicidas habían entregado en Bangkok 5 mil dólares a Jallad, el cerebro del atentado del Cole al que le faltaba una pierna. Dijo que el dinero era para comprarle a Jallad una prótesis nueva. El FBI recibió la transcripción de la conversación un mes más tarde.
Ali Sufan (agente del FBI de origen libanés) recordó haber oído el nombre de Jallad a un confidente que había reclutado en Afganistán. El confidente había descrito a un combatiente con una pierna de metal que era emir de una casa de huéspedes en Kandahar y al que llamaba el “chico de los recados” de Bin Laden.
Sufan y John O’Neill (jefe de la Sección de Antiterrorismo del FBI) enviaron por fax la fotografía del pasaporte de Jallad al confidente afgano, que hizo una identificación positiva. Ese fue el primer vínculo real que se pudo establecer entre el atentado del Cole y Al Qaeda.
Sufan se preguntó por qué el dinero salía de Yemen cuando estaba a punto de ejecutarse una operación de gran envergadura. ¿Era posible que hubiera otra operación en marcha de la que no sabía nada? Sufan envió la fotografía de Jallad a la CIA y pidió información sobre él y sobre si podía haber habido una reunión de Al Qaeda en la región. La agencia no contestó a esta petición, que se le había formulado con claridad. El hecho de que la CIA ocultara información sobre el cerebro del atentado del Cole y la reunión en Malasia, cuando el FBI había preguntado directamente, obstaculizó los intentos de hacer justicia por la muerte de 17 marineros estadunidenses (caídos en el ataque al barco).
(…) Sufan obtuvo permiso para interrogar a Fahd al-Quso (…) Tras varios días, Sufan consiguió que Quso admitiera que se había reunido con Jallad y con uno de los terroristas que atentaron contra el Cole en Bangkok, donde se habían alojado en el hotel Washington. Quso confesó que su misión consistía en transferir 36 mil dólares de los fondos de Al Qaeda, no los 5 mil dólares que había mencionado anteriormente, y que el dinero no era para comprar una pierna nueva a Jallad. Ahora parece evidente que aquel dinero se utilizó para comprar boletos de avión en primera clase para los secuestradores del 11 de septiembre, Mihdar y Hazmi, y para su sustento cuando llegaran a Los Ángeles unos días después, algo que habría sido obvio entonces si la CIA hubiera informado al FBI sobre los dos miembros de Al Qaeda.
Los agentes del FBI examinaron los registros telefónicos para verificar la historia de Quso. Encontraron llamadas realizadas entre el hotel Washington de Bangkok y la casa de Quso en Yemen. También se percataron de que había llamadas a ambos lugares desde un teléfono público de Malasia que justamente se encontraba al lado del edificio de departamentos donde se había celebrado la reunión. Quso le explicó a Sufan que en un principio se suponía que tenía que reunirse con Jallad en Kuala Lumpur o Singapur (al parecer, confundía las dos ciudades). Una vez más, Sufan envió un teletipo oficial a la CIA. Además, mandó una fotografía del pasaporte de Jallad. ¿Significaban algo aquellos números de teléfono? ¿Existía alguna conexión con Malasia? ¿Algún vínculo con Jallad? De nuevo, la agencia no tenía nada que decir.
Si la CIA hubiera respondido a Sufan facilitándole la información que solicitaba, el FBI se habría enterado de la reunión de Malasia y de la conexión con Mihdar y Hazmi. El FBI habría sabido, como ya sabía la CIA, que los miembros de Al Qaeda estaban en Estados Unidos y que ya llevaban allí más de un año. Puesto que ya había una acusación formal contra Bin Laden en NuevaYork y Mihdar y Hazmi estaban relacionados con él, el FBI habría podido vigilar a los sospechosos, colocar micrófonos en su departamento, interceptar sus comunicaciones, clonar su computadora o investigar a sus contactos: todos los pasos esenciales que podrían haber evitado el 11-S.
Escuela de pilotos
Un agente del FBI de Phoenix, Kenneth Williams, envió una inquietante comunicación electrónica a la oficina central, a la estación Alec y a varios agentes de Nueva York. “El propósito de esta comunicación es avisar a la oficina central y a Nueva York que cabe la posibilidad de que exista una iniciativa coordinada por Osama Bin Laden para enviar a estudiantes a Estados Unidos con el propósito de que se matriculen en universidades y escuelas de vuelo civiles”, decía la nota.
A continuación, Williams advertía a la oficina central que era necesario elaborar un registro de todas las escuelas de vuelo del país, entrevistar a los instructores y elaborar una lista de todos los estudiantes árabes que hubieran solicitado visados para recibir formación como pilotos.
Se imprimió y distribuyó el informe y Jack Cloonan fue uno de los agentes (de la CIA) de Nueva York que lo leyó. Hizo una bola con él y lo lanzó contra la pared. “¿Quién va a hacer las 30 mil entrevistas? –le preguntó al supervisor de Phoenix–. ¿Cuándo vamos a tener tiempo para eso?” (…)
A mediados de agosto, una escuela de vuelo de Minnesota se puso en contacto con la oficina local del FBI para expresarle su preocupación por un estudiante, Zacarias Mussawi, que había hecho preguntas sospechosas sobre las pautas del tráfico aéreo en los alrededores de Nueva York y sobre si se podían abrir las puertas de la cabina durante el vuelo. La oficina local no tardó en averiguar que Mussawi era un islamista radical que había estado en Pakistán y probablemente en Afganistán. Los agentes creían que podía ser un pirata aéreo suicida en potencia. Como era un ciudadano francés cuyo visado ya había expirado, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) lo arrestó. Los agentes del FBI encargados del caso solicitaron permiso a la oficina central para examinar la computadora portátil de Mussawi, permiso que les denegaron porque no pudieron mostrar indicios razonables para efectuar el registro.
Cuando el supervisor de Mineápolis insistió a la oficina central, le dijeron que estaba tratando de “enervar” a la gente. El supervisor respondió con tono desafiante que estaba “intentando evitar que alguien coja un avión y lo estrelle contra el World Trade Center”, una extraña premonición que sugiere que aquellas ideas estaban empezando a tomar forma en el inconsciente de quienes leían los informes sobre las amenazas.
Es probable que Mussawi tuviera la intención de participar en una segunda tanda de atentados de Al Qaeda después del 11-S, muy probablemente en la Costa Este. Si se hubiera permitido a los agentes de Mineápolis investigarle a fondo, habrían descubierto su conexión con Ramzi bin al-Shibh, que le enviaba dinero. Mussawi tenía una carta de recomendación de la empresa Infocus Tech, firmada por Yazid Sufaat. Pero aquel nombre no significaba nada para el FBI, puesto que la CIA mantenía en secreto la información sobre la reunión de Kuala Lumpur que se había celebrado en el departamento de Sufaat. El FBI no comparó las advertencias de su oficina de Mineápolis con la de Kenneth Williams, de Phoenix. Como era habitual, no compartió la información con Dick Clarke (coordinador de Antiterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional) y la Casa Blanca, por lo que nadie tenía todas las piezas del rompecabezas.
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Preguntas de electricistas al ministro Juan N. Silva Meza
La huelga de hambre, “denuncia de un acto de ignominia”
Señor director:
Le solicitamos publicar la siguiente carta, dirigida al ciudadano Juan N. Silva Meza, ministro ponente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señor ministro: Al reasumir su competencia originaria para conocer y resolver el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retoma un poco tarde un asunto que, según su decir, es de “importancia excepcional”, adquiere “características especiales” y encierra un “problema jurídico relevante”.
Ardua misión asumen los ministros, pues la acción gubernamental de extinguir a Luz y Fuerza del Centro está plagada de violaciones a las garantías individuales y los derechos colectivos; a los procedimientos legales en materia laboral y a la división de poderes de la República.
He aquí algunas preguntas, señor ministro ponente, que los electricistas le dirigimos:
–¿El presidente de la República tiene dentro de sus facultades constitucionales la consistente en ordenar la ocupación policiaca y militar de instalaciones industriales?
–¿El acto administrativo de extinguir una empresa ampara tal intervención de la fuerza pública?
–¿Se puede en una república democrática “avisarle” a un trabajador que está despedido a punta de bayoneta?
–¿Acaso ese tipo de procedimientos no son propios de un Estado de excepción?
–¿En qué artículo de la Constitución o de la Ley Federal del Trabajo se otorga al presidente de la República el derecho a despedir de facto a trabajadores contratados por el patrón Luz y Fuerza del Centro?
–¿El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro le otorga por añadidura al señor Calderón potestad como patrón?, y ¿cuándo se le invistió como tal?
–¿En sus consideraciones para atender un “problema jurídico relevante” está la campaña facciosa de desprestigio público que se instrumentó desde la Presidencia de la República en contra de un grupo social de ciudadanos organizados bajo la protección del SME?
–¿Acaso esta acción de odio de clase no recuerda la demagogia segregacionista de Adolfo Hitler, o la política de exterminio étnico de Slobodan Milosevic?
–¿Al escudriñar este asunto de “importancia excepcional”, usted y los demás ministros caerán en cuenta de que la ofensiva del gobierno en contra del SME equivale a proscribir un sindicato, a la usanza de los gobiernos de facto instaurados en el Cono Sur durante la segunda mitad del siglo pasado?
–¿Los ministros de la Corte descubrirán que atrás del importante caso que los ocupa existe una conspiración facciosa al amparo de las instituciones del Estado?
Los electricistas del SME queremos dejar sentado que la huelga de hambre que se realiza, más que un recurso de presión, es la denuncia de un acto de ignominia.
Atentamente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
José Manuel Pérez Vázquez, Alberto González Bárcenas, Ricardo Arenas, David Miranda Pérez, Ignacio Montaño Castro, José Ismael Pérez Polina, Iván Amezcua Cano, Sergio León Islas, Enrique Reyes Lira Morán, Dante Romero Ortega, Cutberto Hernández Valdés, Jorge Marín Palacios, José Luis Hernández Ayala, Manuel López Mejía, Jorge Luis Vargas Carrasco, Jaime Novoa, José Luis Ruiz, Jorge García García, Pilar Garrido Lugo, Paul Bernardo Díaz Gómez, José Antonio Garcés González, Hugo Alejandro Morales y Jonathan Vallejo
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El “mall” guadalupano
Rodrigo Vera
Un ambicioso proyecto religioso-comercial, que prácticamente estaba paralizado y corría el riesgo de naufragar por presiones y diferencias políticas, ha cobrado nueva vida gracias a la intervención del hombre al que la revista Forbes considera el más rico del mundo: Carlos Slim. Pero esas no son buenas noticias para los comerciantes establecidos que fueron desalojados por la fuerza de las inmediaciones del atrio de la Basílica de Guadalupe, ahí donde quieren alzar la Plaza Mariana, y que no están incluidos en el nuevo proyecto…
Don Jesús Badillo, líder de un grupo de comerciantes de La Villa, señala hacia el ruidoso ajetreo de trascabos y camiones de volteo que sacan montones de tierra a un costado del atrio de la Basílica de Guadalupe. Luego comenta molesto:
“Mire, peor desgracia no podía ocurrirnos: el empresario Carlos Slim ya olió el dinero y se vino a construir la Plaza Mariana. Ahí tiene trabajando su maquinaria pesada, ¡véala! La Basílica de Guadalupe será otro más de sus muchos negocios. Sacará la mayor tajada del dinero que dejan los millones de peregrinos que vienen al santuario.”
–¿Desplazará a los comerciantes de la zona?
–¡Téngalo por seguro! ¿A poco cree que nosotros los jodidos vamos a poder competir contra el hombre más rico del mundo? ¡Ni de broma!
Y apunta a la andrajosa muchedumbre de vendedores ambulantes, a los puestos de fritangas que estrangulan el enrejado del atrio, a los diminutos y míseros comercios establecidos apiñados en las callejas aledañas.
“Aquí el comercio –dice– es una tradición familiar de los pobladores de la zona, que se transmite de generación en generación. Gracias a la Virgen de Guadalupe damos de comer a nuestras familias. Pero ahora, si bien nos va, los comerciantes originales terminaremos trabajando para Slim.”
Don Jesús observa nuevamente el terreno de 30 mil metros cuadrados donde escarban los trascabos amarillos del Grupo Carso; sus largos brazos metálicos se despliegan en lo alto, caen con saña sobre la tierra, picotean aquí y allá dejando en el reseco baldío profundos agujeros que son rellenados con gruesas varillas de acero. Los cimientos empiezan a levantarse.
Anteriormente, en esa área había un arbolado jardín público y un mercado con más de mil locatarios; además tenían sus comercios establecidos los 250 agremiados que don Jesús representa.
Regalo del tabasqueño
En 2003, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe del gobierno capitalino, le donó ese terreno a la Fundación Plaza Mariana –presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, y conformada además por un grupo de empresarios y algunos allegados a López Obrador– para que se ampliara el atrio y ahí construyera su plaza.
Los locatarios del mercado se salieron voluntariamente, aceptando la promesa de que serían reubicados en la Plaza Mariana. Pero la gente de Badillo –aglutinada en la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata– rechazó la propuesta y se negó a desalojar. Fueron retirados a la fuerza por más de mil policías a quienes acompañaban grúas y trascabos que demolieron los locales de concreto. Hasta la fecha, estos comerciantes expulsados siguen litigando para recuperar sus espacios o para que se les indemnice.
Recuerda don Jesús Badillo:
“Nos trataron peor que a delincuentes y nos dejaron sin patrimonio. De un día para otro dejamos de ser comerciantes establecidos para convertirnos en vendedores ambulantes.”
Lanza un suspiro largo. Mueve la cabeza y dice:
“Ahí estaba mi pequeño negocio. El patrimonio que me arrebataron a la mala, el esfuerzo de años de mis compañeros... De todo eso sacará provecho Slim.”
Desde finales de marzo pasado y a través del Grupo Carso, el magnate empezó a levantar la Plaza Mariana, el megaproyecto religioso-comercial más ambicioso del país, que estará situado en la ampliación del atrio, a donde anualmente confluyen alrededor de 20 millones de peregrinos y turistas de muchos países, dejando una cuantiosa derrama económica.
Diseñada por el arquitecto Fernando Romero, la Plaza Mariana se planeó para que en ella se desarrollen dos tipos de actividades: las de “lo terreno” –que es el lado mercantil– y las de “lo sacro” –relativa al culto guadalupano.
Arquitectónicamente estará conformada por cuatro grandes construcciones en forma cuadrangular, en cuyo centro se formará la figura de una cruz que estará iluminada por las noches. En el techo de una de esas construcciones cuadrangulares estará la imagen de la Virgen de Guadalupe, que también tendrá iluminación nocturna. Ambas podrán ser vistas sólo por quienes de noche sobrevuelen la Ciudad de México.
Por el lado de “lo terreno”, la Plaza Mariana contará con ultramodernos “locales comerciales” para que el consumidor cautivo pueda ir de shopping sin necesidad de salir del atrio, igual que ya lo hace en Plaza Cuicuilco, Plaza Loreto o cualquier otro de los exclusivos malls levantados por el magnate.
Esta nueva plaza tendrá también un amplio y confortable auditorio –con sus respectivos palcos y mullidos asientos– donde habrá presentaciones teatrales, conciertos, proyecciones y conferencias.
No faltarán tampoco las cafeterías, el salón de usos múltiples, un museo interactivo y un área de exhibiciones para presentar muestras pictóricas y escultóricas, a las que, por cierto, es muy afecto el empresario de origen libanés, quien ha logrado juntar una valiosa colección del escultor Augusto Rodin.
Estacionamientos subterráneos, lujosos escaparates, el frescor del aire acondicionado, áreas ajardinadas, amplios ventanales, tragaluces, escaleras eléctricas, elevadores, terrazas, balcones… todo eso incluirá la construcción de estilo modernista.
Para la gente de bajos recursos se proyecta levantar un “mercado” aparte, donde –si la promesa se cumple– serán reubicados los pequeños comerciantes que aceptaron dejar sus locales del mercado original, que fue demolido y que, anteriormente, quedaba fuera del atrio actual. A precios populares, ahí estarán las verdulerías, carnicerías y fondas que hoy se encuentran en la calle Fray Juan de Zumárraga, frente al acceso principal del santuario.
Y para las actividades exclusivamente “sacras”, la Plaza Mariana contará con un “centro de evangelización”, que servirá para propagar la fe guadalupana. Habrá capillas, oratorios y una oficina donde ocasionalmente despachará el cardenal Norberto Rivera.
También se construirá un columbario con capacidad para más de 100 mil criptas, las cuales se están vendiendo desde hace años para financiar la obra.
Este es el megaproyecto de la Plaza Mariana de Slim, plasmado –con gráficas, planos y dibujos– en un documento de 49 páginas, que fuentes eclesiásticas entregaron a Proceso. Sustituyó a otro proyecto diseñado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno, que en un principio pensaba edificarse pero luego fue desechado.
Presión delegacional
Víctor Hugo Lobo, jefe de la delegación Gustavo A. Madero (GAM), comenta que ya ha sostenido reuniones con enviados de Slim y del cardenal Norberto Rivera para hablar de la obra:
“Aquí ha venido un par de veces el vicerrector de la Basílica, monseñor Palencia, también gente de la empresa constructora, el Grupo Carso, de Slim. Es un grupo financiero muy sólido que, espero, pueda por fin terminar el proyecto. Y por el lado del gobierno capitalino me ha acompañado gente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la oficina del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard.”
–¿De qué han hablado?
–Los constructores nos explican que han variado la forma y la composición de la gran plaza, de los cuatro grandes edificios que construirán en ella, de las condiciones del subsuelo. Nosotros les decimos que no tenemos ningún inconveniente si se dan las condiciones de autorización de espacios, altura y densidades.
–¿Cuándo prometieron concluir la obra?
–En octubre o noviembre de 2011. Para nosotros el tiempo es dinero, nos urge que se termine esa obra, pues la delegación está sosteniendo económicamente a los comerciantes desalojados, quienes llevan años esperando su reinstalación en una Plaza Mariana que apenas comienza a construirse.
–¿Ustedes aceptaron ese tiempo propuesto por los constructores?
–No. No lo hemos aprobado todavía. Sólo escuchamos su propuesta. Les pedimos que primero nos traigan el calendario de obras, para ver si se pueden acortar los tiempos. Conocemos bien los tiempos que tardan las construcciones.
La urgencia de Lobo se debe a que la GAM, desde hace siete años, apoya económicamente a mil 300 comerciantes desalojados con más de 20 millones de pesos al año, una cantidad muy alta que ya no puede desembolsar, por lo que, en noviembre del año pasado, en una entrevista con este semanario, Lobo le lanzó un ultimátum al cardenal Rivera Carrera: o empezaba a construir a más tardar en marzo (pasado) o de plano le quitaría el terreno que le donó López Obrador (Proceso 1726).
Lobo se apoya en el mismo “decreto desincorporatorio”, publicado el 8 de abril de 2003, en el cual se estipula que, si “en el plazo de dos años” –que se cumplieron en 2005– no se construye la Plaza Mariana, la donación guadalupana de López Obrador “será revocada”.
Así, de la situación saca hoy provecho el habilidoso Carlos Slim, quien este año se colocó en el primer lugar de la lista de los hombres más ricos del mundo, elaborada por la revista Forbes. Ha logrado amasar una fortuna de 53 mil 500 millones de dólares.
Lobo deambula meditabundo por su espacioso despacho del tercer piso, desde el que se ven –a través de un gran ventanal– las obras de cimentación y el hormigueo de comerciantes apretujados en las calles circundantes. ¿Les dará cabida Carlos Slim? ¿Qué hacer con los pobres? Esa es su preocupación.
“Nos prometen darles cabida. Es el convenio. Estaré al pendiente de que se cumpla”, murmura Lobo.
–¿No ve el riesgo de que la Plaza Mariana sea para un turismo de altos recursos?
–Es lo que trataremos de evitar, que no construyan una plaza con una visión de otro nivel, porque entonces se excluiría a un gran sector de la población. A la Basílica llegan personas de todas las clases sociales. Procuraremos que se les atienda a todas y también que se respete la identidad y el origen de nuestros comerciantes de la zona.
Agrega el delegado que todos deben quedar incluidos en el Proyecto Zócalo-Basílica, con el que las autoridades capitalinas intentan integrar el Centro Histórico con el norte de la ciudad. En el proyecto –dice– puede participar Slim o cualquier otro empresario interesado en impulsar el desarrollo urbano, turístico y comercial.
Una plaza “fashion”
Don Jesús Badillo ve las cosas de manera distinta:
“El señor Slim viene con la intención de construir otra más de sus plazas comerciales, donde se vendan puros productos de marca. Será un centro muy fashion. En él no tendrán cabida los vendedores de quesadillas con sus anafres ni tampoco los peregrinos que llegan de provincia hasta descalzos. No, no, será sobre todo para el turismo, y principalmente para el que viene del extranjero.”
A don Jesús lo acompaña su abogado, Francisco Rivas, quien lo secunda:
“Desde hace tiempo existe el proyecto de quitar a los pequeños comerciantes de un kilómetro a la redonda de la Basílica, porque se dice que afean el paisaje. Y nadie mejor que Slim para hacerlo. Ya lo hizo en el Centro Histórico, donde se apoderó de muchos predios. Aquí hará lo mismo.”
Asegura el abogado que Slim no acaba de incorporarse al proyecto Plaza Mariana, sino que “siempre ha estado metido en él” a través de uno de sus “operadores”, el empresario Fernando Chico Pardo, quien incluso formalmente maneja el dinero de la Fundación Plaza Mariana.
Chico Pardo es calificado por los analistas como un gran estratega de las finanzas corporativas. Ha promovido las Sociedades de Inversión de Capitales (sincas). Fue socio de Slim en la casa de bolsa Inbursa y también del multimillonario húngaro George Soros.
Según el folio 56408, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, Chico Pardo funge como “tesorero” de la Fundación Plaza Mariana, cuyo objetivo es “la construcción, operación y administración” de “todo tipo de instalaciones” para el “mejoramiento urbano, arquitectónico y ambiental de la Villa de Guadalupe, y especialmente de la Plaza Mariana y su entorno urbano, para beneficio de la población”.
El presidente de la fundación es el cardenal Rivera Carrera; el secretario y apoderado es monseñor Diego Monroy, rector del santuario; el comisario es Carlos Abedrop y los vocales son José Agustín Ortiz Pinchetti y Julia Rita Campos de la Torre.
Los dos representantes eclesiásticos –el cardenal y Monroy– ya han demostrado sus buenas dotes mercantiles: en 2002 vendieron, en 12.5 millones de dólares, la “exclusividad” para explotar la imagen guadalupana a la trasnacional estadunidense Viotran (Proceso 1371).
Mientras que Ortiz Pinchetti fue secretario de Gobierno de López Obrador, y Campos de la Torre, su secretaria de Turismo.
Prosigue el abogado Francisco Rivas:
“Carlos Slim, Norberto Rivera y López Obrador fueron realmente quienes crearon la fundación, con el fin de hacer negocio juntos, por eso metieron en ella a allegados suyos. Los tres eran muy amigos. Supongo que López Obrador pensaba que llegaría a la Presidencia de la República y continuaría en el proyecto, pero ahora ni siquiera tiene un cargo público y se ha distanciado del cardenal; esto quizá haya provocado conflictos al interior de la fundación, no lo sabemos. Lo cierto es que ahora solamente Slim y el cardenal reemprenden el proyecto.”
–¿Realmente resultará un buen negocio la Plaza Mariana?
–¡Imagínese! Se levantará en un terreno que ni siquiera se compró, sino que fue donado. Y aparte, la obra se financiará con la venta de las famosas criptas guadalupanas y con los donativos de los fieles. Son recaudaciones multimillonarias que ya llevan años dándose. Slim y el cardenal sacarán dinero de un negocio al que no le invirtieron ni un centavo. ¡Es un negocio redondo!
Efectivamente, las más de 100 mil criptas –cuyo costo es de 22 mil 200 pesos cada una– llevan años vendiéndose sin ser construidas. Y también desde hace años se están pidiendo donativos a los fieles guadalupanos, tanto de México como de Estados Unidos, para lo cual se abrieron cuentas bancarias ex profeso. Incluso, para la comunidad hispana de Estados Unidos se lanzó al mercado una tarjeta telefónica guadalupana –en colaboración con la empresa Starcom– a fin de recaudar más dinero (Proceso 1571).
“Es imposible saber cuánto dinero han juntado. Pero seguramente son miles de millones de pesos. No hay manera de pedirles cuentas, ya que se escudan en la figura de la ‘fundación’, que supuestamente es para hacer obras de beneficencia”, dice Rivas.
Defensor de los 250 locatarios desalojados por la fuerza, Rivas advierte que ya ganaron un amparo, en el decimotercer tribunal colegiado en materia administrativa, donde se dice que el desalojo fue “ilegal”.
“A partir de esta consideración se derivan los delitos de despojo, abuso de autoridad, allanamiento de morada y robo, por lo que ya tenemos una averiguación interpuesta ante la Fiscalía para Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, dice el abogado.
–¿Slim está construyendo, entonces, sobre un terreno en litigio?
–¡Sí señor! Y además nosotros ya podemos, porque hay interés jurídico, solicitar que se cancele la donación de ese terreno. No desearíamos llegar a tanto. Solamente queremos recuperar nuestros espacios, o bien, que se nos indemnice de manera justa.
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(Más) Jinetes del Apocalipsis
Denise Dresser
Qué ganas de creer en él o en cualquiera que aporte algo verídico, alguna cifra que sea cierta, alguna conferencia de prensa que no termine con más dudas, algún diagnóstico que despierte la fe en vez de alimentar la suspicacia, alguna declaración que aliente la confianza en vez de reforzar el escepticismo. Qué deseos de decir “tiene razón” Felipe Calderón cuando asegura que México ha enfrentado con éxito no cuatro, sino cinco Jinetes del Apocalipsis: la influenza, la violencia del crimen organizado, la tormenta financiera, la peor sequía en décadas, la mayor merma en la producción petrolera. “Y de los cinco salimos”, remata con optimismo singular. Pero al escuchar al presidente presumir sobre su patria ante los empresarios alemanes, es difícil evitar una reflexión sobre la brecha que cava entre sí mismo y los mexicanos:
Aquellos que en lugar de tener tiempo para aplaudir apenas tienen lo suficiente para sobrevivir. Aquellos que en lugar de encontrar en Los Pinos a un líder que se solidariza con la brega cotidiana de tantos, parece no comprenderla. Aquellos que viven con miedo de caminar por las calles de su propio país. Ciudadanos que al escuchar la exaltación triunfalista de Felipe Calderón sobre las victorias obtenidas ante los Jinetes del Apocalipsis saben que aún se ven asediados por ellos. Además de las bestias descritas por el presidente en su peregrinación europea, están las otras contenidas en el último libro del Nuevo Testamento, donde Dios coloca al mundo ante el Juicio Final. Están esos jinetes desatados para confrontar a los humanos con la realidad que han creado. Esos jinetes que en México adquieren una encarnación que es cada día más visible, más temible, más presente.
Sigue allí el Jinete de la Plaga, montado en un corcel blanco, la representación de los falsos profetas: Los políticos cuyos salarios pagamos pero cuyo desempeño no podemos asegurar. Los congresistas que generaron 741 iniciativas legislativas durante el último periodo pero sólo aprobaron el 3% de ellas. Los diputados que se presentaron para cobrar pero no para votar. Por ejemplo, en San Lázaro, a lo largo de 62 dictámenes que se avalaron con registro electrónico, nunca hubo más de 300 integrantes de la Cámara Baja debido al ausentismo. Y lo mismo ocurrió en el Senado: el promedio de votación registró 70 sufragios sobre un total de 128 integrantes. Y durante ese periodo, en el cual quedó en la congeladora el 97% de las leyes contempladas, los diputados gastaron 58 millones de pesos de la partida 8000; recibieron dietas y prestaciones por más de 300 mil pesos mensuales; gozaron de nóminas ocultas con las cuales emplearon a 103 personas sin rendir cuentas por ello. Son 500 “representantes populares” montados sobre un corcel que se ha convertido en una plaga para quienes pagamos su mantenimiento pero padecemos su bajo rendimiento.
Sigue allí el Jinete de la Guerra. Pero no es la guerra convencional de decapitados y acribillados, criminales organizados e instituciones infiltradas. No es la guerra que funcionarios gubernamentales dicen estar ganando y que muy pronto –a pesar del número creciente de víctimas civiles– nos aseguran que terminará. Es una guerra de más larga duración en la cual ha participado la última generación de mexicanos. La guerra por obtener una buena educación, conseguir un buen trabajo, negociar un crédito razonable, comprar un auto, ingresar a las filas de la clase media. La guerra por ascender. La guerra de la movilidad social. Una lucha que los mexicanos no están ganando, como lo revela, y de manera dolorosa, el libro ¿Nos movemos? La movilidad social en México. Los ricos siguen siendo ricos, los pobres siguen siendo pobres, y la pertenencia a un decil económico u otro sigue siendo –en gran medida– hereditaria. Casi uno de cada dos mexicanos cuyos padres pertenecían al 20% de la población más pobre permanece en ese mismo quintil. Un país que genera esclerosis social en vez de trampolines sobre los cuales brincar produce mexicanos frustrados. Mexicanos desganados. Mexicanos que se preguntan: “¿para qué estudiar?”, “¿para qué trabajar?”. Mexicanos presa de una sociedad inmóvil, amenazada por un jinete con corcel rojo, que carga consigo la espada desenvainada y la división social.
Sigue allí el Jinete de la Muerte, que anuncia el tránsito hacia el Hades, el camino al infierno, la ruta oscura hacia el más allá. Montado sobre un corcel descrito como “blanquecino” o “verde pálido”, presagia el destino de un país que no crece, que no avanza, que no se mueve. Un país plasmado en las páginas de The Mexico Competitiveness Report 2009, publicado por el Foro Económico Mundial. Atrapado por una serie de debilidades que continúan mermando la productividad e impidiendo el crecimiento económico sostenido. Atorado por su mala educación, la ineficiencia de sus mercados laborales, la ausencia de competencia en sectores claves, la dificultad para crear una empresa o entrar a un sector protegido, la baja calidad de sus instituciones. Una lista que explica por qué México no forma parte de los llamados BRIC –Brasil, Rusia, India y China–, que están cobrando cada vez más fuerza en los mercados globales. México, en cambio, produce migrantes en vez de matemáticos; monopolistas en vez de empresas dinámicas e innovadoras; políticos rapaces en vez de diputados capaces; la perpetuación del statu quo en lugar de incentivos para sacudirlo.
Y por ello el Jinete de la Plaga trota, el Jinete de la Guerra galopa, el Jinete de la Muerte ronda desde Monterrey hasta Michoacán. Representan las fuerzas destructivas y rampantes que México no ha logrado combatir ni exorcizar a pesar de lo que Felipe Calderón dice. La omnipresencia de los tres jinetes se vuelve una especie de juicio implacable, de anuncio divino, de reclamo bíblico a un país privilegiado que está creando las condiciones para la parálisis constante. La incompetencia pagada. El deterioro permanente. La muerte anunciada a golpes de reformas que todos avalan pero nadie tiene el valor de aprobar. l
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Marcelo Ebrard, perredista señero
Miguel Ángel Granados Chapa
Cuando se fundó el Partido de la Revolución Democrática, el 5 de mayo de 1989, Marcelo Ebrard Casaubón era secretario general del PRI capitalino. Manuel Camacho, jefe del gobierno del DF, le había encomendado reconstruir el partido tricolor en la Ciudad de México, después del sacudimiento priista en las elecciones de julio anterior. Veintiún años después, aquel joven que entonces tenía treinta se convirtió en el personaje principal de la fiesta perredista de cumpleaños, en vez de los antiguos dirigentes de ese partido, ausentes y distantes de la organización que contribuyeron a crear.
Perspicaz y habilidoso, Ebrard se ha propuesto llenar el hueco dejado por otros perredistas de fuste. El miércoles 5 fue el único gobernador presente en la módica celebración de vigésimo primer aniversario del partido al que ahora pertenece. No le fue difícil convertirse en estrella de la función pues tenía como principal contendiente a Jesús Ortega, el líder nacional del partido, a quien derrotó en el proceso interno para elegir candidato al gobierno capitalino a fines de 2005. Pero además, sin tener que hacerlo directamente, habló de sí mismo y de sus aspiraciones, como si sólo hablara de la necesidad de que la izquierda, dentro de la cual se conviene generalmente ubicar al partido festejante, tenga una candidatura única en 2012, capaz de triunfar y hacer respetar su victoria, a diferencia de lo ocurrido en 1988 y 2006.
Si no en su mente, en la de muchos que lo escuchaban estaba configurándose el gran dilema que esa izquierda tendrá a fines del año próximo. A reserva de que crezca el número de aspirantes, es claro que entonces se expresarán los propósitos y los intereses de Andrés Manuel López Obrador y de Ebrard mismo para ser el candidato presidencial. Aunque el antecesor de Ebrard en el gobierno capitalino ha manifestado su avenimiento a que la candidatura corresponda a quien esté mejor ubicado en las encuestas (expresión sujeta a numerosas interpretaciones), mucha gente está poco inclinada a creer en esa buena disposición de López Obrador. Con la imagen deformada que la propaganda ha creado, lo imaginan aferrándose a ser candidato una vez más aun si las encuestas no lo favorecen, para lo cual contaría con la fuerza social que pacientemente ha acumulado desde noviembre de 2006, cuando fue proclamado Presidente legítimo (en contraste con la condición de espurio atribuida a Felipe Calderón) y con el apoyo formal del Partido del Trabajo. Contra ese riesgo, el de que haya una candidatura del PRD y probablemente de Convergencia, y otra sostenida por el PT, alertó Ebrard el 5 de mayo, aunque por supuesto no lo explicitó ni mucho menos.
Durante los tres años recientes, el jefe de gobierno capitalino ha resuelto de modo pertinente para sus intereses la ambigüedad de su relación con López Obrador. Se ha cuidado muy bien de romper con él y aun de distanciarse, pero al mismo tiempo ha avanzado de manera notoria en la creación de su propia identidad, uno de cuyos rasgos distintivos sea la independencia respecto de su antecesor, y al mismo tiempo en la generación de su propia fuerza política en el DF.
Hace dos décadas apenas, delante de Ebrard se abría un futuro promisorio, favorecido por su cercanía con Manuel Camacho, el miembro del gabinete más próximo a Salinas, el fabricante de los puentes que unieran con aquel otro tildado de usurpador a los personajes y movimientos agraviados por la imposición presidencial. A sus treinta y pocos años de edad, el exalumno de Camacho llegó a ser el número dos del salinista número uno. Y desde entonces una buena porción del trayecto de Ebrard dependió del destino político de Camacho. Así, lo siguió a la cancillería una vez dominada la iracunda reacción del jefe de gobierno del DF que se consideraba a sí mismo como el indispensable sucesor de su amigo Salinas pero no lo fue. Durante sólo tres quincenas Ebrard, como subsecretario en Tlatelolco, estuvo en situación de practicar el arte de las relaciones internacionales que había aprendido en El Colegio de México.
Pero a poco Camacho se fue a Chiapas como promotor de la paz ante el zapatismo, y Ebrard actuó discretamente a su lado. Junto con su jefe se marchó del PRI en 1995 y ambos bregaron por la creación del Partido del Centro Democrático, del que Camacho fue candidato presidencial y Ebrard a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Advertido de su escasa posibilidad de triunfo, Ebrard se alió con López Obrador: declinó su aspiración y le cedió sus votos, que quizá fueron los determinantes para la victoria de López Obrador, que estuvo no lejos de ser víctima del “efecto Fox”, semejante al que seis años más tarde protagonizaría él mismo.
Aunque tardíamente, la alianza entre Ebrard y López Obrador empezó a consumarse cuando aquel fue designado secretario de Seguridad Pública. Cobijado por su jefe en el conflicto de Tláhuac –el linchamiento de agentes federales ante la impasibilidad de la policía local–, que le significó ser despedido por el presidente Fox (pues el Ejecutivo federal controla la seguridad pública del DF), terminó ganancioso el lance. Tras un breve receso, fue designado secretario de Desarrollo Social, como clara señal de López Obrador de hacerlo su sucesor. El proceso se cumplió cuando Ebrard derrotó a Ortega en el proceso interno, con el ostensible apoyo de López Obrador, que con la fuerza que generó en todo el país en 2006 aseguró la victoria capitalina para los candidatos perredistas, Ebrard en señalado primer lugar.
Pagado así con creces el favor recibido en 2000 por López Obrador, éste y Ebrard iniciaron una nueva etapa en su relación. El jefe de gobierno ha buscado responder hasta el día de hoy a la consigna lopezobradorista de no reconocer políticamente a Calderón, aunque como gobernante de una entidad esté obligado a insalvables actos que implican reconocimiento. En su doble y contradictorio afán de mantener su vínculo con López Obrador y ser él mismo, permanentemente Ebrard está sometido al juicio de los lopezobradoristas que lamentan que gobierne un salinista (como si López Obrador no hubiera permanecido en el PRI hasta después de la elección de 1988). El jefe del gobierno practica una política social idéntica a la de su antecesor pero, al modo de Enrique Peña Nieto, la propaga a grandes costos cuya erogación beneficia a Televisa. Emprende obras públicas similares en su propósito y su esquema de financiamiento a las construidas por López Obrador pero va más allá al hacer rutas de paga y al no consultar a la población afectada directamente ni a los núcleos sociales que deploran el homenaje que se rinde al automóvil y al asfalto en perjuicio del equilibrio ambiental y de la salud pública.
Ebrard camina por la cuerda floja, por el filo de la navaja. Hasta ahora no ha tenido vacilaciones que lo hagan caer o lastimarse. Al contrario, su audacia lo ha hecho mostrarse como un perredista principal, capaz de fijar posiciones y trazar líneas... l
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Periodismo en riesgo
John M. Ackerman
A juzgar por sus declaraciones del pasado 3 de mayo, a Felipe Calderón no le interesan ni la libertad de expresión ni el periodismo independiente. Distraído con su metáfora de los “cinco jinetes del Apocalipsis” en su visita oficial a Alemania, al presidente simplemente se le olvidó que en esa fecha se celebraba el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La Presidencia de la República ni siquiera se dignó a emitir un comunicado burocrático para fingir preocupación sobre tan relevante tema en el mundo.
Pero aún más grave es la total falta de compromiso de Calderón en los hechos. Todas las evaluaciones en la materia de las organizaciones internacionales más importantes, incluyendo la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, coinciden en que México es uno de los países más peligrosos del planeta para ejercer el periodismo independiente.
De acuerdo con el más reciente informe sobre México de las organizaciones Cencos y Artículo 19, en el periodo 2006-2009 fueron asesinados 32 periodistas. Este estudio documenta 244 agresiones, incluyendo asesinatos, amenazas, ataques físicos, juicios penales y detenciones, sólo en
La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas, creada en febrero de 2006, se ha negado a cumplir con su mandato legal. El mismo subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, ha confesado que los esfuerzos del gobierno federal en la materia han sido “fallidos”, ya que “si nos atenemos a los resultados, no tenemos claridad de que haya resultados en el trabajo de la Fiscalía”.
El abierto boicot del gobierno federal a una reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión que diversifique el mercado también demuestra su desdén por la libertad de expresión. Las políticas discrecionales de compra de anuncios en los medios escritos, y su retiro de publicidad a algunas revistas del país, reflejan su mayor interés por manipular a los periodistas que por fomentar los medios independientes y críticos.
Calderón se equivoca cuando afirma, como lo hizo hace un par de meses, que “la principal amenaza al pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene precisamente del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a periodistas, son criminales sin escrúpulos que se sienten dueños de la sociedad y no toleran ningún señalamiento ni crítica”.
El estudio de Cencos/Artículo 19 es contundente al respecto. Dentro del universo de las 244 agresiones registradas el año pasado, únicamente 6.15% de los presuntos responsables pertenecen al crimen organizado, mientras 65.5% son funcionarios públicos. Queda claro una vez más que el gobierno –y no la delincuencia organizada– es el principal responsable del clima de violencia y de violación sistemática de los derechos fundamentales de los periodistas que prevalece en el país.
El gobierno federal no es el único generador de ese ambiente. Actualmente, 17 de las 32 entidades federativas todavía clasifican como delitos penales figuras como la difamación, la injuria o la calumnia. Asimismo, otras entidades incluyen en sus Códigos Penales artículos diversos que abren la puerta para la encarcelación de cualquier periodista simplemente por ejercer su profesión. Tal es el caso, por ejemplo, del Distrito Federal con el artículo 342 del Código Penal, que impone una pena de uno a tres años de prisión a la persona que “para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces total o parcialmente falsos o verdaderos”. Este artículo pone en riesgo a cualquier periodista que labora en la capital del país ya que los delitos de prensa se persiguen en el ámbito local.
Con respecto al Poder Legislativo Federal, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados ha tenido un pobre desempeño durante la actual legislatura. Además, las loables reformas al Código Penal Federal aprobadas el 6 de abril de 2009 por los diputados para tipificar los delitos contra la libertad de expresión a nivel federal, actualmente duermen el sueño de los justos en el Senado.
El Poder Judicial tampoco está libre de culpa. Las aberrantes sentencias en los casos de Alfredo Rivera, autor de La Sosa Nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, y de Eduardo Huchim y Rubén Lara, denunciantes de irregularidades en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo, ponen en riesgo el ejercicio libre del periodismo, de acuerdo con los artículos sexto y séptimo de la Constitución.
Más allá de la necesaria tarea de proteger a los comunicadores, urge una verdadera política de Estado que también fomente y financie al periodismo independiente. Esto es importante no solamente por cuestiones de salud democrática, sino también por otras, como la seguridad pública. Llama la atención, por ejemplo, que las nuevas estrategias de fortalecimiento de la “sociedad civil” en Ciudad Juárez, impulsadas por Calderón junto con el gobierno estadunidense, no incluyan programas de respaldo a los periodistas.
La prensa escrita se encuentra inmersa en una grave crisis financiera en el mundo entero. Si el Estado mexicano no actúa rápido, pronto podríamos encontrarnos ahogados en un mar de banalidades televisas y escritos auto-censurados que poco o nada servirán para construir una verdadera ciudadanía democrática. l
www.johnackerman.blogspot.com
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Educación: miserias presupuestales
Axel Didriksson
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió el pasado 31 de marzo a la Cámara de Diputados los criterios a partir de los cuales negociará el presupuesto para 2011 y, como ha ocurrido en lo que va del sexenio, la educación, la investigación, y particularmente la enseñanza universitaria, siguen sin ser valorados como esenciales, ni mucho menos como importantes.
De acuerdo con el documento que da cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, durante 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzará un crecimiento de 4.1%, y se proyecta una inflación de 6.0%. En el análisis no se considera, sin embargo, el aporte al desarrollo que significan la educación o la producción y transferencia de conocimientos y tecnologías, ni el comportamiento del sector social y cultural, aun cuando se afirma que el objetivo de la presente administración federal es el “desarrollo humano sustentable”. Por el contrario, las únicas variables a las que se hace referencia son las macroeconómicas, los índices del precio del petróleo y las alteraciones en los mercados financieros, sobre todo de Estados Unidos.
Entonces, desde las perspectivas tecnocráticas con las que se presentan los criterios de asignación presupuestal para el 2011, se pronostica un escenario según el cual el país continuaría con una tasa “positiva” de crecimiento. No se propone, por ello, ninguna variación significativa al actual régimen fiscal y, para espantar a todos, se exhiben las asignaciones que tendrían, en este escenario inercial, los “programas prioritarios”. Para el caso del sector “educación pública” (ramo 11), la composición del subsidio federal a la educación superior para el próximo año prevé un crecimiento nominal de 4%. Sin embargo, cuando a esta cifra se le considera desde la tasa de inflación prevista, entonces el incremento real para las más importantes universidades públicas del país, así como para otros sectores de la educación, es de 0%.
En lo que respecta a la UNAM, la UAM y el IPN, y en lo que toca a la educación media superior y al conjunto de la educación superior, el presupuesto que se propone para 2011 es de “0%”, aunque suene a chiste. Los incrementos se concentran en la educación tecnológica, con un alza de 267% respecto de 2010, y de 15% en promedio para programas como los siguientes: “habilidades digitales para todos”, “escuelas de tiempo completo”, “prevención de adicciones”...
Sin embargo para cuestiones tan importantes como el mejoramiento de la infraestructura educativa se proyecta apenas un aumento de 7.7%, y para el programa nacional de becas, de 9.5%. Curiosamente, tres programas hacia los que se orientan subsidios que maneja directamente la empresa privada tienen incrementos de 8.0%, como los denominados “innovación para negocios de alto valor agregado”, “desarrollo e innovación en tecnologías precursoras” e “innovación para la competitividad de las empresas”. En contraste, no se muestra ningún crecimiento para el “sistema de becas de recursos humanos de alto nivel” ni para el Sistema Nacional de Investigadores, en donde se concentra el mayor potencial de investigación y producción de conocimientos del país.
Con este primer mensaje, ya sabemos por dónde irá el debate y los jaloneos en la Cámara de Diputados, pero también tenemos una muestra más de que para el sistema educativo y para las universidades públicas no hay más que cortedad de miras, imprudencia y una visión irresponsable. l
