Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
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Domingo 13 de junio de 2010
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SUPLEMENTO ENFOQUE DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Necrolatría a los héroes
A falta de pan, circo; el gobierno federal hizo del traslado de los restos de los héroes un acto que mezcla frivolidad y culto religioso
Colaborador Invitado
(13 junio 2010).- Patricia Galeana
Historiadora, secretaria técnica de la Comisión del Senado para las conmemoraciones del 2010.
En el colmo de los actos mediáticos para distraer a la población de la tragedia cotidiana que vivimos, ante la incapacidad del gobierno por darle seguridad y justicia a la ciudadanía -razón de existir del Estado-, se han hecho desfilar los huesos de los iniciadores de nuestra Independencia, en un espectáculo macabro. A falta de pan se da circo.
En vez de rendir homenaje a quienes fueron los fundadores de la nación, difundiendo sus ideas y reconociendo el valor de sus acciones, no sólo se les hace desfilar sino que se les exhibirá en Palacio Nacional, en un acto de necrolatría que nos recuerda las peregrinaciones religiosas y la exhibición de reliquias óseas en las iglesias. No faltará quien pida a nuestros santos laicos que salven a la patria, o tal vez con toda esta parafernalia se pretenda "exorcizar al espíritu maligno" que se ha apoderado de México. Milagrería del todo ajena a una República laica.
En 1925 el presidente Plutarco Elías Calles trasladó los restos de nuestros héroes de la Catedral a la Columna de la Independencia, precisamente para subrayar la laicidad del Estado mexicano.
Los estudios de arqueología osteológica no aportarán mayor conocimiento a nuestros procesos históricos, ni tampoco al conocimiento de la lucha que dieron quienes tuvieron el valor de defender sus ideas hasta perder la vida.
Los mexicanos no tenemos nada que celebrar de nuestro tiempo presente, pero sí a las generaciones que hace 200 y 100 años supieron responder a los retos de su época. Un merecido homenaje habría sido resguardar sus documentos, que se encuentran desintegrándose en la cárcel porfirista de Lecumberri.
En vez de reducirse las horas de enseñanza de la historia para nuestros jóvenes, se debía haber reincorporado su estudio en primero de secundaria, cuando el adolescente necesita ubicarse en su momento histórico y conocer la vida y cultura de los antiguos mexicanos.
También habría sido un acto de justicia hacer el museo nacional de las mujeres, para que su historia dejara de ser olvidada. Este museo se debió ubicar en la casa de Leona Vicario, por ser la primera mujer que recibió un reconocimiento a su obra en pro de la Independencia por la representación nacional, pero las autoridades fueron indiferentes a la importancia que tiene hacer semejante museo, aun cuando nuestro país se encuentra en el nivel 97 de 128 países en el estudio de Brecha de Género que da a conocer anualmente el Foro Económico Mundial de Davos.
En vez de estas acciones se organizan desfiles militares con los huesos patrios, se buscará también, de paso, mejorar la imagen del Ejército que tan deteriorada se encuentra por la violación de derechos humanos. La falta de conciencia histórica y social y de convicción democrática es manifiesta.
Cabe añadir a las reflexiones anteriores la asimetría que han tenido las actividades en torno al Bicentenario de la Independencia y al Centenario de la Revolución, así como la trivialización que se ha hecho de los protagonistas del proceso independentista: a Hidalgo, quien ha merecido el nombre de Padre de la Patria, se le desprende de sus ideas sociales y políticas, y se difunde que crió gusanos de seda y de Leona Vicario se repite hasta el cansancio que parió en una cueva, en vez de difundir sus argumentos en defensa del patriotismo de las mujeres. No se ocupan de Dolores Hidalgo, pero si del Cerro del Cubilete.
En su famosa oración fúnebre, con motivo de la guerra del Peloponeso, Pericles dijo algo que hoy debemos recordar: para aquellos que han dado su vida por la patria no se requieren tumbas ni monumentos, porque su recuerdo y su ejemplo deben estar siempre en la mente y en el corazón del pueblo por el que lucharon.
De ahí la importancia de que las nuevas generaciones de mexicanos conozcan nuestra historia, ya que nadie quiere lo que no conoce. Un pueblo o un individuo sin historia es como una persona con Alzheimer, no sabe de dónde viene ni a dónde va.
temasdenuestrahistoria@yahoo.com.mx
Responsabilidad, no impunidad
Panel Caso ABC
Karla Garduño y Ernesto Núñez
(13 junio 2010).- Cuatro abogados constitucionalistas analizan el proyecto de dictamen final de la investigación que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo. La ponencia elaborada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es considerada un documento histórico por los especialistas, pues en caso de ser aprobado por el pleno de la Corte definirá los alcances de la responsabilidad de los servidores públicos de alto rango frente a hechos graves y dará un nuevo significado al servicio público.
¿Cuál es la trascendencia histórica de la ponencia del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso de la Guardería ABC, en lo que se refiere a los límites y alcances de la responsabilidad de los funcionarios públicos?
Miguel Carbonell
El proyecto de dictamen que el ministro Arturo Zaldívar presenta a sus 10 colegas del pleno de la Suprema Corte es muy novedoso en la medida en que trasciende una visión muy tradicional y conservadora del concepto de "responsabilidad" de las autoridades del Estado mexicano en el caso de violaciones a los derechos humanos.
Tradicionalmente se había entendido que un funcionario era responsable solamente en la medida en que hubiera hecho algo que lo pusiera en la hipótesis clara y directa de lo señalado por una norma jurídica. El problema era que ahí empezaba la responsabilidad, pero también ahí terminaba. Los responsables, según este punto de vista, son aquellos que "directamente" realizaron un hecho ilícito.
La propuesta de Zaldívar se hace eco de las más avanzadas teorías de la responsabilidad, propias de los Estados constitucionales contemporáneos y nos dice que hay varios tipos de responsabilidad: unos directos y otros indirectos, unos de carácter penal y otros administrativos o políticos. Pero en todos ellos el Estado y sus funcionarios deben responder frente una violación grave a los derechos humanos.
Desde luego, la imputación de responsabilidad debe ser proporcional a la gravedad de la acción o de la omisión, y debe graduarse en la medida del daño efectivamente causado, pero nadie se puede librar en la cadena administrativa de mando.
Javier Cruz Angulo
No es la primera vez que en un proyecto de facultad de investigación se hace señalamiento a altos funcionarios. En el proyecto de Atenco, la ponencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo (febrero del 2009) contemplaba la responsabilidad de altos funcionarios: tanto el procurador Eduardo Medina Mora como el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.
Cuando el proyecto pasa al pleno de la Suprema Corte se dice que no hay suficiente cadena de evidencia para poder fincar la responsabilidad de dichos funcionarios. Veremos si en este caso existe suficiente cadena de evidencia para poder llegar a los funcionarios que señala el dictamen.
Ana Laura Magaloni
Lo que el dictamen del ministro Zaldívar propone es un cambio de 180 grados con respecto a lo que significa el ejercicio del poder. Un alto cargo público conlleva grandes responsabilidades, no sólo privilegios. Dicha responsabilidad no es sólo hacia el titular del Ejecutivo. También existe una responsabilidad de cara a la ciudadanía. Se trata de construir un gobierno que ponga a los ciudadanos en el centro. Ello significa, entre muchas otras cosas, que cuando en una institución existen fallas graves -como las que sucedieron en el caso de la Guardería ABC- más allá de las responsabilidades penales o administrativas que se puedan derivar, existe una responsabilidad política y ética por parte de las cabezas de la institución. Esta responsabilidad sólo se entiende si creemos que la democracia significa un gobierno que rinde cuentas frente a los ciudadanos.
Diego Valadés
El proyecto del ministro Zaldívar permite apreciar la magnitud del rezago de nuestro sistema constitucional en materia de democracia. Contamos con un sistema electoral que se basa en el ejercicio de las libertades públicas de los ciudadanos, pero no disponemos de un sistema de controles democráticos con relación a los integrantes del gabinete presidencial. El proyecto del ministro exhibe al mismo tiempo la indemnidad política de los titulares de altos cargos y la inoperancia del Congreso en materia de control político. Es muy llamativo que ninguna de las Cámaras del Congreso haya integrado una comisión de investigación, conforme a la facultad que les confiere el artículo 93 constitucional, y que se hayan conformado con llevar a cabo unas inocuas reuniones de trámite con los funcionarios involucrados en este trágico suceso.
¿Qué actitud deben asumir los demás ministros de la SCJN frente a esta ponencia y cuáles son los temas a considerar durante la discusión y votación del proyecto del ministro Zaldívar?
Miguel Carbonell
La Suprema Corte estaría enviando un mensaje muy contundente si aprueba por unanimidad, con los cambios que se estimen oportunos, el documento elaborado con gran maestría por el ministro Zaldívar.
La Corte puede constituirse en este momento tan complicado que está viviendo México en el único asidero de credibilidad y de lucha contra la impunidad.
Hay millones de mexicanos que dejaron de creer en la justicia y que ya no confían en ninguna autoridad. La decisión que tome la Corte en un tema que ha despertado tanta sensibilidad social puede ser un mensaje de esperanza, un recordatorio de que todavía tenemos Estado y que, por encima de intereses políticos, el ciudadano va a ser respetado y sus derechos protegidos.
Javier Cruz Angulo
El ministro está poniendo sobre la mesa cuáles pueden ser los alcances de la resolución o cuáles son sus efectos y eso debería ser un debate en la Suprema Corte. Por primera vez dentro de un proyecto se explica qué es la facultad de investigación de la Corte, eso sí es histórico. Es la primera vez que un proyecto dice que la facultad de investigación no es vinculante, no es obligatoria y que no prejuzga sobre la responsabilidad civil, penal o administrativa de un funcionario, pero que sí es un señalamiento sobre la legitimidad democrática de las instituciones, con la fuerza moral de la SCJN.
En el Congreso se va a votar si se retira o no la facultad de investigación de la SCJN, por lo que el tema se vuelve aún más relevante. En caso de ser la última, que al menos se defina qué fue o qué era; y en caso de que no sea la última es el primer antecedente que dice cuáles son sus alcances.
Vale la pena analizar también si la facultad de investigación puede ir de un caso particular a lo general, porque a partir de lo que pasa en la Guardería ABC se hace un estudio de todo el sistema de guarderías. Se necesitó analizar todo el sistema jurídico respecto a la subrogación de guarderías del IMSS para decir que hay un gran tema de derechos humanos, que la infancia se vulnera abiertamente porque hay un gran descuido por parte del IMSS en las condiciones en que están los niños. De más de mil 400 guarderías, sólo el 14 por ciento cumplen los requisitos, esto habla de un desprecio por el cuidado de los niños infame de parte de las autoridades.
Finalmente se tiene que debatir cuán fuerte puede ser el señalamiento político hacia las personas que están siendo consideradas como responsables, cuál debe ser la cadena de evidencia suficiente para que se pueda señalar a una autoridad.
Como la facultad de investigación es algo que no tienen otras cortes del mundo no tenemos reglas de juego; como son distintas en derecho penal, civil o administrativo, se debe definir qué reglas utiliza la Corte en la facultad de investigación. Por eso se cayó el caso de Lydia Cacho, porque se excluyó la prueba de las grabaciones bajo los estándares de prueba del derecho penal.
Por último, si estamos hablando de un señalamiento de legitimidad democrática, política y moral, las autoridades deberían de responder en ese mismo nivel, y el IMSS tendría que empezar a coordinarse con el gobierno del estado de Sonora para poder reparar el daño a las víctimas. Pero depende mucho de la fuerza con que la Corte haga el señalamiento y lo pueda explicar de forma lógica a la sociedad.
De la lectura del dictamen, a mí me queda muy claro que hay un total desaseo en cómo contrata el IMSS, y eso es muy importante porque cualquier ciudadano lo puede leer, pero también es importante que se explique por qué el gobernador de Sonora adquiere este mismo grado de responsabilidad, no se explica con la misma claridad.
El señalamiento político que le vayan a hacer a cualquier autoridad, se le debe explicar a la ciudadanía con peras y manzanas, precisamente porque se trata de un fallo que robustece la legitimidad política de la Corte.
Ana Laura Magaloni
La tarea principal de la Corte en el proceso de consolidación democrática es garantizar la eficacia de los derechos constitucionales que nos hacen ser ciudadanos y no meros gobernados. Si bien esta afirmación la pueden compartir en abstracto todos los ministros, Zaldívar les propone hacerla real y tangible en un caso tan emblemático como el de la Guardería ABC.
Este caso, como ningún otro que yo recuerde, toca las fibras más sensibles del ciudadano de a pie. Los ministros tienen enfrente un proyecto de dictamen que le habla a esos ciudadanos. ¿Podrán asumir cabalmente el papel que les toca en un asunto de esta dimensión? Yo creo que ello dependerá de su capacidad para mirar de una forma original y novedosa lo que significa la facultad de investigación de la Corte y de que su tarea en este ámbito es completamente distinta y atípica con respecto a lo que es propiamente la facultad jurisdiccional.
En este caso no están decidiendo un asunto en donde hay un demandado y un demandante y lo que decidan es obligatorio. Más bien, lo que tienen enfrente es un caso que, a pesar de su enorme gravedad, no ha sido atendido cabalmente por las instituciones legales respectivas y los controles políticos básicos de un sistema democrático tampoco han funcionado. Frente a ello lo que le queda a la Corte es intentar activar tales controles. No puede hacer más, pero yo creo que tampoco debería hacer menos.
Parte de los ejes rectores de la discusión serán: 1) cuál debe ser el papel de la Corte cuando está ejerciendo su facultad de investigación de violaciones graves a los derechos fundamentales; 2) qué significa la responsabilidad "constitucional, política y moral" de los altos funcionarios y cómo se diferencia de la responsabilidad penal y administrativa y 3) si los funcionarios que señala el dictamen son o no responsables constitucional, política y moralmente de las omisiones que les imputa el proyecto.
Diego Valadés
Estoy seguro de que los ministros examinarán el proyecto con la seriedad que caracteriza su trabajo. No formulo sugerencia alguna acerca de lo que ellos deben hacer, porque la Corte es de las pocas instituciones que realiza sus labores con un alto sentido de responsabilidad. Temo que en éste, como en otros casos, la Corte será objeto de presiones; pero estoy seguro de que, como en esos casos, sabrá soportar y superar las presiones y resolverá en el sentido que corresponde en un Estado de derecho: contra la impunidad. El problema es que su decisión no será vinculante, por lo que la arrogancia y la insensibilidad políticas podrían hacer que nada pasara, y que los involucrados se limiten a esperar que nuevos escándalos hagan olvidar este doloroso caso.
¿Qué nuevas lecciones deja esta ponencia en lo que concierne a dos temas?: la facultad de investigación de la Suprema Corte y sus consecuencias, y las fallas del Ministerio Público y del proceso penal en general para investigar y castigar conforme a la ley delitos en hechos graves de gran trascendencia pública, en este caso, el incendio de la guardería.
Miguel Carbonell
Debemos hacernos, con seriedad, de las limitaciones que la Constitución señala respecto del ejercicio de la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos, prevista en el artículo 97 constitucional.
Al terminar su discusión y análisis, la Corte señalará simplemente si se han violado de forma grave, en un caso concreto, los derechos fundamentales de una o varias personas. Pero de ese señalamiento no se desprende, en automático, alguna responsabilidad.
De hecho, la Corte lo que va a hacer una vez que sea aprobado el dictamen correspondiente es ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, para que lleven a cabo los procedimientos que (entonces y sólo entonces) imputen responsabilidades concretas a los funcionarios o ex funcionarios señalados.
¿Qué autoridades son ésas? Las procuradurías de justicia (de Sonora y General de la República), por lo que respecta a la responsabilidad penal; las contralorías de los poderes ejecutivos, por lo que hace a la responsabilidad administrativa; los órganos legislativos (local y federal) en lo que toca a la responsabilidad política. Cada órgano debe llevar a cabo un proceso distinto, siempre muy riguroso, al determinar el grado y nivel de responsabilidad de cada persona involucrada. No es lo mismo la responsabilidad penal que la política, y no deben confundirse nunca.
La facultad de investigación no es muy "natural" para un tribunal constitucional. De hecho, no conozco ningún caso de otro país que tenga algo parecido. Pero en la tragedia de la Guardería ABC, la Corte parece que es el último eslabón en el funcionamiento del Estado mexicano. Una instancia superior a la que se apela ante las deficiencias, las complicidades, la falta de respuesta de todos los demás mecanismos de tutela y protección de derechos.
Por eso es que la Corte tiene la gran oportunidad, histórica, de devolverle a la sociedad mexicana un poco de confianza y de credibilidad hacia sus autoridades. El ministro Zaldívar, con su enorme documento, ha dado un paso de gigante en la dirección correcta. Esperemos que sus compañeros sepan estar a la altura del reto. Lo veremos muy pronto.
Javier Cruz Angulo
Como era obvio que la Procuraduría del estado jamás iba a señalar como penalmente responsable al gobernador, ni la Contraloría del IMSS iba a señalar como administrativamente responsable al director del IMSS, se tuvo que recurrir a la Corte. En un mundo ideal, la Contraloría señalaría a su propio director como su responsable, y en un mundo ideal la Procuraduría del estado no tendría ningún empacho en señalar al propio gobernador, pero como sabemos que aquí no iba a pasar eso, se recurre a la Suprema Corte, y ahora, a contrario sensu, la Corte tiene que dar una explicación muy detallada a los padres y a la sociedad de por qué señaló a cada quien, porque si no todos son responsables y se convierte nada más en una verbena popular.
Este caso es el más claro ejemplo, junto con el de Atenco, de que hay instituciones que son incapaces; es decir, en el momento en que hay un evento donde puede haber hechos que señalen a políticos, las instituciones se vuelven ineficaces y esto es muy triste. Tiene que llegar la SCJN a rescatar y entonces ellos, como un poder autónomo, sí hacen los señalamientos que otras instituciones no se atreverían a hacer.
Ana Laura Magaloni
1. El proyecto establece una nueva forma de entender la facultad de investigación. Esta debe estimarse como una facultad excepcional y que procede cuando: a) existen indicios de que se violaron gravemente los derechos fundamentales y b) los mecanismos ordinarios para imputar responsabilidades penales o administrativas no han dado resultados. Frente a ello lo que la Corte puede hacer es erigirse como un árbitro político y ético. En este sentido sólo puede definir responsabilidades políticas no jurídicas. En pocas palabras, es una facultad que existe porque el sistema político y las instituciones legales todavía son inmaduras para dar respuestas satisfactorias a la ciudadanía en asuntos de esta dimensión.
2. Una parte importante de lo que estos casos ponen a la luz pública es que procesos judiciales ordinarios no funcionan para asuntos que tienen que ver con los altos funcionarios o la élite económica. La construcción de un gobierno responsable en términos jurídicos pasa por resolver dos problemas: a) la incapacidad técnica y la falta de autonomía política de las procuradurías de justicia que conlleven a determinar responsabilidades penales a los funcionarios públicos y b) la ausencia de instituciones fuertes y autónomas para definir responsabilidades administrativas frente a funcionarios públicos, de cualquier nivel, que violan las leyes.
Diego Valadés
En varias ocasiones me he pronunciado, como la mayoría de los constitucionalistas, en contra de la facultad de investigación que le confiere a la Corte el artículo 97 constitucional. Sin embargo, a la luz de esta experiencia, tengo que admitir que si el caso no hubiera sido objeto de investigación por parte de la Corte, la muerte de 49 niños y las lesiones duraderas que otros muchos padecerán toda su vida habría sido un hecho sin consecuencias, como tantos más en el país. Los crímenes sin castigo y la ineficiencia sin sanción se han vuelto los elementos característicos de nuestro sistema; menos mal que la Corte no forma parte del letargo y de la mediocridad que hoy identifican a la función pública en México. Hay vacíos institucionales que la Corte está llenando; no es lo más recomendable, porque la distrae de sus funciones centrales y porque alimentará la tentación de politizar su integración, pero por el momento eso es preferible a quedar a merced de la arbitrariedad, de la indolencia o de la ineptitud dominantes.
Entrevistas: Karla Garduño y Ernesto Núñez.
Documento histórico
Fragmentos fundamentales de la ponencia del ministro Arturo Zaldívar sobre el incendio de la Guardería ABC (facultad de investigación 1/2009). Este documento será presentado formalmente al pleno de la Corte el lunes 14 de junio, con lo que inicia su discusión. Se prevé que los ministros lo voten en los días subsiguientes.
Facultad de investigación de la SCJN:
Debe entenderse a la facultad de investigación, en primer lugar, como una facultad de carácter extraordinario, la cual debe atender a dos circunstancias: a la gravedad en la violación de los derechos fundamentales y a la insuficiencia de los medios ordinarios para hacer frente a dichas violaciones.
La facultad de investigación se justifica, además, cuando por el estado de cosas el ejercicio de otros recursos ordinarios no alcanza, lo que implica que los medios ordinarios, ya sean jurisdiccionales o políticos, son insuficientes para reparar el daño a las víctimas. No nos referimos con lo anterior a la necesidad de agotar todos los medios antes de acudir a la Suprema Corte, sino a que debido a la gravedad de las violaciones y a la indiferencia de las autoridades, las víctimas no hayan visto satisfecha su demanda de justicia. En suma, la Suprema Corte entrará allí donde las autoridades e instituciones han fallado.
Consecuencias de la resolución:
Aunque el dictamen que se emita no sea vinculante, eso no significa que no tenga consecuencias. Las tiene en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática. Las tiene como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales constatadas, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer. Con toda su autoridad moral esta Suprema Corte emite un dictamen de cara a la Nación, en el que declara la violación grave de garantías individuales y los responsables de las mismas, esto sin duda tiene un peso y un valor que reafirma a este Tribunal Constitucional como contrapeso y barrera frente a los abusos del poder.
La resolución que se emita no adjudicará responsabilidades penales, administrativas o civiles pero sí constitucionales, éticas y políticas. No servirá para sancionar a las autoridades pero sí para señalarlas desde los valores de la Constitución y reprobarlas con ese peso.
Responsabilidad pública:
Asumir un cargo implica, entre otras cosas, aceptar la responsabilidad y los riesgos que la función trae aparejada.
Desde ese momento le serán imputadas todas las responsabilidades inherentes al cargo. Por ello, el servidor público está obligado a identificar una agenda de riesgos y a girar sus instrucciones y políticas para minimizarlos al máximo. Esto no es optativo; el orden jurídico nacional establece los fines, objetivos, atribuciones y obligaciones que deben de cumplir cada uno de los diferentes órdenes de gobierno y formas de ejercicio del poder.
Entre ellos figura, de manera destacada, el deber de cuidado para la defensa y desarrollo de los derechos fundamentales de todos los gobernados, pero, de manera especial, de aquellos grupos más vulnerables. La Constitución no prevé una curva de aprendizaje. La Constitución supone la designación de personas capaces y capacitadas para los cargos que ostentan, no la de servidores públicos sin preparación que lleguen a sus funciones a aprender y a enterarse de cuáles son sus responsabilidades. Si desde el primer día cobran íntegro su salario y disfrutan de los beneficios del cargo que ostentan, es lógico y razonable sostener que, desde ese primer día, asumen la responsabilidad de la dependencia o entidad que dirigen.
La circunstancia de que sean asignadas facultades específicas a diversos servidores públicos de distintos niveles no significa en forma alguna que se delegue la responsabilidad del titular de la institución hasta convertirla en irresponsabilidad del superior jerárquico.
La responsabilidad del Estado por violaciones graves a derechos fundamentales no puede desaparecer en un mar de formalismos mediante los cuales al final nadie es responsable de los hechos, o que lo sean sólo los niveles más modestos de la cadena de mando. Un Estado democrático es un Estado responsable, y éste sólo es factible con servidores públicos que asuman la responsabilidad de las instituciones que se encuentran a su cargo.
Violaciones graves por omisión:
Las gravísimas omisiones que se detallan en este dictamen llevan a esta Suprema Corte a determinar la vinculación directa en las violaciones graves a las garantías individuales de los 49 niños que fallecieron en la tragedia investigada y los 104 niños lesionados, muchos de los cuales no podrán recobrar una vida normal debido a la gravedad de los daños físicos que recibieron, a los servidores públicos que tenían la obligación de cuidar la vida y su integridad. En específico de quienes tenían a su cargo la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y omitieron la emisión de las políticas públicas que pudieron haber evitado esta lamentabilísima tragedia; así como al entonces gobernador de Sonora, quien incurrió en inexcusables actitudes omisivas que generaron el incendio en la Guardería ABC.
Garantías individuales violadas:
1. Los derechos del niño y el principio de interés superior.
2. Derecho a la protección de la vida y a la integridad física.
3. Derecho a la seguridad social.
4. El derecho a la salud.
5. Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales.
Esta Suprema Corte estima que existen elementos suficientes para concluir que si las autoridades hubieran cumplido con sus deberes constitucionales de protección de la niñez, de conformidad con lo prescrito por el principio de interés superior, el sistema de guarderías subrogadas no sólo funcionaría adecuadamente de conformidad con los criterios de calidad garantizados por la Constitución, sino que con toda seguridad se habría evitado la muerte de 49 niños y la afectación en la integridad física de otros 104 menores.
Autoridades responsables
Dado lo anterior no puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas pudo haber evitado no sólo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudiendo preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores.
Atento a lo anterior, se presenta la relación de las autoridades a las que se les atribuye una responsabilidad de carácter constitucional.
IMSS:
Daniel Karam Toumeh, director general (desde marzo del 2009).
Juan Molinar Horcasitas, ex director general (2006-2009).
Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de Prestaciones Económicas y Sociales (2007-2009).
Carla Rochín Nieto, ex coordinadora de Guarderías (2007-2009).
Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado estatal en Sonora (2006-2009).
Noemí López Sánchez, ex titular del departamento delegacional de Guarderías (2001-2009).
Gobierno del Estado de Sonora:
Eduardo Bours Castelo, ex gobernador (2003-2009).
Wilebaldo Alatriste Candiani, ex titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (2003-2009).
Ernesto Vargas Gaytán, ex secretario de Hacienda (2007-2009).
Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda (2008-2009).
Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda (
Ayuntamiento de Hermosillo:
Ernesto Gándara Camou, ex presidente municipal (2006-2009).
Jesús Davis Osuna, ex director de Inspección y Vigilancia Municipal (2006-2009).
Roberto Copado Gutiérrez, ex titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (2006-2009).
Consulte este documento completo en:
http://www.scjn.gob.mx/Documents/ FacultadDeInvestigacion-1-2009V1.pdf
Un año de impunidad
Al cumplirse un año de la tragedia en la Guardería ABC, la Suprema Corte tiene la oportunidad de hacer justicia.
5 de junio del 2009. Incendio de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS a particulares.
30 de junio del 2009. El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz, recibe a los padres de los niños.
6 de agosto, 2009. La Corte resuelve ejercer su facultad de investigación sobre la tragedia.
1o. de marzo, 2010. Dan a conocer el informe preliminar de la Comisión Investigadora de la SCJN.
3 de junio, 2010. El ministro Arturo Zaldívar presenta su proyecto de resolución.
Conózcalos
Miguel Carbonell
Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador y coordinador del Área de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Javier Cruz Angulo
Licenciado en derecho por la UNAM. Investigador y director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Abogado de los indígenas detenidos tras la matanza de Acteal en 1997. Miembro del Centro de la Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.
Ana Laura Magaloni
Licenciada en derecho por el ITAM. Doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Líneas de investigación: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sistema penal mexicano.
Diego Valadés
Licenciado en derecho por la Universidad Classica de Lisboa y la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Área de investigación: derecho constitucional.
¿Última investigación?
Panel Caso ABC
Karla Garduño
(13 junio 2010).- La reforma en materia de derechos humanos que se aprobó en el Senado de la República y se analiza en la Cámara de Diputados, contempla quitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de investigación y otorgársela a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La minuta aprobada el 8 de abril por la Cámara alta modifica el artículo 97 constitucional, que da a la SCJN la capacidad de investigar hechos que constituyan violaciones graves a las garantías individuales, facultad que ha sido utilizada en casos como la masacre de Aguas Blancas (1996), la represión policiaca en Atenco (2006), el conflicto magisterial de Oaxaca (2007) y la muerte de 49 niños en la Guardería ABC de Sonora (2009).
La reforma también modifica el artículo 102 constitucional y añade que entre sus atribuciones, la CNDH "investigará hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades".
El Mundial, México y la Selección
SUDÁFRICA 2010. Análisis
Mariano González
(13 junio 2010).- Un análisis de las 18 Copas Mundiales de futbol permite diferenciar seis épocas desde sus orígenes hasta la actualidad, a partir de cuatro factores: los años en que se desarrollaron, el número de países participantes, los sistemas de juego empleados por los directores técnicos de los conjuntos nacionales y los formatos de la competencia.
Por su parte, el desenvolvimiento de la Selección Mexicana de Futbol se puede dividir en etapas; en este caso, cinco: la primera abarca las dos primeras épocas en las que se divide la historia mundialista y las cuatro restantes corresponden cada una a las épocas sucesivas.
REGÍMENES REVOLUCIONARIOS
Pascual Ortiz Rubio (1930 - 1932)
Abelardo Luján Rodríguez (1932 - 1934)
Lázaro Cárdenas del Río (1934 - 1940)
1 LOS INICIOS (1930-1938)
La primera época abarca tres copas del Mundo, incluida la primera, en la que no hubo eliminatorias sino invitaciones del país anfitrión.
México
La primera etapa de la Selección Nacional dio inicio con sus tres derrotas en el Mundial de Uruguay. En Italia 34 el dictador Benito Mussolini presenció en Roma el partido de fase eliminatoria en el que Estados Unidos dejó a México fuera del Mundial.
Para Francia 38 México decidió sumarse a un boicot de países latinoamericanos y no asistió al torneo.
RESULTADOS DE MÉXICO
BRASIL 50
-Campeón: Uruguay
| Brasil | 4- 0 | México |
| Yugoslavia | 4 - 1 | México |
| Suiza | 2 - 1 | México |
Suiza 54
-Campeón: Alemania Federal
| Brasil | 5 - 0 | México |
| Francia | 3 - 2 | México |
Suecia 58
-Campeón: Brasil
| Suecia | 3 - 0 | México |
| Gales | 1 - 1 | México |
| Hungría | 4 - 0 | México |
FIN DEL DESARROLLO E INICIO DEL AUTORITARISMO
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)
Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)
3 REGULARIZACIÓN DEL TORNEO (1962-1970)
En este ciclo de 8 años, la FIFA celebró tres copas del mundo con 16 equipos nacionales en cada uno. Asimismo, implementó el criterio de desempate mediante diferencia de goles.
México
La segunda etapa de la Selección se desarrolla durante esta época. En este periodo obtiene su primer triunfo, al ganarle a la entonces Checoslovaquia en Chile 62; empata dos partidos en Inglaterra 66 y obtiene la sede del torneo en 1970, cuando obtiene dos triunfos y un empate, que la llevan a cuartos de final y a la sexta posición de la tabla.
El Mundial coincide con una época de autoritarismo que se extendería toda la década.
RESULTADOS DE MÉXICO
Chile 1962
-Campeón: Brasil
| Brasil | 2 - 0 | México |
| España | 1 - 0 | México |
| México | 3 - 1 | Checoslovaquia |
Inglaterra 66
-Campeón: Inglaterra
| Francia | 1 - 1 | México |
| Inglaterra | 2 - 0 | México |
| Uruguay | 0 - 0 | México |
México 70
-Campeón: Brasill
| México | 0 - 0 | URSS |
| México | 4 - 0 | El Salvador |
| México | 1 - 0 | Bélgica |
| México | 1 - 4 | Italia |
| | (Cuartos de final) | |
GUERRA SUCIA Y CORRUPCIÓN
José López Portillo (1976-1982)
4 TORNEOS A NIVEL MEDIÁTICO (1974-1978)
Con el desarrollo de la televisión, las copas mundiales de Alemania Federal 74 y Argentina 78 alcanzaron un nivel mediático jamás visto, lo que proyectaría este deporte de manera definitiva para ser el más popular del planeta.
En 1974 se cambió de trofeo, dado que el anterior, llamado Copa Jules Rimet, le había sido concedido a perpetuidad a Brasil en el torneo de México 70, al ganarlo por tres ocasiones. La copa FIFA diseñada entonces es la que se usa hasta la actualidad. En estos dos certámenes la FIFA aumentó el número de encuentros de
En 1978 el Mundial se vio ensombrecido por el golpe militar ocurrido en 1976 en Argentina, que desde 1966 había sido seleccionada para ser sede del torneo. Este hecho produjo actos de repudio en muchos países europeos, donde se organizaron protestas y acciones de boicot en protesta por los miles de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar del autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, el gobierno argentino obtuvo el apoyo abierto y decidido de la FIFA. Concluido el certamen, y siendo Argentina campeón, los jugadores del equipo de los Países Bajos se negaron a saludar a los jefes de la dictadura argentina a la hora de recibir las medallas de subcampeones. Antes de la final, los jugadores holandeses se habían reunido con las Madres de la Plaza de Mayo.
México
La Selección Nacional vivió en esta época su tercera etapa de desarrollo, que es también la peor: no calificó para asistir al evento mundialista en 1974, pues fue eliminado y el lugar concedido por la FIFA para el área de la Concacaf fue tomado por Haití.
En el torneo celebrado en Argentina, en 1978, el equipo nacional se fue al fondo de la clasificación, con tres derrotas.
La mala racha se extendió hasta la fase eliminatoria previa a España 1982: a pesar de que para este torneo la FIFA le había asignado dos plazas a al área de Concacaf, México no calificó y las plazas de la Concacaf fueron tomadas por Honduras y El Salvador.
RESULTADOS DE MÉXICO
Alemania 74
-Campeón: Alemania
No clasificó
Argentina 78
-Campeón: Argentina
| Túnez | 3 - 1 | México |
| Alemania | 6 - 0 | México |
| Polonia | 3 - 1 | México |
INICIO DEL NEOLIBERALISMO, CRISIS ECONÓMICA Y FRAUDE
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)
5 EL CRECIMIENTO (1982-1994)
En la Copa del Mundo España 82 la FIFA llevó a cabo el aumento de países participantes en el mundo, de
México
La cuarta etapa de la Selección inicia en esta época y está definida por los claroscuros: no clasifica al Mundial de España 82, en 1986 México se convierte en el primer país en celebrar dos veces una Copa del Mundo y dos años después ocurre el escándalo de los "cachirules" que lo elimina del Mundial Italia 90.
En la inauguración del Mundial México 86 fue abucheado el presidente Miguel de la Madrid, que un año antes vivió una crisis política a raíz de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.
Como anfitrión, México venció a Bulgaria en octavos de final, fue eliminado en cuartos por Alemania y se colocó en sexto lugar de la tabla.
Pero dos años después, en abril de 1988, ocurrió el episodio de los "cachirules" durante las eliminatorias del Mundial Juvenil, cuando la Concacaf determinó que las edades de cuatro jugadores alineados por México eran falsas, por lo que le negó asistir al torneo e inhabilitó de por vida a varios directivos mexicanos. La FIFA no sólo respaldó las sanciones impuestas por Concacaf, sino que eliminó a México de toda competencia avalada por este organismo por dos años. Así se perdió, en automático, el boleto a Italia 90. Esto favoreció la clasificación del equipo de Estados Unidos, que en 1994 sería anfitrión del torneo, lo que sembró dudas sobre la severidad con la que la FIFA sancionó a México.
Curiosamente, el fraude de la Femexfut ocurrió tres meses antes de las elecciones presidenciales de 1988, en las que la oposición y amplios sectores de la sociedad protestaron por la fraudulenta elección de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México.
La Selección regresó a los mundiales en 1994, año en el que se marca el inicio de la quinta y última etapa de la Selección, de acuerdo con este análisis. En el Mundial de Estados Unidos 94 también llegó a octavos de final, y jugó nuevamente contra Bulgaria, pero esta vez empataron en tiempo regular y Bulgaria ganó en penaltis.
RESULTADOS DE MÉXICO
España 82
-Campeón: Italia
No clasificó para asistir al campeonato
México 86
-Campeón: Argentina
| Bélgica | 1 - 2 | México |
| México | 1 - 1 | Paraguay |
| Iraq | 0 - 1 | México |
| México | 2 - 0 (octavos de final) | Bulgaria |
| Alemania | 4 - 1 (penales en cuartos de final) | México |
Italia 90
-Campeón: Alemania
No participó en las eliminatorias por sanción de la FIFA
Estados Unidos 94
-Campeón: Brasil
| Noruega | 1 - 0 | México |
| México | 2 - 1 | Irlanda |
| Italia | 1 - 1 | México |
| México | 1 - 3 (penales en octavos de final) | Bulgaria |
TRANSICIÓN Y GOBIERNOS PANISTAS
Vicente Fox Quesada (2000-2006)
Felipe Calderón Hinojosa (2006-en el cargo)
6 SEGUNDA EXPANSIÓN (1998-2006)
Para la Copa Mundial de Francia 98 la FIFA volvió a incrementar el número de países, a 32. Se inició así la sexta época en la historia de los mundiales, que abarca tres torneos ya realizados y el que se juega actualmente. La gran novedad de esta época es que por primera vez se celebran mundiales fuera de Europa y América.
México
Iniciada en 1994, la quinta etapa de la Selección Nacional se consolida en este periodo. En los tres mundiales de esta época calificó a octavos de final y terminó ocupando los lugares 13, 11 y 15 en la tabla. Jugó 12 partidos, ganó 4, empató 4 y perdió 4; anotó 17 goles y recibió 15.
Esta época coincide con la alternancia política en México. El PRI perdió las elecciones del año 2000 y el PAN llegó a la Presidencia.
A pesar de los resultados obtenidos en los tres últimos torneos mundialistas, a los que se les puede calificar como "regulares", la Selección no ha logrado dar un paso sólido que le permita jugar un quinto partido que lo proyecte para posicionarse en los primeros 10 mejores equipos nacionales clasificados del torneo. Está por verse si Sudáfrica 2010 significará el inicio de una nueva etapa.
RESULTADOS DE MÉXICO
Francia 98
-Campeón: Francia
| México | 3 - 1 | Rep. de Corea |
| México | 2 - 2 | Bélgica |
| Holanda | 2 - 2 | México |
| Alemania | 2 - 0 (octavos de final) | México |
Corea-Japón 02
-Campeón: Brasil
| Croacia | 0 - 1 | México |
| México | 2 - 1 | Ecuador |
| México | 1 - 1 | Italia |
| México | 0 - 2 (octavos de final) | Estados Unidos |
Alemania 06
-Campeón: Italia
| México | 3 - 1 | Irán |
| México | 0 - 0 | Angola |
| Portugal | 2 - 1 | México |
| Argentina | 2 - 1 (octavos de final) | México |
Sudáfrica 10
| Sudáfrica | - | México |
| Francia | - | México |
| México | - | Uruguay |
FIFA: ocho presidentes
Historia de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), a partir de la trayectoria de quienes la han presidido.
1904-1906
Robert Guérin (Francia 1876-1952)
Fue el impulsor y responsable de la fundación de la FIFA en 1904. Periodista del rotativo Le Matin, era también secretario del Departamento de Futbol de la Union Française des Sociétés des Sports Athlétiques. Fue quien reunió en París a los representantes de los siete primeros países miembros para la firma del acto fundacional de la FIFA y el acuerdo de los primeros estatutos de la organización. El 23 de mayo de 1904 fue elegido presidente en el primer Congreso de la FIFA y ocupó el cargo durante dos años, durante los cuales se sumaron al proyecto otras ocho naciones.
1906-1918
Daniel Burley Woolfall (Inglaterra 1852-1918)
Directivo de la Asociación Inglesa de Futbol, se propuso como el principal objetivo la instauración de un reglamento uniforme en el futbol internacional. Durante su cargo, la aplicación de las reglas del juego establecidas conforme al modelo inglés se hizo obligatoria, al tiempo que se alcanzó una definición clara de la normativa aplicable en los partidos internacionales.
También desempeñó un papel destacado en la organización de la primera competición internacional de futbol digna de mención, en los Juegos Olímpicos de Londres 1908.
Durante su mandato se aprobó la incorporación de los primeros miembros no europeos (Sudáfrica, Argentina, Chile y Estados Unidos), pero su ejercicio se vio interrumpido por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Woolfall fue presidente de la FIFA hasta su muerte, acaecida en 1918.
1921-1954
Jules Rimet (Francia 1873-1956)
Cuando el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA fue rebautizado en honor de Jules Rimet en 1946, fue en justo reconocimiento a la labor que había desempeñado el francés, que por aquel entonces celebraba el 25 aniversario de su nombramiento como presidente. Inspirado en el éxito de los Torneos Olímpicos de Futbol de 1924 y 1930, fue el principal promotor de la creación de la Copa Mundial de la FIFA en 1930.
Él supervisó las cinco primeras ediciones antes de entregar "su" trofeo por última vez al capitán de Alemania Federal (Occidental), Fritz Walter, en junio de 1954.
Ese mismo mes, el entonces octogenario puso fin a su presidencia, durante la cual la cantidad de naciones participantes pasó de
1954-1955
Rodolphe William Seeldrayers (Bélgica 1876-1955)
Fue un deportista de talento que ayudó a fundar la Asociación Belga de Futbol, para destacarse posteriormente en los campos de la dirección y del periodismo deportivos. Sirvió en el Comité Olímpico Internacional y ejerció el cargo de vicepresidente de la FIFA durante más de un cuarto de siglo, antes de suceder a Jules Rimet. Seeldrayers gestionó la celebración del 50 aniversario de la FIFA en 1954, pero falleció al año siguiente.
1955-1961
Arthur Drewry (Inglaterra 1891-1961)
Sirvió como presidente interino durante seis meses, tras la muerte de Rodolphe William Seeldrayers. En junio de 1956 fue electo presidente. Junto con Stanley Rous, apoyó con entusiasmo los esfuerzos de Jules Rimet por reintegrar a las asociaciones británicas al seno de la FIFA en 1946 y, asimismo, sirvió como presidente de la Liga de Futbol y de la Asociación de Futbol de Inglaterra. Ocupó el cargo de presidente hasta su fallecimiento, en marzo de 1961.
1961-1974
Stanley Rous (Inglaterra 1895-1986)
Antes de ser presidente de la FIFA ya había realizado una admirable contribución al futbol, dentro y fuera de la cancha. Como árbitro de primera categoría, silbó la final de la Copa de Inglaterra así como 36 partidos internacionales. Luego, tras ocupar el cargo de secretario de la Asociación Inglesa de Futbol, ayudó a redactar las nuevas reglas del juego en 1938, en tanto su paciencia y sus dotes diplomáticas propiciaron la reincorporación de las asociaciones británicas a la FIFA en 1946.
Fue el tercer presidente inglés de la FIFA y, durante su periodo, la Copa Mundial se transfiguró en un espectáculo televisivo de magnitud planetaria, especialmente a partir del certamen mundialista de México 1970, que fue retransmitido en color al mundo entero.
Cuatro años antes había sido testigo de la coronación de su país en su propio feudo.
1974-1998
João Havelange (Brasil 1916)
Sus 24 años al frente de la FIFA fueron un periodo de cambios significativos, especialmente en la promoción y expansión de la Copa Mundial de la FIFA, que pasó de ser una competición entre 16 selecciones nacionales a una de 32 cuando el brasileño se retiró en 1998.
Nadador y jugador de waterpolo olímpico en sus años jóvenes, Havelange logró sus mayores éxitos como administrador futbolístico al universalizar el deporte rey a través de vastos programas de desarrollo y de favorecer la participación en la escena mundial de equipos procedentes de Asia, África y del área de la Concacaf, que en 1974 tenían que disputarse la única plaza disponible para todos ellos.
En las oficinas centrales de la FIFA en Zúrich trabajaban 12 empleados cuando Havelange asumió el cargo. Esa cifra se multiplicaría casi por 10 con el crecimiento de las responsabilidades organizativas y los intereses comerciales que surgieron a raíz de la introducción de nuevos certámenes, como los Campeonatos Mundiales Sub-17 y Sub-
1998- la actualidad
Joseph S. Blatter (Suiza 1936)
Ya había trabajado para la FIFA durante 23 años antes de ser elegido presidente. Como director técnico en la FIFA, de
Tras desempeñar durante nueve años el cargo de secretario general, luego de su nombramiento en 1981, y después de desempeñarse como director general antes de suceder al brasileño, Blatter intervino activamente en la organización de cinco citas mundialistas a partir del certamen de España 1982. Además, ejerció una influencia notable en muchos aspectos del deporte rey, como las reglas del juego, el arbitraje y el desarrollo técnico.
El suizo fue además responsable de la vigente asociación de la FIFA con Aldeas Infantiles SOS, iniciada en 1994, y desde su elección ha seguido ampliando la contribución humanitaria de la organización mediante la firma de una alianza con UNICEF.
Después de ser reelegido como presidente el 29 de mayo de 2002, Blatter ha seguido engrosando la lista de competiciones de la FIFA con la inauguración de la Copa Mundial de Clubes y los campeonatos mundiales de futbol playa y futsal. Asimismo, ha sido uno de los principales artífices de la comisión ética independiente y los grupos de trabajo For the Good of the Game, así como del Programa de Asistencia Financiera y del proyecto Goal, interviniendo también en el plan para la nueva sede de la organización, llamada Home of FIFA. El 31 de mayo de 2007 fue reelegido sin oposición para desempeñar un tercer mandato hasta 2011. Una de sus principales metas para este nuevo periodo era celebrar el primer Mundial en suelo africano.
Los placeres y los días / La ridiculez de la justicia
Andrés de Luna
(13 junio 2010).- La justicia se ha vuelto inútil. Por eso el ciudadano común y corriente es tratado como un imbécil. Se le maneja sin escrúpulo alguno. Un día se le comenta una cosa y al siguiente cambia la versión. El caso Paulette es un indicador clarísimo acerca de la gravedad de lo que ocurre. Primero se leyeron las conclusiones del análisis pericial, con todo y el cuerpo de la menor de cuatro años. Desde luego que el escenario del crimen estaba alterado por una multitud de personajes que ingresaron a la recámara de la menor, los mismos policías tuvieron el baño para ellos y todas las huellas se hicieron ambiguas; varias personas durmieron en la misma cama, nadie se percató, según lo que ahora se describe, que había manchas de orina en las sábanas. Se habló de que las mujeres de la servidumbre realizaron el tendido de la cama, en la televisión se mostraron fotografías del "antes" y del "después" de que se encontrara el cadáver, se habló de crimen y hasta se hizo una rueda de prensa con una psicóloga que hablaba de la conducta de la madre de la menor; los perros entrenados dejaron de lado la presencia de la niña, cosa increíble, todos los cadáveres entran en descomposición en un par de días; también se omitió algo que se había dicho antes: que el cadáver de la menor estaba en una bolsa de plástico. Se habló de asfixia inducida; uno de los forenses que encuentra el cadáver de Paulette exclama: "la madrearon". Uno y mil detalles que luego fueron borrados al considerar que la muerte se dio de forma accidental.
Sólo alguien aquejado de amnesia podría aceptar un dictamen tan idiota. Desde luego que el gobernador Peña Nieto, sin tener que hacerlo, disculpó a su esbirro. Incluso la renuncia de Bazbaz, funcionario inútil y mentiroso, fue para calmar los ánimos y evitar que algo así hiciera sombra a la campaña política por la Presidencia de la República del gobernador del estado de México.
Por otro lado, el caso de la guardería incendiada en Hermosillo aún está impune. Esto sin contar con la huida de México del productor y realizador de origen australiano Bruce Beresford, quien es el principal sospechoso del asesinato de su esposa. Ni qué decir de las conclusiones sobre el News Divine. Montiel está libre y sin molestias. Los hijos de Marta Sahagún quedaron ricos y poderosos sin que nadie pudiera llevarlos a los tribunales por enriquecimiento ilícito.
¿Qué sigue después de tanta impunidad?
La cultura política
(13 junio 2010).- Téngalo presente
El concepto de República y el constitucionalismo. Ponencia a cargo de Diego Valadés. Martes 15, 19:00 horas. Organizan la Academia Mexicana de la Lengua y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Eje Central y Juárez, Centro Histórico. Informes: 4155 0530.
Coloquios
Un periodo de leyes, conflicto y renovación (1929-1945) dentro de la celebración del centenario de la UNAM. Lorenzo Córdova, Ricardo García Villalobos, Manuel Barquín, Ricardo Méndez Silva, Héctor Fix-Zamudio, Miguel León Portilla, entre otros. Miércoles 16 y jueves 17, 10:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 y http://bit.ly/aDJqCa.
Conferencias
Mito y representaciones de la Revolución mexicana a través de las imágenes. Carlos Martínez Assad. Viernes 18, 10:30 horas. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Convocatorias
Sexto Premio Nacional Rostros de la Discriminación "Gilberto Rincón Gallardo". Trabajos periodísticos enfocados a sensibilizar a la opinión pública sobre el derecho a la no discriminación. Hasta el miércoles 30 de junio. Categorías y temáticas: http://bit.ly/c3R9Qo. Mayores informes: 5262 1490 ext. 1591.
Exposiciones
Expofotoperiodismo 2010. Selección de imágenes de 61 fotorreporteros de medios y agencias nacionales e internacionales, así como fotógrafos independientes. Violencia, inundaciones, influenza, migración, entre otros temas. Martes a domingo, 10:00 a 17:00 horas. Museo Archivo de la Fotografía. Guatemala 34, Centro Histórico. Informes: 2616 7057.
Libros
2012: la sucesión. De las escenografías criminales a las alianzas turbias de Rafael Loret de Mola. Océano. Fragmentos de conversaciones con algunos de los protagonistas de la actual política nacional, con la intención de predecir los sucesos del año de las elecciones presidenciales. Opinan Jesús Ortega, Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard, Enrique Peña, Santiago Creel, Beatriz Paredes, entre otros.
La primera familia: extorsión, venganza, muerte y el nacimiento de la mafia americana de Mike Dash. Debate. Ensayo sobre la primera familia del crimen organizado americano, nutrido de archivos desclasificados y entrevistas con los últimos supervivientes de la familia Morello-Terranova.
Nosotros somos los culpables de Diego Osorno. Grijalbo. Testimonios de los padres de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, en Sonora.
Un asesinato político de Tomás Tenorio Galindo. Grijalbo. Prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa. Investigación sobre el homicidio de Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso de Guerrero, quien recibió 10 balazos al salir de su casa el 20 de agosto de 2009.
Mesas redondas
España y los españoles en la configuración nacional americana. José María Portillo, Antonio Niño Rodríguez, Aimer Granados García, Tomás Pérez Vejo, Beatriz Bagoni, entre otros. Miércoles 16 y jueves 17, 10:30 horas. Salón 5524 del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000. Programa completo: http://bit.ly/aB1eno.
Presentaciones
Memoria de los Conteos Dinámicos de las elecciones del Distrito Federal 2009. IEDF. Presentan Yoloxóchitl Bustamante Díez y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Lunes 14, 10:30 horas. Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Allende. Belisario Domínguez 22, Centro. Informes: 5483 3800.
Reflexiones sobre el fenómeno migratorio de los Mexicanos en los Estados Unidos, Vol. III de Adolfo Laborde. Plaza y Valdés. Daniel Moska, Eduardo Bueno, Miguel Angel Corro, Edmundo Ramírez. Jueves 17, 19:00 horas. Miguel Angel de Quevedo 121, Coyoacán. Informes: 5661 0911.
Revistas
Bien Común. No. 185. Órgano de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Gilberto Guevara Niebla revisa los pendientes históricos en la política educativa del país. Javier Brown César analiza las debilidades del sistema educativo. Escriben María de Lourdes Ramírez Bote, Paulina Lomelí G., José E. Flores, entre otros.
Defensor. No. 5. Publicación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que dedica su edición a analizar los retos de la justicia penal juvenil, no obstante las modificaciones jurídicas al respecto.
Este País. No. 230. Héctor Aguilar Camín escribe sobre el oficio periodístico. Carlos Elizondo, Federico Reyes Heroles, Jesús Silva-Herzog Márquez y Fernando Savater conversan sobre laicidad y otros temas. Carlos Tapia A. analiza las redes sociales cibernéticas, a las que califica como el quinto poder.
Examen. No. 184. Órgano de difusión del PRI. Número dedicado a las mujeres y su relación con el poder, en México y el mundo. Escriben Dulce María Sauri, Marcela Guerra Castillo, Gina Bechelany, Verónica Ortiz, Blanca Olivia Peña Molina, entre otras.
Nexos. No. 390. Héctor Domínguez Ruvalcaba explora la breve vida de los jóvenes en Juárez, Eduardo Guerrero Gutiérrez analiza los pactos entre cárteles y pandillas en esa frontera, y Héctor Aguilar Camín hace una crónica de su visita a esa ciudad. Enrique Serna, Ricardo Bada, Roberto Pliego y Luis Miguel Aguilar escriben sobre futbol. ww.nexos.com.mx.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política comuníquese al 5628 7245; correo: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1754
Los Pinos da marcha atrás...
Daniel Lizárraga
En el curso de la semana pasada se destrabó la información presidencial. Luego de que Proceso publicó los resultados de una investigación periodística acerca del patrimonio de la familia Calderón-Zavala, Los Pinos decidió dar a conocer esa misma información, sólo que previamente pasada por el tamiz de la Secretaría de la Función Pública.
El gobierno federal retrocedió en su cerrazón sobre las declaraciones patrimoniales completas del presidente Felipe Calderón al reconocer, oficialmente y por primera vez, la existencia de terrenos y casas compradas a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y que se habían ocultado del escrutinio público desde hacía más de tres años.
Desde el domingo 14 de marzo pasado, una investigación de este semanario (Proceso 1741, 1742 y 1753) reveló presuntas inconsistencias en las listas de bienes inmuebles del mandatario presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Luego de un rastreo en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal (RPPC), Proceso localizó dos terrenos y una casa nueva que aumentó hasta 11 veces el tamaño original de la vivienda de clase media alta que se conocía, hasta ese momento, de la familia Calderón Zavala, sin que ello constara en las declaraciones patrimoniales del presidente difundidas en internet.
La investigación periodística demostró que el 6 de junio de 2008 Scotiabank otorgó un crédito a Calderón por 3 millones 800 mil pesos para la compra de una residencia. Según el folio 9544968 del RPPC, la vivienda quedó a nombre de Margarita Zavala y costó 4 millones 860 mil pesos.
En la declaración patrimonial de 2008, disponible en el portal oficial Declaranet, se inscribió la línea de crédito pactada a 20 años pero no apareció la vivienda número 9 de la privada de Cóndor 231, con
En la primera de las entregas de esta investigación (Proceso 1741) también se describió cómo fue que la familia Calderón-Zavala, en sociedad con una pareja de vecinos, compró un terreno de 2 mil
Vista desde afuera, la casa de la familia Calderón-Zavala en la privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, en el poniente de la Ciudad de México, no ha cambiado. Sin embargo, puertas adentro pueden encontrarse una alberca, una cabaña, un amplio jardín y la casa marcada con el número 9.
Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –inmueble de mil
Apenas el viernes 11 de junio, la SFP subió a Declaranet estas propiedades compradas por Calderón a nombre de su esposa.
Otros bienes
Además de lo anterior, también se inscribieron otros terrenos a nombre de Magarita Zavala; presumiblemente se localizan fuera de la Ciudad de México.
El primero de ellos mide 9 mil
El segundo es un terreno en obra de 19 mil
Confidenciales
A lo largo de la primera parte de la investigación, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, rechazó que el mandatario omitiera información sobre sus bienes –lo que podría acarrearle sanciones– y él mismo asumió la responsabilidad de eliminar las casas y terrenos a nombre de Zavala para “resguardar los datos personales” (Proceso 1741).
Ante esta postura, el 16 de marzo este semanario hizo dos solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Función Pública y a la Presidencia de la República en las que se pidieron las declaraciones patrimoniales completas de Feipe Calderón. En éstas deberían aparecer los bienes a nombre de Margarita Zavala.
En la tercera entrega de la investigación (Proceso 1753) se publicó que la SFP clasificó de “confidenciales” las declaraciones patrimoniales completas de Felipe Calderón.
De acuerdo con el marco legal eso significaba que no podrían conocerse jamás las propiedades a nombre de Margarita Zavala. Este fue el primer cerrojo sobre la puerta de acceso a la información.
En ese momento, según la Función Pública, la declaración de los bienes de Calderón no era extensiva a su esposa, hijos o dependientes económicos. Estos datos sobre la familia sólo guardan “relación tangencial” con el mandatario, según la dependencia.
La SFP también argumentó que si abría las declaraciones completas de bienes del presidente se invadiría la privacidad de su familia, ya que quedarían al descubierto datos personales como direcciones, registros federales de contribuyentes o los números de cuentas bancarias.
Estos candados a la transparencia alejaron a México de las políticas aplicadas en Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de nuestro país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En esos países las declaraciones patrimoniales y los pagos de impuestos son públicos. La ley obliga a que se incluyan los bienes de las consortes de los funcionarios, independientemente de su jerarquía.
Apenas una semana después de que este semanario reflejara ese contraste en las políticas de transparencia, el gobierno federal no sólo aceptó dar a conocer los bienes de Magarita Zavala, sino que usó el mismo formato aplicado por Estados Unidos para difundir las propiedades del presidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama (Proceso 1753).
En este repentino giro, por ejemplo, ahora puede verse en internet que los Calderón-Zavala invirtieron en collares, aretes y relojes alrededor de 81 mil 500 pesos. Sólo la primera dama reportó un dije de 3 mil pesos. Los Obama plasmaron incluso que su perro Bo está valuado en mil 600 dólares.
La carta de aceptación
El jueves 10 la Presidencia notificó a este semanario que las declaraciones patrimoniales completas de Felipe Calderón no existen en sus archivos. En un oficio emitido por la Secretaría Particular, en manos de Luis Felipe Bravo Mena, sugirieron dirigir la petición hacia la Función Pública, es decir, la misma dependencia que ya había decretado esa información como confidencial.
No obstante, ese mismo día la oficina de la primera dama mandó una carta a Proceso a fin de poner sobre la mesa algunas precisiones. Enviada al director, dice textualmente:
La licenciada Margarita Zavala Gómez del Campo siempre que ha desempeñado cargos públicos, ha informado sobre sus bienes en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables mediante la presentación de las declaraciones de situación patrimonial.
Contrario a lo publicado por el semanario, y si bien la ley no la obliga dado que no se desempeña como servidor público, el pasado mes de mayo, ante la Secretaría de la Función Pública, la licenciada Margarita Zavala voluntariamente expresó su consentimiento para hacer pública la información relativa a sus bienes e información de contenido patrimonial.
La autorización otorgada por la Lic. Zavala para hacer pública la información sobre su situación patrimonial consiste un hecho sin precedente en los registros de la Secretaría de la Función Pública por lo que corresponde a un cónyuge de un servidor público.
La licenciada Zavala tiene la convicción de que el acceso a la información de contenido patrimonial de los servidores públicos, fortalece la rendición de cuentas a los ciudadanos y contribuye a transparentar su gestión.
A solicitud expresa del periodista Daniel Lizárraga, el 11 de marzo del 2010 se le mostró la información sobre los bienes patrimoniales de la licenciada Zavala.
Como refirió esta carta, el pasado 11 de marzo el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, aceptó dar una postura oficial ante la investigación de Proceso.
En esa reunión, el funcionario efectivamente “mostró” un juego de hojas engrapadas con el membrete de la Secretaría de la Función Pública. Según él, esa era la declaración patrimonial completa del Presidente y, con el dedo índice de la mano derecha, señaló los datos catastrales sobre las propiedades de Margarita Zavala que sí estaban reportadas “en tiempo y forma”.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el verbo mostrar tiene dos acepciones principales: 1) Exponer a la vista algo; enseñar algo o enseñarlo para que se vea; y 2) Explicar, dar a conocer algo o convencer de su certidumbre.
Esto fue justamente lo que hizo Cortázar: “mostrar”. No obstante no entregó una copia de esa presunta declaración patrimonial completa y tampoco se pudieron tomar datos de ella para contrastarlos con el expediente integrado por Proceso durante seis meses.
A petición de este semanario, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) abrió un par de juicios de revisión contra la “confidencialidad” de la declaración patrimonial completa esgrimida por la Función Pública.
En la carta enviada al director de la revista, la directora de Información de la Oficina de la Primera Dama, Karin Oechler, afirmó que en abril pasado Margarita Zavala permitió que sus bienes fueran del dominio público.
Es decir que esta autorización surgió alrededor de un mes después de que Proceso publicara la primera entrega de la investigación sobre posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Calderón.
Durante la tarde del viernes 11 imprevistamente Declaranet dejó de funcionar. Era imposible verificar si había cambios, como lo dejó ver Zavala en su carta. Alrededor de las 22:00 horas se liberó la información sobre la primera dama.
Pese a que se han colocado en internet los bienes de Zavala, aún está por resolverse si el IFAI aprueba que las declaraciones patrimoniales del Presidente sean del dominio público, en papel, sin que estén procesadas por la Función Pública.
Los sospechosos de San Lázaro
Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez
La sombra del crimen organizado planea sobre el Palacio Legislativo de San Lázaro... Los nombres de 21 representantes populares –13 del PRI, 6 del PAN y 2 del PRD– han aparecido en diversos documentos oficiales de México y Estados Unidos, unas veces como sospechosos de complicidad con la delincuencia, otras como testigos o víctimas de amenazas o ataques. Cada vez más palmaria, la realidad de la narcopolítica en el país se impone con crudeza...
En diferentes momentos, 21 diputados de la LXI Legislatura federal han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia organizada o se les ha acusado de recibir financiamiento del narcotráfico. Es más: sus nombres incluso han figurado en documentos de la DEA o de la Procuraduría General de la República (PGR) vinculados con el crimen organizado.
En algunos casos los legisladores fueron involucrados, a partir de testimonios judiciales, con estructuras delictivas; fueron testigos de descargo de personas sujetas a averiguaciones; tienen familiares implicados en actividades del narcotráfico o han sido amedrentados por sicarios.
Proceso investigó los señalamientos acerca de las posibles relaciones de diputados con organizaciones criminales. Aunque fuentes judiciales ubicaron como sospechosos a cuando menos 40 legisladores federales, este semanario sólo da cuenta de los casos que logró documentar.
Alejandro Cano Ricaud,
diputado priista, entró a la política en 2001 como candidato suplente de Jorge Barousse a la alcaldía de Chihuahua. En julio de 2002, menos de ocho meses después de asumir el cargo, un infarto mató a Barousse. Cano asumió entonces la presidencia municipal.
El 4 de julio de 2003 el ayuntamiento adjudicó la “concesión para la construcción y operación del rastro municipal” –concurso RM-02/03– a Corrales San Ignacio, empresa de los hermanos Arriola, investigados desde 2002 en México y Estados Unidos como líderes de una red de tráfico de cocaína y “blanqueo de capitales”. El 16 de diciembre de 2003, el estado de Colorado solicitó la detención de Óscar Arriola, presunto cabecilla de la organización. El 24 de agosto de 2004, Cano, Arriola y el entonces gobernador Patricio Martínez pusieron la primera piedra del rastro.
El 16 de septiembre siguiente, la Agencia Federal de Investigación capturó a Miguel Ángel y Luis Raúl Arriola Márquez. En abril de 2005, el regidor panista Alonso Baeza, quien investigaba presuntas irregularidades en la adjudicación del rastro, fue asesinado. El 2 de febrero de 2006 la PGR capturó a Óscar Arriola. Se dijo que mensualmente introducía 2.5 toneladas de cocaína a Estados Unidos y se le tenían asegurados bienes por más de 70 millones de dólares. En enero de 2007 Miguel Ángel Arriola fue extraditado a Estados Unidos y el pasado 4 de marzo lo siguió Óscar.
En 2009, cuando buscaba la diputación federal, un video circuló en YouTube (www.youtube.com/watch?v=4Um0Q3kesoE): en él aparecen fotos de Arriola, Patricio Martínez y Cano Ricaud cuando colocaban la primera piedra del rastro. El diputado ahora preside la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación.
Héctor Agustín Murguía
Lardizábal, El Teto, diputado priista y empresario en las ramas química e inmobiliaria, fue senador y alcalde de Ciudad Juárez (2004-2007). Durante su administración municipal, Saulo Reyes Gamboa fue jefe de la policía; el 18 de enero de 2008, éste fue aprehendido por agentes de la DEA en El Paso, Texas, cuando intentaba pasar 400 kilos de droga. Ese día El Teto negó haber recibido 100 mil dólares del narcotráfico de manos de Saulo Reyes. El 15 de septiembre siguiente Reyes fue sentenciado a 97 meses de prisión en Estados Unidos.
En marzo de 2009, cuando El Teto buscaba la diputación federal, un informe de la DEA (elaborado dos años antes) señaló: “El alcalde Héctor Murguía, también conocido como El Teto, podría haber financiado su campaña política con dinero del narcotráfico, administrado por Saulo Reyes”. Junto a éste, la DEA señalaba al secretario de Seguridad Pública de Murguía, Marco Antonio Torres, como contactos del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.
El 25 de marzo de 2009, Murguía afirmó que el documento de la DEA era apócrifo y se deslindó de cualquier vínculo con el narcotráfico; sin embargo, el Diario de Juárez, en su edición del 19 de julio de 2006 y aún siendo alcalde El Teto, reveló que éste había adquirido propiedades por 11 millones 373 mil 463 pesos. Además, señalaba que en seis transacciones figura el nombre de Baldomero Fuentes, identificado por la PGR como “brazo derecho” de Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez. El Teto tiene licencia: busca un segundo periodo en la alcaldía de Juárez.
Hugo Héctor Martínez
González, diputado priista coahuilense, fue
alcalde de Múzquiz y secretario de Desarrollo Social, primero, y de Obras Públicas y Transporte, después, en el gobierno de Coahuila.
En enero de 2005 se publicó un oficio de la Subdirección de Investigación de Delitos Federales de la PGR que mencionaba a Hugo Héctor Martínez –alcalde electo– como sujeto de una investigación por presuntos nexos con el narco. El entonces gobernador, Enrique Martínez, su secretario de Gobierno, José Abraham Cepeda Izaguirre, y varios diputados locales salieron en su defensa. Hugo Héctor Martínez envió una carta a los medios en la que consideraba sin sustento a las acusaciones de la PGR, basadas en señalamientos anónimos, “producto de una mente enfermiza, con negros intereses y seguramente con un trasfondo político”.
La acusación contra Martínez González lo señalaba como cómplice del delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la región carbonífera, José Armando Dávila, en la siembra, cosecha, procesamiento y transporte de mariguana y cocaína.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la PGR inició la averiguación contra el priista. La denuncia se radicó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y se abrió la averiguación previa 1043/2005, según la cual los sembradíos se ubicaban en la sierra de Santa Rosa de Lima, en Múzquiz. No se ha sabido más de aquella investigación.
Martínez González es secretario de la Comisión de Desarrollo Social.
Arturo Zamora Jiménez, legislador priista, es abogado y notario público en Jalisco. En el gobierno de esta entidad ocupó los cargos de subprocurador de Justicia, director general de Prevención y Readaptación Social y subsecretario de Seguridad Pública. En 2006, cuando buscaba la gubernatura de Jalisco, la DEA lo vinculó con el cártel de Tijuana.
Antes, el 17 de enero de 1995, Zamora Jiménez fue víctima de un atentado (el segundo en su contra) del que salió ileso. En septiembre de ese año, dos gatilleros del cártel de Tijuana revelaron que ese ataque pretendía vengar la muerte de El Spunky, atribuida a Zamora.
Ramón Méndez Torres, El Spunky, era un sicario implicado en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y quien a su vez fue ejecutado el 8 de septiembre de 1994 en el Reclusorio Preventivo Metropolitano de Jalisco. En mayo de 1995, fue aprehendido en Tijuana un grupo de asesinos del cártel de Tijuana. El 3 y 4 de septiembre siguientes, según la averiguación previa 261/MPINCD/95, esos sicarios rindieron declaración ante Williams Román García, agente del Ministerio Público del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). Jaime Muñiz Cuevas, El Profe o El Paisa, admitió haber participado, junto con Guillermo Gómez Chávez y Rodrigo Villegas, en el atentado contra Zamora, “porque él ordenó la muerte de Méndez Torres”.
El 13 de septiembre de 2004, Mario Sánchez Paniagua, socio de Zamora Jiménez en la notaría número 16, fue ejecutado. En principio, éste negó vínculo alguno con Sánchez Paniagua, pero después debió admitir que era su socio. Según un informe de la DEA, fechado en octubre de 2004, ese abogado era una especie de testaferro del actual diputado y su ejecución “fue una advertencia por sus vínculos narcopolíticos y el incumplimiento de favores políticos, específicamente (…) licencias de construcción que beneficiaban a Pedro Mireles Félix”.
Para la DEA, a Zamora “se le ha conocido una estrecha relación con familias del tráfico de drogas asociadas con Rafael Caro Quintero y Juan José Quintero Payán”.
Mireles Félix, primo lejano de los Arellano Félix, habría financiado la precampaña de Zamora por la alcaldía. Detenido en octubre de 2004 por posesión de cocaína, Mireles salió libre tras asegurar que le habían sembrado la droga. Más tarde cayó nuevamente. Versiones de prensa dicen que fue detenido gracias a un pitazo de Zamora. Mireles murió en 2008 en el penal de Puente Grande, Jalisco.
Como alcalde de Zapopan (2004-2006), Zamora sostuvo como jefe de la policía a Rodolfo Ramírez Vargas, teniente coronel retirado quien, según la averiguación previa AP/PGR/GDL/AG3M1/2005, vendía protección a los narcotraficantes José Gil Caro Quintero, El Jogil, y Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico (Proceso 1546). De igual forma, su administración facilitó distintas licencias de construcción a Mireles Félix.
A pesar de las averiguaciones del INCD y de los señalamientos de la DEA, en junio de 2006, como candidato a gobernador, Zamora Jiménez se las arregló para presentar ante la prensa un documento de la delegación de la PGR en Jalisco, fechado el 29 de mayo de ese año, que negaba cualquier investigación en curso que lo implicara. También tramitó un amparo federal. Perdió la gubernatura. Coordina la diputación priista de Jalisco y es integrante de las comisiones de Defensa Nacional, Jurisdiccional, de Gobernación y de Justicia.
Jorge Arana Arana, diputado priista jalisciense, fue empresario alfarero de
Según el libro Narcotráfico: el desafío de Calderón, de Alejandro Gutiérrez, Arana fue quien puso en contacto a Zamora con Mireles Félix, y ambos habrían recibido financiamiento del narcotraficante, aunque después se distanciaron. Es secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Leoncio Alfonso Morán Sánchez, diputado panista, fue vicepresidente (2001-02) de la Concanaco y de ahí pasó a la alcaldía de Colima (2003-06). Según un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional difundido en julio de 2009, en su campaña por la presidencia municipal, Morán y otros representantes populares, entre ellos el senador panista Jesús Dueñas Llerenas, evidenciaron vínculos con el narcotraficante Germán Torres Anguiano, quien habría apoyado “las campañas políticas panistas con 800 mil dólares” en 2003.
Según el informe, Torres Anguiano, “a solicitud de Dueñas”, cubrió gastos de contratación de una avioneta, con matrícula XB-LIY, que el 3 de diciembre de 2003 sobrevoló Isla Navidad –donde había una reunión de la Conago– y la zona conurbada de Colima para vocear desde un altoparlante proclamas contra un presunto fraude electoral.
Morán es integrante de la Comisión de Economía.
Humberto Benítez Treviño, legislador priista, ha sido subprocurador de Justicia del Distrito Federal, así como procurador y secretario de Gobierno en el Estado de México.
Noé Sánchez Avendaño, narcomenudista ligado a Los Zetas y testigo protegido de la PGR, declaró que el secuestro de uno de sus hermanos era consecuencia de una consigna de Enrique Peña Nieto para favorecer en el Estado de México a La Familia (PGR/SIEDO/UEJDCS/280/08).
La PGR descubrió que su delegado en esa entidad, José Manzur, y colaboradores de Benítez cumplían dicha consigna en colaboración con La Familia (Proceso 1738). Preside la Comisión de Justicia.
Miguel Antonio Osuna Millán, legislador panista y hermano del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, fue detenido en Tijuana en marzo de 2009, junto con otras 60 personas, en la fiesta de una sobrina de Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil, lugarteniente de Teodoro García Simental, El Teo, quien dejó la organización de los hermanos Arellano Félix para sumarse al cártel de Sinaloa, y al que se le atribuye la matanza de 40 personas ocurrida en 2008.
Los detenidos fueron trasladados al centro de arraigo de la SIEDO, salvo algunos policías por quienes intercedió el gobernador Osuna. De esos, uno había sido escolta suyo y otro del propio Miguel Antonio Osuna, sobre quien no se esclareció si había declarado como los demás. Volvió a su campaña por la diputación federal. Preside la Comisión de Salud.
Leonardo Arturo Guillén Medina, legislador panista, en 2000 pasó de asesor jurídico de la alcaldía de San Luis Río Colorado a coordinador regional de Giras Presidenciales durante la gestión de Vicente Fox. El director de la Coordinación de Giras Presidenciales, Nahum Acosta Lugo, fue detenido el 3 de febrero de 2005 acusado de tener vínculos con Arturo Beltrán Leyva. La PGR presentó grabaciones en las que, presuntamente, Acosta daba información al narcotraficante.
Guillén compareció el jueves 7 de abril de 2005, según resolución asentada en el expediente 5/2005, como testigo de descargo de Acosta en el proceso seguido por el juez VI de Distrito de Procesos Penales Federales, José Luis Gómez Martínez. Acosta fue exonerado por Gómez Martínez, contra cuyas resoluciones la PGR presentó distintas querellas ante el Consejo de la Judicatura Federal. Es integrante de la Comisión de Justicia.
César Octavio Madrigal Díaz, diputado panista, es hermano de Héctor Alejandro, exsecretario general adjunto del comité jalisciense del PAN, y de Marco Antonio Madrigal Díaz, El Tony o El Lic, miembro del cártel del Milenio. El Tony apareció en la vida pública en el municipio michoacano de Aquila en 1996 como jefe de la policía durante la gestión de Eusebio Mamés Velázquez Mora, del PFCRN.
Hay quienes lo ubican ya en 1994 como fuente financiera de la campaña de Marta Sahagún por la alcaldía de Celaya. Para probarlo, Ricardo Ravelo alude, en su libro Las rutas del narcotráfico, a la efusividad con la que Fox saludó a El Tony cuando una gira oficial tocó Aquila, y a la afectuosa familiaridad con que fue correspondido por el narcotraficante. En 1998, al concluir la gestión de Mamés, El Tony era conocido como ganadero y empresario turístico e inmobiliario con inversiones en Jalisco y Michoacán.
Mamés, por su parte, asumió la coordinación de Desarrollo Regional 07-Costa, del gobierno de Michoacán, en 2000, y al parecer, vendió su rancho, La Tupitina, a un tal Chuy Magaña. En 2001 la propiedad fue señalada por la prensa como “refugio de narcotraficantes”. Mamés, que buscaba nuevamente la alcaldía, declaró que Chuy Magaña sí era delincuente, pero común: asaltante. Más tarde se sabría que La Tupitina no había dejado de pertenecer a Mamés, en sociedad con El Tony, y que en el rancho se entrenaban Los Zetas.
En abril de 2002, cuando ya se le relacionaba con el cártel del Milenio, El Tony emprendía en Aquila el desarrollo turístico inmobiliario Hacienda la Herradura. Pero en agosto siguiente su socio, Mamés, fue vinculado con el asesinato de 9 personas en el rancho de Los Mendoza, en el mismo municipio, y se le consideró “pieza clave” en las pesquisas.
En 2004 Madrigal fue nombrado coordinador de Convenios de Obras de Desarrollo Social del ayuntamiento tapatío. Luego fue diputado local y federal. Preside la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago y es secretario de la Comisión Jurisdiccional.
Rogelio Cerda Pérez, diputado priista, inició su carrera en el consulado de México en Houston; en Nuevo León llegó a secretario general de Gobierno en la gestión de Natividad González Parás. El 4 de julio de 2007 renunció a ese cargo, después de haber recibido amenazas del cártel del Golfo, que lo acusaba de proteger a Joaquín El Chapo Guzmán.
En marzo de ese año, junto al cadáver de un narcotraficante apareció un narcomensaje: “Mira pendejo, con todo y sus escoltas se van a morir Rogelio Cerda y toda su familia y todos los funcionarios que estén contigo y el cártel de Sinaloa. P.D. Esto va a seguir hasta que entiendas”.
No hubo aclaración oficial. La amenaza más célebre contra Cerda apareció en un mensaje en una cartulina clavada con un picahielos en el cuerpo de un ejecutado: “No se haga pendejo, esto va a continuar hasta que dejen de proteger a Héctor Huerta, El Chapo y al maricón de La Barbie. Esto va para ti, Rogelio Cerda, no vamos a parar hasta que matemos a todos tus hijos. P.D. Esto apenas comienza”.
Es miembro de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Armando Ríos Piter, legislador perredista conocido como El Jaguar, es considerado el delfín del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca. La prensa le augura el triunfo, en ausencia de precandidatos que le hagan sombra, como podría haber sido el expresidente del Congreso local, Armando Chavarría, ejecutado en agosto pasado.
A principios de 2009, Rogaciano Alba, El Roga, fue identificado como surtidor de armas del cártel de Sinaloa y vinculado con La Familia. En abril de ese año, Torreblanca salió en su defensa y, según publicaciones locales, dijo que El Roga “no puede ser considerado narcotraficante”.
El pasado febrero El Roga fue capturado por la Policía Federal. Recientemente se difundió una fotografía en la que El Jaguar aparece compartiendo mesa con El Roga. Ríos Piter explicó que eso era parte de su trabajo como secretario de Desarrollo Rural de Guerrero.
Felipe Cervera Hernández, legislador priista, es hijo del exgobernador de Yucatán Víctor Cervera Pacheco y primo de la actual mandataria, Ivonne Ortega, quien nombró a Luis Felipe Saidén Ojeda –implicado en narcoejecuciones en Cancún– secretario de Protección y Vialidad, el mismo puesto que ocupó en la gestión de Cervera Pacheco.
En octubre de 2008 se difundieron detalles de la operación Caballero Andante, de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y de la DEA, que incluía en sus investigaciones a Pilar Cervera Hernández, hermana de Felipe, y a su esposo, Alejandro Patrón Laviada, hermano a su vez del exgobernador Patricio Patrón Laviada, por presumibles nexos con Ignacio Coronel Villarreal, para cuya localización el FBI ofrecía 5 millones de dólares. Felipe Cervera dijo que podía responder por su hermana, pero que su cuñado debía hacerlo por sí mismo.
Fabiola Vázquez Saut, legisladora por el PRI, fue diputada federal (2003-04) y alcaldesa de Acayucan (2004-07) por el PAN. Es heredera –con su medio hermano, Cirilo Vázquez Parissi, exdiputado local– del emporio ganadero y político de su padre, Cirilo Vázquez Lagunes, El Cacique del Sur, tres veces preso por homicidio, abigeato y acopio de armas y a quien la prensa repetidamente vinculaba con el narcotráfico.
Daisy Valencia, viuda de Cirilo, fue alcaldesa de San Juan Evangelista. Regina, hermana de Fabiola, fue diputada local por el PAN, y la sucedió en el ayuntamiento de Acayucan.
Cirilo Vázquez Lagunes, emparentado con el exgobernador Acosta Lagunes, fue asesinado en noviembre de 2006, igual que el suegro de Fabiola, Armando Valencia. En mayo anterior había sido ejecutado Ponciano Vázquez Lagunes, ganadero y tío de Fabiola. La familia aseguró que había sido víctima de un secuestro.
Fabiola tiene licencia, pues busca de nuevo la alcaldía de Acayucan.
César Francisco Burelo Burelo, es un diputado perredista quien, el 7 de diciembre de 2006, cuando era alcale de Cunduacán, Tabasco, fue conminado por algunos legisladores locales a aclarar “sus probables nexos con bandas del crimen organizado”, tras la ola de ejecuciones en La Chontalpa, región de ese municipio.
En esa demarcación operaban delincuentes de la familia Magaña Burelo, ligados con Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, así como Mateo Díaz López, Comandante Mateo o Z-1, de Los Zetas, a quien se le atribuye la muerte de Ponciano Vázquez Lagunes.
Se especuló que parientes del Z-1 estaban en la nómina del ayuntamiento encabezado por Burelo. En descargo, el alcalde dijo que él mismo había denunciado la presencia del criminal. En diciembre de 2006 fue detenido por su propia Policía Municipal cuando sustraía 2 millones de pesos en efectivo de la tesorería.
Es secretario de la Comisión Especial sobre Cambio Climático.
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, diputado panista, es contador público y ha sido diputado local en Yucatán. La prensa de ese estado lo vincula con Gustavo Monforte Osorio, El Chocolomo, presunto narcotraficante al que se le atribuye el control del mercado de drogas en el oriente yucateco.
El pasado 20 de febrero el Diario de Yucatán publicó que El Chocolomo telefoneó a Ávila para quejarse del cateo que el Ejército hizo en el domicilio de sus padres el 7 de enero, en Tizimín. El Chocolomo sigue prófugo. Ávila es secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
María Estela de la Fuente Dagdug, diputada priista, es hermana de María Inés de la Fuente, exdirectora estatal del Registro Civil, esposa de Gerald Washington Herrera Castellanos, personaje cercano al gobernador de Tabasco, Andrés Granier.
En agosto de 2008, organizaciones civiles presentaron una denuncia ante la PGR contra el ex subprocurador Alex Álvarez Gutiérrez y el procurador de Justicia de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, por supuestos vínculos con Los Zetas. Guillermo Velasco Arzac, dirigente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, presentó la grabación de una conversación entre los dos exfuncionarios tabasqueños que, según la prensa local, implicaba a Gerald Washington, entonces secretario auxiliar del gobernador Granier:
Álvarez: …Ahorita hablé con Gerald, que está por mandar el dinero
Rosario: Sí, espérame… Es que Gerald me ha mandado… ¿ya sabes de lo que te estoy hablando, verdad?
Álvarez: No, este…
Rosario: Este… eh… La cocaína…
Álvarez: No… Ya le avisé y le va mandar el dinero. Ya estamos ahí…
Rosario: Ah, bueno… Seguramente vamos a tener cola ahí, del Ejército. Y ya acordé con este hombre, todo va bien, ya nos pusimos perfectamente de acuerdo. Te va a llevar 100 mil, más otros 100 mil que te va a dar dentro de una semana. O sea, 100 ahorita, 100 dentro de una semana… En eso estamos…
Gustavo Rosario había renunciado en julio de 2008 tras el asesinato del jefe de la policía estatal. Hasta ahora no se han dado a conocer avances de las investigaciones. Washington es alcalde de Huimanguillo, puesto al que llegó con el apoyo de su familia política. Ya había contendido por esa posición en 2008, cuando su primo y colaborador, Jesús Herrera, fue ejecutado. María Estela es secretaria de la Comisión de la Reforma Agraria.
Valdemar Gutiérrez Fragoso, dirigente del Sindicato del IMSS, es diputado federal por el PAN. Tenía a su hijo, Ariel Gutiérrez Botello, trabajando en el Seguro Social. El 14 de septiembre de 2005 Gutiérrez Botello fue detenido en el aeropuerto de Barajas, Madrid, por tratar de introducir cocaína en 70 cápsulas que llevaba en el estómago.
Según la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de España, Gutiérrez Botello era empleado del IMSS y viajaba en comisión sindical. Fue recluido en la prisión de Soto Real y luego extraditado a México, donde purgó condena en el Reclusorio Norte. Murió de cáncer en 2009.
Jesús Everardo Villarreal Salinas, es un diputado priista balconeado vía correo electrónico. Un mes antes de las elecciones del 5 de junio de 2009 se leía en un correo enviado por el presidente del PRI en Tamaulipas, Ricardo Gamundi: “Juanito, por favor hazle llegar esta info a Edmundo. Hay que detener esta información porque le pega muy gacho a Everardo y ‘los amigos’ le pueden retirar el recurso para el día ‘D’. Con esto perdemos Reynosa. Ayúdenme. Lo hablamos”.
Como asunto en el correo electrónico se lee: “PRI…MERO EL NARCOTRÁFICO Los amigos de Everardo Villarreal del PRI”. El mensaje se refería al entonces candidato del PRI a la diputación federal por el distrito 2, Jesús Everardo Villarreal Salinas. Además del mensaje se podía ver una fotografía tomada en julio de 2008 en la que el hoy diputado federal por Reynosa aparece durante el “corte de listón” de la estética Nail Center & Spa, en compañía de Armando Montes, brazo derecho y sicario de Jaime González Durán, El Hummer, uno de los líderes de Los Zetas detenido en noviembre de ese mismo año. Las fotografías se publicaron en el suplemento de sociales de un periódico de Reynosa en julio de 2008.
Jorge Franco Vargas, diputado priista por Oaxaca conocido como El Chucky, fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado. El 3 de abril de 2007 fue secuestrado Jesús Díaz Parada, hermano de quien entonces controlaba la venta de mariguana en Oaxaca, Pedro Díaz Parada. Aquél fue liberado el 8 de octubre y señaló a Jorge Franco Vargas de ser “responsable de ordenar mi plagio y al exjefe de la Policía Ministerial, Manuel Moreno, de llevarlo a cabo”. Exsecretario general del gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, de
Nueve meses después, el 5 de julio de 2008, apareció frente al domicilio del procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Martínez Ramírez, una cabeza humana y junto a ella un narcomensaje del cártel del Golfo: “Este es un ejemplo para que aprendan a respetar que aquí andamos y no nos vamos, y ahora sigues tú Chucky, Evencio y Pedro Celestino, ineptos bisexuales, nos agarraste 1 millón de dólares y nos traicionaste y la traición se paga así, con muerte. Atte, Cártel del Golfo”.
Francisco Moreno Merino, diputado priista por Morelos, ha sido amedrentado por el crimen organizado. La madrugada del 21 de marzo de 2010 su oficina de gestoría en Cuernavaca fue atacada por un comando: la ametrallaron, entraron y quemaron la documentación. Se retiraron dejando no sólo más de 200 cartuchos de AK-47 percutidos, sino también un narcomensaje: “Esto les va pasar a todos los que apoyen al homosexual de La Barbie: Atentamente La empresa”.
El 4 de febrero anterior el propio legislador declaró que el día en que mataron a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, había entrado en contacto con un diputado local que en diversas ocasiones le habría “facilitado” al capo la adquisición de bienes en la localidad.
Narcoamigos en el Senado
Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez
Algunos senadores de la LX Legislatura, quienes en 2006 hicieron campaña al lado de Calderón, han sido señalados públicamente por su cercanía con capos de la droga.
Proceso realizó una investigación con funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, quienes aportaron datos sobre la presunta implicación de al menos 17 senadores, pero aquí sólo se da cuenta de aquellos cuyos actos sospechosos han llegado hasta los medios de comunicación y, en un par de casos, aparecen nombrados en investigaciones del Cisen.
El 1 de diciembre de 2006 el panista Jorge Zermeño, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, puso sobre el pecho de Felipe Calderón la banda presidencial. Dos meses antes, el 23 de septiembre, Jorge Zermeño acudió por la noche al bautizo de Elsa María Anaya Aguirre, hija de José Guillermo Anaya Llamas, su protegido que se estrenaba como senador. A la una de la tarde, en el templo de la Encarnación, de la colonia Campestre La Rosita, en Torreón, Coahuila, Anaya recibió al padrino de su pequeña: el presidente electo Felipe Calderón Hinojosa. Entre los invitados, a un lado de la mesa de Calderón, estuvo Sergio Villarreal Barragán, El Grande, uno de los capos más buscados por el gobierno mexicano y recientemente por el estadunidense.
El narco era familiar político del compadre de Calderón, Guillermo Anaya, cuya hermana Elsa María estaba casada entonces con Adolfo Villarreal, hermano de El Grande. El 5 de marzo de 2007, ante la evidencia de tal parentesco, el senador panista dijo que Adolfo Villarreal había abandonado a su hermana tres años antes, es decir, en 2004. “Desde entonces no hemos sabido de él ni a qué se dedica actualmente”, comentó.
El 7 de octubre de 2007, el senador panista le dijo al reportero Ricardo Ravelo que El Grande no fue al bautizo de su hija y mucho menos se ubicó en una mesa cercana a Felipe Calderón, “porque no fue invitado”. Sostuvo que desde hacía 10 años no tenía contacto con Villarreal y que su hermana se divorció en 2005. Fuentes judiciales informaron en mayo pasado que dicho divorcio se efectuó, pero sólo hace tres años, y que en los hechos la relación íntima de Elsa María y Adolfo continúa.
El 11 de noviembre de 2006, Anaya denunció que fue objeto de un intento de levantón en la carretera federal de San Juan de Sabinas. El senador iba acompañado de Luis Fernando Salazar Fernández, entonces jefe de asesores del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño.
En 2003 El Grande llegó a Coahuila, su tierra, para sustituir al gatillero Arturo González Hernández El Chaky –detenido en abril de 2003– en el mando local del cártel de Juárez . Ese año Anaya Llamas inició su trienio como presidente municipal de Torreón y concluyó en 2006 para saltar al Senado.
Pero El Chaky y El Grande estuvieron cerca de los panistas desde mucho antes. Rosario Castro Lozano, dos veces alcaldesa de Lerdo, Durango, fue señalada por tener en la Policía Municipal a Isaías Castillo Luna, quien tenía una relación pública con El Chaky. Autoridades del gobierno estatal comentaron que la panista protegió también a El Grande y que en un operativo para detener al capo, encabezado por el comandante de la XI Región Militar, Roberto Miranda, Castro Lozano le pidió al general que no entrara a Lerdo.
El 12 de mayo de 2009, Felipe Calderón acudió a inaugurar la planta de la empresa Lala en Torreón. Quien se encargó de instalar el equipo de sonido fue Juan Francisco Villarreal Barragán, otro hermano de El Grande, propietario de la empresa Equipo Audiovisual de La Laguna.
El diario El Correo de la Montaña reportó: “En la edición de este 23 de febrero de 2007, en punto de las 11 horas aproximadamente, previo desfile por el encementado de la cancha deportiva habilitada para el magno evento de coronación de Sus Majestades, la autoridad municipal presidida por el C. Francisco Cárdenas Gamboa, sin más preámbulo, procedió a colocar la corona en las sienes de Emma I; a la vez que el Sr. Rodolfo Dorador, senador del PAN por la República, hacía lo mismo con Alma, elegida, al igual que la reina, democráticamente, Princesa”.
“Emma I” era la novia de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien también asistió a la coronación. La joven de 18 años, originaria de Canelas, Durango, entró al concurso para elegir a la reina de la Gran Feria del Café y la Guayaba 2007. Para que ganara, el 6 de enero El Chapo le organizó un gran baile, durante el cual el padre de Emma, Inés Coronel Barrera, anunció la próxima boda de su hija con el capo. En la votación posterior, Emma obtuvo 400 de los 800 votos y fue coronada, según narró la reportera Patricia Dávila, de Proceso.
Rodolfo Dorador contendió en 2004 por la presidencia municipal de la capital duranguense y perdió. Después fue nombrado coordinador de agenda, audiencia y eventos de la Presidencia con Vicente Fox, muy cerca de la oficina que ocupara Nahum Acosta Lugo. Éste, director de la Coordinación de Giras de Fox, fue detenido el 3 de febrero de 2005 bajo el cargo de brindar información a los hermanos Beltrán Leyva cuando éstos aún tenían una alianza estratégica con El Chapo. Acosta Lugo fue liberado el 10 de abril siguiente porque la PGR no pudo sostener sus acusaciones.
Capos en campañas
En 2006, poco antes de la elección de julio, en la que coincidieron las elecciones locales con las de senadores de la LX Legislatura, circuló en los medios de comunicación de Colima un documento elaborado por el Cisen que daba cuenta de un presunto vínculo entre políticos panistas y el narcotraficante Germán Torres Anguiano, lugarteniente de Ignacio Coronel, uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa.
Según el informe, Torres Anguiano apoyó las campañas de los dos senadores panistas por Colima: Jesús Dueñas Llerenas y Martha Leticia Sosa Govea, así como la de Leoncio Morán Sánchez, entonces candidato a la presidencia municipal de Colima para el periodo 2006-2009 y actual diputado federal. El documento establecía:
“El Sr. Jesús Dueñas Llerenas, en su calidad de presidente municipal de Villa de Álvarez, Colima, otorgó al narcotraficante Germán Torres Anguiano las licencias municipales para la construcción y posteriormente de operación del restaurante Marino Coros, ubicado en la calle J. Merced Cabrera No. 171, colonia Centro; y el boliche La Pirámide, ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 165 No. F, colonia Alta Villa. También entregó licencia de construcción del centro de espectáculos llamado el Megapalenque, ubicado en el km 2.5 de la carretera Villa de Álvarez-Comala, y dejó arreglado con su sucesor en la presidencia municipal, el también panista Felipe Cruz Calvario, que se autorizara la licencia de operación correspondiente.”
En otra parte se lee: “Germán Torres Anguiano (un narcotraficante buscado por delitos contra la salud por la DEA) financia las actividades políticas de los señores Jesús Dueñas Llerenas, Enrique Michel Ruiz, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Leoncio Morán y Martha Leticia Sosa Govea”.
El extenso documento señala que el narcotraficante es buscado desde una década atrás por la DEA, indica su domicilio en Colima y finalmente establece que, “a través del señor Jesús Dueñas Llerenas, el narcotraficante Germán Torres apoya con 800,000 dólares las campañas políticas panistas para impulsar la llegada a cargos políticos de Martha Sosa Govea, quien encabeza la fórmula al Senado de la República junto con el propio Jesús Dueñas Llerenas…”.
El hoy senador Dueñas Llerenas estableció, a juzgar por el mencionado reporte de inteligencia, el compromiso de cuidarle la plaza a Torres Anguiano. De todas formas, el narco apareció ejecutado el 7 de junio de 2006 dentro de un auto en un centro comercial de Zapopan, Jalisco.
Y el PRI no se queda atrás. Para la elección de gobernador de Colima en 2009, el PRI designó como candidato a Mario Anguiano Moreno, hermano de Humberto Anguiano, La Rana, quien fue condenado en
El 3 de septiembre de 2007, el entonces gobernador Silverio Cavazos Ceballos le pidió al senador priista Rogelio Rueda Sánchez su participación para obtener la libertad anticipada de La Rana y de su primo Gustavo Anguiano Gutiérrez.
El reportero Jorge Carrasco, de Proceso, lo documentó el 6 de marzo de 2009: mediante un oficio, el director general de Prevención y Readaptación Social de Colima, Roberto E. Pizano Camberos, se dirigió al senador Rueda Sánchez para pedirle que, “en apoyo a las personas señaladas”, se pusiera en contacto con el entonces secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, y con la comisionada del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Celina Oseguera Parra.
El senador del PRI se justificó: afirmó que se limitó a darle seguimiento a la solicitud a través del oficio del 15 de noviembre de 2007, sólo para solicitar la verificación “de la situación jurídica de Gustavo Anguiano Gutiérrez y Humberto Anguiano Moreno”. Sostuvo que, como legislador, “se aboca a dar cauce a las solicitudes” que le formulan “autoridades y ciudadanos colimenses en estricta concordancia con las disposiciones legales aplicables”. En resumen, dice que no gestionó la libertad anticipada de los internos.
Resbaladizos
Cuando Manlio Fabio Beltrones era gobernador de Sonora, el 19 de noviembre de 1993, denunció ante la PGR que Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, estaba en su estado, reveló la ubicación de sus propiedades y ranchos ganaderos, además de obras en construcción como la llamada “casa de Las mil y una noches”. Pidió que le fueran aseguradas al capo y que se incorporaran al patrimonio del estado.
Sin embargo, en febrero de 1997 el diario estadunidense The New York Times publicó un extenso reportaje donde se afirmó que Beltrones colaboraba con Amado Carrillo y creó un refugio para él. Contradictoriamente, la cónsul estadunidense en Sonora, Sandra J. Salmon, le envió al gobernador un agradecimiento por su colaboración en el decomiso de al menos 100 millones de dólares que el narcotraficante Rigoberto Gaxiola Medina transportaba de su país a Sonora.
Beltrones demandó al diario por difamación y calumnia ante la PGR, que le dio la razón. Sin embargo, no se quitó esa sombra. En marzo de 1998, el diario Reforma publicó una declaración ministerial de un prestanombres del cártel de Juárez, Manuel de Jesús Bitar Tafich, en la cual aseguraba que oyó a Amado Carrillo referirse al gobernador de Sonora como su amigo. Al siguiente día de la publicación, desde el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Bitar Tafich publicó un desplegado para desmentir al periódico.
La PGR emitió otro comunicado para exonerar a Beltrones de cualquier indagación o vínculo con el crimen organizado. Lo mismo sucedió cuando Vicente Fox afirmó que la DEA investigaba al sonorense: hasta el exembajador de Estados Unidos en México, John Dimitri Negroponte, respaldó al actual coordinador de los senadores del PRI.
Y recientemente el Departamento de Estado desclasificó un informe personal de su cónsul en Sonora, William P. Francisco, quien reportó en 1994 que, según rumores y reportes de informantes, el gobernador Betrones y sus hermanos estaban vinculados al negocio de la droga. Como respuesta, el político exhibió los tres oficios en los cuales la PGR lo exonera.
Otro senador del PRI señalado como protector de narcos es Francisco Labastida Ochoa. El periodista Eduardo Valle dijo en su comparecencia en Washington por el caso Colosio, en 1994, que cuando Labastida fue gobernador de Sinaloa encubrió las actividades del narcotráfico. Ese año Labastida era embajador en Portugal y desmintió el señalamiento desde allá, aunque el sinaloense fue enviado a ese país luego de que Rodolfo Álvarez Farber, quien fuera su procurador estatal, fuera asesinado.
Finalmente está el caso del senador por el PT, Ricardo Monreal. Después de que 53 reos escaparan del penal de Cieneguillas, Zacatecas, el 17 de mayo de 2009, la PGR filtró a medios que el 22 de enero anterior, en una planta deshidratadora de chiles propiedad de los hermanos del senador, Cándido y David, se decomisaron 14.5 toneladas de mariguana y se detuvo a dos supuestos zetas, quienes habrían sido liberados meses más tarde.
De inmediato, Monreal afirmó que la droga fue sembrada por policías. El 16 de febrero, en una carta al titular de la Sedena, denunció que autoridades federales, estatales y municipales actúan en complicidad con bandas de criminales en Zacatecas. La PGR calló. Ni siquiera desmintió al senador. Los hermanos Monreal continuaron su vida normal y hoy Cándido, con sus derechos políticos a salvo, aspira a la gubernatura del estado.
El cabildeo negro
Esteban David Rodríguez
Al crimen organizado no le conviene que el Congreso autorice las medidas de combate al narcotráfico: se opone a la legalización de los estupefacientes y a cualquier acción que entorpezca el lavado de dinero. No desea que se aplique la extinción de dominio ni que se altere el estatus de las notarías. Para ello, coinciden especialistas, y tomando como ejemplo el pasado de Colombia, los capos se están abriendo camino en el Poder Legislativo.
La representación del crimen organizado en el Congreso de la Unión, así como la reciente renuncia de candidatos a puestos de elección popular en el norte del país, arrastran a México a los linderos de una “ecuación fatal” en que las contiendas electorales ya son una vertiente de las disputas territoriales de la mafia.
A la luz de la investigación de Proceso efectuada en torno a las expresiones documentadas de la narcopolítica, Alfredo Echegollen Guzmán, investigador asociado del Centro de Estudios sobre Política Comparada y especialista en gobernabilidad, concluye:
“La bancada del crimen ya no es una metáfora. La presencia del crimen organizado en el Poder Legislativo mexicano ha dejado de ser especulación. Su incrustación casi orgánica en los cuerpos legislativos es un hecho. Podemos detectar la presencia de personeros, testaferros, representantes de los distintos cárteles o bandas que están gestionando los intereses del crimen organizado dentro de los órganos legislativos.”
Acceder a información privilegiada de seguridad a través de la investidura legislativa, incidir en la regulación de sanciones a las actividades delictivas, establecer vínculos con “redes con capital social proveedoras de servicios legales e ilegales”, así como gozar de impunidad y protección oficiales, son algunos de los beneficios que obtiene la mafia de una representación propia en los espacios parlamentarios del Estado.
Su acceso a las instancias de representación, según Echegollen Guzmán, no parce fortuito: “Reclutan capital humano calificado, con experiencia legislativa, trayectoria en la administración pública local y federal, capaz de moverse con suficiente know how en el ámbito legislativo, que sabe cuáles palancas jalar y qué botones apretar, y mientras dan la cara de representantes populares que velan por el bien común, desde dentro minan la capacidad del Estado para perseguir, castigar y frenar los efectos más nocivos del narcotráfico, de modo que sus intereses queden adecuadamente protegidos”.
Marco Vinicio Martínez Villicaña, consultor en prevención de lavado de dinero, fundador de los primeros equipos antiblanqueo de Citibank México y de la Asociación de Bancos de México (ABM), detalla una agenda legislativa muy precisa de la bancada del crimen: obstruir iniciativas que regulen integralmente el blanqueo de capitales; proteger el secreto bancario; bloquear la aprobación, a escala federal, de la extinción de dominio; mantener el régimen legal de notarías; promover ordenamientos que impidan al Ejército salir de los cuarteles; sostener la intocabilidad del fuero parlamentario y, por supuesto, trabar una eventual legalización de la droga, que acabaría con el negocio.
De hecho, tal vez la mafia ya se ha anotado logros legislativos significativos, como la creación de la figura de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que entrará en vigor en 2011: una especie de cheque en blanco para lavadores de dinero, a decir de Martínez Villicaña.
La agenda
El desempeño político de la bancada del crimen sería más reactivo que proactivo, dice Martínez Villicaña. “Más que proponer iniciativas, su papel sería bloquearlas” y en ese sentido habría tenido, hasta ahora, éxito. Alude, como ejemplo, a la legislación que sanciona la persecución de las redes de blanqueo de capitales:
“No existe una ley de prevención. Hay una serie de artículos que se refieren al lavado en la Ley de Instituciones de Crédito, en ordenamientos que regulan las instituciones financieras y en el Código Penal Federal, que establece la penalización, llenos de incongruencias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la de Seguros y Fianzas y la Nacional de Ahorro para el Retiro establecen disposiciones de carácter general, a través de Hacienda, que tienen que seguir todas las instituciones financieras para prevenir el blanqueo.
“¿Por qué la CNBV debe tener atribuciones legislativas?( …) A ella le importa que, como dice su reglamento, le reporten operaciones inusuales en un plazo no mayor a quince días. Pero, ¿eran válidas, legales, esas operaciones? No le importa.
“Si un banco detectó movimientos inusuales de la cuenta bancaria de una empresa, que a su vez reportó a la CNBV, ésta, con el mismo carácter burocrático, informa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda —otra instancia que legalmente no significa ninguna apuesta para detectar redes de blanqueo—, la cual verá si el caso es digno de investigarse. Si lo es, reunirá todos los elementos para después enviarlos a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue, pero como ésta no puede ir directamente a los bancos a pedir la información, porque lo impide el secreto bancario, tendrá que hacerlo a través de la CNBV. Y entonces, para cuando terminan una investigación, la empresa que efectuaba operaciones inusuales tal vez ya se desmanteló.
“Si yo fuera capo de la mafia”, aventura Martínez, “trataría de que el secreto bancario y el estatus de prevención de lavado se mantuvieran como están. Si me van a investigar, pues que les cueste trabajo. Intentaría evitar que se promulgara una ley específica de prevención del lavado de dinero, que previera una comisión encargada de regular a las instituciones financieras en la materia. Como narco eso no me conviene. El combate al narco sólo genera más violencia si no se atacan las redes financieras que lo mantienen funcionando.”
Martínez Villicaña, exdirector de Prevención de Lavado de Dinero del BankBoston México, presenta como objeto de interés legislativo para el crimen, también: un bloqueo a la aprobación de la extinción de dominio “que tiene muchos detractores y no se ha aprobado a nivel federal”, impulsar disposiciones que regresen al Ejército a sus cuarteles, trabar una eventual legalización de la droga, así como proteger el estatus legal de notarías y del fuero parlamentario, que les brinda impunidad en caso de ser descubiertos.
“No debería haber juicios de desafuero”, explica; “el fuero debería cesar sin juicio al cometerse determinados delitos, en un esquema muy acotado. Si como narco estoy patrocinando a éste diputado, si ya lo tuve en el cabildo, si ya lo tuve de alcalde, si ya lo llevé a la diputación, necesito que siga teniendo fuero.
“En cuanto a los notarios, estos dan fe de un acto que está sucediendo, pueden legalizar un acto ilegal sin más que su palabra. Si creas una empresa para lavar dinero, el notario va y da fe de que sí, ahí está la empresa. Puede no existir realmente. Si compras una casa dices que la reparaste y subió su valor, el notario da fe, la vendes y ya lavaste dinero. El origen de los notarios es oscuro, sus nombramientos son prácticamente mercedes monárquicas, concesiones de los gobernadores”.
Pero tal vez los intereses del crimen ya hayan pegado un verdadero hit parlamentario, dice el consultor: “Conforme a la última reforma en la materia, para 2011 toda sociedad financiera de objeto limitado (sofol) cobrará forma de sociedad financiera de objeto múltiple (sofom), una sociedad de crédito que ya no tendrá la obligación de reportarle nada a la CNBV, a la Secretaría de Hacienda ni a ninguna autoridad regulatoria.
“Formas tu sociedad anónima con 50 mil pesos de capital, la registras ante la Condusef, ante nadie más, y listo: puedes dar cualquier tipo de crédito, arrendamiento o factoraje facilitando el lavado de dinero. Te estableces en un pequeño poblado y das un crédito blando a toda la población, recibes mensualmente los intereses, cargas más capital y al final el dinero está limpiecito. Supone dos riesgos: que se establezcan para blanquear o que llegue el capo de la región y presione para inyectar dinero.”
Pero Echegollen prevé que podrían llegar a ser más osados “relanzando iniciativas, por ejemplo, en las que PRI y PRD, sobre todo, han insistido, como la del artículo 115 Constitucional para el fortalecimiento del municipio, del verdadero concepto de municipio libre. Con un ayuntamiento auténticamente independiente en cuanto al peso que tienen la administración federal y estatal sobre su operación y presupuesto, podríamos empezar a hablar de municipios autónomos, pero no al estilo del EZLN sino al estilo del cártel de Sinaloa. Eso impactaría en las fuentes de empleo, en la economía regional y estatal, ocasionando una desestabilización política, porque cualquier persona que se opusiera sería ejecutada”.
Durante la campaña para las elecciones intermedias de 2009 fueron difundidos distintos informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que señalaban la presencia de más de una docena de candidatos a legisladores ligados al narcotráfico, así como informes de la agencia antidrogas de Estados Unidos que implicaban a contendientes específicos en redes criminales.
Las autoridades mexicanas no reaccionaron, tal vez para evitar acusaciones de persecución política. Ni siquiera aquellos que perdieron y habían sido implicados fueron investigados. El famoso blindaje del Instituto Federal Electoral, por su parte, no pasó de la retórica.
“Si existen mínimos elementos técnicos, si existen los cuerpos de seguridad pública y las instancias capaces de armar un expediente, un caso jurídicamente sustentable, y atraparlos, sólo podemos pensar que no lo hacen por falta de voluntad política o incluso por miedo, una postración de la autoridades por la posibilidad de chantajes a altas personalidades de la actual administración federal que pudieran tener cola que les pisen y simple y sencillamente están atados de manos”, considera Echegollen.
En Colombia, referente arquetípico de la narcopolítica, llegó el momento en que “las facciones aspirantes al poder tuvieron que recurrir a los narcotraficantes para tener alguna oportunidad de éxito en la disputa por un papel de élites locales”.
El “explosivo y sangriento resultado”, reseña Gustavo Duncan, investigador de la colombiana Fundación Seguridad y Democracia, revelaba que la contienda electoral era parte de la lucha integral por el poder regional:
“No era un asunto de luchas políticas entre clases o sectores diferentes de una misma región, sino de redes sociales similares articuladas en facciones rivales con el propósito de monopolizar las rentas, empleos y privilegios estatales, así como direccionar la prestación de servicios básicos. Cuando los recursos de la droga entraron en escena, los profesionales de la política junto a los ejecutores de la violencia privada, contratistas públicos, líderes veredales y barriales y demás miembros de las facciones en disputa, encontraron una fuente de financiación sin precedente para intensificar su competencia en el juego de control electoral, que se impondría a través de batallas campales, vendettas, amenazas y masacres, como el principal estamento de poder regional.”
En México no estamos muy lejos de esa situación, según Echegollen:
“Hay indicadores de que la disputa de los sindicatos del crimen por los territorios a través de la lucha electoral no está lejos. El hecho de que en la disputa por un municipio o por una gubernatura, detrás de los membretes o siglas de los partidos, los que se estén realmente enfrentando sean grupos políticos que tienen conexiones orgánicas importantes, de negocios, con grupos criminales en ese territorio, es un escenario fatal no sólo para el sistema electoral, sino para el futuro y viabilidad del país.”
Los asesinatos de candidatos a diputados y a otros puestos, las recientes renuncias de aspirantes en Tamaulipas —como han ocurrido en Colombia y Guatemala—, apuntan en ese sentido, evalúa Echegollen:
“Alguien podría decir que son renuncias originadas ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad de proporcionar la mínima protección a un candidato, pero simple y sencillamente podría obedecer a un ajedrez político-criminal, que sean las mismas organizaciones criminales que hagan un cálculo político que ponen y quitan, según su propio cálculo y lectura de las circunstancias, a candidatos; es decir, que el sentido de las renuncias no sea solamente el miedo sino que sea línea, una línea que ya no proviene del partido.”
Incluso el secuestro de un factótum del poder panista, como Diego Fernández de Cevallos, a manos, presumiblemente, de un grupo político ligado al crimen organizado, apunta en ese sentido, dice el investigador.
El espejo colombiano
La infiltración de la mafia en cuerpos legislativos ya ha ocurrido en otras naciones que han enfrentado entornos complejos de crimen organizado. No es antecedente menor el hecho de que Pablo Escobar Gaviria, el más poderoso capo de la droga en la historia de Colombia, haya llegado en 1982 al Congreso de esa nación como suplente, calidad en la que participó en varias sesiones. Al revelarse que había sido condenado por el delito de contrabando, su credencial como congresista fue cancelada.
Pero el acceso de personeros del crimen continuó en el Congreso colombiano, incluso a través de un partido político, Movimiento Latino Nacional, que obtuvo su parcela de poder. Adicionalmente, la influencia de Escobar se prolongó más allá de su cese legal. En la Asamblea Nacional Constituyente que promulgaría la Constitución Política de Colombia de 1991, “el proyecto presentado por el gobierno hacía expresa una de las reivindicaciones más solicitadas por los narcotraficantes: la prohibición de la extradición de nacionales”.
La iniciativa fue aprobada por la aplastante mayoría de una asamblea que “no discutió cabalmente sobre el tema debido a amenazas proferidas por los narcotraficantes contra algunos asambleístas, así como por la ‘compra del voto’ para que, sin mayores obstáculos, se aprobara la propuesta de no extradición”, según la investigadora Elsa María Fernández Andrade, autora de El narcotráfico y la descomposición política y social. El caso de Colombia.
Según el borrador del estudio Narcotráfico y parapolítica en Colombia, 1980-2007: evolución del capital social perverso, publicado en 2008 por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Ciencias Sociales Método, “la no extradición y la Constitución de 1991 son, en algún sentido, el resultado de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano”.
El objetivo de las organizaciones delictivas al infiltrar los cuerpos legislativos es llenar “huecos estructurales” que los separan de la “red social” que hace las leyes de las que eventualmente serán objeto, e “influir en las decisiones de algunas instancias del Estado”.
El propósito de estas gestiones “puede variar entre aquellas que se dan directamente entre narcotraficantes y cuerpos de seguridad del Estado hasta aquellas que se dan entre narcotraficantes y el poder legislativo para alterar las normas penales”. La modificación en la severidad de las penas “es un elemento clave en la racionalidad criminal”.
Hasta abril de 2008 más de 60 congresistas colombianos eran investigados y 33 estaban en la cárcel. Y después del Congreso, el objeto de infiltración siguiente fue la Presidencia, que ocurrió con Fernando Samper, acusado de integrar a su equipo, como candidato, a personeros de los barones de la droga que metieron dinero sucio al periplo proselitista.
Sangre de legisladores y exlegisladores
Esteban David Rodríguez
El 5 de febrero pasado, Francisco Moreno Merino, morelense, miembro de la bancada priista en San Lázaro, reveló que una investigación federal a la que habría tenido acceso pondera datos provenientes del teléfono móvil del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, confiscado tras su muerte, y las llamadas registradas en la memoria del aparato, que incluían el número de un diputado local de esa entidad.
Miembros de la legislatura local criticaron acremente a Moreno, y exigieron que proporcionara nombres. Semanas después, un sábado de marzo, antes del amanecer, la oficina de gestión que Moreno mantenía en Cuernavaca se consumió en llamas tras el estallido de granadas lanzadas por desconocidos que, además, dispararon otras armas sobre el inmueble. Desde entonces, el diputado vive con escolta militar.
Otros, en circunstancias parecidas, no han podido contar con esa protección: entre 2005 y 2010, un total de 21 legisladores locales y federales en funciones o tras concluir su encargo han sido víctimas de atentados en su contra o de familiares cercanos. En 12 de los casos han perdido la vida, y a veces las ejecuciones se extendieron a cónyuges, hijos, hermanos, tíos o sobrinos de los legisladores sentenciados por la mafia, en operaciones efectuadas con altos grados de audacia, violencia y cálculo.
Casi invariablemente las autoridades se han apresurado a descartar que las ejecuciones estuvieran vinculadas con el crimen organizado, o a prometer generalidades o ambigüedades como “no descartar ninguna línea de investigación”. Después, un denso silencio ha cubierto la memoria de cada crimen; un silencio cuyo mejor cómplice es cada nuevo hecho de violencia, que en el espectáculo mediático diluye al anterior. En cualquier caso, ser legislador en México se ha convertido en una peligrosa actividad y no menos riesgosa ambición.
Ejecuciones
Abril 25, 2010. Rey Hernández García (PT), exalcalde de Tachicoixtlahuaca y exdiputado local en la LVIII Legislatura de Guerrero (2005-2008), fue asesinado en su domicilio del Barrio de San José, en Ometepec, municipio ubicado en la llamada Costa Chica, por desconocidos que le asestaron siete tiros de arma de fuego.
Septiembre 5, 2009. José Fuentes Esperón (PRI), candidato a diputado local en Tabasco, fue acribillado en su casa junto con su esposa –previamente violada– e hijos, quienes murieron asfixiados a causa de la cinta adhesiva con que los ataron y amordazaron. Dos asesinos fueron identificados posteriormente por las autoridades locales: el vigilante del fraccionamiento al que pertenecía el domicilio de Esperón, y un amigo de éste. Se aseguró que el móvil de los homicidios fue el robo de joyas y de dinero, pero en la prensa local hubo muestras de escepticismo respecto de las conclusiones oficiales.
Agosto 20, 2009. Armando Chavarría Barrera (PRD), presidente del Congreso de Guerrero en la LXI Legislatura (2008-2010), exdiputado federal, exsenador, exdirigente del comité estatal de su partido y secretario de Gobierno del estado hasta mayo de 2008, en la primera parte del gobierno de Zeferino Torreblanca, fue baleado y privado de la vida en el interior de su vehículo, por un grupo de pistoleros, cuando se disponía a salir de su domicilio, en la colonia Guerrero 200. Era considerado en la prensa local como uno de los precandidatos más fuertes dentro del PRD para contender por la gubernatura, a definirse en 2010.
Septiembre 24, 2008. Homero Lorenzo Ríos (PRD), alcalde con licencia de Ayutla, candidato a diputado local (PRD) en Guerrero, fue liquidado a balazos por un grupo de encapuchados cuando realizaba ejercicios matinales a la vera de la carretera federal Ayutla-Cruz Grande, en los márgenes de Chilpancingo, luego de resistirse a ser llevado por los agresores.
Septiembre 17, 2008. David Avitia Torres (PRI), presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, a nueve meses de haber dejado el cargo de diputado en la LVIII Legislatura local (2004-2007), fue ejecutado en su vehículo por sicarios que le dispararon con armas de grueso calibre cuando se dirigía al acceso de la carretera Durango-Parral. Viajaban con él Manuel Berumen, secretario de la asociación ganadera, y Mario Silerio, hermano del exgobernador de ese estado, Maximiliano Silerio Esparza. También Berumen murió. Silerio resultó herido.
Febrero 19, 2008. José Alfredo Pérez Castro (PAN), exalcalde de Tochtepec y diputado suplente en el Congreso de Puebla, perdió la vida cuando, en San Gabriel Zacaola, un hombre le disparó en el pecho. El asesino fue identificado por las autoridades como Arturo Campos González, pero no fue aprehendido, pues escapó a Estados Unidos.
Noviembre 29, 2007. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (PT), exdiputado local en Tamaulipas y federal en la LIX Legislatura (2003-2006), fue ejecutado al salir de La Rocola, cafetería de su propiedad, junto con otras cinco personas, en Río Bravo, de donde había sido alcalde. Según testigos, les dispararon desde un automóvil que estaba frente al local. No hubo sobrevivientes. A inicios del mes había contendido por un segundo periodo en la alcaldía. El procurador federal de entonces, Eduardo Medina Mora, dijo que las campañas en Tamaulipas y Michoacán habían sido infiltradas por el narco.
Junio 12, 2007. Mario César Ríos Gutiérrez (PRI), diputado local en la LXXI Legislatura de Nuevo León (2006-2009), procesado y después exonerado por tráfico de drogas en 1986, recibió 10 tiros cuando circulaba frente a la sede de la alcaldía de Monterrey, provenientes de pistoleros que viajaban en otros dos vehículos. Antes de su muerte, Ríos había sido amenazado y sobrevivió a un levantón. Se le vinculaba con el cártel del Golfo.
Enero 4, 2007. Jorge Bajos Valverde (PAN), diputado de la LXIII Legislatura de Guerrero (2005-2008), fue ejecutado en su vehículo de un tiro en la cabeza por un sujeto desconocido cuando llegaba a la televisora estatal Soy Guerrero, en la avenida Cerrada de Montalbán de Acapulco, para sostener una entrevista. Fue detenido como sospechoso de la autoría intelectual de este crimen el diputado Ángel Pasta Muñuzuri (PAN), quien fue liberado tras rendir su declaración. Luego se inculpó a la suplente de Bajos Valverde, Jacqueline Orta, así como al esposo y al cuñado de ésta. Al cabo, siete personas se ampararon. Se difundió que la víctima se dedicaba al tráfico de armas.
Julio 19, 2006. Juan José Nogueda (PRI), político guerrerense que fue diputado federal suplente de la LVIII Legislatura y que entró en funciones en 2002, perdió la vida a balazos en el parque Papagayo de Acapulco, luego de haber sido secuestrado mientras viajaba en su vehículo sobre la Costera Miguel Alemán.
Octubre 22, 2005. Jesús Clara Morales (PRD), exalcalde de Xochihuehuetlán y diputado suplente en Guerrero, líder de la zona de La Montaña, fue asesinado de tres tiros por un desconocido que a las cuatro de la mañana tocó a su puerta, en Chilpancingo. Se distinguió como miembro del Movimiento Democrático del Sur, que en 2005 pugnaba por la candidatura de Armando Chavarría al gobierno del estado.
Mayo 16, 2005. Saúl Rubio Ayala (PAN), expriista, diputado local de la LVIII Legislatura (2004-07) de Sinaloa y exalcalde del municipio del mismo nombre, fue muerto a balazos en Palos Blancos, Guasave, junto con su secretario particular, Omar Ruelas. En octubre de 2004, Rubio, quien acostumbraba portar una AK-47, acudió a las honras fúnebres del narcotraficante Miguel Ángel Beltrán, El Ceja Güera, quien había sido ejecutado en un penal de alta seguridad. La PGR tenía abierta una averiguación previa contra el legislador por nexos con el narcotráfico. La dirigencia y las bancadas local y federal del PAN emitieron un comunicado para anunciar que impedirían que se “enlodara” la trayectoria de su correligionario asesinado.
Atentados
Marzo 20, 2010. La oficina de enlace en Cuernavaca del diputado federal de la actual legislatura, Francisco Moreno Merino (PRI), fue atacada en la madrugada por un grupo no identificado que lanzó granadas y disparó armas de fuego.
Junio 24, 2009. Ernesto Cornejo Valenzuela (PAN), candidato a diputado federal por Sonora, fue envuelto en un tiroteo al bajar de su vehículo en Hermosillo. Se tiró al piso y después se incorporó para huir corriendo. La PGR dijo que no descartaría ninguna línea de investigación. Cornejo, quien ha sido acusado de diversos ilícitos, responsabilizó al gobernador Eduardo Bours como autor intelectual del ataque. Perdió la elección.
Mayo 25, 2009. Nicanor Adame Serrano (PRD), alcalde con licencia del municipio de Arcelia, candidato a diputado federal por el distrito de Altamirano –sitio emblemático de la región conocida como Tierra Caliente–, fue agredido por gatilleros desconocidos. Dos balas que hicieron blanco en su hombro lo mandaron al hospital. En su discurso proselitista venía insistiendo en que el crimen organizado había infiltrado “tanto las altas esferas como la base social”. Volvió a campaña tras rechazar, por desconfianza, que se le asignara una custodia oficial. Perdió los comicios.
Abril 1, 2009. David Jiménez Rumbo (PRD), exdiputado local y senador, denunció ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que era víctima de hostigamiento por vehículos que seguían a su Lotus o a su Mercedes Benz durante sus trayectos habituales, por personas que le tomaban fotografías o por otras que lo amenazaban de muerte por teléfono. En mayo, el senador perredista encañonó por 15 minutos, con un arma AR-
Septiembre 28, 2008. Catalino Duarte Ortuño (PRD), siendo alcalde con licencia de Zirándaro y candidato a diputado local en Guerrero, fue atacado a tiros cuando conducía su automóvil hacia Ciudad Altamirano, por un par de encapuchados que portaban AK-47 y que le cerraron el paso con otro vehículo. Al advertir el peligro, Duarte echó en reversa su unidad, con la que derribó una cerca para meterla a un “potrero” y huir a pie. Recibió un balazo en la espalda y se quedó inmóvil. Los agresores lo creyeron muerto y se fueron. En seguida, el candidato pudo incorporarse y pidió ayuda. Sobrevivió y fue elegido. En su denuncia ante la Procuraduría local, Duarte negó tener vínculos con el narcotráfico. El 12 de febrero de 2009, José Duarte, hermano del diputado, quien había sido detenido en enero por portar un arma calibre .38, fue secuestrado por un comando armado en Zirándaro. El 7 de marzo siguiente, otro grupo delictivo ingresó a ese municipio en una camioneta de lujo, donde incendió dos casas de funcionarios municipales de extracción perredista y asesinó a Andrés, a Pablo Ortuño y su esposa, tíos del diputado. El cadáver de otro de sus tíos, Andrés Jaramillo Ortuño, con huellas de tortura, las manos atadas a la espalda, semidesnudo y el tiro de gracia en la cabeza, apareció en las inmediaciones del río Balsas, en territorio de Michoacán, donde el domingo siguiente los cuerpos de Javier y Jaime Peñaloza Pérez, de 20 y 25 años de edad, originarios de Zirándaro y también familiares del legislador, fueron hallados sin vida con impactos de bala.
Mayo 18, 2008. La camioneta del entonces presidente del Comité Estatal del PRI y presidente del Congreso de Durango, actual diputado federal, Ricardo López Pescador, fue interceptada por cuatro vehículos en la autopista Durango-Gómez Palacio cuando viajaba con familiares y un colaborador. Ricardo López Díaz, Ricardo López Solís, Ricardo López Estrada y José de la Luz Santiago –padre, hijo y sobrinos, respectivamente, del legislador–, así como su asistente, Pablo Herrera, fueron obligados a bajar de la camioneta y a tenderse en el suelo por los individuos que los detuvieron, quienes entonces “rafaguearon” el vehículo y se marcharon. José de la Luz Santiago resultó herido y fue llevado a un hospital de la ciudad, bajo escrupuloso resguardo policial. La Procuraduría General de Justicia estatal afirmó que se había tratado de una confusión.
Octubre 31, 2007. David Figueroa Ortega (PAN), exalcalde de Piedras Negras, Sonora, y diputado federal en la LX Legislatura (2006-09), fue atacado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México por un hombre que se le aproximó y luego de llamarlo por su nombre le disparó, pero falló. Ya el 27 de noviembre de 2006 Figueroa había sido víctima de un atentado cuando volvía en su auto al Distrito Federal procedente del aeropuerto de Toluca. Desconocidos le dispararon con un arma
Febrero 19, 2007. Horacio Garza Garza, alcalde de Nuevo Laredo en dos periodos, y a la sazón diputado federal (PRI) por Tamaulipas y secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, fue agredido a balazos cuando un vehículo le cerró el paso a su automóvil al dirigirse al aeropuerto de Nuevo Laredo. Herido, el legislador consiguió llegar a un hospital. Su chofer perdió la vida. Tres días más tarde, convaleciente, Garza dijo que los agresores podrían pertenecer al cártel del Golfo. Vive con una bala alojada en el cuello. l
Otra masacre anunciada
Patricia Dávila
El ataque del jueves 10 al centro cristiano Fe y Vida de la ciudad de Chihuahua, donde un grupo de sicarios ejecutó a 19 jóvenes que recibían terapia de desintoxicación y rehabilitación, reavivó el miedo entre los ciudadanos y los directivos de esos refugios, que prácticamente son atacados por sistema desde 2008. De hecho, se tiene registro de que en varias ocasiones se ha dado aviso a la policía de las constantes amenazas lanzadas contra los internos de dichos centros.
El 17 de abril pasado, un grupo armado llegó al centro cristiano Fe y Vida, ubicado en la ciudad de Chihuahua. Sus integrantes, portando fusiles R-15, iban a bordo de una camioneta blanca y de una motocicleta roja. Penetraron en el inmueble –donde más de una veintena de drogadictos reciben terapias de desintoxicación y rehabilitación– y se llevaron a una pareja que ese día participaba en un velorio. Desde entonces nada se sabe de los levantados.
A raíz de ese incidente, ninguna autoridad hizo nada para reforzar la vigilancia en esa y otras instituciones semejantes y proteger a los internos ante la amenaza de violencia de sicarios; incluso la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) dejó pasar los hechos, pese a las advertencias de que en otras localidades los ataques se han incrementado en los últimos meses y de que podrían llegar a esa ciudad.
Siete semanas después, el jueves 10 de junio por la noche, otro comando irrumpió en el centro Fe y Vida y acribilló a 19 internos, además de herir a otras dos personas que se encontraban ahí.
Alrededor de las 11 de la noche seis camionetas tipo Suburban se estacionaron frente al inmueble ubicado en la calle Tarahumara, esquina con Belisario Domínguez, en la colonia Villa Nueva, al norte de la ciudad. Eran más de 20 hombres armados los que descendieron de las unidades e ingresaron a la casa de rehabilitación, donde se encontraban 27 personas.
Los pistoleros se desplegaron por las habitaciones y dispararon contra todos. En la parte baja del edificio cayeron 15. Sorprendidos en una habitación, fueron obligados a tirarse bocabajo, sin camisa, sobre el piso de mosaico. Ahí recibieron las descargas. Sus cuerpos quedaron uno al lado de otro. Los otros cuatro fueron ejecutados en un cuarto del segundo piso.
Luis Raúl Sandoval Holguín y José Barraza o Rafael Parra Montes sólo quedaron heridos. Miguel Ángel Carbajal Sandoval, César Daniel Portillo Cota, Carlos Legarda Vega, Cristian Ramírez López –encargado del centro–, René Castillo Hermosillo –director general– y José Alonso Estrada Corrales –responsable de otro centro– resultaron ilesos.
Peritos de la PGJ encontraron en el lugar 184 casquillos calibre .223 percutidos y deflagrados; 22 calibre 7.62x51mm y cinco rastreos hemáticos, además de cuatro cartulinas blancas con mensajes escritos con marcador negro. De acuerdo con los estudios balísticos realizados en los laboratorios de criminalística local, en la agresión se utilizaron nueve armas de alto poder.
“Se concentraron decenas de patrullas de Seguridad Pública Municipal, del Centro de Inteligencia Policial (Cipol), ministeriales y del Ejército para acordonar la zona y evitar el ingreso de familiares de los internos, quienes al darse cuenta de la magnitud de la matanza, en medio de un llanto histérico buscaban confirmar si sus familiares se encontraban dentro del centro”, informó El Diario de Juárez el viernes 11.
La PGJ calificó la matanza como “el hecho más sangriento de que se tenga registro en la capital del estado”. Y el director operativo del Cipol, Saúl Hernández, atribuyó las ejecuciones a Los Mexicles –cuyos integrantes trabajan para el cártel de Sinaloa– con base en los narcomensajes que dejaron los sicarios en el lugar de la matanza.
Y aun cuando el funcionario omitió referirse al contenido, Proceso tuvo acceso a los mensajes: “Gente valiente, noble, no se dejen engañar por nadie. Murieron por que lo merecían, por sus acciones”, dice uno de ellos; “Esto es lo que les pasa a los cerdos, ratas, asaltantes, secuestradores, asesinos, violadores, extorsionadores. Pinches pendejos, cualquier idiota los engaña”, reza otro; “Todo lo hago a nombre de terceras personas porque mis superiores no son hombres. Cómo me arrepiento de creerles todas sus mentiras”, señala otro; “… Los escorias murieron porque, no conformes con matar mujeres, todavía las violan…”, sostiene el cuarto.
Doloroso recuento
La cadena de ataques a los Centros de Integración de Alcohólicos y Drogadictos, A.C. (CIAD) se inició la tarde del 1 de agosto de 2008 en Ciudad Juárez, cinco meses después de que el gobierno calderonista envió los primeros destacamentos policiaco-militares al estado de Chihuahua para combatir el crimen organizado.
Ese día, los 48 internos del CIAD número 6, ubicado en la colonia Anáhuac en esa ciudad fronteriza, estaban en una reunión cuando los pistoleros llegaron al centro en una camioneta Lobo y un coche oscuro. Eran las 16:45 horas. Descendieron cuatro hombres con capuchas y vestimenta negra, armados con pistolas
En el patio frontal rafaguearon a Lauro Alonso Alvarado Corona, de 30 años. Algunos internos corrieron, al tiempo que gritaban a sus compañeros para que se escondieran. Los sicarios no los persiguieron, se dirigieron directamente a las oficinas del director, Rafael Hurtado Beltrán, a quien localizaron en la sala. Ahí mismo lo ejecutaron.
Una vecina declaró que en ese momento pasó por la perimetral una camioneta de la Policía Federal pero siguió de largo, a pesar de que los vecinos le pidieron ayuda (Proceso 1663).
Desde entonces el CIAD número 6 cerró sus puertas. Lo mismo sucedió con el 4, ubicado en la colonia Salvárcar, luego de que, el 10 de agosto de ese año, un grupo armado llegó a sus instalaciones y amenazó con ejecutar a los internos si no salían de ahí de inmediato.
Una escena similar se registró dos días después afuera del CIAD número 8, en la colonia Cementera. Los internos escucharon un grito: “¡Cierran o se mueren, hijos de la chingada!”. La advertencia la hizo un hombre al pasar por el albergue a bordo de una camioneta roja. Llevaba el rostro descubierto, dijeron los testigos. Nadie lo tomó en cuenta.
El propio gobernador José Reyes Baeza minimizó los hechos. El 13 de agosto por la mañana, el mandatario visitó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH de Ciudad Juárez. Ahí, dijo ante los docentes e investigadores: “Las ejecuciones no trastocan la calma de los chihuahuenses”. Horas después, un comando irrumpió en el centro número 8 y ejecutó a nueve personas.
Ese 13 de agosto, a las 19:45 horas, Socorro García, la pastora del centro familiar Cristo Obra Bendición, oficiaba una ceremonia religiosa en el CIAD número 8 y cuando preguntó a los asistentes si había “algún valiente que quisiera pedir perdón a Dios, varios hombres levantaron la mano y se encaminaron al improvisado altar...”. Entonces empezó el ataque...
Cuatro hombres vestidos de negro y encapuchados entraron al recinto disparando ráfagas de metralleta contra las 29 personas presentes. El primero en caer fue Luis Ángel González Corral, de 18 años, quien estaba en la puerta de entrada; luego murieron otras ocho personas. La mayoría se tiró al suelo para protegerse de los disparos. Así lograron salvar sus vidas.
Los vecinos declararon que durante el ataque de los sicarios, un convoy con soldados de boina roja se encontraba a una calle del CIAD número 8 pero ninguno acudió a prestar auxilio a los sobrevivientes; tampoco los policías municipales, que se limitaron a acordonar la zona, comentó a Proceso en aquella ocasión la señora Guadalupe Corral Castillo, madre de Luis Ángel.
El 15 de agosto, dos días después, Armando Arturo Lerma, director de los Centros de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Drogadicción y Alcoholismo (CRREDA) número 12, ubicado en la colonia Toribio Ortega, recibió una advertencia telefónica: “Cierran o se atienen a las consecuencias”, le dijeron. Apenas colgó el aparato, Lerma reunió a los internos y les anunció que el centro cerraba ese mismo día.
“A los que llegamos solos, nos abrió la puerta. Nos dijo que agarráramos nuestras cosas y nos fuéramos, que no arriesgaría a nadie. Junto con otros me fui a dormir a unas tapias que nos quedaban cerca”, relata uno de los desalojados. Además de éste, cerraron los otros cuatro CRREDA en Ciudad Juárez.
A partir de entonces los ataques a esas instituciones de beneficencia han sido la constante. El 2 de septiembre de 2008 le tocó al centro El Aliviane, ubicado en la colonia Bellavista, conocido como el picadero más grande en esta frontera, ubicado a sólo
La Bellavista es uno de los territorios que controlan Los Aztecas, una banda de sicarios al servicio de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Ahí, en plena calle, cualquiera puede conseguir cualquier droga (Proceso 1716).
Ese día, la rutina para los internos de El Aliviane se inició a las 5:45 de la mañana. El terror comenzó a las 7:20 de la tarde:
La mayoría de los internos recibía su terapia en la sala de juntas, bajo la supervisión de Luis Gutiérrez, mientras el encargado de la ropería y el custodio de los dos perros adoptados por el centro, así como los vigilantes, se encontraban en el patio cuando escucharon el alboroto que provenía de la calle. Gutiérrez trató de calmar a los internos: “No se muevan, continúen en lo que están”, les dijo.
Un hombre apareció en la puerta y los encañonó con un arma larga. Alto, de complexión regular, vestido con pantalón de mezclilla y chaleco, casco y capucha negros, ordenó: “¡Hijos de su pinche madre! ¡Salgan todos al patio y no me miren!”. Ahí los esperaban otros dos encapuchados. Uno de los sobrevivientes contó que se encomendó a Dios al escuchar las primeras ráfagas.
“Mis piernas estaban calientes. Caí al suelo y mi cabeza quedó dentro del dormitorio. Cuando dejaron de escucharse las detonaciones me metí debajo de una cama. Un compañero se iba arrastrando detrás de mí. Le pedí que me estirara la pierna izquierda que tenía encogida, pero no pudo ayudarme porque también estaba mal herido.”
Cinco minutos después, la angustia y el terror se apoderaron nuevamente de ellos, cuando vieron asomar una metralleta por la puerta del dormitorio. Uno de los agredidos identificó a los gatilleros. Eran Los Carnales, una célula de Los Aztecas, dijo a Proceso en esa ocasión.
El gobierno del estado reportó 17 muertos en el lugar e identificó a Fernando Ramos, Andrés Quintero, Abraham Portillo, David Meléndez y Cristóbal González como los únicos sobrevivientes. Cristóbal falleció poco después.
Días más tarde, el 15 de septiembre, el gobierno federal decidió retirar a los 2 mil 500 militares que durante seis meses tomaron el mando de las corporaciones de seguridad en Ciudad Juárez. La noche de ese mismo día, durante el Grito de Independencia, un comando atacó el centro de rehabilitación Anexo de Vida, ubicado en la colonia El Papalote. En esa misma ciudad.
La policía recibió una llamada de auxilio a las 11 de la noche. Al llegar, los agentes encontraron abierto un portón metálico, el único acceso al local, una vecindad acondicionada como internado. En cuanto se escucharon los primeros disparos, El Yezca y El Güero, integrantes de Los Aztecas, “brincaron de a madres y corrieron para esconderse atrás de un carro azul”.
En el patio tropezaron con el cuerpo de Héctor Amaro, El Grande. A pocos metros yacía el director, José Hiram Ortiz. Metros adelante estaba el cadáver de Carlos Macías, El Charly. En el piso quedó Eduardo Villalobos, El Zenox; cerca de él, en su cama, Rafael Trejo.
En una de las dos recámaras del fondo de Anexo de Vida estaban Francisco Arreola, El Pancho, y Javier Gutiérrez, El Paco; en la otra estaban Graciela Ochoa y Gisela, la única mujer fallecida en el ataque. El interno Gerardo García y el médico del Anexo, Luis Orozco, fueron encontrados en otra habitación.
Violencia envolvente
Entrevistados por Proceso vía telefónica el viernes 11, directores de dos CIAD de Chihuahua, quienes optaron por el anonimato, afirman que desde que el Centro número 6 de Ciudad Juárez fue atacado en agosto de 2008 los invade una “sensación de miedo”.
Admiten que hasta hace poco estaban tranquilos porque la violencia se concentraba en el territorio juarense. Pero las cosas cambiaron en los últimos días, dicen, con la ejecución de los internos en las instalaciones de Fe y Vida. “No existe un lugar seguro”, sobre todo porque las autoridades “ignoraron” las amenazas que en diversas ocasiones reportó el director del centro, dice uno de los entrevistados.
El panista Jorge Espino Balaguer, diputado local, emitió un comunicado la tarde del mismo viernes 11 en el que coincide con los dos directivos: “El centro de rehabilitación Fe y Vida recibió amenazas, pero nunca fueron escuchadas”, escribió. Y conminó al titular de la Coordinación Estatal de las Adicciones, Antonio Trespalacios Guerrero, a dejar el cargo “si no puede con él”. Y subrayó: “Los directivos de Fe y Vida pidieron ayuda al funcionario, pero fueron ignorados”.
Una semana antes de la matanza, internos de ese centro participaron en un video musical a petición de Kiro Ducos, un reggetonero de origen puertorriqueño. Para la grabación, el cantante buscó un sitio que mostrara los conflictos relacionados con la violencia con el objeto de concienciar a los jóvenes para que lleven una vida mejor.
Ducos subió al sitio Youtube un videoclip de 20 segundos titulado La vida me patea, en el que él está en primer plano. Nueve de los internos de Fe y Vida aparecen al fondo.
–Aquí estamos mi gente con el corillo, con los hermanos del Centro Fe y Vida, dice Ducos en la introducción.
–¡Bien, mi gente! ¿Quién vive? –pregunta, volviéndose al grupo de internos del centro que están detrás de él, vestidos sólo con pantalón. Algunos lucen su pecho tatuado:
–¡Cristo! –responden todos a coro.
–¡Digan su nombre! –vuelve a pedir.
–¡Gloria! ¡Gloria! –responden.
–Aquí estamos filmando el video Conciencia. Va a ser un éxito para la gloria de nuestro Rey. Chequéenlo (sic) pronto –concluye el reggetonero.
Hoy, los internos de Fe y Vida están muertos. Son parte de la estadística de la violencia que envuelve cada día a más municipios chihuahuenses. Desde agosto de 2008 han caído más de 6 mil personas en Ciudad Juárez, y la ola no sólo no se detiene pese al despliegue policiaco-militar, sino que ya llegó a la capital de Chihuahua.
Los dueños de México
Andrés Manuel López Obrador
Aunque el grupo de potentados surgidos de las privatizaciones (sobre todo en el salinato) siempre mantuvo y fue acrecentando su influencia política, es al calor de las elecciones presidenciales de 2006 cuando termina de consolidarse y se convierte de facto en un supremo poder oligárquico. ¿Quiénes son estos personajes? En primer término, considero que forman parte de esta élite los hombres más ricos de México; es decir, los multimillonarios que aparecen en 2010 en la lista de la revista Forbes. Estoy hablando de Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Mota Velasco, Alberto Bailleres, Jerónimo Arango, Emilio Azcárraga Jean, Roberto Hernández Ramírez, Joaquín Guzmán Loera y Alfredo Harp Helú.
También forman parte del grupo dominante otros empresarios y banqueros, de menor rango o venidos a menos, que siguen manteniendo influencia política, como Roberto González Barrera, Lorenzo Zambrano, Lorenzo Servitje, Claudio X. González, Gastón Azcárraga, Carlos Peralta, Dionisio Garza Medina y José Antonio Fernández. Hay, desde luego, hacia abajo muchos otros, pero los principales son muy pocos. En el porfiriato eran 300 familias las que dominaban en el país, ahora son menos pero con mucho más poder económico y político. En total, sostengo que son alrededor de 30 los que conforman el Comité Central de la oligarquía de México.
Durante el tiempo que fui jefe de gobierno de la Ciudad de México (2000-2005), conocí a casi todos los integrantes de esta élite de poder, por lo que tengo una idea de cómo piensan y actúan. De modo que puedo dar un breve testimonio de cada uno de ellos. Empiezo con Carlos Slim, al que traté por primera vez en el año 2000. Él formó parte del Consejo Consultivo integrado por Jacobo Zabludovsky, el cardenal Norberto Rivera y Guillermo Tovar y de Teresa para la restauración del Centro Histórico que llevamos a cabo, de manera coordinada, la iniciativa privada, el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Slim es bastante sencillo aunque es el hombre más rico del mundo. (…)
En reuniones con él nunca trató el tema de Salinas, aun cuando siempre ha existido la sospecha de que su fortuna es compartida con el expresidente. Cuando se privatizó Teléfonos de México, era un secreto a voces que esta empresa pública se había vendido a Carlos’n Charlie’s. Incluso, se ha llegado a sostener que Salinas tiene acciones anónimas o al portador en Telmex. También se comenta que las acciones que recién compró del periódico The New York Times son realmente de Carlos Salinas. Pero todo esto sigue siendo un enigma que con el tiempo seguramente se despejará, o tal vez el mismo Slim, en congruencia y en honor a la verdad, lo aclare en definitiva y de cara a los mexicanos por tratarse de un asunto de interés público. (…)
Aunque Slim tiene evidentemente peso económico y político, no actúa con arrogancia y tampoco con mucho protagonismo en asuntos públicos. Además, no se ha sumado a la guerra sucia contra nosotros.
Distinto es el comportamiento de otros personajes de este grupo de potentados. Menciono el caso de Roberto Hernández. Él sí ha venido incidiendo de manera facciosa en la vida pública del país y, desde hace años, ha sido uno de los principales promotores de la campaña para detenernos políticamente. Una prueba del papel de Roberto Hernández y de cómo la mayoría de los políticos de México no son más que achichincles de los potentados, se desprende con mucha claridad de la conversación telefónica que fue difundida, en agosto de 2003, por los enemigos de Elba Esther Gordillo, cuando estaba a punto de ser coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. En esa conversación, el banquero, actuando como El Padrino, le decía, desde Londres, que había que impulsar las reformas estructurales; léase, aumentar los impuestos a la mayoría de los mexicanos y privatizar la industria eléctrica y el petróleo. (...)
Ricardo Salinas Pliego es uno de los más influyentes del grupo, pero, al igual que Slim, actúa en solitario. Su poder dimana de ser concesionario de la segunda televisora más importante del país. Lo conocí durante la campaña a la Jefatura de Gobierno en 2000. Entonces me veía con recelo por mi admiración y respeto a Samuel del Villar, quien fue procurador en el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de Rosario Robles, y lo había interrogado con severidad en el caso del asesinato de Francisco Stanley. Su desconfianza hacia mí lo llevó a utilizar a Televisión Azteca para enfrentarnos en esa campaña. En vísperas de las elecciones eran frecuentes los reportajes contra Samuel del Villar, así como del gobierno de la ciudad y del PRD. (…) Aunque esta campaña nos quitó votos, no les alcanzó para evitar que ganáramos. Al día siguiente de nuestro triunfo me buscó, y se sinceró diciéndome que, aunque era evidente que no estaba conmigo, reconocía que sería la autoridad en la ciudad y estaba dispuesto a colaborar. Desde entonces, la relación ha sido de respeto en el marco de las limitaciones que le imponen sus convicciones e intereses.
Con Emilio Azcárraga ocurrió al revés. Había desde el principio una buena relación que poco a poco se fue deteriorando hasta convertirse en uno de mis principales adversarios. Cuando murió su padre, Emilio supo mantener a flote la empresa heredada e inició una etapa de mayor apertura en Televisa. Sin embargo, en la medida en que fue creciendo su ambición por acumular cada vez más dinero y poder, se fue apagando la pluralidad y el deber de informar con objetividad y profesionalismo. (…)
El proyecto de Emilio Azcárraga va más allá de sus negocios. En Televisa se aglutina el grupo de intereses creados más importante de México. En esa empresa se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político. Son socios y miembros del Consejo de Administración de Televisa, Roberto Hernández, Claudio X. González, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Enrique Krauze (el más afanoso ideólogo de la derecha), y quien lo preside es Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Germán Larrea es otro ejemplo de influyentismo e impunidad. Es dueño de una de las tres principales compañías mineras del país. Su empresa denominada Grupo México monopoliza toda la producción de cobre. El 24 de agosto de 1990, durante el gobierno de Salinas, se le entregó la histórica mina de Cananea, en Sonora. Conviene señalar que un año antes, en 1989, Nacional Financiera dio a conocer que la mina sería cotizada en 2 mil millones de dólares. Sin embargo, se le vendió en 475 millones de dólares, una cuarta parte de su valor.
Es tanta la influencia de Grupo México que, desde hace cuatro años, ha contado con todo el apoyo de las autoridades para enfrentar al secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, a quien acusa de corrupción y prácticamente obligó a exiliarse en Canadá. Independientemente de si existe o no culpabilidad de este dirigente, lo cierto es que es notorio el intervencionismo de las autoridades a favor de Larrea. A esto se agrega que a los trabajadores de Cananea, después de tres años en huelga, se les han negado todos sus derechos, mediante procedimientos francamente violatorios de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo. Como ya dijimos, el abogado de Grupo México fue durante algún tiempo Fernando Gómez Mont, actual secretario de Gobernación.
(…) Larrea es el tercer hombre más rico de México y ocupa el lugar 72 en la lista de los multimillonarios del mundo pero, al mismo tiempo, se trata de uno de los hombres más insensibles y de malas entrañas de la vida pública del país.
La actual oligarquía se conformó desde el gobierno de Carlos Salinas, cuando un puñado de traficantes de influencias, al amparo del poder público, inició el despojo de bienes de la nación y del pueblo, con el engaño de una supuesta modernización del país. El modelo llamado neoliberal, más bien de corrupción y saqueo, se consolidó con los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón. Con el paso del tiempo, este grupo de potentados fue adquiriendo poder político hasta situarse por encima de las instituciones constitucionales. En los hechos, ellos son los que verdaderamente mandan en el país. (…)
Un factor decisivo es el papel que juega Carlos Salinas de Gortari como articulador del grupo dominante. (…) Es el personaje que armoniza a los integrantes de la oligarquía. Los conoce a todos, le deben mucho y lo admiran o le tienen miedo. (…) Salinas presume de tener agarrados no sólo a los hombres de negocios, sino a casi todos los integrantes de la sociedad política. Tiene un fichero donde, además de información general, guarda copias de facturas y cheques de empresarios, políticos, opositores, comunicadores e intelectuales. (…)
La relación Televisa-salinas es la piedra angular que soporta toda la estructura de poder de las élites en el México contemporáneo. (…) Han echado a andar la operación de recambio con miras a 2012. Como el PAN y Calderón ya no les funcionan, ahora la apuesta es al PRI y a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, un personaje mediocre y ladrón, que fue secretario de Finanzas cuando gobernó esa entidad el desprestigiado Arturo Montiel, acusado de corrupción.
Como es evidente, la mafia del poder que patrocinó al PAN en 2000 y, de manera decisiva, en
La oligarquía mexicana, a cuadro
Jenaro Villamil
Al lanzar su Iniciativa México, los barones del dinero y la oligarquía aprovechan la falta de liderazgo del gobierno calderonista y la debilidad del Estado mexicano para incidir en la opinión pública y erigirse en actores con influencia política. La campaña auspiciada por el duopolio Televisa-TV Azteca, consorcios cuya moralidad ha quedado en duda en etapas cruciales de la vida pública, se llena la boca de México cuando dice exaltar los “valores nacionales” y promover una “nueva mentalidad” entre los mexicanos.
En perfecta sincronía con los tiempos de transmisión y venta del Mundial de Futbol Sudáfrica 2010, en vísperas de las elecciones estatales del 4 de julio y días antes de que la SCT le otorgara a Televisa y a sus socios de Megacable y Telefónica la licitación de la fibra óptica, el lunes 7 –antiguo Día de la Libertad de Prensa– fue lanzada la Iniciativa México: una suerte de celebración de los propietarios de los grandes medios que asumieron el papel de impulsores de los “nuevos líderes naturales” con miras al 2012.
Todo el poder de la televisión se ha utilizado para impulsar esta especie de Teletón con tintes políticos que elegirá “proyectos sociales destacados”. El método de votación, vía televisiva, es parecido al que se utilizó en el reality show conocido como Big Brother.
El despliegue publicitario para promover la iniciativa no tiene precedente; tampoco el “encadenamiento voluntario” de los medios electrónicos que difunden los discursos –similares a los de una campaña política– de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego.
El pretexto, desde el origen de la idea, fue festejar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución mexicanas. Así lo expresó Azcárraga Jean el pasado 12 de enero, cuando fue entrevistado en Canal 2 para anunciar las tres iniciativas con que su empresa conmemoraría esas gestas.
Sin embargo, durante el último mes, Iniciativa México se convirtió en un referéndum a favor de la televisora más grande del país, cuestionada por su oposición a la reforma de la ley de medios y por la manera en que el gobierno le ha otorgado las licitaciones más importantes de telefonía móvil y fibra óptica.
Desde mediados de abril, los ejecutivos de Televisa e intelectuales cercanos al consorcio, como Héctor Aguilar Camín, se ofrecieron para transformar “las percepciones sociales” frente a la situación del país, tema que se ha convertido en obsesión reciente de Felipe Calderón.
No se trata de una ayuda desinteresada. De acuerdo con un estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en sólo tres años el gasto del gobierno federal en comunicación social se incrementó 600% al pasar de 819 millones de pesos en
La premura por sumar la mayor cantidad de medios a la iniciativa de Televisa provocó errores. Algunos, como Diario de Yucatán o Grupo Radio Centro, se deslindaron.
La politóloga Denise Dresser se sorprendió cuando vio que, en el primer bloque matutino del lunes 7, Televisa utilizó su imagen y palabras para incluirla entre los intelectuales que apoyan la Iniciativa México. En la emisión nocturna el consorcio suprimió el spot.
La Iniciativa México no es del todo clara ni transparente. De hecho, medios especializados en análisis publicitario han documentado que se trata de una copia de la campaña Lead India, ganadora del Festival de Publicidad de Cannes, en 2008. Incluso, el proyecto calca también la idea de premiar a “emprendedores sociales”, iniciada en 1981 en la India por la Fundación Ashoka.
Desde ahora y hasta el 7 de julio próximo, la iniciativa ocupará los espacios de la pantalla comercial. En la programación de estos días se difunden fragmentos del spot grabado por el entrenador Javier Aguirre. “Es hora de darle la vuelta a nuestra historia. Pasar del México del ‘sí se puede’ al México del ‘ya se pudo’”, se escucha insistentemente en los canales televisivos, en voz del director técnico de la Selección mexicana de futbol.
Imposición
Cinco días antes de que el 30 de mayo se difundiera en cadena nacional el primer spot de dos minutos con El Vasco Aguirre, el director de Información de Televisa, Javier Tejado Dondé, se reunió con el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para informarle que el consorcio lanzaría la Iniciativa México.
Detalló que el proyecto abarca cinco temas: calidad de vida; desarrollo comunitario; medio ambiente: cambio climático; justicia y derechos humanos, y buen gobierno y rendición de cuentas. “Se creará –dijo– un consejo técnico y un consejo consultivo. Esperamos que todos se sumen”.
Mediante una presentación en Power Point, el funcionario del consorcio destacó las principales bondades del proyecto que busca “lograr lo que el gobierno federal no ha podido: modificar la mala percepción que se tiene de nuestro país”, precisó.
Sin consulta previa, los temas ya estaban definidos. La mecánica ya se había fijado. También se estableció el monto del premio al proyecto ganador: 2 millones de pesos para el primer lugar y cuatro premios de 1 millón de pesos, cada uno, para los finalistas de las otras categorías.
De acuerdo con testimonios recabados por el reportero, la mayoría de los vicepresidentes del Consejo Directivo de la CIRT, encabezado por Karen Sánchez Abbott, expresó su apoyo. Otros guardaron silencio. Uno de los más entusiastas fue José Manuel Aguirre Gómez, del Grupo Radio Centro, corporativo radiofónico que finalmente no se incorporó al evento del lunes 7. Fue el único de los 10 grandes grupos radiofónicos en el Distrito Federal que se desligó de la convocatoria.
Entre los medios que no se sumaron a la iniciativa destacan MVS, Canal 22, el Canal del Congreso y las estaciones afiliadas al Instituto Mexicano de la Radio. Canal 11, cuyo director Fernando Sariñana acudió a la reunión, se adhirió al proyecto.
Sin votación de por medio, la CIRT terminó por asumir como propia la iniciativa de Televisa. Para muchos integrantes de la cámara fue una sorpresa que se sumara TV Azteca, de Ricardo Salinas, pues durante las últimas semanas sostuvo una fuerte disputa con la empresa de Azcárraga por la licitación de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
Por medio de sus cabilderos, Televisa ejerció presión para que los renuentes se incorporaran al proyecto. Al final y para no pelearse con el principal consorcio de televisión abierta y televisión por cable y satelital en el país, terminaron por unirse a la Iniciativa México los siguientes grupos: Núcleo Radio Mil, Grupo Radio Fórmula, Grupo Multimedios, Grupo ACIR, Cadena Rasa, Radiorama, Radio S.A., Grupo Imagen y Organización Editorial Mexicana.
También se incorporaron a la convocatoria de Iniciativa México Radiocima, Grupo 7, Grupo Oro, Grupo SIPSE, Grupo Braca y Grupo Uniradio.
Derroche
A finales de mayo, funcionarios de Televisa se reunieron con directivos y propietarios de los 12 periódicos que forman parte de la Asociación de Editores de los Estados (AEE). Aplicaron la misma mecánica para imponer su iniciativa y sus condiciones. Luego de ese encuentro se informó que periódicos de prestigio regional se sumaban a la Iniciativa México, como Diario de Yucatán, El Imparcial de Juan Fernando Healy, la cadena AM de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, El Siglo de Torreón de Enrique Irazoqui y los periódicos capitalinos El Universal, El Financiero, El Economista, Milenio y La Razón.
Sin embargo, el martes 8, en una carta, Carlos R. Menéndez Losa, director general del Grupo Megamedia, editor de Diario de Yucatán, puntualizó que este rotativo no forma parte de los medios que se sumaron a la iniciativa de Televisa y de TV Azteca. “La información es incorrecta en todos los sentidos”, subraya la misiva.
Consultados por Proceso, los directivos del periódico comentan que por dos razones no pueden integrarse a la iniciativa; la primera tiene que ver con la congruencia, pues este medio ha denunciado y documentado el excesivo gasto en difusión realizado por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y que ha beneficiado sobre todo a Televisa. La segunda razón se refiere a la tradición, “ya que el Diario de Yucatán sólo habla a través de sus páginas y desde su primer director no se ha sumado a ninguna campaña con la televisión comercial”, se indica.
El 26 de mayo, la nota principal de Diario de Yucatán denunció que el gobierno del estado pagó a Televisa 10 millones de dólares (130 millones de pesos) por un promocional del Bicentenario dedicado a las bellezas naturales de la entidad.
Además de esta suma, el gobierno priista ha destinado otras cantidades a la empresa televisiva: 20 millones de pesos por la transmisión a través de los canales abiertos y satelitales de Televisa del concierto de Plácido Domingo, en Chichén Itzá, en octubre de 2008; más de 60 millones de pesos para la difusión de Espacio 2010, grabado en Yucatán, en marzo pasado. Además, invirtió 22 millones de pesos en el Concurso Nuestra Belleza, transmitido y organizado por Televisa en septiembre de 2009, y cubrió buena parte de los gastos de producción de la telenovela Sortilegio, grabada en esta entidad en junio de 2009.
Además de estas erogaciones, el gobierno de Ortega entregó 90 millones de pesos al Teletón para la inauguración del primer Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) de Yucatán, en noviembre de 2008, y destinará 300 millones de pesos para el mismo centro de rehabilitación en los próximos 10 años.
Programa pirata
De acuerdo con Jesús Catalán Meneses, el spot de Aguirre, así como toda la concepción de Iniciativa México, es una copia de la campaña Lead India que fue premiada en 2008 en el Festival de Publicidad de Cannes, Francia.
Esta campaña festeja los 60 años de la independencia de la India frente al imperio británico y, con imágenes de libertad y de liderazgos sociales y políticos, busca proyectar una nueva percepción del gigante asiático.
En la parte medular del promocional aparece el actor Amitabh Bachchan hablando sobre la existencia de “dos Indias”: “una India que quiere y otra India que espera”. “Es tiempo de volar, de ser líderes”, afirma Bachchan.
El fraseo y las imágenes son muy similares a dos spots que fueron prácticamente copiados por Televisa Monterrey y por Televisa México.
“Un México está volteando para abajo y el otro está mirando firmemente el cielo, pensando: es tiempo de volar”, afirma el conductor del spot de Televisa Monterrey. En este promocional se copia la idea de un actor que declama y al fondo se ven los parques industriales, los ríos y las fábricas más importantes, en blanco y negro. Igual que el spot de la India.
En el promocional de Aguirre, el director técnico de la Selección se refiere a la supuesta dicotomía entre el México “ganador” y el México “perdedor”. La imagen inicial es brumosa, casi en blanco y negro, con la columna del Ángel de la Independencia al fondo.
“Habrá que enterrar al México de los complejos y alumbrar al México seguro de sí mismo”, recita Aguirre.
Este fue el promocional que anticipó la cadena nacional del lunes 7, donde Carlos Loret de Mola, de Televisa, y Sergio Sarmiento, de TV Azteca, la hicieron de maestros de ceremonias; dieron a conocer los nombres de los integrantes del Consejo Técnico y del Consejo Consultivo de la Iniciativa México.
Loret de Mola se dio el lujo de corregir a Sarmiento cuando éste confundió a Juan Fernando Healy, de El Imparcial, con Juan Francisco Ealy Ortiz, de El Universal. Emocionados, los dos conductores celebraban su propia exaltación, como si se tratara del evento fundador de un nuevo país.
La primera sorpresa fue la presencia y el discurso del rector de la UNAM, José Narro, quien comparó la Iniciativa México con las dos celebraciones históricas y “fundacionales” de la nación mexicana:
“Lo hacemos en un marco extraordinario, el que nos brinda la oportunidad de recordar y celebrar el Bicentenario del inicio de la lucha de Independencia y el que marca el primer siglo de nuestra Revolución. Se trata de dos de las gestas fundamentales en la historia de México; de dos de las que configuran la trilogía de la República; de dos de nuestras hazañas colectivas, de hechos fundacionales de la nación.
“Al igual que en aquellos tiempos, hoy la sociedad se enfila a cruzar una frontera”, afirmó el rector y deslizó en otra parte de su discurso una crítica a quienes no creen en la política: “Para algunos lo que ha fallado es la política. Creo que, en su caso, algunos políticos no han estado a la altura; en la perspectiva de los críticos nuestra democracia incipiente se ha malogrado; no coincido con ellos. Es verdad que la democracia no resuelve todo, pero también lo es que sin ella no se solventa nada”.
También participó Armando Laborde de la Peña, director de Ashoka México, quien elogió la unión de Televisa y TV Azteca:
“Ver también a las dos televisoras más importantes del país juntas lanzando esta iniciativa nos manda un mensaje muy fuerte de que podemos y vale la pena sumar esfuerzos por México”, apuntó.
La presencia de Ashoka no fue casual. Esta organización, creada en 1980 por el estadunidense Bill Drayton, eligió en
“En Ashoka estamos convencidos de que todos podemos cambiar el mundo, de que todos tenemos ese potencial para ser agentes del cambio, y en ese sentido compartimos plenamente los objetivos con Iniciativa México”, sentenció Laborde de la Peña.
Las dos últimas intervenciones fueron de los barones de la televisión mexicana: Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca.
Ambos coincidieron en que, a pesar de sus diferencias y de competir en varias ocasiones, “hay algo que nos une: creemos en México”. Los dos magnates saludaron la participación de los concesionarios de la radio, de los directivos de prensa y de distinguidos personajes que, como en los viejos tiempos del acarreo priista, observaban el espectáculo transmitido en cadena nacional.
“Este es un esfuerzo deliberado, de cientos de medios de comunicación para que en el retrato de la compleja realidad del país que hacemos a diario, no queden extraviados, olvidados, quienes actúan y consiguen mejorar a la nación que habitamos, que vivimos y que amamos”, afirmó Azcárraga en su discurso.
Con humildad, el presidente de Televisa remató con la siguiente perla declarativa: “Ojalá, dentro de 100 años, alguien se acuerde que un buen día, en 2010, los mexicanos supimos poner de lado nuestras diferencias, para reconocer lo mejor de nosotros mismos y para conseguir la transformación que el país aguarda”.
La convocatoria a creer en el México ganador recibió un primer revés: el empate que con apuros consiguió el equipo que dirige Javier Aguirre, el de la retórica triunfalista, en su debut en el Mundial de Futbol de Sudáfrica.
Cuando el golfo se volvió negro
J. Jesús Esquivel
Muchos pescadores de las costas de Luisiana ya empezaron a rematar sus bienes y buscarán el sustento en otros lugares, en otras actividades. Están enojados no sólo con la British Petroleum, directamente responsable de la catástrofe ambiental que los apabulla, sino con el gobierno de Estados Unidos que, dicen, no castigará ejemplarmente a la petrolera: “El sufrimiento de unos miles de pescadores no tiene comparación con las ganancias multimillonarias”, sentencian.
GRAND ISLAND, LUISIANA.- “Los daños son incalculables... Nos ha dejado sin empleo y ahora ha comenzado a destruir toda la belleza natural y la vida marina de las costas de Luisiana”, lamenta Peter Louville en referencia al derrame de petróleo en el Golfo de México provocado el pasado 20 de abril por una explosión en la plataforma Deepwater Horizon, a cargo de la trasnacional British Petroleum (BP).
Peter Louville, uno de los mil 541 pobladores de Grand Island, aprieta los puños cuando se le pregunta si el gobierno federal o los ejecutivos de BP tienen idea del daño causado por el derrame petrolero.
“Son unos hijos de perra. El petróleo con el que llenan de dinero sus arcas es un veneno mortal para nosotros los pescadores y para toda la fauna marina. Esto es un verdadero infierno”, grita Louville, un viejo lobo de mar de 67 años, quien no ha podido ganar un solo dólar desde hace 40 días, cuando le prohibieron navegar en el Golfo.
Grand Island, una pequeña población de las costas de Luisiana, es tal vez la más afectada por el derrame. Toda su población depende de las actividades marinas: pesca y turismo.
Con los pronósticos tan negativos que recientemente hizo el gobierno de Barack Obama, de que el derrame no quedaría controlado hasta después del otoño –en octubre o noviembre–, pescadores como Louville piensan que “muy pronto” Grand Island será un pueblo fantasma, que de hecho ya lo parece. En este puerto, conocido como El paraíso de los deportes marinos, abundan los anuncios de la venta o renta de casas, así como los letreros de “cerrado” en las puertas o ventanas de restaurantes y negocios de alquiler de lanchas y motos acuáticas.
“BP nos está ahorcando”, dice a Proceso Willie Stearn, dueño de Sienna, una embarcación pesquera que emplea a 10 personas pero que lleva más de un mes anclada en el muelle.
“Mis trabajadores ya se fueron. Uno agarró a su mujer, vendió su camioneta y se fue a Alaska, a la pesca de salmón”, cuenta Stearn al reportero.
La prohibición de pesca en las costas de Luisiana tiene sentido. Poblaciones como Grand Island están invadidas de un intenso olor a aceite que se intensifica al acercarse a las playas. Las manchas del petróleo que se acumula sobre la arena están por todos lados, la marea negra ha superado los trabajos de limpieza que realizan el gobierno federal y BP en un esfuerzo por cubrir las “evidencias” del desastre ecológico, como lo llaman los pobladores de Grand Island.
En el recorrido de Proceso por esta población se constata el daño ecológico. En las playas de Grand Island, cerradas al publico y delimitadas por enormes mangueras anaranjadas, se ven pelícanos y gaviotas con las plumas embarradas de aceite, y delfines nadando muy cerca de la orilla en pos de los bancos de peces que, según los pescadores, “ya están contaminados con los tóxicos” del petróleo.
“El sábado (5 de junio) llegaron dos ballenas casi a la orilla de la playa. Eso aquí en Luisiana es casi imposible”, relata a este semanario Rick Moller, otro pescador de Grand Island.
Moller sostiene que la cercanía de ballenas y delfines a las playas de Luisiana ocurre porque en alta mar la mancha de petróleo es más grande y espesa; eso obliga a esas especies a buscar alimento en los puntos menos contaminados, como las proximidades de la costa.
Ubicada unos
“Nos han advertido que la prohibición de pesca podría durar hasta principios del próximo año; quedarse aquí es como un suicidio. ¿Con qué dinero voy a mantener a mi familia?”, subraya Michael Devine, otro pescador de Grand Island que ha colgado las redes en su casa, la que ya tiene sobre la puerta el letrero de “se vende”.
A lo largo de los
La frustración de los pescadores y pobladores de las costas de Luisiana es justificable. Funcionarios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA, por sus siglas en inglés) calculan que la fuga diaria de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon es de unos 5 mil barriles de crudo: unos 793 mil
La mancha de petróleo, o “marea negra”, ya rebasó Luisiana y ahora amenaza las costas de Florida, Misisipi y Alabama. “Y también a las mexicanas”, advierte un funcionario de la NOOA, quien concedió una entrevista telefónica a Proceso bajo la condición del anonimato. “El pronóstico que tenemos es que la marea de tóxicos podría comenzar a llegar a las costas mexicanas a mediados de julio o principios de agosto”, dijo.
Ayuda, pero temporal
Brennan Matherne, vocero del condado de Lafourche Parish, Luisiana, al cual pertenece Matthews, sostiene que los pobladores de la zona costera del Golfo de México en territorio estadunidense son los más afectados por el derrame de crudo.
“Hay miles de voluntarios que han llegado de varios puntos del país, e incluso de otros países, para ayudar a limpiar a las aves o cualquier animal afectado por la capa de aceite que arrastran las aguas del Golfo; pero hay muy poco interés y dinero para ayudar a las personas que se han quedado sin empleo”, afirma Matherne.
En la entrevista con este semanario, el portavoz del gobierno de Lafourche Parish revela que no fue sino hasta el lunes 7 cuando la BP comenzó a distribuir dinero entre los miles de pescadores de la costa de Luisiana, pero que no es suficiente para ayudar a la gente desempleada.
“Aquí en Lafourche Parish 95% de sus poco más de 30 mil habitantes dependen de la pesca. Nadie está trabajando desde hace más de un mes y no fue hasta el lunes (7 de junio) cuando BP comenzó a repartir vales de comida y para el pago de servicios eléctricos y gasolina, pero nada más; la gente no tiene dinero para otras cosas, como cubrir el costo de medicinas o de necesidades médicas”, enfatiza Matherne, quien considera que esta medida de asistencia será solamente temporal.
“No veo a la BP subsidiando a todas las personas afectadas por el derrame, o no por lo menos hasta principios del próximo año, cuando dice el gobierno federal que podría reiniciarse la pesca”, remata.
La prohibición de las actividades pesqueras en el Golfo de México y los canales que salen de él y se internan en varias poblaciones y ciudades de Luisiana fue impuesta por la NOOA 10 días después de la explosión en la plataforma de la BP.
El gobierno estadunidense afirma que los tóxicos esparcidos en el Golfo de México han tenido efectos “muy negativos” en la vida marina de la región, por lo que el consumo de peces o mariscos podría poner en riesgo la salud de quienes los ingieran.
Este lunes 14 y martes 15 Obama realizará su cuarta visita a las costas del Golfo de México afectadas por el derrame. En esta ocasión, el mandatario se entrevistará con habitantes de las costas de Alabama, Florida y Misisipi para escuchar sus quejas y demandas, tal como lo hizo con los pescadores de Luisiana.
“¿De qué sirven las visitas de Obama? No trae la solución al problema ni tampoco castiga ni castigará como se debe a los ejecutivos de la BP, quienes son responsables de la tragedia”, denuncia Don Bilper, otro pescador de Grand Island, quien cuenta al reportero que su esposa y sus dos hijos se fueron desde hace dos semanas a Nueva Jersey. “Mi esposa se adelantó para buscar casa, escuela y empleo en fábricas cerca de Nueva York; yo me iré en cuanto venda mi casa y mi barco”, añade.
Además de la frustración que impera entre los pescadores perjudicados por el derrame, el pesimismo también se ha apoderado de ellos. En lugares como Grand Island y varios de los pueblos que pertenecen a Lafourche Parish nadie apuesta a que el gobierno de Obama castigue con todo el peso de la ley a los ejecutivos de la BP que resulten responsables directos del desastre ecológico.
“Obama no lo hará aunque asegure que está enojado. La industria petrolera tiene mucho poder en Estados Unidos. El sufrimiento de unos miles de pescadores no tiene comparación con las ganancias multimillonarias que deja la exploración y explotación petrolera, y eso no le importa a un gobierno insensible como el nuestro”, dice Sam, uno de los cientos de voluntarios que colabora en las labores de limpieza de las playas de Grand Island.
Tras “Katrina”
Unos
“Pídanle a su dios, cualquiera que sea, que no abandone a esta bella ciudad. ¡Mierda! Apenas nos estábamos recuperando del paso mortal de Katrina (agosto de 2005) y ahora vienen estos hijos de puta de BP a rematarnos”, explota Willie, cantante y trompetista de una banda de jazz que de lunes a jueves deleita a las tropas de turistas que poco a poco están regresando a Nueva Orleans.
El martes 8, en entrevista con la cadena de televisión NBC, Obama declaró que él es el responsable directo de la incapacidad federal para contener la fuga y derrame de petróleo, pero también expresó su deseo de “patear algunos traseros”, al referirse a Tony Hayward, presidente ejecutivo de BP, y otros funcionarios de la transnacional, por minimizar el impacto de la catástrofe ecológica pero, sobre todo, por ocultar información sobre los riesgos y problemas de seguridad que implica la exploración y perforación de mantos petrolíferos en aguas profundas. l
El gran debate: derechos humanos o seguridad nacional
Jesusa Cervantes
Los cambios al marco legal de los derechos humanos que se impulsan desde el Senado son “concesiones” a la izquierda y a la opinión pública para allanarle el paso a la reforma que de verdad les interesa al gobierno federal, al PAN y al PRI: una Ley de Seguridad Nacional que blinde al Ejército contra críticas y denuncias por su actuación en las calles. Algunos legisladores observan que, si se le quita a la Suprema Corte de Justicia su facultad investigadora para dársela a la CNDH, como se pretende, el máximo tribunal perderá una herramienta moral y la comisión se convertirá en un instrumento político.
A cambio de aprobar cambios en la Ley de Seguridad Nacional impulsados por el gobierno federal y que legitimarían la presencia del Ejército en las calles, los diputados panistas y priistas se muestran dispuestos a concretar una reforma en materia de derechos humanos operada desde el Senado, que ellos manejan como una “concesión” a grupos de izquierda y organizaciones civiles.
Estas modificaciones constitucionales convertirían a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un instrumento político que, entre otras cosas, podría desplazar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en investigaciones tan controvertidas y políticamente importantes como la muerte de 49 niños de la guardería ABC, o casos similares a los de Aguas Blancas y Atenco.
Provenientes del Senado y frenadas el 28 de abril en la Cámara de Diputados, ambas reformas son el principal argumento para que se abra un periodo extraordinario de sesiones después del 4 de julio, cuando se elegirá gobernador en 11 estados. Sin embargo, legisladores de todos los partidos consultados por Proceso consideraron que si se genera un conflicto poselectoral en cualquier entidad –por ejemplo en Oaxaca o Puebla–, el periodo extraordinario quedaría cancelado y la discusión de ambas minutas se realizaría de todos modos en el siguiente periodo ordinario, de septiembre a diciembre.
En cuanto a los derechos humanos, desde el martes 8 los diputados reabrieron la discusión y, aunque oficialmente la minuta correspondiente no se ha sometido a debate, el PRI prevé discutirla con el secretario de la Defensa tan pronto concluyan los procesos electorales.
Legisladores priistas y petistas admitieron que llaman la atención sobre el tema de derechos humanos a sabiendas de que están encima las elecciones estatales. “Desde el Senado nos están presionando”, dicen diputados del Estado de México. Por cierto, el tema ha dividido a la fracción del PRI; los 45 legisladores mexiquenses, encabezados por Emilio Chuayffet Chemor y Alfonso Navarrete Prida, se oponen a los cambios impulsados por el coordinador de los senadores, Manlio Fabio Beltrones.
El pasado 28 de abril, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la reforma en la materia, que implica la modificación de 11 artículos de la Carta Magna y cuyo propósito central es elevar estos derechos a rango constitucional.
La propuesta elimina, en el artículo 97, la facultad que actualmente tiene la SCJN para investigar casos de “violación grave” a los derechos humanos –misma que ha ejercido en los casos de Aguas Blancas, la represión a manifestantes en Atenco o el desastre de la guardería ABC–, y en su artículo 102 traslada esa atribución a la CNDH.
Este fue el punto de discordia. Después de cinco horas de debate, los diputados del PRI, respaldados por algunos petistas, se enfrentaron con los del PAN, lo que obligó a suspender la discusión.
Emilio Chuayffet, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, coordinador de los 45 diputados mexiquenses de su partido –y quien vivió en 1997 los efectos políticos de la investigación que realizó la Corte sobre el asesinato de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero–, se opuso a que el cambio sea aceptado tal como lo propone el Senado, pues la facultad en cuestión recaería en una sola persona.
“Es de tal manera importante –explicó Chuayffet–, que si en la Corte eran los 11 ministros (quienes determinaron las responsabilidades de cada caso), aquí que sea el Consejo Consultivo (de la CNDH), porque si la comisión se va a volver autoridad, el consejo debe dejar de ser consultivo. Esa es una de las consecuencias de hacerlo autoridad.”
El también diputado mexiquense y priista, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, Alfonso Navarrete Prida, apuntó:
“Lo que extraña del tema no es que la CNDH tendría ahora facultad investigadora, pues siempre la ha tenido. Lo grave es que le atribuyamos el carácter de autoridad y, por lo tanto, la subordinemos al Poder Judicial, cuando es una institución autónoma. Pero también es grave que le estemos dando facultades de autoridad investigadora; en términos de ley eso le corresponde sólo al Ministerio Público.”
Una de las consecuencias, detalló, es que la CNDH podría arraigar, intervenir comunicaciones privadas o pedir que se le presente algún individuo con la fuerza pública. Pero lo más grave, dijo, es que cualquier juez de distrito, con la autonomía que tiene, tendría control jurisdiccional sobre actos de la CNDH. “No sé si eso fortalece a la comisión”, enfatizó Navarrete Prida.
Control político
El diputado del PT e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jaime Cárdenas Gracia, sostuvo que al retirarle esta facultad a la SCJN se motiva “que ésta pierda peso jurídico y político, pero además que se pierda el equilibrio de los poderes. Con esta iniciativa lo que se lograría es que la SCJN ya no va a poder ser el contrapeso contra los abusos de algunos gobernadores, como sucedió en el caso de Oaxaca, en el cual la Corte determinó que Ulises Ruiz violó los derechos humanos de los ciudadanos durante los enfrentamientos de mayo de 2006 y donde hubo muertos y heridos”.
Pero lo que juzga más peligroso es que con esta reforma se quiera “darle una herramienta política de control a la CNDH, pero también dársela al grupo político que controle a la comisión o a quien lo haya puesto”.
Amplía este punto: “Al recaer esta gran facultad en una sola persona, que es el presidente (de la comisión), lo hace susceptible de que actúe conforme al grupo político del que sea afín, o si no lo es, que pueda ser coptado o presionado por un grupo político. En la Corte existen por lo menos 11 ministros que son los que dirimen” los casos.
Cárdenas Gracia señala que esta iniciativa fue planeada desde el Senado para hacerle el juego al priista Manlio Fabio Beltrones. Algunos diputados del PRI, que pidieron el anonimato, coincidieron en que, de aprobarse la propuesta como está, prácticamente se le entregaría esta facultad al senador sonorense.
La afirmación se debe a que fue Beltrones quien propuso la reforma. En la exposición de motivos de la minuta se recuerda que el 23 de febrero de 2010 el senador sostuvo que la propia Corte solicitó el retiro de dicha facultad; además, otros senadores del PRI, afines a Beltrones, hicieron propuestas similares: Fernando Castro Trenti entregó su iniciativa el 21 de febrero de 2008 y Adolfo Toledo Infanzón lo hizo el 16 de julio de 2008.
En el dictamen de la Cámara de Diputados se añade: “En estas condiciones, el Senado sostiene en su dictamen que para consolidar a la Suprema Corte como un verdadero Tribunal Constitucional tendría que retirársele la facultad de investigación, además de que dicha conclusión es compartida por el propio Poder Judicial de la Federación, tal y como se establece en el Libro Blanco de 2006, página 402, de la reforma judicial”.
En la fecha señalada el presidente de la SCJN era Mariano Azuela, quien sugirió eliminar dicha facultad, lo que no fue aceptado por la mayoría de los magistrados. En esta ocasión, el mencionado Libro Blanco fue utilizado como argumento de Beltrones para transferir la atribución a la CNDH.
Otro indicio de que la intención de Beltrones era contar con una herramienta política es que el actual presidente de la comisión, Raúl Plascencia, fue nombrado gracias al apoyo que le dio el senador Fernando Castro Trenti, quien estuvo al frente de la elección.
El reportero Ricardo Ravelo relata cómo se llevó a cabo el nombramiento y la forma en que Daniel Romero Mejía, afín al expresidente municipal de Tijuana, el priista Jorge Hank Rhon, fue designado tercer visitador, mientras que a Jesús Velasco –otro excolaborador de Hank y amigo de Plascencia– se le asignó la Dirección Adjunta de Comunicación y Proyectos de la CNDH (Proceso 1727).
“Romero Mejía tiene fama de coyote, gestor de negocios, y se distingue por ser habilidoso en el oscuro mundo del tráfico de influencias”, mientras que, cuando Jesús Velasco era subdelegado de Migración en el aeropuerto de Tijuana, “era ampliamente conocido cómo bajaban los aviones en esa terminal aérea cargados de indocumentados”, escribe Ravelo. En el reportaje también se documenta la cercanía del expresidente municipal de Tijuana y dueño de las casas de apuestas Agua Caliente, Hank Rhon, con el senador Castro Trenti.
A su vez, Susana Thalía Pedroza de la Llave, exvisitadora de la CNDH que también compitió por la presidencia de la comisión, dice en entrevista que está en contra de que la facultad investigadora se le quite a la Corte y se traslade a la CNDH, ya que ésta no es un órgano jurisdiccional ni juez ni Ministerio Público, y considera más conveniente fortalecer la facultad investigadora de la Corte, “pues hemos visto que funciona, y funciona bien”.
También ve el riesgo de que tal facultad se politice al recaer en una sola persona, el presidente de la comisión, y aclara que la CNDH siempre ha investigado. Así lo hizo en el caso de los disturbios de Atenco y ella misma encabezó la indagación.
“En la Corte estos casos se ven de manera colegiada, y si pasa a la CNDH lo haría una sola persona; sería una facultad muy discrecional. Yo siempre he pensado que este tipo de responsabilidades deben recaer en un órgano colegiado”, abunda Pedroza, que labora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM:
Al comentarle que el diputado Chuayffet presentó como una opción que esta facultad pueda recaer, no en el presidente de la CNDH sino en su órgano consultivo, la exvisitadora tampoco está de acuerdo porque dichos consejeros no son abogados, y tampoco podría recaer en los visitadores, porque ellos están sujetos al presidente de la comisión. En suma, agrega, “no se le debe quitar a un Poder una facultad y trasladarla a un órgano autónomo”, porque son de naturaleza distinta.
Eliminar al vigía
Para Porfirio Muñoz Ledo, uno de los promotores de la creación de la CNDH y actual diputado del PT, esta propuesta de reforma se debe a que el gobierno no quiere que exista “alguien que lo controle”.
Denunció que en la Cámara de Diputados se pretende “vender” una gran reforma en materia de derechos humanos, una reforma en materia de derechos infantiles y equidad de género, a cambio de que los diputados aprueben la Ley de Seguridad Nacional para que se legalice la actuación del Ejército en las calles.
“Es una operación del PAN, consentida por el PRI pensando que va a ser gobierno; y al PRD le está pasando de noche en el Senado”, dice, y trae a colación que en 2007 él, con Diego Valadez y varios especialistas elaboraron 94 propuestas sobre derechos humanos, pero éstas nunca se discutieron en el Congreso. En cambio, hoy, el Senado agrega otros elementos “porque nos están mandando una Ley de Seguridad Nacional conformatoria o preparatoria de un estado de sitio, entonces tienen que regalar caramelos para todos lados, ganar la opinión pública y ganar incluso a muchas ONG que están presionando”.
Muñoz Ledo califica como “inaceptable” la minuta del Senado: “Es un atraco a la Constitución, porque la están usando para sus grillas. La utilizan como un trapo de engaño a la sociedad, como un trapo viejo. Van a meter un gol histórico con dos regalos demagógicos: la reforma de derechos humanos y la de equidad y género”.
Ratifica que la CNDH siempre ha tenido la facultad investigadora, de modo que la oferta del Senado no es nueva; en cambio, sí se debilitaría a la Corte.
–¿Se pretende hacer a un lado las investigaciones de la Corte? –Se le pregunta a Muñoz Ledo.
–¡Claro! Estamos ahora entre los que tienen el poder y los que quieren tenerlo. No quieren que exista alguien que los controle.
Afirma que, si de verdad se quiere fortalecer a la CNDH, se deben tomar en cuenta otros aspectos, como los que el pasado 1 de junio envió él a la Comisión Permanente. Se trata, en primer término, de que al presidente de la comisión lo nombre un consejo directivo, como sucede con el rector de la UNAM, pero lo más importante es darle “dientes” al órgano autónomo.
Para ello, Muñoz Ledo propone que, primero, cuando haya violaciones graves de los derechos humanos, la comisión tenga la facultad de pedirle a la SCJN que investigue; segundo, que la comisión emita una resolución y, si el funcionario no la acata, se inicie el juicio restitutorio de garantía; y, finalmente, si aún así no se acata dicha resolución, que la CNDH pueda entablar un juicio político.
“Esa es una verdadera CNDH, esos sí son dientes para la comisión. Lo que le dieron son dientes de risa loca: si un funcionario no cumple, va al Senado, dice por qué no acató la resolución y luego se va a su casa a tomarse unos tequilas y a reírse de los legisladores. ¿Ustedes creen que el PRI y el PAN van a querer una comisión así, que esté arriba de ellos? ¡Claro que no, hombre!”
El diputado del PT advierte que se trata de engañar a la sociedad diciendo que es una reforma de avanzada, y se intenta convencer a la oposición al incluir los derechos laborales como tema de la CNDH, pero lo único que se busca es aprobar a cambio la Ley de Seguridad Nacional.
Además, observa, “lo quieren hacer en un periodo extraordinario. Esto es un golpe de Estado militar, aceptado por el Congreso, enmarcado en la debilidad de Calderón por la ambición voraz del PRI… El Congreso debe defenderse con las uñas en contra de un asalto silencioso del Ejército”.
Otros temas de la iniciativa senatorial han sido cuestionados por legisladores de la oposición, incluidos los priistas, como es el anular de la propuesta el derecho pro persona, es decir, de aquél que le da preferencia a la aplicación de la ley, sea nacional o internacional, que salvaguarde mejor los derechos humanos de las víctimas.
Juan Molinar ¿exsecretario?
Miguel Ángel Granados Chapa
El informe preliminar entregado a fines de febrero a la Suprema Corte por los magistrados Rosario Mota y Carlos Ronzón no le mereció respeto ni probablemente infundió temor a Juan Molinar Horcasitas. Lo descalificó con aspereza, como respuesta al señalamiento que en ese documento constaba en su contra, como uno de los eventuales responsables de violar garantías individuales en los sucesos que condujeron al incendio de la guardería ABC de Hermosillo y a la muerte de 49 niños y a una vida impregnada de dolor permanente a 75 personitas más.
Tampoco en su entorno pareció importar esa mención, y siguió considerándose al secretario de Comunicaciones y Transportes como uno de los integrantes de la caballada –flaca o robusta, para estos efectos no importa ahora– con la que Acción Nacional contendería en el derby de 2012. Junto con tres o cuatro de sus compañeros de gabinete, Molinar Horcasitas figuraba como presidenciable desde que el año pasado transitó de la dirección del IMSS a la SCT.
Hoy, en cambio, en vísperas de que la Suprema Corte de Justicia discuta el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar donde es formaliza aquella imputación, la posición de Molinar Horcasitas parece más endeble que nunca. En los círculos más altos del poder se habla en voz baja, pero audible, que sus días están contados. Y hasta se anuncia que lo sustituirá Javier Lozano Alarcón, que cumpliría de ese modo un anhelo postergado durante más de tres años, pero por cuya realización ha venido trabajando.
El ahora secretario del Trabajo iba a serlo de Comunicaciones y Transportes, pero Televisa se habría opuesto, por el talante que Lozano le mostró en sus desempeños previos en el ramo, cuando era priista y cercano al presidente Zedillo, que lo hizo subsecretario de ese ramo y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Hoy, sin embargo, Calderón y Lozano están a partir un piñón con la familia Azcárraga y en compensación a los impulsos recibidos para que ingrese al ámbito de las telecomunicaciones y de la fibra oscura, se levantaría el veto sobre el secretario-pianista, que en la coyuntura laboral más reciente, la recuperación de Cananea por el Grupo México, actuó como un fiel gerente de ese consorcio.
Molinar se iría no por voluntad propia, sino despedido por Calderón, quien por insensible que sea no puede pasar por alto el señalamiento de la Corte a uno de sus colaboradores por incumplimiento de sus deberes constitucionales, según la ambiciosa y certera interpretación del ministro Zaldívar. Aceptar que en su gabinete actúa un secretario señalado (no inculpado porque no se trata de derecho penal, sino de ética) porque sus irresponsabilidades condujeron al terrible desenlace del 5 de junio, sería incurrir en el cinismo. Y es probable que Calderón no quiera que se le descalifique también por eso.
Molinar ha hecho una carrera breve en el servicio público. Se orientó desde el principio a tareas académicas, pero el roce de esas labores con la organización electoral, uno de sus temas de investigación, lo condujo a cambiar de orientación profesional. Nació en Chihuahua en 1955 y veinte años después era un brillante alumno en la naciente Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional. Fue elegido consejero técnico de la carrera de ciencia política, paso inicial a un desempeño siempre sobresaliente. Se posgraduó en El Colegio de México, a donde volvería después como profesor, tarea que realizó también en otras instituciones de enseñanza superior. Se hizo notar por su libro El tiempo de la legitimidad electoral. Autoritarismo y democracia en México, publicado en 1991.
Tres años después comenzó a salir de la vida académica. En 1994 era preciso acumular señales que dieran confianza al electorado, susceptible de retirarse de las urnas a causa del temor que infundía la violencia política, la de corte insurgente como la del zapatismo armado, o la puramente criminal como la que arrebató la vida a Colosio y Ruiz Massieu. Fue transformada con ese propósito la estructura del Instituto Federal Electoral con la elección de seis consejeros ciudadanos por la Cámara de Diputados. En esa tendencia Molinar Horcasitas fue nombrado director de Partidos Políticos, punta de lanza ciudadana en la red de intereses que regulaban la vida de esas organizaciones.
Se quedó en el IFE. Fue elegido en 1996 consejero electoral, en el primer Consejo General de ese instituto como órgano constitucional autónomo. Se hizo notoria su aproximación al PAN, aunque nadie diría nunca que sesgó su actuación por esa cercanía. Pero cuando Santiago Creel fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Fox, evidenció esa inclinación del consejero Molinar al hacerlo subsecretario de Desarrollo Político. Más tarde rompería con Creel pero el impulso de éste le permitió todavía entrar en la Cámara de Diputados, donde gozó de la confianza de Francisco Barrio y sobre todo de Germán Martínez, que coordinaron la fracción panista en una etapa en que la alianza del PAN con la profesora Elba Esther Gordillo permitió el desarrollo de la fracción elbiazul.
Brotó entonces la veta autoritaria de Molinar Horcasitas, que en lances parlamentarios diversos pasó de la cólera a la exhibición de sus tendencias políticas profundas. Con ese talante sobresalió en el grupo que se acercó a Felipe Calderón durante la contienda interna para la candidatura presidencial. Muy próximo a Calderón durante el proceso constitucional, lo estuvo en mayor medida en los tensos días de la calificación electoral y en la integración del equipo de transición.
Es probable que él mismo, como su entorno, quedara insatisfecho con su nombramiento como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no forma parte del gabinete legal, el de la primera línea. Pero tenía allí una batalla que librar, la de restringir el gasto de la institución, para lo cual, entre otros arbitrios, multiplicó los contratos de subrogación para guarderías, evidentemente más baratos que las que el IMSS debía operar directamente, porque no consumaban la idea de servicio sino la de negocio que minimiza costos para maximizar ganancias.
En marzo del año pasado Luis Téllez quedó al descubierto y tuvo que salir de la SCT. Ciertamente no fue arrojado a las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes, sino que el complejo político empresarial que nos gobierna le halló pronto acomodo al frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo pronto, su infortunio fue la fortuna de Molinar Horcasitas, que de ser verdad lo que dice la intriga palaciega apenas cumplirá quince meses en su cargo. Y se alejará, por supuesto, de toda pretensión presidencial. l
Lo que ilumina el incendio
sabina berman
Felipe Calderón, Presidente de la República:
Fue una chispa o fue una flama, la flama de un cerrillo o de un encendedor. Saltó de una máquina para enfriar el aire o fue encendida por un humano. Tiene su importancia cómo inició el incendio, pero no extrema. Agregaría algunos responsables a una tragedia donde los responsables son ya muchos, eso es todo. Pero no cambiaría lo que siguió: la serie larguísima de acciones y omisiones que posibilitaron que el incendio se extendiera y luego iluminara con su luz terrible un desastre que ya estaba ahí.
El desastre de servicios públicos llamado gobierno mexicano, señor Presidente.
La chispa o la flama saltó a una carpa que en instantes cogió fuego y lo regó a la guardería, donde se desplomó sobre niños insuficientemente guardados por maestras, que no eran de cierto todas maestras. Hacía cinco años en un documento oficial un inspector había alertado que la carpa era “más combustible que la gasolina” y ese reporte debió ser leído por los dueños de la guardería y las autoridades locales del IMSS; y si lo leyeron, nadie hizo nada.
La puerta para emergencia era simulada. Llevaba años cerrada con candado porque para los dueños era más importante que nadie entrara a robar crayolas y sillitas que la seguridad de los niños con los que lucraban. Tres meses apenas antes del incendio una maestra llamó a uno de los dueños y le dijo: “un arquitecto vio la guardería y me dijo que era muy peligrosa”, y el dueño le replicó: “ve usted demasiadas películas” y colgó el teléfono; y no hizo nada.
Los policías acordonaron el incendio e impidieron pasar a los jóvenes y los padres que hasta un minuto antes entraban a salvar niños de las llamas. Señor Presidente, calibre en su corazón esta viñeta de la perversión: obedeciendo quién sabe cuál procedimiento, los policías impidieron el impulso más primitivo de la especie: salvar a los niños que morían entre el fuego y el humo.
A los padres que fueron a buscar en los hospitales a sus hijos se les ocultó durante horas dónde estaban, para tapar negligencias médicas. Probablemente, a varios de los niños acostados en camillas en esos hospitales, todavía vivos pero gravemente quemados, se les desatendió durante horas de un dolor indecible, para que doctores y enfermeras atendieran cómo salvarse ellos de responsabilidades engorrosas, mientras traicionaban su juramento hipocrático.
Eso, señor Presidente, es lo que ilumina el incendio. La recurrencia del mismo patrón de conducta. Cada persona salvándose a sí misma, ciega y sorda al dolor ajeno. Cada “servidor público” prefiriendo no hacer nada que comprometerse con su prójimo. Cada “servidor público” ni “servidor” y sí traidor al bien público.
Un patrón tan recurrente que puede hablarse de que fue la norma. De que es, probablemente, la norma en el servicio público mexicano. Una norma que se prolongó, idéntica, en la esfera de los altos servidores públicos, los trajeados y licenciados, los políticos, que optaron por ocultar la realidad, en lugar de enfrentarla y resolverla; que buscaron cómo impedir la Justicia, antes de darle camino franco.
Los dueños de la guardería ABC, todos ellos emparentados a la clase política o miembros de ella, de inmediato se protegieron con abogados o huyeron del país; y nadie se los impidió. El gobernador Bours ofreció comprarles a los padres con dinero la representación jurídica de su caso, para impedir la justicia; y sólo fueron los ciudadanos en la siguiente elección los que ejercieron un castigo, votando contra su partido. El director del IMSS, Molinar Horcasitas, declaró en un instante de omnisciencia que todo era “un lamentable accidente”, sin la menor intención de llegar a la verdad y restablecer un orden moral en el asunto, como en su tiempo de director tampoco indagó la verdad y menos procuró el orden en el estado general de las guarderías que eran su responsabilidad; y usted, señor Presidente, no lo destituyó de su gabinete.
Eso también, señor Presidente, la ausencia de una reacción suya a la tragedia y su silencio, durante un año. Y su negativa a visitar y comprometerse con los padres de los niños muertos en Hermosillo, “por razones de seguridad”, según les informaron a los padres sus secretarios hace ocho meses. La seguridad de usted, por supuesto, no la de ellos. También eso, señor Presidente, es parte de la norma en nuestro servicio público que ilumina el incendio.
Un sistema de servicio público pervertido y pervertidor. Un sistema más bien de poder donde se premia el bloqueo de los problemas hacia arriba; y se castiga la resolución de los problemas hacia abajo, hacia los ciudadanos comunes; y donde el dolor ajeno a nadie conmueve.
Así lo vuelve a demostrar la parte del informe de la Suprema Corte de Justicia que revisa la misma legalidad del sistema de subrogación de guarderías del IMSS y concluye que los últimos tres gobiernos federales, al trasladar su obligación de cuidar a los niños de los trabajadores mexicanos a particulares, han violado la Constitución. Y han vuelto a violar las leyes cuando han hecho ese traslado con negligencia a cada paso. Al adjudicar cada guardería, al vigilar su operación, al dejar existir durante décadas a todo el sistema de guarderías “en un desorden generalizado”.
¿Qué hará usted con el informe de tan tremendo despelote, señor Presidente?
En dos semanas la Suprema Corte de Justicia sellará con el voto de sus ministros el veredicto y entonces quedará de nuevo en manos de la clase política hacer, o no, justicia. Concretamente, en manos de usted, Presidente, o de su Procuraduría General de la República, quien a usted obedece.
¿Dará usted un paso atrás y volverá la vista hacia paisajes más verdes? ¿Dará un paso al frente y usará su poder para obedecer a los jueces supremos del país? ¿Obedecerá usted voluntariamente a los jueces en todo o lo hará selectivamente, salvando de la justicia a sus allegados, o a sus correligionarios, o acaso al sistema de subrogación?
¿Y por qué demonios el veredicto de los jueces supremos del país puede o no llevar a actos de justicia, señor Presidente?
Ah, esa es una de las tuercas, oxidadas y mohosas, que sostienen todo el edificio de la perversión del servicio público mexicano. Ahí ha sido colocada hace mucho tiempo, aparentemente sin sentido, por los políticos, con una paciencia de relojeros, para dejar a su propio albedrío el hacer justicia o no.
Que debemos zafar esa tuerca perversa los ciudadanos. Que debemos liberar a la Justicia de las manos de los políticos. También eso lo ilumina ahora el incendio de la Guardería ABC. l
SHCP: el mundo al revés
ernesto villanueva
El frágil estado de derecho, la falta de contrapesos sociales, la ausencia de compromiso social de los tomadores de decisiones y el ejercicio irresponsable del principio de discrecionalidad han creado en México una combinación que atenta contra el interés público. El gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, no contribuye a resolver tal estado de cosas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituye una muestra palmaria de lo que aquí afirmo. A las pruebas me remito.
Primero. El escrutinio de las cuentas públicas es una práctica excepcional. Lo es más si se trata de fideicomisos. El fideicomiso es un contrato por medio del cual una persona física o moral (fideicomitente) transfiere parte de sus bienes a una institución fiduciaria para que las destine a un beneficiario (fideicomisario) para un fin lícito. Las características jurídicas de los fideicomisos (públicos) que abrevan del derecho administrativo y del derecho mercantil hacen que la rendición de cuentas sea más compleja. De esta suerte, el fideicomiso ha sido utilizado para un sinnúmero de propósitos, todos ellos ajenos a la transparencia y la rendición de cuentas. (Un texto clave sobre el tema es Transparencia en fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos, de Irma Eréndira Sandoval http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2724/18.pdf.) Así, por ejemplo, la SHCP ha sido especialmente generosa con el sector privado, sin que de sus argumentos esgrimidos se pueda advertir la idoneidad de sus acciones en la circunstancia del país. De acuerdo con el oficio 305-I-3710 del 28 de julio de 1986, creó un fideicomiso por 3 mil 200 millones de pesos para que a través de Banobras se otorgara un crédito a la Operadora, Constructora y Administradora (OCASA). El argumento de la SHCP fue que ese contrato tenía como finalidad brindar “apoyo a la industria de la construcción con el objeto de preservar la planta productiva”. ¿Debe la SHCP subsidiar la impericia de las empresas, en su caso, para “preservar la planta productiva”?
Segundo. Así como ayer, la SHCP del gobierno de Felipe Calderón no ha perdido su vocación para mantener la asimetría social del país. De acuerdo con el registro clave 199806HIU00582, al primer trimestre de 2010 sigue vivo el Fondo para la Participación de Riesgos, el cual tiene el propósito de “compartir con los bancos el riesgo de los créditos que otorguen a las micro y medianas empresas”, para lo cual se destinan “subsidios y apoyos” por 3 mil 902 millones de pesos para el primer trimestre de 2010. Asimismo, con la clave de registro 200306HIU01336 se ha generado un Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, el cual tiene como objeto “constituir un mecanismo de apoyo financiero en todos aquellos programas que apruebe el comité técnico, y cuya finalidad sea otorgar apoyo a las empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial en el país”. Para el primer trimestre de 2010 este fideicomiso contaba con 7 mil 413 millones de pesos. ¿Usted ha visto la convocatoria pública para presentar proyectos empresariales con cargo a sus impuestos? Y con la clave 200306G0N01324 se creó un fideicomiso, Centro Empresarial México-Unión Europea, con la finalidad de brindar facilidades a las empresas mexicanas para hacer negocios. Por la asistencia técnica y capacitación se pagaron únicamente 16 millones 245 mil pesos en honorarios.
Tercero. Una parte importante de los fideicomisos se ha destinado al pago de pensiones como prestaciones adicionales a las del ISSSTE y del IMSS. Se trata, en efecto, de contratos creados para asignar emolumentos a empleados fundamentalmente de confianza de organismos descentralizados y de bancos que gravitan en torno a la SHCP como cabeza de sector. De 16 fideicomisos, que representaban el 2.4 % del total, con fondos presupuestales por 45 mil millones 152 millones de pesos, los cuales equivalían al 25% del total de los recursos al final del gobierno de Vicente Fox en 2006, ahora –para el primer trimestre de 2010– el número de fideicomisos destinados a pensiones ha aumentado a 22 (6.2%) con disponibilidad de 121 mil 712 millones de pesos (31.8%).
Está claro que en estos fideicomisos no aparecen los deudos de los miles de muertos inocentes que ha dejado como saldo la guerra personal que día con día pierde Calderón, según encuestas y notas de prensa. Ni tampoco los afectados por el incendio de la guardería ABC que, de acuerdo con la Suprema Corte, es responsabilidad de altos funcionarios del gobierno. ¿Cómo explicar estos destinos presupuestales y sus montos en un país como México, donde, según la OCDE, uno de cada seis mexicanos vive en extrema pobreza? Es necesario hacer una revisión de la legislación que regula los fideicomisos, mandatos e instrumentos análogos, de tal suerte que se establezca una autorización informada del Congreso de la Unión para su creación. Además, deben darse facultades y autorizarse recursos a la Auditoría Superior de la Federación para que vigile el uso del presupuesto público destinado a los fideicomisos. Se debe eliminar claramente el secreto fiduciario tratándose de recursos públicos para que no sea más un obstáculo a la rendición de cuentas. De esta manera se podría acotar la privatización de los recursos públicos, así como la socialización de las pérdidas, lo que ahora no sucede con Felipe Calderón. Bien lo ha dicho Benito Juárez: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”. l
evillanueva99@yahoo.com
Campañas: dinero sin control
Jesús Cantú
A menos de un mes de que se realicen los comicios para elegir gobernador en 12 entidades del país, los topes de los gastos de campaña de los candidatos y sus partidos son un adorno demasiado costoso. Y aun cuando en sus informes detallen que agotaron los recursos que se les asignaron de manera oficial, los gastos totales de las campañas siempre serán diferentes y estarán muy por debajo, acaso por miles de pesos.
Ello se debe, entre otros factores, a que en los registros de los aspirantes y las organizaciones incluyen erogaciones que por lo general no coinciden con las que les fueron autorizadas para sus campañas. Además, las autoridades electorales están imposibilitadas para dar seguimiento detallado a esos gastos; mucho menos cuantificarlos y contabilizarlos como parte de las partidas autorizadas.
A pesar de que la reforma constitucional y legal 2007-2008 eliminó el principal rubro de gastos de campaña –la compra de espacios en televisión y radio, ya que a partir de su entrada en vigor se canceló la comercialización de las campañas en esos espacios mediáticos–, todos los institutos electorales, con excepción del de Chihuahua, incrementaron los montos de los topes de gastos de campaña con relación a los comicios estatales de 2004. Los concesionarios se embolsaron más de la mitad de los gastos de campaña; en varios casos fueron dos terceras o tres cuartas partes de esas sumas.
Y aun cuando los topes de gastos de campaña en los estados son altos, comparados con los federales, en 2006 se autorizaron $651’428,441.67 para los aspirantes a la Presidencia de la República. Al dividir esa cantidad entre los 71 millones 374 mil 373 electores que aparecieron en la lista nominal (aun cuando el padrón electoral siempre suele ser mayor), cada uno de los candidatos pudieron gastar en sus actos proselitistas 9 pesos con 13 centavos por cada uno de los electores, cifra inferior a la establecida en 11 de las 12 entidades, donde la excepción fue Tlaxcala.
Hoy, el mayor gasto por elector potencial, según el padrón electoral, lo tiene Zacatecas, con $40.82 –cuatro veces y media más que en la jornada federal–, mientras que el mayor monto total es el de Tamaulipas, con 71 millones 969 mil 187 pesos y 39 centavos, con sólo 2 millones y medio de votantes. Y aunque tiene poco más de la trigésima parte de los electores que había en
Con relación el gasto por elector potencial, los topes de campaña establecidos en los 12 estados donde habrá comicios el próximo 4 de julio, es el siguiente:
Zacatecas, con un millón 111 mil 521 ciudadanos empadronados: tope de $45’370,854.40 y de $40.82 por elector; Quintana Roo, 849 mil 208 votantes, $25’321,383 de tope y $29.82 por elector; Tamaulipas, 2 millones 486 mil 10 sufragantes, $71’969,187.39 y $28.95 por voto; Oaxaca, 2 millones 582 mil 279, $62’824,708.47 y $24.33;
En Durango, los votantes son un millón 175 mil 265, disponen de $19’ 105,218.00 y $16.26 por elector; Puebla, 3 millones 870 mil 43, $61’462,676.00 y $15.88; Sinaloa, un millón 911 mil 72, $25’867,022.28 y $13.54; Aguascalientes, 792 mil 212, $10’180,225.90 y $12.85; Chihuahua, 2 millones 625 mil 601, $28’522,550.97 y $10.86; Veracruz, 5 millones 327 mil 433, $52’102,180.99 y $9.78; Hidalgo, un millón 843 mil 425, $17,277,563 y $9.37 y, finalmente, Tlaxcala, con 792 mil 120, $5’267,410.83 y $6.65.
Las legislaciones y, eventualmente, los criterios de los integrantes del órgano electoral son tan distintos que, por ejemplo, Aguascalientes cuyo padrón tiene 92 electores más que el de Tlaxcala y con condiciones muy similares, establece un tope de gastos de campaña por candidato de casi el doble que el de Tlaxcala. Además, pese a su elevado monto, esos topes no se respetan, pues partidos y candidatos reciben ingresos extras y erogan dinero que nunca reportan a las autoridades electorales.
Las principales vías para evadir el control de las autoridades electorales son tres:
Una: en el caso de productos o servicios de empresas establecidas que se preocupan por cumplir con el protocolo en las facturaciones que realizan directamente con un tercero –entidad pública o privada– al que en ocasiones entregan incluso documentos de trabajo o productos, o bien prestan servicios con sobreprecios.
Dos: los donativos en especie imposibles de detectar, que pueden ir desde el pago de salarios a colaboradores que en realidad laboran en la campaña, hasta bienes de consumo que son incuantificables.
Tres: el manejo de efectivo para la compra de productos, servicios o directamente de votos.
Para la primera vía, en ocasiones se crean empresas ad hoc; en algunos casos incluso con meses o años de anticipación para tratar de minimizar las suspicacias, como quedó constancia en el expediente de la agrupación Amigos de Fox. En otras, son firmas del candidato, su familia o sus amigos. Así, por ejemplo, las encuestas de preferencia electoral se facturan como estudios de mercado.
Además, con frecuencia se recurre a dependencias gubernamentales, particularmente por la vía de sobreprecios, a consultorías inexistentes, talleres de capacitación que nunca se realizan o a modificaciones mínimas de algún trabajo previo.
Entre los casos recurrentes destacan: los call centers, que hacen campañas telefónicas a favor de un candidato o diseñan estrategias para denostar a su opositor; los préstamos de oficinas, casas o bodegas para utilizarlas durante las campañas, sin que quede ningún registro; los préstamos de equipo, vehículos motorizados y demás bienes que se regresan una vez que concluyen los actos proselitistas, como computadoras o automóviles.
Un ejemplo que vincula las dos primeras vías es el de Zacatecas, donde el descubrimiento de una flotilla de 14 automóviles y dos autobuses en una bodega particular para fines electorales desató un escándalo en las últimas semanas. Aun si se concede que Osaka Motors arrendó los vehículos al PRI, al menos hay dos indicios de irregularidades.
El propietario de la bodega, Hugo Díaz Soto, declaró cándidamente al diario regiomontano El Norte: “En este momento mi único pecado es creer en un proyecto, creer en el proyecto del licenciado Miguel Alonso (candidato el PRI a la gubernatura de Zacatecas) y apoyarlo. Es por eso que les presté mis instalaciones para que ellos pusieran ahí sus vehículos e hicieran uso de ellos para las cuestiones de logística. Crecimos juntos, hemos sido amigos desde siempre”.
Los medios zacatecanos informaron que el inmueble es propiedad de la empresa Pisos y Azulejos y que, al prestar ese inmueble al PRI de manera gratuita, en realidad se hizo un donativo en especie a ese partido, lo que viola por partida doble la legislación electoral: primero, porque las empresas mercantiles no pueden aportar recursos a las campañas electorales; y segundo, porque no hay registro de ese donativo y, por lo mismo, no se contabiliza en los gastos de campaña del candidato priista. Es probable que, en el caso de los vehículos, también haya alguna manipulación en la tarifa.
Adolfo Yáñez Rodríguez, coordinador de la campaña del candidato priista Miguel Alonso Reyes, declaró que la empresa Pisos y Azulejos y la coalición Primero Zacatecas firmaron un contrato de arrendamiento el 28 de abril. Además, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Esaú Hernández, aseguró que se pagaron aproximadamente 3 mil pesos de renta por cada vehículo para utilizarlo durante dos meses. Ese precio es ridículo, señaló Eugenio Garza Rivapalacio, apoderado legal de Osaka Motors, sobre todo porque se trata de 60 unidades nuevas.
Un vehículo de ese tipo se cotiza en aproximadamente 7 mil pesos por mes, cantidad que comparada con la que admite el dirigente priista es notoriamente superior. Este tipo de argucias a las que recurren los candidatos y los partidos se inscriben en la primera vía.
Por lo que respecta a la tercera vía, ésta se utiliza por lo general en la promoción del voto o en las campañas terrestres. De ella no queda ninguna constancia del dinero líquido que manejan los candidatos y los partidos que los promueven. Y aun cuando distribuyan productos –despensas, electrodomésticos y demás–, si éstos se compran en efectivo no queda constancia de cuándo y cuánto se invirtió; además, los partidos políticos tampoco reportan estas erogaciones en los informes oficiales que presentan ante las instancias electorales.
El dinero en efectivo se usa directamente para comprar la voluntad popular, en particular la de los votantes más desprotegidos. En 2009, durante el proceso electoral para la gubernatura en Nuevo León, se dijo que en algunas zonas marginadas el voto costó hasta mil 500 pesos. El caso más evidente de esta práctica es el Pemexgate, instrumentado en los comicios presidenciales de 2000.
Las tres vías enumeradas no son las únicas, sino sólo las más utilizadas. Como puede colegirse, la autoridad electoral está imposibilitada para cuantificar los montos de esas erogaciones de partidos y candidatos, mucho menos para sumarlas a los montos de gastos de campaña.
Por otra parte, es evidente que el dinero público, el del crimen organizado o el de empresas mercantiles (impedidas legalmente para canalizar recursos para fines electorales) puede fluir por cualquiera de las tres vías. Eso es evidente por la propaganda y la promoción electoral desplegada en las entidades donde habrá elecciones el próximo 4 de julio. La paradoja es que eso no se refleja en los estados financieros ni en los reportes de partidos y candidatos.
Las últimas reformas electorales se limitaron a cerrar el paso a las formas tradicionales del fraude electoral, que pasaban por el padrón y las urnas, las casillas, las boletas y las actas, pero no instrumentaron ningún mecanismo para acotar las nuevas formas de violentar la voluntad popular. La realidad, hoy, es que las autoridades electorales administrativas carecen de instrumentos para combatirlas; y cuando avanzan en esa dirección, las autoridades jurisdiccionales las frenan.
Por eso, contrario a las declaraciones de las autoridades electorales, existe vía libre para que el dinero fluya libremente a las campañas electorales e incida en los resultados, sin importar su calidad u origen: lícito o ilícito; público o privado; de empresas mercantiles o del crimen organizado. l
