Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
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Domingo 21 de noviembre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / México frente al cambio climático
La estrategia del gobierno federal está en marcha, independientemente de los resultados que se alcancen en la cumbre de Cancún
Colaborador Invitado
(21 noviembre 2010).- Juan Rafael Elvira Quesada
Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal.
En la actualidad no existe evidencia seria que refute la existencia del cambio climático y que éste representa la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad y para el desarrollo de las naciones.
Por tal motivo, y comprometido con la búsqueda de soluciones viables y efectivas ante este desafío global, México promovió la realización de la 16 Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático en Cancún (COP16), Quintana Roo, del 29 de noviembre al 10 de diciembre próximos.
Dicha reunión, junto con la Sexta Conferencia de las Partes sobre el Protocolo de Kyoto (CMP6), son auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas y en ellas se persigue alcanzar acuerdos y compromisos de todos los países para mitigar las causas del cambio climático y lograr la adaptación de los países más vulnerables a sus efectos.
Pero independientemente de los resultados que se alcancen en Cancún, México ha trabajado intensamente en una agenda nacional que permita hacer frente a esta problemática global.
Un avance determinante ha sido el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), iniciativa del gobierno federal, elaborado de manera voluntaria, unilateral y con recursos propios.
El PECC es transversal pues compromete a todas las dependencias del gobierno federal en el combate al cambio climático, con acciones, metas y metodologías claras. Contiene objetivos y metas nacionales vinculantes en mitigación y adaptación para el periodo 2008-2012, e incluye un capítulo de largo plazo, en el que se plantean opciones con prospectiva para reducir emisiones rumbo al 2020 y 2050.
En el corto plazo, México se ha comprometido a reducir progresivamente sus emisiones a partir de 2008, para lograr en 2012 una reducción de 50.7 millones de toneladas de CO2 equivalente por año (MtCO2e/año), lo que será igual a dejar de emitir la suma de las emisiones por combustibles fósiles de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Paraguay.
A la fecha, el avance en las acciones es sustancial. Al cuarto bimestre de 2010 se ha logrado una mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) de 20.6 MtCO2e/año, lo que representa un avance del 40.7 por ciento sobre la meta programada al 2012. Las medidas implementadas para lograr el avance incluyen uso eficiente de energía en Pemex; generación de energía eléctrica con energía eólica; programas de sustitución de electrodomésticos y lámparas incandescentes; retiro de vehículos viejos de autotransporte y construcción de sistemas de transporte público limpio; construcción de vivienda ecológica; conservación de bosques y prácticas agrícolas sustentables, entre otros.
En lo que respecta a la adaptación ante el cambio climático, el gobierno de México considera que es una línea de trabajo prioritaria, que debe centrarse en construir y fortalecer las capacidades que garanticen el bienestar y la seguridad de la sociedad y de los sistemas naturales bajo escenarios climáticos adversos. Por ello, en el PECC se han identificado los sistemas más susceptibles a impactos adversos del cambio climático y las acciones para reducir su vulnerabilidad.
Por otra parte, destaca también el compromiso internacional de México de combatir el cambio climático a través de la publicación de la Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), lo que nos coloca como el único país en desarrollo en presentar cuatro comunicaciones nacionales. Dentro de este documento se destaca la actualización del Inventario Nacional de Emisiones GEI que para 2006 se estimaron en 711.650 MtCO2e.
En cuanto al Mecanismo de Desarrollo Limpio, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto al número de proyectos registrados ante la CMNUCC con 124 proyectos y el quinto lugar en cuanto al número de Emisiones Certificadas de Reducción emitidas (6.9 MtCO2e). Adicionalmente, hay 86 proyectos con un potencial de mitigación de 6.8 MtCO2e/año que están en proceso para ser registrados y 134 proyectos que cuentan con el aval de la Semarnat y que podrían sumar hasta 52.2 MtCO2e/año.
En materia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) México prepara los lineamientos para el desarrollo de una Estrategia Nacional que permita contar en 2030 con un balance negativo de emisiones asociadas con el cambio de uso de suelo, reducir significativamente la tasa de degradación forestal y conservar la biodiversidad.
Como participante activo en el marco multilateral de la CMNUCC y como anfitrión de la COP16 y la CMP6, el gobierno de México llegará a Cancún con metas claras, pero también con avances tangibles en la agenda ambiental doméstica.
'Ya no hay tiempo'
Reportaje Cumbre de Cambio Climático. Ante las bajas expectativas generadas en torno a la COP16, el coordinador de la Conabio, José Sarukhán, sugiere impulsar en Cancún el programa de reducción de emisiones por deforestación
Jésica Zermeño
(21 noviembre 2010).- La humanidad comenzó a sufrir y medir los resultados del cambio climático recientemente, no hace más de 30 años, puntualiza José Sarukhán, pero las consecuencias se han vuelto devastadoras para el planeta en mucho menos tiempo de lo que pronosticaron los científicos. Y ejemplifica: a pesar de que el problema ha tratado de contenerse, la cantidad de dióxido de carbono que se produce en el mundo es tal que sus niveles actuales son inéditos, los polos se están derritiendo a una velocidad que ningún modelo ha sido capaz de pronosticar -"se han quedado cortos"-, y los huracanes intensos se han incrementado en casi 70 por ciento en todos los océanos del mundo.
Para el biólogo egresado de la UNAM, rector de esa casa de estudios entre 1989 y 1997 y actual coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), no hay tiempo para conformarse con salidas políticas al problema. Se necesitan compromisos claros y cambios en el modelo de producción instaurado tras la Revolución Industrial y consolidado en la Segunda Guerra Mundial: la producción y el consumo en serie. Hay una urgencia planetaria a todas luces, sostiene. Pero es consciente de que en Cancún, durante la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, esto no pesa.
Sarukhán se une al coro de aquellos que sostienen que no se tomarán acuerdos con metas definidas y medidas vinculantes en la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP16, que se llevará a cabo entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre en territorio mexicano.
"No veo que haya una disposición muy clara de los países industrializados. Quizá los europeos la tienen un poco más en cuanto a medidas más serias, pero aun así ninguna que sea del tamaño de lo que debería darse. Y otros países, como China e India, que están empezando a entrar en una fase de desarrollo muy importante para cambiar el estado de vida de su gente, lo cual es normal y justificable, ahora están en un proceso en el que no quisieran tener que parar de golpe y hacer cambios, porque eso les retrasaría los planes que tienen de mejoría social, de bienestar de sus poblaciones.
"Tenemos estos dos bloques. Va a haber mucha dificultad para que se tomen medidas vinculantes; es decir, fechas, metas, cantidades precisas en lo que se refiere a emisión de gases de efecto invernadero. Es una desgracia, es muy triste que esto esté pasando, porque a la hora de que la evidencia sea tan abrumadora que ya no haya quien en su sano juicio pueda soltar ideas como las que se están soltando, los costos van a ser enormes, va a ser muy tarde para tomar medidas que tengan la efectividad como la podrían tener ahora. Ésa es la parte que a mí me preocupa mucho, que no tengan resultados estas reuniones, como la COP", señala.
Y es que las agendas nacionales de los principales países productores de gases de efecto invernadero (entre los que están Estados Unidos, China y Rusia, primero, segundo y tercer lugar en producción de emisiones, respectivamente) son tan inamovibles que por más que México ha intentado acercar posiciones como anfitrión, buscar el mayor consenso posible, ya se sabe que en Quintana Roo no se establecerán las reglas vinculantes de una segunda fase del Protocolo de Kyoto, el único acuerdo internacional que regula con sanciones la emisión de gases, y cuya primera fase concluye en 2012.
Hasta el presidente Felipe Calderón ha pedido que se moderen las expectativas de la COP16. El pasado 13 de noviembre, en Seúl, Corea, durante la reunión del G-20, reconoció que no está entre las prioridades un Protocolo post Kyoto, aunque se están negociando otros acuerdos concretos. "No se puede anotar un touch-down en Cancún, pero sin duda lograremos un importante paso hacia delante con un largo primero y diez", dijo.
A pesar de las bajas expectativas en lo que se refiere al futuro del Protocolo de Kyoto, Sarukhán no ve todo perdido, y hasta es optimista, dadas las posiciones de los distintos bloques de países involucrados en la negociación, que prácticamente no han cambiado desde la COP15 realizada en Copenhague, Dinamarca, en 2009.
Esa última reunión fue considerada un fracaso por la comunidad internacional, pues sólo se logró un documento negociado entre unos cuantos países y no contenía ningún compromiso para los gobiernos.
El ex rector de la UNAM cree que Cancún puede ser el escenario en el cual se apruebe el programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y deterioro de los ecosistemas, el programa de Naciones Unidas conocido como REDD+, por sus siglas en inglés. Esto es, pagar a los países en vías de desarrollo por no deforestar.
"Si se logra este objetivo, yo podría afirmar sin duda que Cancún fue un éxito, a pesar de que algunos digan 'no, es que los países industrializados no se comprometieron a bajar sus emisiones de CO2'. Aprobar el REDD+ sería un golpazo padrísimo, que se puede lograr".
La gravedad
¿Por qué es factible la aprobación del REDD+? Porque es un acuerdo que no genera las reticencias que sí genera el Protocolo de Kyoto, pues no implica un cambio en el modelo de productividad de los países industrializados, explica el investigador. El compromiso principal que adquieren con él estas naciones es de tipo monetario: mantener una bolsa con recursos para otorgar a los países en desarrollo que puedan certificar que están combatiendo la deforestación y resarciendo los daños generados por esta actividad.
"(El REDD+) sí tiene un efecto muy claro y muy importante, que se refiere a la reducción en un 18, 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero casi de golpe, o muy rápidamente, mucho más rápidamente de lo que podría ocurrir de otra manera. Básicamente es un programa que generaría recursos que servirían para que los dueños de los ecosistemas, individuos o ejidos o comunidades, como el caso de nuestro país, o corporaciones, o las mismas naciones pudieran usar esos recursos en lugar de los 'beneficios' que habría de transformar esos ecosistemas naturales a cultivos agrícolas o desarrollos turísticos", explica.
Sin embargo, esta medida sólo resolvería en el corto plazo el problema de no lograr que los principales países productores de gases de efecto invernadero adquieran compromisos reales para reducir sus emisiones.
La evidencia científica ha dejado claro que las acciones que se están tomando a nivel internacional para contener el problema son irrisorias. Los científicos que estudian el tema, entre ellos los que conforman el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), grupo formado en 1988 para analizar la información científica, han tomado mediciones y analizado los datos y concluyen, cada vez que se reúnen, que los daños se esparcen cada vez con mayor velocidad.
Por ejemplo, días antes de la COP15, en Copenhague, el Comité Científico de Estudios Antárticos dio a conocer importantes hallazgos: si la temperatura continuaba incrementándose como lo había hecho hasta ese momento, para el año 2100 el nivel del mar podría incrementarme en
Este incremento representaría la desaparición de varias islas, como las Maldivas o Tuvalu, que incluso ya tiene un plan de evacuación ante la gravedad del problema. Además, ciudades costeras como Calcuta, en India, y Dhaka, la capital de Bangladesh, quedarían devastadas. Nueva York, Londres y Shanghai necesitarían invertir miles de millones de dólares en sistemas de defensa ante el mar.
Y no todas las consecuencias serían tan lejanas. En México, zonas de Tabasco y Veracruz quedarían cubiertas por el mar, según especialistas en el tema. Villahermosa tiene las mismas probabilidades de desaparecer que muchas islas ante este fenómeno.
A pesar de las advertencias, en la COP15 los países acordaron medidas no vinculantes en la reducción de sus emisiones para que la temperatura global subiera 2 grados centígrados hasta 2030. Hoy, con la información disponible, el IPCC asegura que tienen que tomarse medidas más enérgicas; de lo contrario, esta meta no se cumplirá.
Otro dato para dimensionar la gravedad del problema: si en 2030 la temperatura global es superior en 3 o 4 grados a la actual, más de la mitad de la biodiversidad estaría en riesgo o ya habría desaparecido, según los científicos. Las imágenes de osos polares que circulan en la web aferrándose a cada vez más pequeños pedazos de hielo son sólo la punta del iceberg del problema, literalmente.
Por ello, el IPCC propone que, para 2020, los principales países emisores de dióxido de carbono reduzcan sus emisiones en 35 o 40 por ciento. Sin embargo, de cara a Cancún, no hay consenso en este punto.
Ante la contundencia del daño, Sarukhán ve que cualquier avance para contener la emisión de gases dañinos, por mínima que sea, debe buscarse en Cancún.
"Una cosa como el REDD+ en dos patadas puede dar realmente un cambio importante. Hay que seguir con lo otro, trabajando muy duro, porque finalmente con esto, entre deforestación y degradación, nada más resolvemos una quinta parte del problema, nos quedan cuatro quintas partes por resolver y por atender, y esas cuatro quintas partes vienen de los sistemas de producción industrial, de los sistemas de transporte, de los estándares de vida que tenemos los que vivimos en la parte más privilegiada de las sociedades, y eso hay que cambiarlo".
Y el REDD+ cuenta ya con el apoyo, por lo menos declarado, de Estados Unidos, el más férreo opositor a ratificar el Protocolo de Kyoto, a pesar de ser el país más contaminante. El pasado 28 de octubre, el gobierno estadounidense dio a conocer su postura sobre el REDD+. En ella, anuncia que podría destinar mil millones de dólares entre 2010 y 2012 para el fondo. Un comienzo.
México, ¿líder?
Si el gobierno mexicano decide abanderar la estrategia del REDD+ en Cancún habría incluso probabilidades de que se convirtiera en líder en la materia, sostiene Sarukhán, pues sería capaz de predicar con el ejemplo.
"México está especialmente bien dotado para poder ser certificable en este sentido. Ésta es una de las cosas por las que digo que puede funcionar mucho como un modelo. ¿Por qué? En los últimos 15 años se ha desarrollado un modelo, con la ayuda del gobierno, que nos permite llegar a decir 'sabemos casi en tiempo real si estamos ganando o perdiendo bosques'. Todavía no lo tenemos completo en este instante, pero tenemos todo lo necesario para tenerlo en muy poquito tiempo.
"El país podría hacer un sistema con los recursos adecuados que sea certificable, es decir, que los recursos que pongan ahí tengan resultados que se puedan certificar y se pueda decir sí está ocurriendo el paro a la deforestación en un 95 por ciento o en 89 por ciento en el país, etcétera", explica.
El funcionario, galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en 1990, calcula que el sistema completo de monitoreo del suelo mexicano, en cuyo diseño ha participado el INEGI, la Conabio y Comisión Nacional Forestal -vía el Inventario Forestal Nacional-, podría estar completo a más tardar en dos años.
Pero no quiere mentir. Aclara que las acciones de México no tienen gran peso en el contexto internacional, pues no entra en el grupo de los más contaminantes. Si bien el gobierno del presidente Calderón "ha tenido una sensibilidad especial" para los temas ambientales, lo que México haga o deje de hacer no implica ni 2 por ciento del problema mundial, y eso no va a cambiarse hasta que la mentalidad de los ciudadanos con capacidad de compra, los acaudalados, cambie. En eso se tiene que trabajar ya.
"Ya lo que vemos es 'Tabasco se inundó'. Yo pienso 'pobres cuates de Tabasco', pero sigo haciendo lo mismo que antes. Y si la inundación ocurre en Bangladesh, peor. ¡Hay 20 millones de desplazados sin casas allá! Eso es más que toda la población de la Ciudad de México, desplazados, sin casas, de golpe. 'No no, están allá, lejos, no me toca'. Esto hay que cambiarlo, no puede ser.
"Aquí hay una responsabilidad ética, moral, que nunca nos han enseñado en ninguna escuela, en ninguna religión, a lo que debería ser nuestro comportamiento con el planeta en el que vivimos y con la especie de la que somos parte. Ya no hay tiempo", sintetiza.Mientras se aplaza la posibilidad de un acuerdo vinculante para la COP17 que se celebrará en Sudáfrica en el 2011, las grandes industrias continuarán destinando parte de sus ganancias a hacer lobbies internacionales para convencer a los gobiernos de que todo es aplazable y que todavía no es necesario tomar medidas. Sin embargo, el límite que ha puesto el planeta para cobrar la deuda por el desastre que ha provocado la actividad humana está cada vez más cerca. ·
Cómo llegan a Cancún
Reportaje Cumbre de Cambio Climático
(21 noviembre 2010).- Poco han cambiado las posturas desde Copenhague. Los bloques que aglutinan a los 194 países que negocian los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han manifestado ya, en distintos foros internacionales, sus deseos y reticencias sobre qué hacer después de 2012. No hay consenso entre los distintos bloques de qué debe pasar cuando termine la primera parte del Protocolo de Kyoto (y cómo será la arquitectura de la siguiente fase del acuerdo), cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que necesita el planeta para que la temperatura no aumente ni cómo tiene que ser la ayuda que los países desarrollados deben proveer a los demás. El verdadero alcance de las negociaciones preparatorias que comenzaron en Bonn, Alemania, en julio pasado se verá a partir del 29 de noviembre, y hasta el 10 de diciembre, en Cancún. Éstos son los bloques y sus posturas. (Investigación: Jésica Zermeño)
Grupo de los 77 más China
Incluye a 131 miembros, la mayoría países en vías de desarrollo. El grupo fue fundado en 1964, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Como es un grupo muy grande y diverso, y sus integrantes mantienen posiciones distintas en lo que se refiere a cambio climático, algunos han integrado subgrupos. Sostienen que los países desarrollados más contaminantes son los que tienen la responsabilidad histórica de aportar más contra el cambio climático, por lo que tienen que comprometerse con la aplicación del Protocolo de Kyoto y su continuación.
Los principales bloques que actúan dentro de este grupo son los siguientes:
Grupo Mixto (Umbrella Group)
Coalición que integra a los países desarrollados que están fuera de la Unión Europea y que se formó tras la aprobación del Protocolo de Kyoto. Es la evolución del grupo JUSSCANNZ (nombre conformado con las siglas de los países participantes) que intervino activamente en las negociaciones de este acuerdo.
Las decisiones de Estados Unidos son fundamentales para este grupo. Durante las negociaciones previas a la COP16, este país condicionó su participación en un fondo para apoyar a las naciones en vías de desarrollo en el largo plazo a que el dinero sea usado en acciones medibles, reportables y verificables y aceptando la consulta y el análisis internacional. La conformación de este fondo estará a discusión en Cancún.
Estos países piden la flexibilización de condiciones del Protocolo de Kyoto para hacerlo viable, y argumentan que si Estados Unidos no lo ratifica no tiene sentido discutirlo. Son los que más recursos financieros han aportado a los fondos contra el cambio climático.
Grupo de Integridad Ambiental
Se considera un grupo sui géneris, por la diversidad de los miembros política, económica y socialmente. México se mantiene en este grupo porque hay flexibilidad para fijar posturas con respecto a distintos temas, según los negociadores mexicanos.
Llegan a Cancún con el interés de las metas de reducción de gases de efecto invernadero y abogan por la creación de un Fondo para el Financiamiento en el largo plazo para países en vías desarrollo. También buscan que los retrasos en el tema de uso de suelo del Protocolo de Kyoto sean resarcidos.
Países Menos Adelantados
Grupo conformado por 49 países. Generalmente presentan posiciones conjuntas ante Naciones Unidas no sólo en temas de cambio climático.
Abogan por el apoyo constante de los países desarrollados mediante la creación de fondos financieros para lidiar con las consecuencias del calentamiento global (desastres naturales y sequías) y el desarrollo de convenios de intercambio de tecnología. Piden un mayor compromiso por parte de los principales emisores de dióxido de carbono (Estados Unidos, China y Rusia).
BASIC
Grupo conformado por cuatro países que han destacado por un crecimiento económico vertiginoso en las últimas décadas. Piden respetar la Hoja de Ruta de Bali, pactada en 2007, específicamente en lo que tiene que ver con la eliminación de barreras para el intercambio de tecnologías limpias y un recorte sustancial en las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los países. Piden también que los países desarrollados den apoyo financiero a los países en vías de desarrollo y que el destino de esos recursos sea auditado sin vulnerar la soberanía de los países receptores de la ayuda.
India y China piden que Estados Unidos, como principal productor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ratifique el Protocolo de Kyoto.
Proponen que la COP16 sea una cumbre de transición para la COP17, en Sudáfrica, y sea hasta esa reunión que se retomen las negociaciones de un acuerdo vinculante.
Grupo Africano
Incluye los países africanos que no participan en otro bloque. Un país representante habla por todos, no hay posiciones individuales.
No acepta la meta avalada en Copenhague, que establece que los topes de emisión de gases de efecto invernadero sean calculados de manera tal que la temperatura planetaria no suba más de 2 grados centígrados, pues en África este aumento sería mayor. Pide, en cambio, que los cálculos se hagan con base en un aumento de 1.5 grados a la temperatura.
En la COP16, el grupo planea continuar con esta demanda y pedirá que la ayuda financiera de los países desarrollados para mitigar los efectos del cambio climático sea mayor.
Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS por sus siglas en inglés)
Coalición conformada por 43 países, la mayoría islas. Son Estados que se caracterizan por ser particularmente sensibles el aumento del nivel del mar, pues si éste sube podrían desaparecer. Fueron los primeros en proponer un borrador del Protocolo de Kyoto durante su negociación.
Son los más radicales en cuanto a la necesidad de encontrar lo más pronto posible un nuevo acuerdo vinculante paralelo al Protocolo de Kyoto (en donde los países emisores que no tienen responsabilidades en el actual primer periodo, como China, India y Estados Unidos, las tengan), pues su pervivencia depende de ello.
El grupo cuenta con cuatro observadores: Samoa Americana, Guam, Antillas Holandesas e Islas Vírgenes.
Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
Aunque ya participaban en política internacional como bloque, estos países decidieron actuar en grupo en el tema de cambio climático a partir de julio de este año, en San Salvador, durante una Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema.
Buscan tener mayor acceso a los fondos que pretenden mitigar los estragos del cambio climático pues, argumentan, han sido países muy golpeados por los desastres naturales en los últimos años.
País observador: México.
Unión Europea
Está conformado por los 27 miembros que conforman esta agrupación político-económica. Generalmente se reúnen en privado antes de las COPs para fijar una posición conjunta. El portavoz del grupo es el que ocupa la Presidencia de la Unión Europea. No presenta el voto individual de sus miembros.
Está a favor de un acuerdo ambicioso que sustituya el Protocolo de Kyoto, aunque algunos países del bloque han pedido más flexibilidad en las obligaciones vinculantes. Han aceptado que podrían reforzar sus metas y compromisos en materia ambiental, siempre y cuando los demás países desarrollados hagan compromisos similares.
841.4 millones de pesos es el presupuesto del evento.
6,300 delegados de los países y funcionarios de la ONU asistirán al evento oficial.
12,000 personas es la asistencia diaria que espera el gobierno en los eventos alrededor de la cumbre.
6,000 policías estarán a cargo de la seguridad.
300 ONG nacionales e internacionales enviarán representantes.
Países sin bloque
Otros grupos también participan en las negociaciones, como algunos países productores de petróleo y países de la Liga Árabe. Pero no están identificados como bloques de negociación. Son aproximadamente 20 naciones.
La(s) cumbre(s) alterna(s)
Además de las delegaciones oficiales, se prevé que asistan a la COP16 alrededor de 15 mil miembros de la sociedad civil, académicos y visitantes en general. Se calcula que habrá más de 300 organizaciones nacionales y extranjeras presionando a los gobiernos. El gobierno federal dispuso de un espacio llamado "la Villa del Cambio Climático", ubicado en las instalaciones de la Expo Feria, que abrirá entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre. Ahí se realizará el festival Cantando por el Planeta y habrá una carpa de mil metros cuadrados para exposiciones y un foro para eventos culturales. Organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas en tres grandes bloques, han advertido que no permanecerán en este espacio.
Vía Campesina
Movimiento internacional campesino que representa a pequeños y medianos productores. Se constituyó en 1993 como organización mundial y tiene presencia en 69 países; 148 organizaciones la conforman. Defiende la producción agrícola basada en las granjas familiares de manera sustentable y la soberanía alimentaria de los Estados.
Según su planeación, las caravanas internacionales llegarán al país entre el 22 y el 29 de noviembre, para organizar una marcha en la Ciudad de México el 30 y después trasladarse a Cancún y mantener ahí, durante todo el evento, un foro alternativo en el que expondrán sus exigencias.
Piden que la COP16 adopte el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba, firmado en abril pasado en Bolivia, en el que se pide a los países desarrollados comprometerse a firmar la enmienda del Protocolo de Kyoto y reducir en al menos 50 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2017, así como la construcción de un Fondo de Adaptación que funcione bajo la autoridad de la COP, con representación importante de los países en desarrollo.
Rechazan el Programa de Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), y la participación del Banco Mundial en la gestión de fondos para cambio climático.
Diálogo Climático-Espacio Mexicano
Es el bloque más heterogéneo. Reúne a más de 200 grupos de la sociedad civil nacionales e internacionales de varios ámbitos, así como movimientos sociales, campesinos, ambientales, del agua, de mujeres, etcétera.
Para la COP16 el bloque creó un comité internacional. Este comité prevé que las caravanas lleguen entre el 3 y 4 de diciembre a Cancún y propone a las organizaciones civiles participantes una movilización general el 7 de diciembre, en la que se elabore una declaración común.
Buscan que se retomen en las negociaciones tanto el Tratado de Río "Por ciudades, villas y poblados justos, democráticos y sustentables", firmado en 1992, y el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba. También piden la realización de una nueva sesión del Tribunal Internacional de Justicia Climática. Buscan también que el gobierno mexicano incluya cambios en directrices acordes con la lucha contra el cambio climático.
Como bloque no participan en el evento oficial, pero no rechazan que algunas organizaciones que lo forman participen. Establecieron como su lugar de reunión la Súper Manzana 21, ubicada en el centro de Cancún. Ahí se llevarán a cabo el Foro Internacional de Justicia Climática del 5 al 10 de diciembre, con mesas de debate y actividades culturales.
Klimaforum 10
Grupo de organizaciones mexicanas que toma la estafeta del Danish Borrad Klimaforum 09, el espacio alternativo que la sociedad civil organizó paralelamente a Copenhague.
Convoca a la participación de organizaciones en su espacio alternativo, que estará en Puerto Morelos, Quintana Roo. Ahí se llevarán a cabo charlas, talleres, plenarias, mesas redondas y actos culturales en general. Además, los organizadores instalarán tiendas especiales para foros temáticos con capacidad no mayor de 50 personas, con el fin de establecer debates. *
Bloques y subgrupos
Por sus posturas afines en torno al cambio climático, los países se pueden clasificar en cuatro grandes bloques de negociación.
Grupo mixto
· Australia
· Canadá
· Estados Unidos
· Islandia
· Japón
· Noruega
· Nueva Zelanda
· Ucrania
Grupo de integridad ambiental
· Liechtenstein
· México
· Mónaco
· República de Corea
· Suiza
Unión Europea
· Alemania
· Austria
· Bélgica
· Bulgaria
· Chipre
· Dinamarca
· Eslovaquia
· Eslovenia
· España
· Estonia
· Finlandia
· Francia
· Grecia
· Hungría
· Irlanda
· Italia
· Letonia
· Lituania
· Luxemburgo
· Malta
· Países Bajos
· Polonia
· Portugal
· República Checa
· Reino Unido
· Rumania
· Suecia
Países menos adelantados
· Afganistán
· Angola
· Bangladesh
· Benin
· Bután
· Burkina Faso
· Burundi
· Camboya
· Cabo Verde*
· Chad
· Comoros*
· Djibouti
· Eritrea
· Etiopía
· Gambia
· Guinea
· Guinea Ecuatorial
· Guinea-Bissau*
· Haití*
· Kiribati
· Islas Maldivas*
· Islas Salomón*
· Laos
· Lesoto
· Liberia
· Madagascar
· Malawi
· Malí
· Mauritania*
· Mozambique
· Myanmar
· Nepal
· Níger
· República Centroafricana
· República Democrática del Congo
· Rwanda
· Samoa*
· Santo Tomé y Príncipe*
· Senegal
· Sierra Leona
· Somalia
· Sudán
· Tanzania
· Togo
· Tuvalu
· Uganda
· Vanuatu*
· Yemen
· Zambia
Grupo de los 77 más China
Alianza de Pequeños Estados Insulares (aosis)
· Antillas Holandesas ·
· Antigua y Barbuda
· Bahamas
· Barbados
· Belice*
· Cabo Verde*
· Comoros*
· Dominica
· Guam · dGranada
· Guinea-Bissau*
· Guyana
· Haití*
· Islas Cook
· Islas Fiji
· Islas Maldivas*
· Islas Marshall
· Islas Mauricio
· Islas Salomón*
· Islas Seychelles
· Islas Vírgenes ·
· Jamaica
· Kiribati
· Malta
· Mauritania*
· Micronesia
· Nauru
· Niue
· Palau
· Papua Nueva Guinea
· República Dominicana*
· Samoa*
· Samoa Americana ·
· Santa Lucía
· Saint Kitts y Nevis
· San Vicente y las Granadinas
· Santo Tomé y Príncipe*
· Singapur
· Surinam
· Tonga
· Trinidad y Tobago
· Tuvalu
· Vanuatu*
Gpo. africano
· Argelia
· Botswana
· Camerún
· Congo
· Côte d'Ivoire
· Egipto
· Gabón
· Gana
· Kenia
· Libia
· Marruecos
· Namibia
· Nigeria
· Túnez
· Zimbawe
Sica
· Belice*
· El Salvador
· Costa Rica
· Guatemala
· Honduras
· Nicaragua
· Panamá
· República Dominicana*
Basic
· Brasil
· China
· India
· Sudáfrica
Alba**
· Bolivia
· Cuba
· Ecuador
· Nicaragua
· Venezuela
· Arabia Saudita
· Argentina
· Bahrein
· Bosnia y Herzegovina
· Brunei Darussalam
· Chile
· Colombia
· Emiratos Árabes Unidos
· Filipinas
· Indonesia
· Irán
· Iraq
· Jordania
· Kuwait
· Líbano
· Malasia
· Mongolia
· Omán
· Paquistán
· Palestina
· Paraguay
· Perú
· República Democrática Popular de Corea
· Qatar
· Sri Lanka
· Swazilandia
· Siria
· Tayiquistán
· Tailandia
· Timor Oriental
· Turkmenistán
· Uruguay
· Vietnam
* Países pertenecientes a dos subgrupos.
** Alianza Bolivariana para las Américas.
* País observador.
Fuentes: Relatorías de las reuniones de Tianjin, China, y Nueva Delhi, India, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Jorge Villarreal, director de campañas de la Fundación Heinrich Böll Stiftung. Secretaría de Relaciones Exteriores y páginas web de Villa Campesina, Diálogo Climático-Espacio Mexicano y Klimaforum 10.
La vulnerabilidad de México
Análisis Cumbre de Cambio Climático. En amplias zonas del país los riesgos por el cambio climático son tan altos como los de algunas islas del Pacífico
Ingrid Spiller y Jorge Villarreal
(21 noviembre 2010).- México es uno de los países más vulnerables a las condiciones extremas del clima generadas por el calentamiento global. Hay regiones que tienen el mismo grado de exposición a las amenazas del cambio climático como las naciones que más sufren y reclaman por medidas urgentes en las negociaciones internacionales. Tamaulipas o Tabasco -por ejemplo- corren no sólo el riesgo de lluvias más intensas, también su actual zona costera puede desaparecer por el aumento del nivel del mar (en algunos lugares se pronostica
Por su megadiversidad, su variedad topográfica y ecosistémica, el cambio climático tendrá efectos muy variados en México. En términos generales, los ecosistemas también se verían seriamente amenazados. El Instituto Nacional de Ecología pronostica que -con un aumento de entre 3 y 4 °C- el 50 por ciento de la vegetación en México cambiaría de características, sobre todo en los bosques templados de pino y encino, y con ellos, la fauna y flora asociadas.
En las costas del sur-sureste los impactos más severos serán el incremento en la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos (huracanes y tormentas tropicales) y el aumento en la frecuencia de precipitaciones que -por diversos factores humanos- terminan en mayores inundaciones.
Como lo han señalado la mayoría de los reportes científicos en la materia, para México los cambios climáticos de mayor relevancia para la vida económica serán los asociados a la desertificación y baja en la precipitación. México es un país mayoritariamente semiárido, por lo que la disponibilidad de agua para el consumo humano y la agricultura es de vital importancia. En las zonas áridas y semiáridas del norte, noroeste y el centro del país se pronostican importantes reducciones de precipitación (15 por ciento) y aumentos de temperatura (entre 2 y
Aunque en México no hay una sola entidad que no enfrente por lo menos una amenaza grave debido a los efectos del cambio climático, por lo comentado, la agricultura será uno de los sectores más afectados y vulnerable por la pobre condición actual del campo en México. Enfrentarán un mayor riesgo las campesinas y campesinos que no cuentan con sistemas de irrigación, sino que dependen de los patrones de lluvia regulares. Esto es particularmente grave porque alrededor de una quinta parte de la población vive en el ámbito rural y la agricultura constituye una parte importante -cuando no la única- de sus ingresos. La pobreza y la pobreza extrema son mucho más pronunciadas en las zonas rurales, lo cual las hace más vulnerables frente a los impactos del cambio climático, sobre todo a los pequeños productores de temporal. El maíz, el cultivo más importante en México, es sembrado en cerca del 50 por ciento de la tierra cultivada, principalmente por los pequeños productores. Y, volviendo a los escenarios climáticos, se estima que para el año 2020 alrededor del 4.2 por ciento de la superficie hoy cultivada con maíz deje de ser cultivable, debido a su alta sensibilidad con el clima. Esto ocasionará que muchos productores tendrán que sustituirlo por otro cultivo o abandonar la agricultura en un contexto en que la política nacional agraria le apuesta al modelo de importación de alimentos en vez de fortalecer la productividad de este importante sector de pequeña producción.
Respecto al agua. México se convertirá en uno de los países con estrés hídrico generalizado no sólo en las zonas agrícolas, sino también en las ciudades. La distribución y disponibilidad de agua en el país sigue siendo inequitativa, pues la mayor cantidad se concentra en el sur-sureste, mientras que otras zonas padecen más sequías como en Baja California, Sonora, Sinaloa y otras. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología, esto se traduce en que el 50 por ciento de la población cuenta con menos del 20 por ciento de este recurso, mientras que en el sudeste del país, el 20 por ciento de la población tiene más de la mitad del agua.
Considerando los escenarios climáticos se espera una baja en la disponibilidad de agua anual por habitante: mientras en 1999 fue de
Múltiples factores
Es importante notar que los orígenes de estos fenómenos son múltiples y no únicamente se refieren al aumento de la temperatura causada por las emisiones de efecto invernadero (GEI), en las que México contribuye con 1.6 por ciento al nivel mundial (11o. lugar). Así como el cambio climático es resultado de actividades humanas, sus efectos se agravan por las actividades humanas. Por ejemplo, la deforestación y la erosión del suelo en grandes partes del país intensifican los efectos devastadores de los cambios en los patrones de lluvia -tanto como los aumentos de fenómenos meteorológicos extremos- y elevan el riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos, como en el reciente caso de la Sierra Mixe en Oaxaca.
Mientras que México comparte condiciones de vulnerabilidad similares a otros países del mundo, a diferencia de muchos de ellos, la falta de recursos para hacer frente a los impactos mencionados no se debe a la ausencia total de éstos, sino a su mala e inequitativa administración. En la economía número 15 del mundo la pobreza alcanza el 60 por ciento. Visto de esta manera, reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático es más un problema de decisiones y mal diseño de políticas, que de disponibilidad de recursos.
Los autores son miembros de la oficina regional de la fundación Heinrich Böll Stiftung en México, Centroamérica y el Caribe.
Anfitrión de la Cumbre y cazador de ecologistas
Reportaje Cumbre de Cambio Climático. México es un país incoherente: por un lado es sede de la conferencia más importante en medio ambiente, pero por otro criminaliza a quienes defienden sus recursos naturales
Martha Martínez
(21 noviembre 2010).- El 29 de marzo de 2003, agentes de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua detuvieron sin orden de aprehensión a Isidro Baldenegro en la comunidad de Coloradas de la Virgen, acusado de posesión de mariguana y armas de uso exclusivo del Ejército.
Doce días antes de su detención había logrado que un tribunal especial declarara ilegal la tala de árboles en la comunidad, resolución que se sumó a las que desde 2002 obtuvo en contra de la tala inmoderada del bosque. Tras ocho días de detención, fue puesto en libertad por falta de pruebas.
El caso de Isidro es paradójico, pues mientras en México era encarcelado, procesado y exhibido ante los medios de comunicación, a nivel internacional era reconocido por su lucha en favor del medio ambiente con el Premio Goldman en 2005, una especie de Nobel para los defensores del medio ambiente.
En las últimas dos décadas, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado al menos 55 casos de defensores del medio ambiente, abogados, funcionarios públicos e integrantes de comunidades indígenas que han sido asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados y amenazados por denunciar la tala clandestina de árboles, oponerse a la operación de empresas mineras e impedir la construcción de proyectos hidroeléctricos que invaden zonas naturales.
Esta cifra podría ser mayor, pues de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en abril de 2009 otorgó medidas de protección a 107 defensores del medio ambiente que se encontraban en riesgo sólo en el estado de Guerrero.
La lista de casos documentados muestra que 18 activistas fueron asesinados; 17 fueron acusados de delitos como portación ilegal de armas, delincuencia organizada, ataque a las vías de comunicación y homicidio; 16 fueron torturados, atacados con arma de fuego o heridos; 2 se encuentran desaparecidos y 2 más fueron testigos cuando comandos armados emboscaban y asesinaban a sus familiares.
Se trata de ecologistas a los que las autoridades omitieron otorgarles medidas de seguridad a pesar de que denunciaron jurídica y públicamente las amenazas de las que eran objeto.
Resalta el caso de los hermanos Jaime y Aquilino Loaeza Juárez, activistas de Temoxcaltepec, Oaxaca. Ambos han sido atacados y amenazados en cuatro ocasiones a partir de que fundaron, en 2006, la Organización de Pueblos Unidos por la Defensa de sus Tierras, organismo civil que promueve la organización de la comunidad para impedir la invasión de áreas naturales. A pesar de ello, no cuentan con medidas de protección.
La mayoría de los casos se presentan en el estado de Guerrero. Le siguen el estado de México, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Guadalajara y Sonora.
La situación de los defensores del medio ambiente en el país hoy es motivo de preocupación a nivel internacional. En la última década, sólo ocho países han comparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para rendir cuentas por las agresiones cometidas en contra de sus ambientalistas; México es uno de ellos.
De estos países -Belice, Honduras, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, Panamá y México-, sólo cuatro han recibido sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en breve México podría convertirse en el quinto.
Desde 2006, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, litiga ante el tribunal interamericano el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fundadores de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero.
Ambos ambientalistas fueron detenidos, encarcelados y procesados a partir de confesiones arrancadas con tortura luego de que denunciaron la complicidad que existe entre autoridades locales, elementos militares y empresas madereras en la tala clandestina de árboles.
Actualmente Rodolfo Montiel se encuentra asilado en Estados Unidos, pues a pesar de que fue reconocido con el Premio Goldman en el año 2000 y es el primer caso de un ecologista mexicano que llega a la Corte Interamericana, la orden de aprehensión que la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero emitió en 2005 contra él y seis integrantes de su organización aún se encuentra vigente.
Mario Patrón, uno de los abogados que litiga el caso, señala que dicho tribunal deberá emitir su fallo antes de que finalice 2010, el cual se espera que sea negativo para el Estado mexicano.
Con una amplia experiencia en la defensa de ambientalistas, Mario Patrón asegura que la manera en la que son hostigados, amenazados y en muchos casos asesinados, deja de manifiesto que existe una estrategia encaminada a desprestigiar, desgastar y dificultar el trabajo de los defensores del medio ambiente.
"Un factor común de estos casos es que hay una amenaza previa al acto de hostigamiento y cuando estos defensores se quejan o solicitan una investigación o medidas de protección, no obtiene respuesta, lo que provoca que después de las amenazas sigan actos de agresión más fuertes vinculados con la integridad y la vida", indica.
Otra práctica común, advierte, es la imputación de delitos graves, aun cuando no existan pruebas de por medio. Una muestra de ello, agrega, es que muchos de los ambientalistas procesados fueron acusados de delitos como portación de droga y armas, homicidio y delincuencia organizada antes de ser puestos en libertad por falta de pruebas.
"Se ha modificado la estrategia para acusarlos de delitos graves justamente para que no accedan a la libertad bajo fianza y los movimientos ambientales cambien de agenda, entonces su prioridad ya no es la defensa del medio ambiente, sino sacar a su preso de la cárcel", sostiene.
Un ejemplo, dice, es el caso de la presa La Parota, en el estado de Guerrero. El año pasado un tribunal suspendió las órdenes de aprehensión emitidas por la Procuraduría de Justicia local en contra de los voceros del movimiento que se opone a la construcción del proyecto hidroeléctrico, a pesar de ello, Felipe Flores y Rodolfo Chávez fueron detenidos bajo cargos de ataque a las vías de comunicación.
Esto ha sido posible, afirma, debido a que las modificaciones legales llevadas a cabo en la última década, catalogaron como graves delitos que antes no lo eran.
"Lo que es más delicado es que el Código Penal se ha ido modificando para permitir que acciones de manifestación que eran consideradas como delitos con derecho a fianza, hoy sean consideradas delitos graves. Antes te podían acusar de ataques a las vías de comunicación y tenías derecho a caución, pero hoy en día estas acciones son delitos graves y generalmente se usan como pretexto para encarcelar a defensores del medio ambiente", señala.
El abogado indica que los agresores pueden ser desde autoridades, caciques o empresas. "Desde mi experiencia cuando los defensores del medio ambiente o las comunidades se organizan para defender su derecho a los recursos naturales frente a concesiones de agua o mineras, en realidad pelean contra el poder económico que representa la empresa, y el político que representa el Estado, ahí le sumamos un tercer poder de facto porque difícilmente las empresas operan solas, generalmente lo hacen a través de grupos de poder comunitarios que se expresan a través de fórmulas caciquiles y ahora incluso a través del narcotráfico", advierte.
Como ejemplo, sostiene que en el año 2000, Felipe Arreaga, un indígena ecologista del estado de Guerrero, fue encarcelado por el homicidio del hijo del cacique maderero Bernardino Bautista, ocurrido en 1998; luego de permanecer en prisión durante ocho meses, fue puesto en libertad por falta de pruebas.
Concesiones y permisos a modo
Para el abogado, las agresiones en contra de defensores del medio ambiente ponen en evidencia las deficiencias de la política ambiental, la cual carece de mecanismos de otorgamiento de concesiones, objetivos y sistemas de vigilancia y control una vez que éstas son entregadas, lo que coloca en posición de ventaja a las empresas interesadas en explotar los recursos naturales.
"La Secretaría del Medio Ambiente tiene una lista de despachos o de peritos ambientales que la empresa interesada en obtener la concesión literalmente contrata para que les haga el manifiesto de impacto ambiental; la Semarnat lo evalúa y valida. Este mecanismo está viciado de entrada, porque nada garantiza que el manifiesto de impacto ambiental no sea elaborado a favor de la empresa que lo paga; tampoco sabemos cómo es que la Semarnat valida y evalúa este documento", comenta.
Agrega que desde 1994, tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se ha modificado el marco legal para que los recursos forestales y mineros entren como bienes de mercado al comercio, lo que genera que el territorio comunal se convierta en un espacio de disputa entre empresas y comunidades.
Dos son las modificaciones más importantes: la realizada al artículo 27 constitucional que eliminó el carácter inalienable e inembargable a la propiedad indígena y campesina, y la modificación al artículo 9 de la Ley de Inversión Extranjera, la cual eliminó la fórmula 49-51 en materia de capital extranjero, abriendo con ello la posibilidad de que empresas trasnacionales tengan inversiones mayores a 50 por ciento en proyectos de explotación de recursos naturales.
Para Patrón, no es casualidad que actualmente el 90 por ciento de las concesiones mineras en el país las tengan empresas canadienses, australianas, inglesas y estadounidenses.
"Esto se debe a que en México se les permite hacer lo que no pueden hacer en su país; por ejemplo, en Canadá está prohibida la minería a cielo abierto para la extracción de oro y plata con cianuro de sodio debido a sus altos efectos contaminantes, pero en México no existe una legislación que regule este tipo de prácticas, por eso las tenemos en Guerrero, San Luis Potosí o Jalisco", indica.
El especialista Roberto Gamboa asevera que instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tampoco son una opción para los ecologistas, pues además de que sus resoluciones no son obligatorias, en muchos casos omite hacer investigaciones de campo por temor a ingresar en territorios en donde además de los caciques, está instalado el crimen organizado.
"La Profepa no es una instancia que emita resoluciones obligatorias, lo que obtienes generalmente son resoluciones que establecen algunas acciones vinculadas con la necesidad de que se hagan cambios en la manera de operar, pero difícilmente obtienes una resolución que esté asociada con la misma cancelación y protección", reprocha.
Y agrega: "muchas de las comunidades denuncian y no saben qué pasa con su proceso y la Profepa no quiere entrar porque le da miedo, eso es básico, no atiende porque le da miedo, entonces ¿qué opción le queda a la gente, si acude a la vía legal y no es tomada en cuenta?".
Ante estas deficiencias, asegura, los defensores del medio ambiente optan por denunciar las amenazas y las agresiones de que son objeto, no como una apuesta a la efectividad, sino como un mecanismo para documentar las omisiones de las autoridades mexicanas.
El abogado y el especialista coinciden en que las agresiones en contra de los ecologistas, la existencia de un marco legal ineficiente y la falta de instituciones fuertes, colocan a México como un país incoherente, pues por un lado es sede de la conferencia más importante en materia medioambiental, pero por otro criminaliza a quienes defienden sus recursos naturales.
"México está en un lugar contradictorio porque confirmamos que en la agenda de defensa del medio ambiente y los recursos naturales, uno es el discurso frente a la comunidad internacional y otra es la política interna", señala Roberto Gamboa.
"Llegamos al extremo de que mientras en México se criminaliza a ecologistas, internacionalmente son reconocidos con premios como el Goldman o, como en el caso de Rodolfo Montiel, con el otorgamiento del estatus de asilado por parte del gobierno de Estados Unidos", sostiene Mario Patrón.
'Muchos documentos, pocas acciones'
Entrevista Cumbre de Cambio Climático. Cecilia Conde: Investigadora de la UNAM. Es necesario acelerar la aplicación de los programas oficiales que se han creado en los últimos años
Jésica Zermeño
(21 noviembre 2010).- A nivel internacional México ha hecho propuestas interesantes en materia de cambio climático, como el Fondo Verde, y es la avanzada en América Latina en el cumplimiento de compromisos internacionales en la materia. Sin embargo, las políticas públicas nacionales para mitigar el problema no tienen impacto porque no involucran a la sociedad y carecen de la revisión de la comunidad científica mexicana, asegura Cecilia Conde, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
La especialista en cambio y variabilidad climáticos en México resalta que si bien el gobierno federal dio a conocer su Estrategia contra el Cambio Climático en 2007 y su Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 el año pasado -prometido desde el inicio del sexenio-, no se ve un interés gubernamental en concientizar a la gente de que debe participar, por lo que no hay avances.
"Tenemos muchos documentos y pocas acciones. Es bueno tener los documentos porque se ha creado un núcleo mínimo de políticos y científicos involucrados en el estudio y en el análisis del cambio climático en el país, pero necesitamos acelerar la aplicación del Programa Especial de Cambio Climático. Son documentos de arriba para abajo, entonces es muy difícil que la gente diga qué cambios ha observado, qué ha hecho y qué solicita para enfrentar el futuro. Es muy difícil que esos programas sean viables.
"Por eso las acciones quedaron muy chatitas, muy pequeñas en cuanto a qué se podría hacer para combatir y enfrentar el cambio climático. Por ejemplo, para el sector agricultura, el decir que se van a hacer mapas de tres cultivos importantes, maíz, frijol y cebada, es importante, pero no es realmente una acción en la que se involucre a los afectados, y ése es el gran defecto que tienen los programas especiales, que los posibles afectados, los agricultores, los pescadores, los ganaderos no están siendo parte de un programa de adaptación al cambio climático en México", dice Conde.
El Programa Especial de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial el 28 de agosto de 2009, contempla 105 objetivos y 294 metas plasmados en programas de mitigación y adaptación. Sin embargo, para la secretaria académica del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM al gobierno federal "se le olvidó" especificar cómo mediría el cumplimiento de las metas.
"Las acciones se quedan en documentos y declaraciones estáticas, estilo 'Vamos a fortalecer energías renovables'. Sí, pero ¿qué ha pasado?, ¿cuánto dinero han invertido en eso?, ¿cuántas fuentes alternas de energía tenemos? De eso hay muy poco o nada, por más que haya ideas que se ven buenas, no hay forma de fiscalizar al gobierno.
"Eso genera otro problema: no hay forma de decirle a la gente qué se hizo. 'Redujimos el consumo de agua aquí, y te pedimos que fueras más eficiente. Con eso hemos ganado esto, y ahora vamos aquí, y si tú reduces el consumo de agua yo te bajo el costo de tu recibo'. Hacer conciencia y que la gente se sienta partícipe de una política más general, que ya estamos en el camino de reducir emisiones y de adaptarnos al cambio climático. Eso hoy no se puede, no hay resultados", explica.
Para la investigadora, esa falta de conocimiento que tiene la sociedad de las acciones del gobierno federal en la materia ha mermado la capacidad de reacción ante los desastres naturales, lo que es un peligro, pues los eventos extremosos se han multiplicado en los últimos años.
Además, al gobierno mexicano le ha faltado someter sus documentos oficiales al escrutinio de la sociedad científica del país, pues no se han acercado a los institutos de investigación para hacer una revisión de lo que se presenta tanto a nivel nacional como internacional, sostiene Conde. Esta falta de acercamiento, dice, se traduce en una irresponsabilidad: los políticos le achacan las consecuencias de malas políticas públicas al cambio climático.
"Los científicos tenemos que decirle a los políticos si efectivamente algo podemos atribuírselo al cambio climático. No cualquier desastre es por esto. En todo caso tendrían que invertir más y acelerar el proceso de políticas públicas para reducir esos impactos".
Sin estrategas
La especialista ve otro gran problema en el gobierno federal: no existen funcionarios estrategas, con los conocimientos necesarios, que puedan lidiar con las presiones de distintos grupos -principalmente empresarios- que están en contra de las acciones de mitigación del cambio climático, pues éstas implican cambios en los modelos de producción.
"No veo quiénes puedan hacerle frente a las presiones desde el gobierno federal. Realmente se necesitan estrategas, gente que haga política, que convenza, que genere una participación activa de los que van a ser los afectados por las medidas contra el cambio climático.
"Una estrategia bien hecha requiere de un estratega, que pueda decir 'éste es mi plan, y voy a ir informando y corrigiendo en el camino. Monitoreo y evalúo', y esto todavía no se ve", sostiene.
Si México no quiere que los avances que ha logrado a nivel internacional en el combate contra el cambio climático se diluyan en Cancún, deberá formar cuadros que defiendan sus estrategias verdes, que hoy están sólo en el papel, concluye Conde.
ASÍ LO DIJO
"Tenemos muchos documentos y pocas acciones... Son documentos de arriba para abajo... Es muy difícil que esos programas sean viables".
¿A dónde te fuiste Revolución?
Ensayo México 1910-2010. El PAN es incapaz de apropiarse de los símbolos de la Revolución, cuya narrativa sirvió para sostener al régimen priista y podría ayudarle otra vez en el 2012
Arno Burkholder de la Rosa
(21 noviembre 2010).- Texto: Arno Burkholder de la Rosa
Fotos: Archivo General de la Nación y Óscar Mireles
Es el invitado incómodo de las fiestas de 2010, el clásico pariente al que aprecias y por eso lo invitas a tu cumpleaños, pero desearías con todas tus ganas que no se apareciera.
En la publicidad gubernamental sobre los festejos del Bicentenario, la Revolución mexicana ocupó un segundo lugar. No brilló tanto como la Independencia, porque es más sencillo sacar a relucir al padrecito Hidalgo, al valiente Ignacio Allende, al gran Morelos, a doña Josefa y a su esposo, a Mina, a Guerrero y a Guadalupe Victoria, pues, para el discurso oficial, todos ellos pueden mezclarse en una sola idea: un grupo de patriotas mexicanos que dieron su vida para que el país dejara de ser una colonia española.
¿Pero qué acaso no fue así?, podría preguntarse y habría que contestar que no, o que por lo menos no fue ése su único interés.
Lo que se ha llamado Guerra de Independencia es una etapa de la historia de México en la que estuvo en juego mucho más que simplemente convertirse en un nuevo país. Pero, al estar ya tan lejana, es más sencillo imponer un recuerdo y eliminar todos aquellos aspectos que chocan con el discurso oficial, como las matanzas de Hidalgo, el arrepentimiento de Morelos y el hecho de que al final ellos no lograron la Independencia: ese mérito le corresponde a uno de nuestros villanos favoritos, Agustín de Iturbide.
Para la propaganda gubernamental la Guerra de Independencia es muy simple y eso la hace fácil de utilizar, además de que cuenta con un ritual muy poderoso que ha entrado en la psique del mexicano y que apela a sus emociones más escondidas: la fiesta del 15 de septiembre, en la que, por una noche, el Presidente en turno se convierte en el heredero de todos los héroes nacionales y por ello tiene el derecho de tocar la campana del cura Hidalgo, llamando a las masas al festejo nacional.
Con la Revolución no pasa así o, por lo menos para el gobierno actual no es tan fácil manejarla igual que la Independencia.
Primero, porque a pesar de que, como señala Daniel Cosío Villegas en un muy célebre ensayo, la Revolución mexicana no tuvo un discurso ideológico claro (puesto que no es lo mismo el anarquismo de los Flores Magón que la democracia liberal de Madero o que los reclamos campesinos de Zapata o el nacionalismo de Cárdenas, y otros más), al final dos ideas se impusieron en el imaginario colectivo sobre la Revolución: ésta se llevó a cabo para que el poder nunca más estuviera en manos exclusivamente de unas cuantas personas, y para que toda la población mexicana, sin importar sus orígenes, pudiera tener una vida mejor.
Por eso, durante el siglo XX (y luego de la violencia que caracterizó a sus primeras décadas) México tuvo un montón de presidentes que no se eternizaron en el poder y, además, el sistema político mexicano, sui géneris como era, consiguió crear muchas instituciones que tenían como fin último beneficiar a las masas. Fue entonces cuando surgió la SEP, con la intención de que todos los mexicanos se educaran; el IMSS y el ISSSTE, para que no se enfermaran; la UNAM para producir conocimiento y capacitar a los futuros burócratas que tendrían de por vida un trabajo en el aparato del Estado; el INBA y el INAH para conservar y transmitir la cultura mexicana, y otras tantas instituciones más.
El hecho de que ese montón de presidentes provinieran del mismo grupo político y que esas instituciones hayan sido usadas para legitimar a los nuevos gobernantes no es importante, o al menos no para esta argumentación. Baste decir que el sufragio era efectivo porque permitía la renovación constante de las personas en los cargos políticos y que, además, el Estado se preocupaba por que sus habitantes vivieran cada vez mejor. Entonces, el primer escollo de la Revolución mexicana radica en la contradicción entre sus objetivos (tal y como los elaboró el recuerdo oficial) y sus resultados: si nuestros abuelos se mataron hace 99 años para que pudiéramos elegir a nuestros gobernantes y para que tuviéramos una vida mejor, ¿por qué entonces nos gobierna una pandilla de impresentables que sólo piensan en sus intereses y vivimos cada vez peor, con menos dinero, menos educación, menos salud y ante nuestros ojos lo único que se vislumbra es un futuro incierto y horrible?
El segundo gran problema de la Revolución mexicana (por lo menos para el gobierno actual) está en que, durante décadas, fue utilizada por el sistema anterior para legitimarse a sí mismo ante la nación. La lucha de personas con intereses tan distintos (y por eso mismo enfrentados entre sí) como Zapata, Villa, Obregón, Calles, Madero, Carranza, Cárdenas y otros fue "licuada" por los gobiernos de la familia revolucionaria para conseguir ese discurso en el que se estipula que todos ellos murieron para que el sufragio fuera realmente efectivo y los mexicanos tuviéramos un futuro esplendoroso, y para que esa familia revolucionara pudiera presumirse como la heredera de todos aquellos que pelearon contra los "enemigos de México". Ante una oligarquía que concentraba todos los recursos y mantenía esclavizada a la nación mexicana, los héroes revolucionarios se levantaron en armas, acabaron con el "gran traidor nacional" (don Porfirio Díaz) y con sus aliados (el clero, los empresarios y los militares), y crearon un nuevo sistema, democrático y nacionalista para el beneficio de las grandes masas.
Ése es, a grandes rasgos, el discurso histórico que los gobiernos de la Revolución impusieron al país desde 1916. La familia revolucionaria (PNR, PRM y PRI) se asumió como la única que tenía derecho a gobernar este país y a imponerle un proyecto nacional, porque tenía la legitimidad que le daba ser la depositaria de todas las luchas contra la "reacción", y porque sólo ella sabía lo que le convenía al país y cómo lograrlo. El actual gobierno panista (surgido en 2000 y que ya lleva dos presidentes) no ha sido capaz de imponer una visión de la historia acorde con su proyecto nacional (en el caso de que tenga uno). El intento de crear una nueva versión del pasado nacional basada en la lucha de los soldados cristeros en el centro del país durante la primera mitad del siglo XX se ha estrellado contra la barrera ideológica que construyeron durante décadas los gobiernos de la Revolución. Simplemente es imposible pretender que la Cristiada tiene la fuerza para lograr que una imagen tan poderosa como la de Francisco Villa pueda ser relegada del imaginario nacional.
Fiesta por obligación
El PAN tiene en su historia un elemento que podría usar para congregar a su alrededor a un amplio grupo de la nación mexicana: la lucha de un sector de la clase media urbana que, desde los años cuarenta, intentó transformar de manera pacífica a México con la intención de convertirlo en una nación moderna y democrática. Ése podría convertirse en un símbolo que hoy reúna a esa clase media tan golpeada desde finales del siglo XX. Sin embargo, no puede hacerlo porque para ello primero tendría que deshacerse de todos esos grupos oscurantistas que lo mantienen secuestrado y hoy determinan su posición ideológica. El gobierno de Felipe Calderón se encuentra entonces ante el problema de tener que celebrar un momento de la historia mexicana que, para el grupo político del cual él proviene, fue profundamente negativo: la persecución religiosa y la destrucción del orden porfirista son vistas con horror por quienes actualmente gobiernan este país. Y, si a eso le sumamos que el PRI (que tiene toda la intención de volver a Los Pinos en 2012) a pesar de todos sus cambios, giros ideológicos y esqueletos en el clóset, todavía puede usar el discurso histórico que construyó sobre sí mismo durante el siglo XX, es fácil darse cuenta entonces de que la Revolución mexicana está relegada en el proyecto 2010.
Así, el gobierno actual la festejará simplemente porque no le queda otra, pero no porque crea que puede empatar sus intereses con la imagen de un Emiliano Zapata. Y falta mencionar otro factor por el cual el recuerdo de la Revolución preocupa al gobierno actual: la posibilidad de que muchos sectores descontentos ante la situación actual se valgan de ese símbolo para provocar un levantamiento armado está latente. El mito de que este país "evoluciona" con saltos centenarios es sólo eso, un mito, pero bien podría seducir a muchos por el simple hecho de que apela a los sentimientos y no a la razón. Mucha gente podría pensar: "si Pancho Villa se lanzó a matar 'pelones' (militares) en beneficio del pueblo, ¿por qué no podría yo hacer lo mismo?". El mito de una posible revolución en 2010 está basado en el cansancio popular ante un gobierno ineficiente y tan corrupto como sus antecesores, la ignorancia ante las enormes diferencias que hay entre el México contemporáneo y el de hace 100 años, y la gran frustración acumulada durante décadas por la sociedad mexicana, ignorante de su pasado y atemorizada ante su futuro.
¿Qué hacemos entonces con la Revolución mexicana? Además de celebrarla (de lo que estoy convencido), creo que es momento para que esa clase media culta e interesada por los problemas nacionales se apropie de los símbolos históricos y los use en su beneficio. La lucha de Madero por la democracia, de Carranza por establecer una nueva Constitución, y de Villa y Zapata por mejorar las vidas de los mexicanos tendrían que utilizarse para imponer de manera pacífica la creación de un nuevo pacto político, que tenga por objetivo la transformación real de este país y lograr que al fin tengamos lo que nos hemos merecido siempre: un presente mejor que nuestro pasado.
Lo que comenzó en 1910 puede servirnos para transformar a México a partir de 2010. Pero eso sólo será posible cuando la sociedad se responsabilice de sus actos, conozca y entienda su pasado y se atreva a apostarle realmente a su futuro.
El autor es doctor en historia contemporánea.
http://clionautica.blogspot.com
clionautica@gmail.com
La cultura política
(21 noviembre 2010).- Téngalo presente
Debate en torno a la marihuana en México. Organiza la Fundación Rafael Preciado Hernández. Participan Sergio Ferragut, Andrés Lajous, Antonio Mazitelli y Andrés Ponce de León. Miércoles 24, 9:30 horas. Salón Don Diego del Hotel Marriott. Paseo de la Reforma 276. Informes: 5559 6300 ext. 107.
Conferencias
Comunicación y poder. Manuel Castells. Lunes 22, 12:00 horas. Unidad de Seminarios de la Academia Mexicana de las Ciencias. Cipreses s/n, km 23.5 carretera México-Cuernavaca. Tlalpan. Informes: 5849 5521.
La larga saga del mito del salvaje. Roger Bartra. Lunes 22, 17:00 horas. Dentro del seminario Primitivos modernos. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
La respuesta a la crisis en la Unión Europea. España, camino de su "década perdida". Enrique Casais. Miércoles 24, 11:00 horas. Sala José Luis Ceceña Gámez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.
Presencia y vigencia de la Revolución Mexicana. Ramón Martínez Escamilla. Jueves 25, 11:00 horas. Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Informes: 5623 0093.
¿Cómo vivimos las conmemoraciones? Opiniones de los estudiantes universitarios y otros ciudadanos (as). Gina Zabludovsky y Alicia Juárez. Viernes 26, 11:45 horas. Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Informes: 5622 9470 ext. 1050.
Convocatorias
Edición de la A a la Z. Curso de Taller Arteluz con ocho editores profesionales de diarios, revistas e internet. Del 19 de noviembre al 4 de diciembre. Informes: 5574 8844 y http://bit.ly/b1oPtQ.
Foros
La participación de niños, niñas y jóvenes: retos para la construcción de paz, la experiencia colombiana. Elsa Castañeda, Camilo Ernesto Peña y Orlando de Jesús Guzmán. Lunes 22, 10:30 horas. Sala Benita Galeana de la ALDF. Donceles y Allende, Centro. Informes: 5635 3791.
Problemas actuales del derecho penal. Trata de personas, pandillas, pena y reinserción social, vínculos de la dogmática penal y el sistema procesal mexicano. Lunes
Libros
Democracia y reformas políticas en México y América Latina coordinado por Igor Vivero Ávila. Porrúa. Análisis del sistema democrático en la región. Aborda la evolución de las reformas políticas, funcionamiento de las instituciones y el papel de los actores en casos concretos.
La suerte de la consorte de Sara Sefchovich. Océano. Tercera edición de la obra que relata la vida de las esposas de los gobernantes de México, desde la primera virreina en el siglo XVI, hasta la actual primera dama, Margarita Zavala.
La vía radical de Porfirio Muñoz Ledo. Grijalbo. El autor usa su amplia experiencia como diplomático, legislador y dirigente político para reflexionar sobre la situación del Estado mexicano y proponer, como alternativa para salir del caos actual, una reforma de las instituciones, abortada en esta década, y que hoy resulta apremiante.
Líderes de Sergio Sarmiento. Planeta. Selección de encuentros transmitidos en el programa La entrevista con Sarmiento. El autor conversa con políticos, artistas y científicos como Mario Molina, Luiz Inácio Lula da Silva, Michelle Bachelet, Tomás Eloy Martínez, José Saramago, Giovanni Sartori y Mario Vargas Llosa.
Marca de sangre de Héctor de Mauleón. Planeta. A partir de la información publicada en diarios nacionales y semanarios desde 1985 y la consulta de declaraciones ministeriales, el autor traza, en una crónica que abarca 25 años, la vida de los principales jefes, sicarios y operadores del narco mexicano.
Mesas redondas
Discusiones contemporáneas en torno a la desigualdad y la exclusión. María Cristina Bayón, Luis Reygadas y Minor Mora Salas. Jueves 25, 18:00 horas. Casa universitaria del libro. Orizaba 24, Roma. Informes: 5207 9390.
Presentaciones
Revolución e Independencia coordinado por Cuauhtémoc Hernández. Centro de Investigaciones y Ediciones Históricas. Martes 23, 10:00 horas. Patio Central del Senado de la República. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 3412.
Organización y funciones del Senado coordinado por Patricia Galeana. UNAM / Senado. Juan Manuel Portilla, Omar Rivero, Roberto Rives y Daniel Barceló. Miércoles 24, 10:00 horas. Patio Central del Senado de la República. Informes: 5345 3000 ext. 3412.
Las reformas necesarias. Revista Plataforma. Miércoles 24, 12:00 horas. Fundación Colosio. Julio Verne 51, Polanco. Informes: 5282 1085.
La XXVI Legislatura de Daniel Barceló. UNAM / Senado. Jueves 25, 10:00 horas. Patio Central del Senado de la República. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 3412.
Las pandillas y el narcotráfico en Guatemala. Investigación a cargo de Sonja Wolf. Jueves 25, 12:00 horas. Sala 2 del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Informes: 5622 7390.
Reconstruir a México en el siglo XXI de Sergio Zermeño. Océano. Salvador Martínez, Julio Moguel, Arturo Flores. Jueves 25, 19:00 horas. Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles. Francisco Sosa 202. Barrio de Santa Catarina. Informes: 5622 7390.
Revistas
China Hoy. No. 11. Edición dedicada a la celebración de la COP 16 en Cancún México. El jefe de la delegación china en las negociaciones internacionales sobre cambio climático explica la postura de su país. Funcionarios y especialistas chinos exponen las acciones que esta nación ha llevado a cabo para reducir emisiones y las que están dispuestos a impulsar en el futuro. www.chinatoday.com.cn.
Examen. No. 189. Publicación del PRI. Edición dedicada al análisis de la lucha armada que a la postre daría vida al partido tricolor. Valores, ideología, políticas e instituciones resultantes de la revolución. Mario Velasco, Roberta Lajous, Lina Reyes, Nicolás Santos, entre otros.
Nexos. No. 214. Eduardo Guerrero desmenuza en un ensayo las tendencias de la violencia en México y señala los principios que deberían seguirse para reducirla. Transcripción de las conversaciones entre Mario Vargas Llosa y Héctor Aguilar Camín en 2000 y 2003.
Universidades. No. 47. Impacto y trascendencia en el mejoramiento permanente de la educación superior de América Latina y el Caribe. Raúl Trejo Delarbre, Jorge González González, Carlos Tünnermann y Renato Carvalho.
Voz y voto. No. 213. Se publica el ensayo La crisis de México, escrito en 1947 por Daniel Cosío Villegas. Sobre la Revolución centenaria escriben Humberto Musacchio, Diódoro Carrasco y Miguel González Compeán.
Zócalo. No. 129. Análisis del gasto destinado a la publicidad oficial, cuya cifra creció 600 millones de pesos respecto al Presupuesto anterior. Víctor Chávez, Raúl Trejo Delarbre, Ernesto Villanueva, Jenaro Villamil, entre otros.
Seminarios
Ciudades del 2010. Entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social. Manuel Castells, Jordi Borja, Carlos Gay, Judit Bokser, Édgar Ramírez, entre otros. Miércoles
Migración, control fronterizo y derechos humanos: la experiencia europea. Ricardo Méndez Silva y Adrián García Saisó. Miércoles 24, 9:00 horas. Sala Felipe Sánchez Román del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1777
Testigo Estelar
Ricardo Ravelo
Todo indicaba que, tras su detención, la carrera delictiva de Sergio Villarreal, El Grande, llegaba a su fin, pero el capo supo negociar y hoy es un singular testigo protegido de la PGR. En sus declaraciones ministeriales embarró a cuanto mando pudo, lo que permitió afianzar la Operación Limpieza, estrategia mediante la cual la dependencia intenta terminar con sus agentes corruptos. Lo que se ignora es por qué la titular de la SIEDO, Marisela Morales, se negó a consignar en el expediente los pasajes en los cuales el detenido alude a sus contactos con Felipe Calderón, con otros funcionarios federales y con el senador panista Guillermo Anaya, quien, por cierto, tiene demandado a un reportero de Proceso por “daño moral”.
Tras su detención el 12 de septiembre pasado en un fraccionamiento de Puebla, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, el antiguo amo del narcotráfico en la Comarca Lagunera, debuta ahora como testigo estelar de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.
Hoy, El Grande goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.
A cambio de ello, él debía declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.
A la PGR le urgía incorporar a El Grande al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un exagente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la procuraduría.
Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, El Grande aportó datos que comprometían a Zavala Segovia, por lo que el exagente fue reaprehendido. En su testimonio, El Grande aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente “salpicaba” a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.
Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonios sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención. Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de Mateo. Morales Ibáñez declaró que El Grande fue incorporado a ese programa por una orden dictada “desde arriba”.
En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal Angélica Herrera Rivero y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, Mateo reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese día, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó.
Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación: “Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes”. El presidente contestó: “Igualmente”.
Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.
Mateo también habló de las líneas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa María Anaya Llamas, hermana del político panista, y que las familias “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, a pesar de que Elsa María y Adolfo llevan años separados.
La versión de “Mateo”
En su edición 1614, Proceso informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta que se realizó en Torreón, y aclaró que su hermana Elsa María se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.
Sin embargo, Mateo cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde vivía protegido por funcionarios del gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.
El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logística para ejecutar al comisionado de la Policía Federal Preventiva Édgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.
En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado El Perro, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según Mateo, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, El Perro le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.
Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo.
Mateo expuso: ... que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tenía más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe Arturo Beltrán Leyva ordenara su ejecución.
Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal), a quien Arturo (Beltrán) le había hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió pero nunca se comunicó con el cártel... Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.
En otro apartado señaló que otro funcionario que tenía que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policía Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo quería chingar porque recibía dinero por parte de El Chapo Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacería y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del gobierno sólo porque sí, que a los del gobierno que fueran a matar sólo sería porque se les pagara y aún así lastimaran los intereses de la organización.
Los pasos de “El Grande”
Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.
En sus declaraciones, mencionó también que tenía contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solía pasar los cargamentos de droga, así como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.
Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaína, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:
El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional, y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.
La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones.
Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva había traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como El MP, por órdenes de Arturo Beltrán:
A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creía muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: “Ya ves pinche marrano, no que muy cabrón”, posteriormente ordené que lo subieran a un vehículo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de cuerno de chivo en contra de él estando amarrado.
Posteriormente Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tenían relación con El MP o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así se procedió en esos días, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadas… Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, alias El MP, de nombre Clarisa.
Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y La Barbie, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de La Barbie.
En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a La Barbie, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.
Información clasificada
Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.
Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los exagentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.
Según el acuerdo, Villarreal Barragán debía declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.
La funcionaria también le comentó que por “órdenes superiores”, no se tocaría su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.
Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).
En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, El Chaky, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como La Joya, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar, apareció la alcaldesa Rosario Castro. Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaías Castillo Luna, un policía ampliamente conocido por la protección que brindó a El Chaky (Proceso 1496).
Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.
Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR, goza de protección e impunidad del gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla. l
El compadre de Calderón doblega a un tribunal
SALTILLO, COAH.- En su intento por desmentir una presunta relación con el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, el senador José Guillermo Anaya Llamas demandó por daño moral al corresponsal de Proceso en Nuevo León, Arturo Rodríguez García. Le exige cerca de 3 millones de pesos como reparación, el pago de gastos y costas judiciales, más la publicación de una carta aclaratoria en todos los medios locales y los de circulación nacional.
Exdiputado y exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya es compadre del presidente Felipe Calderón, fue secretario general del Comité Nacional del PAN con Germán Martínez Cázares y actualmente es senador de la República, donde pertenece a la Comisión de Justicia.
Su administración en Torreón fue cuestionada por presuntos hechos de corrupción, que mantuvieron al Congreso local entretenido en revisar sus cuentas públicas por varios meses en 2006. Asimismo, tuvo frecuentes polémicas por violación de derechos humanos, como la persecución a la comunidad gay en 2003 y la detención arbitraria de la diputada perredista María Beatriz Granillo Vázquez en 2005.
En cambio, Anaya Llamas construyó una fructífera relación con el entonces gobernador priista Enrique Martínez y Martínez, que antes de concluir su sexenio, en 2005, le otorgó al panista un fiat notarial.
En 2006, Anaya era senador electo cuando el presidente Felipe Calderón aceptó ser padrino de su hija. El bautizo se llevó a cabo en la zona más lujosa de Torreón, con vigilancia del Estado Mayor Presidencial.
El 4 de marzo de 2007, en la edición 1583 de Proceso se publicó el reportaje Infiltración total, de Patricia Dávila. Un párrafo se refiere al bautizo:
“Antes de que Felipe Calderón asistiera a la boda mencionada (la del diputado panista Jorge Zermeño), realizó otra visita a Torreón, el 24 de agosto pasado, para bautizar a la hija del panista y exalcalde Guillermo Anaya Llamas, protegido de Jorge Zermeño. Entre los invitados se encontraba Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, hermana de Guillermo Anaya Llamas.” Por ese párrafo, el senador demandó al corresponsal de Proceso, Arturo Rodríguez.
La demanda fue interpuesta el 12 de noviembre de 2007, ocho meses después de que este semanario publicara el reportaje, y lleva la firma del “Senador José Guillermo Anaya Llamas”, quien designó como abogado patrono al entonces diputado José Ignacio Máynez Varela, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso local.
A través de un Juicio Ordinario Civil, el senador reclamó la reparación del daño moral procedente de supuestos hechos ilícitos y, como consecuencia, el pago de una indemnización (cuantificándola en los ingresos totales por la venta de esa edición de Proceso) y demás accesorios legales. El expediente (1715/2007) fue radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Saltillo.
Para justificar la demanda civil, el senador Anaya citó los artículos del Código Penal relativos a difamación y calumnias, que para entonces habían sido derogados. Unos meses antes de que interpusiera dicha demanda, el 12 de abril de 2007, su compadre Felipe Calderón presumió ante empresarios y directivos de medios de comunicación que esos apartados se habían derogado para evitar que los periodistas fueran perseguidos por la vía penal y así contribuir a la libertad de expresión.
El propio José Ignacio Máynez Varela fue uno de los legisladores que aprobaron, a finales de 2008, la derogación de los artículos de difamación y calumnias en el Código Penal del estado, mientras en su faceta de litigante los utilizaba contra el corresponsal.
En cuanto a Anaya Llamas, ni en el texto de la demanda ni a lo largo de todo el proceso judicial negó el parentesco político con Adolfo Villarreal Barragán, sino sólo la presencia de Sergio Villarreal en el bautizo.
Sobre el matrimonio de Adolfo Villarreal y Elsa María Anaya, en marzo de 2007, el senador aseguró en diferentes entrevistas que estaban divorciados y que su hermana había perdido contacto con él desde hacía tres años. El divorcio no estaba anotado en el Registro Civil y los medios locales mostraron imágenes de un año antes, en las que Adolfo y Elsa María posaban juntos para la sección de sociales de un diario local.
Sentencia torcida
Para justificar la demanda contra el corresponsal, Anaya Llamas expresó que al finalizar el reportaje se lee: “Con información de Arturo Rodríguez”, por lo que sin mayor probanza infirió ante el juez que el corresponsal era el autor de toda la publicación.
Para su propósito, Anaya intentó comprobar que había sido objeto de daño moral, convocando a cuatro testigos que afirmaron ser ciudadanos coahuilenses, que no lo conocían personalmente, y quienes supuestamente cambiaron la opinión que tenían del senador después de la publicación del reportaje motivo de la demanda, según expusieron en una diligencia efectuada el 26 de mayo de 2008. En esa misma ocasión, tres de ellos aceptaron ser abogados, compartir domicilio con el abogado patrono y con el propio senador, con lo que quedó expuesta su maniobra y el engaño al juez.
Anaya Llamas aseguró que al bautizo no fue nadie que él no conociera y que personalmente integró la lista de invitados; sin embargo, uno de sus testigos (que había dicho no conocerlo en persona) admitió haber asistido al bautizo invitado por el entonces diputado federal Jesús de León, con lo que desvirtuó la declaración del senador panista.
En la diligencia se le preguntó al senador si el texto lo relacionaba con la delincuencia organizada o asentaba una asociación delictuosa de él con Sergio Villarreal. El panista tuvo que admitir que no era así.
El abogado Ricardo Dávila Rodríguez, que encabeza la defensa del corresponsal, hace un recuento de los procesos a que se le ha sometido:
El 13 de enero de 2009, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil emitió sentencia considerando que el senador no acreditó la autoría del texto al demandado, por lo que no entró a decidir si hubo daño moral o no, según el expediente 1715/2007.
Anaya Llamas apeló el 3 de febrero de 2009 ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJE), que el 19 de junio de ese año confirmó la absolutoria (Toca Civil 210/2009).
Dávila Rodríguez explica que el senador promovió amparos sucesivos que llevaron a la Sala Civil del TSJE a decidir en tres ocasiones sobre el mismo asunto, confirmando siempre la absolutoria, debido a que el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito regresaba el expediente por “incumplimiento”.
El pasado 8 de octubre, con una prisa inusual, los magistrados federales Fernando Estrada Vázquez, Édgar Humberto Muñoz Grajales y Víctor Antonio Muñoz Cano resolvieron analizar el expediente “con plena jurisdicción” y orientar la modificación de la sentencia amagando a los magistrados estatales con destituirlos.
Así, en su cuarta decisión sobre el caso, la Sala Civil del TSJE decidió condenar al corresponsal el pasado 12 de octubre, con lo que según Ricardo Dávila se violaron los artículos 14 y 16 constitucionales.
Para condenar al demandado, afirma el litigante, la Sala Civil debió acreditar la existencia de un hecho u omisión ilícita, que la ilicitud de la conducta hubiera causado un daño moral al senador, además de la relación de causalidad entre el hecho o conducta ilícita y el daño moral.
“La Sala Civil valoró que el corresponsal admitió haber aportado información para el artículo, pero en ningún momento el senador acreditó que la información aportada haya sido precisamente aquella de la que se duele, y sobre el demandante recae la probanza, no sobre el demandado.
“Pero, sobre todo, Anaya Llamas en ningún momento aportó pruebas para demostrar que Sergio Villarreal Barragán no hubiera estado invitado al bautizo de su hija, por lo que se deja la carga de la prueba sobre el demandado sin comprobar el daño”, explica.
En su resolución, la Sala Civil afirma que, al combatir los aspectos de la demanda del senador en el juicio, el corresponsal “hizo suyo” el artículo, sin que se exigiera al senador que comprobara sus dichos.
Otra consideración de la Sala Civil es que la circulación de la edición de Proceso fue valorada en 76 mil 410 ejemplares, pretendiendo así acreditar el daño, lo que –según el abogado defensor– es insuficiente.
Por lo anterior, sostiene Dávila, la causalidad entre el hecho ilícito y el supuesto daño no tiene sustento ni motivación, más allá de inferencias, por lo que la Sala Civil, con su nueva sentencia, incurre en violación a garantías del reportero.
El abogado Dávila Rodríguez recuerda que el propio senador “admitió que el artículo en cuestión no lo relaciona ni lo acusa de ilícito alguno, y menos aún con personajes del narcotráfico, por lo que no es jurídicamente posible determinar ni la ilicitud del acto ni la existencia del daño moral”.
El jueves 4, la defensa del corresponsal interpuso una demanda de amparo directo por la violación de sus garantías constitucionales ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito, precisamente el que forzó a la Sala Civil del TSJE a condenarlo. l
Olvidan que la vida es sagrada...
Jenaro Villamil
La violencia y la criminalidad hay que combatirlas “hasta por amor a la vida del asaltante o del narcotraficante”, dice Antanas Mockus, el dos veces alcalde de la capital colombiana que logró reducir de
El político, que fue candidato a la vicepresidencia (1998) y a la presidencia de su país (2006 y 2010), visitó México a comienzos de octubre pasado para impartir una conferencia sobre transporte urbano sustentable y cultura ciudadana. En entrevista con Proceso plantea que, de acuerdo con estudios que ha realizado en el Distrito Federal y en Monterrey, “la causa más frecuente para justificar la ilegalidad es la familia”.
Explica: “Cerca de la mitad de los ciudadanos de estas ciudades dice estar de acuerdo con la motivación familiar para violar la ley; algunos científicos sociales denominan a esta disposición ‘familismo amoral’.
“La idea más común es preocuparse sólo por los más cercanos para desatender globalmente la noción de comunidad, despreocupándonos por los derechos y la integridad de los desconocidos. También hay una disposición alta a usar la violencia por cuestiones de honor y esto puede ser un insumo sensible para riñas y conflictos entre ciudadanos”, explica el también filósofo y matemático, exrector general de la Universidad Nacional de Colombia.
–Usted plantea que muchos cambios en la percepción ciudadana se logran mediante el discurso, al darle un nuevo enfoque al combate contra el crimen organizado. Ciudad Juárez y Tijuana han sido muy castigadas recientemente por masacres en apariencia irracionales. Frente a esto, el silencio o la incapacidad de las autoridades municipales ha sido una constante. ¿Qué haría usted si fuera alcalde de estas ciudades? –se le pregunta.
–El discurso es central, sobre todo cuando se viven momentos de deterioro de la vida humana. Un buen ejemplo fue cuando en Bogotá, durante la primera alcaldía, dijimos que la muerte de toda persona era grave. No sólo debe dolernos la vida de los “buenos”.
“Una de las evidencias de que tenemos problemas graves es cuando observamos que cunden argumentos como ‘los criminales se matan entre ellos’. En el primer Consejo de Seguridad, cuando pregunté cuántas personas habían muerto en Bogotá el año pasado, una persona se levantó y dijo: ‘3 mil 600, alcalde’. Hice cara de preocupado y alguien dijo: ‘Tranquilo, que más de la mitad de las muertes son de criminales matando a criminales’. Le respondí: ‘Las autoridades estamos para proteger la vida de todo ciudadano’.
“Parte del problema de nuestras sociedades es que debemos desmontar la idea de que ‘a veces’ se vale la violencia, inclusive la violencia homicida. Así, si tenemos problemas de homicidios es que seguramente han cundido validaciones culturales para ello. Es bueno pensar que en Europa también te roban; no obstante, la probabilidad de que te quiten la vida por robarte es muy baja.”
Habla de su experiencia en la disminución de homicidios de Bogotá, una de las ciudades más violentas de Colombia. Asegura que se trabajó mucho para mejorar la administración de la policía y que fue fundamental la conformación de los cuerpos de seguridad:
“No se incrementó el pie de fuerza, pero se mejoró mucho la calidad de los policías. Además, el tema de cultura ciudadana era el centro de la gestión. Dentro del tema cultural, por ejemplo, se redujo la aceptación social a portar armas por parte de civiles, de un 26% a 9%. Esto muestra que hay temas culturales detrás de los fenómenos de violencia, pero éstos pueden ser intervenidos y transformados.”
Educación ante todo
Durante su reciente campaña por la presidencia de Colombia, Mockus, candidato del Partido Verde, sorprendió al convertir el lema “Un lápiz, en lugar de una metralleta o de una pistola”, en instrumento para combatir la delincuencia. “El futuro del país debe escribirse con lápiz, no con sangre”, reiteró en varios mítines, recalcando el valor de la educación como principal motor de la transformación.
–Tradicionalmente, los medios de comunicación buscan la nota dramática de las muertes y la violencia. ¿Cómo vencer esa dinámica?
–Yo creo que deben hacerse paréntesis comunicativos sobre la ciudad. En Bogotá logramos montar espectáculos vistosos, como un festival de rap en donde hubo gran participación de la gente.
El exalcalde comenta que en esa ocasión un periodista le propuso que rapeara y el grupo musical le enseñó los rudimentos del género. Dice que a partir de eso, a lo largo de una semana estableció un diálogo fructífero con la prensa y la gente.
–¿Cuál era la idea?
–En uno de los raps se afirma que podemos comunicarnos por el bien de la ciudad. La televisión se presta mucho para estas acciones. Una vez me disfracé de grillo y enfaticé la regulación de la conciencia, como Pepe Grillo, el de Pinocho. En otra ocasión salí con una zanahoria enorme amarrada a la espalda.
“La hora de la zanahoria”, también conocida como “La hora sana”, fue implementada en 1995 por Mockus para restringir el horario de la venta de bebidas alcohólicas en bares y expendios de licor, a fin de disminuir los crímenes violentos en altas horas de la noche.
Entre otras medidas, que al principio fueron consideradas excéntricas por los medios de comunicacón, se prohibieron los juegos pirotécnicos y se puso en vigor “Un día sin hombres” en las calles para que las mujeres pudieran transitar libremente y sin riesgos.
Los resultados vencieron al escepticismo, ya que disminuyeron la criminalidad, las violaciones y los accidentes automovilísticos. La clave, insiste Mockus, consiste en apostarle a una nueva cultura ciudadana.
–¿Cómo le fue con la criminalidad durante sus dos gestiones como alcalde?
–Trabajamos mucho con la policía y hubo entendimiento. Construimos con ella un modelo de gerencia y realizamos seguimientos localidad por localidad. La policía aprendió que no solamente podía pasar una lista de mercado de sus necesidades, sino que también debía determinar sus mecanismos de operación y qué resultados esperaba obtener.
“Lo importante es que el presupuesto para la policía estaba en la misma partida presupuestal destinada a cultura, espectáculos, creación artística y becas. En el primer gobierno hubo discusiones muy bellas: pavimentar una calle podía financiarse bajo el rubro de espacio público o por la línea de productividad. Y la moto de la policía entraba en el renglón de cultura ciudadana.”
Escuelas de seguridad
En un estudio sobre su primer periodo como alcalde, de
También creó las llamadas Escuelas de Seguridad Ciudadana y Frentes Locales de Seguridad. A comienzos de 2003 existían más de 7 mil frentes en Bogotá. A través de estos organismos se promovió la organización de la comunidad y su interacción directa con la policía.
“Las Escuelas y Frentes de Seguridad responden a un planteamiento claramente civilista; es decir, no tienen nada qué ver con armas sino que promueven básicamente la organización de la comunidad: que los vecinos se conozcan y que aprendan a utilizar alarmas y otros instrumentos de comunicación para apoyarse mediante reacciones pacíficas y para desatar oportunamente la acción de la policía”, aclara Mockus.
Entre los logros que la propia prensa y los estudiosos de la criminalidad han documentado, ante la experiencia de Mockus como alcalde de Bogotá, están los siguientes: disminución de
En este tema, Mockus es insistente: “En una sociedad donde la vida humana ha perdido valor no puede existir otra prioridad diferente que la de restablecer su respeto como principal derecho y deber ciudadano. La utilización de armas y, en general, el uso de la fuerza y la coerción, se convierte en un campo por el cual es necesario que transiten sólo quienes han sido designados y preparados por la sociedad para hacerlo. En pocas palabras, nuestra sociedad debe reconocer que la vida es sagrada y las armas son del Estado.” l
Desaparecidos, la epidemia
Marcela Turati
En su peregrinar en busca de parientes desaparecidos por el crimen organizado, varias familias del norte del país se fueron encontrando y conociendo; ante la cerrazón de las autoridades recibieron el apoyo de organismos civiles, empezaron a compartir experiencias y se descubrieron unidas en la misma causa. Se agruparon en una red que, en Chihuahua, acaba de celebrar su tercera reunión.
CHIHUAHUA, CHIH.- En el salón las mujeres toman apuntes, anotan lo que oyen sobre georradares que detectan restos humanos bajo tierra, la mecánica de las pruebas de ADN, el derecho constitucional a coadyuvar en las investigaciones judiciales, el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los datos de las Naciones Unidas.
Una anciana pregunta: “Si me entregan un saco de huesos y me dicen que es mi hijo, ¿cómo hago para saber que es él?” Las demás copian la respuesta. En esas notas les va la vida: podrían ayudarlas a rescatar al esposo, al hermano, a la hija, al padre que tienen desaparecido.
Esas mujeres ya recorrieron morgues, preguntaron en hospitales, fueron a cárceles, buscaron en terrenos baldíos, tocaron puertas de funcionarios sordos, presentaron denuncias inútiles en procuradurías inútiles, peregrinaron a fosas recién descubiertas…
No encontraron a sus desaparecidos pero sí a muchas familias marcadas por la misma desgracia y con quienes fundaron hace menos de medio año la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familiares con Personas Desaparecidas.
Ésta, la de Chihuahua, es su tercera reunión.
“Ya pasaron tres años. Si en la procuraduría no han empezado a buscar a mi hijo, ¿todavía puedo encontrarlo?”, pregunta una madre a la otra, la que da la charla: Norma Ledezma, exobrera juarense quien hace siete años –cuando su hija desapareció– se convirtió en experta investigadora, que pateó puertas y obligó al oxidado aparato de justicia a buscar a la muchacha, hasta que pudo recuperarla y sepultarla.
“Tienen la obligación de buscarlo”, responde Ledezma.
“El Ministerio Público me dijo: ‘A su hijo se lo tragó la tierra’”, comparte una mujer canosa. Ledezma responde enojada: “¡No podemos permitir que se burlen así de nosotros, que no investiguen ni que estén rotando todo el tiempo de Ministerio Público; tenemos que obligarlos!”
El público de Ledezma lo forman más de 60 mujeres y un puñado de hombres de varios estados del país.
Aquí está una juarense que porta la foto de su hija, atrapada en las redes de la trata, dos campesinas guanajuatenses que venden enchiladas desde que sus esposos y otros seis jornaleros que iban a Estados Unidos desaparecieron, las madres de los profesionistas a los que levantaron en Coahuila o Nuevo León, una regiomontana a la que le arrebataron de un jalón a dos hijos y al esposo, policías de tránsito los tres.
“Ya son dos años y dos meses; a este tiempo no creo que sigan vivos”, comparte Gloria Aguilera, quien acumula las tres pérdidas y, aunque llora, se esfuerza por dar la entrevista.
“Si tuviera enfrente a los que se los llevaron les diría: ‘Dime dónde están mis hijos, no me interesa saber por qué ni qué les hiciste, sólo dime dónde los dejaste’. Y así terminaría esta angustia.”
Todos los reunidos llevan la misma herida que no les da descanso. Desde que despiertan su pensamiento es recuperar al ser amado. Algunas madres ruegan a Dios que les permita saber siquiera dónde quedaron los restos de sus hijos para sepultarlos, tener dónde llorarles y ponerles flores. Para que acabe la tortura de la incertidumbre.
Antes de llegar aquí soportaron comentarios demoledores: “Venía gente a decirme que a los desaparecidos les echan ácido, que no tardaban en enviarnos su cabeza”, dice la esposa del jornalero guanajuatense Jaime Rodríguez.
Otras fueron estafadas: “El abogado Víctor Hugo del Toro nos dijo que los encontró en la SIEDO muy golpeados, incomunicados; nos cobró 13 mil pesos para poner un amparo y nomás lucró con nuestro dolor”, cuenta la esposa de Juan Miguel Bustamante, detenido con su sobrino por policías federales en Veracruz.
Todos pasaron por la burla de las autoridades que no investigan: “Fuimos cada 10 días a Coahuila a entregar pruebas hasta que nos dimos cuenta de que nada de lo que llevábamos quedaba en el expediente”, afirma la madre del ingeniero José Antonio Robledo, capitalino desaparecido en Monclova.
Sufrieron la incomprensión de quien quiere verlos resignados: “Te dicen que no busques, que es riesgoso. ¿Si a mi hijo no lo busco yo, quién lo va a buscar?”, exclama la madre de Óscar Germán Herrera Rocha, levantado con sus compañeros de trabajo por policías de Torreón.
La Casa de Cursillos de Cristiandad, sede del encuentro, es un hervidero de emociones y discusiones: “¿Cómo vamos a pedir una fiscalía especial si en Coahuila el gobierno está embarrado?”, “Nuestra propuesta es hacer una marcha al DF porque en la procuraduría no han hecho nada”, “Ya hicimos un plantón en Monterrey y no nos hicieron caso”, “Ya marchamos al DF y es desgastante, Calderón no te va a recibir ni va a hacer nada”.
En otros momentos intercambian datos, descubren que varios desaparecieron en un mismo tramo carretero, plantean crear un blog que rescate las biografías de sus ausentes, se dan ánimos para seguir buscando. Pero sobre todo lloran. Y mucho. Cuando se presentan y hablan del familiar que buscan, cuando dibujan grandes corazones con el nombre del ausente o cuando preguntan en voz alta cómo se identifican unos restos.
Las ausencias
El germen de este encuentro podría fecharse hace tres años en Coahuila, cuando en las misas comenzaron a escucharse frecuentes peticiones por el retorno de tal o cual desaparecido. Cuando las organizaciones de derechos humanos vinculadas con la Iglesia comenzaron a notar el fenómeno ya tenían en la recepción a familias desesperadas que habían peregrinado infructuosamente por las oficinas gubernamentales.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios los atendieron. En febrero pasado ya tenían más de 100 casos documentados: algunos de familias enteras levantadas, camionetas con docenas de personas que se habían hecho invisibles, cuadrillas de profesionistas secuestrados. Así nació Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
Casi sin proponérselo otros organismos del norte se fueron aglutinando: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC, que atiende a presos en Nuevo León), Nuestras Hijas de Regreso a Casa (creada a raíz de los feminicidios en Ciudad Juárez), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), entre otros.
La red era inevitable. Nació el pasado 26 de junio en Saltillo, apadrinada por Raúl Vera. El 21 de agosto la reunión fue en Monterrey y el pasado sábado 13, en Chihuahua.
“La primera reunión fue impactante: en la sala había alrededor de 80 personas. Ahí estaba una mujer que dijo: ‘A mí me desparecieron a mi esposo, a mi hijo de 9 años y a mis cuñados’. Y yo pensaba cómo puede estar de pie esta mujer”, recuerda Lucha Castro, coorganizadora del encuentro más reciente.
Castro pasó de defender los derechos de las mujeres a estudiar los marcos jurídicos para documentar las desapariciones forzadas: descubrió que el delito no está tipificado en Coahuila, Tamaulipas ni Nuevo León; documentó que el Ejército desapareció a tres miembros de la familia Alvarado, en Buenaventura, Chihuahua, por lo que el Estado mexicano es juzgado en cortes internacionales.
“Hablamos de desaparición forzada, según la definición de la ONU y la OEA, cuando se priva de la libertad a personas por agentes del Estado, paramilitares o con la complicidad de las autoridades, porque es claro que no hay grupos que no estén permeados por agentes del Estado, municipales, estatales o federales”, afirma Castro.
Los testimonios de varias familias de la red dan cuenta de ello: es el caso de un hombre y su sobrino, juarenses, que vacacionaban en Veracruz y fueron llevados a la SIEDO, de donde nunca regresaron; de los dos veterinarios detenidos por militares en el fraccionamiento Nazas, de Torreón, durante un operativo; de los ocho jornaleros guanajuatenses levantados en una carretera de Coahuila por presuntos federales.
La complicidad se hace evidente en el caso de los cuatro profesionistas que transitaban por Torreón y fueron detenidos por policías que los entregaron a Los Zetas para que pidieran rescate, o del ingeniero capitalino al que policías-halcones de Castaños, Coahuila, señalaron, después de haberlo detenido por circular a exceso de velocidad.
“Su pecado fue que traía una X Trail 2004, que era chilango y que trabajaba para ICA (…) Sabemos que los secuestradores llamaron a la compañía, creemos que pidieron que pagara el derecho de piso y agarraron a mi hijo como rehén, pero a la compañía le valió”, narra la madre del ingeniero Robledo Fernández.
A esta tercera reunión acudieron enviados de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de Amnistía Internacional (AI). Se contó con la asesoría telefónica de una integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, quien explicó los alcances de la prueba de ADN.
La experiencia de las madres de Juárez, que se convirtieron en investigadoras al rastrear los cuerpos de sus hijas, le sirvió a las familias de los desaparecidos para saber que tienen derecho a pedir copias de los expedientes, a estar presentes en las diligencias del Ministerio Público o enviar preguntas a los sospechosos interrogados.
Acciones terapéuticas
En el suelo hay coloridos dibujos que elaboraron las mujeres en un ejercicio de conexión con los sentimientos. Uno muestra gente en una casa de la que sale una víbora. Abajo, la inscripción: “Éste es el camino de regreso a casa”.
Otros son corazones, árboles de la vida, casas vacías o frases como “te extraño, te quiero, Raúl, mi amor”, “René, te quiero mucho y siempre te traigo en mi corazón”, “qué alla justicia”, “yo, Dios, te pido fortaleza y ayuda”, “por amor a mi hijo sigo en la lucha”,“familia trizte pero luchona contra el mounstro”, “un caminar incansable, sin final”.
El dolor está a flor de piel en esta concentración de 65 familias que tienen perdido a uno de los suyos. Comenzaron a llorar desde el momento de las presentaciones, cuando escucharon las frases: “Se llevaron a mi hija”, “Fue mi esposo que desapareció”, “Levantaron a mis dos hijos”, “Mi papá no volvió…”
“Hablar otra vez de eso es muy duro, es revivirlo, y uno trata de evitarlo porque es algo que no tiene solución, una herida abierta. Ni yo misma sabía si iba a poder hacerlo”, explica la trabajadora social Concepción Cruz Chávez, quien además de ayudar al grupo es una de las buscadoras: su hermano desapareció hace dos años y medio.
Ella es parte del equipo de 60 terapeutas que se reunieron tras leer en Proceso (número 1762) un reportaje sobre la necesidad de apoyo a los huérfanos por la violencia en Juárez.
“Los profesionales también nos damos cuenta de que el Estado no ha dado respuesta porque toda esta estrategia contra el crimen organizado ha impactado fuertemente en la comunidad y eso no lo previeron. Como sociedad civil estamos sensibilizándonos y haciendo algo, no podemos esperar que el gobierno lo haga”, explica el psicólogo Alberto Rodríguez Cervantes.
Las familias llegaron con miedo al ejercicio de abrir el alma para mostrar su herida, decepcionados de los psicólogos de la PGR o del DIF, quienes con palmaditas en el hombro les piden que se calmen o insisten en que no expongan al resto de su familia buscando al perdido.
Pero la terapia que recibieron fue distinta. Es exportada de otras experiencias de atención a comunidades víctimas de violaciones a los derechos humanos; es comunitaria ya que todos aquí saben lo que es la incomprensión hasta de la familia propia, que los considera enloquecidos por aferrarse a la búsqueda.
“Muchas se resisten al apoyo psicológico porque sienten que significa empezar el duelo o dicen ‘¿por qué voy a ser apoyada yo si mi familiar está sufriendo?’. Una madre decía que no podía sentirse bien porque tiene miedo de que al sentirse mejor deje de buscar; otra dijo que le gustaría que un familiar se lleve a sus demás hijos porque siente que la desenfocan de buscar al que le falta”, explica la psicóloga Rossina Uranga.
Los varones tuvieron su terapia aparte. Ante sus pares expresaron lo duro que es mantener el rol de “hombres fuertes de la casa”.
“Uno contaba que se tiene que encerrar a llorar en el baño por su hijo, porque esta cultura machista le exige ser el fuerte de la familia. Pero toda su vida se vino abajo: perdió el empleo, se enfermó, está en tratamiento psiquiátrico y toma cantidades impresionantes de pastillas para dormir”, agrega Rodríguez Cervantes.
En la sesión todos compartieron las fortalezas que les permiten continuar su búsqueda, las cosas que deben transformar para seguir adelante, los recursos que descubrieron. A diferencia de otras terapias de duelo, basadas en la resignación, en ésta terminaron fortalecidos para las batallas venideras usando su propio coraje, frustración y rabia como motor.
Una vela gruesa alumbra el centro del salón: es el cirio que hace una década entregó Irene Khan, entonces directora de AI, a las mamás de las muertas de Juárez y que hoy sirve para acompañar la lucha por recuperar a los desaparecidos. La acompañan decenas de fotografías de los jóvenes y adultos que no regresaron.
La llama se transmite de vela en vela. Consuelo Morales, religiosa y directora de CADHAC, guía la oración final: “No desaparezcan a su familiar en el olvido, la única esperanza que su familiar tiene son cada uno de ustedes; caminando juntos (…) los vamos a buscar para que no los vuelvan a desaparecer”.
Entonces todos se abrazan y se dicen: “No te rindas, no te rindas”, decenas, cientos de veces. Hasta que comienza el llanto colectivo. Ya no el de siempre porque el dolor sabe distinto en comunidad. la
En la oscuridad
José Gil Olmos
El jueves 18 y el viernes 19, el gobierno federal realizó en un salón del hotel María Isabel Sheraton una subasta pública que hubiera sido como tantas otras si no fuera porque ahí se ofrecieron desde juguetes y maquinaria agrícola, hasta helicópteros y carísimas joyas presuntamente incautadas a los jefes del narcotráfico en operativos recientes. Y aunque presumieron de transparencia, los funcionarios se empeñaron en ocultar la identidad de los dueños originales…
Tres veces llamó el subastador a los 800 asistentes que llenaron el salón del lujoso hotel María Isabel Sheraton, pero nadie alzó su paleta. El silencio reinó hasta que, con un golpe seco de su martillo de madera, el pujador retiró de la venta el anillo masculino de oro y diamantes con un precio inicial de 1 millón 400 mil pesos, que bien pudo alcanzar un precio comercial de más de 2 millones de pesos.
Esa narcojoya era la pieza maestra del primero de los dos días de la “gran subasta pública SAE
En esa subasta pública se pusieron a la venta 150 lotes de relojes finos y joyería decomisados al crimen organizado, decenas de autos, tres avionetas, dos helicópteros que eran propiedad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y otros bienes confiscados, con los que se esperaba recaudar 80 millones de pesos.
El amplio salón estaba completamente lleno desde temprano. Además de los 424 postores, que depositaron en garantía un total de 60 millones de pesos para participar, había muchos otros curiosos que asistieron a la subasta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE, órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda), organizada por la empresa de subastas CARASA, a la que le pagaron un porcentaje de la venta total, que rebasó los 100 millones de pesos.
Al principio había expectación por ver los lotes de narcojoyas y a los compradores que abarrotaron el salón, rebasando las expectativas del director del SAE, Sergio Hidalgo Monroy Portillo. Este funcionario se ufanaba de conducir la subasta con transparencia, pero cuando se le preguntó a qué narco le decomisaron el anillo de oro y diamantes que nadie compró, se defendió:
–Yo me entero hasta el final del proceso. Si en la causa penal se procedió a decomisar, entonces en el expediente me entero cuál fue la causa penal que generó el aseguramiento. O también cuando lo tengo que devolver a la persona que estaba involucrada. Hasta entonces tengo la información y no tendría problema en darla a conocer, pero nosotros no participamos en las acciones en contra del crimen organizado, el SAE no está hecho para eso.
“A mí simplemente la PGR me dice: aquí están estos bienes, te los entrego en administración, resguardados, y el día de mañana te informo cuál es el resultado de las acciones criminales. Cuando hay operativos muy importantes sabemos el origen y se nos da el resguardo de esos bienes, pero en la gran mayoría no tengo la información de su procedencia.”
–Pero no le afectaría en nada al SAE tener esa información y manejarla públicamente…
–Tampoco me ayudaría, porque no participo en esos procesos. Me parece que quien debería hacer pública esa información es la PGR o, en su caso, las propias aduanas del país.
Lo cierto es que entre los probables compradores de varios estados del país que acudieron al Sheraton había precaución, incluso miedo. “No queremos que nos confundan con prestanombres de algún narco o que sepan que alguno de nosotros compró un reloj o una pulsera que querían mucho y luego quieran recuperarla”, confió uno de ellos.
Esto puede explicar por qué nadie respondió a los dos llamados a realizar ofertas por el anillo de oro y diamantes: entre los asistentes se especuló que pertenecía a un capo abatido este año.
Fuera cámaras
En los primeros minutos de la subasta los fotógrafos y camarógrafos pudieron tomar aspectos generales de la puja, y hasta se hizo un breve simulacro para mostrar cómo sería la compra de los bienes. Sin embargo, los participantes pidieron que no se captaran sus rostros, porque temían que algún jefe del crimen organizado viera en sus manos alguna prenda codiciada.
Después, las autoridades pidieron que las cámaras salieran y sólo se quedaran los reporteros para atestiguar el desarrollo transparente de la venta.
Instalado tras un atril, sobre una plataforma en la que había también una larga mesa con funcionarios del SAE, la Comisión Nacional Bancaria y la empresa subastadora, el rematador anunció con potente voz la compra de los relojes y la joyería. De éstos sólo se mostraron imágenes en las pantallas gigantes.
De inmediato, edecanes vestidas de negro se distribuyeron por el salón. Cada una portaba su paleta amarilla con un sol pintado para señalar a los pujadores. Y aunque ya se han llevado a cabo otras subastas públicas, e incluso vía electrónica se realizan cada 15 días, ésta era la primera vez que se abrió relativamente a los medios de comunicación.
“Reloj para caballero marca Rolex, con caja de oro de 18 kilates, con incrustaciones de 70 diamantes corte baguette en bisel y 241 diamantes corte princesa en el pulso… Precio inicial, 65 mil pesos. ¿Quién da más?”, gritó el subastador a pesar del micrófono de diadema que le dejaba las manos libres para señalar a quienes levantaban su paleta.
Había toda clase de público: amas de casa interesadas en adquirir un auto, comerciantes apasionados por los relojes, parejas jóvenes en busca de un anillo de compromiso, joyeros deseosos de un lote de alhajas a buen precio, un líder de vendedores ambulantes ansioso por conseguir la esclava de diamantes y personajes que rehuían las miradas cada vez que levantaban la paleta con su número de registro para comprar un reloj Corum de oro blanco, con diamantes incrustados y una calavera en la carátula.
Uno a uno los relojes Rolex de todos los modelos y tamaños, Wyler con caja de oro, Girard-Perregaux, Chopard, Ulysse Nardin, Graham, Versace, Carrera, Hublot Genève, Franck Muller, IWC, Daniel JeanRichard, Jaeger-LeCoultre, Richard Mille, Panerai, Patek Philippe, Roger Dubuis, Romain Jerome, Cartier, Charriol, Bvlgari y un Audemars Piguet que causó sensación.
Este reloj rosado del modelo Royal Oak salió en el lote 75 con un precio base de 520 mil pesos. Su caja de oro rosado de 18 kilates, y la carátula, las costuras y el pulso de piel negra sedujeron a los prospectos de compradores. Comenzó la puja y el precio alcanzó 880 mil pesos, arrancando el aplauso del comprador con la paleta 346, cuyo nombre quedó en el misterio, igual que el de su dueño original.
“Esto es por seguridad de los compradores”, aclaró el director del SAE, quien explicó que para asegurar que el dinero de un cliente no provenga del crimen organizado ni se realizara “lavado de dinero” comprando sus propias alhajas, se exige un depósito en cheque de caja.
–¿Funcionan esos candados? –se le pregunta.
–Me parece que la pregunta es si el sistema bancario tiene los controles suficientes para detectar si recursos del crimen organizado se están limpiando a través de la banca. Yo creo que el Estado mexicano ha caminado muy bien en una serie de medidas para evitar esto. Hay reportes que tienen que presentar los bancos por operaciones que rebasan un monto determinado y todas esas operaciones se reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera; por supuesto, son investigadas, se cruzan bases de datos para saber quiénes están atrás de esas cuentas bancarias.
“Creo que lo que debe seguir haciendo el SAE es utilizar al sistema bancario como seguro de cualquiera que vaya a adquirir un producto y que los recursos vengan de procedencia lícita. Dejamos esos trabajos a la Comisión Nacional Bancaria, que transparente esas acciones; ellos tienen las herramientas para garantizar que esas operaciones son de procedencia lícita.
–Aún así queda la duda, ¿no?
–Me parece que cualquier criminal puede intentar utilizar el sistema bancario, pero estaría incurriendo en riesgos muy importantes porque toda esa información se va acumulando y es una forma de detectar sus operaciones.
–En el caso de las subastas, donde se venden bienes caros, ¿se hace una investigación de los depósitos?
–Nosotros no hacemos investigación, dejamos que el sistema financiero corra con todas ellas. Por supuesto que si alguien compra un cheque de caja de 500 mil pesos, el banco tendrá que reportar esa operación a las instancias correspondientes. Me parece que el sistema bancario ha hecho muy buen trabajo en la detección de operaciones dudosas.
Otro lujo: el silencio
Después de cinco horas del primer día de subasta, los funcionarios del SAE ya se daban por bien servidos por el éxito de la venta pública de más de 600 piezas confiscadas al crimen organizado y a deudores de la banca.
Además de los relojes de marca, algunos con carátulas especiales, como era el Jean-Richard con la figura del equipo América “Campeonato
Ninguna de esas piezas fue llevada al salón. Se mostraron sus fotografías en un folleto finamente impreso que se regalaba a los compradores, y en las pantallas gigantes.
Había prendas extravagantes, como unos aretes en forma de cabeza de felino en oro amarillo de 14 kilates, con 70 diamantes corte brillante, dos esmeraldas y ocho rubíes; una pulsera con figuras de panteras, también en oro amarillo pero de 18 kilates y con incrustaciones de oro blanco.
En la subasta la religiosidad no estaba peleada con el lujo: se ofreció un rosario de estilo antiguo, con cuentas esféricas, cinco medallones y un crucifijo, todo en oro de 18 kilates y platino, con un peso de
Al final del primer día se informó que el SAE ya había recuperado 55 millones de pesos y se esperaba rebasar los 80 millones inicialmente previstos.
En el segundo día la puja siguió con la venta de automóviles y aeronaves. El primer helicóptero, con precio de salida de 1 millón 600 mil pesos, se vendió en 3 millones 200 mil; el segundo, con precio inicial de 1 millón 350 mil, fue adjudicado en 2 millones 550 mil. En tanto que la primera avioneta Cessna salió con un precio de 30 mil pesos y fue comprada en 80 mil, la segunda, de 30 mil pesos, se vendió en 440 mil; y la tercera, de 30 mil pesos iniciales, se asignó por 300 mil.
Dos señoras esperaban el final de la subasta: la venta de vehículos importados (Audi, Alfa Romeo, Land Rover) y nacionales en buen estado. Algunos comerciantes esperaban los lotes de autos chatarra, de los que se ofrecieron decenas, igual que lotes de bicicletas para niños, tractores y hasta herramienta agrícola decomisada.
El pacto de silencio se mantuvo hasta el final. Nadie dijo de quiénes eran las alhajas, los autos, aviones y relojes decomisados, ni se reveló el nombre de los compradores.
Todos contentos... menos el país
Carlos Acosta Córdova
Una vez más se cumplió el ritual: el Ejecutivo propuso un presupuesto y los legisladores de oposición lo impugnaron acremente… para al final aprobarlo con cambios mínimos. Todo queda igual y todos están contentos con un sistema impositivo obsoleto y un Presupuesto de Egresos que no sirve a la economía, sino a los intereses partidistas.
Aprobado en las primeras horas del martes 16 el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se había cumplido al pie de la letra el ritual de cada año.
El 8 de septiembre el gobierno envió al Congreso el grueso legajo que contenía el programa económico para 2011, con sus dos grandes apartados de ingresos y egresos. El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo definió como un programa “responsable, que garantiza crecimiento económico, que no pone en riesgo la credibilidad de México en el mundo, (sino que lo exhibe) como un país viable, solvente, que tiene lo suficiente para enfrentar sus retos”.
Además, decía Cordero, “no se incurre en sobreendeudamientos excesivos” y “da certeza fiscal” porque no trae cambios en el marco tributario: ni nuevos gravámenes ni cambios en las tasas impositivas.
En materia de gasto el programa, decía el secretario, “trae un presupuesto responsable, austero, que atiende las principales necesidades del país; con recortes importantes al gasto público, (pues) el gobierno se está ajustando el cinturón, para darle prioridad a la construcción de infraestructura, a las pequeñas y medianas empresas, a la seguridad, a la agenda social, a la educación, a la atención médica de las familias más pobres de México”.
Un paquete económico, pues, perfecto, a decir del gobierno. Como lo hace cada año. Y también, como cada año, la oposición partidista se encargó de hacer el mayor ruido posible y descalificar el plan del gobierno.
Amagaron con bajarle un punto porcentual a la tasa del IVA y dejarlo en 15%; también con modificar radicalmente el paquete económico.
Los encontronazos
La Cámara de Diputados –y en menor medida el Senado– es siempre el escenario de los “encontronazos”. Cuando el secretario de Hacienda compareció ante el pleno, el pasado 14 de septiembre, para defender el programa económico, todos los partidos distintos del PRI lo atacaron. Pero el PRI se fue a la yugular.
El diputado Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien el año pasado fue crítico, pero cortés y mesurado, esta vez trocó en un rudo diputado priista. Le dijo a Cordero que el presupuesto del gobierno no era austero ni reducía el gasto corriente ni tenía como prioridad el bienestar de la población.
Más entrón, y hasta bravucón, fue el diputado David Penchyna. Con el programa económico que están presentando, le dijo al secretario, ratifican que “ustedes enarbolan una política económica que no resuelve la pobreza, que no genera empleo y cancela las oportunidades de desarrollo del país”.
Remató: “Haremos los cambios y las modificaciones para no permitir que la población sea afectada”.
Pero la amenaza de enmendarle la plana al Ejecutivo, que cada año hacen los priistas desde que el PAN es gobierno, se queda sólo en eso, en amenaza. El PRI incluso debió retractarse de la propuesta de regresar el IVA a 15% (y 10% en la frontera) que cacareó desde el 26 de agosto.
Fueron los gobernadores priistas quienes frenaron a sus líderes parlamentarios y partidistas. La reducción al IVA implicaba perder por recaudación hasta 35 mil millones de pesos y, por tanto, serían menores las transferencias federales a estados y municipios. Y en ello los gobernadores, de cualquier partido, nunca dan un paso atrás.
Humillados, los legisladores priistas vieron en los huracanes de la temporada su tabla de salvación. El agua que devastó poblaciones en varios estados les resultó “bendita”, pues fue el pretexto para desistirse de su intentona de bajar el IVA.
En la parte de ingresos los diputados poco le hicieron a la propuesta oficial. Se fueron por la vía de modificar algunos supuestos macroeconómicos, subir algún impuesto de fácil aceptación social, por mayor endeudamiento y por seguir dependiendo del petróleo. Nada que cambie la estructura de los ingresos.
El gobierno propuso, como base de todo el planteamiento macro para 2011, un precio del crudo de 63 dólares por barril; los diputados lo subieron a 65.4 dólares. El gobierno decía que el balance entre ingresos y egresos, como porcentaje del PIB, excluyendo la inversión de Pemex, no podía ser mayor de 0.3%; los diputados dijeron que el déficit fiscal aguantaba hasta 0.5% del PIB.
El gobierno proyectaba un crecimiento económico para 2011 de 3.8%. Los diputados dijeron que no, que ya el Fondo Monetario Internacional había subido sus proyecciones para México y que –ahora sí había que hacerle caso al Fondo– debía ser 3.9% la estimación de crecimiento del PIB.
Los diputados también decidieron aplicarle un impuesto de 25% a las bebidas energizantes y subirle el precio a los cigarros, de seis centavos que ellos mismos habían aprobado desde el año pasado, a 35 centavos por unidad, lo que da un aumento de siete pesos por cajetilla de 20 cigarros. Sólo el aumento al tabaco dejará al fisco 12 mil millones de pesos.
Por estos aumentos y los cambios virtuales de los supuestos macroeconómicos, los ingresos públicos del país aumentarían 68 mil 230 millones 100 mil pesos.
Pero a esto habría que descontarle casi 7 mil 630 millones de pesos que dejará de recibir el erario por los apoyos fiscales que se darán a los patrones que contraten a trabajadores de primera vez. También habrá que restar 50 millones de pesos que dejará de recibir el fisco por apoyos a la producción teatral.
Los ingresos adicionales netos “logrados” por los diputados fueron de 60 mil 550 millones 200 mil pesos. Así los ingresos totales para el próximo año serán de 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos. Un “espectacular” 1.8% más de lo que preveía el gobierno.
Cálculos políticos
Si el Ejecutivo no se animó a hacer propuesta alguna en el ámbito impositivo –que es la única fuente segura, permanente y sana de ingresos para cualquier gobierno–, menos los diputados. Otra vez imperó el cálculo político: el próximo año se definen seis gubernaturas estatales y el siguiente es la elección presidencial. Entonces nadie se mueve.
Quedaron intocados los vicios, las insuficiencias del sistema fiscal.
Estudios académicos del CIDE, del ITESM y del ITAM han dado cuenta de que de una fuerza laboral de casi 47 millones de personas, sólo 14 millones pagan impuestos sobre el ingreso (renta); de ellos, 80% son asalariados a quienes se les retienen los impuestos.
También que la evasión fiscal, aunque se ha ido acotando, sigue elevada, muy por encima de parámetros internacionales: cercana a 3% del PIB y alrededor de 23% de la recaudación potencial: de cada 100 pesos que podrían recaudarse, 23 se pierden porque simplemente no se pagan. En términos del PIB, a precios actuales, significa poco menos de 400 mil millones de pesos.
Y una vez que ni gobierno ni diputados hicieron nada por cambiar la estrategia fiscal, que descansa prácticamente en los contribuyentes cautivos –los trabajadores asalariados–, pasaron a discutir el siempre conflictivo Presupuesto de Egresos de la Federación.
Obviamente los diputados se olvidaron de amagues y amenazas y de promesas de hacer un presupuesto orientado a la inversión productiva y al crecimiento económico. Operaron como siempre: a la bolsa de 60 mil 550.2 millones de pesos que lograron hacer con cambios a los supuestos macroeconómicos le agregaron otros 35 mil 416 millones de pesos, producto de recortes a varias partidas. Acumularon 95 mil 996.2 millones que destinaron a hacer ampliaciones en algunos rubros y reasignar recursos a otros.
Reparto de lo sobrante
De un presupuesto de 3 billones 438 mil 895.5 millones de pesos, lo que estuvo en disputa fue cómo repartían esos casi 96 mil millones –2.8% del total– no para hacer un presupuesto que impulsara de manera decidida la economía, sino para que todos los intereses, de gobierno y de partidos, más o menos quedaran satisfechos.
Donde más aplicaron la tijera fue en el servicio de la deuda pública (casi 6 mil millones de pesos), en aportaciones a seguridad social (casi 5 mil 500, gran parte de ellos para pensiones de extrabajadores de Luz y Fuerza), a la CFE le quitaron poco más de 4 mil 700 millones de los 32.8 mil que quería aumentarle el gobierno y al Consejo de la Judicatura le recortaron 3 mil 487 millones, 10% de la asignación que proponía el Ejecutivo.
La mayoría de esos recortes los impulsó el PRD apoyado por el resto de las bancadas.
Además del Consejo de la Judicatura sólo la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvieron recortes en su asignación propuesta: 191 millones la primera y 76.6 millones la segunda. De cualquier manera ambas tendrán un presupuesto mayor que el aprobado para este año: casi 500 millones adicionales para los diputados y 106 más para la ASF.
También las dependencias federales fueron objeto de la tijera, pero en porcentajes que en su mayoría no llegan a 1% de la propuesta original para 2011; aun así todas tendrán más presupuesto que este año.
Por el lado de las ampliaciones presupuestales, de acuerdo con un comparativo hecho por el economista Juan Moreno, asesor parlamentario del PRD y quien participó en las discusiones del presupuesto, el mayor incremento absoluto, de casi 20 mil millones de pesos, se lo llevó el sector de Comunicaciones y Transportes, que es donde se dan los jaloneos cada año por el tema de las carreteras.
Luego, con casi 16 mil millones de pesos, el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, en el que se incluyen partidas siempre disputadas por gobernadores y alcaldes, como los fondos metropolitanos, el regional y el de pavimentación a municipios.
En esta partida quedó incluida una asignación de 4 mil 500 millones de pesos del nuevo Fondo Nacional de Reconstrucción (que constará de casi 50 mil millones), propuesto por el PRI, a cambio de desistirse de su propuesta de reducir el IVA.
Otra ampliación importante fue la de casi 15 mil millones para la Secretaría de Agricultura; de ellos buena parte se juntaron con recursos de otras dependencias para darle al Programa Especial Concurrente (PEC, el siempre conflictivo presupuesto del campo) casi 34 mil millones de pesos.
A la SEP, 12 mil 621; a la Semarnat, 9 mil 255, y a la Secretaría de Salud, 9 mil 242 millones de pesos más.
En números gruesos, los ganones fueron los de siempre: los que se pelean cada año por más recursos para carreteras, para apoyos al campo y para suplir sus deficiencias recaudatorias. Recursos que, en su mayoría, caen en el limbo de la opacidad.
Un caso concreto es el de los gobiernos estatales y municipales. El gobierno federal proponía para 2011 un gasto federalizado de 992 mil 32 millones 600 mil pesos, un aumento de casi 20 mil millones respecto de lo que ejercerán este año.
Pero los gobernadores presionaron a sus diputados para que jalaran más recursos. Se llevarán otros 20 mil millones; es decir, 40 mil millones más que en 2010, pues los diputados aprobaron un presupuesto para las entidades por 1 billón 12 mil millones 48 mil 100 pesos.
Casi 30% de todo el presupuesto. Los 20 mil millones adicionales (a la propuesta oficial) que se llevarán es, también, la tercera parte de los 60 mil millones que obtuvieron en la parte de ingresos.
Y todo concluyó como siempre: felices y contentos, todos satisfechos. El gobierno en primer lugar. Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter: “Mi reconocimiento a los diputados de los grupos parlamentarios que aprobaron un presupuesto responsable. En especial a sus coordinadores”.
Y el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero –quien en sus comparecencias ante la Cámara de Diputados fue cuestionado severamente– no reparó en elogios: “Reconozco y felicito al Congreso de la Unión por haber analizado, discutido y aprobado este paquete económico con responsabilidad y con altura de miras”.
La política se impone. Las expectativas, los anhelos y percepciones de la población son lo que menos importa en las discusiones del presupuesto.
Ni siquiera por asomo fue tema el de los ya reconocidos abusos en el presupuesto, como las voluminosas partidas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los altos sueldos de sus funcionarios, los de los altos mandos públicos y de los legisladores.
Todo esto fue defendido y justificado por el secretario de Hacienda. En conferencia de prensa, el martes 16, para detallar la aprobación del presupuesto argumentó: “Los sueldos que reciben los funcionarios del IFE (…) es nada comparado con los servicios que le dan a la sociedad”. Ellos, agregó, responden “básicamente a los intereses de su conciencia y velan por un juego democrático”.
Señaló que los sueldos de ministros y funcionarios de la Corte “son muy pequeños comparados con el provecho que le dan a la sociedad (…) si eso se refleja en sus salarios, nosotros no le vemos mayor problema”. l
En el PRI, abono para el cisma
Jesusa Cervantes
En medio de jaloneos al interior del PRI, los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos para 2011, pero el agravio al sector campesino, al que los propios priistas le quitaron más de 4 mil 400 millones de pesos que había negociado el presidente de la Comisión de Agricultura, Cruz López Aguilar, aún no se subsana. Consultados por Proceso, varios legisladores cenecistas aseguran que su coordinador parlamentario, Francisco Rojas, fue el autor de la maniobra. Y adelantan que si no se supera el diferendo, el partido llegará dolido a los comicios de 2012.
El Presupuesto de Egresos para 2011 no satisfizo a los diputados del sector agrario, el más fuerte del PRI, quienes se inconformaron porque no se les asignó la partida extra de 98 mil millones de pesos que habían solicitado.
La rebatinga enfrentó incluso a Cruz López Aguilar con el líder de la bancada priista en San Lázaro, Francisco Rojas Gutiérrez. La madrugada del martes 16 durante la discusión en el pleno, López Aguilar, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), llamó traidor a su correligionario y lo acusó de votar contra el agro y de operar en su contra.
La víspera de que se aprobara el presupuesto, Rojas Gutiérrez maniobró para beneficiar a los gobernadores con una estrategia en la que la CNC –que cada año se beneficia con los recursos del Programa Especial Concurrente proveniente de seis secretarías– resultó afectada.
Legisladores que participaron en la recta final de las negociaciones relatan a Proceso que Luis Videgaray –presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y operador del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, en la Cámara de Diputados– y Rojas Gutiérrez actuaron al alimón para afectar al sector campesino del PRI, y hablan de la forma en que la dirigente nacional de ese partido, Beatriz Paredes Rangel, tuvo que intervenir para detener las pugnas intestinas.
Los dos últimos años la reasignación de recursos para el campo ha tensado las discusiones en San Lázaro y ha retrasado la aprobación del presupuesto. En 2009, los legisladores fueron más allá del plazo límite marcado por la Constitución: el 15 de noviembre, debido a las exigencias no satisfechas de este sector.
Este año las negociaciones iban por buen camino, pero la intervención inesperada del coordinador de la bancada del PRI y del operador de Peña Nieto modificaron el esquema, lo que disgustó a un grupo de legisladores priistas que incluso desconocieron a su representante parlamentario.
Cuando López Aguilar se enteró de que la propuesta del Ejecutivo federal estimaba una reducción de 30 mil millones de pesos al agro respecto del año anterior, pugnó por obtener una partida de 6 mil 600 millones de pesos adicionales. Incluso, el jueves 11, junto con Videgaray y Rojas, acudieron ante el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para negociar esa cantidad.
López Aguilar comenta a Proceso que Cordero propuso entregar 3 mil 800 millones de pesos extra; Rojas y Videgaray estuvieron de acuerdo. Gracias al apoyo del gobierno federal, el sector campesino obtendría 33 mil 800 millones de pesos adicionales para ejercerlos durante 2011.
Al enterarse de esos acuerdos, los gobernadores priistas presionaron a sus correligionarios en San Lázaro para que pidieran mayores recursos a través del rubro de “caminos rurales”. Ese mismo jueves 11, un grupo de priistas se lanzó contra la Comisión de la Defensa Nacional por otorgarle 13 mil millones de pesos adicionales al Ejército para el combate al narcotráfico (Proceso 1776).
Debido a la disputa en el interior de la bancada del PRI por los recursos, la sesión del sábado 13 tuvo que suspenderse. Para destrabar las negociaciones, Videgaray y Rojas decidieron de manera unilateral tomar 4 mil 400 millones de pesos del presupuesto negociado por López Aguilar con el titular de Hacienda y destinarlo al rubro carretero.
Cruz López, quien tiene el respaldo de los diputados del sector campesino y de 26 más, cercanos al senador Manlio Fabio Beltrones, amenazó con renunciar a la bancada del partido. Dice que habló con Videgaray y luego buscó a su coordinador parlamentario, Francisco Rojas, a quien le comunicó que renunciaría a la comisión que preside y a la diputación federal.
Tras hacerlo, Cruz López abandonó el recinto parlamentario y se dirigió a la CNC. Aun no llegaba a su oficina cuando recibió una llamada de la dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, quien le dijo que la renuncia presentada a Rojas no procedía debido a que su cargo es de elección popular y, por lo tanto, irrenunciable.
“Yo arreglo lo de los 4 mil 400 millones de pesos”, le dijo. Y lo citó para las siete de la tarde del domingo 14 en San Lázaro para tratar el asunto y evitar que la aprobación del presupuesto se alargara más, dice a la reportera uno de los legisladores del sector campesino.
“Al llegar –según la fuente consultada– Cruz se enteró de que la Comisión de Presupuesto iba a iniciar sesión pocos minutos después, con lo cual era prácticamente imposible que se restituyeran los recursos al sector (campesino).”
López Aguilar solicitó a sus correligionarios dialogar antes de que comenzara la sesión; les dijo que tenían “espíritu de esclavos” y les pidió, de acuerdo con la fuente, “honrar su palabra” y “respetar los recursos asignados al campo”. En respuesta, sus compañeros le dijeron que los 4 mil 400 millones de pesos se solucionarían presentando una reserva (una adición al presupuesto) en la discusión del pleno.
La venganza cenecista
El domingo 14 fue negro para Cruz López Aguilar. Ese día se anunció de manera oficial que el diputado guanajuatense Gerardo Sánchez García sería el nuevo dirigente de la CNC, luego de que uno de los aspirantes, el senador Alfonso Toledo Infanzón, cercano a Manlio Fabio Beltrones, declinó.
Fuentes cercanas a las negociaciones de los diputados priistas consideraron que el golpe contra el sector campesino fue orquestado por Peña Nieto a través de Videgaray con el respaldo del coordinador de la fracción, Francisco Rojas.
En la entrevista con Proceso, López Aguilar rechazó que Padilla haya sido el candidato de Peña Nieto o que el mandatario haya intervenido en el recorte al sector como venganza por haber perdido la CNC.
–¿El recorte al campo fue una decisión de Rojas o de Videgaray? –se le pregunta a López Aguilar.
–El presupuesto lo autorizan las bancadas. Lógicamente, el PRI tiene un peso importante por ser mayoría; y ese peso es lo que vale en la negociación. A fin de cuentas, ese tipo de negociaciones con el gobierno federal la hacen los coordinadores parlamentarios.
–¿Entonces, el recorte fue una decisión del coordinador Francisco Rojas?
–Fue una negociación que hizo el coordinador; Videgaray sólo hizo los ajustes.
Las diferencias sobre los 4 mil 400 millones de pesos continuaron a lo largo del lunes 15. La dirigente del PRI, Beatriz Paredes, ofreció a López Aguilar presentar la reserva para que todos los legisladores la aprobaran en el pleno.
La discusión sobre el presupuesto empezó pasadas las ocho de la noche. La madrugada del martes 16, Sánchez García subió a tribuna y presentó la reserva. En ese momento, 58 priistas abandonaron el recinto parlamentario, pues no querían votar contra la CNC.
De los 237 diputados del PRI, 70 optaron por reintegrarle los recursos al agro, incluidos los 37 cenecistas y los que pertenecen al grupo político de Manlio Fabio Beltrones; 102 lo hicieron en contra, entre ellos los mexiquenses, los coahuilenses, los hidalguenses y el coordinador Francisco Rojas Gutiérrez.
“Votaron en contra del campo presionados por sus gobernadores”, asegura a la reportera uno de los negociadores.
Legisladores del Estado de México revelan a Proceso que el martes 16, Enrique Peña Nieto habló con López Aguilar para deslindarse de las acciones emprendidas por el coordinador Rojas Gutiérrez y por Videgaray. En contraste, quienes apoyaron a López Aguilar sostienen que el fondo de la trama no fue el dinero, sino una medición de fuerzas entre los grupos políticos priistas.
Algunos legisladores consultados por Proceso dijeron que el miércoles 17 López Aguilar estaba “enojadísimo” con Peña Nieto. Sin embargo, días después, durante la entrevista el cenecista negó esa versión.
–¿Por qué 20 diputados de la CNC votaron en contra del campo y otros más abandonaron el salón? –se le pregunta a López Aguilar.
–Primero, intervinieron otros actores políticos: los gobernadores; y segundo, la salida fue en respuesta a la operación política contra el campo.
–¿Quién operó?
–Los vicecoordinadores de Rojas Gutiérrez y de José Ramón Martell, desde luego con instrucciones del coordinador.
La negociación pendiente
La tarde del martes 16, horas después de que se consumara el recorte al sector agrario, la CNC emitió un comunicado en el cual repudió la actitud del coordinador Rojas Gutiérrez. “Quien es enemigo de los campesinos, es enemigo del país”, decía el texto.
Al día siguiente la dependencia organizó una conferencia en la que anunció que los diputados del sector campesino pedirían la destitución de su coordinador. A mediodía del miércoles 17, Beatriz Paredes sostuvo una conversación con Rojas Gutiérrez por espacio de una hora. Más tarde, López Aguilar y Rojas Gutiérrez se reunieron.
López Aguilar relata a Proceso que luego de varias horas de discusión, Rojas se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Hacienda la creación de un fideicomiso con los 4 mil 400 millones de pesos que se le quitaron al sector campesino en el presupuesto. El fideicomitente podría ser Financiera Rural y el dinero servirá para apoyar proyectos productivos.
En reciprocidad, los diputados cenecistas se comprometieron a dejar de promover la destitución del coordinador Francisco Rojas. Conjurada la destitución de Rojas, Videgaray, en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, tendrá que interceder ante Hacienda para la creación del fideicomiso.
En teoría, ese fideicomiso debe quedar conformado antes del 5 de enero, cuando López Aguilar deje la dirigencia de la CNC a Sánchez García. En la dependencia se comenta que el nuevo dirigente pondrá como secretaria general a la cenecista mexiquense Guillermina Cacique Vences, con lo que Enrique Peña Nieto tendría de su lado a una parte de la Liga de Comunidades Agrarias.
Miguel Ángel García Granados, diputado por Sinaloa que votó a favor de que se le regresara el dinero al campo, asegura que si en 2012 el PRI no llega dividido, por lo menos sí estará dolido. “Lo grave es que el campo haya recibido una bofetada del PRI y de su coordinador, Francisco Rojas Gutiérrez”, concluye el legislador.
En la pista “Mexicanita de Aviación”
Rosalía Vergara
El tiempo se acaba para Mexicana de Aviación y los sindicatos del ramo aeronáutico están entrampados en la discusión de cuál de las tres financiadoras que compiten por la aerolínea es la más viable. Si el próximo mes Mexicana no vuelve a volar perderá, entre otras cosas, las rutas al extranjero; se volvería una compañía doméstica… una “Mexicanita de Aviación”.
La discusión sobre cuál financiadora es la más viable para relanzar a Mexicana de Aviación metió a los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra en un conflicto que podría dar al traste con la operación de la aerolínea, pues cada sector apoya proyectos distintos.
Si Mexicana no vuelve a volar a mediados de diciembre, se le terminarán los permisos para los slots (los horarios de uso de pista) y las rutas a Estados Unidos. De ser así, dicen representantes de los sindicatos, la empresa podría viajar sólo dentro del país y se convertiría en una “Mexicanita de Aviación”.
Las financiadoras que concursan por el control de la aerolínea más antigua de México son PC Capital, TG Group y BMC. Todas presentaron planes de negocios para echar a volar la aerolínea, pero para Gerardo Badín Cherit y Javier Christlieb, conciliador y administrador del concurso mercantil respectivamente, la primera de esas empresas es la mejor opción.
Actualmente Mexicana, del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), pertenece a Tenedora K, empresa que asumió la pérdida de su primera inversión luego de comprobar la inviabilidad de operación de la aerolínea.
NGA tiene 99.98% del capital de la Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe (Click), Mexicana Inter (Link) y Mexicana MRO, entre otras. Posee 62 aeronaves, de las que las arrendadoras solicitaron la devolución en tanto no haya un plan de negocios viable. Sus pasivos suman alrededor de 17 mil millones de pesos.
Al 13 de octubre de 2010 se le retuvieron a Mexicana de Aviación 1 millón 175 mil 263 pesos por deudas con Banorte, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y otras instituciones crediticias. Además, tiene mil 42 millones 614 mil 48 pesos de adeudos con el gobierno federal por concepto de impuestos y cuotas al IMSS.
El pasado 2 de agosto, Mexicana de Aviación presentó una solicitud de concurso mercantil para reestructurar sus pasivos y adecuar su estructura de costos laborales. Un juez aceptó la solicitud el 7 de septiembre.
Luego, notas de prensa difundieron que Grupo Ixe, dirigido por Enrique Castillo Sánchez Mejorada, sería un eventual comprador, aunque en realidad fungiría como banco de inversión. Esta propuesta se realizó con la asesoría del exsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán.
Recuento de daños
De acuerdo con el documento Situación de Nuevo Grupo Aeronáutico (Grupo Mexicana), elaborado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), a dos meses de la suspensión de operaciones de la aerolínea, las afectaciones son las siguientes:
Se perdieron 8 mil 687 empleos directos, aproximadamente 3% de los empleos formales creados desde enero de 2009, según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 34% de las fuentes de trabajo en la industria del transporte aéreo nacional.
A escala nacional se estima que se perdieron entre 80 mil y 100 mil empleos indirectos de 85 proveedores de NGA: transportación terrestre, equipajeros, hoteles, restaurantes, locales comerciales, agencias de viajes, arrendadoras de autos, entre otros.
Además, se estima que al cierre de este año se dejarán de transportar 3.4 millones de pasajeros de rutas domésticas, es decir, 28.5% del mercado nacional, así como 2.1 millones de pasajeros internacionales: 18.5% del mercado. Se ha dejado de dar servicio a 123 ciudades de origen y destino de pasajeros.
Los pasivos totales de Mexicana de Aviación, de acuerdo con este documento, suman 15 mil 75 millones 927 mil pesos. La deuda con Bancomext asciende a 991 millones 967 mil pesos y con Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano es de 160 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que cita el reporte.
Para los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra las alternativas de solución al problema pueden ser la requisa, la asignación de una partida del Presupuesto o la exhortación al Ejecutivo para que el gobierno rescate a la aerolínea, renegocie su deuda o que la SCT proteja las rutas, slots e instalaciones aeroportuarias.
Se calcula que echar a volar de nuevo a Mexicana de Aviación costará 985 mil millones de pesos.
Gana el menos peor
Lizette Clavel, dirigente de la ASSA, asegura en entrevista con Proceso que a pesar de que por el anunciado recorte de personal no le gusta la propuesta de PC Capital, ésta es la más viable, pues las de TG Group y BMC son inoperantes. PC Capital es un fondo de inversión recientemente creado, dirigido por el empresario Pablo Coballasi, que pretende operar con 30 aeronaves y recortar 75% de la planta laboral.
El asesor de PC Capital es Arturo Barahona, quien dirigió Aeroméxico (1994-2004) y el 20 de mayo de 2010 se incorporó al Consejo de Administración de Mexicana de Aviación como asesor de la Dirección General, que en ese momento recaía en Manuel Borja Chico, del Grupo Posadas, consorcio hotelero de Gastón Azcárraga.
Azcárraga es el anterior propietario de la aerolínea y planeó llevarla a la quiebra como una manera de “sanearla” para operarla con una nueva razón social, sin deudas ni pasivos laborales y a costa de los contratos colectivos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra (Proceso 1762).
En el Consejo de Administración del Grupo Posadas está Grupo Ixe y el vínculo con PC Capital se da por conducto de Iñaki de Abiega Pons, director general de Ixe Casa de Bolsa y analista de negocios en PC Capital, y Ezequiel Padilla, quien trabajó nueve años en Protego Asesores, empresa de Pedro Aspe.
Otro nombre es el de Gabriel Araujo, también asociado de Finanzas Corporativas para el Grupo BBVA, además de Julio Sánchez, exanalista de Everis México, quien colaboró con el gobierno mexicano en la redefinición del Presupuesto de Egresos y que también trabajó en la industria hotelera.
También figura Pablo Cervantes, exconsejero de Kuo e hijo de Pablo Cervantes Belausteguigoitia, exdirector de Grupo Kuo, cuyo vicepresidente es Valentín Díez Morodo. Cervantes fue banquero de inversión en Ixe en México y en IP Morgan en Nueva York.
En Grupo Kuo confluyen personajes como Enrique Castillo Sánchez Mejorada y Carlos Aguilar Villalobos, de Ixe; Asunción Aramburuzabala Larregui, de Modelo e ICA; Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, de Pemex; Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México; Ángel Losada, de Grupo Gigante; Georgina Kessel, secretaria de Energía, y Lorenzo Zambrano, de Cemex.
En el informe elaborado por ASSA, ASPA y el SNTTTASS se resaltan las diferencias entre las propuestas de PC Capital, BMC, TGG y Rokaso (aunque esta empresa ya salió de la negociación).
PC Capital es la que pretende trabajar con menos recursos: 30 aviones, mil 672 empleados, comenzaría a operar el 1 de enero de 2011 con una sola aerolínea e invertiría mil 600 millones de pesos; pero para entonces los permisos de slots y rutas a Estados Unidos estarían vencidos.
En cuanto al tratamiento del pasivo laboral, propone pagar 975 mil millones en efectivo, 926 mil millones diferidos a siete años con 7% de interés anual y 2 mil 851 millones capitalizados en acciones; además nuevos contratos colectivos de trabajo con vigencia de seis años sin incrementos salariales en los dos primeros de operación, pues “busca competitividad similar a la de Volaris e Interjet”.
El plan de PC prevé reiniciar con vuelos a Monterrey, Guadalajara, Cancún, Ciudad de México, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez, además de Los Ángeles, San José, Houston, Chicago, Nueva York y San Francisco, en Estados Unidos, y alguna ciudad de Canadá.
Para esto plantea recortar 75% de la planta laboral de la aerolínea, liquidar a pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra con 25% de pago en efectivo, 25% en un pagaré y el resto sería un problema que tendrían que capitalizar los propios trabajadores.
Para los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, es la mejor opción.
TG Group y BMC
El SNTTTASS apoya la propuesta de TG Group, respaldada por la aerolínea Taca, de Juan Carlos Torres, pues éste es compadre del dirigente sindical Miguel Ángel Yúdico, según él mismo lo planteó durante un plantón realizado en la Terminal 2, cuentan las sobrecargos. Y así se lo dijeron Torres y Yúdico a Lizette Clavel.
Y BMC, dirigida por Gabriela Bastida Martínez, tiene el apoyo de la ASPA. El plan de negocios y reestructuración de esta empresa –del que Proceso tiene copia– indica que rescatará a 85% del personal de la aerolínea y el restante 15% quedará sin ocupación hasta que mejore la situación, para recontratarlos.
Dice que el contrato colectivo de trabajo de pilotos y sobrecargos se reduciría 40%, pero se queda todo el personal de mantenimiento: unos mil 600 mecánicos.
Comenzaría a operar el 8 de diciembre con 59 aviones y desbarataría Link, la aerolínea de bajo costo que no es rentable. Las rutas serían Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y el Caribe, por ser las más prometedoras.
Con este plan de negocios, dice, pretende afectar lo menos posible a 8 mil trabajadores directos de Mexicana de Aviación y ayudar a los empleados satelitales de la Terminal 1, que ya se conoce como “la terminal fantasma”.
Para Clavel “es plan con maña”, porque no le parece confiable que alguien tenga recursos para operar una aerolínea en riesgo de quiebra. En su opinión parece que el objetivo es que en tres meses se retracten del financiamiento y dicten la quiebra. Destaca que la propuesta de BMC es similar a la de TG Group.
Los inversionistas de BMC son Luis Eduardo Martínez Guzmán y Pedro Abid Checa Acra “con sus respectivos asociados”. El asesor es Jorge Bastida, padre de Gabriela, la directora.
Sobre Jorge Bastida, Proceso (1116) señaló: “Según las autoridades hacendarias y judiciales su labor consiste en lavar dinero del narcotráfico, al servicio de un consuegro que después se le murió, Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos”.
En la edición 1751 de este semanario se le vinculó con el panista Diego Fernández de Cevallos, secuestrado desde hace un par de meses. “El panista resultó ser defensor de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro del capo Amado Carrillo Fuentes”, indica el reportaje. En su edición 1225, Proceso se refirió a Bastida Gallardo como “un inversionista que de la noche a la mañana apareció como fuerte accionista del banco Anáhuac y a quien, a su vez, se le relacionó con el capo Amado Carrillo Fuentes”.
Sin embargo, el 14 de marzo de 2004 el diario La Jornada informó que desde 1997 la Procuraduría General de la República desestimó el involucramiento de Bastida Gallardo en operaciones de lavado de dinero.
Pese a todo, en su plan de negocios le entregarían 5% de las acciones a la ASPA, que ya firmó a favor. Iniciarían la operación de compra de capital por 2 mil millones de pesos generados por la aportación de los socios y créditos de instituciones financieras nacionales e internacionales. A los proveedores clave se les pagarían mil 650 millones de pesos y los contratos colectivos serían renegociados.
TG Group y BMC reclaman que el gobierno federal no les ha confirmado la inviabilidad de sus propuestas. Se enteraron de que no serían beneficiados por la prensa y por un comunicado fechado el 9 de octubre y firmado por Javier Christlieb, en su carácter de administrador, donde informa que “previa opinión de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo y Previsión Social”, PC Capital es la opción más viable para el reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación.
“PC Capital es un grupo financiero serio y sólido, de gran experiencia en operaciones financieras, especializado en fusiones y operaciones corporativas, que ofrece un plan de negocios realista y sustentable que garantiza la viabilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo y, sobre todo, la estabilidad en la fuente de trabajo”, apunta el comunicado de Christlieb.
Además, se dice que la aerolínea comenzaría a operar a mediados de diciembre y reconoce el pasivo laboral “de todos los empleados”, entre otras cosas.
Esto contradice el documento Situación de Nuevo Grupo Aeronáutico (Grupo Mexicana), que afirma que PC Capital comenzaría a operar el 1 de enero de 2011. De ser así, Mexicana ya sólo tendrá permisos para operar en territorio nacional. Sería “Mexicanita de Aviación”, aseguran pilotos y sobrecargos. l
La entraña del embate de Televisa contra Cofepris
Jenaro Villamil
Las causas del escándalo que detonó Televisa sobre las licitaciones de medicamentos en el IMSS se han ido armando como un rompecabezas: intereses familiares y empresariales del vicepresidente de la televisora, Bernardo Gómez; ambiciones de la propia empresa dirigidas al multimillonario mercado farmacéutico y a una próxima licitación de telecomunicaciones que, por unos 2 mil 200 millones de pesos, hará el propio Seguro Social. A ello hay que agregar el cabildeo del exprocurador Antonio Lozano Gracia en Los Pinos…
Detrás del conflicto entre el laboratorio Landsteiner y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentra no sólo el interés familiar y empresarial del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, sino también la asesoría jurídica y el cabildeo en Los Pinos de Antonio Lozano Gracia, exprocurador general de la República, cuyo despacho defiende a la empresa presidida por Miguel Granados Cervera.
La disputa entre la autoridad regulatoria y el laboratorio mexicano alcanzó nivel de escándalo mediático desde que el 9 de noviembre pasado Televisa difundió en todos sus segmentos informativos de televisión y radio unas llamadas telefónicas entre dos funcionarios de empresas farmacéuticas –Stendhal y Novartis–, quienes presuntamente se ponían de acuerdo para participar en una licitación de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El golpe mediático sacó a relucir los intereses de Televisa en el mercado farmacéutico, tal como lo documentó Proceso en su edición 1776, pero también una red de asesoría jurídica que llega hasta el despacho de Antonio Lozano Gracia, socio de Diego Fernández de Cevallos y exjefe y padrino político del actual procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.
Desde junio de este año, una demanda de hechos presentada por Cofepris en contra de Landsteiner “está archivada”, según confirmaron a este semanario fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR). El número de expediente de la demanda es PGR/DDF/SPE/XXVII/2822/10-06, por presunta falsificación y violación a la propiedad industrial de un medicamento inmunodepresor.
Landsteiner solicitó a Cofepris en 2009 la autorización para la venta del medicamento Renacept como genérico intercambiable del fármaco Rapamune, fabricado entonces por Wyeth, laboratorio que fue adquirido por la trasnacional Pfizer.
En Wyeth trabajó Carlos Abelleyra, exdirigente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF) y una de las dos personas interceptadas en la llamada telefónica, cuya grabación se hizo llegar a Televisa de manera “anónima”. En un principio, Televisa se refirió a Abelleyra como “funcionario no identificado” del Seguro Social.
La televisora también acusó el jueves 11 al titular de Cofepris, Miguel Ángel Toscano, de haber “acelerado” los registros sanitarios a favor del laboratorio Novartis para que sus medicamentos pudieran entrar a las licitaciones del IMSS.
Novartis e Inbursa
El segundo personaje de las llamadas telefónicas es Rafael Cruz, responsable en Novartis –una de las trasnacionales más fuertes en el mercado farmacéutico– de la negociación con entidades gubernamentales.
Un informe preliminar de la Secretaría de la Función Pública (SFP), obtenido por Proceso, desmiente que Cofepris haya privilegiado a Novartis sobre otras empresas.
Según el reporte de la SFP, entre enero de 2008 y noviembre de 2010 Novartis ha solicitado 16 registros de medicamentos, de los cuales sólo tres han recibido autorización (Rasivale, Afinitor y Onbrize Breezhaler), en tanto que 12 continúan “en evaluación normal” y otro más se desechó “por desistimiento de la propia empresa”.
Un mercado de 22 mil millones de pesos al año en licitación para medicamentos, así como poderosos intereses políticos y comerciales, es lo que está detrás de esta disputa, en la cual Televisa ha tomado parte.
Otro dato importante es que, desde mayo de 2008, el 25% de las acciones de Landsteiner fueron adquiridas por Grupo Carso, a través de Sinca Inbursa, presidida por Marco Antonio Slim, hijo del magnate Carlos Slim.
Marco Antonio Slim preside también el Instituto Carlos Slim de la Salud, cuyo director es Roberto Tapia Conyer, exsubsecretario de Salud, bajo las órdenes de Julio Frenk.
Sinca Inbursa comenzó a revisar su plan de inversiones en Landsteiner desde que sus instalaciones de Toluca estuvieron cerradas seis meses, como resultado del litigio que el laboratorio ha mantenido con Cofepris.
Landsteiner había anunciado, en 2008, una inversión de 400 millones de pesos, “apoyados por una empresa española”, para productos biotecnológicos.
“Lo más probable es que el laboratorio se construya en Nuevo León, no sólo por el mostrado interés del gobernador Natividad González Parás, sino porque el brazo de investigación más fuerte de Landsteiner está en el Tecnológico de Monterrey, donde tienen ocho líneas de investigación de proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales. Ahí avanzan en el desarrollo de tres patentes que serán los primeros biotecnológicos innovadores no sólo en México, sino los primeros en América Latina”, según informó una nota distribuida en el propio sitio web del laboratorio, www.landsteiner.com.
Un fármaco fraudulento
El origen de esta disputa se registró en julio de 2009, cuando en el Hospital General se realizaron las pruebas de bioequivalencia del lote de prueba LPD1209E005, correspondientes al medicamento Renacept, genérico intercambiable de Landsteiner para competir en el mercado con Rapamune, fármaco inmunodepresor fabricado por Wyeth-Pfizer.
Durante el protocolo de investigación, a varios pacientes con transplante renal del Hospital General se les suministró el Renacept para confirmar que el elemento activo, el sirulimus, podía llenar los requerimientos de absorción, concentraciones sanguíneas y eliminación en el organismo, necesarios para que Cofepris otorgue el registro.
El sirulimus es un polvo blanco, insoluble en agua, pero muy soluble en alcohol bencílico, cloroformo y acetona. Inhibe la activación y proliferación de linfocitos T y la producción de anticuerpos, según el Diccionario de especialidades farmacéuticas.
En las pruebas, uno de los verificadores de Cofepris se dio cuenta de que Renacept en realidad era una copia fraudulenta de Rapamune. Accidentalmente, se le cayó una de las píldoras de Renacept y se rompió, por lo cual el verificador se percató de que el medicamento, recubierto por una sola capa al estilo de un dulce confitado, era en realidad la gragea Rapamune, fabricada por Wyeth.
A raíz de este hallazgo, el 21 de septiembre de 2009 Cofepris realizó una primera visita de inspección a las instalaciones Landsteiner Scientific, ubicadas en calle 6 Norte, Lote 14, del Parque Industrial Toluca 2000.
La primera irregularidad detectada fue que el área de fabricación de inmunosupresores no estaba aislada ni autocontenida, al estilo de un quirófano, lo cual viola uno de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana 059 para la elaboración de estos medicamentos altamente delicados para la salud de los pacientes.
Otra irregularidad que encontraron los verificadores de Cofepris consistió en que Landsteiner triangulaba su producción de inmunodepresores a través del laboratorio Solara, S.A. de C.V. Según la información del directorio Vademécum, Solara es una empresa farmacéutica con instalaciones en San Mateo Atenco, Estado de México.
La ficha dedicada a Solara la identifica como “centro de producción para cápsulas y tabletas, laboratorio de control de calidad y una capacidad de producción para 120 millones de unidades por año, cumpliendo con los estándares de calidad, como lo exigen la Norma O59 de la SSA y las Buenas Prácticas de Manufactura Internacionales”.
Solara pidió a Landsteiner que la deslindara de cualquier responsabilidad frente a las investigaciones realizadas por Cofepris en relación con el Renacept.
A su vez, Landsteiner promovió un amparo en contra de las medidas de Cofepris, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles, encabezado por la juez Bethsabé Canseco Sosa. Durante este lapso, sus instalaciones se mantuvieron cerradas y se calcula que sus pérdidas ascendieron a más de 60 millones de pesos.
Presión de Lozano Gracia
Durante este litigio, el exprocurador Antonio Lozano Gracia y el abogado Julián Angulo sostuvieron diversos encuentros con las autoridades de la Cofepris para llegar a una “amigable composición” con Landsteiner. En una ocasión se reunió con Miguel Ángel Toscano, titular de Cofepris.
Los abogados de Cofepris argumentaron que Landsteiner debía desistirse del amparo para que sus instalaciones fueran reabiertas y modificaran el área de fabricación de los inmunodepresores.
Ante la insistencia de ambas partes, el cabildeo de Lozano Gracia llegó hasta Los Pinos. A través de la oficina de Patricia Flores, entonces jefa de la Oficina de la Presidencia de la República, el comisionado de operación sanitaria de Cofepris, Lucio Lastra Marín, fue citado para carearse con Miguel Granados Cervera, presidente de Landsteiner. Como intermediario estuvo Bernardo Altamirano, funcionario de la Presidencia, quien acabó por dar la razón a los argumentos jurídicos de Cofepris.
El 29 de marzo de este año, a través del expediente 291/2010-V, Landsteiner procedió al desistimiento del amparo, pero el procedimiento administrativo de Cofepris continuó.
En agosto de 2010, Cofepris ratificó ante la PGR su denuncia de hechos en contra de Landsteiner por presunta falsificación de medicamento, así como por violación de la propiedad industrial.
El cabildeo de Lozano Gracia ha fructificado, al menos en la PGR. Su actual titular, Arturo Chávez Chávez, fue delegado en Chihuahua de la procuraduría bajo las órdenes de Lozano Gracia.
Lozano Gracia forma parte también de la red de despachos jurídicos e intereses políticos compartidos por el excandidato presidencial panista, Diego Fernández de Cevallos, secuestrado desde hace seis meses.
Otros litigantes-funcionarios de esta red que han participado en el gobierno de Felipe Calderón son el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont; el subprocurador de Delitos Federales, Germán Rangel, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Juan Miguel Alcántara Soria.
La contraofensiva
Informes obtenidos por Proceso confirman que el vínculo entre Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y brazo derecho de Emilio Azcárraga Jean, con los laboratorios Landsteiner es el siguiente: la esposa de Miguel Granados Cervera es prima hermana de Gómez, ya que la madre de ella es hermana del padre del alto funcionario de la televisora.
No sólo es el parentesco lo que define el interés de Televisa en el mercado farmacéutico y, en especial, en las próximas licitaciones del Seguro Social.
El martes 16, la columna “Templo Mayor” del periódico Reforma publicó que el IMSS prepara una licitación para instalar una red de telefonía y envío de datos por un valor de mil 500 millones de pesos.
Además de Telmex, Telefónica y Axtel, la otra empresa interesada en esta licitación sería Televisa, propietaria de la firma telefónica Bestel, que en marzo de 2010 ganó una licitación similar en el ISSSTE, semanas antes de que su titular Miguel Ángel Yunes dejara la dirección del instituto para competir como candidato del PAN por la gubernatura de Veracruz.
El monto de la próxima licitación en el IMSS, de acuerdo con versiones obtenidas en el sector de telecomunicaciones, sería de más de 200 millones de dólares (alrededor de 2 mil 200 millones de pesos).
Después de que anunciara la ruptura de su sociedad con Nextel, tras haber ganado la licitación de 30 Mhz para explotar la banda 1.7 Ghz en telefonía móvil convergente con internet, Televisa busca ganar en el Seguro Social otra licitación que confirme sus grandes inversiones en telecomunicaciones. Y también en la industria farmacéutica.
El río de la discordia
José Meléndez
Detrás del reciente conflicto diplomático entre Costa Rica y Nicaragua –que propició la intervención de la Organización de Estados Americanos– existe un ambicioso proyecto hidroeléctrico que impulsa el gobierno de Daniel Ortega en el río San Juan, cuyo afluente marca la frontera entre ambas naciones. Por lo pronto, trabajadores y soldados nicaragüenses realizan operaciones de dragado en esa zona, lo que propició la protesta de las autoridades de Costa Rica, que denuncian una supuesta invasión militar.
SAN JOSÉ.- Poetas y guerrilleros nicaragüenses, piratas y ladrones británicos y españoles y cazadores de fortunas estadunidenses viajaron durante siglos por las aguas del río San Juan y del lago Cocibolca en Nicaragua, del Caribe al Pacífico, en busca de inspiración literaria, poder político, tesoros indígenas o del oro de California.
En la “ruta del agua”, que corre de este a oeste en el sur de aquel país, la región ha sido foco de conflictos con Costa Rica –bélicos, diplomáticos, limítrofes, comerciales, migratorios y de seguridad– y sitio apetecido por las potencias, en distintas épocas, como franja idónea para un posible canal interoceánico o para otros grandes proyectos. Uno de ellos –propuesto en 1977 y retomado en 2007– es una presa hidroeléctrica en el río San Juan y el Cocibolca (también llamado Lago de Nicaragua).
Esa iniciativa avanzó con rapidez tras la llegada de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua, en enero de 2007, aunque se frenó en octubre pasado por los reclamos de los habitantes de las riberas del río y del lago, y de ecologistas que denunciaron los peligros ambientales de la obra. Managua se vio obligada a abrir un periodo de consultas.
Pero el proyecto, llamado Plan Brito, sigue firme y a la espera de que la compañía constructora actualice la información científica para recibir la luz verde oficial.
El plan corre paralelo al dragado del San Juan, que empezó el pasado 18 de octubre con mano de obra del Ejército de Nicaragua y que ya causó un nuevo conflicto con Costa Rica: el 21 de octubre San José acusó a Nicaragua de que, como parte de las labores de dragado, tropas nicaragüenses invadieron una isla del área nororiental de Costa Rica, lanzaron los desechos a suelo costarricense, talaron más de 2 mil
El primer día de este mes Costa Rica denunció que soldados nicaragüenses habían vuelto a invadir la isla para instalar un puesto militar y exigió el inmediato retiro de las tropas. De nuevo, Managua rechazó la acusación y alegó que sus soldados nunca han abandonado suelo nicaragüense.
El 12 de noviembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió el retiro de las fuerzas armadas para despejar el punto en disputa y abrir negociaciones bilaterales. Costa Rica, que abolió su ejército en 1948, acató el pedido, pero Nicaragua lo desconoció y entrampó el diálogo. Mientras tanto, el dragado del San Juan continúa y tiene, de trasfondo, el proyecto hidroeléctrico.
Atractivo general
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua informó que la hidroeléctrica –cuya construcción costaría 600 millones de dólares y finalizaría en 2015– tendría dos puntos de contención: el San Isidro, en el área de El Castillo, sobre el río San Juan, y el embalse Miramar, sobre el río Brito, que utilizaría al Cocibolca como fuente de regulación de las aguas lacustres.
Según el ministerio el agua sería llevada del lago al Pacífico por el istmo de Rivas, donde estarían las turbinas hidroeléctricas. La planta, que se llamará Brito, tendría una capacidad de generación eléctrica de 250 megawatts anuales, un elemento clave para un país como Nicaragua, que en la actualidad sólo genera 98 megawatts.
En el dique de El Castillo la meta es construir una muralla de
En el paso Miramar, en el río Brito, la idea es construir una presa de enrocado y tierra con longitud de
El proyecto fue encargado al Grupo Andrade Gutiérrez, de Brasil. El 4 de marzo de este año, el MEM le otorgó una licencia provisional de 20 meses para que despliegue las investigaciones de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Brito en la cuenca del lago de Nicaragua.
Un primer “acuerdo de intenciones” fue suscrito en febrero de 2009 por el MEM y Andrade Gutiérrez, que en febrero de 2010 solicitó (y obtuvo al mes siguiente) los permisos para los estudios de factibilidad. El 13 de octubre Managua condicionó la entrega de los permisos a una actualización de los análisis, aunque en febrero pasado el proyecto fue calificado por el MEM como “técnicamente factible y financieramente atractivo”.
Por otra parte, el dragado fue ordenado por el presidente Ortega para limpiar el San Juan, extraer más de tres millones de metros cúbicos de sedimentos en tres años y lograr que la ruta ofrezca mayor capacidad a la navegación.
Reclamos y respuestas
Pero el Centro de Investigación en Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIRA-UNAN) ha advertido reiteradamente que los planes de represa y dragado son una amenaza para el San Juan y el Cocibolca, ya que el caudal del río mermaría en más de 90% si se restringe el paso de las aguas desde su nacimiento.
“El único beneficio prometido de esta masiva transformación del país es precisamente que esa cantidad enorme de energía eléctrica –250 megawatts– serían generados a partir de los
“Alcanzar este objetivo sería sin duda de gran valor para nuestro país si causara un resultado positivo en la balanza de beneficios y sus costos ambientales, sociales, económicos, opciones futuras, adicionales pérdidas y otros intangibles no cuantificables, no fueran negativos”, agrega.
“La obra la venden bien bonita, como la panacea para liberar al país de la dependencia de la energía térmica o combustibles fósiles como el petróleo. Pero detrás de esa magia que nos ofrecen está la destrucción de todo el ecosistema del río San Juan y miles de afectaciones al lago y sus cuencas”, lamenta.
Insiste en que la opción de colocar una presa que detenga el flujo del San Juan, para luego enviarlo por medio de turbinas a un canal que partiría el istmo de Rivas, provocaría un desastre “ecológico, económico y social”, y el dragado y su elemento soberano carecerían de sentido, pues el río perdería su fuente básica de sustento desde el lago.
En tanto, el biólogo Freddy Pacheco, de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, dice que “los cálculos del caudal se realizaron hace 35 años, antes de que se diera la deforestación de 77 mil hectáreas por año que sufre Nicaragua, lo que ha modificado sustancialmente el régimen hídrico”.
Aunque la represa “no estaría tocando territorio costarricense, sí afectaría la libre navegación –algo que no permiten los convenios entre los dos Estados– y además impactaría sensiblemente las reservas de la biosfera y demás áreas de conservación que conforman el corredor biológico situado en la cuenca del San Juan”, asegura en entrevista con Proceso y añade que 40% de esa cuenca está en Costa Rica.
“El hilo de agua remanente sólo podría recuperar su caudal útil unos
El gobierno de Costa Rica ha protestado por los daños ecológicos del dragado, aunque en medio de la crisis diplomática por la denunciada invasión de tropas nicaragüenses sólo ha dicho que estudia el caso de la represa, pero que debe admitirse que es un proyecto en suelo de Nicaragua.
Salto cualitativo
Consultada por Proceso acerca de los cuestionamientos a la obra, la empresa paraestatal Pronicaragua explica que aunque los estudios de impacto ambiental están pendientes, se espera que sean presentados a principios de 2011.
La oficina de prensa de Pronicaragua recuerda que Javier Chamorro, su director ejecutivo, ha declarado que hay que esperar los estudios de impacto ambiental y económico que Andrade Gutiérrez presentará al gobierno y que en su momento determinará las acciones a seguir. Según la agencia, el Plan Brito podría considerarse prioritario porque permitirá a Nicaragua “dar un salto cualitativo enorme” para transformar la matriz de generación y convertirse en exportador de energía.
Pronicaragua presenta a Andrade Gutiérrez como una de las constructoras más grandes de Brasil, reconocida mundialmente y con una facturación anual de 9 mil millones de dólares, lo que equivale a una y media veces el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Con 60 años de existencia, ese grupo opera en el mercado nicaragüense como Empresa Hidroeléctrica Brito (Hidrobrito).
A la espera de la luz verde alegatos van y vienen desde ambos bandos, con proclamas ambientalistas como “réquiem por el río San Juan” o anuncios jubilosos como “Brito va viento en popa”.
El regreso del “Comandante Cero”
Roberto Fonseca
MANAGUA.- Luego de ausentarse de la escena pública y mediática durante un par de semanas, Edén Pastora, el Comandante Cero, reapareció el martes 16 en la capital nicaragüense para dialogar con un pequeño grupo de la universidad privada American College, acerca de las labores del dragado en el Río San Juan que él dirige por designación del presidente Daniel Ortega.
A sus 75 años, con el pelo totalmente blanco y enfundado en una chaqueta de cuero, el que fuera jefe guerrillero sandinista y luego de la Contra, muestra sus habilidades de showman. Lo mismo cuenta una anécdota divertida que levanta la voz y golpea el podio para acentuar su posición “patriótica y firme” ante el conflicto con Costa Rica. Este diferendo se inició de manera oficial el martes 2, cuando el gobierno de ese país acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para acusar a Nicaragua de invasor.
Según Pastora el problema entre Nicaragua y Costa Rica, países vecinos, no se originó por el dragado del Río San Juan ni por nuevas pretensiones limítrofes costarricenses, sino porque las fuerzas armadas de Nicaragua atacaron a una célula del narcotráfico internacional denominada Los Tarzanes presuntamente dirigida por el nicaragüense Agustín Reyes Aragón.
“¿Quién no sabe que fue una acción contra el narcotráfico lo que desató esta crisis? El ejército fue a quebrar una base de delincuentes, narcotraficantes y traficantes de armas en la finca Aragón, cien por ciento nicaragüense. Veinte toneladas de drogas se acumularon entre Costa Rica y Panamá porque no pudieron pasar a la finca. Por eso se resintieron todos los narcotraficantes de América Latina, Centroamérica y Panamá”, expuso Pastora.
Y detalló que en la finca Aragón las autoridades nicaragüenses decomisaron 70 barriles de gasolina, dos barriles de mezcla de aceite, tres lanchas rápidas, teléfonos satelitales y capturaron a seis indocumentados de origen hondureño, con antecedentes criminales.
Sin embargo, la versión de Pastora difiere del comunicado que difundieron las autoridades de Nicaragua para informar que los seis hondureños fueron capturados el pasado 1 de octubre en un sitio conocido como Punta de Piedra, a
Semanas después, el 23 de octubre, en conferencia de prensa conjunta, los mandos militares y policiales nicaragüenses difundieron que una célula de apoyo al narcotráfico conocida como Los Tarzanes estaba vinculada a los seis hondureños capturados días antes, mismos que huyeron hacia territorio de Costa Rica.
Tierra de nadie
A finales de octubre, el Ministerio Público presentó cargos contra Agustín Reyes Aragón, presunto jefe de la banda, a la que acusó de servir como base de apoyo a narcotraficantes internacionales para abastecerlos de combustible, recibir y almacenar drogas y conducir sus lanchas rápidas.
Aunque en la acusación se asienta que a Reyes Aragón la Policía Nacional le decomisó 49 fusiles y municiones, como no fue capturado se presume que en realidad no hubo cargos en su contra.
La costa marítima caribeña nicaragüense, desde la frontera con Honduras hasta la frontera con Costa Rica, abarca
En una investigación presentada en agosto último por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) titulada Una aproximación a la problemática de la criminalidad organizada en las comunidades del Caribe y de fronteras Nicaragua-Costa Rica-Panamá, se indica que en Nicaragua los narcotraficantes cuentan con la colaboración de comunidades ubicadas a lo largo de esa ruta de
En el caso de la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, el investigador del IEEPP Roberto Orozco planteó que sólo en la zona de Cárdenas, de apenas
Por otra parte, un exjefe policial antidrogas en retiro, que pidió no ser identificado, reconoce que esa zona del Río San Juan, que colinda con la parte sur del Caribe sur nicaragüense brinda facilidades para el narcotráfico, pero a la vez, le resta movilidad, ya que es una zona de difícil acceso fluvial.
“No sería una ruta para grandes cantidades, porque hay dificultad de desplazamiento en algunos tramos, así que podría estarse registrando trasiego en pequeñas cantidades. Si es tráfico internacional, hay rutas más favorables, como el mar Caribe o la ruta del Pacífico. Recordemos que entre más expedito llegue el embarque a su destino, hay más beneficio de cobrar el servicio de transportación”, dijo el exjefe antidrogas de la policia nicaragüense.
El excanciller Norman Caldera admite que, en el pasado, otras rutas del narcotráfico eran vigiladas por las autoridades y no descarta que la zona del Río San Juan esté cobrando importancia. “El combate al narcotráfico es un tema de siempre y se ha combatido en todas las zonas, tal vez ahora se ha intensificado el interés allí”, apunta.
–¿Pero esa zona (del Río San Juan) era objeto de preocupación de las autoridades estadunidenses, por ejemplo? –insiste el reportero.
–Tal vez se ha intensificado ahora… No podemos decir que es algo nuevo
–insiste Caldera.
En su discurso en el American College, Edén Pastora aseguró que se ejercerá la soberanía sobre el Río San Juan a través del dragado, al recuperar la navegabilidad en los últimos
“Tuve que esperar 47 años, para hacer realidad mi sueño de dragar el Río San Juan. Hasta que ganó este trompudo de Daniel, un sandinista, un nacionalista, un hombre que no se anda con paños tibios cuando se debe arrugar el entrecejo”, dijo Pastora, quien anunció que dos dragas entrarán en operación.
Para el dragado del río el Comandante Cero dispone de unos 5 millones de dólares provenientes de fondos venezolanos que por ser privados no estarán sujetos a normas de fiscalización y del buen uso de fondos estatales dictadas por la Contraloría General de la República. Al respecto, Pastora precisó que cuando fue jefe de la Contra manejó entre 200 y 300 millones de dólares, libre de papelitos y controles, y “no se me pegó nada en las manos”.
En un mensaje a la nación, rodeado de representantes de otros poderes del Estado, el presidente Daniel Ortega reiteró que Nicaragua continuará con el dragado del Río San Juan y que no retirará tampoco a las tropas nicaragüenses de las posiciones que ocupan actualmente. Apenas el pasado 12 de noviembre el Consejo Permanente de la OEA emitió una resolución en la que exhortó a Nicaragua y Costa Rica a retirar a las fuerzas militares y de seguridad para dar condiciones a un diálogo binacional l
Iniciativa México: de las políticas a la política
Alma Rosa Alva de la Selva
De atenerse a los dichos de las personalidades reunidas el domingo pasado en el Auditorio Nacional, como también a hechos varios que los preceden, los tiempos que vienen –y marcadamente el año entrante, antesala de las elecciones de 2012– serán de mayor claudicación de los poderes públicos ante la TV, en la que debiera ser la irrenunciable e imprescriptible responsabilidad estatal de dirigir la formulación de políticas públicas auténticas, ésas que surgen a partir del diagnóstico de la situación del país y con la deliberación y participación de la ciudadanía.
Comprobación del poder y la capacidad de convocatoria de las televisoras, como también de la necesidad de la clase política de congraciarse con ellas en los prematuros escenarios preelectorales, la “final” de Iniciativa México (IM) congregó a selectos integrantes de las instituciones del Estado, encabezados por Felipe Calderón –fueron invitados asimismo miembros del Poder Judicial y de las cámaras de Diputados y Senadores–. Pero además el cierre del programa fue, en tiempo triple A y aplausos de por medio, el espacio en el que se confirmó el pleno aval y la complacencia de la burocracia política para financiar con recursos públicos (y así lo anunció ahí el propio Felipe Calderón), duplicando el monto de los premios ofrecidos por el concurso, acciones de interés social surgidas desde la pantalla chica y no desde las instituciones de representación social en el país.
Más allá de las buenas intenciones de muchos de quienes, incluso movidos por la inacción estatal, presentaron proyectos y fueron convertidos en participantes de un programa de concurso cuya última ronda fue aprovechada para expresar reiterados cumplidos de los políticos a los dueños de los medios por poner su empeño “en el futuro del país” (mientras los dueños de Televisa y TV Azteca emitían recomendaciones al jefe del Ejecutivo como la de hacer cambios al “paquete económico”), el hecho es que Iniciativa México fue el espacio en el cual los poderes públicos cedieron a la TV una tarea que corresponde al Estado.
Por su parte, las televisoras buscaron aprovechar la oportunidad para difundir una imagen de comprometidas impulsoras de iniciativas ciudadanas y de trabajar por el desarrollo del país, aunque en el terreno de los hechos no se arredren, por ejemplo, en su objetivo de adjudicarse bienes de la nación como el espectro radioeléctrico a precio de ganga, o si se puede, sin pago alguno…
Así, IM (cuya segunda edición, con el apoyo del gobierno federal ya se anticipa) forma parte de los objetivos de las televisoras de sobreponer su agenda al poder institucional, así como al de pretender conseguir legitimidad, útil valor para sus fines de expansión económica y política. l
Acerca de El gran espía
Señor director:
Hago referencia al reportaje intitulado El gran espía, firmado por Jorge Carrasco A. y J. Jesús Esquivel en Proceso 1776, del 13 de noviembre pasado.
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desea aclarar que en México no existe ninguna “Oficina Binacional de Inteligencia”, como afirma Proceso.
Son erróneas las funciones que se le atribuyen, así como su integración y sus presuntos vínculos con agencias de inteligencia estadunidenses. Tampoco es correcta la afirmación de que existen oficinas “satélites” en Ciudad Juárez y Tijuana, así como que personal extranjero esté desarrollando funciones operativas que están reservadas a las autoridades mexicanas.
Como es del dominio público, el martes 31 de agosto de 2010 se inauguró la Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida (comunicado 267 de la SRE), donde se realizan exclusivamente consultas técnicas y se da seguimiento a la instrumentación de los programas de cooperación relacionados con las transferencias de equipo, tecnología y capacitación previstos en la propia iniciativa.
Asimismo, como se informó en su oportunidad, los funcionarios de ambos países que integran la Oficina Bilateral de Seguimiento no realizan ni labores de inteligencia ni operativas.
Por lo anterior, agradeceré la publicación de la presente.
Atentamente
Licenciado Rodrigo Brand De Lara
Director general de Comunicación Social
de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Respuesta de los reporteros
Señor director
La creación de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) fue anunciada en Washington el 25 de marzo de 2009 por la propia Casa Blanca.
El 31 de agosto pasado, un año y cinco meses después, el gobierno mexicano dio a conocer, sin mayores detalles, la apertura en México de la Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida.
La información de Washington, sin embargo, es más precisa: indica que esa oficina “se relacionará con los nueve servicios de inteligencia responsables de supervisar la aplicación de la Iniciativa Mérida”.
En su carta, la SRE dice que en México la Oficina Bilateral está enfocada a la transferencia de equipo, tecnología y capacitación, por lo que resulta sorprendente su afirmación de que los funcionarios de los dos países que trabajan en ella “no realizan labores de inteligencia”.
El propio Felipe Calderón aludió a la operación de esa oficina el pasado viernes 12, cuando informó a los televidentes de Estados Unidos que echó a andar un Comando Central de Inteligencia simulado en la Ciudad de México, donde tiene “todos los juguetes” para derrotar a la delincuencia. Éste, de acuerdo con el reportaje de Proceso, se ubica en el número 265 de Paseo de la Reforma.
El mando de inteligencia ha sido una de las peticiones de Washington en las negociaciones de la Iniciativa Mérida, por lo que fue necesaria la presencia de las nueve agencias estadunidenses mencionadas, pues es claro que los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos –civiles y militares– han actuado en forma separada.
Las oficinas “satélites” de la OBI que niega la SRE en Tijuana y Ciudad Juárez fueron anunciadas en marzo de este año por la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, cuando estuvo en México en compañía de Dennis Blair, en ese momento jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos y quien fue el impulsor de la Oficina Binacional de Inteligencia en México.
Más aún, el 24 de febrero de este mismo año, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, declaró a la prensa de los dos países que para esa fecha en Juárez ya operaban “consejeros estadunidenses” para intercambiar información de inteligencia con los servicios de inteligencia mexicanos.
Atentamente
Jorge Carrasco A. y J. Jesús Esquivel
Sobre La cirugía plástica, hacia el “monopolio gremial”
Señor director:
En Proceso 1741, del pasado 14 de marzo, se publicó el reportaje La cirugía plástica, hacia el “monopolio gremial”, donde se dio cuenta de que en la Cámara de Senadores fue promovida y aprobada una iniciativa que, pretendiendo modificar artículos de la Ley General de Salud, planteaba un claro monopolio de la práctica de la cirugía estética, plástica y reconstructiva, pues miles de cirujanos de otras especialidades que realizan estas operaciones ya no podrían hacerlas.
La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y adecuación, pero ante la gran preocupación que generó en los ámbitos público y privado de la medicina en México, una gran cantidad de cirujanos, en forma organizada y respetuosa, alzamos la voz para que los diputados de la LXI Legislatura consideraran las diversas opiniones sobre el gran error que se cometía.
Aunque el panorama inicial era desalentador, posteriormente los diputados demostraron una actitud democrática y convocaron a todos los involucrados: al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), a las academias Mexicana de Cirugía y Nacional de Medicina (órganos consultivos del gobierno mexicano), a representantes de las especialidades de dermatología, angiología y cirugías general, máxilofacial y plástica; igualmente, a otros de oftalmología, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, urología y autoridades de la UNAM. Con ellos, los legisladores realizaron reuniones de intenso trabajo en las instalaciones de San Lázaro.
Si señalamos los errores, debemos también reconocer los aciertos: en estas reuniones se realizó un trabajo muy valioso y, gracias a la intervención responsable de los diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Miguel Osuna Millán, se obtuvo un dictamen incluyente, objetivo y justo para todos los sectores.
El 29 de abril de 2010 se votó y aprobó la minuta en la Cámara de Diputados y fue regresada a la Cámara de Senadores. De manera que continúa este gran esfuerzo del gremio médico, que puede culminar sobrepasando las expectativas de quienes lo iniciaron, pues el consenso logrará detener a los charlatanes y, al mismo tiempo, sentará las bases de una práctica quirúrgica eficiente en un marco de competencia ética.
Sin embargo, nos queda un dejo de preocupación importante, ya que la iniciativa original, esa que fue total y completamente inadmisible para los médicos y la medicina mexicana, salió del Senado de la República, donde ahora, modificada por los diputados, será revisada o, tal vez –sólo tal vez–guardada en un cajón, es decir, congelada.
De ser así, el trabajo de varios meses que realizaron tanto diputados como médicos podría perderse o, peor aún, volver al principio con una propuesta de ley monopólica, excluyente y totalmente fuera de la realidad de la medicina académica y ética.
El trabajo de la Comisión de Salud del Senado, integrada entre otros por los senadores Ernesto Saro, Guillermo Tamborrel y Socorro García (autora del engendro), deberá estar a la altura, cuando menos en lo que a ejercicio democrático se refiere, incluyendo y escuchando a todas las partes.
Sólo así podrán actuar con gran responsabilidad social y lograr lo que todos buscamos: una ley que identifique claramente quién, cuándo y dónde pueden practicarse los tratamientos, procedimientos o cirugías cosméticas-estéticas que alejen a los charlatanes y oportunistas que tanto dañan a nuestra sociedad en esta sensible área de la salud estética.
Atentamente
Doctores Guillermo Alatorre Sánchez
de la Barquera y Ricardo Torres Vasconcelos
(otorrinolaringólogos)
En torno a los “pastelitos de mariguana” ingeridos en el Cnar
Señor director:
Por muchos años mi familia y yo hemos sido fieles lectores de Proceso, revista que siempre nos ha parecido objetiva y apegada a la verdad (la única en estos tiempos).
Por eso nos atrevemos a pedirle publicar nuestra opinión sobre el reportaje titulado En el Cnar, pastelitos de mariguana –de la reportera Beatriz Pereyra–, y sobre el mismo Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar).
Tras aclarar que nuestra familia no tiene ningún nexo con el personal administrativo de esa institución ni con la Conade, puntualizamos que nuestra hija se ganó el derecho de estar en el Cnar por sus resultados en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil (medalla de oro en 2010).
Cuando evaluamos los pros y contras de mandar a nuestra hija de 13 años al Cnar, puesto que somos del estado de Durango, consideramos sobre todo el hecho de que recibiría un entrenamiento de primer nivel en instalaciones de primer mundo.
Nosotros no viajamos a la Ciudad de México seguido. Sin embargo, estamos al pendiente y en comunicación diaria con ella: sabemos cómo entrena, lo que come y lo que estudia, quiénes son sus amigos y qué actividades recreativas les programan.
Sabemos que, conforme al reglamento interno que todos los padres de familia firmamos (www.cnar.gob.mx), existe en los accesos del Cnar un sistema de seguridad para evitar que los atletas ingresen alimentos, y que se revisan tanto maletas como bolsillos al efecto, aunque somos conscientes de que los chicos, como personas inteligentes e inquietas, siempre buscan la manera de burlar dicha vigilancia pese a que pueden ser sancionados, conforme a los artículos 46 y 80.
Todos los atletas internos tienen un seguro de gastos médicos que les da derecho a recibir atención médica en hospitales privados (artículo 16, fracción VI, y artículo 66).
El castigo que se impuso al atleta Alan Norberto Rivera Vázquez, quien de acuerdo con el reportaje fue responsable de la anomalía referida, es el correcto, conforme al artículo 80, fracción III, inciso d), del reglamento.
Analizando esta penosa y triste situación, nosotros nos preguntamos lo siguiente:
¿Están realmente los padres de familia pendientes de sus hijos internos? ¿Han leído el reglamento? Y en este caso, ¿tienen conocimiento de la manera de proceder del Cnar y no están de acuerdo? ¿Por qué tienen a sus hijos allí? ¿En verdad les interesa la formación deportiva de sus hijos o sólo buscan a quién endosar la responsabilidad que como padres de familia tienen?
A pesar de que el Cnar se preocupa por el tema, no tiene como objetivo la formación moral y social de los atletas –esa sigue siendo responsabilidad de los padres de familia–; su finalidad es netamente deportiva. Se trata de una instalación de primer nivel a la que los atletas en formación de este país pueden tener acceso.
Creemos que este centro es uno de los mejores aciertos a nivel deportivo de la Conade. Sin embargo, vemos con tristeza que aunque las instalaciones existen y tienen el personal capacitado para el entrenamiento de alto rendimiento, no existen los mecanismos necesarios para hacer que los atletas potenciales lleguen a él; no hay una buena promoción a escala nacional que motive e incentive a los atletas y padres a mandar a sus hijos; no se produce el apoyo gubernamental para que, una vez detectado el joven con talento deportivo, si éste estuviera imposibilitado económicamente para presentarse, se le ayudara a llegar.
Aunado a lo anterior, hay personas con poco criterio que golpetean y se quejan constantemente intentando cerrar el centro, lo que sería un grave error.
El Cnar debería ser aprovechado por los atletas potenciales de toda la República, pero al no llegar quienes deben hacerlo, el gobierno cree no tener otra opción que rellenarlo con muchachos que no cubren los requisitos o que sólo buscan tener educación, entrenamiento y comida gratis.
En conclusión, como mexicanos preocupados por el futuro de nuestros hijos, nos sentimos orgullosos de tener en nuestro país instalaciones deportivas como las del Cnar.
Atentamente
Ingeniero Assenneth Santiago Martínez
Reclama que Banamex deje de abrumarlo con llamadas indebidas
Señor director:
Tras felicitar a usted y a todos los que trabajan en esa prestigiada revista en su aniversario, solicito la publicación de la siguiente carta que, sin resultados, dirigí a varios funcionarios de Banamex, incluyendo la oficina de prensa de esa institución.
Busco al funcionario de Banamex al que pueda dirigirme para solicitar su intervención a fin de que cesen las llamadas que hacen a mi número telefónico (55-46- 07-96) ejecutivos de la Unidad de Apoyo Banamex, hasta 10 veces al día, iniciando invariablemente a las 6:00 de la mañana, en busca de un tal Arturo Contreras, por un asunto relacionado con una tarjeta.
He hecho saber a las numerosas personas que me llaman que mi número telefónico fue contratado desde julio de 2002, que no conozco a la persona que buscan y que no tengo adeudo alguno con Banamex. Sólo el domingo 14 de noviembre se lo hice saber a 10 personas, una de las cuales dijo llamarse Alberto Mosqueda Vázquez y llamó a las 6:00 horas; a Enrique Sendo, quien llamó a las 8:00; a Antonio Sumaya, a las 11:00; a Enrique Sandoval, a las 13:45; a Fabiola Hernández, a las 15:23; a Fabiola Feria, a las 17:30; a Fanny Delgado, a las 18:36; a David Barba, a las 19:36; a Hamdam Benítez, a las 21:19, y a Enrique Martínez, quien llamó a las 22:30 horas.
Todos ellos insistieron en que yo conocía al señor Arturo Contreras y que lo estaba negando. Solicité me comunicaran con algún supervisor, pero argumentaron que por ser domingo no se encontraba ninguno que pudiera atender la queja. Solicité algún número telefónico y sólo Fabiola Delgado me dio el 22-62-64-75.
Al llamar, “alguien” contestó diciendo que ¡debía dirigirme a la sucursal donde tenían el adeudo!, y me dio un número falso: el 01/800/02-12-345.
He insistido a todos esos “ejecutivos” que estoy dispuesto a presentar toda la documentación necesaria a fin de identificarme plenamente ante la institución bancaria. Sólo afirman que reportarán la anomalía, pero las llamadas continúan.
En ocasiones las llamadas las hacen personas muy agresivas, que amenazan con proseguirlas hasta que los comunique con el tal Arturo Contreras. Pensé que ya habían parado, pues durante más de tres meses no habían vuelto a llamar después de haberlo hecho durante los primeros seis meses del año, pero hace dos meses volvieron a la carga. Inútil ha sido también llamar a las dependencias gubernamentales para detener el abuso.
Debo comentar que no me explico cómo una institución como Banamex pueda tener sistemas de cobro tan burdos, y lo peor: ¿Cómo autorizaron un crédito a una persona que dio datos falsos?
Así, después de más de siete meses de molestas e impertinentes llamadas diarias de los “ejecutivos” de la “Unidad de Apoyo Banamex”, sólo resalta una palabra: estupidez.
Aclaro que si no logro hacer contacto con algún funcionario de ese banco con la suficiente autoridad, desde hoy indagaré con todos los medios a mi alcance, para demandar a esa institución y a cada uno de los que han llamado, sobre todo por el acoso y los insultos de los “ejecutivos”, así como por el costo de las llamadas a mi celular, al cual enlazo la línea telefónica cuando salgo de mi domicilio.
El día en que concluyo la presente carta, a las 20:34 horas, ya iban 12 llamadas. Tengo grabadas las últimas cuatro. (Adjunto el recibo del mes de octubre de 2002 y el de octubre del presente año para comprobar la antigüedad del servicio telefónico.)
Atentamente
Raúl Hernández Rivera
director@elbarlovento.com.mx
La revolución necesaria
john m. ackerman
“I think you have to be crazy to be a revolutionary in a country like Mexico today”, exclamó en 2001 el recién estrenado secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de la alternancia, Jorge Castañeda Gutman. Poco antes, en noviembre de 2000, el mismo Vicente Fox se atrevió a declarar que por su cuenta corría que para el final de su sexenio en lugar de celebrar la Revolución el 20 de noviembre los mexicanos celebraríamos la culminación del Plan Puebla-Panamá. Felipe Calderón también ha sido explícito en su intención de priorizar este año el legado de la Independencia por encima del de la Revolución, y de enaltecer el papel de la Iglesia y las Fuerzas Armadas por encima de la movilización ciudadana en la construcción histórica del país.
Todavía hoy, Castañeda, junto con Héctor Aguilar Camín y un grupo de intelectuales muy cercanos al poder, mantienen incólume su férrea intolerancia antirrevolucionaria. “México es preso de su historia”, afirman estos dos autores en su texto Un futuro para México, y precisan: “ideas, sentimientos e intereses heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus ciudadanos. La historia acumulada en la cabeza y en los sentimientos de la nación –en sus leyes, en sus instituciones, en sus hábitos y fantasías– obstruye su camino al futuro”. La Iniciativa México no ha hecho más que retomar esta misma idea cuando Javier Aguirre y otras figuras públicas llaman a “enterrar el México de los complejos y alumbrar el México de hombres y mujeres seguros de sí mismos”.
José Woldenberg también se suma resuelto a la comunidad de críticos de los “revolucionarios” cuando, en la celebración de los 20 años del Instituto Federal Electoral (IFE), dice que solamente “muy pequeños grupos y expresiones excéntricas” no comparten el “acuerdo profundo” de que “sólo la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas es y puede ser la fuente de legitimidad de los gobiernos”. Hay que reconocer que para el exconsejero presidente del IFE los revolucionarios de hoy no serían una bola de “locos” (Castañeda dixit), sino simplemente unos “excéntricos” o “weirdos”.
La realidad, sin embargo, desmiente los anhelos supuestamente “modernizadores” de intelectuales, políticos y poderes fácticos. Hoy, el espíritu revolucionario se mantiene más vivo que nunca en el país. El periódico Reforma recientemente dio a conocer que 64% de la población siente “mucho orgullo” por la Revolución Mexicana. Es más, hasta encuestadores como Ulises Beltrán, quien trabajó en Los Pinos con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, han tenido que reconocer que millones de mexicanos manifiestan que una nueva revolución no es solamente posible, sino necesaria.
Una encuesta de BGC, Beltrán y Asociados, publicada el 20 de septiembre en el periódico Excélsior, llega a una conclusión estremecedora: 14% de los encuestados afirman que no creen que “las condiciones de desigualdad y pobreza puedan resolverse actualmente poco a poco y de forma pacífica”, sino que “sólo se darán con un nuevo enfrentamiento armado entre los mexicanos, como ocurrió en la Independencia y la Revolución”. Probablemente ese porcentaje podría alcanzar niveles mucho más altos en la población en general, ya que la encuesta se realizó por teléfono y únicamente recogió las opiniones de los ciudadanos con mayores ingresos y escolaridad.
Hoy somos aproximadamente 110 millones de mexicanos. El 14% por ciento de la población equivaldría a 15.4 millones de personas, y ello representa más de los 15 millones de votos que Felipe Calderón habría recibido en las controvertidas elecciones presidenciales de 2006. Aún si restáramos a los menores de edad por no formar parte del universo de encuestados, todavía tendríamos una masa crítica de por lo menos unos 10 millones de revolucionarios adultos hoy en México. Independientemente de lo que uno pudiera opinar sobre estos datos, resulta muy irresponsable simplemente ignorar la realidad y descalificar a estos compatriotas como “locos” o “excéntricos”.
Ahora bien, la existencia de tantos mexicanos que consideran que la vía armada sería la única forma de resolver la desigualdad y la pobreza que aquejan al país no debe ser vista como un reflejo de una cultura política “atrasada”, sino como la consecuencia directa del claro fracaso de los gobiernos de la alternancia para resolver los problemas más urgentes de la población. Una gran cantidad de mexicanos están hartos del constante abuso de autoridad, del estancamiento económico y de la franca ineficacia gubernamental. Estos mexicanos se hallan convencidos de que la clase política actual está más preocupada por asegurar el siguiente cargo y cuidar sus propios intereses que por lograr el desarrollo nacional.
Muchos entonces han llegado a la conclusión de que continuar por esta peligrosa senda eventualmente se nos podría arrojar al abismo de un golpe de Estado, una intervención extranjera o una guerra civil. En lugar de seguir de frente hacia este callejón sin salida, los nuevos revolucionarios piensan que habría que abonar a la construcción de claras alternativas sociales y políticas para cambiar de rumbo el país.
Afortunadamente, la vía armada está totalmente cancelada en los hechos. Por mucho que 10 o 15 millones de personas estuvieran convencidas de la necesidad de tomar las armas, esta estrategia estaría destinada al fracaso ante el poderío militar del gobierno y los narcotraficantes, así como el intervencionismo estadunidense cada día más pronunciado. Sin embargo, un gran levantamiento cívico, una resistencia civil pacífica generalizada y desde las bases, de ninguna manera estaría fuera de lugar. De hecho, ese puede ser el único camino que nos queda disponible para empezar a reconstruir nuestra dolida y saqueada nación. Otra revolución, esta vez pacífica y civil, es efectivamente necesaria. l
www.johnackerman.blogspot.com
twitter: @JohnMAckerman
Victoriano Huerta, el traidor sobreviviente
Miguel Ángel Granados Chapa
Si Victoriano Huerta y su red de secuaces pensaron que la historia los absolvería, se equivocaron. Sus nombres han sido y seguirán ligados a la más baja actitud en el espectro cristiano de la existencia: la traición.”
Tal dijo Enrique Krauze –Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010 en el campo de la historia– hace 17 años, con motivo del octogésimo aniversario del asesinato de Madero, a manos de los esbirros de la fiera de Colotlán. Asombrado, he visto cómo el equivocado fue Krauze. Huerta es admirado, “mucho” o “algo”, por 41% de los entrevistados en una encuesta levantada en vísperas de celebrar el centenario del comienzo de la Revolución.
El Grupo Reforma –que publica el diario de ese nombre en la Ciudad de México, así como El Norte, en Monterrey, y Mural en Guadalajara– realizó ese sondeo por el 5 y 6 de noviembre. “Los resultados son representativos de los adultos que tienen una línea telefónica en su domicilio”, se explica en la nota metodológica. No sorprende que los protagonistas de la Revolución más admirados sean Zapata y Villa, por encima de Madero. Me dejó estupefacto, en cambio, que un porcentaje tan alto –cuatro de cada 10– admiren al traidor de febrero de 1913, si bien esa cifra es menor que la de los encuestados que lo execran, que llega al 46%.
Quizá aferrado en exceso a mi subjetividad, me parece que es necesario explicarnos lo que juzgo una anomalía, que lo es no condenar de modo unánime a ese chacal. Ese error moral puede deberse a ignorancia, es decir, a no saber quién fue Huerta, qué hizo y a quién. También podría ocurrir que ese resultado sea producto de la confusión, y que la gente que dijo admirar a Victoriano Huerta haya creído opinar en favor de Adolfo de la Huerta, el sonorense que rompió con Obregón, su amigo y jefe, 10 años después de la felonía del jalisciense.
Sería más sorprendente, sin embargo, que la admiración por Huerta proviniera de la información de que dispone el grueso de la sociedad, una información que trate con lenidad al asesino de Madero. En refuerzo de esa hipótesis recuerdo la normalidad con que el secretario de Gobernación Carlos Abascal ordenó incluir al traidor en la galería de sus antecesores, como si hubiera ocupado ese cargo en circunstancias normales, que no fueran producto de un forzamiento militar. En esa misma línea de la interpretación panista de la historia, encuentro natural el modo benevolente en que la página oficial del centenario de la Revolución, el sitio del gobierno de la República presenta la ficha biográfica de Huerta.
Afirma que participó “en la pacificación de Yucatán en
Taimado, Huerta había transitado de su condición de alto comandante del Ejército federal a ganar la confianza de Madero. Cuando el 9 de febrero de 1913 se inició lo que pretendía ser la contrarrevolución, la restauración del antiguo régimen con Bernardo Reyes a la cabeza, en el ataque de un batallón de la escuela de aspirantes al Palacio Nacional el defensor del baluarte, el fiel general Lauro Villar, fue herido, por lo que se hizo necesario reemplazarlo. Para ello, según refiere Vasconcelos en su Ulises criollo, Madero aprovechó “el ofrecimiento que en ese instante hizo de su espada el general Victoriano Huerta. De momento se había convertido así en el jefe militar del país”.
Impedidos de tomar la sede del gobierno, a la que llegó Madero para simbolizar que estaba en pleno ejercicio del poder, los rebeldes encabezados por el sobrino de su tío, Félix Díaz, y por el también traidor general Manuel Mondragón, se hicieron fuertes en la Ciudadela. Desde allí atacaron el Palacio Nacional. Huerta no combatió con toda su fuerza a los alzados: “Aun para los que no estaban acostumbrados a observar el desarrollo de una acción militar –reflexionó el después general Francisco L. Urquizo–, la batalla por la recuperación de la Ciudadela ya estaba resultando un tanto rara, extraña, fuera de lo que era natural que de ella se esperara, sobre todo si se tomaban en cuenta las declaraciones que reiteradamente había hecho el comandante militar de la plaza y jefe de las operaciones en la ciudad, general Victoriano Huerta, quien había asegurado una y otra vez, ante quien quiso oírlo, que tomar posesión de la Ciudadela y acabar con sus defensores era una operación sumamente sencilla y que no entrañaba ningún peligro de fracaso”.
Semejante extrañeza manifestó Vasconcelos mientras los sucesos ocurrían: “¿Por qué, pregunté dirigiéndome al ministro de Guerra tras uno de esos disparos, por qué los sublevados tienen tan buena puntería y en cambio los nuestros nunca le pegan a la Ciudadela? ¿Por qué no asaltan y acaban en dos horas con ese manojo de ratas?, insistí. Es una vergüenza que 400 hombres tengan en jaque a toda la nación que está en paz y apoya al gobierno”.
Era que la traición estaba en curso. El historiador Stanley R. Ross fija su consumación a pocas horas después de iniciada la Decena Trágica, como se llamó al tenso e intenso periodo del 9 al 22 de febrero: “El martes
Alfonso Taracena retrata, como si hubiera estado presente, la dimensión del fingimiento del traidor ya en obra: “Un armisticio concertado al amanecer es roto a las 2.00 de la tarde, debido a que no se llega a un acuerdo para la introducción de víveres en la Ciudadela, si bien Huerta dice a Madero que debían enviar a los sublevados hasta mujeres y licores para que cuando la fortaleza caiga no quede uno de ellos en toda la ciudad. Y levanta al presidente diciéndole: ‘Está usted en brazos del general Victoriano Huerta’”.
El 18 de febrero se precipitan los acontecimientos. Huerta se descara y arresta personalmente a Gustavo A. Madero, hermano del presidente, conocido por su influencia sobre don Francisco, y a éste mismo, en el Palacio Nacional. Para garantizar la paz según su modo de entenderla, el embajador estadunidense Henry Lane Wilson reúne en su oficina al rebelde Díaz y al infidente Huerta. El acuerdo entre ambos estaba siendo puntualmente cumplido, pero el diplomático metiche quiso ser parte y beneficiario del convenio. Allí se firmó el Pacto de la Embajada, según el cual Huerta asumiría la Presidencia y convocaría a elecciones que ganaría el sobrino del dictador huido a Francia; los intereses estadunidenses quedarían bien preservados en uno y otro caso.
El 19 de febrero Madero y el vicepresidente Pino Suárez, prisioneros en Palacio, son obligados a renunciar. Una Cámara entre timorata y temerosa acepta las dimisiones. El secretario de Gobernación, Pedro Lascuráin, suple a los renunciantes durante 45 minutos, suficientes para nombrar secretario de Gobernación a Huerta, que ha urdido toda la trama. Lascuráin se retira y Huerta es presidente. Que los reaccionarios en 1913 y en 2010 lo llamen “interino” no lo libra de su verdadero carácter de espurio.
Su felonía irá aún más lejos. Huerta mismo y el embajador de Washington engañan al cuerpo diplomático y a la familia de Madero, a quienes aseguran que el expresidente podrá salir al exilio. En vez de eso, Huerta ordena el traslado de sus eminentes prisioneros a Lecumberri. Y en el camino, los matones Cárdenas y Pimienta, a las órdenes de Aureliano Blanquet, un feroz traidor casi a la altura de Huerta y acatando instrucciones del espurio, asesinan al presidente y al vicepresidente. Como ocurre en 2010, se simula un tiroteo, y se informa que Madero y Pino Suárez fueron víctimas del fuego cruzado entre sus custodios y una banda que pretendió rescatarlos. Un daño lateral, pues.
Huerta se rodea de gente “decente” que no vacila en servir a un asesino, a quien en vez de vituperar se ensalza por haber salvado a México del peligro que era Madero para el país. En los siguientes meses, el espurio se portó como quien era: “En la persecución a los opositores a su gobierno destacó el asesinato del senador Belisario Domínguez y de los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gorrión, así como el encarcelamiento de los integrantes de la legislatura, con el fin de elegir otra que aprobara todas sus medidas”, escribe el doctor Álvaro Matute en la muy sintética visión de esta época aparecida en la Historia de México, un volumen coordinado por la doctora Gisela von Wobeser, directora de la Academia Mexicana de la Historia con que el gobierno de Calderón festejó los centenarios.
“Huerta –continúa– se enfrentó al problema de que a pocos días de tomar el poder hubo cambio en el gobierno de Estados Unidos. El nuevo presidente Wodrow Wilson no aprobó la manera mediante la cual Huerta había llegado al poder y no le otorgó reconocimiento diplomático. Más adelante, ya en 1914, un incidente naval en Tampico, donde fue atacado un barco de Estados Unidos, propició el desembarco de tropas de ese país en Veracruz. Así, el gobierno de Huerta tenía que atacar varios frentes: la intervención, el Ejército Constitucionalista que avanzaba del norte al centro del país, y los zapatistas en el sur.”
Tras sucesivas derrotas militares, Huerta tuvo que renunciar el 15 de julio de 1914 y huyó del país. Pretendió volver año y medio después, y se radicó en El Paso, en una finca de su propiedad. Pero por burlar la ley migratoria (y hacer un guiño de buena voluntad al triunfante carrancismo) fue llevado preso a Fort Bliss. Allí murió víctima de cirrosis hepática. El salvaje bebedor que fue sucumbió al alcohol el 13 de enero de 1916.
En noviembre de 2010, vísperas del centenario de la Revolución que combatió, su recuerdo sobrevive, no sólo para su mal, pues sorprendentemente hay mexicanos que lo admiran.
Qué le vamos a hacer. l
Tiranosaurio mex
DENISE DRESSER
¿En qué se parece la Suprema Corte a uno de los dinosaurios más grandes del mundo? ¿Por qué compararlos, si la Corte tiene su sede en la calle de Pino Suárez y el tiranosaurio habitó la parte occidental de Estados Unidos hace 65 millones de años? ¿Hay alguna afinidad entre una institución que imparte justicia y un reptil del Periodo Cretácico? Las similitudes no son obvias hasta que uno lee el documento elaborado por dos investigadores del CIDE –Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni– y titulado: ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?”. Y allí en blanco y negro se percibe el parecido: la Corte, como el tiranosaurio, es un enorme depredador. Un carnívoro hambriento. Un espécimen que devora recursos de la ciudadanía como los dinosaurios devoraban las aves de su era.
El argumento detrás de esa enormidad es el deseo de asegurar la independencia y la autonomía del máximo tribunal. Antes de la reforma emprendida por Ernesto Zedillo en 1994, la Suprema Corte era una entidad sumisa, doblegada, guardián de los deseos del Poder Ejecutivo. No tenía el tamaño o el peso suficientes para ser considerada uno de los depredadores más feroces; ni a hadrosaurio llegaba. Pero a partir del parteaguas que el presidente impulsó, la Corte comenzó a cambiar en aras de convertirse en un árbitro jurídico creíble y aceptable. Esa tarea incluyó una serie de políticas diseñadas para asegurar su independencia: que los ministros duraran 15 años en el cargo, que sus sueldos no pudieran ser reducidos, que cuando se retiraran tendrían derecho a una pensión vitalicia, que la institución podía elaborar su propio presupuesto para que se incluyera –sin cambios– en el Presupuesto de Egresos, y que el presidente de la Corte tenía la facultad de administrar esos recursos como quisiera.
Y allí está el resultado casi 20 años después: una Corte independiente pero cara, autónoma pero rapaz. La independencia no ha asegurado el buen uso de los recursos. Más bien ha transformado a la Corte en un carnívoro constante que se alimenta a sí misma de forma ineficiente, irracional e ineficaz. En lugar de evolucionar y transformarse en pájaro, la Suprema Corte tan sólo prosiguió con las mismas prácticas del Pleistoceno priista. Y así, mordida tras mordida del presupuesto público, ha llegado a ser la Corte más cara del mundo, sin ser la más productiva o la más generadora de confianza ciudadana. Así como hay 30 especímenes de tiranosuarios rex, en México la Corte despliega un gran número de prácticas asociadas con su conversión en tiranosaurio mex.
Desde el 2003, el presupuesto asignado a la Suprema Corte ha aumentado. En 2009, la Corte gastó entre 40 y 90% más que los Poderes Judiciales en los estados. Hoy la SCJN gasta mucho más que otros tribunales prestigiados en el mundo. La Suprema Corte de Estados Unidos aplica el 37% de lo que ejerce la mexicana. La de Canadá gasta el 15.2% de lo que eroga la nuestra. El Tribunal Constitucional de España usa sólo el 14.4% de los recursos que se embolsa anualmente el de México. Y a pesar de que la SCJN gasta tanto, no es la más productiva. El tribunal constitucional de Perú resuelve 37% más asuntos que nuestra Corte, pero con un presupuesto equivalente a 3% del ejercido por nuestro máximo tribunal.
Y llegamos hasta aquí con una Suprema Corte cara y comparativamente improductiva porque ha seguido las prácticas del viejo régimen, las reglas del juego de la era priista que convirtieron la función pública en una fórmula para la distribución del botín. Para la contratación de familiares. Para la creación de empleos. Para el otorgamiento de favores. Para la institucionalización del patronazgo. Por ello nuestra Corte, con sus 3 mil 116 funcionarios, tiene casi siete veces más personal que la Suprema Corte estadunidense y 45 veces más que el Tribunal Constitucional de Chile. Peor aún: de esas 3 mil 116 plazas, el 75% son para funciones de carácter administrativo y sólo el 25% sirven en funciones sustantivas o jurisdiccionales. La Corte mexicana dispone de 108 secretarios de estudio y cuenta. Pues resulta que el Tribunal Constitucional Español tiene sólo 54 plazas similares, pero con la mitad del número que emplea la nuestra resolvió más casos en el 2009. Nuestro tribunal supremo es tan grande, pesado y aletargado como los fósiles de sus contrapartes dinosáuricas.
¿Y en qué gastan tanto? Pues cada uno de los ministros gana 347 mil pesos netos al mes, más que el presidente de la República, quien percibe 152 mil pesos netos. Gastan más en los sueldos que se otorgan que los ministros en Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Colombia y Perú. Gastan en pensiones vitalicias que van de 150 mil a 225 mil pesos mensuales. Gastan en seguros de gastos médicos mayores, por los cuales el máximo tribunal eroga de 10 mil a 100 mil pesos anuales por cada ministro, incluyendo a los ya retirados. Gastan una suma diaria de 33 mil 766 pesos presupuestada para alimentos por ministro. Gastan en viáticos para viajes nacionales e internacionales la cantidad de 19 millones 148 mil 457 pesos, que diariamente serían 54 mil 115 pesos por persona. Gastan porque pueden hacerlo.
Los ministros, lamentablemente, habitan ese país paralelo distinto al de la mayor parte de los ciudadanos. En esa otra realidad pueden ser los reyes mejor alimentados, los sultanes más apapachados, los dinosaurios más engordados. Desde su posición privilegiada no tienen que predicar con el ejemplo, dejar de autoasignarse prestaciones excesivas o injustificables, valorar la ética pública o afianzar la confianza ciudadana. Ante los escandalosos datos revelados por el CIDE han respondido con el silencio o la ofuscación. Quizás creen en el viejo dicho que se usa para justificar los sueldos altos: “si pagas cacahuates, obtendrás monos”. El problema no es que hayamos creado monos, pero sí hemos concebido un dinosaurio insaciable. Tenemos una Corte muy cara, mal administrada, con una burocracia demasiado amplia y con sueldos y prestaciones excesivas para los altos cargos. Un tiranosaurio mex que se nutre del erario y de los impuestos pagados por millones de ciudadanos. l
Cápsulas del tiempo educativo
Axel Didriksson
Cuando despertó, pudo ubicar la calle y el lugar desde donde había realizado su transmutación temporal. Habían pasado más de 50 o 60 años, y tan pronto tuvo noción de su realidad circundante, pudo percatarse de los grandes cambios que habían ocurrido. Comenzó a caminar y todo le pareció novedoso, desconocido y hasta extravagante: las personas, sus vestidos, sus exagerados aditamentos, sus máquinas pegadas al cuerpo, los objetos con los que hablaban y los vehículos en que se transportaban.
Cuando encontró una escuela, su desconcierto fue grande, porque observó a un maestro y a un grupo de alumnos hablando de temas de una manera idéntica a la experimentada por él en su juventud, en posiciones o posturas similares. Pudo así constatar que todo había cambiado, menos lo que pasaba en la escuela.
Se trata de un cuento que muchos conocen, pero que muestra el arraigo que tiene --como chiste y como tragedia-- el modelo que se reproduce sin ton ni son en la escuela mexicana, en todos sus ámbitos y niveles. Con los resultados tan pobres y mediocres en materia de saberes, cultura y aprendizajes, el sistema educativo mexicano no ha propiciado ningún cambio trascendente, ninguna reforma sustancial durante las décadas transcurridas en la vida de ese mutante imaginario.
También viene a cuento el cuento porque se puso de moda, con los festejos de los centenarios, la hechura de cápsulas del tiempo en las instituciones educativas y en la SEP, en donde se están guardando las buenas y mejores intenciones e ideas para las generaciones futuras, menos la de que el sistema educativo será distinto en lo que se aprende y se conoce.
Los legisladores han aprobado (como lo han hecho antes otros, y así ocurrirá, sin ninguna duda, en lo que durará la actual legislatura) un presupuesto que da continuidad y refuerza lo peor de las condiciones con las que trabaja el sistema educativo. No pudieron, o ni siquiera imaginaron, que debían orientar recursos a cambiar o mejorar lo sustancial de lo educativo; tampoco se propusieron frenar el despilfarro que existe y que va directo a las arcas de los gobernadores, de los titulares de instituciones de educación en todos los niveles, o de los operadores del SNTE y del PANAL que sacarán de allí lo que quieran para las campañas políticas del 2011 y las preparatorias del 2012, en beneficio también de sus próximos y seguros aliados de todos los partidos.
De los casi 13 mil millones de pesos que se destinarán al sector educativo, la reasignación y ampliación de los recursos se dirigieron sobre todo: a) a la UNAM, aunque no a las restantes instituciones de educación superior federales ni estatales; b) al manejo a discreción de los gobernadores y de la dirección del SNTE por la vía del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); la ampliación de lo presupuestado fue de mil millones de pesos), ante la falta de reglas de operación efectiva para su funcionamiento; y c) a equilibrar algunos desatinos flagrantes que había cometido el Ejecutivo federal en contra de programas tan elementales como los de educación básica para migrantes, desarrollo infantil, creación de plazas o escuelas de tiempo completo. Pero las ampliaciones al respecto fueron migajas, en lo general.
En términos presupuestales, no se hizo nada nuevo para superar la mediocridad en los aprendizajes dentro de la educación básica, para mejorar la relación educación-salud, procurar la educación permanente de la población adulta, elevar los niveles de acceso y escolarización de la población más pobre, superar las enormes iniquidades entre zonas territoriales y estados de la República, impulsar la producción del conocimiento y la investigación para la innovación social y productiva, así como la interculturalidad, el pensamiento crítico, las habilidades del lenguaje, etcétera, que nos permitan afrontar tanto la marginalidad educativa de las poblaciones indígenas como los bajísimos niveles de conocimientos en matemáticas y ciencias, o bien, atacar la baja calidad de la docencia y de la administración de los servicios educativos.
Con todo y los buenos deseos de las cápsulas de tiempo que se han sembrado, si la educación de los mexicanos no mejora, será muy difícil que las nuevas generaciones encuentren satisfacción por lo alcanzado en las próximas décadas, porque mucho habrá cambiado, sin ninguna duda, pero no lo importante. l
Revolucionarias
Judith Amador Tello
Sugerencias de fin de semana elaboradas por las secciones de Cultura y Espectáculos de la revista Proceso.
Este sábado a través del Canal 22 se estrena la primer temporada de la serie Revolucionarias. Una investigación que aborda la biografías de cuatro destacadas mujeres heroínas, y desconocidas de Revolución: Sara Pérez Romero de Madero, Hermila Galindo Acosta, Elena Arizmendi y Carmen Serdán Alatriste. Sintonice el Canal 22 este sábado a las 22 horas para ver el primero de cuatro capítulos con duración de media hora.
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Documental de la Revolución
El documental Cámara Casasola. La lente que formó nuestra imagen de la Revolución, un recuento sobre la Revolución Mexicana a través de las imágenes del Archivo Casasola, realizado por el documentalista Carlos Rodrigo Montes de Oca, se presenta este viernes, a un par de días del centenario de la gesta histórica, en el Faro Indios Verdes y la Sala Isabel y Ricardo Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (17:00 horas); en el Museo Casa Carranza el viernes 19 y sábado 20 de noviembre (20:00 horas), y el 8 de diciembre en el Centro Cultural Ollin Yoliztli (16:00 horas). Para mayor información sobre la programación se puede consultar la página http://camaracasasola.blogspot.com.
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“Horizontes plegables”
Ese es el título de la muestra que reúne objetos y obras realizadas en papel japonés de Patricia Álvarez en la Galería del Centro Cultural Ollin Yolitzin, donde se devela un universo poético en el cual la palabra y las imágenes tejen diferentes propuestas plásticas. Al entrar a la sala de exhibición se impone un ambiente silencioso, ya que desde el principio el espectador se encuentra con propuestas delicadas y sutiles, realizadas a base del blanco y sus diferentes matices; las intervenciones gráficas han sido realizados con palabras, patrones, líneas finas, collage y fragmentos geográficos. La galería está en Periférico Sur 5141. Col. Isidro Fabela, Delegación Tlalpan, México D.F.
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Venta Nocturna de El Sótano
La cadena de librerías El Sótano festejará su 43 aniversario con una venta nocturna en sus 11 sucursales este sábado 20 y domingo 21 con diversas actividades, tales como presentaciones de libros, cine y actividades para niños. El sábado
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Coyoacán en el centenario de la revolución
La Delegación Coyoacán celebra el centenario de la Revolución Mexicana con el programa A 100 Años de la Revolución Mexicana, durante este fin de semana. El sábado 20 de noviembre desde las 14:00 horas habrá talleres y juegos populares, a las 18:00 horas un espectáculo de cabaret sobre ruedas, y a las 20:00 la presentación del concierto “Revolución” con Lila Downs y Lo Blondo, en el Jardín Hidalgo, del Centro Histórico de Coyoacán.
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Celebración del centenario en domingo
El domingo 21 de noviembre, en el mismo Jardín Hidalgo de Coyoacán, continúa la celebración del Centenario, con los talleres y juegos desde las 13:00 horas. A las 13:00 se presenta el grupo teatral Marionetas de la Esquina; a las 16:00 Historias de la Revolución Mexicana, con María Inés Ochoa; a las 18:00 horas Jorge Saldaña; y a las 20:00 horas Eugenia León presenta el concierto “La Revolución Mexicana en sus canciones”.
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Marionetas para niños
La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil presentan dos espectáculos con marionetas este 21 de noviembre, se trata de: La visita inesperada y Corrido a Emiliano Zapata y ¿dónde está Francisco Villa?
La primera trata sobre Apolonio, un viejito hostil y egoísta que después de recibir una visita sorpresa cambia algo en su vida, la función es a las 11 horas en el Centro Nacional de las Artes (Río Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan en la Col Country Club). La segunda es una propuesta, a propósito de la gesta de 1910, que evoca en los títeres a dos personajes de la revolución, la función es a las 13 horas en el Quiosco Jardín Unión en el Centro de Coyoácan. En ambas la entrada es libre.
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Develación de placa
Este domingo se devela la placa por las 200 representaciones de la obra Lascurain o la brevedad del poder.
Obra escrita y dirigida por Flavio Gonzáles Mello que plantea los cambios que ocurren en el alma de un gobernante, en este caso a través de de Pedro Lascurain, quien fuera presidente de México en 1913 por 14 minutos a causa de una crisis política. La develación será hecha por el rector de la UAM, el Dr. Enrique Fernández Fassnacht y el escritor Paco Ignacio Taibo II este domingo 21 de noviembre a las 18 horas en el Teatro Casa de la Paz en calle Cozumel 33 en la Col. Roma.
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Presentación de diccionario de mexicanismos
En medio del debate por los cambios en el uso del idioma español, se presentará el Diccionario de Mexicanismos, una coedición de la Academia Mexicana de la Lengua, coordinada por Concepción Company Company. El acto se realizará el domingo 21 de noviembre a las 12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes.
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Magno concierto de la OFCM
Otro festejo más del Centenario se realizará con el Magno Concierto de la Revolución de México a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), que ofrecerá dos presentaciones el sábado 20 y domingo 21, en la Sal Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (Periférico Sur 5141, Col. Isidro Fabela ). Bajo la dirección de Rodrigo Macías, interpretarán obras de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Miguel Bernal Jiménez y el estreno mundial de Altar de fuego, de Gabriela Ortiz. Puede consultar costos y horarios en www.cultura.df.gob.mx.
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Cine
Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1. Ya está en los cines la tan esperada película, basada en el séptimo y último libro de la serie de Harry Potter escrita por la británica J. K. Rowling, el cual fue publicado en julio de 2007. La segunda parte se estrena en julio de 2011. Se realizan dos filmes porque según el productor David Herman no existen tramas menores que se puedan omitir. Las dos cintas son dirigidas por David Yates, quien también realizó las dos anteriores versiones. De nuevo el protagonista es el actor Daniel Radcliffe. También están Rupert Grint y Emma Watson. Esta historia se quedó en el capítulo 24 del libro. Ahora una tarea imposible cae sobre los hombros de Harry. Deberá encontrar y destruir los horrocruxes restantes para dar fin al temible mago oscuro Lord Voldemort. para matarlo.
