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Domingo 6 de junio de 2010
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SUPLEMENTO ENFOQUE DEL REFORMA
Colaborador Invitado / El mundial de la televisión
Es necesario replantear lo más pronto posible las reglas del reparto del dinero que genera la Selección Nacional en un Mundial de futbol
Colaborador Invitado
(6 junio 2010).- José Ramón Fernández
Periodista deportivo, conductor de radio y televisión y editorialista de la sección Cancha de Reforma.
Señoras y señores: el Mundial de futbol está a la vuelta de la esquina y, como siempre sucede en México -no solamente ahora sino desde hace varios mundiales-, la Selección Nacional se ha convertido en un producto que reparte dinero y el reparto del dinero televisivo se ha convertido en una nueva batalla en el futbol mexicano.
Primero, porque como en todos lados existen pobres y ricos; en el futbol también los hay.
Segundo, porque este producto está totalmente secuestrado por una empresa que lo ha hecho eternamente sin que nadie haya dicho absolutamente nada, y aquellos que lo decimos somos calificados de negativos, amargados, mal informados y lo que usted quiera.
Antes solamente era un monopolio, hoy es un duopolio en el que la otra televisora hace y paga lo que le dice la empresa más poderosa.
¿Cómo se adquieren los derechos en México? Los compra Televisa directamente vía FIFA (porque la OTI se ha venido abajo, destruida por Globo de Brasil) y prorratea el gasto: 33 por ciento lo paga Televisa, 33 por ciento Azteca y 33 por ciento Sky y derivados.
¿Cuánto habrán pagado? Cerca de 100 millones de dólares. ¿Cuánto ganarán? Seguramente el doble. Pero sobre todo ganará la empresa poseedora de los derechos que los va a explotar en Sky, en televisión abierta, en internet, en radio, en todos los sitios que pueda.
Ése es el manejo inadecuado de la Selección Nacional, ya no como equipo de futbol, sino como un producto capaz de vender las más altas cantidades de dinero sin importar qué pase deportivamente, engañando a la población para satisfacer la codicia económica de la televisión.
En otros países la televisión supone el 39 por ciento de los ingresos de los clubes y en algunos sigue subiendo ese porcentaje. Hay clubes ricos y pobres. En Italia, por ejemplo, no le pagan lo mismo al Inter que al Catania, en España no le pagan lo mismo al Madrid y al Barcelona que al Jerez de la Frontera, al Málaga o al Sporting.
En México pasa algo similar. La comercialización forma parte de las entrañas del futbol mexicano. Por eso cuando aparece el Mundial se elogia tanto a los futbolistas y al entrenador como si fueran los mejores del mundo, sabiendo que no vamos a ir muy lejos, que es una selección común y corriente, que no es una selección protagonista, que podría pasar al cuarto partido y nada más; para aumentar mucho más los ingresos de quien pagó por ellos.
Un cosa es el sentimiento y otra la economía, y aquí van mezclados el sentimiento, la pasión, los colores, el verde, el sueño, el ideal, la ilusión, con la economía.
El futbol tiene su salsa y uno de los ingredientes es que el más pequeño le puede ganar al grande, pero normalmente el grande siempre se comerá al pequeño.
México es el único país del mundo que empieza un año antes a hablar del Mundial, que despliega enviados por todos lados, que lleva al evento a una gran cantidad de gente que no va a aportar absolutamente nada importante a la televisión, ni siquiera crítica, porque el periodismo está domesticado en esas empresas. Quizá lo hagan los extranjeros contratados con buenos dólares, pero no sé si la gente en México le creerá a Zidane, Morientes, Crespo o a Figo cuando hablen sobre México. Normalmente, por ser invitados y muy bien pagados, destilan miel a favor del equipo mexicano.
No es lo mismo llevar gente preparada, que sabe de futbol, que lo ha trabajado bien, como el caso de Menotti, Valdano y otros más, que se pueden dar el lujo de criticar no solamente a su selección nacional sino a otras.
La gran desilusión
En un Mundial hay cinco o seis equipos que compiten por el éxito, los demás, en su mayoría, son comparsas. Ya sabemos quién compite por el éxito: Italia, Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra, los mismos de siempre. Ahora se incorpora España, que nunca ha sido favorito, pero tiene muy buen futbol.
En un Mundial hay demasiadas diferencias como para presumir que están los 32 mejores del mundo. En ese caso la presencia de México ha sido constante, por posición geográfica o porque se elimina en una zona de bajo nivel futbolístico (aunque en esta ocasión ni siquiera ganó, terminó en segundo lugar de Concacaf).
Si va a haber una Cenicienta seguramente saldrá de África: Costa de Marfil, Camerún, Nigeria o la propia Sudáfrica.
Ya lo dijo Blatter claramente: me gustaría muchísimo que Sudáfrica avanzase a la siguiente fase porque el Mundial tendría color, fuerza política y la alternativa de realizar un sueño para los africanos ante el enorme gasto que han hecho para organizar un evento de esta categoría.
Total, que la gente espera mucho de la Selección, influida por todo lo que dicen la televisión y sus periodistas domesticados, y al final se llevará una gran desilusión.
Con Aguirre, sin Aguirre, con el que sea, el futbol mexicano tiene que planear a futuro, a largo plazo, mirando de cara al 2014 en Brasil y al 2018, porque el 2010 empieza en unos días y no se ve por dónde México pueda ser protagonista.
Eso sí, las arcas de las televisoras quedarán llenas. Algunos anunciantes habrán saciado su oportunidad de anunciarse y otros habrán dicho: "qué pena, guardamos dinero para el Mundial y el resultado fue de mediano hacia abajo", porque los partidos serán en horarios difíciles, porque en el momento en que eliminen a la Selección bajará la importancia del evento y porque, aunque tienen vendido todo y es un negocio redondo, la audiencia también se retirará.
¿Qué le importa al trabajador mexicano, que sale a luchar todos los días para llevar el sustento a su casa, ver jugar a Nigeria contra Eslovaquia? ¿Qué le importa si al final de cuentas siempre ganan los buenos, no los regulares ni los malos?, y México se mueve en esa categoría de regulares hacia abajo.
Digan lo que digan, si no hay control de la situación, este futbol seguirá siendo igual: manipulado, explotado, con partidos de pésima calidad y algunos de buen nivel en los que perdemos. Y, como bandera por delante siempre, la televisión, dueña de todo, la que ha secuestrado totalmente el futbol de nuestro país, llámense equipos o Selección.
Hay que ver simplemente el cambio absoluto que ha tenido Javier Aguirre y las incoherencias impresionantes en que incurre desde que llegó a México, sus declaraciones o sus discursos que seguramente le habrá escrito algún guionista de la empresa o alguien del medio político para salvarle la historia de perversión y de mercenario que lleva a cuestas.
Es el Mundial que se espera. El futbol tiene un porcentaje de suerte, pero es pequeño, la suerte va con los ganadores, la suerte va con los equipos poderosos, la suerte va con los que siempre ganan; el campeón necesita suerte y no un equipo pequeño.
Grilla y liguilla, males del futbol
DESTINO SUDÁFRICA 2010. Reportaje. Los intereses de las televisoras, los torneos cortos y el uso político de los equipos por parte de los gobernadores han reconfigurado la geografía del futbol nacional, en detrimento de la calidad deportiva de equipos, jugadores y de la Selección Nacional
Roberto Zamarripa
(6 junio 2010).- Cada cuatro años viene el enaltecimiento. México delira con la fiebre mundialista que coloca las expectativas muy por encima de las realidades. No es el mejor del mundo pero se habla de la Selección de futbol como si lo fuera. México es el país con más derrotas en mundiales, 22 partidos de 45 jugados, pero sus números han mejorado a partir de 1994: ha calificado consecutivamente a cuatro mundiales y ha ganado en ellos la mitad del total de los partidos victoriosos en toda su historia en las competiciones.
Hasta 1986 México había ganado seis partidos, empatado seis y perdido 16. Entre 1994 y 2006, ganó cinco juegos, empató seis y perdió cinco. Hizo en esos últimos cuatro mundiales 21 de los 48 goles anotados en todas las copas en que ha participado.
En nueve mundiales que participó entre 1930 y 1986, México recibió 63 goles, 2.25 por juego. En cuatro mundiales consecutivos desde 1994 recibió 19 goles en 16 partidos, poco más de un gol por juego.
De 13 mundiales en que ha competido, ha sido eliminado en la primera ronda en siete ocasiones; ha llegado a cuartos de final dos veces siendo país sede. Y en los últimos cuatro campeonatos ha sido eliminado en la segunda ronda.
A la par de ese cambio competitivo, el futbol doméstico se ha transformado. Amplió su competencia en términos numéricos y regionales. Exportó más jugadores al extranjero e incluso conquistó un campeonato mundial juvenil.
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La geografía del futbol profesional ha sido trastocada en la última década y entidades de nula tradición futbolera (Aguascalientes, Chiapas o Quintana Roo, por ejemplo) se han convertido en plazas de Primera División en detrimento de sedes históricas (León o Veracruz). Los factores que empujan a esa nueva territorialización del futbol son los mismos que deciden asuntos públicos fundamentales de la vida del país: las televisoras y los gobernadores.
Y también deciden campeonatos. La época de los torneos largos, de
En la modalidad exprés instaurada en 1996 la geografía cambió. Cuatro equipos han ganado 64 por ciento de los torneos cortos: Toluca (7), Pachuca (5), Santos (3) y Pumas (3).
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El desarrollo del futbol profesional ha ido de la mano del crecimiento de la industria de la radio y la televisión hasta convertirse en un apéndice de los emporios de comunicación. La industria de la TV nace como una criatura de la mismísima Presidencia de la República (en el sexenio de Miguel Alemán), en un sistema de partido único y favorecedor de los monopolios económicos. Sus derivados (como el futbol) se atendrán a esa regla, la de la obediencia presidencial.
Televisión comercial y futbol se convierten en variables de la misma ecuación. Para muestra el botón del América. Emilio Azcárraga Vidaurreta, dueño de Telesistema mexicano, anunció a principios de los cincuenta la adquisición de ese equipo de futbol, atado a un propósito: conseguir la sede para México del Mundial de 1970. "Si no estamos dentro del futbol no podremos hacerlo", dijo entonces.
El hijo de Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo, fue designado dueño del América y a su vez colocó a Guillermo Cañedo como presidente del Club.
Es una época de estabilidad económica en el país y de fortaleza del sistema de partido único. El futbol crece como deporte popular y la difusión por radio y la televisión colabora en ese crecimiento de simpatías. Para la década de los sesenta, a la estabilidad económica y política le corresponde una estabilidad en la actividad futbolística. Las selecciones mexicanas son imbatibles en el área norte y centroamericana y logran sus primeros puntos en mundiales. Empata con Gales a un gol en 1958, vence a Checoslovaquia en Chile en 1962 por
México logra la sede mundialista para 1970 gracias a la venta de un país estable política y económicamente. Guillermo Cañedo, quien ya para 1964 es dirigente de la Federación Mexicana de Futbol catapultado desde el nuevo América de Televicentro, convence al mundo al presentar una maqueta de lo que sería el Estadio Azteca, a la postre inaugurado en 1966, y cuyos dueños también son los industriales de la televisión.
Televisión, equipo de futbol y favores del gobierno funcionan desde entonces como la combinación que lleva adelante el espectáculo.
Precedido de la Olimpiada de 1968, México fue sede del Mundial de 1970. Pero ambas competencias internacionales ocurrieron en medio de la crisis política derivada por la represión al movimiento estudiantil y popular de 1968.
El Mundial de 1970 representa un punto de inflexión simultáneo para la industria de la televisión y el futbol. La television pone piso para una nueva etapa mientras el futbol toca techo para pasar al ostracismo.
México 70 da carta de entrada a la televisión a color en los hogares y marca la pauta de la modernización y expansión masiva del medio. La industria de la comunicación toma forma con la creación de la CIRT en 1970 y para 1972 adquiere cuerpo el monopolio de Televisa con cuatro canales bajo su férula (2, 4, 5 y 8).
En el futbol, México califica por primera vez a la fase de cuartos de final aunque es eliminado por Italia con una goliza de
El América, ya equipo de Televisa, comienza a vivir sus mejores épocas y obtiene seis campeonatos en 22 años de monopolio televisivo (1972-1994).
La sobrevaloración de la calidad del futbol, fabricada por las transmisiones de televisión, choca brutalmente con la realidad internacional.
En 1973 México es eliminado en una competencia realizada en Haití previa al Mundial de Alemania 74. El futbol mexicano queda en ridículo al caer ante naciones como Trinidad y Tobago, que derrota 4 goles a uno a los mexicanos y Haití, que gana
Para 1978, ya con la secuela de la devaluación del peso decretada al final del sexenio de Luis Echeverría, México compite en el Mundial de Argentina y, a pesar de contar con una selección de jugadores jóvenes que constituían, según se decía, una generación excepcional de futbolistas, queda en el último lugar de la competencia. Pierde con Túnez y Polonia por el mismo marcador (3 goles a uno) y es goleado por Alemania
Antes del Mundial de
En 1986 los mexicanos regresan a un Mundial gracias a que Colombia, el país designado como sede, se declara imposibilitado a cumplir con las exigencias de la FIFA. México evita la eliminatoria y califica directo en su calidad de anfitrión. No importa la devastación provocada por el sismo de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El Mundial es un bálsamo para una población herida.
La inauguración de la competencia, transmitida en vivo a millones de personas en el mundo, registra la peor rechifla que un Presidente mexicano (Miguel de la Madrid) recibía en un estadio. Le cobran su ineptitud ante el temblor y en el manejo de la economía nacional.
México tiene su mejor participación, pero es eliminado por Alemania en serie de penales durante un partido jugado en Monterrey. Queda en sexto lugar. Mero espejismo.
En 1988, el sistema político y electoral cruje. Cuauhtémoc Cárdenas alega un fraude masivo en la elección presidencial. El sistema priista de partido único sufre un grave golpe que le desgrana paulatinamente sus pilares. Meses antes de esa elección cuestionada, México había sido eliminado de un Mundial pero ahora en la mesa, sin jugar un partido, tras descubrirse un fraude en las actas de nacimiento de jugadores mexicanos que participan en un campeonato juvenil realizado en Guatemala, previo a los Juegos Olímpicos. El caso es conocido como "Los Cachirules". México es dado de baja de toda competición internacional por dos años, incluido el Mundial de Italia 90. La fama de tramposos se extiende en lo futbolístico y lo electoral.
La larga crisis del futbol mexicano abierta después del Mundial de 1970 parece tocar fondo. Algo parecido sucede en el país: la larga crisis de legitimidad abierta por la represión de 1968, aderezada de sucesivas crisis económicas, toca fondo en las estructuras del sistema de partido único. Comienza a darse un tímido pluralismo político y regional. La oposición gana con gotero gubernaturas y alcaldías, se extiende su presencia parlamentaria y se airea el ambiente político. México globaliza su presencia con su inserción en el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.
A la vez comienza un proceso de competencia televisiva. Es tenue y dirigido desde la Presidencia de la República, pero al crearse una segunda cadena (TV Azteca) el poder de Televisa recibe rasguños, dando origen a un duopolio con una cabeza mayor y una menor.
El duopolio provoca a la vez una tibia competencia en el ámbito del futbol. Por un lado en el periodismo deportivo y en la transmisión de partidos, antes coto exclusivo de Televisa, y posteriormente en la adquisición de equipos de Primera División.
El futbol mexicano mejora su posicionamiento internacional. Califica para el Mundial de 1994 y logra su pase a la ronda de octavos de final para ser eliminado, otra vez en penales, por Bulgaria. En 1998 califica al Mundial de Francia. Empata con Holanda, una potencia futbolística, y es eliminado por Alemania en la ronda de octavos de final.
En el 2002, en el Mundial de Corea y Japón, obtiene un triunfo ante Croacia y un empate ante Italia. La Selección dirigida por Javier Aguirre agrada, pero en el partido de octavos de final es eliminada por Estados Unidos, que confirma la supremacía sobre México y su nuevo estatus como equipo competitivo en este deporte. Tragedia nacional.
En Alemania 2006, México califica de nuevo a octavos de final, pero es eliminado por Argentina en tiempos extras, luego de uno de sus mejores partidos.
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Es hasta el 2000, con la alternancia en la Presidencia de la República, que comienzan a cambiar los referentes domésticos del futbol mexicano.
El PRI no sólo pierde la Presidencia de la República, sino pasa de gobernar las 32 entidades en
El omnímodo poder presidencial se desagrega en 32 poderes locales, en cacicazgos regionales. Y los gobernadores descubren que el futbol es una herramienta de gobernabilidad. Los equipos de futbol de las televisoras se confunden con los equipos de los gobernadores y hasta el final queda la querencia de la plaza. La reconfiguración del mapa futbolístico no atiende arraigos con la afición sino conveniencias políticas y financieras. Cada cacique quiere su campeón. Si eso viola las propias disposiciones de la FIFA, no importa. Si va en detrimento de un apoyo parejo a los empresarios locales, ya se olvidará con el festejo. Si burla a la Secretaría de Hacienda, pues cuántos más no lo hacen en el país.
Quienes fueron contra la corriente la pagaron caro. En junio de 1995 cuando Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato, realizaba una gira por Celaya, fue abucheado y apedreado en la plaza entre gritos de "¡Estadio! ¡Estadio!". Los celayenses querían su intervención para que el Celaya regresara a la Primera División, pero Fox les dijo que era "difícil utilizar el dinero del erario en otras cuestiones que no son tan necesarias". Fox salió por piernas del pueblo.
Los torneos cortos, que iniciaron en México en 1996, han favorecido la marrullería y el negocio antes que el propio espectáculo y la calidad deportiva, en el marco de una competencia donde las televisoras poseen un tercio de equipos de la liga de Primera División: Televisa con Necaxa, América y San Luis, y TV Azteca con Morelia y Jaguares, a pesar de la prohibición de la FIFA y la FMF, que en sus estatutos dicen que "ninguna persona física o jurídica (compañías y sus filiales incluidas) controle más de un club, si esto crea el riesgo de atentar contra la integridad del juego o de una competición".
Si a eso se le añade que las televisoras también tienen negocios en las apuestas -en abierta competencia con Pronósticos Deportivos- y sus equipos de futbol son objeto de rebatinga en books o juegos por internet, podría interpretarse que mucho está en juego en cuanto a la "integridad de las competiciones".
Los equipos beneficiados y/o promovidos por gobernadores en alianza con televisoras son además de Necaxa, Morelia y Jaguares, el Atlante, Pachuca, Querétaro, Puebla y Santos, que han recibido donaciones en especie y aportaciones económicas del presupuesto público para su salvamento o redención.
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Dicen Simon Kuper y Stefan Szymanski en el libro Soccernomics que "los empresarios que se meten en el futbol continúan cometiendo los mismos errores. Compran clubes prometiendo que los manejarán 'como negocios', y desaparecen algunas temporadas después en medio de la burla del público como lo hicieron anteriores dueños".
La idea de promover un "gran negocio" seduce a los gobernadores, quienes cargan con la (ir)responsabilidad de perder dinero y partidos.
El real negocio está en otro lado.
"La mayoría de los partidos del futbol no son vistos desde los asientos de mil 500 dólares del estadio, sino en la televisión, algunas veces por el precio de la suscripción, o por el precio de ver algunos comerciales, o por el precio de un par de cervezas en el bar", apuntan Kuper y Szymanski.
Las televisoras pelean la paternidad de los equipos. Los derechos de transmisión de partidos generan los recursos de solvencia a los equipos. Las facilidades de instalación de las televisoras en las entidades lubrican los acuerdos con gobernadores para futuros promocionales políticos.
No en balde un Mundial de futbol y una elección presidencial -y las elecciones locales- se han convertido en los principales generadores de ingresos para las televisoras.
En los torneos cortos mexicanos, con 51 puntos en disputa, un equipo que logre la mitad de ellos puede ser campeón.
En España o Gran Bretaña, con ligas serias y torneos de 38 partidos, el Barcelona ganó el campeonato con 99 de 114 puntos posibles y el Chelsea se alzó con la copa británica con 86 dígitos obtenidos. Con su ritmo de juego esos equipos obtendrían 49 y 43 puntos en un torneo corto mexicano. El reciente campeón, Toluca, obtuvo apenas 30.
En los torneos cortos los rendimientos se miden por estaciones (Verano-Invierno), y por temporada electoral ya sea por trienios o sexenios. La permanencia de los equipos depende de factores combinados: ser campeón o llegar a la Liguilla y la estancia del gobernador o si el sucesor es su delfín. Una alternancia de gobierno y partido puede ser fatal en las aspiraciones de un equipo de futbol.
La alianza ha dado resultados en Pachuca, con cinco campeonatos. El nuevo Pachuca surgió al calor de un apoyo desmedido de los gobiernos estatales a la Promotora del Club Pachuca. Denuncias de políticos opositores dicen que Pachuca no paga impuestos, predial ni licencias de venta de alcohol en el estadio Hidalgo. El gobierno estatal ha cargado con los costos de remodelación del estadio, donó terrenos (con valor estimado en 2 mil millones de pesos) para que vía la Promotora se construyera un hotel, un centro de convenciones y un gran estacionamiento.
Los directivos del Pachuca han sabido mantener una privilegiada relación con los gobernadores hidalguenses y, ahora, con la Presidencia de la República. Uno de los hijos del presidente Felipe Calderón juega en los campos del Pachuca.
Atlante es otra enseña de éxito exprés. En el 2007 este viejo equipo de prosapia, de origen chilango, se mudó a Cancún, Quintana Roo, luego de que el gobernador Félix González Canto arreglara el estadio local ampliando su aforo de 7 mil a 20 mil localidades, exentara al equipo en el pago de servicios, y facilitara la instalación de jugadores y técnicos en el paradisíaco Cancún.
De 20 millones ofrecidos de las arcas públicas, González Canto puso al final 42 millones de pesos.
La apuesta resultó para Alejandro Burillo, dueño del Atlante, y el gobernador González. Atlante se coronó en diciembre del 2007 y luego calificó al Mundial de Clubes donde jugó contra el Barcelona de España, lo que le dio dividendos millonarios al club aunque no para el estado de Quintana Roo. Menos para su deporte. La entidad, en la última Olimpiada Nacional, ocupó el lugar 22 del medallero.
Necaxa fue otro modelo de favorecimiento gubernamental a cambio de apoyos económicos y políticos. Siendo alcalde de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso puso los terrenos y construyó un nuevo estadio para el Necaxa -propiedad de Televisa- y usó la promesa de llevar un equipo de futbol a Aguascalientes como artimaña electoral.
Reynoso ganó la gubernatura en 2002 pero Necaxa, que llegó un año después a Aguascalientes con un palmarés de tres campeonatos en cinco temporadas, no ganó ninguno más y descendió a Primera "A". Ahora el gobernador Reynoso está a punto de perder la elección de gobernador.
Jaguares de Chiapas, surgido con el apoyo del gobernador Pablo Salazar en el 2002, tuvo estadio gratuito ampliado de 6 mil a 30 mil butacas y exento de pago de servicios. El gobernador Juan Sabines, sucesor de Salazar, en una operación extraña anunció en 2008 "el rescate del equipo" por parte del gobierno y promovió la autorización del Congreso del estado de 66 millones de pesos para pagar deudas "por la renta del inmueble, energía eléctrica, servicios, estacionamiento, adecuaciones de áreas, espacios publicitarios, entre otros", según la versión gubernamental, ¡cuando siempre el equipo había sido exentado de todo pago de servicios!
El gobierno de Chiapas "convirtió" la deuda en acciones y dijo que el 51 por ciento del equipo "era propiedad del pueblo chiapaneco". Apenas hace un mes, Sabines vendió el equipo a TV Azteca por un monto de 25 millones de dólares. En el negocio no quedó claro el destino de "las acciones propiedad del pueblo chiapaneco".
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Los torneos cortos producen dinero rápido y situaciones insólitas. Con 10 goles anotados en 11 partidos disputados durante tres meses con el Guadalajara, Javier Chicharito Hernández hizo méritos para ser contratado por el Manchester United. En otras épocas, Hugo Sánchez tuvo que meter 96 goles en 179 partidos con seis temporadas en los Pumas para ser contratado por el Atlético de Madrid.El Chicharito es la esperanza nacional. Símbolo de los torneos cortos, de la prisa, de la ambición, de la sobredimensión de la calidad futbolística. En sus piernas está la felicidad (o la debacle) de la nación.
La selección de Enroque
DESTINO SUDÁFRICA 2010. Humor
(6 junio 2010).- Este año el "Tri" llega sin director técnico, sin plan de juego ni coordinación. Una batería albiazul tomará la retaguardia; un frente tricolor, el ataque, y en el medio campo una escuadra amarilla tocará, si puede, algunos balones.
DEFENSA
1 Felipe Calderón
· Portero
Alínea desde Francia 98 en la selección de Enroque. Aunque es zurdo, siempre le gustó jugar por la banda derecha. En sus tres mundiales se desempeñó en la media y la delantera, pero desde hace tres años juega de guardameta, donde ha recibido tantos goles y autogoles que ya perdió la cuenta. Equipos: Escuadra de Piolín, Máquina Celeste y Jinetes del Apocalipsis.
2 Genaro García Luna
· Defensa central
Veterano del juego llanero con el desaparecido equipo de Los Pandas y especializado en la defensa, hasta hace apenas tres años apareció en la Primera División, donde ha amasado más fama y fortuna que resultados. Gusta de jugar para los reflectores, montar escenas para atraer la marca, despistar al rival y faulear al contrario. Equipo: Atlético Los Pinos.
3 César Nava
· Lateral derecho
Joven promesa de la Máquina Celeste, llega al Mundial desgastado y distraído, pues se dejó seducir por la farándula. Engaña mucho a los adversarios, pero no concreta jugadas. Su contrato vence en diciembre y ya anticipó que dejará las canchas para dedicarse de lleno al hogar. El portero confiaba mucho en él, hasta que fue sorprendido negociando el marcador con equipos rivales. Equipos: Máquina Celeste, Atlético Los Pinos y La Granjita.
4 Javier Lozano
· Líbero
Sin marca ni zona de la defensa asignada, la promesa de los Camoteros de Puebla es agresivo, respondón y, se dice, sub o desempleado. Aunque presume apoyar al portero, tiene un juego personalísimo, animado por la idea de reposicionarse en el draft previo al Torneo 2012. Equipos: Camoteros de Marín, Máquina Celeste y Atlético Los Pinos.
5 Santiago Creel
· Defensa anticipado
Se forjó como amateur en el grupo San Ángel desde el 94, pero alineó en la selección de Enroque hasta Japón/Corea 2002. Fue eliminado en eliminatorias antes de Alemania 2006 y jugó de rebote en el Atlético Xicoténcatl, donde conserva su contrato. Reaparece como aspirante de la Máquina Celeste, pero se sabe que no puede hacer equipo con el portero y su grupo compacto. Equipos: Pirrurris de San Ángel, Máquina Celeste y Atlético Xicoténcatl.
6 Ernesto Cordero
· Lateral
Reservista en la banca. Ha jugado de titular en los equipos Sedesol y Hacienda y aunque ha tenido "oportunidades" no acaba de consolidarse. Tiene todo el apoyo del Celta de Vigo, pero carece de gol y se dice que desplegará su talento hasta el Torneo 2012. Si la tribuna no lo ha abucheado es sólo porque ni siquiera lo conoce. Equipos: Atlético Los Pinos y Máquina Celeste.
7 Alonso Lujambio
· Marcador
Va a Sudáfrica como reserva. Se le ubica como un jugador elegante y astuto, pero sin gran experiencia. Está por verse si el uniforme del seleccionado no le queda grande. En su contra pesa que cuando se midió contra el equipo Docentes de la Maestra se acalambró y les cedió la cancha. Equipos: Club Consejeros y Comisionados, Atlético Los Pinos y Máquina Celeste.
MEDIA
8 Jesús Ortega
· Medio izquierdo
Aunque se formó en la cantera de los Soles Aztecas, carece de un juego definido. Tanto así que por momentos se entiende mejor con la defensa, armando un juego errático en mancuerna con Nava. Hay dudas si aprovechará su primer llamado a la Selección para mostrar dotes propias. Equipos: Rieleros del Ferrocarril, Soles Aztecas y FC Aliancistas.
9 Marcelo Ebrard
· Medio
Formado originalmente en el equipo Tricolor, ha hecho huesos viejos en los Soles Aztecas. Juega al centro corriéndose por la izquierda, pero con descolgadas por la derecha. El Mundial 2010 es su gran oportunidad para mostrar de qué está hecho. Equipos: Tricolor, Atlético Centro Democrático, Soles Aztecas y Pejelagartos.
10 Andrés Manuel López Obrador
· Volante
Hace gala de un juego legítimo pero no reconocido. En Francia 98 fue seleccionado por ser dinámico, pragmático e incisivo. En el 2002 jugó de lateral izquierdo. Llegó a Alemania 2006 como estrella del seleccionado nacional, pero falló a la hora de los penales, mandó al diablo al árbitro y exigió contar gol por gol. A diferencia de lo que decía en 2002, ahora pide que no lo den por muerto. Equipos: Tricolor, Soles Aztecas, Frentistas del Esférico, Club Amplio Legítimo, Los Petistas, Los Convergentes...
DELANTERA
11 Enrique Peña Nieto
· Puntero
Alineó en Alemania 2006, pero apenas tocó el balón para no despeinarse. La escuadra Tri de Insurgentes lo cuidó para este Mundial, en el que se espera que despunte. Ha sido sorprendido en fuera de lugar, tiende a jugar para las tribunas, se engolosina demasiado con el balón y a veces resbala sin darse cuenta. Pierde concentración a la hora de enamorarse, pero las encuestas lo mantienen como principal promesa para el Torneo 2012. Equipos: Muchachos de Montiel, Canal de la Compañía y de las Estrellas y Aztecas del Ajusco.
12 Manlio Fabio Beltrones
· Centro delantero
Egresado de la cantera de Don Fernando, juega desde antes de 1988, pero lo suyo es ocultar su juego. Alineó en la selección de Enroque hasta Alemania 2006 como defensa duro y marrullero. Esta temporada decidió lucirse y correrse a la delantera para competirle los reflectores al Quiquín Peña, pero juega rezagado y sin los patrocinios del mexiquense. Astuto y duro en el ataque, sabe driblar a zonas seguras cuando se complica el juego. Equipo: Club del Reloj Chino, Tricolor y Atlético Xicoténcatl.
13 Fidel Herrera
· Delantero
Juega de cazagoles siempre en el área del rival. Quiere meterse en la pelea entre Peña y Beltrones, pero está muy ocupado marcando a Yunes. Pinta de rojo todas sus jugadas. Se formó en la Liga Ejidal con patrocinio del célebre Don Güicho Echeverría y va al Mundial por primera vez pidiendo balones de regalo. Equipo: Campesinos del Tricolor, Tiburones de Veracruz y Rojo Carmesí.
14 Ulises Ruiz
· Extremo
Rompehuesos, estuvo a punto de ser fichado por el equipo Suprema Corte, pero lo rescató el Tricolor en acuerdo con el Atlético Los Pinos. Destaca por el juego rudo que termina por sepultar a los adversarios. Amonestado en repetidas ocasiones, se ha salvado de recibir la tarjeta roja y su fama a punto ha estado de llevarlo a jugar con el Redes de la Interpol. Equipo: Mapaches del Istmo y Aspirantes de Almoloya.
15 Fernando Gómez Mont
· Sin posición fija
Creativo pero de juego personalista sin encuadrar en el equipo. En febrero rompió su contrato con la Máquina Celeste, que tenía escondida su carta desde los noventa. Litiga el esférico en la posición que se le coloque, sabe negociar el juego, pero tropieza frecuentemente al driblar y suele meter las manos. Juega a la defensiva, pero le gusta irse al ataque cuando asedian su portería. Equipos: Máquina Celeste, Patas Verdes de Bucareli e Independientes de Piedra Dura.
¿Los recuerda?
Estados Unidos 1994. Marcos, Cárdenas y hasta El Jefe Diego alinearon en aquella escuadra.
Francia 1998. Pese a todo, Ernesto Zedillo se mantenía como Director Técnico.
Corea-Japón 2002. Fox era toda una promesa como director de un equipo que se le fue de las manos.
Alemania 2006. La Selección perdió dirección, rumbo, cohesión y proyecto.
México en los mundiales
DESTINO SUDÁFRICA 2010. Análisis. México ha participado en 13 de las 18 ediciones del Mundial de Futbol; ha jugado 45 partidos, perdió 22, empató 12 y ganó 11
Mariano González Felipe
(6 junio 2010).- Esta tabla presenta los resultados de las 18 ediciones de las Copas Mundiales de Futbol (desde Uruguay 1930 hasta Alemania 2006), e indicadores objetivos con los que se puede medir la competitividad de cada una de las 75 selecciones que han asistido a este evento.
Los países se califican en función de los siguientes rubros: cantidad de ocasiones en que han participado; partidos jugados, ganados, empatados y perdidos; goles anotados y recibidos; puntos logrados y que se dejaron de ganar, así como la eficiencia derivada de esa puntuación, y el promedio de partidos jugados por torneo.
Sobresalen por el mayor número de veces que han asistido a las Copas del Mundo: Brasil, único país que ha estado en los 18 torneos; Alemania e Italia, con 16 participaciones, y Argentina, con 14. México ha asistido 13 veces.
La Selección Mexicana
México ha intervenido en 45 encuentros, contra 92 en los que han participado Brasil y Alemania, los países con más partidos jugados. En contraste, Indonesia solamente tiene registrado un partido y otros 18 equipos han disputado tres.
México presenta un índice de 3.46 partidos jugados por Copa Mundial. En contraste, la República Democrática Alemana, con una sola participación, logró un índice de 6; la actual Alemania llega a 5.75 partidos por torneo y Brasil a 5.10.
Al dividir el número de puntos logrados entre el número de partidos jugados se puede determinar un coeficiente de eficiencia para cada una de las selecciones. México alcanza una eficiencia de 0.87, muy por debajo de Brasil, que encabeza la tabla con un coeficiente del 1.76.
En lo que respecta a partidos ganados, México ha sacado 11 victorias, por 64 de Brasil y 55 de Alemania, los conjuntos nacionales con más triunfos. 19 selecciones no han ganado un solo encuentro.
México ha empatado 12 partidos (uno más de los que ha ganado). En contraste, Alemania ha empatado 19 juegos (contra 55 triunfos) y Brasil 14 (apenas una quinta parte de sus 64 victorias). Junto a Alemania, Italia es el país con más juegos empatados (19). Mientras, 16 conjuntos nacionales no han obtenido un empate y de ésos, 12 tampoco han logrado un solo triunfo.
México encabeza el renglón de partidos perdidos, con 22; seguido por Argentina con 19; Alemania con 18, y Suecia y Bélgica con 17.
También México es el país con la peor diferencia de goleo: en sus 13 participaciones ha marcado 48 goles y ha recibido 84. Si bien Brasil ha recibido también 84 goles, ha marcado 201. Y Alemania, que ha recibido más goles que México (112), ha marcado 190.
Esto tiene una traducción: en lo que corresponde a la diferencia de goles en contra, México destaca de forma holgada con -36, y apenas detrás se ubican la República de Corea y Bulgaria, con -31 goles cada uno. La mejor diferencia de goles es de Brasil, con +117 y le siguen Alemania, con +78, e Italia, con +53.
En el renglón de puntos logrados México ha obtenido 39. Se distingue nuevamente Brasil como el equipo con más puntos (162) y Alemania e Italia con 145 y 120, respectivamente.
El indicador de puntos logrados coloca a México en el lugar 13 de la tabla general, con 39 unidades. En contraste, hay ocho países que con menos participaciones están mejor colocados: Inglaterra, Francia y España, con 12 participaciones cada uno, ocupan los lugares quinto, sexto y séptimo respectivamente; Países Bajos está en octavo lugar con sólo ocho participaciones; Suecia en noveno, con 11; Rusia en décimo, con nueve; Serbia se coloca en onceavo lugar, con 10 puntos y Uruguay está en duodécimo, con 10 participaciones.
En el mundial de Sudáfrica 2010, México se enfrentará contra Francia, que ocupa el sexto lugar de la tabla de clasificación general; Uruguay, que está en el lugar 12 -apenas uno arriba de México- y Sudáfrica, que ocupa el sitio 47.
País | P | PJ | PG | PE | PP | Goles + | Goles - | DG | Puntos + | Puntos- | Eficiencia* | Promedio de juegos por copa | Posición según promedio | |
1. | Brasil (Conmebol) | 18 | 92 | 64 | 14 | 14 | 201 | 84 | 117 | 162 | 45 | 1.76 | 5.11 | 3 |
2. | Alemania1 (UEFA) | 16 | 92 | 55 | 19 | 18 | 190 | 112 | 78 | 145 | 59 | 1.58 | 5.75 | 2 |
3. | Italia (UEFA) | 16 | 77 | 44 | 19 | 14 | 122 | 69 | 53 | 120 | 50 | 1.56 | 4.81 | 8 |
4. | Argentina (Conmebol) | 14 | 65 | 33 | 13 | 19 | 113 | 74 | 39 | 88 | 55 | 1.35 | 4.62 | 10 |
5. | Inglaterra (UEFA) | 12 | 55 | 25 | 17 | 13 | 74 | 47 | 27 | 74 | 45 | 1.35 | 4.58 | 11 |
6. | Francia (UEFA) | 12 | 51 | 25 | 10 | 16 | 95 | 64 | 31 | 70 | 44 | 1.37 | 4.25 | 17 |
7. | España (UEFA) | 12 | 49 | 22 | 12 | 15 | 80 | 57 | 23 | 65 | 45 | 1.33 | 4.08 | 22 |
8. | Holanda (UEFA) | 8 | 36 | 16 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 50 | 34 | 1.39 | 4.50 | 12 |
9. | Suecia (UEFA) | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 5 | 50 | 50 | 1.09 | 4.18 | 19 |
10. | Rusia2 (UEFA) | 9 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 44 | 20 | 42 | 38 | 1.14 | 4.11 | 21 |
11. | Serbia3 (UEFA) | 10 | 40 | 16 | 8 | 16 | 62 | 56 | 6 | 42 | 44 | 1.05 | 4.00 | 23 |
12. | Uruguay (Conmebol) | 10 | 40 | 15 | 10 | 15 | 65 | 57 | 8 | 40 | 41 | 1.00 | 4.00 | 24 |
13. | México (Concacaf) | 13 | 45 | 11 | 12 | 22 | 48 | 84 | -36 | 39 | 61 | .87 | 3.46 | 35 |
14. | Polonia (UEFA) | 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 37 | 31 | 1.19 | 4.23 | 18 |
15. | Hungría (UEFA) | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 33 | 31 | 1.03 | 3.56 | 32 |
16. | Bélgica (UEFA) | 11 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | -17 | 32 | 46 | .89 | 3.27 | 40 |
17. | República Checa4 (UEFA) | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 47 | 49 | -2 | 29 | 38 | .88 | 3.67 | 29 |
18. | Portugal (UEFA) | 4 | 19 | 11 | 1 | 7 | 32 | 21 | 11 | 28 | 19 | 1.47 | 4.75 | 9 |
19. | Austria (UEFA) | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 28 | 31 | .97 | 4.14 | 20 |
20. | Rumania (UEFA) | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 26 | 23 | 1.24 | 3.00 | 47 |
21. | Paraguay (Conmebol) | 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 36 | -9 | 22 | 30 | 1.00 | 3.14 | 45 |
22. | Suiza (UEFA) | 8 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 51 | -14 | 24 | 33 | .92 | 3.25 | 41 |
23. | Croacia (UEFA) | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | 20 | 17 | 1.54 | 4.33 | 13 |
24. | Dinamarca (UEFA) | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 | 13 | 1.54 | 4.33 | 14 |
25. | Chile (Conmebol) | 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 40 | -9 | 20 | 31 | .80 | 3.57 | 31 |
26. | Rep. de Corea (AFC) | 7 | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 53 | -31 | 19 | 39 | .79 | 3.43 | 36 |
27. | Estados Unidos (Concacaf) | 8 | 25 | 6 | 3 | 16 | 27 | 51 | -24 | 18 | 44 | .72 | 3.13 | 46 |
28. | Bulgaria (UEFA) | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 17 | 43 | .65 | 3.71 | 28 |
29. | Camerún (CAF) | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 29 | -14 | 16 | 23 | .94 | 3.40 | 37 |
30. | Turquía (UEFA) | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 15 | 11 | 1.50 | 5.00 | 4 |
31. | Escocia (UEFA) | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 15 | 33 | .65 | 2.88 | 71 |
32. | Irlanda (UEFA) | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | 16 | 1.08 | 4.33 | 15 |
33. | Nigeria (CAF) | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 13 | 19 | 1.18 | 3.67 | 30 |
34. | Irlanda del Norte (UEFA) | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 | 15 | .85 | 4.33 | 16 |
35. | Perú (Conmebol) | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 11 | 19 | .73 | 3.75 | 27 |
36. | Colombia (Conmebol) | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 10 | 22 | .77 | 3.25 | 42 |
37. | Ecuador (Conmebol) | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | 12 | 1.29 | 3.50 | 33 |
38. | Noruega (UEFA) | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | 11 | 1.13 | 2.67 | 72 |
39. | Marruecos (CAF) | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 9 | 22 | .69 | 3.25 | 43 |
40. | Senegal (CAF) | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1.60 | 5.00 | 5 |
41. | Japón (AFC) | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | 20 | .80 | 3.33 | 38 |
42. | Costa Rica (Concacaf) | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 8 | 17 | .80 | 3.33 | 39 |
43. | Arabia Saudita (AFC) | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | 8 | 29 | .62 | 3.25 | 44 |
44. | Ucrania (UEFA) | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | 7 | 1.40 | 5.00 | 6 |
45. | Rep. Dem. Alemana5 (UEFA) | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1.00 | 6.00 | 1 |
46. | Ghana (CAF) | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 6 | 1.50 | 4.00 | 25 |
47. | Sudáfrica (CAF) | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | 9 | 1.00 | 3.00 | 48 |
48. | Túnez (CAF) | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 6 | 24 | .50 | 3.00 | 49 |
49. | Gales (UEFA) | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.00 | 5.00 | 7 |
50. | Argelia (CAF) | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | 7 | .83 | 3.00 | 50 |
51. | Australia (OFC) | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 | 12 | .71 | 3.50 | 34 |
52. | Irán (AFC) | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5 | 18 | .56 | 3.00 | 51 |
53. | Rep. Dem. Popular de Corea (AFC) | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | 5 | .75 | 4.00 | 26 |
54. | Costa de Marfil (CAF) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 6 | 1.00 | 3.00 | 52 |
55. | Jamaica (Concacaf) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 6 | 1.00 | 3.00 | 53 |
56. | Cuba (Concacaf) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | 3 | 1.00 | 3.00 | 54 |
57. | Honduras (Concacaf) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | .67 | 3.00 | 55 |
58. | Angola (CAF) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | .67 | 3.00 | 56 |
59. | Israel (AFC) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | .67 | 3.00 | 57 |
60. | Egipto (CAF) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 6 | .50 | 2.00 | 73 |
61. | Kuwait (AFC) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 5 | .33 | 3.00 | 58 |
62. | Trinidad y Tobago (Concacaf) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 7 | .33 | 3.00 | 59 |
63. | Bolivia (Conmebol) | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 13 | .17 | 2.00 | 74 |
64. | Iraq (AFC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 60 |
65. | Eslovenia (UEFA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 9 | 0 | 3.00 | 61 |
66. | Canadá (Concacaf) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 62 |
67. | Togo (CAF) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 9 | 0 | 3.00 | 63 |
68. | Indonesia6 (AFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 75 |
69. | Emiratos Árabes Unidos (AFC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 64 |
70. | Rep. Popular China (AFC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 9 | 0 | 3.00 | 65 |
71. | Nueva Zelanda (OFC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 66 |
72. | Grecia (UEFA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 9 | 0 | 3.00 | 67 |
73. | Haití (Concacaf) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 68 |
74. | Rep. Dem. del Congo7 (CAF) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 69 |
75. | El Salvador (Concacaf) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 | 12 | 0 | 3.00 | 70 |
Totales | 361 | 1416 | 550 | 316 | 550 | 2063 | 2063 | 0 | 1598 | 1598 |
P: Participaciones
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP:Partidos Perdidos
DG: Diferencia de Goles
Notas:
1 La FIFA decidió que desde el año de 1990 debe identificarse como un mismo país a la República Federal Alemana y Alemania.
2 La FIFA decidió que Rusia heredase los resultados que había obtenido hasta 1994 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
3 La FIFA decidió que Serbia heradase los resultados obtenidos por Yugoslavia hasta 1992 y por la República Federal de Yugoslavia hasta 2003, así como por Serbia y Montenegro hasta 2006.
4 La FIFA decidió que la República Checa heredase los resultados que había obtenido Checoslovaquia hasta 1990, en virtud de que en 1993 esta nación se separó en dos países: la República Checa y Eslovaquia.
5 Con motivo de la integración de Alemania Federal y de la República Democrática Alemana en el año de 1990, este país ya no participó en las copas mundiales de futbol.
6 Este país participó en la Copa Mundial de Futbol de Francia en 1938 con el nombre de Indias Orientales Neerlandesas y a partir de su independencia de Países Bajos, en 1945, cambió su nombre por el de Indonesia.
7 Este país participó en la Copa Mundial de Futbol de Alemania Federal 1974, bajo la denominación de Zaire y a partir de 1997 cambió su nombre por el de República Popular del Congo.
* Para determinar la eficiencia se generó un coeficiente dividiendo el número de puntos logrados entre el número de partidos jugados.
Nota general: este compendio estadístico se elaboró conforme a la normativa que tenía establecida la FIFA en su momento, en cuanto a los puntos otorgados por partido ganado. Conforme a ello, de la primera edición de la Copa Mundial celebrada en Uruguay en
El duro contexto de la fiesta
DESTINO SUDÁFRICA 2010. Reportaje. El primer Mundial que se celebra en África encontrará un continente con democracias inmaduras, pobreza extrema y algunos brotes de violencia social
Karla Garduño Morán
(6 junio 2010).- El rasgo más característico de África es la pobreza extrema, pero también lo es el sida, la fragilidad de sus instituciones, la juventud de sus democracias y los conflictos armados en algunas regiones específicas. Son varias las amenazas en el continente que por primera vez recibirá una copa mundial de futbol, especialmente en la región conocida como África subsahariana o África negra, conformada por 48 países, entre los que se cuenta a Sudáfrica.
África tiene 52 selecciones de futbol registradas en la FIFA, de las cuales seis participarán este año en el Mundial (Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Senegal y Sudáfrica). Los últimos cinco de esos países pertenecen al África subsahariana.
Aunque Sudáfrica es uno de los países más estables política y económicamente en el continente, la fiesta del futbol tendrá lugar en un continente que presenta indicadores preocupantes: las tasas de mortalidad infantil y de muerte materna son las más altas del mundo, tres cuartas partes de los enfermos de sida en el mundo están ahí, más de la mitad de su población trabajadora vive en condiciones de pobreza extrema y ocupa el segundo lugar en solicitudes de refugiados, sólo por debajo de Asia y el Medio Oriente.
En la región los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU han tenido pocos avances y muchos retrocesos: aunque entre 1999 y 2005 el África subsahariana bajó del 58 al 51 por ciento el porcentaje de población que vive con menos de 1.25 dólares al día, la cifra se encuentra muy por encima de la de cualquier otra región del mundo.
En 2008, el 29 por ciento de la población de África subsahariana estaba subnutrida y la mitad de las muertes a nivel mundial de niños menores de cinco años se registraron en esa región. Además, dos terceras partes de las personas que viven con VIH en el mundo (67 por ciento) se encuentran en África subsahariana y la mayoría (60 por ciento) son mujeres.
Hilda Varela, investigadora del Centro de Estudios de Asia y África en El Colegio de México, considera que la pobreza en esta región es consecuencia de la colonización occidental, que en la mayoría de los casos terminó apenas hace 50 años.
"Durante la etapa colonial se gestaron las bases del tipo de pobreza estructural que hay en el continente africano. Cuando llegan los primeros gobiernos africanos, en general se dedicaron a enriquecerse y no hicieron nada para combatir la pobreza de la mayoría de la población. Hay una deuda enorme de los países occidentales con el continente africano: primero, por la esclavitud, que se robó lo más rico que tenia el continente: su gente, y segundo por el terrible saqueo en la etapa de la colonización", explica la académica especializada en la región del África subsahariana.
La incipiente democracia
La mayoría de los 48 países del África subsahariana alcanzaron su independencia hace apenas 50 años y actualmente viven procesos de transición democrática. La mayoría de ellos tuvieron sus primeras elecciones en la década de los noventa.
"Se considera que el derribo del régimen del apartheid en Sudáfrica fue un parteaguas para el continente africano y fue el equivalente al derribo del Muro de Berlín. Es en la década de los noventa cuando empiezan los primeros gobiernos electos democráticamente en el continente africano y en muchos de los países ahorita estamos presenciando la tercera o cuarta ronda electoral democrática. Además, hay algunos países que nunca han tenido un golpe de Estado", dice Varela.
Hay países que viven conflictos o tensiones políticas producto de la consolidación reciente de su democracia, como la intención separatista de Darfur, en Sudán, y de Cabinda, en Angola; el descontento social en la zona petrolera de Nigeria, y el régimen militar en Guinea que no termina de consolidar la transición prometida La ONU tiene en curso seis misiones para el mantenimiento de la paz en la región, en Chad, Liberia, Costa de Marfil, Darfur, la República Democrática del Congo y Sudán, aunque aún no la tiene en Somalia, el caso más grave de violencia social, según la académica del Colmex.
En otros países como Botsuana, Malaui, Ghana y el mismo Sudáfrica la transición ha sido más o menos pacífica, a pesar de que la sede de la Copa Mundial vivió azotada por las políticas raciales del apartheid hasta 1993.
"La democracia sudafricana es muy nueva y también tiene enormes fallas, pero uno de los aspectos muy importantes es que en Sudáfrica hay una extraordinaria sociedad civil, con una capacidad de movilización impresionante. La gente, por la propia historia de lucha contra el apartheid, es una población que se acostumbró a protestar en contra de las injusticias", apunta la académica.
Pobreza, enfermedad y conflictos
El continente africano, que por primera vez es anfitrión de una Copa Mundial de futbol, padece graves niveles de pobreza, los índices más altos de sida y conflictos ancestrales.
Pobreza
Porcentaje de la población que vive con menos de 1.25 dólares al día.
De
Senegal | 33.5% |
Togo | 38.7 |
Etiopía | 39 |
Kenya* | 19.7 |
De
Liberia | 83.7% |
Malí | 51.4 |
Niger | 83.7 |
República Democrática del Congo | 59.2 |
Uganda* | 51.5 |
Urundi | 81.3 |
Madagascar | 67.8 |
Sida
Porcentaje de población adulta infectada con VIH.
5 y 15%
Costa de Marfil
Congo
Camerún
Gabón
República Centroafricana
Tanzania
Malawi
Entre 15 y 34%
Sudáfrica (Sede del torneo)
Zambia
Botsuana
Namibia
Lesoto
Suazilandia
Zimbawe
Mozambique
Violencia y conflicto político.
Nigeria
Sudán
Somalia
República Democrática del Congo
Zimbawe
*Países con VIH entre el 5 y 15%.
La cultura política
(6 junio 2010).- Téngalo presente
La mafia que se adueñó de México... y el 2012 de Andrés Manuel López Obrador. Editorial Grijalbo. Presentan José Agustín Ortiz Pinchetti, Bernardo Batiz Vázquez, Raquel Sosa, entre otros. Jueves 10, 17:00 horas. Teatro Metropólitan. Independencia 90, Centro. Informes: 4212 4758.
Conferencias
Tráfico de drogas ilegales y seguridad. Luis Astorga, Marina Arvizu y Jorge Hernández Tinajero. Jueves 10, 18:00 horas. Casa de las Humanidades UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán. Informes: 5554 8513 y 5659 8339 ext. 110.
Exposiciones
Expofotoperiodismo 2010. Selección de 227 imágenes de 61 fotorreporteros de medios y agencias nacionales e internacionales, así como 14 fotógrafos independientes. Violencia, inundaciones, influenza, migración, entre otros temas. Martes a domingo, 10:00 a 17:00 horas. Museo Archivo de la Fotografía. Guatemala 34, Centro Histórico. Informes: 2616 7057.
México Mundialista. Muestra compuesta de 142 fotografías de la participación de México en los mundiales, de
Vivamos el Bicentenario. Reproducción de las figuras de los personajes reconocidos de la luchas de Independencia y Revolución. Museo de Cera. Londres 6, Juárez. Informes: 5546 7670.
Libros
2012: la sucesión. De las escenografías criminales a las alianzas turbias de Rafael Loret de Mola. Océano. Fragmentos de conversaciones con algunos de los protagonistas de la política nacional, con la intención de predecir las próximas elecciones presidenciales.
Dios es redondo de Juan Villoro. Planeta. Nueva edición de un libro que analiza al futbol como fenómeno social, a los estadios como catedrales y a los jugadores como apóstoles.
Un asesinato político de Tomás Tenorio Galindo. Grijalbo. Prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa. Investigación sobre el homicidio de Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso de Guerrero, y la trama política que envolvió este asesinato.
Nosotros somos los culpables de Diego Osorno. Grijalbo. Testimonios de los padres de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, en Sonora.
Presentaciones
¿Todos contra el PRI? La construcción de las alianzas en 2010 de Jaime Guerrero Vázquez y Tere Vale. Miguel Ángel Porrúa. Javier Solórzano y Juan Gabriel Valencia. Lunes 7, 19:00 horas. Casa del poeta. Álvaro Obregón 73, Roma. Informes: 5207 9336.
Fragmentos de Frankfurt de Stefan Gandler. Siglo XXI. Julio Boltvinik, Bolívar Echeverría, Federico Álvarez y Jaime Labastida. Martes 8, 18:30 horas. Foro de la librería Siglo XXI. Cerro del Agua 248, Romero de Terreros. Informes: 5658 7999.
Robinson Crusoe ya tiene celular de Liliana Winocur. Siglo XXI. Raúl Trejo Delarbre y Carmen de la Peza. Miércoles 9, 11:00 horas. Auditorio de Talleres UAM Xochimilco. Calzada del Hueso 1100, Villa Quietud. Informes: 5483 7000.
Confluencia XXI. No. 9. ¿Reforma Política? Miguel González Avelar, José Antonio Crespo, Arturo Zárate. Miércoles 9, 19:00 horas. Casa Lamm. Álvaro Obregón 99. Inf: 5525 3938.
Revistas
Nexos. No. 390. Héctor Domínguez Ruvalcaba, Eduardo Guerrero Gutiérrez y Héctor Aguilar Camín escriben sobre la juventud de Ciudad Juárez y el pacto entre pandillas y cárteles.
Voz y Voto. No. 208. Roger Aleph analiza los comicios de Mérida. Lucía Irabién cuestiona la posibililidad de alternancia en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Enrique Carbonell entrevista a los aspirantes a gobernadores en Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, acerca del entorno violento de las elecciones.
Televisión
Discutamos México. Futbol. Juan Villoro, Javier Aguirre, Roberto Gómez Junco, Roberto Zamarripa. Lunes 7, 20:00 horas. Canal 11.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política comuníquese al 5628 7245; correo: enfoque@reforma.com
Josefina, ¿candidata?
Ciberlectores
(6 junio 2010).- Presidenciable autodestapada, Vázquez Mota destacó en el sondeo semanal de Enfoque.
¿Quién ganará las elecciones del 2012?
Vázquez Mota | 34.1% |
Enrique Peña | 29.5 |
Marcelo Ebrard | 10.6 |
López Obrador | 6.1 |
Santiago Creel | 4.3 |
Juan R. de la Fuente | 4.1 |
Manlio F. Beltrones | 3.9 |
Alonso Lujambio | 2.0 |
Beatriz Paredes | 1.2 |
Ernesto Cordero | 1.0 |
Amalia García | 0.3 |
Otro | 2.7 |
No. de opiniones: 586
Nota: Votos recabados entre el domingo 31 de mayo y el jueves 3 de junio, al cierre de esta edición. Ésta no es una encuesta con rigor estadístico, sino un ejercicio en el que los ciberlectores de reforma.com pudieron participar una sola vez.
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REVISTA PROCESO No. 1753
Y Juárez se pasó al otro lado...
Patricia Dávila
Decenas de miles de personas huyen de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, para establecerse en la ciudad vecina, El Paso, Texas. Unos llegan a casas de parientes, otros rentan viviendas y los acaudalados compran grandes residencias y mudan sus restaurantes, bares y antros. Se trata de un éxodo de mexicanos aterrorizados que acabaron por concentrarse en una vasta área que ya es conocida como El Juárez Nuevo.
EL PASO.- Aproximadamente 160 mil mexicanos que han huido de Ciudad Juárez a raíz de la “guerra contra el narco” que emprendió Felipe Calderón, se han establecido sobre todo en dos sectores de El Paso que ya son conocidos como El Juárez Nuevo.
En el oeste de esta zona, que comercial y culturalmente ya es dominada por mexicanos, viven encumbrados empresarios juarenses que, por miedo al secuestro y cansados de pagar “cuotas” al crimen organizado en Juárez, se refugiaron en El Paso, donde no sólo han hecho crecer el sector inmobiliario con la compra de grandes residencias, sino que en sus principales avenidas instalaron lujosos restaurantes, bares y antros.
En contraste, en el oriente se localizan aquellos que, perseguidos o atemorizados, salieron de Juárez arrastrando su pobreza y hoy sobreviven arrimados en viviendas de familiares o amigos.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez, donde se calcula que han sido abandonadas unas 120 mil casas, han quedado también las tumbas de los familiares de los emigrantes que fueron abatidos a balazos por los narcos o por las fuerzas de seguridad luego de que, en 2008, el presidente Calderón dispuso que unos 7 mil militares y alrededor de 2 mil policías federales se trasladaran a esta zona fronteriza para librar la lucha contra el narcotráfico.
Se prevé que la mayoría de esas tumbas no serán visitadas ni el próximo Día de Muertos.
–¿Cómo evalúa el éxodo de juarenses que abandonaron su ciudad orillados por la violencia? –se consulta al regidor Steve Ortega, representante del Distrito 7 de El Paso.
–Siendo realistas, existen aspectos negativos, porque en algunas partes del mundo hay personas que piensan que El Paso es tan violento como Juárez, aunque en realidad es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos.
“Pero también hay aspectos positivos: se han establecido restaurantes, bares y antros, junto con una gran diversidad de negocios; muchos están comprando departamentos o casas, mientras que otros están rentando. Y por la noche hay más gente, porque en Juárez los jóvenes ya no salen a divertirse: prefieren venir a El Paso.”
En efecto, aquí pueden verse ahora negocios y restaurantes como María Chuchena, Burritos Crisóstomo, Roma, Garufa, Trevi, Chihuas, Aroma y Chamucos, que se mudaron porque en Juárez eran obligados a pagar cuotas a los narcos, porque a los establecimientos entraban a ejecutar a clientes o porque los propietarios de los mismos eran amenazados o secuestrados.
E inclusive uno de ellos, el restaurante Aroma, propiedad de Oswaldo Kuckle, fue incendiado el 15 de junio de 2008 por un grupo de sicarios, al parecer del cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo. Ese hecho se atribuyó a que cinco días atrás corrió el rumor de que Joaquín El Chapo Guzmán Loera, dirigente del cártel de Sinaloa, había acudido a comer al lugar acompañado de 100 escoltas.
Después del incendio apareció una narcomanta en la que El Chapo advertía a Carrillo que ni quemando negocios le ganará la guerra en la frontera.
Actualmente, Aroma opera en la avenida Mesa de El Paso, al igual que Garufa y Tortas Mexicanas. Como antes estos restaurantes daban servicio en la avenida Tomás Fernández de Juárez, quienes ahora los visitan en la ciudad estadunidense dicen que esa vía es “la Tomás Fernández de El Juárez Nuevo”.
Aunque algunos propietarios de restaurantes paseños, como Arclouino’s y Desert Crossing, se han quejado ante el regidor Steve Ortega de que su clientela disminuyó por los nuevos restaurantes mexicanos, el regidor Beto O’Rourke, representante del Distrito 8, señala que en El Paso algunos consideran buena la invasión de juarenses porque están comprando casas, desarrollando negocios y, por lo tanto, contribuyendo al crecimiento de la economía local.
Según datos de O’Rourke, cada año los juarenses gastan en El Paso 1.4 millones de dólares; 60 mil mexicanos que habitan la ciudad ya son residentes de Estados Unidos, y se calcula que unos 30 mil empleos de maquiladoras establecidas aquí dependen de lo producido por las que operan en Juárez.
Consultado acerca de la saturación de los servicios, como el Hospital General y las escuelas, O’Rourke comenta:
“Sólo sé que el hospital público ha gastado 1 millón de dólares en atender a los juarenses afectados por la violencia y que a todos debemos darles asilo y servicios públicos. En 2008, algunos pensaron que aquí se reproduciría la violencia e inclusive la policía compró más armas para enfrentar los problemas, pero no pasó nada.
No obstante, hoy día Texas se prepara para recibir a marines que el presidente Obama ordenó enviar con la misión de blindar la frontera contra los narcos mexicanos.
–¿Los juarenses están aquí legalmente?
–Desconozco cuántos migrantes entraron a consecuencia de la violencia, pero sólo en 2008 ingresaron 30 mil. Sé que se han detectado los siguientes tipos de juarenses: los que llegaron con papeles y dinero para establecerse legalmente, que abrieren negocios y compraron casas; los que se trajeron a la familia pero carecen de papeles y de dinero para adquirir una vivienda, y aquellos que, también sin recursos, dejaron en Juárez a parte de su familia porque no todos tienen visa.
Aulas portátiles
Quien tiene claro que los exiliados de la guerra contra el narco alcanzan las 160 mil personas es Juan Uribe, uno de los agentes de bienes raíces de mayor prestigio en esta ciudad.
“Hace tres años –dice–, muchos estadunidenses invertían su dinero en construir vivienda por todo el país. Sin embargo, en 2008, con la gran recesión, el exceso de inmuebles ocasionó la caída de los precios y se frenaron los créditos, bajaron los salarios y se acrecentó el desempleo. Ello obligó a un buen sector de la población a regresar sus casas al banco. Y mientras el problema se agudizaba en ciudades como Las Vegas, Phoenix o Michigan, en El Paso la actividad inmobiliaria estaba en auge gracias a que los juarenses, en su afán por huir de la violencia, compraban vivienda de manera desmedida.”
Desde 2008, en promedio, Juan Uribe registra una venta mensual de 20 casas y renta 54 locales comerciales a juarenses que abrieron pequeños negocios, como salones de belleza, fondas o restaurantes. Calcula que unos 30 restaurantes de “abolengo” en Juárez ya se instalaron en El Paso.
Datos de la Asociación de Bienes Raíces indican que desde 2008 se han realizado, mediante este organismo, 10 mil 318 operaciones de compraventa de casas nuevas y usadas. Además, se estima que 10 mil transacciones han sido efectuadas directamente y, en consecuencia, no están registradas por la asociación.
Asimismo, a partir del mismo año, se han rentado unas 20 mil viviendas a familias mexicanas, en tanto que un número no determinado de juarenses pobres llegaron a El Paso pidiendo albergue a algún pariente.
A quienes arriban en busca de casa sin haber tramitado su residencia, Juan Uribe les dice “que pueden comprar, pero eso no los hace residentes. Aun así, prefieren comprar antes que regresar a Juárez. Estoy hablando de grandes empresarios, de comerciantes medianos, de doctores, de chatarreros y de trabajadores de la maquila. Todos pueden comprar si garantizan que ganan tres veces los pagos mensuales que se establecen para cada vivienda”.
Comenta que en el estado de Texas hay unas 200 constructoras juarenses que “funcionan con una serie de irregularidades. Incluso han quedado mal y hacen trato con todo tipo de compradores. Yo atiendo a pura gente decente. Nada irregular ni nada en efectivo. Si son narcos, no hago trato con ellos. Aquí todas las operaciones pasan por la notaría, y en cuanto se detecta que hay dinero raro, se revisa su procedencia”.
–¿Entonces, algunos narcotraficantes han requerido de sus servicios?
–Hay quien llega y me dice: “Mire, señor, traigo una lanita en efectivo…”. A ellos ya no los recibo ni les contesto el teléfono.
Frente a la oficina de Juan Uribe, ubicada en el sector Oeste, en las calles Westwind y Belvidere, se encuentra la escuela primaria Polk, que refleja el impacto causado por la invasión de juarenses:
De
Y es que, dice Uribe, “sigue creciendo el número de inmigrantes juarenses. Y de los que estamos aquí, creo que no hay uno solo que no haya perdido a un ser querido, amigo o conocido en Juárez”.
“Una ciudad muerta”
Sofía, secretaria de una empresa juarense establecida en El Paso, narra:
“Toda la familia nos vinimos a vivir a El Paso. Dejamos casa y muebles. Desde entonces intento vender la vivienda de mi madre; ya me fui al precio más bajo y nadie la compra. Los domingos tengo que ir a darle vida: regar árboles, barrer y limpiar. Voy con una bolsita al cuello, el mínimo de dinero y una identificación.
“Antes caminábamos en la madrugada por el parque Borunda o las principales avenidas. Los antros eran pan comido para los jóvenes. Ahora Juárez es una ciudad muerta. Es una zona de guerra”, lamenta.
Estas expresiones se acentúan del lado oriente, donde viven los juarenses más pobres. Son las colonias San Ysidro, Socorro y San Elizario, colindantes con la zona por donde las organizaciones de narcotraficantes pasan la droga a Estados Unidos.
Isela es una joven señora que el año pasado llegó a El Paso y que, junto con sus dos hijos, se refugió en casa de su mamá, una mexicana con ciudadanía estadunidense. Isela y sus hijos huyeron de la “muerte” en Juárez; cruzaron el Puente Internacional Paso del Norte con visa de turista, y no piensan regresar. El esposo de Isela no puede ingresar porque no tiene papeles. Él se quedó a trabajar en Juárez y ahora es quien manda dinero para la manutención de su esposa e hijos.
Un ama de casa juarense, hoy ciudadana estadunidense, que vive en San Elizario, comenta: “Antes íbamos a Juárez a las consultas médicas, o los domingos a comprar mandado porque allá es más barato. Ahora sólo hablamos por teléfono a nuestras familias para ver cómo están, y siempre que nos comunicamos me dicen que acaban de matar a alguien”.
Muy cerca de ella radica José Rodríguez, don Pepe, quien en la zona es conocido por su lucha en defensa de los migrantes. Su casa queda a dos cuadras de la línea fronteriza: “Por aquí era frecuente el paso de la droga. Los indocumentados la metían por necesidad y nunca nos molestaban; sólo oíamos ladrar a los perros; por eso nos oponíamos a que se levantara el muro fronterizo, pero a partir de que empezó la guerra contra el narco, gracias a la malla nos sentimos más seguros”.
Otro caso es el de Rosario, una joven de 27 años que, a pesar de no poseer una gran fortuna, fue secuestrada en octubre del año pasado. Su papá acababa de morir y le dejó lo poco que tenía ahorrado. Para liberarla, sus raptores la llevaron al banco a retirar el dinero. En cuanto recuperó su libertad, huyó a El Paso. Aquí vive sola y en la pobreza. Además es ilegal.
Hacia el este, los pequeños negocios mexicanos no sólo sobrepasan numéricamente a los establecimientos paseños, sino que los desplazan. Todos venden comida mexicana. Son un éxito.
Por ejemplo, sobre la calle Socorro, en Plaza Flores, se encuentra un Burger King rodeado por restaurantes como La Choza del Nopal, Tortas y Menudos, Burritos Cázares, un local de tamales y otro de piñatas.
Las casas son de adobe o piedra, con enrejados, puertas y ventanas de madera. Lucen barrotes de madera tallada. En el patio delantero de algunas viviendas se alcanzan a ver hornos de barro para pan.
Siguiendo la ruta sobre Socorro, al cruzar avenida Las Américas, se encuentra un restaurante de comida mexicana y elotes; después, pasando Salamanca, están El Gran Mesón, una carnicería y la Casa de la Pesca; a un lado, la pastelería Gamboa, un taller de alineación y Tacos Don Cuco –de tripitas, buche y barbacoa–, que también expende frijoles de la olla.
Es El Juárez Nuevo.
De acuerdo con un estudio de El Colegio de la Frontera Norte, en Ciudad Juárez existen 116 mil viviendas vacías, 25% del fondo habitacional de la ciudad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se han perdido 200 mil empleos. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) asegura que han cerrado 8 mil 300 negocios de todos los giros. La Asociación de Maquiladoras señala que cerca de mil millones de dólares no se invirtieron aquí debido a la violencia. El Departamento de Bomberos ha establecido que, de
En la zona conocida como el Pronaf funcionaban restaurantes, bares y antros que fueron quemados por el narco. Los más de 6 mil ejecutados han dejado desolación y miedo en la ciudad más violenta del mundo. Las calles están solas, las viviendas sin luz.
En contraste, a la avenida Mesa y a la zona centro de El Paso (entre las calles San Francisco y Anthony) llegan cientos de jóvenes juarenses y paseños en busca de diversión a bares y antros como Manhattan, La Cantina, Lepre Chaun, Plum, La Barrita, Estrago y Nova Luna.
El Manhattan es el único con música en vivo. Tocan aquí grupos juarenses. Esta noche, viernes a las 20:00 horas, ameniza la Sonora Escándalo.
La vida en El Juárez Nuevo, apenas comienza.
Cien días de inopia federal
Marcela Turati
El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, concluye su labor el próximo viernes 11, pero antes visitó por cuarta vez uno de los estados más azotados por la violencia del crimen organizado, de las fuerzas armadas y aun de los poderes económico y político. En Ciudad Juárez y en Creel le expusieron sus casos los familiares de asesinados, secuestrados y desaparecidos, lo que demostró el fracaso total de la nueva estrategia de Calderón, anunciada hace más de 100 días con grotescas fanfarrias.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Tras escuchar el diagnóstico de los juarenses sobre la situación de la ciudad, 100 días después del estreno de la nueva estrategia federal, Alberto Brunori, el enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), soltó un comentario desolado: “Lo que más me impresiona es que pensé que por lo menos alguien me diría que en estos 100 días hay una cosa que ha cambiado, y nadie me ha dicho eso, lo cual es dramático y duele”.
El funcionario italiano, que representa en México a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), tenía enfrente a ciudadanos que encarnan la pesadilla que vive la ciudad: la mamá que busca a la hija desaparecida al salir de la universidad; la familia que desconoce el paradero de tres primos (dos mujeres y un hombre) detenidos por el Ejército; el visitador de derechos humanos amenazado y exiliado en Texas; la mamá que entregó a la justicia al asesino de su hija, a quien los jueces liberaron; la defensora de los derechos humanos a quien le mataron a la colega con la que investigaba las violaciones de policías y militares; la académica que lleva la suma de los nuevos feminicidios o los activistas que reciben denuncias contra los policías federales y atienden a las víctimas de la imparable violencia.
Del 30 de mayo al 1 de junio fue la cuarta visita de Brunori a Chihuahua, el estado al que más acudió durante el año y medio al frente de la Oacnudh, y puso especial interés en Juárez, la ciudad que desde 2008 está sumida en un torbellino de asesinatos, con un promedio de siete por día y una suma de 5 mil 700 en los dos años de intervención federal.
Aunque el presidente Felipe Calderón anunció el 17 de febrero, a raíz de la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, un nuevo plan para Juárez que consistía, entre otras medidas, en retirar al Ejército (que no frenó la violencia y acumuló quejas en su contra) para sustituirlo por la Policía Federal (PF), la situación no mejoró.
“Los soldados ya no están patrullando como antes y la Policía Federal se está llevando ahorita el mayor número de denuncias”, expuso a Brunori la activista Cipriana Jurado. “Antes con el Ejército, y ahora con la PF, siguen los casos de hostigamiento, acoso sexual, robos, asesinatos, extorsiones telefónicas”, dijo la activista Cecilia Vizcaíno. “Es repetitiva la detención de personas a las que culpan de participar con el crimen organizado sin el menor indicio (…); en su tiempo era el Ejército, ahora es la Policía Federal”, corroboró Elizabeth Flores, de la Pastoral Obrera.
Las notas periodísticas de los medios locales documentan esta situación, como lo muestran algunos titulares: “Provocan abusos de federales cierre de negocios”; “Lanza exhorto regidor a ciudadanos para vigilar que federales no les ‘siembren’ droga”; “Reciben federales mordidas de hasta 8 mil pesos: regidores”; “Hay más quejas de abusos de PF que avances: diputados”; “Caen 12 federales; extorsionaban y hasta saqueaban viviendas”; “Federales levantan a menor”; “Pese a operativo, van homicidios a la alza”; “Encañonan federales a menor discapacitado y a adolescente”; “Sólo 5% de juarenses se siente seguro con la Federal”; “CEDH: regresaron los abusos y la corrupción”; “Federales le roban sus ahorros de 30 años de trabajo”; “Plan anticrimen acentuó la inseguridad”.
Al escuchar la queja reiterada de quienes asistieron al encuentro con él en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Brunori comentó, sorprendido: “La oficina siempre ha insistido en que la policía tiene que llevar a cabo esta tarea de recuperar el espacio, porque el Ejército no está entrenado para esto, pero hoy me están diciendo que aunque ha cambiado el actor (la PF en vez del Ejército) el paradigma no cambia. Eso sí me preocupa porque entonces siento que estamos frente a una situación en la que no ha habido avances, entonces la oficina tendrá que hacer una reconsideración sobre cómo abordar esta temática y plantearla a las autoridades (…). Aquí hay un problema, y serio”.
Violencia que duele
Brunori se despidió de los activistas y los ciudadanos víctimas de la violencia, quienes por los obstáculos que han enfrentado para obtener justicia se asumen ya como defensores de los derechos humanos. Después de agradecerles su confianza, anunció que el 11 de junio concluirá su encargo en México y se irá a Guatemala.
Antes de tomar un avión al Distrito Federal, el politólogo italiano compartió con Proceso sus impresiones de su última visita a Chihuahua, un estado que lo sorprendió desde su primera visita:
“La situación de violencia, de inseguridad, no me la esperaba así como la encontré. Una de las primeras visitas que hice a las entidades federativas fue justamente a Chihuahua. Yo pensaba venir a hablar del derecho al agua, de migración, y cuando empezó la reunión todo el tema fue inseguridad. Eso me ha tocado bastante”, dice.
En el Colef escuchó testimonios de desapariciones, inseguridad, abusos de autoridad y el veto del gobierno federal a la participación de los defensores de derechos humanos en el plan de reconstrucción de la ciudad, aunque prevalecieron las denuncias sobre desapariciones de mujeres. En los tres últimos años 300 de ellas han desaparecido, le informaron.
Una persona expuso que el 29 de diciembre de 2009 sus familiares Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado fueron detenidos por soldados y desaparecidos en Buenaventura, y comentó: “Seguimos igual que hace cinco meses, desde que se los llevó el Ejército. El caso subió a la Corte Interamericana y aún así no hay respuesta. El gobierno federal y el estatal lo único que hacen es pelearse para ver quién lleva el caso, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Ninguna autoridad ha querido citar al Ejército aunque hemos señalado como responsables al capitán Luján, al general Loma y ya el mayor Manuel Gutiérrez aceptó que ellos sí fueron los que se los llevaron”.
Marisela Escobedo, mamá de Rubí Marisol Fraire, una joven desaparecida y asesinada, narró: “Me tuve que ir a vivir al Departamento de Personas Ausentes para que la procuraduría me hiciera caso. Hice la investigación, recabé datos. Contra lo que siempre ocurre, logré comprobar quién es el asesino, pero los jueces lo dejaron en libertad y nos devastaron, nos aniquilaron. Ahora vivimos con miedo”.
Enseguida una mujer sacó un cartel en el que se veía la foto de una joven acompañada de sus señas particulares. Dijo: “Soy la mamá de Mónica Yaneth Alanís, es estudiante de la UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez). Salió el 26 de marzo de
El italiano escuchó el rosario de denuncias. En su turno, aseguró que la Oacnudh le dará seguimiento a los casos y verá la manera de presionar a las autoridades para que los resuelvan.
Al salir del encuentro comentó a Proceso que estaba impactado: “La niña desaparecida... Eso es tremendo, duele. Hubo un momento en que se habló mucho de feminicidios en Juárez, de lo que ya se hablaba muy poco, pero escuché que hay un número muy elevado en tres años y que desapareció todo lo que aparentemente se había ganado, como las patrullas que auxiliaban a las mujeres en el centro. Veo que el problema no está resuelto, los casos siguen en la impunidad y las mujeres siguen sin aparecer. Me preocupa y me molesta que haya vuelto a surgir el tema de las mujeres”.
Crímenes y abusos en la sierra
El 30 de mayo, un día antes de su recorrido por Juárez, el diplomático estuvo en el pueblo de Creel, puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, donde se reunió con los familiares de los 13 masacrados el 16 de agosto de 2008 (la mayoría preparatorianos y un bebé) y el sacerdote Javier Ávila, quien los ha acompañado en su exigencia de justicia.
Ahí escuchó denuncias sobre la impunidad que prevalece y la inacción de la procuraduría estatal, así como testimonios de la humillación, el miedo y la desesperanza que sienten:
“Nos callaron la boca matando al papá de Daniel Parra, que estuvo investigando quiénes eran los asesinos”… “Nosotros investigamos y le dimos al gobierno los nombres, direcciones y teléfonos de los asesinos, pero no los atraparon, y al que atraparon lo soltaron”… “Si no gritamos, no nos enteramos cómo va la investigación, en la procuraduría no nos contestan las llamadas”… “Nunca nos entregaron la lista de policías que dejaron solo al pueblo para que entraran los sicarios”… “El gobernador nos dijo que tenía un interés especial por el caso y que por eso no lo iba a pasar a la PGR, pero no ha atrapado a ninguno de los sicarios”.
La señora Bertha Galdeán dijo, entristecida, que aunque sus hijos fueron masacrados, al igual que los 15 estudiantes juarenses de Villas de Salvárcar, el presidente no les hizo caso a sus hijos porque para él “valen menos sólo por ser de la sierra”.
La gente de Creel se dijo humillada porque la procuradora dijo que la masacre se debió a un ajuste de cuenta entre narcos. Brunori no pudo reprimir una crítica: “Uno se pregunta: si nadie investiga, ¿cómo pueden decir que eran delincuentes?”.
El siguiente encuentro de Alberto Brunori fue con indígenas rarámuris y representantes de organizaciones de derechos humanos, quienes expusieron casos en los cuales empresarios, caciques y políticos los quieren despojar de sus bosques, como una pequeña muestra de la presión a la que viven sometidos.
Así, el enviado de la ONU se enteró de la explotación en el ejido de San Rafael, la amenaza de despojo por el teleférico en las Barrancas del Cobre, el proyecto turístico de influyentes políticos que tienen la mirada sobre Nohuétaro, el asesinato del abogado Ernesto Rábago por defender los derechos agrarios de las comunidades Bakeachi y Wuawuachérare, la carretera que pretenden pasar por Norogachi y la represa que les quitará el agua. Escuchó:
“Onorúame, nuestro dios, y nuestros antepasados, nos enseñaron a cuidar la tierra y no sabemos comerciar con ella”, “los rarámuris no se benefician de los proyectos, se quedan en las manos de los mestizos”, “nuestro pueblo es pacífico, pero he escuchado que algunos dicen que de aquí sólo nos sacan muertos”, “la ley sólo beneficia a los chabochis (mestizos)”, “no estamos en contra del desarrollo pero queremos que nos pregunten cómo queremos el desarrollo.”
Al final, Brunori se dijo preocupado porque la violencia le ha restado visibilidad a temas tan importantes como el derecho de los pueblos al territorio, a los recursos naturales y a decidir su destino. Anunció que su oficina elabora un documento para posicionar el tema sobre el derecho de los pueblos indios a ser consultados.
Durante el año y medio que pasó en México, Brunori insistió en que combatir la inseguridad con el Ejército debía ser una solución temporal, y abogó por sustituirlo paulatinamente por la policía, por estar más capacitada para actuar sin violar los derechos humanos. Antes de abordar el avión al Distrito Federal se dijo perplejo por las quejas que recibió contra la PF y comentó que buscaría a las autoridades para pedirles su versión, a fin de formarse una idea clara de lo que ocurre en Juárez.
El funcionario de la ONU llevaba en su maleta una placa de reconocimiento que recibió un día antes en Creel, de manos de los defensores de los derechos humanos en Chihuahua, estado en que la violencia extrema unió a barzonistas, sindicalistas, abogados, médicos, ecologistas, universitarios, indigenistas, feministas, artistas y víctimas para defenderse y proveer a los demás bajo una causa universal.
Al momento de la entrega, la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Lucha Castro, expresó: “Este reconocimiento es por acompañarnos a los defensores de derechos humanos como ningún otro comisionado lo ha hecho. Hizo un informe de lo que vivimos, eso originó la creación de esta red de defensores de derechos humanos en el estado”.
Conmovido, Brunori lloró. Dijo que la ONU está pendiente de Chihuahua y presentó a su acompañante, Christopher Guarnotta, quien será el visitador para todo el norte del país. Se retrató con los activistas, con las familias de los masacrados y con los rarámuris llegados de toda la sierra para confiarle sus preocupaciones.
Al recibir la placa dijo: “Me conmueve ahora México, que ha sido una enseñanza tremenda (...). Le tengo un particular cariño a Chihuahua, hemos venido cuatro veces porque nos preocupa la situación del estado, las historias que escuchamos hoy duelen, hacen daño, comprometen”.
Diagnóstico: un Estado débil
Marcela Turati
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Al concluir su misión como representante en México de la Oacnudh, Alberto Brunori hizo un balance de su estancia en el país, donde, dice, encontró impunidad generalizada porque las procuradurías de justicia son “cuellos de botella”, regiones en las que el Estado es débil, defensores de derechos humanos y periodistas desprotegidos, y una sociedad civil que se está fortaleciendo.
Tras año y medio al frente de esa oficina de la ONU en el país, el politólogo italiano comparte con Proceso sus observaciones sobre la situación mexicana:
“Pensaba encontrar un Estado fuerte, donde la institución ha estado presente, y me sorprendió mucho descubrir cómo algunas entidades federativas tienen situaciones muy diferentes a las que uno se puede imaginar de México en su conjunto, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua. Es decir, estados donde hay una conflictividad elevada y con problemas en las entidades federativas, más que en el nivel federal (…).
“Es posible encontrar una democracia que todavía no se ha consolidado, no se ha cumplido; un caciquismo local de poderes como, se dice, sucedió en San Juan Copala, donde aparentemente grupos armados circulan libremente en el territorio, y todos saben quiénes son pero nadie hace nada. Pareciera que no hay suficiente control del Estado. También me preocupan Durango y Tamaulipas, y en alguna medida Michoacán, por la situación de seguridad y de los periodistas.”
Encontró una constante nacional: la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y los periodistas, pues de 128 casos de agresiones, amenazas o asesinatos contra el gremio que documentó su oficina, un 98% se mantienen impunes.
En sus viajes por México se entrevistó con víctimas de violaciones a sus derechos humanos: “Veo en común la impunidad, como en los casos de Acteal, Creel y de los defensores de Guerrero. La impunidad es transversal: veo en todos frustración y que no siempre encuentran respuesta en las autoridades, particularmente en las de procuración de justicia. Se ve como que las puertas se cerraran y eso hace que las familias se la pasen dando vueltas (…). Los familiares entran a este vals entre autoridades federales y estatales de procuración de justicia, van de un lado a otro porque no se sabe nunca de quién es la competencia y eso contribuye a la impunidad. Al final te cansas, pierdes la esperanza de conseguir justicia”.
El politólogo considera que la reforma al sistema penal en sí misma no garantiza que se acabe con la impunidad, si se mantienen la corrupción y las complicidades: “Puedes cambiar mil veces el sistema penal, pero no termina con la impunidad y eso es lo que a mí me asusta”.
Visita a la tropa
El estilo de Brunori al frente de la Oacnudh fue palpar los problemas sobre el terreno, hablar con los protagonistas y entrevistarse con las autoridades responsables de atenderlos. Una persona cercana a él comentó a esta reportera que su retiro se debía a presiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que le molestó una inspección que hizo de las condiciones de los soldados que actuaron en Juárez dentro de la Operación Conjunta Chihuahua.
Brunori niega esta versión. Explica que el cargo era temporal (llegó como reemplazo de Amérigo Incalcaterra) y las estrictas reglas de la ONU determinan que no puede permanecer más de 18 meses en él. Su siguiente misión será en Guatemala, país al que le ha dedicado 10 años de su vida y de donde su esposa es originaria. “Mi relación con la Sedena ha sido institucional, y mi salida, reitero, se debe a una situación más interna, aunque entiendo que es difícil comprenderla”.
Afirma que en su visita de enero pasado a Juárez pidió que le permitieran ver las condiciones en las que viven los soldados para entender cómo se organizan para la lucha anticrimen, pero no tuvo tiempo para realizarla.
“Vi el cuartel, pero no vi dónde están acuartelados. Entiendo que están en exmaquilas, en condiciones que yo no he visto pero, me cuentan, son infrahumanas. (Quería) imaginar qué implica estar bajo esos calores para gente de Oaxaca, de Guerrero, de todos lados, y qué implican esas condiciones a la hora de operar”, dice.
Considera que el Estado mexicano tiene el reto de acelerar el fortalecimiento de la policía porque la participación del Ejército en tareas de seguridad pública debe ser temporal, ya que su entrenamiento no fue para estar en la calle.
La Oacnudh pretende colaborar con la PF y la Sedena para incorporar una perspectiva de derechos humanos a sus programas, hacer recomendaciones que permitan mejorar su actuación y abrir canales que les permitan hablar sobre los casos que le preocupan a la oficina.
Defensores de los derechos humanos, consultados por Proceso, señalaron que Brunori tuvo menos exposición a los medios de comunicación que su antecesor (Incalcaterra criticaba duramente la militarización y fue removido por presiones), pero con su estilo conciliador logró contactos de alto nivel con el gobierno mexicano: fue recibido varias veces por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y entabló una relación con el Ejército.
Al preguntarle su opinión sobre la lucha antinarco del gobierno federal, señala que le gustaría ver un enfoque de derechos humanos más presente en toda la política de seguridad, y a los defensores más protegidos, además tendría que eliminarse la figura jurídica del arraigo y replantear el tema de justicia militar.
Señaló que, si bien en algunas entidades el crimen organizado es causante de la violencia, el Estado tiene el deber de defender la vida de sus ciudadanos y procurar justicia para todos:
“Aunque la víctima resultara narcotraficante, no por eso se tiene que dejar de investigar, porque se viola el derecho a la verdad. Además, la presunción de inocencia siempre vale, no se puede uno fácilmente lavar las manos diciendo que era un narco. En algunos casos tendrán elementos cuando lo dicen, pero en buena parte de los casos parece que no son investigados.”
–Las autoridades han dicho que de los 22 mil asesinados, presume que 90% eran narcos. ¿Qué opina de esto?
–Eso genera una cultura de violencia, se mueren y fácilmente se piensa que está bien que se hayan matado entre sí, porque así quedamos libres de ellos. Así no se resuelve el problema en ninguna parte del mundo (…). Tiene que haber una investigación completa de todos los casos para deslindar quién era (narco), quién no, y quien sí lo fuera no necesariamente se merecía morir así. Tampoco me parece admisible que se lleven vidas de inocentes.
Preocupación
Brunori tiene 44 años, cursó la carrera de Ciencias Políticas en Pisa y Maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Desde 1997 trabaja en la ONU: en el Alto Comisionado para los Refugiados en México y en Panamá, en la Misión de Verificación en Guatemala, en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en ese mismo país y en una Misión de Asistencia en Afganistán.
Quizás la iniciativa más importante que concretó en México es el mecanismo de protección para defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas, que el Estado se comprometió a asumir y se construye con la participación de organizaciones sociales. Entre otras medidas, plantea hacer campañas sobre la importante labor de los defensores y los periodistas, establecer mecanismos para atender a los amenazados e investigar de manera especial las agresiones contra ellos.
“Si tenemos redes de defensores de derechos humanos reconocidos, protegidos para hacer su trabajo, quienes tienen un mecanismo que eventualmente les otorga medida cautelar y lo necesario, se puede romper la brecha de la impunidad, de eso estoy convencido (…). Si no le apostamos a los defensores de derechos humanos estamos fritos”, sostiene Brunori.
De su recorrido por México, se lleva varias imágenes: “Por la emotividad puedo citar Acteal, los familiares de los dos defensores (encarcelados) en Guerrero. Recuerdo cuando estuvimos sentados en un patio, conversando sobre lo que había pasado, o la señora que vi hoy, que habló del su niña desaparecida y se ve completamente desprotegida. Las familias de la masacre de Creel, donde no se termina de detener a los responsables. Pero cada tragedia duele”.
En general, dijo que encontró buena recepción a nivel federal, donde retomaron su propuesta de las medidas de protección para defensores, y en algunas entidades federativas. En otras, como Guerrero o Chiapas, le fue difícil llegar a acuerdos para defender a los defensores.
También percibió que la sociedad civil tiene escasos espacios de diálogo con las instituciones estatales y federales. “Se les cierran las puertas a los pueblos indígenas, a las víctimas, y no saben a quién recurrir”. Y llamó su atención que los derechos de los indígenas “parece que no están en la agenda nacional”, particularmente el derecho a ser consultados, la propiedad del territorio, el acceso a los recursos naturales, como vio en Chihuahua, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Se interesó por el feminicidio y la reparación de daños, así como por los derechos sexuales reproductivos, tema en el que halló fuertes resistencias, contrarias a los estándares internacionales. Su última visita será a Quintana Roo, donde indagará el caso de una niña de 10 años que fue violada y no tuvo acceso a los servicios de salud.
–¿Con qué sensación se va de México? ¿Preocupado?
–Con esperanza de que se pueden hacer varias cosas a partir de la mejor protección del defensor y de los periodistas, que son pilar del Estado democrático. Le invierto mucho a esa esperanza. ¿Que me voy preocupado? Sí, por supuesto. l
El narcodinero, puntal de la banca estadunidense
J. Jesús Esquivel
Analistas de Wall Street sostienen que, aun cuando emprendió una investigación para controlar el lavado de dinero en los bancos de su país e impuso multas millonarias a los corporativos Wells Fargo y American Express, el gobierno de Barack Obama no cuenta con la capacidad para detener el problema, que entre 1996 y 2007, por ejemplo, dejó ganancias a los cárteles mexicanos estimadas en 420 mil millones de dólares. Kieran Beer, integrante de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, dice a Proceso: “A ningún gobierno le conviene arruinar a la banca privada, menos aún al de Estados Unidos”.
WASHINGTON.- Ante la magnitud del lavado de dinero en Estados Unidos procedente de la venta de narcóticos y el envío de las ganancias a México, algunos bancos han optado por violar el sigilo de las regulaciones financieras o pagar multas antes que perder las multimillonarias ganancias que obtienen de “la empresa del narcotráfico”, concluyen especialistas de Wall Street.
“Mientras sigan la demanda y el consumo de drogas en Estados Unidos, habrá lavado y envío de dinero a México”, dice Kieran Beer desde su oficina en la ciudad de Nueva York, en entrevista telefónica con Proceso.
Beer, analista financiero de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (Acams, por sus siglas en inglés), que brinda asesoría y capacitación profesional a instituciones financieras, comercios y organizaciones en el ámbito internacional, expone: “No existen cálculos precisos sobre los montos de dinero que entran a México procedentes de la venta de drogas en Estados Unidos: ¿30 mil, 40 mil o 50 mil millones de dólares al año? Nadie sabe, puede ser más”.
Debido a ello, los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos empezaron a idear nuevos mecanismos en el sistema financiero y bancario para evitar que los narcotraficantes mexicanos sigan llevándose a su país los miles de millones de dólares que obtienen por la venta de drogas. Sin embargo, los especialistas en lavado de dinero de Wall Street dudan que mediante esos rigurosos proyectos de supervisión bancaria se detenga el flujo cotidiano de “narcodólares” del norte hacia el sur.
“Es una tarea infinitamente difícil de hacer porque el sistema financiero y bancario (nacional) tiene muchos huecos, que son aprovechados por el crimen organizado para lavar dinero: además, el gobierno federal sabe que si actúa con mano dura contra los bancos por lavar ‘narcodólares’, puede provocar una crisis financiera mundial”, admite una exfuncionaria, quien trabajó en el Departamento del Tesoro durante la administración de Bill Clinton y accedió a la entrevista bajo la condición de que no se revelara su identidad.
El gobierno de Barack Obama investiga ya a la banca por medio de la Red de Aplicación de Medidas para Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, y de la Oficina del Contralor Monetario (OCC) del Departamento de Justicia.
El 17 de marzo último el gobierno federal multó con 160 millones de dólares a Wells Fargo and Company, empresa financiera del Banco Wachovia, por lavado de dinero procedente del narcotráfico y por sus presuntos vínculos con casas de cambio mexicanas, de acuerdo con los documentos oficiales de la investigación que Acams facilitó a Proceso.
“El Banco no realizó un escrutinio riguroso ni efectivo sobre transacciones por más de 420 mil millones de dólares que hicieron compañías mexicanas entre 1996 y
Los documentos señalan también que fue en mayo de 2007 cuando el gobierno detectó el problema de lavado de dinero en Wells Fargo and Company.
“Se confiscaron y congelaron transacciones por 11 millones de dólares a la firma mexicana Casa de Cambio Puebla, acusada de complicidad con el cártel del Pacífico, para la compra de dos aeronaves que fueron utilizadas para el transporte de cocaína”, indica el escrito del Departamento del Tesoro.
Sobre ese punto, el Departamento de Justicia agrega que ambos aviones fueron comprados con dinero que se giró de Estados Unidos a México por medio de Casa de Cambio Puebla, y que en ellos se transportaron más de mil toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Pactos con los bancos
En marzo pasado, luego del pago de los 160 millones de dólares de multa, el gobierno federal determinó retirar los cargos criminales a Wells Fargo and Company, que se comprometió a realizar “un escrutinio más riguroso en sus relaciones financieras con casas de cambio mexicanas”, según los documentos de la investigación.
En el desglose de los 420 mil millones de dólares que Wachovia presuntamente evitó revisar en sus transacciones, destaca que las transferencias electrónicas efectuadas desde casas de cambio mexicanas a cuentas bancarias de Wachovia ascendieron a 373 mil millones de dólares.
Además, otros 51 mil millones de dólares llegaron a Estados Unidos procedentes de su vecino del sur y se colocaron en bancos como “depósitos de servicios remotos”, anota la investigación.
Otra de las instituciones financieras acusadas de ignorar señales de lavado de dinero fue American Express Company. En agosto de 2007, la firma pagó una multa por 65 millones de dólares luego de que agentes encubiertos del Departamento de Justicia (quienes se hicieron pasar por lavadores de dinero del narcotráfico) depositaron dinero procedente de la venta de drogas.
Al mes siguiente, Union Bank of California también tuvo que pagar 21.6 millones de dólares al Departamento del Tesoro para eliminar los cargos de violación a las leyes contra lavado de dinero en su relación con varias casas de cambio de México.
Beer subraya que, aun cuando el gobierno federal está comprometido a combatir el lavado de dinero en Estados Unidos, “no cuenta con la capacidad para detener el problema”. Además, dice, “las regulaciones de la banca nacional e internacional son laxas y permiten el encubrimiento de transacciones ilegales; a ningún gobierno le conviene arruinar a la banca privada, menos al de Estados Unidos”.
También comenta que en el país uno de los instrumentos más comunes en el encubrimiento de lavado de dinero procedente del narcotráfico es el secreto bancario.
El Acta del Secreto Bancario obliga a todas las instituciones financieras de Estados Unidos a reportar cualquier transacción de dinero en efectivo superior a los 5 mil dólares, sobre todo si los depósitos se hacen por medio de un intermediario, como las casas de cambio de México, de Colombia y de otros países latinoamericanos.
Sin embargo, organizaciones especializadas, como Acams, sostienen que los cárteles del narcotráfico utilizan los depósitos de servicios remotos como el salvoconducto más efectivo para colocar miles de millones de dólares en cuentas de bancos estadunidenses, pese al Acta del Secreto Bancario.
Los servicios remotos
La exfuncionaria del Departamento del Tesoro entrevistada por Proceso cuenta que “los depósitos de servicios remotos son un pasadizo muy seguro para manejar dinero en efectivo, incluso si proviene de actividades criminales, pero si el depósito no supera los 5 mil dólares, queda libre de sospecha”.
Ese tipo de transacciones se realiza de distintas maneras, según el especialista de Acams. Y pone un ejemplo: cualquier ciudadano puede depositar 4 mil 999 dólares en efectivo a una cuenta bancaria en Estados Unidos por medio de una casa de cambio mexicana o colombiana desde cualquier punto del planeta sin levantar sospecha.
Si, además, utiliza nombre o firma apócrifos, puede hacer varias operaciones a lo largo de un día en distintas cuentas bancarias de instituciones estadunidenses, gracias a las facilidades que otorgan los depósitos de servicios remotos, puntualiza Beers.
William Grassano, portavoz de la Red de Aplicación de Medidas para Crímenes Financieros, rechazó la solicitud del reportero para entrevistar a algún funcionario del Departamento del Tesoro acerca de los depósitos de servicios remotos y su relación con el lavado de dinero procedente del narcotráfico. “En estos momentos no se puede”, respondió Grassano.
A su vez, la exfuncionaria del Departamento del Tesoro comentó: “Es imposible calcular el número de transacciones de dinero en efectivo que se efectúan todos los días en los bancos de Estados Unidos por medio de los depósitos de servicios remotos. Lo que sí puedo decir, sin temor a equivocarme, es que son varias decenas de millones de dólares los que se mueven cada semana”.
El reporte del OCC destaca que otro de los métodos favoritos de los narcotraficantes para lavar el dinero en instituciones bancarias de Estados Unidos es el “depósito de dinero en efectivo a través de personas que cruzan la frontera sur de Estados Unidos”.
Cientos de ciudadanos mexicanos atraviesan diariamente la línea fronteriza para depositar en bancos estadunidenses cantidades de dinero en efectivo que no superan los 5 mil dólares, apunta el documento del Departamento de Justicia.
Y añade: “Algunos de los depositarios son clientes que se hacen pasar por pequeños empresarios, quienes sin violar las leyes financieras de Estados Unidos hacen varios depósitos de dinero en efectivo en distintos bancos a la semana o en menos de 24 horas sin levantar la menor sospecha. Todo eso se los permite la Ley del Acta del Secreto Bancario, siempre que los depósitos no rebasen los 5 mil dólares”.
El documento del Departamento del Tesoro, cuya copia proporcionó Beer a este corresponsal, sostiene que todos los cárteles del narcotráfico de México lavan dinero en Estados Unidos, y aunque las autoridades federales hacen todo lo necesario para contener el problema, hasta ahora no han podido evitar que las instituciones bancarias y financieras prohíban los millonarios depósitos de dólares en efectivo.
A raíz de la multa aplicada al Banco Wachovia, algunos bancos ubicados en los estados de Texas, California y Nuevo México comenzaron a rechazar a clientes mexicanos que intentan hacer depósitos de dinero en efectivo, señala uno de los documentos obtenidos por Proceso.
Según el Departamento del Tesoro, los bancos de la frontera sur de Estados Unidos consideran que las cuentas de algunos clientes de origen mexicano son de “altísimo riesgo” porque, arguyen, pueden ser intermediarios del narcotráfico para lavar dinero.
La dependencia añade que hace dos años los bancos de la frontera sur enviaban a sus ejecutivos a ciudades como Acapulco, Cancún y Guadalajara para ofrecer la apertura de cuentas bancarias por medio de depósitos de servicios remotos a sus potenciales clientes. Hoy, a raíz de las multas a Banco Wachovia y American Express, ese servicio se canceló.
Y aquí... aún no saben qué hacer
Carlos Acosta Córdova
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los bancos del país no lograron un acuerdo para definir las nuevas normas que regularán y limitarán los depósitos de dólares en efectivo en ventanillas, los cuales han aumentado notablemente en los últimos años y se presume que gran parte de ellos tienen procedencia ilícita.
Ante la confusión y el nerviosismo que el anuncio correspondiente generó entre empresarios, inversionistas y público en general, el titular de la dependencia, Ernesto Cordero, prometió que en la semana recién concluida se darían a conocer los lineamientos generales y los detalles de la medida, cuyo único propósito –dijo– es “limitar el ingreso en grandes cantidades de dólares de procedencia ilícita que llegan a través de una frontera muy porosa y muy amplia; llegan a nuestro país y se depositan en el sistema bancario”.
Del 3 al 5 de junio, Cordero participó –junto con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens– en la reunión de banqueros centrales y ministros de finanzas del G-20, en Busán, Corea del Sur.
Aun así, funcionarios de Hacienda y los representantes de la banca comercial se reunieron la mañana del viernes 4, sin lograr acuerdos sobre el tema. Uno de los escollos principales es determinar los montos que los bancos pueden aceptar como depósitos en dólares en efectivo, iguales para todos, sin que se dañen actividades lícitas.
El problema con el lavado de dinero es que nadie tiene cifras precisas de los dólares que entran al país desde Estados Unidos y que son producto de actividades ilícitas, como narcotráfico –cuyas ganancias son la principal fuente de lavado de dinero en instituciones financieras de ambas naciones–, secuestros, corrupción y tráfico de armas y de personas. Pero todo mundo reconoce que en los últimos años han aumentado notablemente.
Sin embargo, son cientos de miles las operaciones “hormiga”, en pequeñas cantidades, que los sistemas informáticos de los bancos no alcanzan a identificar como irregulares.
También, millones de dólares llegan “limpios” a los bancos, pues provienen de actividades lícitas que pudieron realizarse con dinero sucio, como la compra de pequeñas empresas, de inmuebles, autos importados, arte y joyería de lujo, por mencionar algunas.
En las plazas turísticas las transacciones con dólares, aunque sea en montos reducidos, son masivas y cotidianas, sobre todo en temporadas en que arriban grandes grupos de turistas internacionales, fenómeno que es aprovechado por los delincuentes.
Todo ello lleva a cada autoridad a hacer sus propios cálculos, con métodos distintos y, por lo tanto, con resultados diferentes.
En marzo pasado, el Departamento de Estado de EU publicó su informe International Narcotics Control Strategy Report, en el cual estimaba que cada año las organizaciones de narcotraficantes envían desde Estados Unidos a México entre 8 mil millones y 25 mil millones de dólares.
Un mes después, en abril, el secretario mexicano de Hacienda, Ernesto Cordero, declaró en Washington –después de participar en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– que “hay montos muy importantes” de dinero que se lava en México.
Dijo: “Se han presentado ante la Procuraduría General de la República denuncias por lavado de dinero por cerca de 40 mil millones de pesos de
Desde finales del mes pasado se filtró a la prensa la intención gubernamental de limitar los depósitos de dólares en efectivo en ventanillas bancarias, toda vez que han registrado un crecimiento inusual en los últimos años.
El secretario de Hacienda manifestó que es complicado conocer las cantidades de dólares ilícitos que ingresan al sistema financiero nacional, pero dejó entrever que son grandes montos y que debe detenerse su entrada al sistema bancario.
Explicó Cordero que la medida –que presumiblemente será anunciada, ahora sí, esta semana– nada tiene que ver con un control de cambios o con una prohibición total de las operaciones con dólares.
Ni siquiera afectará la economía en general, dijo, pues “todos los negocios lícitos que funcionan en México, que hacen sus operaciones en dólares, van a seguir funcionando de manera normal”.
La cifra más reciente sobre los recursos del narcotráfico que entran al país fue difundida apenas el miércoles 2 por autoridades estadunidenses, aquí en México. John Morton, subsecretario de la Agencia de Aduanas y Migración de Estados Unidos, y el embajador Carlos Pascual presentaron el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos, donde se calcula que cada año pasan de EU a México entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares de ganancias del narcotráfico.
La diferencia entre una y otra cantidades da idea de lo complicado que es cuantificar el dinero ilícito que entra al país. Inclusive, Morton reconoció que la cifra de dólares que se incauta en la frontera es mínima.
Ni México ni Estados Unidos, reconoció el funcionario, han hecho lo suficiente para frenar el caudal de dólares que llegan a México del narcotráfico, pues no basta con arrestar a la gente que se presta para trasladar recursos en cantidades mínimas.
“Tenemos que afectar –advirtió– la capacidad de los narcotraficantes para hacer negocios”, porque gran parte de las ganancias del narco se lavan con el simple hecho de pasar de Estados Unidos a territorio mexicano, pues la mayoría de ese dinero nunca es depositado en un banco.
Y justo lo que sostiene la Asociación de Bancos de México es que muchos de los recursos de procedencia ilícita llegan “limpios” al sistema financiero, como aquellos que son producto de ventas “lícitas” –con dólares en efectivo– de inmuebles, autos, etcétera. l
“Greg” y su esposa: traficantes de cubanos
Juan Balboa y Juan Veledíaz
Greg Sánchez y su esposa, Niurka Sáliva, en complicidad con exespías de Cuba y funcionarios del municipio de Benito Juárez (donde se asienta Cancún), montaron una red de tráfico de inmigrantes de ese país al puerto quintanarroense. Si bien el fenómeno de la migración isleña no es nuevo, esta vez la operación se hizo a gran escala. Para lograr ese propósito, los asesores de Greg crearon al vapor una serie de empresas pantalla.
CANCÚN, QR.- Una red de tráfico de cubanos operó en este puerto desde los círculos de poder más cercanos al exalcalde de Benito Juárez y excandidato al gobierno del estado, Gregorio Sánchez Martínez, Greg, quien gastó recursos públicos en supuestos actos culturales, cursos o “labores altruistas” para tener la anuencia del Instituto Nacional de Migración (INM) y lograr la entrada de los isleños al país.
Hacia enero de 2009 comenzó a llegar a México la última ola de caribeños por esa vía. Eran, en su mayoría, mujeres que vinieron a trabajar a la empresa Escenario Total, S.A. de C.V., constituida en diciembre de 2008 y cuyo dueño es –según copia de las escrituras del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo– Alberto Ayra Vázquez, cubano naturalizado mexicano que fungía como “asesor del ayuntamiento de Benito Juárez”.
Los cubanos entraban con visas de turistas y permisos oficiales de 180 días de estancia. Una vez en Cancún, eran empleados en diversos “espectáculos”, en algunos de los cuales también participó la empresa Comercializadora Riviera Maya, cuyo gerente general, Francisco Di Mare, “en su carácter de asesor de la oficina del presidente municipal del ayuntamiento de Benito Juárez”, presentaba las solicitudes de internación al país.
Cualquier pretexto para el ingreso de isleños fue utilizado también por funcionarios cercanos a Greg Sánchez, como Jorge Alberto Rodríguez Carrillo, hermano del exprocurador estatal Bello Melchor Rodríguez Carrillo. En su carácter de contralor municipal, Jorge Alberto presentó una solicitud al INM el pasado 11 de enero para la entrada al país de Arletty Rebeca Cruz, quien participaría “en el curso integral sobre la ley de contabilidad gubernamental”, actividad por la que no recibiría remuneración alguna “por tratarse de una labor altruista, por lo cual la responsabilidad económica y moral la asumiría el promovente”.
De acuerdo con documentos del INM fechados en enero y febrero de este año, cuyas copias tiene Proceso, una de las últimas oleadas de cubanos que entraron por intervención de asesores y empleados del ayuntamiento mientras Greg Sánchez era presidente municipal se dio con motivo del carnaval y la Feria de Cancún.
El fenómeno que abrió la puerta al ingreso masivo de cubanos vía la autoridad local empezó el 30 de noviembre de 2009, cuando el cabildo aprobó el Convenio de Cooperación Cultural entre el municipio de Benito Juárez y el Ministerio de Cultura de Cuba.
El acuerdo busca, entre otras cosas, poner en marcha un intercambio de “documentación bibliográfica especializada y (de) personal artístico-técnico calificado para impartir talleres, seminarios y conferencias sobre diferentes manifestaciones artísticas en centros docentes e instituciones culturales”.
En los dos años de gobierno de Sánchez Martínez no sólo creció el número de cubanos cerca o dentro del gobierno municipal. Esa presencia aumentó también en todo el territorio quintanarroense, especialmente en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
A principios del nuevo siglo, la comunidad cubana era casi inexistente en Quintana Roo. Su sorprendente crecimiento, según información del gobierno estatal y del INM, tuvo dos etapas: la primera en 2005, con la explosión de la migración ilegal de cubanos por México, y la segunda, tras la llegada de Greg a la alcaldía de Benito Juárez, en 2008.
De acuerdo con datos del INM, hace cinco años 893 cubanos residían en Quintana Roo. Era la tercera comunidad extranjera asentada en el estado, sólo superada por las de Estados Unidos (con 2 mil 213) y Argentina (con mil 11).
Ahora ese núcleo se sextuplicó (hay más de 6 mil isleños, según información del gobierno estatal), y en los últimos dos años la presencia cubana es notoria en el gobierno municipal y en los sectores empresarial, turístico y de giros negros.
Empresas “fachada”
La casa es de un solo nivel y está pintada de blanco. Tiene una manta azul que dice: Escenario Total, S.A. de C.V. Se localiza en la zona céntrica de Cancún, muy cerca de la principal terminal de autobuses.
El inmueble es modesto: por fuera se ven sólo dos ventanas que dan al exterior con un pequeño patio al frente. No parece que haya trabajadores ni se ve el ajetreo inherente a su objetivo empresarial –establecido en las escrituras de su acta constitutiva– de “fabricar, comprar, exportar e importar toda clase de audio, video, equipos de iluminación y de cómputo”.
Tampoco se aprecia que ahí se compre, venda u opere “toda clase de bienes muebles, incluyendo maquinaria, equipo, accesorios y/o herramientas”. Parece que ninguno de los 12 objetivos para los que se formó apenas hace año y medio la compañía de Alberto Ayra se puede realizar en esta casa de apenas
En dos ocasiones este semanario buscó entrevistar a Ayra. En la primera, el pasado martes 1, uno de sus empleados informó que el cubano-mexicano no estaba en el inmueble y que regresaría un día después. Ese día, afuera del local, estaba estacionada una camioneta Durango blanca con una sola placa del estado de Florida. El miércoles 2, la Durango ya no estaba ni hubo quién respondiera las llamadas.
De acuerdo con funcionarios de Migración que investigan el caso, la empresa Escenario Total podría ser utilizada como fachada para operar el ingreso de cubanos a Quintana Roo. Desde la detención de Greg (preso en el penal de Tepic, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero), sus actividades públicas quedaron suspendidas.
El caso de Ayra, dentro del círculo cercano del exaspirante a la gubernatura, se suma a las historias protagonizadas por otros asesores de Greg vinculados con operaciones poco claras en la vida pública de Quintana Roo y que actuaban de manera discrecional.
Destaca la situación de Boris del Valle Alonso, abogado y diplomático nacido hace 43 años en La Habana, quien hasta marzo de 2009 se desempeñó como “asesor general en seguridad pública, desarrollo social, infraestructura urbana, inversión inmobiliaria, negocios con la iniciativa privada y relaciones diplomáticas” del entonces alcalde de Benito Juárez.
El hombre de la seguridad y la inteligencia del excandidato al gobierno de Quintana Roo fue acusado de participar en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones el 3 de febrero de 2009. Del Valle fue detenido el 6 de marzo de ese año en el aeropuerto de la Ciudad de México por su relación, según el comunicado 242/09 de la Procuraduría General de la República (PGR), “con el grupo criminal” Los Zetas, a quienes presuntamente brindaba protección e información privilegiada.
Son las investigaciones derivadas de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/051/09, que se inició por la ejecución del general Tello, las que relacionan a Boris del Valle con Los Zetas en Cancún.
Boris está recluido en el penal de El Rincón, en Tepic, donde también fue encerrado Greg.
Mientras vivió en Cuba este hombre de tez blanca, nariz prominente y calvicie prematura fue oficial de inteligencia del G-2, el órgano de espionaje del Estado cubano. Comenzó a ser popular entre los quintanarroenses a raíz de que se le vinculó con varias de las actuaciones de Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y relacionado también con la ejecución de Tello.
Desde 2004 tanto Greg como Boris se convirtieron en socios en la constitución de la empresa Xuyco, S.A. de C.V., especializada en “la construcción de todo tipo de bienes inmuebles y muebles de cualquier material para cualquier sector económico”. Según copia del acta constitutiva dada a conocer por el semanario local Luces del Siglo en marzo de 2009, la compañía se formó el 30 de abril de 2004 con capital social variable de 50 mil pesos distribuido en 100 acciones con una duración de 100 años.
Además de Greg y Boris aparecían también como accionistas el cubano Manuel Benítez Pérez y el suizo avecindado en Panamá Bernard Baehler. Cada uno apareció como dueño de 25% de la empresa con un capital de 12 mil 500 pesos.
En revelaciones recientes a diarios nacionales, un grupo de testigos protegidos involucró a Greg en el tráfico de cubanos, chinos y rusos a la península de Yucatán. En esa región, uno de sus hombres de confianza, Erik Ramírez Martínez, presumiblemente se reunía con Juan Manuel Jurado Zarzosa, El Puma, miembro de Los Zetas y señalado como autor intelectual del asesinato de Tello, con quien habría acordado el trasiego de indocumentados por esta región del país.
Historias familiares
Los ojos y oídos del G-2, el órgano del espionaje cubano, aparecen como sombra detrás de Niurka Sáliva Benítez, tercera esposa de Greg. Esta mujer tiene dentro de su escolta personal a un hombre discreto, de modales afables: Javier Alfredo Molina Benítez, uno de los medios hermanos de la mujer del frustrado candidato al gobierno quintanarroense.
De acuerdo con reportes del gobierno federal, este hombre fue entrenado en tiro por la policía de Cuba y realizó estudios en la escuela del órgano de seguridad del Estado, es decir, donde se prepara a los espías.
Otro medio hermano de Niurka, Alfredo Javier Molina Benítez, es un ingeniero en electrónica que contrajo matrimonio con la mexicana Rosa del Rosario (hija de empresario Guillermo del Rosario Hernández, exsecretario local de Turismo y representante legal de la empresa Promociones Bahía Azul) gracias a la cual obtuvo la naturalización para después separarse de ella.
Él fue quien se fingió enfermo, en febrero de 2005, para que Niurka Sáliva, su media hermana, pudiera entrar a México con una visa “humanitaria”. Niurka y Greg ya se habían casado en Cuba, pero ella aún no podía salir de la isla. Una vez en México, su marido la ayudó a regularizar su situación migratoria para obtener la residencia y, después, naturalizarse.
En el otoño de 2004 Niurka Sáliva Benítez era una joven a la que le faltaba un semestre para acabar la carrera de medicina, con especialidad en pediatría; entonces conoció a Gregorio Sánchez Martínez, quien viajaba con frecuencia a La Habana. Él acostumbraba hospedarse con un matrimonio cubano: Pedro y Julia. El hombre fue agente del G-2 pero cayó en desgracia cuando se descubrió que regenteaba jineteras, como se conoce a las prostitutas cubanas.
El día que Greg conoció a Niurka fue cuando ella aceptó que le diera un aventón, se hicieron novios y a los pocos meses se casaron en La Habana. El padre de la muchacha, José Ángel Sáliva Pino, era un guajiro que combatió en la revolución, fue oficial del Servicio de Intendencia y alcanzó el grado de coronel. A pesar de que perteneció al aparato de seguridad, en sus últimos años de servicio en el ejército cubano se desempeñó como director del Museo del Ministerio del Interior.
Su hija era buena estudiante, tenía promedio casi perfecto. Cuando llegó a México, su marido la mandó a estudiar oratoria con un pastor evangélico originario de Guadalajara, comenta una fuente allegada a ambos que pidió permanecer en el anonimato.
Con preparación o sin ella, la esposa de Greg ha demostrado un manejo de imagen frente a la cámara y un perfil de mujer abnegada que le valió ser considerada posible “sustituta” para la candidatura al gobierno del estado, posibilidad que fue desechada hace unos días por la dirigencia nacional del PRD. Su papel se ha reducido a ser la “representante” de su marido en los mítines multitudinarios que se han organizado en la zona popular de Cancún, donde conservan bases de apoyo.
Las aristas de la “extraña presencia” de cubanos en Cancún comienzan ahora a apuntar hacia el DIF municipal, instancia que encabezó la esposa de Greg hasta antes de que éste pidiera licencia para contender por la gubernatura.
Algunas versiones coinciden en que de ese DIF salieron las solicitudes de permisos para el ingreso de médicos y otros profesionistas cubanos invitados a realizar labores sociales a través de la organización Todos Somos Quintana Roo, que opera principalmente en el norte del estado, donde se fragua el tráfico de isleños hacia Estados Unidos.
Violencia cubana en Cancún
Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún son los puntos neurálgicos de la migración cubana hacia nuestro país, que tiene como finalidad pisar suelo estadunidense para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, con la llegada masiva de cubanos desde Florida y La Habana, principalmente, el índice de violencia en la península de Yucatán fue en aumento desde 2005.
La presencia cada vez más activa de grupos de isleños radicados en Miami que se dedican al tráfico de indocumentados en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres e Isla Convoy, pero sobre todo la disputa por el control de rutas que inicialmente fueron del narcotráfico, desató desde 2007 una violencia nunca vista en el estado.
El cubano Luis Lázaro Lara Morejón fue ejecutado en julio de 2007 de 10 balazos en una brecha de la carretera Cancún-Mérida. A finales de septiembre, un cubano residente en Florida, Maximiliano Reyna Molas, Richard Agüero, fue acribillado en el estacionamiento del mercado de artesanías Coral Negro, en la zona hotelera de Cancún.
Tres meses después, su hermano, Juan Carlos Reyna Molas, fue emboscado por un comando en el fraccionamiento residencial Santa Fe.
Luis Lázaro Lara Morejón y Maximiliano y Juan Carlos Reyna Molas son tres de los 30 cubanos ejecutados en Quintana Roo en 2007. Según las investigaciones de la PGR, los asesinados formaban parte de un grupo dedicado al tráfico de ciudadanos de la isla.
El asesinato del cubano Humberto Febles Santana, en marzo de 2008, marcó el final de la primera etapa de los nuevos inquilinos en la comunidad cubana en Quintana Roo. La segunda empezó ese año, al asumir Greg la presidencia municipal de Benito Juárez. l
A sustituir a un muerto...
Rosalía Vergara
El Partido de la Revolución Democrática no descarta sustituir como candidato al gobierno estatal por la coalición Todos por Quintana Roo a Greg Sánchez, preso por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El martes 2, en una reunión entre los miembros de la Comisión Política Nacional (CPN) y el Secretariado Nacional, máximas instancias de su dirección, el PRD acordó continuar la defensa de Greg hasta que se agoten los tiempos jurídicos; es decir, hasta que le dicten sentencia.
Se decidió también lanzar una campaña mediática para demostrar cómo el gobernador priista de Quintana Roo, Félix González Canto, y la dirigencia estatal del PRI –en complicidad con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont–, fabricaron el caso contra Greg Sánchez a fin de evitar su participación en las elecciones.
Aunque públicamente el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, descartó la sustitución, el acuerdo interno del partido incluye buscar un candidato alternativo. Esta decisión se reforzó después de que dos de los abogados de Greg, Gonzalo Aguilar Zinser y Eduardo Luengo Creel, concluyeron que su cliente no saldrá de la cárcel antes de las elecciones del 4 de julio.
El jueves 3, el Instituto Electoral de Quintana Roo canceló la candidatura de Greg, por lo que la dirigencia perredista local interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral Estatal.
Dudas perredistas
La decisión de cambiar de candidato por la situación jurídica de Greg Sánchez dividió la opinión del Secretariado Nacional y la CPN.
De acuerdo con militantes presentes en la reunión del martes 2 en la sede del PRD, Dolores Padierna, dirigente de Izquierda Democrática Nacional, y Ricardo Ruiz consideran necesario pensar en la sustitución del candidato quintanarroense y que el nuevo aspirante sea avalado por el mismo Greg mientras él se dedica de lleno a su defensa.
El otro polo, formado por Nueva Izquierda y Alianza Democrática Nacional (ADN), entre otros, propone seguir con Greg Sánchez como candidato y apoyarlo jurídicamente hasta que se agoten los recursos para devolverle los derechos político-electorales que le fueron retirados al declarársele formalmente preso.
Al encuentro acudieron también los dirigentes de los 12 estados donde habrá elecciones para gobernador. El presidente del partido en Quintana Roo, Rafael Quintanar, y Ángel Cedillo, de ADN, sostienen la postura de “patria o muerte”: defender la candidatura hasta en la cárcel.
Para terminar la reunión, Ortega aclaró que sería necesario seguir defendiéndolo hasta agotar los tiempos jurídicos. Beatriz Mujica, secretaria de Alianzas del partido, lo secundó, al igual que David Cervantes, de Izquierda Social.
Defensa jurídica
Mientras tanto, los abogados de Greg siguen con la defensa jurídica basados en la premisa de que se trata de un caso fabricado por el gobierno para cancelar los derechos políticos de su cliente.
El 3 de junio pasado, Salvador Rocha Díaz, otro de los abogados, explicó con minuciosidad cómo comenzó la persecución judicial contra el excandidato y calificó de “ridículas e inusitadas” las acusaciones contra su cliente. En entrevista, Luengo Creel considera que el caso tiene tintes políticos porque la acusación está basada en testigos protegidos que no se identifican, nadie sabe si en verdad existen ni pueden localizarlos para entrevistarlos.
“Esto contradice la tesis de que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque se parte de la premisa de que cualquiera es culpable hasta que se demuestre su inocencia” y es peligroso para la ciudadanía, porque “cuando se desnaturaliza la figura de testigo protegido para afectar a adversarios políticos, se coloca a los gobernantes en la indefensión; ahora cualquiera podría vincularlos con el narcotráfico”.
El equipo de defensa de Greg ya interpuso un recurso de apelación que deberá resolver un magistrado de un tribunal unitario.
Para el abogado no hay duda: este caso se armó basándose en los tiempos político-electorales y con esto Greg ya quedó inhabilitado para asumir cualquier cargo, queda afectado como persona y se daña a la familia, porque “queda manchado”.
En su opinión “será un proceso larguísimo y desgastante, porque defenderlo es dificilísimo”, ya que Gregorio Sánchez Martínez, Greg, está preso en el penal de alta seguridad El Rincón, en Nayarit, destinado a narcotraficantes, lo que dificulta la relación abogado-cliente. “Para cuando el caso termine –dice el litigante– ya se destruyó su honra, la de su familia y su prestigió político”.
El PRD anunció que interpondrá un juicio para la protección de los derechos políticos de Greg Sánchez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por lo pronto, el viernes 4 de junio llegaron a Cancún Martha Dalia Gastélum, Éric Villanueva y Norma Miranda, militantes perredistas de Nueva Izquierda, para la “reorganización proselitista” de la campaña de Greg.
Ese día realizaron una marcha, encabezada por Jesús Ortega, Niurka Sáliva y el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, para exigir la liberación del candidato. l
El jinete de la corrupción
José Gil Olmos
La confirmación documentada en torno a la cauda de corruptelas, fraudes, conflictos de interés y omisiones criminales de Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, llegó por fin... Por un lado, la Suprema Corte de Justicia le recordó su parte de responsabilidad en la tragedia que, además de haber cobrado la vida de 49 niños y causado quemaduras a más de 100, le costó la gubernatura a su partido, el PRI. Por otro, mediante una serie de auditorías la nueva administración panista del estado ratificó sus malos manejos. Un ejemplo: la emisión de por lo menos 75 cheques de las arcas sonorenses que fueron cobrados por terceras personas sin justificación.
En las tardes calurosas de Hermosillo, un tranquilo Eduardo Bours suele hacer largas cabalgatas por sus propiedades y presumir con sus amigos la estampa y el trapío de sus caballos: dos pura sangre de raza árabe que sólo pueden comprar jeques, príncipes y empresarios acaudalados.
Pero ahora el exgobernador de Sonora tiene motivos para preocuparse. El jueves 3, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar lo señaló como uno de los 14 funcionarios y exfuncionarios que tienen responsabilidad en la tragedia ocurrida hace un año en la guardería ABC de Hermosillo (Proceso 1703, 1704 y 1705).
Pero eso no es todo. Una investigación emprendida a instancias del nuevo gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés, y que quedó a cargo de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, confirmó lo que se sospechaba desde las primeras revisiones efectuadas por despachos externos en cuanto al desempeño de Bours como gobernador: múltiples maniobras para la falsificación de documentos, desviación de recursos públicos, fraudes de todo tipo...
En varias ediciones (números 1741, 1721, 1657 y 1565), Proceso dio cuenta de los escandalosos malos manejos en los que incurrió repetidamente el entonces mandatario. Sólo un ejemplo: el caso del Plan Sonora Proyecta mediante el cual el gobernador priista dio la pauta para endeudar al estado con alrededor de 10 mil millones de pesos a través de un fideicomiso privado; proyecto que, sin embargo, fue impugnado por la Suprema Corte, toda vez que pretendía valerse de la “bursatilización” de la deuda pública (Proceso 1709).
En abril de 2008, en medio de esos escándalos de corrupción, a los que se sumaron los de violencia y narcotráfico, este semanario realizó una radiografía (edición 1643) en dos vertientes: los multimillonarios negocios realizados por los Bours a la sombra del poder y las redes tejidas para la presunta protección del tráfico de drogas en la entidad.
El empresario y político priista demandó por daño moral al autor de ese reportaje, Ricardo Ravelo, así como a la empresa editora de Proceso, Comunicación e Información, S.A. de C.V.; pero un año después, el 21 de abril de 2009, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el DF declaró insubsistente la demanda.
Las auditorías
El 1 de noviembre de 2009, ya en el gobierno panista, el secretario de la Contraloría General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, le notificó al secretario de Hacienda local (oficio S-1678/2009), Alejandro López Caballero, que se iba a efectuar una auditoría a su dependencia en los rubros de ingresos, egresos, bancos, adquisiciones de bienes y servicios, deudores del erario, acreedores diversos y proveedores. El arqueo, precisó, abarcaría del 1 de enero de 2008 al 31 de noviembre de 2009.
De acuerdo con la documentación oficial del caso, a la que el reportero tuvo acceso, desde distintas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Bours se emitieron no 22 cheques, como se presumía en principio, sino 75 de cuatro diferentes instituciones bancarias por un monto total de 191 millones de pesos.
Según los resultados de las auditorías –las revisiones se prolongaron cuatro meses y culminaron en marzo último–, 33 funcionarios de la administración de Bours fueron encontrados responsables de defraudación al erario. De éstos, algunos aparecían como firmantes de los documentos bancarios.
La actual coordinación de área de la Subsecretaría de Control de Fondos y Pagaduría expidió 16 cheques por 40 millones 500 mil pesos; Édgar Prendas Sandoval, director de la Tesorería del estado, temporalmente en funciones, emitió otros 16 cheques por una cantidad igual; Elba Marcela Ruiz Quintero, subdirectora de la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría, firmó 15 cheques por 37 millones 900 mil pesos; Dulce María Huerta Meza, directora actual de la Tesorería General del estado, sacó 15 más por 35 millones 600 mil pesos, y Fernanda Alicia Obregón Garza, jefa de departamento en la Dirección General de Administración, liberó 14 cheques por 36 millones 500 mil pesos.
En dos denuncias dirigidas a José Ángel Calderón Piñeiros, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría, Patricia Augenia Argüelles Canseco, directora general de la Auditoría Gubernamental, señaló que los 33 funcionarios incurrieron en desvío de recursos y pagos sin el respaldo de facturas o recibos.
En la lista de órdenes de pago a proveedores emitidas en 2009 y solicitadas por la Auditoría a la Secretaría de Hacienda figura el pago de 5 millones 159 mil pesos a la empresa Advanced Business System para el seguimiento y captura del presupuesto de ingresos integrado al sistema de información y finanzas; otro por 7 millones 894 mil pesos a la compañía GOCG Procesos y Soluciones, por “comisión de éxito por aportaciones al Fonden”; uno más, por 4 millones 485 mil pesos, a Alianza Empresarial de Sonora, por la “intermediación” para la obtención de un crédito por 260 millones de pesos, y 6 millones de pesos a Proyectos Mega y Desarrollos, por la elaboración de corridas financieras y de un contrato de términos y asesoría en la consecución de 105 millones para el gobierno del estado.
Frente a esta discrecionalidad financiera propiciada por la emisión de “cheques fantasma” y su cobro por personal ajeno al gobierno, en abril último el contralor Tapia Astiazarán explicó en conferencia de prensa que las revisiones efectuadas como parte de las auditorías al sexenio pasado permitieron descubrir nuevos cheques que aparecían como cobrados por trabajadores de la Secretaría de Hacienda estatal.
“Están a nombre de terceros y éstos todavía son funcionarios en la secretaría. Ellos desconocen la existencia de esos cheques y no son sus firmas las que los endosan”, precisó, y añadió: “Además de quienes recibieron los cheques, están quienes los firmaron. Ahí aparecen todos los procedimientos internos de la creación del pasivo, de la solicitud del cheque, de la expedición del cheque”.
Adelantó que una vez terminada la auditoría deberán investigarse todos los movimientos. Sin embargo, se equivocó al señalar que la mayoría de los implicados ya no estaba laborando en el gobierno estatal, pues, de acuerdo con la auditoría final, de los 33 funcionarios involucrados 23 aún ocupan los mismos puestos.
Ahora que la Secretaría de la Contraloría General concluyó la indagación empezará a llamar a exfuncionarios estatales que tuvieron participación en el presunto fraude por el cobro de cheques que hicieron terceras personas.
El contralor del estado informó que ahora se integra el expediente y sólo faltan detalles. Mientras tanto, se piensa fincar responsabilidades, pues algunas de las irregularidades que fueron detectadas son constitutivas de delitos que se persiguen penalmente.
Historial de manejos turbios
Cuando abandonó el cargo a mediados de septiembre de 2009, Bours ya enfrentaba denuncias de la oposición por desvío de recursos públicos mediante la emisión de cheques fantasma; además, los opositores lo acusaron de haber elevado la deuda debido a su mal manejo de las finanzas públicas, así como del fracaso del Plan Sonora Proyecta, con el que había prometido llevar al estado al “primer mundo”.
A los seis meses de que Bours dejó la gubernatura, la administración entrante promovió demandas contra 33 funcionarios del equipo de Bours por fraude mediante falsificación de documentos, desviación de recursos y uso indebido de funciones. La investigación que detectó estas irregularidades en la Secretaría de Hacienda estatal estuvo a cargo de Argüelles Canseco.
Desde que asumió su cargo el nuevo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, confirmó que la anterior administración había dejado un déficit superior a los mil 400 millones de pesos y aclaró que esa cifra no la dio a conocer su gobierno, sino despachos internacionales. Citó a las firmas Gossler y Horwath Castillo Miranda como las que estarían a cargo de las auditorías.
En octubre de 2009, Padrés dijo que se había descubierto la emisión de 22 cheques por 70 millones de pesos a nombre de funcionarios estatales, pero hizo hincapié en que estos documentos fueron cobrados por terceras personas. Precisó que se encontraron partidas excesivas que sobregiraron el presupuesto.
En esa ocasión, el secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, informó que los primeros resultados de las revisiones permitieron ubicar partidas por 320 millones de pesos que les fueron retenidas a los trabajadores del estado; otras más por 54 millones de pesos correspondientes a cuotas y retenciones sindicales de los maestros y, por último, 101 millones de pesos por concepto de “asesoría y capacitación”.
Detalló que entre las disposiciones en efectivo realizadas con cheques entre febrero y julio de 2009 hubo cobros diversos, cuyos montos van de 2.5 hasta 17.5 millones de pesos, y agregó que se detectaron convenios para los cuales no había recursos disponibles; fue el caso de Alianza para el Campo, proyecto al que el gobierno estatal debía aportar 223 millones de pesos, e Inversión para la Educación, en el que se debían invertir 51 millones de pesos.
Caso ABC: la estocada final
El incendio en la guardería ABC de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio de 2009, fue el “empujón” que el PRI, el partido de Bours, necesitaba para ver fracasado su intento de conservar la gubernatura.
El voto de castigo de los sonorenses fue implacable. La tragedia que costó la vida a 49 niños y quemaduras a más de 100 cambió el panorama electoral en Sonora y rompió el pacto que hasta entonces tenía el “priista” Bours con el gobierno de Felipe Calderón, a quien después de haber apoyado para que se reconociera su impugnado triunfo en 2006, acusó de ser el responsable de la tragedia (Proceso 1704).
Semanas y semanas transcurrían y Bours ocupaba buena parte de su tiempo para exculparse ante los medios –ya veía venir el desastre electoral– en vez de satisfacer las demandas de las familias de las víctimas, investigar a fondo las causas del incendio y fincar responsabilidades.
Onésimo: transa, hasta con los cadáveres
Rodrigo Vera
Por enésima vez, Onésimo Cepeda es señalado como un negociante sin escrúpulos. Ahora, el empresario Guillermo de Velasco, su pariente político, dice que mediante prestanombres el obispo de Ecatepec maneja la empresa de servicios funerarios Grupo CIF y hace valer sus contactos con funcionarios para ampliar su clientela. Afirma que incluso el prelado hizo que lo detuvieran ilegalmente a raíz de un pleito judicial.
Onésimo Cepeda, el polémico obispo de Ecatepec, es al parecer el verdadero dueño del Grupo Certificados Integrales Funcionales (Grupo CIF), una influyente empresa que ha logrado obtener contratos para prestar servicios funerarios a varios gobiernos estatales y a muchas dependencias federales, incluida la Presidencia de la República.
Debido a que por su investidura de obispo está legalmente impedido para realizar actividades mercantiles con fines de lucro, Onésimo Cepeda puso como presidente de la empresa a su primo político Alberto Monroy Calva, mientras que al hijo de éste, Alberto Monroy Cepeda, lo nombró apoderado. Ambos son los principales prestanombres utilizados por el prelado.
Sin embargo, al descubrirse que el Grupo CIF estaba desviando dinero del fideicomiso donde se depositaban las aportaciones de su vasta clientela, un juez le ordenó a la empresa que mostrara cuentas claras y exhibiera toda la documentación relativa a sus contratos. Pero Onésimo Cepeda está utilizando todas sus influencias políticas para no acatar la decisión judicial, por lo que, se sospecha, intenta ocultar un cuantioso fraude.
Guillermo de Velasco Mendívil, presidente de Fiducia, afianzadora que le manejaba el fideicomiso al Grupo CIF pero que decidió dejarlo al detectar las irregularidades, lanza la señal de alerta:
“Los clientes del Grupo CIF están en grave peligro; totalmente desprotegidos y sujetos a operaciones terriblemente riesgosas, a una gran contingencia. Ya se los advertí a algunas dependencias gubernamentales que tienen contratos con esa empresa. Es mi obligación hacerlo.”
–¿En qué consiste ese riesgo?
–En que la empresa no cumpla con los servicios funerarios que está ofreciendo a sus clientes. Ya hubo irregularidades en el fideicomiso que nosotros le manejábamos, y actualmente no sabemos si hay otro fideicomiso. Tal vez lo tenga en alguna casa de bolsa, no lo sé. En la publicidad actual de la empresa, dice estar respaldada por la casa de bolsa Vector.
“Además se hace llamar Grupo CIF, pero a un grupo lo conforman varias empresas y este no es el caso. Es más, en su publicidad, la empresa da como domicilio de sus oficinas la calle Enrique Rébsamen número 333, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, pero ahí no hay nada. Ni a nosotros, como fiduciaria, nos notificó cuál era su verdadero domicilio. Grupo CIF además opera como si fuera una aseguradora, pero sin serlo, lo cual viola la Ley de Seguros.”
–¿Dentro de qué figura encaja entonces el Grupo CIF?
–No lo sé, tal vez como una proveedora de servicios o como una comercializadora. Todo es muy atípico… y muy peligroso. Es como las famosas pirámides; les empieza a llegar mucho dinero que está sustentando a la cúpula, pero cuando se corta el flujo o pasa cualquier otra cosa, todo se desploma como un castillo de naipes.
“Los clientes (de CIF) son empleados de las secretarías de Estado, de la Presidencia de la República o de los gobiernos estatales. Imagínese si la Secretaría de Hacienda, por poner un caso, tiene a 400 empleados metidos ahí y de pronto se da cuenta de que no tienen ninguna garantía. O si de pronto mueren 100 policías judiciales del Estado de México y el Grupo CIF no puede darles servicio funerario. ¿Qué va a pasar?”
Sin embargo, en sus promocionales el Grupo CIF asegura que “ofrece protección funeraria a perpetuidad, al adquirir nuestro certificado integral funerario”. Éste incluye, dice, “el pago de todos los gastos asociados con el deceso, así como el ataúd o urna en caso de inhumación o cremación, el título de propiedad de la gaveta o fosa”. Además, el Grupo CIF se encarga de “los trámites legales”, del “traslado al velatorio seleccionado” y del “arreglo estético” de los cadáveres.
Asegura que da “servicio y atención en la República Mexicana y el extranjero” los “365 días del año y las 24 horas del día”. Cuenta con tres planes: “Topacio”, “Rubí” y “Diamante”, cuyos precios son distintos porque dependen de la calidad del “panteón, funeraria, ataúd o urna elegida”. Los costos varían, ya sea si son pagos al contado o a distintos plazos.
Reza su slogan: “Grupo CIF resuelve su futuro y el de su familia ante lo inevitable. Déjelo todo en nuestras manos. Todos llegamos a nuestro destino, de usted depende la forma”. Y por índice alfabético da una larga lista de las dependencias gubernamentales que ya tienen empleados adscritos al Grupo CIF, entre ellas la Presidencia y 17 secretarías de Estado, así como los gobiernos estatales de Puebla, Hidalgo, Morelos y el Estado de México.
La lista incluye a la UNAM, la UAM, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Chapingo, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, El Colegio de la Frontera Sur y El Colegio de la Frontera Norte. También aparecen Pemex, la Lotería Nacional, el IMSS, algunas instancias policiacas, hospitales, bancos, editoriales y televisoras, entre otras.
“No sabemos cuánto dinero esté ingresando al Grupo CIF, porque nadie está regulando a la empresa –dice Guillermo de Velasco–; tampoco sabemos cuántos clientes tiene en total ni quiénes son. Lo cierto es que (CIF) es una intermediaria en la venta de servicios. Se muere una persona y contrata todos los servicios funerarios respectivos, recibe ganancias por todos lados.”
–¿No dispone entonces de almacenes con féretros, de flotillas de carrozas fúnebres, de velatorios, de empleados distribuidos en todo el país?
De Velasco ríe, y contesta:
–No, no, nada de eso. El famoso Grupo CIF, que no ha de tener más de 10 empleados, contrata todos los servicios funerarios. O bien, si los deudos lo prefieren, les puede dar el dinero para que sean ellos quienes personalmente contraten esos servicios. Aquí lo importante es quién está realmente detrás del negocio. Y muchos elementos nos llevan al obispo Onésimo Cepeda, quien no puede dar la cara porque legalmente está impedido para dedicarse a este tipo de actividades.
–¿Qué lo hace suponer tal cosa?
–Primero necesito relatar cómo surgió el Grupo CIF. En 1999, el obispo terminó de construir la catedral de Ecatepec y quería comercializar sus criptas entre la feligresía local. El encargado de hacerlo fue su primo político, Alberto Monroy Calva, esposo de una prima hermana de Onésimo, María Guadalupe Cepeda. A Alberto yo lo conozco muy bien, pues era consejero y accionista de mi empresa, Fiducia.
“Alberto se acerca conmigo y me pide que lo ayude a comercializar esas criptas. Yo acepto. Recuerdo que pensaban vender mil criptas, el tamaño de cada una era de un metro cúbico, muy grande, por lo que les propusimos que cada cripta podía dividirse en cuatro y así lo hicieron; finalmente vendieron 4 mil criptas.”
–¿Onésimo estaba detrás de Alberto?
–¡Claro! Yo los ayudé a desarrollar su esquema de comercialización mediante certificados funerarios. Pasa el tiempo, se venden las criptas de Ecatepec y el negocio empieza a extenderse poco a poco a todo el país. Así surge el Grupo CIF, presidido por Alberto Monroy Calva y cuyo apoderado era un hermano del obispo, Enrique Cepeda Silva.
“Pero a Enrique lo sacan del negocio en 2008 y lo sustituye un sobrino del obispo, Alberto Monroy Cepeda, hijo de Alberto Monroy Calva. Albertito es un joven abogado fiscalista, treintañero, que actualmente es quien da la cara en los negocios de Onésimo. El muchacho es tan cercano al obispo que, se dice, vive con éste en su residencia de Bosques de las Lomas.
“Albertito se ha convertido en un próspero empresario. Trae hasta coche blindado, siempre escoltado por otro automóvil con guaruras. ¿Usted cree que él solo pudo llegar a tanto? ¡Pues no! Es el operador y el hombre más cercano a Onésimo.”
–¿No era rico ya ese joven?
–No, no; él y su padre provienen de la clase media. Don Alberto Monroy Calva, por ejemplo, era el gerente del club de golf de San Gaspar, en Cuernavaca. Pero hasta ahí. A los dos Albertos nadie los conoce. Nadie.
“Para impulsar al Grupo CIF se necesitan sobre todo influencias, muchas influencias, y éstas solamente las tiene el obispo. ¿A poco cree que los dos Albertos pueden llegar a las secretarías de Estado y a la Presidencia a vender sus servicios funerarios? ¡Qué va! No les abrirían ni las puertas.
“Todo esto se lo digo con perfecto conocimiento, ya que la esposa de Alberto Monroy Calva es hermana de mi esposa y, por lo tanto, Albertito también es mi sobrino.”
–¿Entonces la esposa de usted también es prima hermana del obispo Onésimo Cepeda?
–¡Sí, señor! El papá de mi esposa, don Rodolfo Cepeda Villarreal, y el papá del obispo, don Onésimo Cepeda Villarreal, eran hermanos.
–Por lo tanto, usted es primo político del obispo.
–Sí, soy primo político de Onésimo, es correcto. Pero yo no lo escogí.
–Dado su parentesco, ¿usted mantuvo una estrecha relación con Onésimo Cepeda?
–No, nunca. Jamás he tenido relación con el obispo.
Un enemigo peligroso
Entrevistado en las oficinas de Fiducia, en el sur de la Ciudad de México, Guillermo de Velasco juega con su puro entre los dedos, le da una prolongada fumada y luego asegura que él se limitó a manejarle el fideicomiso al Grupo CIF, guardando su distancia con el obispo:
“Le explico cómo funcionaba el esquema. Se vendía un certificado funerario, el cual estaba garantizado con una fianza. Esta fianza, a su vez, estaba garantizada con el fideicomiso, adonde entraban los pagos que hacían los clientes. De manera que mi función era garantizar los servicios ofrecidos.”
–¿Y empezó a detectar irregularidades?
–Sí, al empezar la comercialización a nivel masivo, vimos que faltaba información, que no se constituían correctamente las garantías y se desviaba el dinero de los clientes que debía depositarse en el fideicomiso. Entonces le reclamamos al Grupo CIF, pidiéndole los dictámenes actuariales necesarios para sustentar las garantías de los servicios funerarios. Pero la empresa se negó a darnos la información.
Ante esto, prosigue De Velasco, Fiducia recurrió a un arbitraje en 2006 –que previamente se había pactado para dirimir posibles controversias–, y el laudo arbitral determinó que el Grupo CIF debía entregar la documentación requerida, además de reintegrar al fideicomiso 4.5 millones de pesos que había desviado de él.
Con tal de no acatar este laudo, el Grupo CIF probó todos los recursos legales a su alcance para revertir el fallo, hasta que en septiembre de 2008 el juez 15 de lo Civil en el Distrito Federal volvió a ordenarle que entregara la documentación requerida y la misma suma de dinero. CIF solamente reintegró el dinero, pero hasta la fecha no ha entregado la documentación exigida.
“El Grupo CIF debe entregar físicamente los contratos que, se supone, están garantizados; también las pólizas de seguro de sus clientes; y el cálculo actuarial, en el que se determina el monto mínimo de la reserva de los clientes”, aclara De Velasco.
–¿El grupo está obligado a entregar esa documentación?
–Claro, lo obliga la orden del juez. Ahí está la sentencia que la empresa está desacatando. En resumen, lo que el Grupo CIF no quiere informar es cuántos clientes tiene, quiénes son éstos y dónde está el dinero que pagan mensualmente. Ignoramos si los están robando.
–¿Se esconde un fraude?
–No podemos saberlo. Lo único que puedo asegurar es que sus clientes están totalmente desprotegidos. Y ya se lo hemos advertido a algunas instancias gubernamentales, donde se comercializaban estos servicios entre sus funcionarios.
De Velasco muestra una serie de cartas dirigidas a las contralorías de dependencias públicas y de gobiernos estatales de Puebla, Morelos, el Estado de México e Hidalgo, donde les informa que, desde junio de 2004, Fiducia “dejó de emitir garantías a favor de los clientes” del Grupo CIF, por lo que se deslinda de “cualquier responsabilidad”. También muestra algunos desplegados de prensa dirigidos a “todos los clientes” de la empresa, en los que hace el mismo deslinde.
En represalia, De Velasco fue arrestado sorpresivamente el pasado 22 de marzo, junto con Leticia Ramos, abogada de Fiducia. El Grupo CIF los acusó de fraude procesal, supuestamente derivado del arbitraje de 2006, pero no se les comprobó el delito y fueron puestos en libertad cuatro días después.
“Onésimo Cepeda movió todas sus influencias para encarcelarnos de manera ilegal –afirma De Velasco–. Fue un arresto totalmente arbitrario, ni siquiera se nos notificó. Y todo porque somos un obstáculo para los oscuros intereses económicos del obispo, quien se siente invulnerable y realiza estas acciones gangsteriles. Actualmente temo por mi seguridad y la de mi familia.”
–¿Cómo sabe que el obispo estuvo detrás de su arresto?
–Porque sus mismos abogados lo dijeron: “Molestaron a Onésimo”. El arresto fue una reacción arrogante y exagerada del obispo, fue un mensaje para decirnos: “Vean con quién se meten”. Es un hombre malvado que está abusando de su investidura. ¡No hay quien lo pare!
–¿Quién podrá controlar al Grupo CIF?
–Pues nosotros lo intentamos y ya ve cómo nos fue, nos metieron a la cárcel.
Los Pinos,inamovible: no da a conocer los bienes de Margarita
Daniel Lizárraga
Comparado con Estados Unidos y Canadá, sus socios comerciales, México está lejos de tener una auténtica política de transparencia. En esos países, la ley obliga a que en sus declaraciones patrimoniales todos los funcionarios hagan público el monto de sus bienes y los de su familia. En nuestro país, por el contrario, los amigos del presidente Felipe Calderón, como Salvador Vega Casillas, titular de la Secretaría de la Función Pública, se niegan a incluir los de la consorte del mandatario por considerar que “son datos confidenciales”.
Para la Secretaría de la Función Pública (SFP), las declaraciones patrimoniales completas del presidente Felipe Calderón son “confidenciales”, y por ello en el sitio electrónico de Declaranet no aparecen los préstamos bancarios que el mandatario obtuvo en los últimos tres años e invirtió en la compra de una casa y varios terrenos que puso a nombre de su esposa, Margarita Zavala.
En su edición 1741, correspondiente al 14 de marzo, Proceso publicó una investigación sobre las omisiones relativas a esos predios –una residencia de
Entrevistado entonces sobre esas “inconsistencias”, el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, declaró que el presidente Calderón sí entregó su declaración completa, pero que él decidió eliminar de Declaranet la información relativa a dichas propiedades con el fin de “proteger los datos personales” del mandatario, por lo que asumía la responsabilidad de ese acto.
Dos días después de la entrevista, Proceso envió un paquete de tres solicitudes de acceso a la información a la secretaría que encabeza Vega Casillas y a Los Pinos. En ellas reitera su petición de tener acceso a las declaraciones patrimoniales completas de Calderón, así como a las normas que permiten al gobierno eliminar las propiedades a nombre de Margarita Zavala.
La SFP respondió que la declaración de los bienes públicos de Calderón no es extensiva a su esposa, hijos o dependientes económicos. Estos datos sobre la familia sólo guardan una “relación tangencial” con el mandatario, según la dependencia.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “tangencial” significa que algo –en este caso las propiedades de Zavala– sólo puede relacionarse de forma lateral o no significativa con el tema que se trata, en este caso la declaración patrimonial del presidente.
La SFP argumentó también que si se abrieran las declaraciones de bienes del presidente completas se invadiría la privacidad de su familia, ya que quedarían al descubierto algunos datos personales, como direcciones de residencias, los registros federales de contribuyentes o los números de cuentas bancarias.
Pese a la información sesgada o incompleta en torno a las propiedades puestas a nombre de Margarita Zavala, Proceso obtuvo información sobre un préstamo por 3 millones 800 mil pesos que Scotiabank le concedió a Calderón el 6 de junio de 2008. Con ese dinero pudo comprar la casa número 9 de la privada de Cóndor 223. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad (RPP), la vivienda fue registrada a nombre de su esposa, pero ese inmueble no aparece en el sistema Declaranet.
Y pese a que la Presidencia aún no responde a la solicitud hecha por este semanario, la SFP ya subió al sitio electrónico oficial la relación de bienes del mandatario correspondiente a 2009. En esa información se menciona que obtuvo un nuevo crédito bancario por 1 millón 900 mil pesos, aunque no se explica en que utilizó ese dinero.
Además, por vez primera se incluyen detalles como la inversión de 18 mil 240 pesos en la compra de relojes y de 6 mil 500 pesos más en plumas.
Ante la negativa de la SFP, Proceso solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) analizar la situación y que explique los criterios legales utilizados para suprimir del portal oficial la información alusiva a las propiedades mencionadas. Los dos recursos de revisión serán analizados por separado: uno lo estudiará la comisionada presidenta Jacqueline Peschard, el otro la comisionada María Elena Pérez-Jaén. Los fallos pueden demorar al menos 50 días hábiles.
Información sesgada
Los candados que ponen las dependencias a las declaraciones patrimoniales del presidente Felipe Calderón empañan la política de transparencia y están lejos de las que se aplican en Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En esas dos naciones las declaraciones patrimoniales, los reportes de ingresos y de pago de impuestos son de carácter público. La ley obliga a que también se incluyan los bienes de las consortes de los funcionarios, independientemente de su jerarquía.
El 18 de mayo último, por ejemplo, la Casa Blanca difundió la información financiera anual del presidente Barack Obama. En la primera de las 65 páginas del archivo se incluyen, entre otros datos, los nombres de la esposa del mandatario, Michelle Obama, y los de sus hijas Malia y Natasha.
También se menciona que sus libros Los sueños de mi padre y La audacia de la esperanza le retribuyeron a Obama ingresos de por lo menos 1 millón de dólares anuales. Además, según el reporte, los 1.4 millones de dólares del Premio Nobel de la Paz concedido al mandatario estadunidense en 2009 fueron donados a casas y organizaciones de beneficencia para que apoyen a estudiantes de bajos recursos económicos.
La información de la Casa Blanca incluye detalles como el del perro de aguas portugués llamado Bo, que el fallecido senador Edward Kennedy regaló a la familia de Obama, y está valuado en mil 600 dólares; o que el mandatario recibió cientos de miles de dólares por la venta de papeles bursátiles correspondientes a dos herencias que recibió de su abuela, Madelyn Dunham, fallecida en los últimos días de su campaña presidencial.
En países como Chile y Brasil las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos también son públicas. Quien desee conocerlas no necesita realizar ningún trámite.
De acuerdo con el Índice sobre la Percepción de la Corrupción 2009, elaborado por Transparencia Internacional, los chilenos obtuvieron una calificación de 6.7 puntos, más del doble de lo alcanzado por México, que apenas llegó a 3.3. De hecho, los gobiernos panistas nunca han obtenido una calificación aprobatoria en una escala de
Ernesto Villanueva, autor del libro Transparencia y declaración patrimonial de los servidores públicos. Alcances y límites del derecho a saber, señala que la publicidad de los bienes e inversiones permite a la sociedad contar con elementos de juicio mucho más completos y certeros sobre la actuación honesta de sus funcionarios.
El estudio, que incluyó alrededor de 40 países, concluye que en 44% de los casos analizados no es necesario que el servidor público dé su consentimiento por escrito para transparentar la relación de bienes. En este grupo Villanueva menciona a Albania, Argentina, Austria, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Croacia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Letonia, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Tanzania.
En 38% de los casos está en manos de los funcionarios decidir si acepta o no transparentar su lista de propiedades. En este bloque están México, Armenia, Colombia, Ecuador, Grecia, Guyana, Haití, Honduras, Irlanda, Jamaica, Moldavia, Panamá, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Y en el restante 18%, comenta el autor, no es posible abrir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
Transparencia limitada
Pese a sus limitaciones, el modelo elegido por México en materia de transparencia tiene sus ventajas. Una de ellas es que, en los últimos años, el presidente Calderón transparentó la lista de algunas de sus propiedades e inversiones, mientras que sus colaboradores, aun los más cercanos, se niegan a imitarlo.
Proceso escogió al azar 36 casos entre secretarios de Estado, miembros del gabinete calderonista, directores de organismos autónomos, exmiembros del gabinete y funcionarios de Los Pinos para analizar sus decisiones respecto de la apertura de sus declaraciones patrimoniales.
Los resultados arrojan que 77% de los consultados cumplieron con su obligación de presentar su declaración patrimonial, aunque optaron por mantener lejos del escrutinio ciudadano y de los medios de comunicación su lista de bienes inmuebles, ingresos y cuentas bancarias.
En contraste, 22% aceptaron que la SFP difundiera cuántas propiedades tienen, así como los montos de sus cuentas bancarias con la condición de que se eliminen los bienes puestos a nombre de sus consortes e hijos.
En el grupo que se niega a transparentar su declaración patrimonial se encuentran nueve de los amigos cercanos a Calderón, quienes lo acompañan desde su precampaña, la mayoría incluso forman parte de su gabinete: Ernesto Cordero, secretario de Hacienda; Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación; Gerardo Ruiz, secretario de Economía; Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Javier Lozano, secretario del Trabajo.
En el caso de Molinar Horcasitas, no existen registros de sus declaraciones patrimoniales desde 2002. Y aun cuando fue director del IMSS, no aparecen sus declaraciones de inicio ni de conclusión en ese cargo. Tampoco reportó su declaración inicial como responsable de su función actual, como marca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En una situación similar se encuentran: Patricia Flores, jefa de la oficina de la Presidencia de la República; Maximiliano Cortázar, coordinador de Comunicación Social; Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón, y Atiza Aguilar, secretaria particular adjunta del mandatario.
Bravo Mena, uno de los hombres más cercanos a Calderón, nunca ha aceptado hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. No lo hizo cuando fue embajador de México ante el Vaticano ni ahora que despacha en Los Pinos.
En el mismo tenor se maneja Atiza Aguilar, la discreta consejera de Calderón. Egresada de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Intercontinental, ella comenzó su carrera profesional en el consulado de México en Pensilvania, donde estuvo durante 2002-2003. Luego ocupó la Dirección de Comunicación del PAN entre 2003-2004 y de ahí pasó a la Secretaría Técnica en la Secretaría de Energía (Sener), para trasladarse después a Los Pinos.
Otro intento fallido de Calderón para congraciarse con sus representados es la disminución de los salarios, los recortes al gasto corriente de sus colaboradores y los ajustes a los fondos destinados a los viajes oficiales. Pero en esta ruta de austeridad no todos marchan al mismo ritmo.
Entre quienes se resisten a transparentar su declaración patrimonial están el secretario de Educación y otrora presidente del IFAI, Alonso Lujambio; el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez; el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens; el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza; la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el secretario de la Marina, Francisco Saynez.
Un caso singular es el del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, quien tiene un gusto particular por los autos y no rehuye presentar su declaración patrimonial, en la que consta que ha manejado un Ford Focus, una camioneta Ford Escape, un Toyota Sedan y un Smart convertible.
Además de él, lo han hecho el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas; el exdirector del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares; la coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental, Alejandra Sota, y el otrora secretario particular del presidente y actual dirigente nacional del PAN, César Nava.
Vega Casillas ha hecho pública su declaración patrimonial desde que llegó a la SFP. En ella ha informado con detalle sobre las altas y bajas de sus terrenos y propiedades. Pero antes de llegar a su encomienda actual se negaba a transparentar la relación de sus bienes. Durante el sexenio foxista, cuando se desempeñó como gerente de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, se negó a hacer pública su declaración patrimonial; lo mismo hizo cuando se incorporó al equipo de transición presidencial calderonista.
En su declaración presentada en 2008, Vega Casillas, quien ha sido diputado en Michoacán y también ha ocupado una banca en el recinto de San Lázaro, incluyó un departamento de
¿Qué esconden?
denise dresser
“Me quiero imaginar que si el SAT no quiere que se difunda la lista de los beneficiados de la condonación de deudas, es porque quiere cuidar la identidad de ‘doña Luchita’, quien pidió un dinerito para abrir su fonda. O del ‘señor Juan’, quien pidió para comprar herramienta para su taller. O de la ‘señora Socorrito’, quien pidió para comprar su casa y que acaba de quedarse sin empleo. O de ‘don Sebastián’, que no ha terminado de pagar el taxi que le acaban de robar.”
Así, en tono irónico, un ciudadano –a través de una carta publicada en el periódico– retrata la situación en que se encuentra el derecho a saber en el país. Los obstáculos políticos que enfrenta. La reticencia institucional que impide su cumplimiento. Las argucias legales que son colocadas a su alrededor. Aunque el acceso a la información es un derecho consagrado por la Constitución, hay demasiados que buscan cercenarlo.
En lugar de promover la transparencia, insisten en defender la opacidad.
No hay un caso más emblemático en tiempos recientes que la pugna entre el IFAI y el SAT. El primero insiste en que los ciudadanos deben tener acceso a la lista de aquellos a quienes se les cancelaron créditos fiscales por cerca de 74 mil millones de pesos por incobrables, mientras el segundo argumenta que no es así. El primero intenta darle vida a un derecho constitucional, mientras el segundo opta por cercenarlo. Y el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se une a quienes anteponen la secrecía sobre la ayuda a la ciudadanía, cuando forma un frente común con el SAT. Cuando, con su decisión, embiste al IFAI en un intento por someter sus resoluciones. Cuando se para del lado de aquellos que, en lugar de dar plena vigencia al derecho de acceso a la información, contribuyen a su debilitamiento.
Creando así una situación surrealista en la que un mexicano puede saber cuánto recaudan las autoridades fiscales, pero no quiénes son los beneficiarios de esos recursos sin fiscalización. Un ciudadano puede saber el tamaño del presupuesto, pero no el nombre de las empresas y los empresarios premiados con exenciones y regímenes fiscales especiales. Un contribuyente puede enterarse de la cancelación de créditos fiscales, pero no puede tener acceso a la lista de los favorecidos, ni conocer la razón detrás del favor. Según el SAT, por encima de la Constitución están el secreto bancario, la protección de la identidad, la protección de los “derechos humanos”, y otros argumentos espurios que usa para retener información que debería ser del dominio público. De esa manera, el gobierno decide cúando, cómo y en qué circunstancias reconoce un derecho, en lugar de asegurar que se cumpla siempre.
Los obstáculos a la transparencia van en aumento. Los embates al acceso a la información se dan cada vez más. Allí está la PGR, promoviendo reformas al código procesal penal para evitar el escrutinio del IFAI, y resistiendo demandas para entregar la averiguación previa sobre la matanza del 2 de octubre de 1968. Allí están tantas dependencias del gobierno federal argumentando que la información solicitada es “clasificada” o “inexistente”. Allí está la Cofetel negándose a detallar su seguimiento en torno a si Telmex ha cumplido las condiciones de su concesión o no. Allí están los tribunales declarando nulas varias partes de un fallo del IFAI que ordenó hacer públicas las averiguaciones previas iniciadas contra Rosario Robles. Allí están los jueces colocando trabas para evitar que la averiguación previa que exoneró a los hijos de Marta Sahagún sea del dominio público. De lo que se trata es de entorpecer, de dificultar, de demorar.
Ese es el comportamiento cotidiano de quienes conciben la transparencia como una concesión discrecional en lugar de considerarla un derecho fundamental. De quienes la perciben como un mal necesario, y no como un ingrediente indispensable. De quienes siguen pensando que la información pública pertenece a los burócratas gubernamentales y no es propiedad de la ciudadanía. El cambio en las leyes aún no ha generado un cambio en la cultura, en las creencias, en las prácticas de un Estado acostumbrado a ignorar las demandas de la sociedad. Los ciudadanos todavía no pueden escrutar de cerca a las instituciones ni entender el impacto, el costo o el razonamiento detrás de las decisiones que los afectan.
Dice Jacqueline Peschard –presidenta del IFAI– que la transparencia es un componente fundamental de la consolidación democrática. Es imperativo que exista para obligar a quienes ejercen el poder a actuar con mayor honestidad. Para incentivar la participación de una ciudadanía informada. Para promover el interés público con base en información creíble. Para mejorar el desempeño de las instituciones gubernamentales. Para construir pesos y contrapesos. Para enseñarle a la sociedad sobre “el derecho a tener derechos”. Un documento público tiene tanta importancia democrática como una boleta electoral, y puede contribuir al cambio incluso más que un voto.
Quizás por ello la transparencia enfrenta hoy tantas resistencias. Porque hay demasiados intereses que proteger, demasiadas decisiones discrecionales que ocultar, demasiados favores personales que archivar, demasiados oligarcas que apuntalar, demasiadas prácticas autoritarias que pocos quieren modificar. En el SAT, en la PGR, en la Cofetel, en los partidos, en la Secretaría de Hacienda, en la Sedena, en las gubernaturas de los estados. Ante esas reticencias habrá que defender al IFAI, así como al mandato que lo anima. Habrá que exigir que los sujetos obligados de la transparencia cumplan con ella y exponer a quienes no lo hagan. Habrá que argumentar que el supuesto daño a la privacidad fiscal no sería mayor que el interés público por transparentar la forma en que el SAT determina la cancelación de créditos fiscales. Y habrá que seguir preguntando, una y otra vez: ¿qué esconden? l
Greg a las urnas
John M. Ackerman
Si los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valoran en algo la congruencia, tendrían que restituirle a Greg Sánchez sus derechos políticos y permitir que los ciudadanos de Quintana Roo con toda libertad decidan quién será su próximo gobernador. En dos casos recientes (Martín Orozco, en Aguascalientes y Jorge Hank Rhon, en Baja California), los magistrados electorales han demostrado un claro compromiso con la defensa del derecho a ser votado, aun ante disposiciones legales expresas que lo restringirían. Si nuestros jueces electorales no proceden de la misma forma en este caso, confirmarían las sospechas acerca de su falta de imparcialidad e independencia.
Hace apenas tres semanas, el 13 de mayo, el TEPJF ordenó al Instituto Electoral de Aguascalientes registrar la candidatura para gobernador de Martín Orozco, del Partido Acción Nacional (PAN), a pesar de que existe un “auto de formal prisión” en su contra. En su sentencia, los magistrados parten de una valoración de la histórica reforma constitucional en materia de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que incluyó explícitamente en el artículo 20 de la Carta Magna el principio de presunción de inocencia y se estableció un proceso penal acusatorio. Asimismo, recuerdan que a partir de esta reforma constitucional ya ni siquiera se habla del “auto de formal prisión” sino únicamente del “auto de vinculación a proceso”.
De acuerdo con los magistrados, habría que reinterpretar el artículo 38, fracción II de la Constitución federal, y las disposiciones locales correspondientes, que se refieren a la pérdida de derechos a partir del auto de formal prisión, ya que esta disposición viola tanto la letra como el espíritu del nuevo sistema penal. También recurren a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protegen de manera clara y contundente el derecho fundamental a ser votado.
Sin embargo, de manera cuestionable la sentencia también argumenta que este derecho sólo se protege cuando el inculpado puede seguir su proceso penal en libertad. Aquí el TEPJF entra en un terreno muy riesgoso cuando pretende “tasar” la presunción de inocencia de acuerdo con la gravedad del delito. Para los magistrados, la presunción de inocencia pesa más para quien está acusado de un delito menor, que para quien lo está de un delito más grave.
Pero desde un punto de vista jurídico este argumento es falaz ya que viola el principio de igualdad ante la ley plasmado en el artículo primero de la Constitución. Tal y como el mismo TEPJF indica en otra parte de la misma sentencia, “el principio de presunción de inocencia rige para todas las personas sin distinción alguna”. Por lo tanto, “no es admisible un trato diferenciado en la aplicación de ese principio”.
En el caso de la candidatura del priista Jorge Hank Rhon para la gubernatura de Baja California, el TEPJF también demostró un activismo importante al inaplicar una disposición explícita de la Constitución de Baja California que prohibiría a Hank Rhon ser candidato. El artículo 42 de la Constitución local (la famosa “ley antichapulín”), impide a los presidentes municipales, diputados y senadores ser candidatos a gobernador “durante todo el periodo para el que fueron electos, aun cuando se separen de sus cargos”. Una aplicación estricta de esta disposición hubiera descalificado a Hank Rhon, pues todavía no terminaba su periodo como presidente municipal de Tijuana.
Sin embargo, los magistrados electorales federales decidieron desconocer este texto constitucional ya que en su opinión la prohibición es “desproporcional, innecesaria y falta de idoneidad” y “no encuentra justificación en el sistema jurídico al que pertenece”. De manera similar al caso Orozco, también recurren a los tratados internacionales más importantes en la materia para respaldar su argumentación.
Ahora bien, resultaría contradictorio y paradójico, para decir lo menos, que los mismos magistrados que hicieron hasta lo imposible por defender el derecho a ser votado de un par de candidatos muy cuestionados del PRI y del PAN, hoy súbitamente decidan cambiar de criterio para seguir una línea interpretativa restrictiva y formalista que aplicarían en el caso de Sánchez. Tal y como los mismos magistrados argumentan en la sentencia del caso Orozco, “la interpretación literal no puede acogerse sin más, porque conduce a una conclusión inadmisible frente al sistema constitucional y legal que enmarca el derecho al voto pasivo.”
Otra vía por medio de la cual el abanderado del PRD, PT y Convergencia podría salvar su candidatura es con un amparo contra la decisión del juez de suspender sus derechos políticos a partir del auto de formal prisión. Si bien existe una jurisprudencia clara en la materia que el juez está obligado a seguir (DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Tesis 171/2007), también es cierto que esta jurisprudencia se estableció antes de la publicación del nuevo texto del artículo 20 constitucional en 2008. Por lo tanto, el amparo del candidato podría ser un caso clave que permita a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación modificar sus criterios jurisprudenciales, a partir de las reformas a la Constitución.
En un artículo reciente publicado en la prensa nacional, la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, escribió que ha llegado el “momento de confiar” en las instituciones electorales del país. Habría que recordarle a ella y a sus colegas magistrados que la confianza no se logra por decreto, sino que se conquista por medio de una actuación consistente e independiente. Sólo así podrán ganarse la confianza de una ciudadanía que se mantiene alerta y crítica de la institucionalidad realmente existente en nuestro país. l
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