domingo, 28 de noviembre de 2010

Acontecer Diario


Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®

www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org

Domingo 28 de noviembre de 2010

AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA

SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA

Refundar la República

Novedad editorial. El tiempo de la transición se ha agotado, afirma Muñoz Ledo en su nuevo libro

Porfirio Muñoz Ledo

(28 noviembre 2010).- Diputado federal del PT. Autor del libro La vía radical para reformar la República.

Los males que aquejan al país son mucho más profundos que un proceso político desgraciado o un pésimo desempeño económico.

Resultan de un extravío del rumbo patrio y precipitan la decadencia en todos los órdenes de la existencia colectiva.

Es urgente la refundación de la República mediante un acuerdo nacional, como lo ha señalado el rector de la UNAM, José Narro.

La reforma integral de las instituciones -en cuya promoción nos hemos empeñado reiteradamente- es instrumento inescapable para reordenar el andamiaje, el funcionamiento y el sentido de la vida pública, pero no es menos cierto que en el 2010 el cambio genuino exige una perspectiva global y una intensa movilización de las energías sociales.

El tiempo de la transición se ha agotado, con resultados catastróficos.

De promesa democrática se tornó en fase terminal y errática del ciclo neoliberal. Lo que ganamos en pluralismo lo pagamos en impotencia y a una época de concentración de poderes siguió otra de parcelación del despotismo y dispersión de los abusos: la metástasis de la corrupción. Hemos asistido a una disolución en cadena de la moral pública que erosiona ya el concepto de identidad nacional, diluye el pasado y nos arrebata el futuro. Tal es, decía el poeta, la dimensión de la muerte deparada.

Hoy estamos inmersos en una crisis del Estado Nación, entendido en su acepción más lata: como conjunción de gobierno, territorio y pueblo. Tanto las perversiones electorales, como su incapacidad manifiesta para satisfacer las necesidades sociales vulneran la legitimidad de los poderes públicos. La pérdida de jurisdicción efectiva sobre comarcas enteras anula la soberanía interna y externa.

Los caudales humanos de la migración desangran a un tiempo que desdoblan al país.

Por esa suerte de sumas y restas hablamos de un Estado fallido.

Ningún fenómeno precede a otro sino que todos surgen de la misma fuente, se concatenan e impulsan entre sí, como en un torbellino. Son a un tiempo causa y efecto. El más afrentoso, por ejemplo: la inseguridad degradante y mortífera, es el espejo de todas nuestras patologías políticas, económicas y sociales. Puede convertirse a su vez en el detonador de un quiebre irreparable de la Nación. No son sin embargo fruto de la coincidencia o de la mala fortuna, sino resultado de decisiones deliberadas que estamos obligados a fechar y medir en sus consecuencias.

Postulamos, con distintos énfasis, un cambio de modelo, o al menos de paradigma. Podríamos detenernos en considerar cuál es el que pretendemos superar y al que explícitamente condenamos.

Enfrentamos un proceso avanzado de enajenación nacional, en sus varios significados: desposeerse, entorpecer la razón y transmitir a otro el dominio de algo, en este caso del país. Nuestros males -lo sabemos- nos vienen de lejos, pero hubo un tiempo preciso, con responsables específicos, que enrumbaron a México por una senda que -los hechos han probado- era radicalmente equivocada.

Ahora que América Latina, con excepción de nosotros, resurge de la postración económica con altas tasas y se erige en un polo confiable de desarrollo, muchos se preguntan por qué creímos que la locomotora estaba en el norte, que se ha convertido parcialmente en nuestra rémora. Cuando todos atribuyen la crisis financiera a la excesiva desregulación y a la deserción del Estado que condujeron a una indecible concentración del ingreso, cabe interrogarse por qué adoptamos con fe ciega doctrinas contrarias -de toda evidencia- al interés nacional, y por qué no las enterramos todavía.

Porque las determinaciones no fueron inocentes. Constituyeron hace 25 años una falsa salida a la ausencia, primero de entereza y luego de legitimidad electoral, generando en su reemplazo una coagulación oligárquica de intereses, hasta hoy fortaleza inexpugnable contra el cambio: la rendición del Estado. Por eso todo intento valedero ha de tener aliento revolucionario, aunque no podamos ni debamos someter el poder a la crítica de las armas.

Por más acertadas que fuesen las soluciones puntuales, giraríamos circularmente si no atacamos al menos dos cuestiones fundamentales: nuestra reubicación en el escenario mundial y la restauración de la ética política.

En estos pensamientos hay ecos del antiguo profesor de ciencia política que he sido, pero también las preocupaciones del militante. En todos estos años, los actores directos del acontecer contemporáneo cargamos nuestras propias e intransferibles responsabilidades; duele el costo de iniciativas frustradas, traicionadas o abandonadas.

En alguna medida todos erramos: unos por conformismo, otros por engaño y muchos por inadvertencia. Al final de este aberrante ciclo, muchos creemos en la necesidad de levantar el pensamiento e insertarlo en la historia a través de la acción.

La agenda mínima para la reconstrucción del país es clara. Primero debemos abordar la crisis del Estado Nación, en su vertiente histórica e identitaria. Más que por el ánimo o insondable pesimismo de los mexicanos, para indagar el proyecto que podría otorgarnos viabilidad y las rutas posibles para la regeneración nacional.

El segundo tema apunta a la instauración del Estado de derecho; los asuntos asociados a la insolente impunidad, la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, sin el cual no hay democracia verdadera.

El tercero, al proceso de liberación política que lo haría asequible: la revisión del régimen de gobierno, de sus sistemas representativo y participativo, el federalismo, las autonomías, las elecciones, los partidos políticos y la comunicación. En ambos: la República como objetivo y como método.

Enseguida, la cuestión crucial de la soberanía en tanto condición para el desarrollo: la integración y supeditación del país, su independencia económica, la migración en la globalidad y la política exterior de la Nación.

Después, la estrategia económica que requiere un Estado de bienestar que garantice los derechos sociales en condiciones de igualdad y sustentabilidad.

Culminan la cultura y el conocimiento: el esfuerzo portentoso que por medio de la ciencia, la educación y la tecnología habrá de realizar el país para colocarse a la altura de su tiempo y de su gente. Nuevamente: el saber os hará libres.

Recordemos que en 1910 la aportación oficial más perdurable fue la refundación de la Universidad Nacional. Ahora el empeño debería ser mayormente ambicioso en la vía inacabada de salvar la raza mediante el espíritu. Pienso que de la UNAM debieran emanar las líneas maestras de un proceso constituyente, única solución comprensiva que atisbo en el horizonte.

Epílogo del libro La vía radical para reformar la República de Porfirio Muñoz Ledo. (Grijalbo Mondadori, México 2010).

Atrapado en su laberinto

Crónica Calderón, cuatro años. El año del Bicentenario es también el más violento en lo que va del sexenio. El Presidente invitó a dialogar en materia de seguridad, pero sin moverse un ápice de su estrategia. Cambió a tres secretarios de Estado, reajustó su equipo cercano y soltó las riendas del PAN. Enfrascado en su lucha contra el crimen organizado, el Presidente se topó anticipadamente con el futuro: el relevo en la dirigencia del PAN y el fin de su liderazgo omnipresente en dicho partido

Mayolo López

(28 noviembre 2010).- La República tiene en 2010 -el de la Patria- el año más violento, trágico y doloroso que se recuerde. Acumulada en los patios de viviendas populares, la sangre derramada se limpia a cubetadas de agua. En el calamitoso fluir de los días y las noches, entre tanto, el discurso oficial se endurece y el presidente Felipe Calderón rebate a sus críticos: háganle como puedan; la estrategia gubernamental contra el crimen es la única, no arrojará resultados espectaculares y menos los habrá en el corto plazo, pero es la única.

Atrapado en su laberinto, con una cadena atada al pie que no le deja caminar, Calderón Hinojosa respira una cotidiana atmósfera impregnada de pólvora: a diario recibe en su escritorio virtuales partes de guerra con las bajas -criminales, militares e inocentes- de la jornada.

Las ejecuciones ligadas a la guerra contra el crimen organizado, al despuntar el segundo semestre de este fatídico 2010, sumaban 28 mil, según cifras oficiales; en octubre sumaron 10 mil en lo que iba del año del Bicentenario, según el conteo de Reforma. Entre los asesinados se cuentan un ex gobernador -Silverio Cavazos Ceballos-, un candidato a gobernador -Rodolfo de la Torre Cantú-, más de 10 alcaldes y al menos 82 militares.

Una mancha verde olivo cubre inexorablemente parte del territorio con una fallida aspiración: la de contener al crimen... pero la realidad es otra. La virulencia del hampa araña, engulle y asume el control en territorios y el Estado retrocede.

Con preponderancia en el norte, hay diseminados al menos 45 mil soldados en la República. Con ese elocuente panorama, cobra vigor la perspectiva que apuntaló la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, a principios de septiembre.

Para Clinton, México está pareciéndose "más y más a (sic) como se veía Colombia hace veinte años, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país". La funcionaria resumió: "enfrentamos una creciente amenaza de una bien organizada red de tráfico de drogas que está, en algunos casos, transformándose o haciendo causa común con lo que nosotros consideraríamos una insurgencia en México y América Central".

'Yo no le puedo dar la mano'

Salvárcar, una comunidad marginada de Ciudad Juárez -la urbe mexicana más violenta- es, para desgracia de los juarenses, el modelo del horror y la "barbarie" que se le puede achacar al crimen, en palabras de Felipe Calderón.

La matanza de 15 muchachos en esa comunidad, a principios de año, tomó por sorpresa al Presidente en Tokio, Japón: visiblemente cansado, en la última etapa de una gira de siete días, Calderón atendía una conferencia con la prensa local y los enviados mexicanos.

Sin el menor cuidado, el mandatario atribuyó la muerte de esos muchachos a un pleito entre pandillas. Los momentos más duros de su gestión empezaban a insinuarse.

Vista la conmoción que suscitó ese crimen y la precipitada valoración presidencial, Calderón se vio forzado a apersonarse en Ciudad Juárez el 11 de febrero. Resguardado por un aparatoso dispositivo de seguridad, acompañado por su esposa y parte de los integrantes del gabinete de seguridad, el Presidente incursionó para enfrentar, quizá, el más grave cuestionamiento público a su gestión.

Sumida en el dolor, Luz María Dávila, la madre de dos de los muchachos ejecutados, escupió como pudo su rabia, cara a cara, al presidente de la República: "a mí me mataron a mis dos hijos...! Yo no le puedo dar la bienvenida. Yo no le puedo dar la mano...".

Cargado el ambiente de tensión, fue necesario que el obispo Renato Ascencio León se acercara a la atribulada mujer para, con una bendición, apaciguar su dolor.

El Presidente volvería a esa urbe una semana después para anunciar una estrategia integral con la cual hacerle frente al hampa: "Todos somos Juárez", la cual no ha logrado reducir los índices de criminalidad.

Secuestro y narcoterrorismo

Enrarecida de por sí la atmósfera, el 15 de mayo Calderón mismo tendría que lidiar con el secuestro político más grave de que tenga memoria la Nación, irresuelto aún: el del influyente panista Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la Presidencia.

El rapto, del que la autoridad federal debió hacerse a un lado -a petición de los familiares del barbado político-, pescó a Calderón con un pie en el avión para partir a España, donde el mismísimo presidente José Luis Rodríguez Zapatero abogó por la liberación de Fernández de Cevallos.

Atrapado en ese trance, Felipe Calderón lanzó un desesperado grito a su correligionario en las filas del PAN: "Quiero transmitir (...) al propio Diego Fernández de Cevallos que sus hijos afrontan la situación con enorme entereza y valentía, orando por su padre, pero también siguiendo su ejemplo de valor, gallardía y manteniendo la esperanza de recuperarlo".

El 28 de junio, en Tamaulipas, ocurrió otro hecho inédito: la caravana del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue cercada por sicarios que a mansalva dispararon en contra del candidato y su equipo de campaña.

El asesinato, en víspera de las elecciones del 4 de julio, generó desconcierto en Los Pinos y, en las horas que siguieron al crimen, inquietud y malestar: al presidente Calderón le molestó sobremanera el discurso que pronunció la lideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, en las exequias del ejecutado. A juicio del inquilino de Los Pinos, la tlaxcalteca no tuvo palabra alguna de condena para los que perpetraron el asesinato, y sí un rosario de cuestionamientos para el gobierno federal.

El crimen y la reacción de los actores políticos provocaron que aflorara una virtual ruptura entre el PRI y el gobierno federal: si al Presidente le molestó el discurso de Paredes, al PRI le pareció incluso ilegal que Calderón usara la cadena nacional para emitir un mensaje sobre seguridad a unas cuantas horas de las elecciones en Tamaulipas y otras nueve entidades.

En medio de los dimes y diretes ocurrió otro atentado. A decir de especialistas en materia de seguridad, el 15 de julio de 2010 quedará marcado como el día que asomó en México el temido fenómeno del narcoterrorismo que asoló Colombia en la década de los ochenta.

Ese día, al menos un policía federal, un agente municipal y un socorrista perdieron la vida a causa de la potente explosión, en Ciudad Juárez, Chihuahua, de un coche bomba. El atentado fue perpetrado por la organización criminal de "La Línea" tras la captura de uno de sus cabecillas.

"Eso (la explosión del coche bomba) es levantar el nivel (para) que la gente se asuste (y) por eso es un acto terrorista, porque los pudieron haber matado con un lanzagranadas, con armas AK-47, pero no, quieren la imagen de coche bomba explotando en la televisión y por eso es un acto terrorista", juzgó Samuel González, ex fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada.

Diálogo, pero no cambio de estrategia

Pasadas las elecciones del 4 de julio, sobrevino la convocatoria: con el beneplácito del ala moderada del PRD -representada por Jesús Ortega- Calderón lanzó un amplio exhorto para dar cuerpo a una estrategia que contase con el visto bueno de los sectores sociales.

Cerrado el Palacio Nacional por trabajos de remozamiento, el lunes 2 de agosto el Casino Militar acogió los denominados Diálogos por la Seguridad. Una amplia mesa en forma de herradura aglutinó a académicos, gobernadores, legisladores, jerarcas religiosos, periodistas, empresarios, alcaldes y expertos en derechos humanos.

Es la hora en que nada concreto se ha derivado de ese ejercicio, que constó de 11 sesiones de trabajo. Aunque la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) había puesto sobre la mesa la iniciativa para crear un mando único policial -que luego turnó el Ejecutivo al Legislativo- el PRI la frenó a fines de octubre en el Senado de la República.

El 27 de agosto, para infortunio del Presidente -el día en que concluyó la primera etapa de los Diálogos por la Seguridad-, el Departamento de Estados de Estados Unidos ordenó a los funcionarios del consulado de Monterrey retirar a sus hijos de la capital industrial de México tras un somero diagnóstico: ni la policía ni la seguridad privada podían contener el crimen.

Horas antes, en el Casino Militar, Calderón había dado un mensaje nada promisorio: "en el caso de la violencia asociada al crimen organizado, veo muy difícil que podamos asegurar que en el corto plazo pueda reducirse; es más, mi temor es que probablemente (...) tienda, incluso, a incrementarse en el muy corto plazo".

Con todo, advirtió que no estaba pensando en tirar la toalla: "de ninguna manera pienso administrar simplemente el tercer tercio de mi administración".

Matanzas y festejos

El 25 de agosto el mundo entero volteó la mirada a México ante un macabro descubrimiento: la ejecución, a manos de una célula de Los Zetas, de un grupo de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Arrinconado, el presidente de la República llamó "bestias" a los autores de esa matanza; semanas después las autoridades informaron de la detención de al menos ocho jóvenes vinculados a los hechos.

Dos semanas después vino la fiesta. Los panistas se vistieron de gala para conmemorar el Bicentenario de la Independencia en Palacio Nacional, con un espectáculo que costó 700 millones de pesos (para una sola noche), al que pocos tuvieron acceso directo, pues el propio secretario de Educación y organizador de la fiesta, Alonso Lujambio, conminó a verlo por televisión.

Del despilfarro que acompañó a la efeméride, resultó fiel testimonio la figura de El Coloso, un polémico monigote de 20 metros de altura y ocho toneladas de peso que fue alzado en la plancha del Zócalo la noche del Grito.

Desbaratada, la figura fue arrumbada en el patio de una oficina pública después de la resaca independentista, que por si fuera poco no pudo verse iluminada por La Estela, el monumento que daría fe de la celebración de los 200 años de vida independiente, y que, apagada, reflejó la improvisación en que navegó la organización del mitote.

El jolgorio devino en show, espectáculo concebido para que millones lo vieran por televisión, visto el resquemor que en el gobierno provocó un eventual escenario con atentados en la plaza pública.

La plaza albergó siete unidades móviles de producción, 82 cámaras y 45 pantallas gigantes, además de un área VIP para diputados, senadores, subsecretarios y empleados del CEN del PAN. El cielo se iluminó con toneladas de fuegos artificiales y Palacio Nacional -merced a una invitación oficial- acogió a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada.

La sangre no dejó de correr y el 16 de septiembre el asesinato de un periodista del Diario de Juárez volvió a atraer el reflector internacional hacia México.

En octubre hubo más terror: en cinco días fueron perpetradas tres matanzas en Chihuahua, Baja California y Nayarit con 42 muertos como saldo, en su mayoría jóvenes inocentes.

La primera de esas tres embestidas ocurrió en Chihuahua, en la modesta casa de una familia que festejaba a uno de sus hijos, a quienes acompañaba una veintena de amigos. Cubierta de sangre, la cochera de esa humilde vivienda era limpiada a cubetadas y con escobas por dos azorados muchachos.

Y el otoño se adelantó

Enfrascado en su lucha contra el crimen organizado, el Presidente se topó anticipadamente con el futuro: la hojarasca del otoño de su cuarto año de gobierno trajo consigo los días del "postcalderonismo".

Germán Martínez Cázares, antaño escudero fiel de Calderón, acuñó en las páginas editoriales de Reforma el concepto, aunque el ex secretario de la Función Pública y ex dirigente nacional del PAN se viera luego forzado a aclarar el significado de tan polémico señalamiento: "Leer la Constitución, su artículo 83, bastaría para saber la fecha última del encargo del presidente Calderón: 1o. de diciembre de 2012. Simplísima lógica de tiempos, los panistas vamos a elegir un nuevo jefe nacional y trascenderá el periodo de mando del Presidente. Hablar de postcalderonismo no es embrión de Judas, ni complot en ciernes. Es realismo puro. Únicamente vuelta anticipada de hojas al calendario. Muchas tareas tendrá el nuevo presidente del PAN, y otra más será cuidar políticamente a Felipe Calderón cuando ya no esté en la silla presidencial".

Calderón mismo ya había constatado cómo el ejercicio de poder, con sus inefables entretelones, produce inevitables desgastes. Si fue sorpresivo -a la vez que controversial- el nombramiento de Fernando Gómez Mont como secretario de Gobernación, a la postre resultó insostenible la permanencia de éste en Bucareli.

El acuerdo que el abogado Gómez Mont trabó en su despacho con la jerarca del PRI, Beatriz Paredes Rangel, para -con un documento de por medio- proscribir la figura de las alianzas en el estado de México y, consecuentemente, proteger al gobernador y más visible prospecto del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, fue un pesado lastre que ya no pudo aventar por la borda.

Por añadidura, su oposición a las alianzas mismas le llevó a chocar y romper con César Nava, líder del panismo, y simultáneamente, a abandonar las filas del partido.

Nava también fue desacreditado y se vio envuelto en escándalos que le valieron el sobrenombre de Pinocho, pero el éxito de las alianzas en Oaxaca, Puebla y Sinaloa le salvaron la cabeza. Gómez Mont, en cambio, se desdibujó, perdió crédito y salió del gabinete el 14 de julio.

La salida de Gómez Mont coincidió con la de la poderosa jefa de la Oficina de la Presidencia de la República, la duranguense Patricia Flores.

Y, un día después, con la del que fuera el vocero de Calderón desde que era secretario de Energía, en 2003: Maximiliano Cortázar. Con estas salidas, Calderón se desembarazó de intrigas, chismes, rumores y rencillas. Un golpeteo en el otrora cohesionado "primer círculo" presidencial que cobró forma desde noviembre del 2008, cuando murió el eje articulador del calderonismo: Juan Camilo Mouriño.

El ex portavoz presidencial reapareció dos días después -con cierta dosis de desparpajo- en el equipo de su amigo César Nava, quien lo nombró secretario de Comunicación del CEN del PAN.

Como complemento de los cambios, el Presidente sacó de Economía a Gerardo Ruiz Mateos para volver a colocarlo en la Oficina de la Presidencia de la República, cuya reorganización le encomendó. En paralelo, Bruno Ferrari pasó de Proméxico a la Secretaría de Economía.

En ese ambiente, Nava anunció que no buscaría la reelección al frente del PAN -a pesar de que había sorteado con éxito el proceso electoral de julio, con la victoria de candidatos postulados en alianza con el PRD-.

Sin liderazgos fuertes, el PAN entró en zona de turbulencia para procesar el relevo de Nava. Como no había ocurrido en 70 años de vida partidista, cinco panistas se inscribieron para buscar la presidencia del CEN.

Para colmo, Nava desató un escándalo cuando confirmó la compra de un departamento en Polanco, pero no en los 14 millones de pesos en los que está valuado, sino en 7 millones.

A la compra del lujoso departamento siguió la boda con Patylú en el piso 51 de la Torre Mayor, atestiguada por figuras de la política y del glamour.

Con el PAN en contienda interna, sin un dirigente partidista capaz de salir a medios a sortear las críticas y debatir con la oposición, y con su círculo cercano dividido, el Presidente se vio forzado a empezar a hablar de la sucesión en las entrevistas que ofreció con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

Consabida su (casi genética) animadversión al PRI, en una entrevista radiofónica, Calderón mismo dijo que estaba dispuesto a entregar la banda presidencial a un cuadro tricolor... aunque, mordaz, agregó que esa hipotética victoria tricolor "aún está por verse...".

El fin del grupo compacto

Reportaje Calderón, cuatro años. La disputa en el PAN ha puesto al descubierto la ruptura del equipo más cercano al Presidente

Ernesto Núñez

(28 noviembre 2010).- En tan sólo tres meses, entre agosto y octubre, el grupo compacto del presidente Felipe Calderón perdió su cohesión. Al calor de la disputa por la dirigencia nacional del PAN, los calderonistas, que desde el 2005 habían dado juntos duras batallas al interior del partido, se dividieron.

Atrás quedaron los tiempos de la precampaña del 2005, la campaña presidencial del 2006; la asamblea nacional partidista de Guanajuato en junio del 2007, en la que lograron arrebatarle a Manuel Espino el control del Consejo Nacional partidista, y las elecciones de dirigente nacional de diciembre de 2007 y agosto del 2009, en las que llevaron a la dirigencia -sin oposición interna- a Germán Martínez primero, y a César Nava después.

Hoy, unos respaldan al senador Gustavo Madero y otros al diputado Roberto Gil para convertirse en el dirigente del PAN entre 2010 y el 2013.

Miembros de la corriente calderonista, que pidieron reservar sus nombres, explicaron a Enfoque hechos y decisiones que permiten reconstruir la historia de la división del otrora grupo compacto.

Nava y los destapes

El 14 de julio, 10 días después de las elecciones de gobernador en 10 estados, el presidente Felipe Calderón anunció cambios en su gabinete. Francisco Blake sustituyó a Fernando Gómez Mont en Gobernación y Gerardo Ruiz Mateos dejó la Secretaría de Economía para sustituir a Patricia Flores Elizondo en la Oficina de la Presidencia.

Dos días después se anunció, en un boletín nocturno, la renuncia de Maximiliano Cortázar a la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia.

El 19 de julio Cortázar se integró al equipo de César Nava como secretario de Comunicación del CEN del PAN y dijo que su llegada tenía como objetivo fortalecer al partido de cara al 2012.

Un día después, el ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció su intención de dirigir al PAN.

El 23 de agosto Nava anunció que no buscaría la reelección en el CEN del PAN, lo que provocó que los panistas más cercanos a Calderón comenzaran a organizarse para postular a un candidato a la dirigencia, pues no estaban dispuestos a apoyar a Ramírez Acuña, quien se distanció del grupo compacto desde su salida de la Secretaría de Gobernación, en enero del 2008.

La decisión de Nava fue la señal que varios aspirantes esperaban para comenzar a trabajar en su proyecto.

El primero fue el senador por Chihuahua, Gustavo Madero, que el 26 de agosto, en un hotel del Distrito Federal, se destapó, acompañado de un grupo de panistas afines a Calderón.

Aunque Madero no se forjó en la tradición doctrinaria de la que emanó Calderón, ni estuvo cerca del grupo compacto en 2005 y 2006, contó con el apoyo inicial de casi todos los calderonistas, incluidos los cinco secretarios de Estado que son miembros del Consejo, el dirigente César Nava, el ex dirigente Germán Martínez, la mitad de los dirigentes estatales y un buen número de operadores panistas.

Sin embargo, dos de los consejeros nacionales a quienes el presidente Calderón encomendó en mayo la confección de un Consejo Nacional afín a su grupo, pusieron precio a su apoyo a Madero: Patricia Flores y Jorge Manzanera.

Según panistas cercanos a Madero, Flores y Manzanera ofrecieron el voto de más de 150 consejeros nacionales a cambio de la Secretaría General del partido y 50 por ciento de los espacios en el Comité Ejecutivo Nacional, que deberá renovarse al día siguiente de la elección del presidente del partido.

La negativa de Madero a otorgar dichos espacios, según sus allegados, provocó que Flores y Manzanera buscaran otro candidato.

Otros panistas tienen una versión distinta: según su testimonio, Madero quiso solidificar su candidatura y emprendió negociaciones con los tres gobernadores del ala más conservadora del PAN: Marco Adame, de Morelos; Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, y Emilio González, de Jalisco. A mediados de septiembre, en un acercamiento auspiciado por Nava, Madero habría ofrecido a los gobernadores otorgar la Secretaría General a su candidata al CEN, Cecilia Romero, quien renunció al Instituto Nacional de Migración el 14 de septiembre, envuelta en un escándalo por la aparición de 72 migrantes asesinados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Según esta versión, el no haber informado el acuerdo a Flores y Manzanera propició la ruptura.

La irrupción de Gil

La división del calderonismo se materializó el 5 de octubre. Ese día el diputado Roberto Gil renunció a la subsecretaría de Gobierno de Gobernación y, en paralelo, publicó un artículo en Reforma en el que esbozó un diagnóstico sobre Acción Nacional.

Titulado Apostemos por nosotros mismos, el texto criticaba que el PAN haya dejado de hacer política, se haya ensimismado y haya renunciado a reconocerse como una opción liberal.

Ambos hechos tuvieron como efecto mediático el que comenzara a mencionarse a Gil como posible candidato a la dirigencia del partido, aspiración que fue confirmada por él hasta mediados de octubre.

Al calor de estos hechos, Germán Martínez, Patricia Flores y Jorge Manzanera retiraron su apoyo a Madero y comenzaron a construir la candidatura de Gil.

El 20 de octubre Madero y Romero registraron sus respectivas candidaturas. El 21 lo hicieron la senadora Blanca Judith Díaz y el diputado Ramírez Acuña. Gil lo hizo el domingo 24 de octubre.

Apoyos y votos

Con Madero y Gil en contienda, los calderonistas tomaron partido: Con Madero están los secretarios Salvador Vega, de la Función Pública; Francisco Blake, de Gobernación; Juan Molinar, de Comunicaciones y Transportes; Abelardo Escobar, de la Reforma Agraria, y Ernesto Cordero, de Hacienda (aunque no es consejero nacional); los gobernadores José Guadalupe Osuna, de Baja California, y Guillermo Padrés, de Sonora; el dirigente nacional, César Nava; el subsecretario de Función Pública, Rogelio Carbajal; la diputada local Mariana Gómez del Campo; el coordinador de los senadores, José González Morfín, y el vocero del partido Maximiliano Cortázar.

Con el apoyo de estos personajes, los operadores de Madero calculan tener en la bolsa 120 de los 381 votos posibles en el Consejo.

De lado de Roberto Gil estarían -además de Flores, Manzanera y Martínez- el jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos; la diputada Josefina Vázquez Mota; el director de Pemex Gas y Petroquímica, Jordy Herrera; el senador Guillermo Anaya; el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal; la senadora Gabriela Ruiz del Rincón y el secretario de Educación, Alonso Lujambio (aunque no es consejero, publicó un artículo en defensa del registro de Gil cuando éste fue impugnado).

Estos calderonistas garantizarían a Gil un piso de 130 votos.

Ambos equipos calculan que unos cuantos calderonistas respaldan a Cecilia Romero, quien es la primera opción de los gobernadores de Morelos, Jalisco y Guanajuato. Entre ellos y la mayoría de los consejeros vitalicios -que simpatizan con su candidatura- estarían sumando entre 60 y 70 votos a favor de Romero.

En una segunda vuelta en la elección del próximo 4 de diciembre -que se daría en caso de que ninguno de los candidatos alcance dos terceras partes de los votos (191)- operaría el supuesto acuerdo entre Madero y los gobernadores y los votos de Romero le darían la victoria al senador chihuahuense.En la segunda vuelta, Gil y Madero disputarían además los 40 o 50 votos que, según su cálculo, tiene Ramírez Acuña y los 20 de Blanca Judith Díaz.

Radiografía del Consejo panista

El 4 de diciembre el PAN elegirá a su nuevo dirigente nacional, para el periodo 2010-2013. Este órgano directivo está integrado por 382 consejeros, la mayoría de los cuales ostentan un cargo público.

El peso de la nómina

Distribución de los consejeros nacionales del PAN, por cargo público.

Funcionarios públicos federales

81

Presidencia

7

Sedesol

12

SRA

9

Segob

8

Sagarpa

6

SCT

5

SRE

5

Semarnat

5

SFP

4

SEP

4

Secretaría del Trabajo

2

Secretaría de Economía

1

Secretaría de Salud

1

SHCP

1

Pemex

3

IMSS

2

Imjuve

2

Gobernadores

6

Alcaldes

5

Funcionarios del CEN

12

Senadores

29

Diputados federales

41

Diputados locales

32

Dirigentes estatales

32

Vitalicios sin cargo público

25

Primera dama

1

Funcionarios de gobiernos estatales

17

Regidores y funcionarios municipales

11

Funcionarios de comités locales

23

Miembros del Poder Judicial

1

Ex presidentes del CEN sin cargo público

2

Ex funcionarios federales

11

Ex diputados federales

16

Ex diputados locales

8

Legisladores suplentes

6

Diputados locales electos

2

Profesionistas independientes

4

Ex alcaldes

2

Inmujeres

2

PGR

1

ISSSTE

1

Ex dirigentes locales

9

Ex funcionarios y ex candidatos locales

5

Total de consejeros

381




Los Estados con más peso

Estas 14 entidades aglutinan a 256 consejeros.

Distrito federal

40

Estado de México

24

Jalisco

22

Nuevo León

23

Guanajuato

19

San Luis Potosí

17

Chihuahua

16

Sonora

16

Michoacán

14

Veracruz

14

Baja California

13

Puebla

13

Querétaro

13

Sinaloa

12

Los votos comprometidos

Consejeros que firmaron el registro de las candidaturas de los aspirantes y que conforman su base de apoyo.

Blanca Judith Díaz

Senadora por Nuevo León.

Panista desde el 26 de agosto de 1996.

· Héctor Pérez Plazola, senador por Jalisco.

· Andrés Galván, senador por Durango.

· Alejandro González Alcocer, senador por Baja California.

· Rosario Castro Lozano, coordinadora del Instituto del Federalismo de la Segob. Consejera de Durango.

· Laura Estrada, diputada federal por Durango.

· María Elena Pérez de Tejada, diputada federal por Edomex.

· Karen Castañeda, lideresa de mujeres del Edomex.

· Cecilia Laviada, ex coordinadora de delegaciones de la Semarnat. Consejera de Yucatán.

· Julio César González, delegado de Fonaes en Tabasco.

· María Serrano, senadora por Sinaloa.

Cecilia Romero Castillo

Ex comisionada del Instituto Nacional de Migración.

Panista desde el 1o. de octubre de 1981.

· Blanca Magrassi, consejera vitalicia de Chihuahua, esposa de Luis H. Álvarez.

· Esteban Zamora Camacho, consejero vitalicio del DF.

· Carmen Lucía Pérez, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

· Ignacio Loyola Vera, ex gobernador de Querétaro y director de Agroasemex.

· Juan Carlos Mondragón, dirigente estatal de Puebla.

· Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, diputada federal por Guanajuato.

· Rafael Morgan Ríos, subsecretario de control y auditoría de la SFP.

· Gustavo Parra, diputado local en Edomex.

· María Apolonia Popócatl, diputada local en Puebla.

· José Luis Luege, director de Conagua.

Francisco Ramírez Acuña

Diputado federal por Jalisco.

Panista desde el 12 de noviembre de 1994.

· Beatriz Zavala, senadora por Yucatán.

· Justino Arriaga, diputado federal por Guanajuato.

· Mirna Camacho Pedrero, diputada federal por Chiapas.

· Julio Castellanos, diputado federal por Michoacán.

· Sonia Mendoza Díaz, diputada federal por SLP.

· Margarito Téllez Juárez, diputado federal por Veracruz

· Enrique Torres Delgado, diputado federal por Sonora.

· Hernán Cortés Berumen, dirigente estatal en Jalisco.

· José María Martínez, diputado local en Jalisco.

· José M. Romo Parra, regidor en Guadalajara.

Gustavo Madero Muñoz

Senador por Chihuahua.

Panista desde el 27 de septiembre de 1999.

· Luis H. Álvarez, ex dirigente nacional y Consejero para Atención de Grupos Vulnerables de la Presidencia.

· Rogelio Carbajal, subsecretario de la SFP.

· Guillermo Padrés, gobernador de Sonora.

· Jesús Ramírez, diputado federal por Coahuila.

· Mariana Gómez del Campo, diputada local en el DF.

· José Guadalupe Osuna, gobernador de Baja California.

· Rodolfo Dorador, senador por Durango.

· Obdulio Ávila, dirigente del PAN en el DF.

· Maki Ortiz, subsecretaria de Salud.

· Antonio Morales de la Peña, director de la Profeco.

Roberto Gil Zuarth

Diputado federal plurinominal.

Panista desde el 3 de julio del 2008.

· Rodolfo Elizondo, ex secretario de Turismo.

· Jordi Herrera, director de Pemex, Gas y Petroquímica.

· Carlos Alberto Pérez Cuevas, diputado local del DF.

· Ricardo Sheffield, alcalde de León.

· Fernando Larrazábal, alcalde de Monterrey.

· Ricardo Anaya, dirigente estatal de Querétaro.

· Kenia López Rabadán, diputada federal por el DF.

· Gloria Luna, diputada federal por Chiapas.

· Carlos Moreno, dirigente estatal de Oaxaca.

· Julen Rementería, coordinador general de centros SCT. Consejero de Veracruz.

¿Existe el calderonismo?

Reportaje Calderón, cuatro años

(28 noviembre 2010).- Los cinco candidatos a la dirigencia del PAN definieron lo que para ellos es el calderonismo y advirtieron sobre la necesidad de construir un nuevo liderazgo panista de cara a las elecciones presidenciales del 2012.

Blanca Judith Díaz Delgado

Calderonismo

Respeto muchísimo al Presidente, tengo mucho que reconocerle, pero yo creo en el PAN. Etiquetar o poner estos motes no hace mucho bien. Lo que nos mueve es el PAN, su doctrina. En todos los partidos hay equipos de gente que por alguna circunstancia se agrupan, hasta por aficiones. Ese grupo que apoyamos a Calderón en la 59 Legislatura ha tenido movimientos. Ningún grupo es estático, hay un movimiento natural. Unos se suman, otros se alejan por diferentes circunstancias.

¿Es tiempo de construir un nuevo liderazgo?

Hay que construir liderazgos en general. No hablaría de sustituir el liderazgo del Presidente, porque el Presidente fue muy bien aceptado y la gente aprecia muchas cosas que hace. Pero la gente generalmente pide que se renueven los liderazgos; no por destituir a alguien, sino porque es una cuestión natural. La gente espera un liderazgo cercano, humilde, sensible, empático. Eso es lo que yo escucho de la gente y el PAN tiene que trabajar en esa parte. El PAN tiene que volver a sus propuestas porque la gente nos compró cuando estábamos sencillos, congruentes y cercanos.

Cecilia Romero Castillo

Calderonismo

Todos los candidatos a la presidencia del partido somos calderonistas, en esa acepción de gente más cercana al equipo del presidente Calderón. Todos estuvimos de alguna u otra manera en el equipo de campaña, en el equipo de transición, todos colaboramos en el gobierno, desde el Poder Ejecutivo o Legislativo. De una manera más amplia todos los panistas somos calderonistas y de otra manera más amplia un porcentaje grande de mexicanos, que votó por Felipe Calderón, son calderonistas. El calderonismo es el equipo, el gran grupo, panistas o no panistas que apoyamos su llegada a la Presidencia.

¿Es tiempo de construir un nuevo liderazgo?

Su liderazgo no puede ser disputado por nadie más. No cabe aquí decir ya pasó Felipe Calderón y viene otro. Él tiene su lugar, siempre lo tendrá y por supuesto que al iniciarse procedimientos internos de elección de un candidato presidencial evidentemente habrá nuevos liderazgos que surgen, pero no son para sustituir el de Felipe Calderón, de ninguna manera.

Francisco Ramírez Acuña

Calderonismo

No sé a qué te refieres. En el PAN somos panistas, en el PAN no traemos ni la etiqueta ni el fierro de un liderazgo sino que todos somos miembros de Acción Nacional.

¿Es tiempo de construir un nuevo liderazgo?

El Presidente termina su función, su responsabilidad como Presidente, y lo va a hacer con un gran decoro. Obviamente sabemos que en este momento no es valorado como seguramente se le valorará muy pocos años después, muy poco tiempo después. Y obviamente un partido político tiene que estar revitalizándose y retomando nuevos liderazgos. El Presidente está cumpliendo una gran tarea, de líder de partido, de gente que tiene esa gran visión de panista y con una gran conceptualización de la propia estructura, doctrina y pensamiento de Acción Nacional, pero el partido, a la hora que elijamos a nuestro próximo candidato o candidata presidencial, estaremos poniendo todo nuestro esfuerzo, empeño y dedicación a fortalecer ese liderazgo, que será quien nos lleve a la próxima contienda y quien estará al frente del gobierno federal y dirigiendo los destinos de este país, y será también un líder o una gran líder.

Gustavo Madero Muñoz

Calderonismo

Esa expresión de precalderonismo, calderonismo y postcalderonismo no es muy afortunada. El PAN existe antes, durante y después de los gobiernos que surgen de sus filas. El PAN debe apoyar con todo, sin reservas, a los gobiernos municipales, estatales y federales que surgen de sus filas, pero no debe someterse al mandato de estos gobiernos en los temas que son de su competencia y soberanía. La expresión es muy clara: toda la colaboración posible, pero ninguna sumisión admisible. Vamos a colaborar al cien, pero sí vamos a mantener al partido con todas sus decisiones y definiciones que le corresponden.

¿Es tiempo de construir un nuevo liderazgo?

El PAN desde su fundación ha optado por fortalecer la institución y no los caudillismos. Es muy importante que todos los liderazgos apoyen y consoliden la institución y no construir alrededor de las personas proyectos particulares que no se identifiquen con el propio partido.

Roberto Gil Zuarth

Calderonismo

Se utiliza para explicar en una palabra a cientos y miles de panistas que reconocemos al presidente Calderón como un líder fundamental de Acción Nacional y de México. No es un movimiento sectario dentro de Acción Nacional, no es otra cosa que miles y cientos de miles de panistas que vemos en el Presidente un líder, un hombre de Estado.

¿Es tiempo de construir un nuevo liderazgo?

Sí, sin duda, pero no en singular, sino en plural. Se tienen que construir y cultivar más y mejores liderazgos. Acción Nacional tiene que hacer, como hace 20 años, una renovación generacional intensa y profunda como estrategia de partido, una renovación generacional con identidad, cuidada.

'Se te va la vida en la profesión'

Entrevista Caricatura y política. Rogelio Naranjo: Caricaturista. El dibujante michoacano cumplió 40 años retratando la realidad social y política. Ha retratado a ocho presidentes de la República

Andro Aguilar Navarrete

(28 noviembre 2010).- Desde que su dibujo de Demetrio Vallejo en manos de los estudiantes dio voz a la "marcha del silencio" el 13 de septiembre 1968, el caricaturista Rogelio Naranjo Ureño no soltó el bolígrafo para expresar su compromiso social.

Tres semanas después vino la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y Naranjo no lo dudó: la caricatura sería su forma de vida, por encima de la pintura.

No erró el camino. El pasado 8 de noviembre fue homenajeado en el Antiguo Colegio de San Ildefonso por sus más de 40 años de carrera. Naranjo habló poco y se disculpó con los asistentes: "jamás en mi vida he hablado, más que en mis dibujos".

Dos días después, en su domicilio al sur de la ciudad, Naranjo sonríe y comenta que tras del homenaje volvió a "la cruda realidad".

Trabajo crítico

El "pozolero de Peripán que disuelve a sus adversarios en tinta china" -como llamó el también cartonista Antonio Helguera al michoacano Rogelio Naranjo- disfruta criticar, provocar la reflexión y el enojo.

Como caricaturista, Naranjo ha visto con la banda presidencial a ocho distintos presidentes de la República, todos han sido caricaturizados, o retratados, por sus líneas, con una cabeza desproporcionada del diminuto cuerpo.

Los trazos del michoacano han plasmado a Gustavo Díaz Ordaz caminando como dandy sobre ataúdes, a José López Portillo abriéndole la jaula a un cocodrilo, no sin sugerirle que tenga responsabilidad social, o a Vicente Fox recibiendo los agradecimientos de varias personas, con ropas desgarradas, que pasaron de pobres extremos a sólo pobres.

En diciembre de 1988, Carlos Salinas fue dibujado con una sonrisa. Por banda presidencial, portaba la leyenda "impostor".

Felipe Calderón no se salva. Al mandatario se le mira en un cartón metido en un lodazal, rodeado de cerdos y diciendo que su equipo tiene las manos limpias.

Esa imagen es parte del repertorio de más de 10 mil cartones que donó recientemente a la UNAM.

Influencias

El artista, quien pronto cumplirá los 73 años, viró de la pintura hacia la caricatura.

"Yo lo explico de una manera muy simple: a mí me ha tocado por suerte estar en los mejores lugares y en el tiempo preciso", dice.

Esa fortuna lo ha llevado a conocer a personajes públicos determinantes en su formación.

Durante su juventud, todavía en Michoacán, presenció una asamblea informativa del líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo con campesinos y obreros, cuando éste viajaba por el país para explicar sus demandas.

Tiempo después conocería al ex presidente Lázaro Cárdenas, quien en una visita a la universidad michoacana se interesó por los dibujos de Naranjo, colocados en la fachada de la escuela. La carga política de las imágenes estaba dirigida a gobernantes locales.

"Me lo presentaron y le dijeron que yo era dibujante. Él se mostró interesado en saber qué hacíamos los estudiantes y por qué. Le explique a mí manera, pero no le pude mostrar ningún dibujo, porque pasaban personas enviadas por el gobierno en automóvil y aventaban un líquido en unos pomos. De momento parecía que sólo era agua, pero luego les salía como grasa y se iba desbaratando el papel. Le explique, le dije que era pura pedacería".

Cuando Naranjo describe a Cárdenas endurece el rostro, agrava aún más su voz y endereza el torso.

"Era serio, sumamente serio, ni una sonrisa se le podía sacar y con unos ojos verdes claritos, claritos, tenía una vista muy penetrante. Yo lo veía más grande de lo que era, porque realmente no era tan grande, pero estaba yo frente a un héroe. Era muy emocionante", relata.

Otro de los personajes públicos que convivieron de cerca con el caricaturista fue el poeta Efraín Huerta, quien escribió el prólogo del libro del caricaturista titulado Me vale madre, en 1978.

Manuel Buendía, Carlos Monsiváis, Heberto Castillo, entre muchos otros, tuvieron una estrecha relación con el dibujante.

Pero Naranjo destaca entre todos al periodista Julio Scherer. El día del homenaje, Scherer buscó al caricaturista para decirle "gracias, Rogelio" en medio de un abrazo. Scherer había mencionado en otra ocasión: "Rogelio Naranjo me hizo partícipe de enseñanzas que, a la hora de ajustar cuentas, no sabría cómo pagarle".

El artista enfrenta actualmente una degeneración macular en los ojos, trastorno que destruye la visión, y dificulta la lectura y la visualización de detalles finos.

El padecimiento lo mantiene temporalmente alejado de su trabajo. Él se muestra desesperado, pero asegura que volverá a ejercer su oficio.

"Es un artista y un luchador social invencible", es la frase atribuída a Manuel Buendía y plasmada en las reproducciones tamaño postal de algunos cartones que la UNAM editó en su homenaje.

Él se autodefine de otra forma: "soy un hombre que trata de vivir buscándole a todo algo agradable, y lo consigo".

A pregunta expresa, Naranjo ve gracioso un mundo gobernado por caricaturistas, como sugirió Elena Poniatowska.

"Sería un desmadre", confiesa y suelta la carcajada.

El artista hace una pausa y reflexiona: "Parece que todo esto fue en un abrir y cerrar de ojos, uno está viejo, achacoso y ves que se te fue la vida en una profesión, pero que si yo pudiera, la reiniciaba igual en otra vida".

"Yo no me imagino a un caricaturista gobernando el mundo, ¡sería un desmadre!".

La cultura política

(28 noviembre 2010).- FIL de Guadalajara

Maciel de Carmen Aristegui. Grijalbo. Domingo 28, 19:00 horas. Salón 4, planta baja, Expo Guadalajara.

El asedio de Arturo Pérez Reverte. Suma de Letras. Élmer Mendoza y el autor. Domingo 28, 20:00 horas. Salón 1 y 2.

Democracia y reformas políticas en México y América Latina de Igor Vivero Ávila. Miguel Ángel Porrúa. Lunes 29, 17:30 horas. Salón Antonio Alatorre.

Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional de Lorenzo Córdoba y César Astudillo. IEPCEJ. Tomás Figueroa Padilla, Jesús Covarrubias y Guillermo Meza. Lunes 29, 18:00 horas. Salón Agustín Yáñez.

El sexenio de Televisa de Jenaro Villamil. Grijalbo. Virgilio Caballero y el autor. Martes 30, 18:00 horas. Salón 2.

Los señores del narco de Anabel Hernández. Grijalbo. Porfirio Patiño y la autora. Miércoles 1o., 19:00 horas. Salón 3.

Los jóvenes en México coordinado por Rossana Reguillo. Conaculta. Eloy Urroz y Enrique Florescano. Jueves 2, 13:30 horas. Salón Juan José Arreola.

Dark Marketing: propaganda obscura, contradicción e irracionalidad en la guerra política contemporánea de Jorge David Cortés Moreno. BUAP. Jueves 2, 16:00 horas. Salón José Luis Martínez.

Lo mejor del periodismo de América Latina II. Selección de textos del Premio Nuevo Periodismo CEMEX-FNPI. José Carlos Paredes, Leila Guerriero, Tanya Escamilla. Viernes 3, 18:00 horas. Salón Pablo Neruda.

¿Qué tan público es el espacio público en México? compilado por Mauricio Merino. Conaculta / FCE. Enrique Florescano. Viernes 3, 18:30 horas. Salón Antonio Alatorre.

La crónica periodística en los tiempos de internet. Foro con Julio Villanueva Chang, Leila Guerriero, Gabriela Wiener, Juan Pablo Meneses. Sábado 4, 17:00 horas. Salón de Profesionales, área internacional.

Iglesia, homosexualidad y estado laico. Mesa redonda entre Emilio Álvarez Icaza, Ana Francis Mor y Sanjuana Martínez. Sábado 4, 17:00 horas. Salón 5.

Estado, educación y hegemonía en México. Historia de las normales rurales y la guerrilla de Salvador Martínez Della Rocca. Miguel Ángel Porrúa / GDF. Sylvia Ortega, Armando Bartra, Mario Aguirre Beltrán. Sábado 4, 20:00 horas. Salón 1.

Los generales de Rafael Rodríguez Castañeda. Planeta / Proceso. Jorge Carrasco y el autor. Domingo 5, 13:00 horas. Salón B, área internacional.

Conferencias

Los salvajes en la sociedad industrial. Roger Bartra. Lunes 29, 17:30 horas. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.

La insurrección en curso. Gustavo Esteva. Martes 30, 10:00 horas. Auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.

México, las Américas y el mundo 2010. Viernes 3, 9:30 horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2118. Programa: http://bit.ly/dIn0no.

Foros

La situación de las y los jóvenes en el Distrito Federal y la política social. Héctor Morales, Héctor Castillo Berthier, Jacobo Venegas, entre otros. Lunes 29, 9:00 horas. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Informes: 5623 0093.

Libros

Crítica de la razón imperial. La filosofía política de Bartolomé de Las Casas de Mario Ruiz Sotelo. Siglo XXI. Investigación sobre la obra del primer filósofo de la América colonial, cuyo enfoque se dio desde el lado de las víctimas de la conquista.

La suerte de la consorte de Sara Sefchovich. Océano. Tercera edición de la obra que relata la vida de las esposas de los gobernantes de México, desde la primera virreina en el siglo XVI, hasta la actual primera dama, Margarita Zavala.

Líderes de Sergio Sarmiento. Planeta. Selección de entrevistas con políticos, artistas y científicos como Mario Molina, Luis Inácio Lula da Silva, Michelle Bachelet, Tomás Eloy Martínez, José Saramago, Giovanni Sartori y Mario Vargas Llosa.

Lo que queda de la izquierda. Relatos de las izquierdas latinoamericanas coordinado por Jorge G. Castañeda y Marco A. Morales. Taurus. Conjunto de textos de especialistas que analizan el funcionamiento de diferentes gobiernos izquierdistas en la región.

Que se abra esa puerta de Carlos Monsiváis. Paidós. Crónicas y ensayos a través de los cuales el autor documenta y recrea la expresión social y cultural de las minorías sexuales en México y Latinoamérica.

Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos. Siglo XXI. El autor propone la construcción de Estados plurinominales e interculturales, fundamentados en la incorporación de las prácticas políticas culturales y económicas de los pueblos indígenas y afroamericanos.

Sinaloa en la Revolución de Jaime Labastida. Siglo XXI. Textos de Enrique González Martínez, Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz y José C. Valadés que muestran lo que Sinaloa aportó a la Revolución y lo que la lucha armada dejó en ese estado.

Mesas redondas

Fuerzas Armadas y derechos humanos: memorias y agendas pendientes. General José Francisco Gallardo y Comité Cerezo. Miércoles 1o., 17:00 horas. Plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. San Lorenzo 290, Del Valle. 5488 6661 ext. 15601.

Presentaciones

Índice de paridad poder de compra nutricional, ¿En qué ciudad de México es más barato ser obeso? Alfonso Mendoza Velázquez. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Martes 30, 9:00 horas. Restaurante Quinze. Mayores informes 222 2299400 begin_of_the_skype_highlighting 222 2299400 end_of_the_skype_highlighting ext. 7780.

Hacia una propuesta de política pública para familias en el Distrito Federal de Guadalupe Ordaz Beltrán, Lilia Monroy Limón y Martha M. López Ramos. Incide. Juan Guillermo Figueroa, Nashieli Ramírez y Maricela Contreras. Martes 30, 17:00 horas. Sala Digna Ochoa de la CDHDF. Universidad 1449, Pueblo de Axotla. Informes: 5590 8754.

La crisis de las utopías de Víctor Flores Olea. Antrophos. Julio Boltvinik, Héctor Díaz Polanco, Armando Bartra, Luis Arizmendi y el autor. Jueves 2, 12:00 horas. Auditorio CEIICH de la Torre de Humanidades de la UNAM. Circuito Interior, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0027.

Poder político y religioso de Martha Eugenia García Ugarte. Porrúa. Patricia Galeana, Marco Antonio Landavazo y Álvaro Matute Aguirre. Jueves 2, 19:00 horas. Salón de eventos del Centro de Estudios de Historia de México Carso. Plaza Federico Gamboa del Barrio Chimalistac, Informes: 5326 5175.

Seminarios

Justicia penal. La situación actual del sistema penal en México. Luis de la Barreda, Miguel Carbonell, Luis González Placencia, entre otros. Lunes 29 de noviembre a viernes 3 de diciembre, 16:30 horas. Auditorio Dr. Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735. Programa: http://bit.ly/drh8mU.

Pobreza, desigualdad y exclusión social. Rolando Cordera, Dave Gordon, Roland Pfefferkorn, Susan Parker, entre otros. Martes 30 y miércoles 1o., 9:30 horas. Auditorio Ricardo Flores Magón de la FCPyS de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Informes: 5622 9470 ext. 1050. Programa: http://bit.ly/hhOoDP.

Más allá de Macondo. Implicaciones del derrame en el Golfo de México para la industria petrolera internacional. John Saxe Fernández, Rosío Vargas, Ildo Luis Sauer y otros. Miércoles 1o. y jueves 2. Torre II de Humanidades de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0027. Programa: http://bit.ly/dzmpUh.

Ayuda internacional e inversión extranjera tras conflictos armados. Ana Garriga, Brian J. Phillips, Mariana Magaldi de Sousa y Claudio López-Guerra. Miércoles 1o., 13:00 horas. CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 800 ext. 2137.

Independencia y Revolución en los estados de la República Mexicana: Tamaulipas, Tlaxcala y Querétaro. Jueves 2, 10:00 horas. Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de la República. Donceles 14, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 3412.

Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com

REVISTA PROCESO No. 1778

Misión 2008: pactar con el narco

Anabel Hernández

En su libro Los señores del narco, la periodista Anabel Hernández hace una sorprendente revelación: a principios de 2008 la Presidencia de la República estableció contacto directo con Joaquín Guzmán Loera, en una operación instrumentada por Juan Camilo Mouriño, entonces el hombre más cercano a Felipe Calderón. La misión era pactar para poner paz entre los cárteles de la droga. Sin embargo, El Chapo aprovechó la oportunidad para dar a conocer los nombres de los cómplices de su fuga del penal de Puente Grande en 2001 y, sobre todo, para involucrar al propio Mouriño en la “venta” de plazas al narcotráfico. Con autorización de Grijalbo y de la autora, transcribimos fragmentos del volumen de casi 600 páginas, de inminente aparición.

Corrían los primeros meses de 2008 y el general X,1 disciplinado, perseverante y arriesgado como era, fue a los terrenos del más poderoso capo de México para hablar con él cara a cara. El Chapo Guzmán ya estaba preparado para recibir al mensajero de Los Pinos. El general X, de más de 65 años de edad, colaboraba con Juan Camilo Mouriño en la Presidencia de la República desde 2007, en una asesoría subrepticia como había sido prácticamente toda su tarea durante los 45 años que sirvió para el Ejército Mexicano en la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Coordinación de Seguridad Nacional. El jefe de la Oficina de la Presidencia –el hombre más cercano a Calderón– le había encargado una misión imposible: poner en paz a los cárteles de la droga. En enero de 2008, Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación, pero su encomienda seguía vigente.

Si el general que sabía más por viejo que por diablo no podía lograrlo es que entonces nadie lo haría. El militar estuvo preso durante casi siete años acusado de presuntos vínculos con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Hubo muchos testimonios en su contra pero quedó el velo de la duda, como casi siempre ocurre en esos tortuosos procesos de la milicia. Le faltaban todavía otros siete años de cárcel pero en el primer año del gobierno de Felipe Calderón fue puesto en libertad. Su encarcelamiento fue un asunto político, dicen sus cercanos, y su liberación también.

Nueve meses después de haber salido de la cárcel, ante el azoro de sus compañeros, fue condecorado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, por su “patriotismo, lealtad y abnegación”. El gobierno federal tenía que hacerlo visible y creíble ante sus interlocutores: los narcos. El general X ha dicho que el secretario de la Defensa Nacional también tenía conocimiento de la encomienda encargada por Mouriño.

Nunca fue remilgoso en las tareas difíciles que le encomendaron, en muchas de ellas había tenido que entablar relación con los diferentes grupos del narcotráfico, por lo que en 2008, cuando comenzó a tocar a la puerta de los protagonistas de la guerra entre los narcos, la gran mayoría se la abrió, como ocurrió con El Chapo.

“La libertad no tiene precio”, le dijo Joaquín Guzmán Loera al militar en su encuentro. La declaración sonaba un poco cínica incluso viniendo de un cínico como El Chapo. La frase del capo obligó al general X a preguntarle cómo había logrado salir del penal de máxima seguridad de Puente Grande aquel 19 de enero de 2001. Guzmán Loera fue directo, lo habían comenzado a ayudar desde 1995, cuando lo trasladaron de la prisión de La Palma a Puente Grande, por órdenes de la Secretaría de Gobernación. Directamente de su “fuga” el capo responsabilizó a tres hombres, figuras de la política y seguridad pública en México.

Uno de ellos es el teniente coronel y ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Dice El Chapo que él lo ayudó cuando trabajaba en la Secretaría de Gobernación. El único cargo que Hendricks tuvo en esa dependencia fue en el sexenio de Ernesto Zedillo como director de Ejecución de Sentencias en la Dirección General de Prevención y Readaptación (1996-1997), cuando Francisco Labastida era el titular de la dependencia.

En 1999 Hendricks Díaz se convirtió en el gobernador de uno de los estados con mayor desembarque de droga en México, y por ende, una de las principales bases de operaciones de la organización del Pacífico. Recibió el gobierno de manos de Mario Villanueva Madrid, El Chueco, extraditado en 2010 por sus presuntos vínculos con la organización de Amado Carrillo Fuentes, de la cual El Chapo fue integrante.

En febrero de 2001, a unos días de la “fuga” de Guzmán Loera y sin ninguna petición de explicación de por medio, el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Trinidad Larrieta, afirmó que no estaba realizando ninguna investigación “respecto al presunto involucramiento del gobernador constitucional de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, en el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán”. “Ningún funcionario de la UEDO –precisó– realiza investigaciones al respecto en esa entidad federativa, ni en otro estado de la República”.2 Es hasta la confesión de El Chapo cuando ese boletín de la PGR toma su justa dimensión en un país como México, donde generalmente lo que niega la autoridad es la realidad. Tras su salida de Puente Grande, Guzmán Loera estuvo escondido principalmente en Nayarit y Quintana Roo.

Seis años después, alejado del servicio público, Trinidad Larrieta fue uno de los abogados contratados por la primera dama Marta Sahagún antes de que terminara el mandato de su esposo, para proteger a sus hijos Manuel y José Alberto Bribiesca Sahagún, así como a su hermano Guillermo Sahagún,3 de todos sus oscuros enjuagues presuntamente relacionados con el narcotráfico, según investigaba la DEA.

El otro implicado en la fuga de El Chapo, que el propio narcotraficante le reveló al general X, fue el exprocurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien –junto con Jorge Tello Peón– estuvo al frente del operativo realizado después de la evasión de Guzmán Loera, y le dio órdenes a Genaro García Luna de investigar la salida del capo del penal de máxima seguridad.

A principios de 2005 Macedo de la Concha renunció a su cargo de procurador y fue enviado por el presidente Vicente Fox como agregado militar de la embajada de México en Roma, donde el general permaneció en el exilio durante el resto del sexenio. Al inicio de la administración de Felipe Calderón, Macedo regresó a México y fue instalado como magistrado del Tribunal de Justicia Militar, desde donde se conduce con un riguroso bajo perfil.

El tercer nombre de sus principales cómplices, según contó El Chapo, fue Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de la SSP federal, quien incluso el mismo día de la fuga de Guzmán Loera visitó el penal de máxima seguridad como si hubiera ido para ultimar los detalles de la salida del capo. Durante los últimos dos años (2008-2010) este hombre, a quien el narcotraficante acusa sin aspavientos de haberlo liberado, ha sido asesor de cabecera del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Tello Peón fue el mentor de Genaro García Luna en el Cisen, él mismo lo impulsó ante Juan Camilo Mouriño para que se convirtiera en el titular de la SSP del gobierno de Felipe Calderón. A pesar de todas las malas referencias y pruebas que el Ejército Mexicano le mostró a Mouriño sobre García Luna, éste ocupó el codiciado cargo.4

Enviado directamente por el presidente Calderón, Tello Peón trabajó con García Luna en la SSP federal como secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional. En enero de 2010 se fue a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional por supuestas diferencias con García Luna, quien ahora tenía más poder y quería demostrarle a su maestro que el alumno lo había superado. Tello Peón tampoco pudo sobrevivir en ese nuevo cargo y terminó únicamente como asesor del presidente Calderón.

No cabe duda de que El Chapo es un hombre perverso, vaya broma que le jugó al destino. El 9 de junio de 1993, el general Jorge Carrillo Olea, coordinador de lucha Contra el Narcotráfico, recibió al prisionero Joaquín Guzmán Loera en la cajuela de una pick up medio destartalada, donde se encontraba amarrado como un cerdo, en un paraje de la carretera que va hacia Cacahoatán, Chiapas. Ocho años después, el alter ego de Carrillo Olea, su hechura, su hijo putativo, Jorge Enrique Tello Peón, presuntamente fue quien lo puso en libertad.

Guzmán Loera le dijo al general X que todas las “plazas” de México, es decir, los estados donde opera el crimen organizado, “están vendidas”. Lo peor es que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las han vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, provocando un caos dentro de las organizaciones criminales.

Cuando el emisario de Los Pinos se reunió con Guzmán Loera, el capo ya había comenzado una pelea frontal con los Beltrán Leyva, sus primos y exsocios. Quizá por eso El Chapo le reveló al general X, en tono de queja, que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares, el pequeño detalle es que eso ocurrió después de que la operación en dicha entidad ya había sido comprometida con Guzmán Loera. Mouriño habría hecho la transacción persuadido por el expresidente municipal panista de Tlalnepantla y actual senador del Estado de México, Ulises Ramírez, a quien El Chapo describió como “un pillo”.“El senador debe de haberse quedado por lo menos con un millón”, pensó para sus adentros el general X.

Actualmente Ulises Ramírez aspira a ser candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2011.

Fuentes de información vinculadas con Mouriño confirmaron la versión, pero aseguraron que supuestamente el secretario de Gobernación ignoraba el acuerdo que Ulises Ramírez había hecho a su nombre.

Guzmán Loera le contó al enviado de la Presidencia que él y su clan acordaron con el gobierno federal que éste combatiera a sus antiguos socios, los Beltrán Leyva. El general X debió de sentirse muy desconcertado ante las afirmaciones que el capo le hacía cara a cara. Entendió, quizá tarde, que Mouriño lo había mandado a encontrar un arreglo a su propia falla, metiéndolo a él mismo en un callejón sin salida.

Por razones obvias, la reunión del general X con el narcotraficante fue breve, y por su propia seguridad el militar no ha contado el lugar donde se llevó a cabo. Cuando se despidieron, el enviado de Los Pinos tuvo una certeza: El Chapo hacía lo que se le venía en gana y no estaba dispuesto a perder su libertad por nada, costara lo que costara. ¿Y quién podía criticarlo? Él había hecho un negocio con alguien que le había puesto precio al país, lo único que el capo tuvo que hacer fue pagarlo, como es uso y costumbre desde hace décadas en México.

u u u

Desde el inicio de su gobierno, la estrategia de Calderón contra los capos fue diseñada para favorecer a El Chapo Guzmán y a sus principales socios: El Mayo Zambada, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno.

Hay evidencia documental de que la guerra de Felipe Calderón ha sido dirigida no contra los “narcotraficantes” en general, sino contra los “narcotraficantes” que son enemigos de El Chapo o que representan un riesgo para su liderazgo en el jugoso negocio. Desde 2007, su gobierno tenía información precisa sobre los domicilios de los principales narcotraficantes de México y sus familiares. En algunos casos incluso números telefónicos y de radio, cuentas bancarias y otros datos valiosos para asestar golpes certeros. Así lo prueban las fichas de cada capo elaboradas por la SSP federal, con el apoyo del Cisen, cuyo titular es Guillermo Valdés Castellanos.11 Pero por los muy escasos resultados de esa “guerra contra el narcotráfico” pareciera que esos datos fueron empleados sólo para dar golpes de inútil propaganda política en los momentos de mayor cuestionamiento al gobierno federal.

La SSP planteó la estrategia contra el narcotráfico basada en unas “líneas de investigación” que definieron las prioridades en el combate a los capos durante el sexenio de Calderón. Esas prioridades fueron avaladas en reuniones en la Secretaría de Gobernación y la PGR. De acuerdo con la información de esas fichas, la SSP determinó como “prioridad estratégica 1” capturar al líder del cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Guillén –hermano de Osiel Cárdenas Guillén–, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, su segundo al mando. Los únicos capos de La Federación con “prioridad estratégica 1”, señalados desde el inicio del sexenio, fueron: Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Édgar Valdés Villarreal, La Barbie.

En cuestión de poder, de todos sus socios el que representaba más riesgos para El Chapo era Marcos Arturo Beltrán Leyva y su grupo. El Barbas estaba comenzando a tener demasiada fuerza por cuenta propia. A Guzmán Loera tampoco le gustaba que las lealtades de su primo fueran más cercanas a Vicente Carrillo Fuentes que a él.

El asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, ordenado por El Mayo Zambada y consentido por El Chapo, fue una herida que nunca cicatrizó. La relación de los líderes del cártel de Sinaloa con El Viceroy pendía de alfileres, y les daba temor la estrecha relación que El Barbas tenía con él. Aunque los Beltrán Leyva todavía eran parte de La Federación en 2007, todo indica que desde principios del sexenio de Calderón ya se olía la traición, sólo era cuestión de tiempo.

En contraste, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno estaban catalogados como “prioridad estratégica 2”, pese a que desde entonces ellos encabezaban a la organización de narcotráfico más poderosa del continente americano y con mayor presencia delictiva en Estados Unidos.

En un documento desclasificado del Comando Norte del Departamento de Defensa estadunidense, elaborado en 2009, se afirma categóricamente que entre los cárteles mexicanos, el de Sinaloa es el más peligroso.Y lo califican como “cártel de granujas” que son la fuente de violencia en las ciudades fronterizas. Con preocupación advirtieron que el cártel de Sinaloa controla el corredor del Pacífico, y no tiene oposición para asumir el control del corredor que pertenecía a la organización de los Arellano Félix.12

En consecuencia con la dudosa estrategia, la mayoría de los narcotraficantes detenidos por el gobierno federal son de bandos contrarios a la organización encabezada por Joaquín Guzmán Loera. Edgardo Buscaglia, uno de los principales críticos de la guerra fallida del gobierno de Calderón, tiene las cifras claras: el experto en seguridad señala que de las 53 mil 174 detenciones realizadas durante los últimos cuatro años, ligadas ya sea con asociación delictuosa o delincuencia organizada, sólo 941 corresponden al cártel de El Chapo Guzmán.

Por si fuera poco, de esas detenciones, la mayoría de los casos se cae, o sea que la situación es aún peor, afirma Buscaglia: “Cuando dicen que detuvieron al hijo o al abuelo de El Mayo Zambada, o a quien sea, yo pregunto qué se deriva de esa detención. ¿Una sentencia condenatoria? ¿Un mapeo patrimonial de El Chapo, El Mayo o El Azul Esparragoza?” los hechos avalan al incómodo asesor de la ONU. La protección del gobierno federal a Joaquín Guzmán Loera se palpa, se siente, y el mismo capo ha hecho alarde de esta situación.

Los primeros días de julio de 2007, El Chapo decidió “casarse” a plena luz del día, teniendo a elementos del Ejército Mexicano como guaruras, y a narcos y políticos del PAN y el PRI como invitados. l

1 Por las implicaciones que tiene esta información narrada por

fuentes vivas directas se decidió omitir el nombre del militar.

2 Boletín 058/01 de la PGR, 1 de febrero de 2001.

3 Anabel Hernández, Fin de fiesta en Los Pinos, México, Grijalbo, 2006.

4 Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, México, Grijalbo, 2008.

11 La autora tiene en su poder copia de las fichas elaboradas por las

dos instituciones, las cuales, de acuerdo con las propiedades informáticas

de los documentos, fueron hechas en el Cisen, la Segob y la SSP.

12 La autora tiene copia de dicho documento.

Testigos protegidos: creerles a conveniencia...

Ricardo Ravelo

Mientras algunos testigos protegidos estelares de la PGR que han hecho delaciones relevantes son ejecutados, otros ven cómo matan a sus parientes tras acusar a altos funcionarios que tienen nexos con el narcotráfico. El programa correspondiente, junto con la Operación Limpieza, se dirige al fracaso por tres razones: la mayoría de los declarantes mienten; cuando dicen la verdad no les brindan la debida protección y, por último, las mismas autoridades desestiman delaciones que afectan a ciertos personajes del gobierno que reciben trato de intocables…

Después de declarar lo que saben sobre el crimen organizado y sus jefes, algunos testigos protegidos han sido asesinados a tiros en lugares públicos; otros han visto cómo sus exsocios cobran venganza matando a familiares, y unos más deambulan por las calles sin dinero, sin protección y atenazados por el temor de ser levantados o ejecutados por los sicarios del narcotráfico.

Y es que, dentro del Programa de Testigos Protegidos de la PGR, nada parece estar seguro. Aun en manos de la autoridad federal, los llamados “testigos colaboradores” sufren presiones económicas, malos tratos y frustración, pues algunos lamentan que sus declaraciones no se tomen en cuenta si éstas se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal.

Desde su creación en 1996, pero particularmente en los últimos cinco años, el Programa de Testigos Protegidos de la PGR arrastra vicios y fallas que, en vez de corregirse, se han ido agravando. Con frecuencia, los testigos protegidos se quejan de que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) son obligados a declarar en contra de personas que no conocen, según consta en diversas denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), copias de las cuales están en poder de este semanario.

Pero lo peor es que varios de los testigos protegidos que han proporcionado datos importantes en investigaciones relevantes de la PGR han sido ejecutados presuntamente por los mismos barones de la droga a los que delataron en sus declaraciones ministeriales.

En dichos asesinatos han tenido que ver también los descuidos de la PGR y el exceso de confianza por parte de los testigos.

La SIEDO descuidó, por ejemplo, la protección de Édgar Enrique Bayardo del Villar –exsubprocurador del estado de Tlaxcala y exinspector de la División Antidrogas de la Policía Federal–, quien fue ejecutado el 1 de diciembre de 2009 en un café Starbucks de la colonia Del Valle del Distrito Federal.

Bayardo no era un personaje menor: había sido uno de los hombres de confianza del actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Tras ser detenido por sus nexos con el narcotráfico, en particular con el cártel de Sinaloa, Enrique Bayardo se convirtió en testigo protegido de la PGR y de inmediato comenzó a declarar lo que sabía sobre los nexos de algunos funcionarios con el crimen organizado.

Sus revelaciones robustecieron la indagación que la propia PGR denominó Operación Limpieza, la cual implicó a altos funcionarios de la SIEDO, entre ellos a su entonces titular, Noé Ramírez Mandujano –preso ahora junto con otros colaboradores en un penal de Tepic, Nayarit–, a quienes presuntamente el cártel de los hermanos Beltrán Leyva les pagaba medio millón de dólares mensuales a cambio de protección e información sobre operativos y detenciones en contra de sus principales cabecillas.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, Bayardo del Villar estaba relacionado con el capo Ismael El Mayo Zambada García. Éste, de acuerdo con la indagatoria, entregaba al agente federal “una cantidad millonaria” para que protegiera sus operaciones de narcotráfico.

De esta forma, las redes de El Mayo Zambada pudieron extenderse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde disponía de múltiples contactos que le ayudaban a salvaguardar los cargamentos de droga provenientes de Sudamérica.

Pero el rompecabezas armado por El Mayo Zambada se descuadró tras la detención de Bayardo del Villar, quien fue entregado a la PGR en octubre de 2008 por otro excomisionado de la Policía Federal caído en desgracia: Gerardo Garay, también identificado como hombre de confianza de García Luna y quien, al igual que Bayardo, fue relacionado con el narcotráfico.

Bayardo no dudó en acogerse al Programa de Testigos Protegidos y, como tal, se le asignó la clave Tigre. Meses después, cuando ya se había convertido en testigo estelar, recibió una llamada telefónica, supuestamente de un funcionario de la PGR al que le urgía verlo.

–Necesito verte, es urgente –le dijo el alto funcionario de la PGR, según se asienta en la causa 36/2010 integrada tras el asesinato del colaborador.

Ese encuentro sería en el café Starbucks. Desde que asumió el papel de testigo protegido, era habitual que a Bayardo se le citara para precisar datos sobre la Operación Limpieza y los personajes implicados en las investigaciones.

Por ello acudió al café Starbucks de la calle Pilares –muy cerca de donde había afincado su segundo domicilio en 13 meses de colaboración con la PGR–, y escasos tres minutos después un sujeto vestido de negro abrió fuego contra él con una AR-15. Édgar Bayardo recibió varios impactos en presencia de su ayudante José Solís Castillo, quien nada pudo hacer ante aquella lluvia de balas.

A corta distancia de allí, en el departamento 401 de la calle Heriberto Frías 1515, donde vivía el testigo protegido, Francisco Gutiérrez Estrada, el agente federal que debía custodiarlo, descansaba y escuchaba música grabada en su celular.

De acuerdo con los datos contenidos en la causa penal 36/2010, los dos elementos que lo protegían –Francisco Gutiérrez y Juan Fabricio Ramírez– eran agentes “C”, es decir, no tenían la suficiente preparación para desempeñar la tarea que se les encomendó. Ambos cuidaban a Bayardo en turnos de 48 por 48 horas. Se relevaban a las 9:00 horas de cada tercer día.

Con la endeble protección que le asignó la PGR, como si no se tratara de un testigo relevante y, por lo tanto, como si no pudiera ser blanco de un asesinato, el testigo Tigre llevaba una vida agitada e intranquila.

En el primer domicilio que le asignó la PGR en Santa Úrsula Xitle, adonde llegó el 22 de abril de 2009, tenía como resguardo a militares y marinos. Unos cuatro meses después, el 2 de septiembre, lo cambiaron al departamento de Heriberto Frías.

Según afirman testigos que lo conocieron, “salía a comer quesadillas a una cuadra del Metro Zapata”. También se le veía en la panadería El Globo y en el Starbucks, donde fue acribillado.

Su escolta Juan Fabricio Ramírez Espinoza refirió que un día, al verlo tan desesperado por el encierro, tomó la decisión de llevarlo al Starbucks, donde Bayardo compró dos cafés y unos cuernitos con jamón, pero de inmediato se regresaron al departamento.

En otra ocasión, Bayardo fue conducido de emergencia a las instalaciones de la SIEDO, porque la Coordinación Técnica de la misma detectó a sujetos que rondaban el edificio de Heriberto Frías.

En la SIEDO permaneció del 29 de octubre al 9 de noviembre, fecha en que regresó al mismo departamento.

Pese a dicha emergencia y los riesgos que entrañaba, la seguridad de Bayardo no fue reforzada y el 1 de diciembre fue ejecutado.

Extraña muerte

Un mes antes de la ejecución de Bayardo había muerto, presuntamente por ahorcamiento, Jesús Zambada Reyes, hijo de Jesús El Rey Zambada García y sobrino del capo Ismael El Mayo Zambada.

Zambada Reyes era testigo protegido de la PGR, por lo que tras su detención fue alojado en una casa ubicada en la delegación Tlalpan. Se le atribuye haber declarado en contra de su tío Ismael Zambada García, a raíz de lo cual agentes federales de la SIEDO ubicaron un refugio de éste en Sinaloa, pero no pudieron detenerlo.

Después de ese operativo ocurrió la muerte del testigo Jesús Zambada Reyes. Según la PGR, se suicidó, ya que el cuerpo del llamado narcojunior fue hallado colgado de una cinta amarrada a su cuello en una casa de Santa Úrsula Xitle 87, donde estaba retenido.

Conforme a la necropsia que realizó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por tratarse de un hecho del fuero común, su cuerpo no presentaba lesiones ni signos de forcejeos. Aunque de acuerdo con la PGR había indicios de que el joven de 22 años ya había manifestado deseos de quitarse la vida, no se adoptaron las precauciones necesarias.

Zambada Reyes fue detenido junto con su padre, Reynaldo Zambada Niebla, y otras 14 personas en Lindavista el 20 de octubre de 2008. Ambos eran testigos de cargo en la Operación Limpieza, pues acusaron a varios funcionarios de estar ligados al narcotráfico.

La PGR se hace cargo de otros testigos que se consideran presionados, como es el caso de Odilón, quien el 28 de agosto de 2005 renunció a continuar en calidad de testigo protegido con las siguientes palabras, que dirigió a la PGR en una carta manuscrita:

Renuncio al plan de testigo protegido, a lo cual ustedes me obligaron. Ustedes saben que fui secuestrado y torturado por siete días. Las personas que me secuestraron me hicieron creer que tenían a mi hija y amenzaban con hacerle daño si no obedecía.

Cuando ustedes me encontraron tirado y atado de pies y manos, con los ojos vendados, y encontraron ese video en el que me obligaron a decir puras mentiras, pensé que la pesadilla había terminado porque estaba en manos de las autoridades, pero no fue así. La pesadilla continuó cuando les pedí una llamada para saber de mi hija y mi familia, y ustedes me dijeron (se refiere a los funcionarios de la SIEDO) que no era necesario, y me amenazaron con consignarme inmediatamente si no aceptaba ser testigo.

También le prohibieron a mi esposa dar información a las dependencias a donde había denunciado mi caso y levantado actas. Me voy porque tengo miedo de que ustedes me hagan daño…

En agosto de 2008 otro testigo protegido, Noé, fue ejecutado junto con los agentes que lo escoltaban, luego de haber delatado la relación de La Familia Michoacana con José Manzur Ocaña, quien fue delegado de la PGR en el Estado de México.

El 5 de julio de 1997 había sido igualmente asesinado Tomás Colsa McGregor, conocido en el mundo del narcotráfico como El Joyero. Formaba parte del cártel de Juárez y fue un testigo clave en el llamado Maxiproceso, integrado en contra de la organización de Carrillo Fuentes.

Alguien que corrió la misma suerte fue Jaime Olvera Olvera, quien formó parte del cártel de Juárez. En su papel de testigo protegido había declarado en contra del entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, a quien vinculó con el cártel de Juárez, pero la PGR desestimó los señalamientos de Olvera al declararlo clínicamente como “mitómano y manipulador” (Proceso 1624).

El caso “Rufino”

Rufino es la clave de un testigo protegido que en el mundo del hampa fue conocido como Paquito y se desempeñó como asistente personal de Osiel Cárdenas. Tras ser detenido, declaró ante la PGR todo lo que sabía sobre el otrora poderoso jefe del cártel del Golfo, actualmente preso en Estados Unidos.

El testigo pagó caro su arrojo de hablar ante la PGR, pues tan pronto declaró sobre los refugios de Osiel y dio a conocer la lista de cómplices, varios de sus familiares –sus hijos y hermanos– fueron asesinados. El cártel del Golfo cobró venganza y quemó las propiedades de otros parientes suyos que a la fecha permanecen en calidad de desaparecidos.

La PGR, sin embargo, nada hizo para investigar esos hechos, a pesar de que Rufino fue una pieza importante para que elementos del Ejército Mexicano detuvieran a Osiel Cárdenas, en 2003. El testigo aportó datos relevantes, como el teléfono celular de Celia Marlén Cárdenas, hija de Osiel, el cual fue intervenido y gracias a las escuchas telefónicas se pudo localizar el escondite del capo Cárdenas Guillén.

Actualmente, el testigo protegido estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, es el principal acusador de altos funcionarios, tanto federales como estatales relacionados con el cártel de los Beltrán Leya. Se le identifica con la clave de Mateo.

Pese a los crímenes mencionados, el Programa de Testigos Protegidos de la PGR sigue operando sin una ley reglamentaria. Las fallas del sistema son tan costosas como los descalabros que sufre la PGR en los tribunales, en virtud de que la mayoría de los testimonios de los testigos protegidos carecen de veracidad, lo que ya puso en riesgo la Operación Limpieza, una de las investigaciones más importantes encaminadas a sanear la PGR.

Amenazas contra Proceso

Arturo Rodríguez García

SALTILLO, COAH.- Tras afirmar que no tiene vínculos con la delincuencia organizada y que presentará una demanda contra Proceso y los reporteros Ricardo Ravelo, Jesusa Cervantes y el autor de esta nota, el senador panista Guillermo Anaya Llamas acuñó una frase: “Lo único grande que existe en este asunto es el miedo que me tienen mis adversarios políticos”.

En su afán por descalificar el reportaje Testigo estelar, firmado por Ricardo Ravelo y publicado en la edición 1777 de este semanario, Anaya Llamas pidió al gobierno federal una explicación en torno al texto. En él se hace un recuento de las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, El Grande –lugarteniente del extinto Arturo Beltrán Leyva que hoy es protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) –, en las que proporcionó nombres de funcionarios presuntamente coludidos con el hampa.

En su declaración ministerial, El Grande aseveró, entre otras cosas, que conoció al presidente Felipe Calderón por mediación del senador Anaya y que cuando el panista fue alcalde de Torreón (2003-2005), éste le brindó una escolta personal y protección para el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.

El domingo 21, cuando comenzó a circular la edición 1777 del semanario, los principales diarios de la entidad destacaron a ocho columnas el texto de Ravelo y añadieron datos sobre la trayectoria del reportero, autor de cinco libros sobre el narco.

Durante una gira por Saltillo, adonde acudió para presentar su informe de actividades legislativas la tarde de ese domingo, Anaya Llamas se dirigió a la Plaza de las Ciudades Hermanas y encabezó ahí uno de los actos más importantes de su agenda. Ante las preguntas de los reporteros sobre el texto publicado por Proceso, el senador se negó a responder y convocó a una conferencia de prensa para la mañana del lunes 22.

Ese mismo día los diarios de la entidad publicaron un desplegado a media plana pagado por el senador con el título “Proceso miente”, en el que advertía que volvería a demandar a este corresponsal. Y en la conferencia declaró: “La publicación de estas mentiras por parte de Proceso es una represalia por la demanda legal por daño moral que emprendí y gané”.

Acompañado por el dirigente del PAN en la entidad, Reyes Flores Hurtado, Anaya Llamas insistió en que se trataba de una revancha. Según él, cuando aumenta su presencia en la entidad surgen ataques, por lo que, comentó, también demandaría al autor del reportaje Testigo estelar, Ricardo Ravelo.

Los reporteros le mencionaron otro texto publicado por la revista, titulado Infiltración total, de Jesusa Cervantes. El senador respondió que también presentaría una demanda contra ella.

Flanqueado por el senador Ernesto Saro Boardman y por Flores Hurtado, Anaya Llamas se burlaba de los reporteros. Varios de ellos le preguntaron incluso por qué se reía de sus preguntas.

–¿Ahora demandará al Grande? –le soltaron.

Él respondió que había pedido a la PGR un informe sobre el expediente y que una vez que se lo dieran, al comprobar que eran “mentiras”, demandaría a la publicación y a Ravelo.

Durante la conferencia, Anaya Llamas aludió a un fragmento de la sentencia que condena por daño moral a este corresponsal, pero sin mencionar que no es sentencia firme y que se encuentra en demanda de amparo; tampoco dijo que él mismo interpuso un amparo contra dicha sentencia porque no establece el monto de indemnización que debería pagar el corresponsal, a quien le exige cerca de 3 millones de pesos.

A cada cuestionamiento, Anaya Llamas, compadre del presidente Felipe Calderón, aludía a la sentencia que, según él, establece que su relación con El Grande era una mentira. Tres días antes, el viernes 19, el senador declaró al periodista Antonio Dávila que su hermana Elsa María Anaya no estuvo casada con Adolfo Villarreal Barragán, hermano de El Grande.

No obstante, en la conferencia del lunes 22 terminó por admitir esa relación, aunque dijo que su hermana ya estaba divorciada. También contestó que él jamás tuvo contacto con Sergio Villarreal: “Yo respondo por mí, mi esposa y mis hijos”. Nervioso, añadió: “Yo no estuve casada con él” (sic).

El miércoles 24, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, puso a disposición de la procuraduría al jefe de la División de Caminos de su dependencia, Luis Cárdenas Palomino, y al jefe de Investigaciones, Armando Espinoza de Benito, para que sean investigados por los señalamientos que hizo El Grande.

“A la PGR le pedí que agotara esta referencia, inclusive que (Cárdenas Palomino y Espinoza de Benito) comparecieran si fuera necesario para poder identificar los tiempos y acreditar lo que dice”, declaró García Luna. l

Acerca de Testigo estelar

Del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República

Señor director:

Con respecto a la nota titulada Testigo estelar, publicada en la edición del 21 de noviembre del semanario que usted dirige, el gobierno federal rechaza categóricamente que haya existido algún contacto entre el presidente de México y el presunto delincuente Sergio Villarreal Barragán. En este sentido, la información contenida en el artículo sobre este rubro es totalmente falsa.

El gobierno federal ha instrumentado la Estrategia Nacional de Seguridad en contra del crimen organizado y la impunidad con la que solía desenvolverse. La captura de Villarreal Barragán, entre otros líderes de bandas delincuenciales, es un hecho de alto impacto que así lo demuestra.

El gobierno federal agradecerá la publicación de esta carta, con la finalidad de que sus lectores cuenten con información veraz sobre lo abordado en el citado artículo.

Atentamente

Dirección General de Comunicación

Secretariado Técnico del Consejo

de Seguridad Nacional

Presidencia de la República

De la Procuraduría General de la República

Señor director:

Con relación al reportaje titulado Testigo estelar, publicado el 21 de noviembre del presente en la revista que usted encabeza y firmado por Ricardo Ravelo, señalamos lo siguiente:

–La Procuraduría General de la República niega categóricamente haber llegado a acuerdos económicos con Sergio Villarreal Barragán o de proveerle algún tipo de inmunidad.

–Sergio Villarreal Barragán está sujeto a la medida cautelar del arraigo, con la finalidad de que la autoridad ministerial integre y fortalezca la averiguación previa correspondiente. Asimismo, la PGR iniciará los procesos correspondientes de extinción de dominio y/o abandono con respecto a los bienes que son de su propiedad.

–Subrayamos que la calidad de “testigo colaborador” no implica la suspensión del proceso judicial que se le sigue.

–La Procuraduría General de la República rechaza que Sergio Villarreal Barragán se haya referido, ya sea en entrevista previa o en declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación, al presidente de la República o al senador Guillermo Anaya Llamas.

Tampoco ha existido ningún contacto entre el presidente de México y Villarreal Barragán. La información difundida por Proceso es totalmente falsa en este respecto.

Las imprecisiones contenidas en el reportaje en comento contribuyen a la desinformación de la opinión pública. Por ello, esta institución solicita la publicación de esta carta con el fin de que sus lectores cuenten con la información veraz sobre el particular.

Atentamente

Licenciado Ricardo Celso Nájera Herrera

Director general de Comunicación Social

de la Procuraduría General de la República

Respuesta del reportero

Señor director:

De no haber sido porque entró en negociaciones con la Procuraduría General de la República (PGR) para incorporarse al programa de Testigos Protegidos, el presunto narcotraficante Sergio Villarreal Barragán hubiera sido recluido en una prisión de alta seguridad.

Las negociaciones entre El Grande y la PGR comenzaron poco después de que fue detenido en el estado de Puebla. De ahí que se le haya asignado la clave de Mateo, nombre con el que ya se le identifica en el Programa de Testigos Protegidos. Según la información que se pudo obtener, algunas negociaciones consistían en otorgarle un sueldo mensual, el pago de una renta y no decomisarle ninguna de sus propiedades.

Después de que Proceso publicó el reportaje dando a conocer los detalles de esos privilegios, la PGR, a través de su vocero Ricardo Nájera, rectifica y afirma que sí se iniciarán los procesos correspondientes de extinción de dominio y/o abandono sobre los bienes de Villarreal Barragán, aspecto al que la PGR no se había referido en otro momento.

Respecto de las declaraciones de Villarreal Barragán en el sentido de que conoció al entonces presidente electo en el bautizo de la hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, es preciso subrayar que tales afirmaciones sí fueron realizadas por el presunto capo.

Las hizo al declarar dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010/2010 y ante la agente del Ministerio Público Federal Angélica Herrera Rivero. En dicha declaración, Villarreal refiere que al ser presentado con Calderón por el senador Anaya Llamas, le dijo al presidente: “Cualquier cosa que se le ofrezca, quedo a sus órdenes”, a lo que Calderón contestó: “Igualmente”. (Por error, en el reportaje (página 7) no se consignó con precisión esta escena.)

En ese mismo testimonio, El Grande afirma que por órdenes de su entonces jefe, Arturo Beltrán Leyva, él se hizo cargo de la logística para ejecutar al comisionado de la Policía Federal Preventiva Édgar Millán Gómez, y que para ello contrató a un comandante conocido como El Perro, que pertenece al Grupo Yaqui de la PGR.

Reveló que también por órdenes del capo Arturo Beltrán se planeó la ejecución de Luis Cárdenas Palomino (coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal) y de Armando Espinoza de Benito (jefe de la División de Investigación de la misma corporación); que a Cárdenas lo iban a matar porque recibió una fuerte suma de dinero de parte de Beltrán Leyva, pero nunca se comunicó con el cártel, y que con Espinoza de Benito harían otro tanto porque, según le comentó Arturo Beltrán, recibía dinero de El Chapo Guzmán.

Llama la atención que el vocero de la PGR y el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional no nieguen la parte del testimonio de El Grande sobre el asesinato de Millán Gómez y los planes para ejecutar a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Luis Cárdenas y Armando Espinoza, y que en cambio su mayor preocupación sea desconocer la relativa al encuentro del presidente Calderón con Sergio Villarreal Barragán, cuando todas las aseveraciones mencionadas se hallan registradas en el mismo documento.

Atentamente

Ricardo Ravelo

Exgobernador muerto, gobernador vivo: vínculos criminales

Jorge Carrasco Araizaga

Las implicaciones del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos en el contexto de la guerra de cárteles en Colima obligaron a su sucesor, Mario Anguiano, a reconocer que el crimen pudo haberlo cometido una organización delictiva. El problema para el estado es que información documental disponible involucra a parientes y colaboradores de ambos, el gobernador vivo y el exgobernador muerto, con el crimen organizado.

La ejecución del exgobernador de Colima Silverio Cavazos Ceballos, ocurrida en el marco de una creciente violencia por narcotráfico en el estado, removió los antecedentes del gobernador Mario Anguiano Moreno y su entorno, ensombrecidos por una historia de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Asesinado la mañana del domingo 21 afuera de su residencia, Cavazos Ceballos, que iba a cumplir 42 años el próximo 15 de diciembre, fue el principal promotor de la llegada al poder de Anguiano Moreno, cuyo primer año de gobierno ha coincidido con la etapa más violenta vivida por la entidad en su historia reciente.

En tan sólo un año, en el estado han ocurrido 120 ejecuciones, más de 40 desapariciones y el desmantelamiento de una docena de laboratorios de droga sintética, producción que inició la organización de los hermanos Amezcua y se ha desarrollado desde la década de los noventa en la entidad.

El cártel de Sinaloa es el que ha tenido más presencia durante años, aunque en la entidad están presentes varias organizaciones delictivas que tienen como principal centro de operaciones el puerto de Manzanillo, donde no sólo entran sustancias ilegales, sino que de ahí sale dinero en efectivo hacia Colombia.

Según la versión difundida oficialmente, Cavazos Ceballos fue asesinado cuando conversaba afuera de su casa con el actual secretario de Fomento Económico del estado, Rafael Gutiérrez Villalobos, quien salió ileso del ataque.

De acuerdo con el gobernador Mario Anguiano, momentos antes él había tenido una reunión con su colaborador, quien al terminar el encuentro pasó por la casa de Cavazos. Según Gutiérrez Villalobos, quien es uno de los empresarios más cercanos al gobernador y que ha sido señalado como lavador de dinero de los hermanos Amezcua, Cavazos Ceballos estaba en la calle, por lo que detuvo su vehículo y bajó a saludarlo. Fue entonces cuando llegaron los pistoleros y dispararon.

Cavazos tenía gran presencia política aun después de dejar el gobierno. Varios miembros del actual gabinete habían sido sus colaboradores, entre ellos el procurador Arturo Díaz Rivera, quien a las pocas horas de la ejecución se apresuró a asegurar que el asesinato de su exjefe no tenía relación con la delincuencia organizada.

Amenazado en febrero del año pasado en una cartulina por la delincuencia organizada, el procurador descartó el narcotráfico como móvil porque el arma utilizada para el homicidio fue una pistola calibre 38 súper, y no armas largas como las que usan los narcotraficantes.

Sin embargo, apenas el 1 de julio pasado, cuando la Procuraduría General de Justicia del estado informó sobre la detención de un sicario del cártel del Milenio, originario de Colima, dio a conocer que ese mismo tipo de armas se usa en la confrontación de las bandas rivales.

Atribuido por la procuraduría del estado a “un solo tirador”, el asesinato del exgobernador tuvo sus primeros efectos en el gobierno de Anguiano, quien admitió la posibilidad de que el narcotráfico esté detrás del homicidio de su antecesor y padrino político.

Cavazos Ceballos disponía de una escolta de 10 policías para él y su familia, pero en el momento del atentado sólo dos lo acompañaban. Los agentes estaban a cargo también de la seguridad de su casa, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y cuyo origen fue puesto en duda, incluso en una denuncia penal, por el diputado federal del PAN Leoncio Morán, quien acusó al exmandatario de enriquecimiento inexplicable.

El posible móvil del asesinato no ha sido la única contradicción de las autoridades. También las hay sobre la actuación de la Policía Estatal Preventiva después de la ejecución. Tres efectivos de esa corporación se saltaron la barda de la casa de descanso del médico Mario Eduardo Robles Gil Bernal y le dispararon porque lo “confundieron” con un sicario.

El mismo domingo 21, la oficina de Díaz Rivera aseguró que los policías le dispararon en la vía pública porque hizo “movimientos sospechosos” al negarse a detener la camioneta en que viajaba junto con su hijo menor de edad en una brecha de la comunidad La Capacha, cerca de la capital del estado.

Fuentes cercanas a la investigación ministerial aseguran que la declaración del hijo fue clave para que el gobierno corrigiera su versión. El testimonio recogido por Proceso dice que el hijo del médico escuchó a los policías reportar por radio: “Ya tenemos a uno, ya lo matamos. Y llevamos a otro más”. Del otro lado del radio escuchó: “Mátenlo de una vez”.

Presionado por la familia y la comunidad médica del estado, el miércoles 24 Anguiano se vio obligado a cambiar la versión inicial de su gobierno: reconoció que tres efectivos del grupo especial Fuerza de Operaciones y Reacción Inmediata se metieron a la casa del médico cuando perseguían a los sicarios, que se habían bajado de la camioneta Jeep Patriot en la que huían y entraron en domicilios particulares. El médico estaba regando su jardín y al ver a los policías encapuchados trató de huir en su vehículo, pero los policías le dispararon.

Hay una circunstancia adicional: la viuda del médico es prima hermana del gobernador, quien el próximo 18 de diciembre tiene que rendir su primer informe de Gobierno.

El círculo de la sospecha

Desde que fue presidente municipal de Colima, entre 2006 y 2009, Anguiano Moreno integró a su equipo a personas que públicamente han sido señaladas por supuesta relación con el narcotráfico, como se publicó en marzo de 2009 en el número 1687 de Proceso. Pese a ello, como gobernador incluyó a varios de ellos en su gabinete.

Cuando era presidente municipal, de acuerdo con el acta número 1 del ayuntamiento de Colima, fechada el 16 de octubre de 2006, hizo un nombramiento que fue ampliamente cuestionado en la capital: el de Octavio García Salazar como oficial mayor del municipio.

García Salazar, conocido como El Polvaredas, había sido administrador del rancho Ángeles del Infierno, identificado como Las Pilas cuando era propiedad del narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero. Según una ficha de seguridad, el rancho tenía pista de aterrizaje para aeronaves pequeñas en las que se traficaba droga.

Otro de los nombramientos que constan en el acta del ayuntamiento es el de los primos del entonces alcalde: los hermanos José Ramón y Óscar Valdovinos Anguiano; el primero, como director general de Tránsito y Vialidad; el segundo, como tesorero municipal. De José Ramón, la misma información de seguridad dice que “sus nexos y apoyos otorgados han sido a favor de la delincuencia organizada”.

Precisa que como director de Control de Procesos de la Procuraduría de Justicia del estado “vendía información privilegiada a defensores de delincuentes a fin de evitar el cumplimiento de órdenes de aprehensión”.

Valdovinos Anguiano designó a Gabriel Delgadillo González como director operativo de Vialidad del Ayuntamiento. Delgadillo había sido director de seguridad pública de Ixtlahuacán y, según el documento, en ese municipio “otorgaba protección a cargamentos de mariguana que salían de Michoacán, pasando por el municipio con destino al rancho Ángeles del Infierno”. José Ramón Valdovinos Anguiano permanece en el mismo cargo con el actual alcalde de Colima, Ignacio Peralta Sánchez.

En la nueva administración de la alcaldía también está Óscar Valdovinos Anguiano, quien pasó de tesorero municipal a regidor con Anguiano Moreno.

El gobernador ha trabajado con sus primos más de una década. Incluso, desde agosto de 2009 María del Rocío Valdovinos Anguiano es magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En la segunda mitad de los años noventa, cuando el hoy gobernador fungía como contador mayor de Hacienda del Congreso del estado, su primo Óscar ocupaba un puesto de mediano nivel en esa dependencia. Cuando Anguiano renunció a la Contaduría en 1999, Óscar fue nombrado subcontador mayor de Hacienda.

Entre 2003 y 2006, Mario Anguiano fue diputado local. Sus principales auxiliares eran Óscar Valdovinos Anguiano, Octavio García Salazar y Tayde Hugo Corona. Ya como presidente municipal, no sólo tuvo con él a sus primos, sino a García Salazar, como oficial mayor, y Hugo Corona como director de Licencias y Reglamentos.

Antes de ese cargo, Corona ocupó durante dos años el área de Prevención del Delito de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR). Ahora, el gobernador lo nombró director del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) del DIF estatal.

No son los únicos casos en los que el narcotráfico rodea al mandatario. En 2003, su hermano Humberto, La Rana, fue detenido por delitos contra la salud y condenado a 10 años de prisión. En abril de este año, poco antes de cumplir siete años de encierro, salió libre de manera anticipada.

Además, su primo Rafael Anguiano Chávez purga desde 1997 una pena de 24 años de prisión en Estados Unidos, acusado junto con otras 16 personas de traficar metanfetaminas a Estados Unidos como parte del cártel del Milenio.

De acuerdo con los expedientes judiciales estadunidenses, junto con el primo del gobernador fueron procesados Carlos Javier Martínez, Ramiro Ayala, Angélica Ayala, Raúl Arteaga Torres, Isaías Hernández, Mario Chávez Anguiano, Juan Miguel Valdez, Juan Ávalos Martínez, José Martínez, Urbano Ramírez Lucatero, Óscar, David y Eduardo Lepe Torres, Lucio Ríos Rosa, Francisco Chávez Verduzco y Alejandro Ramírez Rodríguez.

En el caso del Polvaredas, oficial mayor del entonces presidente municipal, la información de su ficha policial dice que cuando él administraba el rancho Ángeles del Infierno “se veía a Ramón Margarito Larios Quiroz, El Papo Larios, operador en el municipio de Tecomán coordinadamente con Rafael Cavazos Ceballos”, hermano del exgobernador asesinado.

De acuerdo con esa misma información, el predio había sido comprado por el narcotraficante Germán Torres Anguiano y tuvo como apoderado legal a un hermano del exdiputado priista por Tecomán, Arturo García Arias.

El mismo reporte indica que un hijo de Torres Anguiano, quien fue asesinado en Guadalajara en 2006, se hizo de la disco ICE, de una distribuidora de equipo de telecomunicaciones Nextel y de una agencia de la automotriz Peugeot. Elaborado cuando Silverio Cavazos gobernaba el estado, el documento dice que la agencia “fue vendida a Arturo Velasco Villa, como único propietario, pero es en sociedad con el actual gobernador de Colima”.

En abril de 2009, la Policía Federal detuvo en la ciudad de Colima a José Arturo Baltasar Sánchez, a quien se identificó como el operador en el estado de Ignacio Coronel, entonces responsable del cártel de Sinaloa en la zona. Según informes policiales, Baltasar Sánchez coordinaba a los hermanos del entonces gobernador, Francisco y Rafael Cavazos Ceballos. En julio de 2003 la PGR indició al segundo por delitos relacionados con las drogas (Proceso 1687).

Funcionarios claves

Entre los colaboradores de Anguiano que también han sido cuestionados está el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, expresidente de la Canacintra en Colima y quien estaba con Cavazos Ceballos durante el crimen. Se presenta como un empresario exitoso, pero sobre él pesa la sombra de los Amezcua.

En una entrevista publicada en diciembre pasado por la revista de negocios Decisión de Empresario, de Colima, explicó que su riqueza fue producto de tres tortillerías que heredó de su padre en 1982, y dos años después puso una pequeña tienda de abarrotes. Luego, compró una bodega de la Conasupo y abrió el Super Abarrotes Gutiérrez.

Según su propia historia, en los años noventa empezó a distribuir los productos y papeles institucionales de Crisoba en Colima; luego proveyó abarrotes y productos institucionales a otras empresas y al gobierno del estado.

De ahí saltó a lo que ahora es su principal negocio: la venta de seguridad. “A raíz de que empezamos a vender los productos institucionales vimos que a quien le vendíamos requería los servicios de seguridad, y fue cuando abrimos Institucionales Roka, en 1994”. Ahora esta empresa opera a nivel nacional y tiene oficinas en estados del Pacífico: Tijuana y Mexicali, en Baja California; Los Cabos, Baja California Sur; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Guadalajara, Jalisco; Manzanillo y Colima, en Colima.

De acuerdo con su relato, su primer contrato importante de seguridad fue en el puerto de Manzanillo, donde está a cargo de la vigilancia interna de la terminal portuaria. Ahí se moviliza cerca de 1 millón y medio de contenedores y por carretera se llega en 18 horas a Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

El puerto de Manzanillo fue utilizado por el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon para la importación de sustancias que según el gobierno mexicano se utilizaban en la elaboración de metanfetaminas. Además, ha sido escenario de incautaciones de toneladas de droga y millones de dólares. En septiembre de 2009, la Marina confiscó 36 millones que se enviaban a Colombia.

Poco antes, en agosto, en ese mismo puerto el Ejército detuvo a seis integrantes de La Familia michoacana, de quienes el entonces gobernador Cavazos aseguró que estaban “en calidad de turistas” en Manzanillo.

De la operación del recinto portuario conoce también el actual secretario de Gobierno de Mario Anguiano, Jesús Orozco Alfaro, quien fue encargado de la aduana de Manzanillo, pero salió luego del escándalo que provocó el aseguramiento de droga en los barcos Córdoba y El Chimborazo, poco después del asesinato en Guadalajara de Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco, operador del narcotráfico en la zona y que en Colima se hacía pasar como empresario agroindustrial.

Enrique Armando Salazar Abaroa, asesor de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recuerda que durante los años ochenta El Cochiloco se estableció en el rancho Jayamita, en el municipio de Coquimatlán, donde recibía a narcotraficantes y políticos, incluido el gobernador Elías Zamora Verduzco, quien en su momento aseguró que lo consideraba un empresario.

Según el asesor, tras la muerte de El Cochiloco, en 1991, comenzó a crecer Nacho Coronel. “Se dice que en Colima creció a la sombra de Jesús Antonio Sam López”, comenta en entrevista, en referencia a quien fue procurador general de Justicia del Estado durante los periodos de Carlos de la Madrid Virgen y Fernando Moreno Peña.

Afirma que la violencia se desató en Colima desde antes de la muerte de Nacho Coronel, ejecutado en Jalisco por el Ejército en julio pasado y quien controlaba Colima para el cártel que encabezan ahora Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Además del cartel de Sinaloa y La Familia Michoacana, en el estado también se ha registrado presencia de los hermanos Beltrán Leyva y del cártel del Golfo.

“Con la presencia de todos los cárteles en Colima por el interés que tienen en el puerto de Manzanillo, lo que ocurre es que nombran un administrador, propuesto tal vez por el cartel más fuerte, el de Sinaloa. Así ha ocurrido desde la época de Caro Quintero. Colima es tierra de todos los cárteles y la muerte de Cavazos puede ser parte de la definición del nuevo administrador. No lo sabemos.”

Salazar Abaroa considera que de ser así y si las investigaciones llevan a establecer vínculos con el narcotráfico, entonces tendría que aplicarse la Ley de Extinción de Dominio y, por lo tanto, confiscarse los bienes del exgobernador, “pero si el procurador dice que no fue el narco, entonces que diga quién fue”.

En toque de queda...

En octubre pasado apareció en el portal Youtube un mensaje en el que presuntos sicarios del cártel del Golfo advertían a los pobladores del municipio de Hidago, Tamaulipas, que a partír del día 20 de ese mes se establecía el toque de queda y que las actividades debían suspenderse entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana. El alcalde Marco Antonio Leal García fue asesinado el 29 de agosto y su sustituto prefiere despachar desde Ciudad Victoria.

HIDALGO, TAMPS.- A partir de las ocho de la noche, en este municipio nadie entra ni sale. Las actividades terminan a esa hora y se reanudan hasta las cinco de la mañana del día siguente. Grupos de sicarios, que se asumen como defensores del pueblo, atraviesan vehículos para custodiar los accesos de la localidad y advierten que dispararán contra todo aquel que circule por las calles. Son ellos los que imponen un toque de queda, porque este es territorio de guerra.

Igual que en otros municipios de Tamaulipas, desde hace meses aquí no hay policías ni agentes de tránsito. El alcalde, Marco Antonio Leal García, fue asesinado el 29 de agosto. Su sustituto, Gregorio Guerra Maldonado, nombrado por el Congreso estatal el 22 de septiembre, despacha desde Ciudad Victoria.

Además, Gonzalo Uvalle Morales, quien ganó la alcaldía en los comicios de julio pasado, nunca se ha aparecido en la ciudad. Incluso hay quienes aseguran que no asumirá el cargo el próximo 1 de enero.

En el edificio del ayuntamiento, desde marzo pasado prácticamente se suspendieron las labores, luego de que un grupo delictivo lanzó granadas contra la entrada principal del edificio.

Hasta hace unos meses, Hidalgo era una población bulliciosa. Ubicada a 85 kilómetros al noroeste de la capital del estado, hoy semeja un pueblo semivacío. Los lugareños miran con desconfianza a quien se atreve a caminar por sus calles. Decenas de negocios cerraron y muchas casas están calcinadas, algunas tienen en sus fachadas las huellas de los tiros que recibieron. Hay tensión; el miedo se transmite con las miradas.

Hace más de una semana que el secretario general de Gobierno, Hugo Andrés Araujo, anunció un operativo especial para este municipio –que vive una situación similar a la de Mier, donde a principios de noviembre se registró un éxodo de habitantes a causa de la violencia–, los soldados y los marinos nomás no se ven.

“Esos se aparecen cuando las balaceras terminan, por eso todos dicen que están aliados con ellos (con los narcos); nomás vienen a rematar a los que quedan heridos”, se queja Gloria, un ama de casa que, dice, está a punto de marcharse del pueblo.

El municipio tenía 23 mil habitantes, según datos oficiales. Hoy se desconoce cuántos han huido. En la cabecera municipal no hay calle en la que no se observen casas abandonadas, también lujosas residencias están deshabitadas.

“Lo malo es que los que se fueron son los más ricos, los que daban trabajo. Yo sí lo he pensado, no es que quiera quedarme, pero no quiero abandonar mi casa. ¿A dónde me voy? ¿De qué voy a trabajar?”, dice Javier, quien atiende un pequeño negocio de antojitos.

Antes, comenta, sobraban los clientes, pues este municipio es paso obligado para llegar a El Chorrito, uno de los santuarios católicos más visitados del noreste de México. Hoy, el obispo de la diócesis local, Antonio González Sánchez, admite que la afluencia de visitantes se desplomó drásticamente este año a causa de la inseguridad en territorio tamaulipeco.

Igual que en la cabecera municipal, muchos de los habitantes de El Chorrito, que vivían del turismo religioso, optaron por emigrar a Victoria o a Nuevo León en busca de trabajo.

“Hay niños que ya no quieren ir a la escuela, como que están traumados. Ellos han visto a esos hombres armados por las calles o les han tocado las balaceras”, relata una mujer.

Los propietarios de huertas de naranja, otra de las principales actividades económicas de la región, tienen que pagar cuotas para que los grupos delictivos les permitan movilizar y comercializar sus cosechas. Hay quienes, a falta de trabajo, se enrolaron en esas bandas, ya sea como halcones o sicarios.

“Los que nos quedamos aquí tratamos de hacer una vida normal, pero ya todo ha cambiado; desde hace unos años ya se presentaban hechos de violencia, pero no al grado de lo que ahora vivimos”, reconoce otro de los entrevistados.

Otros comentan a Proceso que aquí no se celebró el grito del Bicentenario de la Independencia ni el desfile del Centenario de la Revolución ni hubo feria; tampoco hay bailes populares ni de quinceañeras, bodas o piñatas. ¿Quién se va a atrever a hacerlas?, preguntan.

Los apoyos del programa Oportunidades se tienen que entregar en un ejido vecino, porque “no hay condiciones” para hacerlo en la cabecera municipal, revelan funcionarios. En el hospital, por ejemplo, no hay servicio de urgencia y los médicos dejan de trabajar a las cuatro de la tarde.

Todos saben dónde se ponen los halcones, dónde duermen los sicarios del cártel del Golfo, por dónde se mueven Los Zetas, que, aseguran, son mayoritariamente centroamericanos a los que los habitantes reconocen por sus tatuajes.

Seguido llegan a comer a las fondas y restaurantes. “Aquí son buenos clientes. Siempre me han pagado, pero cuando llegan nos entra el miedo”, dice el propietario de un negocio.

Las historias se multiplican. “Aquí vivía un muchacho que levantaron. Duró desaparecido un mes, pero hace unos días que lo regresaron”; “en esa casa vivía uno de los caciques que se relacionaba con Los Zetas, pero dicen que huyó para Europa”; “Acá vivían unos que mataron y allá otros que están desaparecidos”.

La mayoría de los negocios, ranchos y casas que han quemado en la cabecera municipal pertenecen a la familia Leal, la misma del alcalde asesinado.

A los integrantes de esa familia los acusan de aliarse con un grupo delictivo. Asimismo, el exalcalde Cesáreo Rocha Villanueva resultó herido, por lo que prefirió irse del pueblo. A su vez, el líder del Comité de Lucha Social, Israel Cuéllar, fue secuestrado y un comandante de la Policía Rural fue asesinado.

Hoy, en las calles de Hidalgo sólo andan algunos elementos de la Policía Especial de Tamaulipas, pero la gente no confía en ellos. “Son los primeros en correr cuando ocurre algo”, dice uno de los pobladores. Los que en realidad patrullan aquí son los narcos.

“Yo los vi hace días. Eran cuatro camionetas con unos monos encapuchados que traían las metralletas a la vista, por aquí pasaron como a las dos de la tarde, seguido andan a todas horas, depende de cómo anden las cosas”, relata una mujer.

El mensaje

En Hidalgo, más que en otros municipios de Tamaulipas, el cártel del Golfo (CDG) ha adoptado la práctica de repartir volantes y emitir comunicados por internet para ganarse popularidad, para justificar sus acciones y hasta para lanzar convocatorias de reclutamiento.

Curiosamente firman sus escritos bajo el nombre de Columna General Pedro José Méndez, evidentemente en honor al héroe tamaulipeco, oriundo de este municipio, que luchó contra la invasión francesa en 1862 y que en 1864 combatió al ejército imperialista justamente con la formación de columnas y guerrillas.

Para decretar el “toque de queda”, ese grupo hizo público un comunicado en Youtube, a través del usuario elverdugo811, que ya ha utilizado en otras ocasiones ese cártel:

“Al pueblo de Hidalgo, Tamaulipas, al Ejército Nacional y a la Armada de México, considerando que el Estado ha fallado, en mantener el orden y el estado de derecho, y que la población se encuentra ha (sic) merced de los secuestradores y asesinos llamados zetas, a partir de fecha 20 de octubre del 2010, declaramos en nuestro municipio el toque de queda.”

Y añade: “Queda prohibido circular vehículos a partir de las ocho de la noche a las cinco de la mañana del día siguiente, dispararemos a todo aquel vehículo que circule, lo anterior para impedir que los criminales zetas, incursionen en nuestro municipio, sólo respetaremos a quienes heroicamente están defendiendo los intereses de nuestro pueblo, como lo es: el Ejército y la Armada de México. Atentamente, Columna General Pedro José Méndez. cártel del Golfo. ‘Nadie está a salvo si no tomamos las armas’”.

De acuerdo con los lugareños, esta medida se tomó después de que Los Zetas colocaron mantas en la presidencia municipal y en calles principales de Hidalgo, donde amenazaban a la población y al CDG.

Por las noches, los pistoleros del cártel colocan vehículos en el puente que divide a la cabecera municipal con El Tomaseño y ya no se permite el paso.

“Durante el día tratamos de seguir con las actividades de siempre, pero ya nomás empieza a oscurecer y todos se encierran en sus casas, porque seguido hay balaceras”, relata una de las entrevistadas.

–¿Y si alguien se enferma por la noche? –se le pregunta.

–Pues nos tenemos que aguantar hasta que sea de mañana, porque en esas horas nadie entra y nadie sale: vivimos secuestrados.

Aunque también hay otros pobladores que justifican estas acciones. “Es que los del cártel nos defienden de Los Zetas, que son los que roban, secuestran y atacan, porque esos no traen dinero”, afirma uno de ellos. l

México “asciende” a estado de guerra

Francisco Olaso

BERLÍN.- México está envuelto en una confrontación violenta definida como “guerra” por el Barómetro de conflictos 2010, que a mediados del próximo diciembre publicará la Universidad de Heidelberg, Alemania.

De acuerdo con el estudio del Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de esa universidad, en la guerra mexicana los contendientes son el Estado y los cárteles de la droga, mientras el objeto de la disputa lo constituyen el “predominio regional” y los “recursos”.

Es la primera vez que el Barómetro de conflictos, publicado desde 1991, otorga al conflicto vinculado al narcotráfico en México el grado de intensidad 5, “guerra”, máxima categoría dentro de la escala de su metodología. En su edición de 2009 le asignó el grado 4: “crisis severa”.

El instituto clasifica los conflictos en el mundo según su grado de intensidad:

El primero es un “conflicto latente”, una diferencia de opinión entre dos o más partes sobre asuntos de interés nacional. El grado 2 atañe al “conflicto manifiesto”, con ejercicio de presión expresa o amenazas de violencia o de castigos económicos.

A partir del tercer grado, “crisis”, el conflicto asume un carácter violento, al menos de parte de uno de los contendientes. El cuarto, “crisis severa”, refleja el uso de violencia de manera repetida y organizada. El grado 5, “guerra”, implica un uso sistemático, continuo y organizado de acciones violentas, de un nivel acorde con las posibilidades máximas de los contendientes y que provoca una destrucción duradera.

Violencia

La decisión del instituto germano de ubicar al conflicto mexicano en el grado 5 no estuvo exenta de deliberaciones. “Discutimos si se trata de un conflicto de alto nivel de violencia, una ‘crisis severa’, o si lo definíamos como ‘guerra’. Al final nos inclinamos por considerar que se trata de una ‘guerra adulta’”, dice a Proceso el investigador Friedemann Schirrmeister, a cargo del capítulo mexicano del estudio.

Agrega: “El empleo sistemático y masivo de violencia, especialmente en el norte de México, las numerosas víctimas fatales –criterio que en sí mismo no es exclusivo para hablar de guerra– y la destrucción duradera nos han llevado a optar por el grado de intensidad 5. También influye el uso de armamento pesado, aunque en la mayoría de las acciones se utilizan armas ligeras”.

–En 2009, el Barómetro definió este conflicto con el grado 4 ¿Hubo desde entonces una escalada? –se le pregunta.

–El conflicto escaló a partir de diciembre de 2009 y desde entonces se ve un aumento enorme en la confrontación entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga.

“La violencia entre cárteles sigue igual de fuerte, pero nosotros nos enfocamos a la confrontación entre el Estado y esas organizaciones delictivas, que al final de cuentas deriva en conflicto político. Subimos en un punto el grado de intensidad, ya que los enfrentamientos en amplias zonas del norte del país han alcanzado una dimensión que se puede definir muy bien con la palabra guerra”, plantea el especialista.

El instituto germano define como conflicto la confrontación en la que se encuentran en juego intereses concernientes a valores de alcance nacional: territorio, descolonización, secesión, autonomía, sistema político o ideología, poder nacional, predominio regional, poder internacional y recursos.

“En el caso de México, los objetos del conflicto son el predominio regional y los recursos”, apunta Schirrmeister y aclara que “si bien el narcotráfico se relaciona con crimen y éste, en sentido amplio, no es visto como conflicto político, decidimos considerarlo así debido al poder de los cárteles y porque el gobierno de Felipe Calderón dijo públicamente que esas organizaciones amenazan de manera directa la democracia en México”.

En esta confrontación, añade el investigador, el dominio del Estado sobre su territorio ha sido puesto en duda por los cárteles. La otra parte del conflicto, abunda, se relaciona con los recursos; es decir, con las drogas, pese a que el Estado no les da este carácter, ya que están prohibidas.

–¿En qué sentido se considera a la droga como un recurso?

–No es un recurso natural como el petróleo o el gas, pero es un medio que los cárteles utilizan para obtener dinero en grandes cantidades.

“El gobierno niega que quiera hacerse de ese recurso, pero debe evitar que los cárteles lo posean ya que los hace muy poderosos. Se le considera recurso, pues como fuente de financiamiento conduce a que el conflicto escale, como ocurre en la actualidad.”

El especialista asegura que los enfrentamientos más violentos, con 90% de casos fatales, se dan entre los cárteles. “Lo que ocurre entre los cárteles y en su interior lo vemos esencialmente como criminalidad y por consiguiente no lo consideramos conflicto político. Sin embargo, las luchas que se dan en esas organizaciones criminales también desempeñan un papel que concierne al Estado, ya que ocurren en territorios sobre los que éste en gran medida no tiene control”.

Precisa que el involucramiento de miembros del Ejército y de la policía en el negocio del narcotráfico es un problema grave. “Tenemos gran cantidad de ejemplos que demuestran la participación de actores políticos, militares y policiales en los cárteles de la droga. En muchas ocasiones éstos no sólo se dedican al negocio de la droga, sino que cuentan con otras fuentes de ingresos. Se trata de un problema creciente”, indica Schirrmeister.

Sostiene que, pese a todo, al encuadrar el conflicto el estudio se aparta de tesis más radicales, como la que el periodista estadunidense Charles Bowden plantea en su libro Murder city (2010). En opinión de éste, el motivo de la “guerra contra el narcotráfico” es la lucha por el control de este negocio fabuloso. La policía y el Ejército luchan por su tajada, no hay una línea divisoria entre el gobierno y el mundo de la droga.

“Eso habla del tamaño de la corrupción”, apunta Schirrmeister. “Según expertos 50% de la administración pública local está infiltrada por el narcotráfico. Nosotros vemos al Estado, por motivos metodológicos, como actor unitario. Tenemos la confrontación entre las fuerzas militares y los cárteles del narcotráfico. Allí existe una clara línea de confrontación. Éstos contra aquéllos. Somos conscientes del hecho de que una parte de la policía, el Ejército y los políticos se beneficia a dos puntas. Pero para nosotros, desde la metodología, no hay diferencia si el soldado que combate a los cárteles al mismo tiempo es pagado por ellos.

Caso único

El Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg elabora su informe anual desde 1991. A escala global y a largo plazo comprueba una tendencia decreciente de los enfrentamientos violentos entre Estados: hoy, la mayor parte se da dentro de los mismos.

“Es una observación empírica que mediante nuestra metodología podemos comprobar”, dice el investigador. Y argumenta: “En Latinoamérica es más evidente que en otros lugares, ya que durante años no ha habido conflictos violentos importantes entre los Estados”.

Para el investigador siempre es complicado hacer comparaciones entre objetos de conflicto. “En Colombia también tenemos cárteles de la droga, pero la dimensión del conflicto en México no es comparable ni con el de los países de la región ni tampoco con los de otras. El de México es un caso único y muy especial”, dice.

“También observamos tendencias en Centroamérica, en El Salvador u Honduras, con bandas criminales como Los Maras. Algunas presentan desarrollos dramáticos, pero no alcanzan a tener una dimensión de conflicto político, ya que, de acuerdo con nuestra impresión, se mantienen dentro de ámbitos vinculados con la criminalidad.”

El Barómetro de conflictos 2010 reclasificó otros dos conflictos en México. El primero es el que enfrenta a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca con el gobierno, que pasó del grado de intensidad 2 (conflicto manifiesto) al 3 (crisis). El segundo corresponde al Ejército Popular Revolucionario en Guerrero, que del grado 3 (crisis) se movió al 1 (conflicto latente).

Sin modificaciones se presentan el enfrentamiento entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas con el gobierno (grado 3, “crisis”) y el que libran el gobierno y la oposición en el país (grado 1), con punto de partida en las elecciones de 2006, denunciadas como fraudulentas por la oposición. l

“Quiero cuidar el legado de Calderón...”

Álvaro Delgado

Después de las imposiciones desde Los Pinos de Germán Martínez y César Nava, Felipe Calderón alentó una contienda de cinco candidatos a presidir el PAN que desde el inicio de su gobierno ha cosechado derrota tras derrota. En lo que se convirtió en una carrera parejera entre el diputado Roberto Gil Zuarth y el senador Gustavo Enrique Madero, y cualquiera que sea la decisión de los 381 consejeros nacionales, el 4 de diciembre el ganador será el “calderonismo”. En entrevistas por separado, ambos se presentan como el futuro viable de su partido. En primer término, Gil está puesto para cuidar lo que llama el legado de Calderón.

”¡ no tengo ninguno de los tres pecados capitales de la política: No soy corrupto, no soy tonto y no soy flojo! ¡Le pese a quien le pese! Y precisamente porque son mis fortalezas las voy a hacer públicas y evidentes.”

Habla con vehemencia Roberto Gil Zuarth, quien a sus 33 años pretende convertirse –y jura que lo será– en el presidente más joven del Partido Acción Nacional (PAN), un año menos de los que tenía al llegar al mismo cargo Felipe Calderón, el impulsor de su vertiginoso ascenso político y económico.

Hace cuatro años, Gil Zuarth no tenía coche, poseía un modesto departamento de cien metros cuadrados y era deudor de dos tarjetas de crédito, pero poco después del 1 de diciembre de 2006 compró una camioneta Volvo de 650 mil pesos, una casa de 4 millones en el barrio de lujo de San Ángel Inn y ha vivido en el Club de Golf México y el Pedregal de San Ángel.

Único de los cinco aspirantes a presidir el PAN que ha hecho públicos sus bienes adquiridos con su sueldo de 152 mil pesos mensuales como diputado federal, más 100 mil por “servicios profesionales”, y los 160 mil que cobra su esposa Carla Astrid Humphrey, consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal –su patrimonio conjunto en bancos es de casi 3 millones de pesos–, Gil le tiene gratitud a Calderón.

“Yo vivo bien, he tenido un sueldo muy honorable en estos últimos años, con el presidente Calderón, en efecto”, dice Gil, cuya experiencia en el gobierno federal suma año y medio: nueve meses como coordinador de asesores del secretario de la Función Pública, Germán Martínez, y siete como subsecretario de Gobernación con Fernando Gómez Mont.

La diputación federal que ostenta fue por designación directa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, del que era abogado general y presidido por Martínez, quien en los hechos opera, junto a Patricia Flores Elizondo, la controvertida exjefa de la Oficina de la Presidencia, su campaña en busca del voto de los 381 consejeros nacionales.

Completa la triada de promotores clave de la candidatura de Gil el controvertido Jorge Manzanera Quintana, operador electoral de Calderón desde que era presidente del PAN, entre 1996 y 1999, y que le dan el sello “calderonista”, que sólo ha recogido derrotas desde el 2006, particularmente la de 2009, la peor en la historia de ese partido.

Pero Gil Zuarth, quien fue representante ante el Instituto Federal Electoral (IFE), exonera a Calderón y a Martínez de cualquier responsabilidad, porque “las derrotas y las victorias de una organización se explican por muchas más cosas y muchas más variables que la sola acción de los dirigentes”.

Y socializa la culpa: “Todo el panismo tiene que ver con las derrotas del PAN. Nadie puede deslindarse de las derrotas del partido. Somos parte de una organización y tenemos la misma responsabilidad en las derrotas y las victorias”.

–¿Es la misma responsabilidad de un militante que el abogado general del PAN?

–Yo asumo plenamente la responsabilidad que a mí me toca como miembro del CEN en el 2009 y he asumido siempre mi responsabilidad como panista. Las victorias y las derrotas se explican por muchas más cosas que la acción de personas en lo particular.

–Si tu trayectoria te hace parte del problema, ¿cómo puedes ser la solución?

–El problema del partido es que no hemos sembrado la esperanza y la ilusión suficiente, hemos dejado de tener ese empeño, ese impulso, esa vocación. La clave del futuro se escribe en términos de esperanza y sobre todo superando las coyunturas. Un partido que no supera la coyuntura es incapaz de construir futuro. Este partido tiene que empezar a construir futuro. La solución en el PAN somos todos.

Amigo “pero no socio” de Germán Martínez, a quien justifica que sea abogado junto con Fernando Gómez Mont de la familia Coppel –en una de cuyas tiendas de Sinaloa murieron seis trabajadoras que estaban encerradas–, Gil rechaza que su candidatura pueda ser plataforma para negocios particulares.

“¡Es falso! Y quien pueda afirmar que yo he participado o hecho un negocio particular desde los cargos públicos que he desempeñado, le pido y exijo que presente pruebas.”

Niega también ser el candidato oficial de Calderón. “Si el presidente quisiera imponerme como presidente del partido, ¿por qué hay competencia?”, pregunta.

–Por tu vinculación con Calderón y la sujeción que tienes de Germán Martínez, ¿puedes ser capaz de recuperar la autonomía del PAN?

–Tomo mis propias decisiones, tengo mi propia trayectoria y haré mi propio futuro. ¿Cuál evidencia de sujeción? Dime una sola decisión como diputado federal o como subsecretario que haya venido impuesta por las personas a las que tú mencionas.

–Tu jefe era Calderón.

–No sólo es el presidente de la República, es el primer panista, es uno de los panistas más destacados y además le tributo lealtad y aprecio, pero ¿cuál evidencia de sujeción a persona alguna?

–Hiciste tuya la tesis de Martínez del postcalderonismo, que postula que el próximo presidente del PAN debe ser guardaespaldas de Calderón al concluir su gestión.

–Puede ser una convicción. Yo quiero cuidar el legado del presidente Calderón, como voy a cuidar el legado de Vicente Fox. Lo que tú llamas sujeción tal vez puede ser una convicción de defender al partido y este partido postuló a Calderón a la Presidencia de la República y este partido tiene el deber de defenderlo.

–¿Tienes claro que Calderón no admite crítica y sólo valora la incondicionalidad?

–El presidente de la República valora el trabajo, el mérito, como muchos panistas valoramos el trabajo y el mérito.

–Insisto: ¿Serás capaz de recuperar la autonomía del PAN frente a Calderón?

–A partir del 4 de diciembre lo demostraré.

“El poder, ¿para qué?”

En entrevista con el reportero, la noche del sábado 20 de noviembre, y ya sin la impugnación de la senadora Judith Díaz Delgado a sus dos años y medio de militancia, que validó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gil Zuarth precisa su lugar de nacimiento, que en declaraciones patrimoniales se dijo que era Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca:

“Soy chiapaneco de nacimiento, hijo de madre chiapaneca, de Villaflores, hijo de padre oaxaqueño, de Santiago Juxtlahuaca. Cuando yo nací, mi padre, que es médico, hacía su servicio social en Santiago Juxtlahuaca y me registraron en Oaxaca. Hace 33 años los registros civiles no funcionaban como hoy y se me registró en esa población, y hubo una que otra omisión.”

De hecho su padre, Roberto Gil Acevedo, fue candidato del PAN a diputado por el distrito XXI con cabecera en Santiago Juxtlahuaca, en 2007. En 1979 sus padres emigraron a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Gil Zuarth vivió hasta 1995 y estuvo cerca del PAN gracias a que sus padres eran amigos del entonces aguerrido Francisco Barrio.

“Íbamos a los mítines de Pancho Barrio en 1983, me tocó hacer sándwiches y tortas para los representantes de casilla cuando no aceptaban alimentos de la autoridad precisamente para que no los enfermaran del estómago”, evoca.

Desde 1995, cuando se inscribió a estudiar derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se estableció en la Ciudad de México, donde consiguió una beca y un crédito para estudiar la maestría y el doctorado en España. A su regreso trabajó como asesor del entonces consejero electoral Alonso Lujambio, aspirante presidencial panista.

“Soy de la cultura del mérito, he tenido grandes oportunidades y las he aprovechado”, dice Gil, quien no tiene duda de los problemas que aquejan al PAN: desánimo y desesperanza.

“El partido está desanimado y ha perdido, en buena medida, la esperanza de que puede seguir construyendo un futuro. Y creo que ese es el mayor reto de la próxima dirigencia nacional: animar el partido para ganar el gobierno.”

Gil Zuarth no elude los esquemas clientelares que reproduce el PAN, los fraudes internos y las conductas deshonestas de panistas en sus gobiernos:

“Buena parte de los problemas de acción colectiva que enfrenta el partido es que no tenemos claras nuestras banderas, no tenemos claro qué queremos proponer y no nos hemos contestado a una pregunta fundamental: ¿para qué queremos el poder y para qué queremos aspirar a la Presidencia de la República?”

–¿No se han respondido después de una década de gobierno federal y casi un cuarto de siglo, por ejemplo, en Baja California?

–Después de años en el poder hemos tenido enormes aprendizajes que hay que reconocer y hay que poner a disposición de una nueva idea. La idea de Acción Nacional es una idea trascendente. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestro discurso y traducirlo en proposiciones de política pública, que sean cercanas a las realidades de la gente.

“Acción Nacional tiene que construir las nuevas banderas, contestarse a la pregunta: ¿Para qué queremos el gobierno y qué estamos dispuestos a hacer desde el gobierno?”

En su alegato, en el que no hace crítica al gobierno de Calderón, Gil dice que las derrotas del PAN obedecen a que la tarea de gobernar implica costos y también se debe explicar a los ciudadanos el riesgo que implica cambiar.

“Una de las debilidades que ha tenido el PAN en los últimos años es que no hemos explicado contundente y responsablemente cuáles son las ataduras, los atavismos, los resabios del pasado que retrasan e impiden el cambio.”

–¿Culpar al pasado no es una coartada que ya no se justifica?

–¡No! Hay mucho pasado en los privilegios sindicales…

–Pero el PAN se ha coludido para que sigan, como la impunidad de Elba Esther Gordillo y de los líderes petroleros.

–Hay mucho pasado en los privilegios sindicales, hay mucho pasado en las actitudes políticas. Del pasado todavía vienen privilegios, resabios y prejuicios que dañan nuestra política y que impiden ese dinamismo y esa capacidad de transformación.

–En la defensa de privilegios no hay diferencia entre el PRI y el PAN, como los de Televisa.

–No es Acción Nacional quien cultiva esos privilegios.

–Tienes razón. Es el gobierno del PAN.

–¿Y está cultivando algún candidato de Acción Nacional esa empresa? No. El partido tiene que definirse y sus gobiernos tienen que hacer avances. Esa es la tarea fundamental del partido y del gobierno: volver a asumir la bandera del cambio.

Saber perdonar

Aprovechando su juventud, Gil ha convocado a una “renovación generacional” del PAN, sobre todo porque este partido ha alejado a los jóvenes respecto de 2006, cuando representaron 38% de sus votos, que en 2009 cayeron a 28%, pero sobre todo porque para 2012 habrá 30 millones de jóvenes en edad de votar.

“Debemos reconocer que la apuesta electoral de Acción Nacional deben ser los jóvenes”, insiste en su propaganda, aunque esa estrategia no ha sido vista con agrado, especialmente después de que Patricia Elizondo, en su única aparición pública, hizo una declaración que irritó a los panistas veteranos.

“El partido necesita una renovación de una persona joven que tenga miras mucho más lejanas que todos los demás candidatos tienen y son más a corto plazo.”

–¿Abona Patricia Flores a tu candidatura?

–En este partido nadie tiene derecho a trazar la línea entre buenos y malos. Yo no soy un maniqueo, soy un demócrata.

–¿Con la organización El Yunque ya pactaste?

–No he tenido la ocasión ni he tenido el momento ni el espacio ni el contacto para sentarme con ellos.

Más adelante cavila: “No es sano para el partido recrearse en las imposiciones y, sobre todo, pensar que las personas todas somos corruptas y representamos lo que otros son. Yo no creo en eso. Nadie tiene derecho a trazar la línea entre buenos y malos”.

–¿Por qué lo dices?

–Porque creo que eso le está pasando al partido.

–En todo el país las luchas de facciones son encarnizadas.

–Por eso hay que hacer política y sobre todo introducir dos valores en nuestra forma de hacer política: la reconciliación y el perdón. Este partido siempre va a competir internamente. Hay que saber reconciliarnos y hay que saber perdonarnos. l

Aliancista... sin sumisión

Álvaro Delgado

El senador Gustavo Madero pretende coronar este año –un centenario de la Revolución con nostalgias de familia– asumiendo la presidencia del PAN. Afirma que sin distanciarse de Calderón, cuyo grupo político lo apoya, la colaboración con él no implica sumisión, y se define como un partidario de las alianzas “hacia fuera y hacia dentro” de Acción Nacional.

El senador Gustavo Enrique Madero no da tregua a su recorrido por el país para afianzar su autoproclamada unción como presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Consejo Nacional, que sesiona el sábado 4 de diciembre, y anticipa que no bajará el ritmo, porque hará una gestión itinerante.

“Esto durará tres años, hasta el 3 de diciembre de 2013. El triunfo ya está muy cantado”, se jacta a unos días de la elección.

–¿De plano?

–Así lo veo. Sin falsas pretensiones, creo que he logrado generar una confianza entre las distintas expresiones que tiene el PAN.

Aunque prevé que, por ser cinco candidatos, habrá una segunda o, “en el peor de los escenarios”, una tercera ronda de votaciones para obtener las dos terceras partes de los 381 consejeros –contando al aún desaparecido Diego Fernández de Cevallos–, Madero deja ver que a él se sumarán Cecilia Romero, Judith Díaz Delgado y Francisco Ramírez Acuña para vencer a Roberto Gil Zuarth.

Aclara, eso sí, que no ha hecho componendas: “No hay ningún compromiso. Desde el principio he recibido ofrecimientos de apoyos, pero como traían algún tipo de condicionamiento, los he rechazado. Los únicos apoyos que acepto son por coincidir en el pronóstico, en el perfil y en el proyecto”.

Advierte: “Es importante sumar, pero no llegar maniatado a la presidencia del partido. Eso no lo he aceptado ni lo aceptaré. Y busco sumar y ser plural. Reconozco que en el PAN existen distintas expresiones, visiones e interpretaciones, y todas son válidas en tanto no existan corrupción ni traición. Es lo único que debe ser deslindado”.

–¿Los condicionamientos que rechazó vinieron de Patricia Flores y Jorge Manzanera, que luego apoyaron a Gil?

–No quiero ponerle nombre y apellido. No estoy aceptando ningún tipo de apoyo que implique ataduras y compromisos que llegaran a quitarle viabilidad al proyecto mismo. Tan importante es el resultado como el proceso. No es sólo importante ganar, sino cómo se gana. Me importa mucho ganar de manera democrática e incluyente.

Con reputación de ecuánime entre sus prosélitos, o dócil, según sus detractores, Madero reconoce que el PAN enfrenta problemas “de fondo” como prácticas de clientelismo político, corrupción y defraudación electoral, que ofrece desterrar, y se propone reafirmar el compromiso con la democracia mediante una conducta firme e imparcial como dirigente.

Sobre la relación que el PAN a su cargo establecerá con Calderón, Madero adelanta que será de colaboración, pero no de subordinación, y rechaza que el jefe del Ejecutivo presione a consejeros para favorecer a alguno de los cinco candidatos, incluido él mismo:

“No es concesión graciosa. Es condición indispensable que esto se dé de la mejor manera, de dar garantías de fortaleza, legitimidad, no sólo de la próxima dirigencia, sino viabilidad para los próximos éxitos electorales.”

La sombra de Los Pinos

Pero como Gil Zuarth, que tiene el sello de Felipe Calderón por la vía de Germán Martínez, expresidente del PAN, Jorge Manzanera, exsecretario adjunto del CEN, y Patricia Flores, exjefa de la Oficina de la Presidencia, Madero cuenta también con apoyo desde Los Pinos de Margarita Zavala Gómez del Campo, la denominada primera dama.

Aspirante a senadora en 2012, cuando su marido deje el cargo, Zavala es consejera nacional propuesta por el CEN del PAN –igual que Patricia Flores–, y respaldan a Madero sus allegados y familiares, como Mariana Gómez del Campo, diputada capitalina.

Inseparable acompañante de Madero en actos públicos, desde el momento mismo del registro, Gómez del Campo pidió a su manera el apoyo de los consejeros nacionales del PAN en Campeche, el miércoles 24: “Gustavo no es pájaro nalgón, él es cumplidor, hombre de una sola pieza y de carácter sencillo”.

La diputada Gómez del Campo estuvo en primera fila, también, en el anuncio, el lunes 22, de que 26 de los 32 presidentes estatales del PAN respaldan a Madero y, según el coordinador de esta estrategia, Francisco Garza de Coss, presidente del comité de Tamaulipas, pueden ser 28.

Madero ha logrado también el apoyo de 22 de los 27 senadores que son consejeros y ha sumado a los gobernadores de Baja California, José Guadalupe Osuna; de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Sonora, Guillermo Padrés, así como al gobernador electo de Puebla, Rafael Moreno Valle, y al exgobernador bajacaliforniano Eugenio Elorduy.

Apenas el jueves 25, Francisco Barrio, embajador de México en Canadá y exgobernador de Chihuahua, manifestó su respaldo a Madero, pese a que Gil Zuarth fue su prosélito desde que –asegura el candidato– sus padres lo llevaban a mítines de Barrio en Ciudad Juárez.

Gil Zuarth sufrió también la baja del senador guanajuatense Luis Alberto Villarreal, a quien designó tesorero de la campaña.

“Mucha parte de mi campaña, más que con grandes líderes, es con operadores”, explica Madero, quien experimenta su primera incursión en la vida partidista, aunque ya fue diputado federal y coordinador de senadores panistas.

“Te voy a ser muy sincero: nunca había trabajado hacia dentro del PAN, siempre he trabajado en mi labor legislativa, pero no en las entrañas, en la formación de expresiones”, revela el senador, quien asegura que nunca ha pertenecido a un grupo.

“Esto que pudiera ser una debilidad en algún momento, por no tener un grupo que me respalde, lo estoy logrando convertir en una fortaleza. Es un boleto arriesgado, pero creo que está generando una respuesta: entusiasmo. Y si es así, creo que el PAN va a salir con mucha fortaleza.”

Madero no ignora la postración electoral del PAN y la corrosión que padece por prácticas antidemocráticas, como las que identificó la Comisión de Reflexión tras la debacle de 2009.

“No son problemas menores, sino de fondo, pero está en nuestra cancha resolverlos y esa es una buena noticia. El diagnóstico de la Comisión de Reflexión lo he hecho mío y me he comprometido a dar un seguimiento mensual a este programa para que no quede en un nivel discursivo, sino de incidir y modificar la realidad.”

–Hay casos de impunidad elocuentes, como el fraude electoral cometido en Chihuahua en 2009, donde se probó que votaron hasta los muertos en Batopilas, donde nació Manuel Gómez Morín, fundador del PAN.

–Yo reconozco que ha habido fallas, muchas acciones que antes criticábamos en el PRI, en algunos momentos, las hemos incorporado como prácticas al interior del PAN, y por eso debemos hacer un deslinde contundente para que el partido recupere su compromiso con la democracia plena y la apuesta por la capacidad individual, no corporativa, de generar apoyos.

“Por eso mi candidatura apostó por construir un apoyo mayoritario por esa vía. Yo mismo quiero demostrar que sí se puede. No quise hacer acuerdos corporativos, gremiales, sino ir generando con liderazgos de tierra y de las regiones este entendimiento. Y con gran sorpresa es que pude encontrar respaldo a este proyecto. Por eso digo que si se pudo para el proceso interno, se podrá también a nivel institucional.”

–¿Habrá castigo o planteará borrón y cuenta nueva?

–No hay borrón y cuenta nueva. Los procesos que están en marcha deberán ser resueltos, y lo que sí quiero yo es que durante los próximo tres años se acredite que no se aplicarán discrecionalmente los reglamentos, los estatutos, las sanciones en las comisiones de orden, sino que será con un criterio absolutamente imparcial, sobre todo cuando se cometan corrupciones o traiciones al partido.

El proceso de expulsión de Manuel Espino, expresidente del PAN, debe continuar y ser evaluado en sus términos, dice. “Yo seré tolerante a la crítica, a la disidencia de opiniones, a la forma de pensar distinto, incluso a la crítica severa, pero no a la corrupción ni a la traición. Esos casos deben ser juzgados por el segundo supuesto, no por el primero”.

Manejo empresarial

Comunicólogo por el jesuita Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Jalisco, y dedicado a los negocios en Chihuahua –una de sus empresas, Electronic Publishing, S.A. de C.V., obtuvo multimillonarios contratos mientras su dueño presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados (Proceso 1547)– Madero adelanta que, en la conducción del PAN, echará mano de su visión y manejo empresarial.

“Yo fui empresario y tengo experiencia en organización, en capacidad de ejecución, en los resultados, en resolver los conflictos como parte de una situación que nos divida, nos entrampe o limite, algo que hay que procesar y resolver para poder juntos construir un beneficio más amplio.”

Convencido de que las alianzas con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) impidieron un desplome total este año, Madero expone: “Si soy aliancista hacia fuera, con mucha mayor razón seré aliancista hacia dentro”.

En entrevista telefónica, el martes 23, Madero está seguro de que la decisión de elegir al sucesor del controvertido César Nava no será de Calderón, sino auténticamente de los 381 miembros del Consejo Nacional, que sesionará prácticamente en secreto, porque ni siquiera los medios de comunicación tendrán acceso a los discursos.

Calderón, dice, ha expresado públicamente que ese máximo órgano de dirección ejercerá su capacidad deliberativa y eso le dará legitimidad al próximo presidente del PAN, aunque enseguida aclara: “No es por concesión graciosa, es por convencimiento democrático”.

–¿Usted sí cree que Calderón no intervendrá?

–Absolutamente. No es concesión graciosa. Es condición indispensable que esto se dé de la mejor manera, dar garantías de fortaleza, legitimidad, no sólo de la próxima dirigencia, sino viabilidad para los próximos éxitos electorales.

–¿Será capaz usted de recuperar la autonomía del PAN frente a Calderón, a diferencia de sus dos antecesores?

–Ante esta ambivalencia de partido-gobierno, que como panistas hemos tenido grandes dificultades para conjugar esa relación, yo lo formulo de esta manera: el partido debe tener con sus gobiernos, en plural, toda la colaboración que sea posible, pero ninguna subordinación es admisible.

“Esto quiere decir que necesitamos apoyar y defender a nuestros gobiernos, pero también debemos entender que el partido es anterior, durante y posterior a los gobiernos que surgen del partido, y el presidente del partido debe tener la visión de trascender más allá de un sexenio o un trienio. El horizonte del partido trasciende el horizonte de una administración pública.”

–Usted sabe que Calderón no admite ninguna valoración crítica de su gobierno y privilegia la incondicionalidad. ¿Tiene claro eso?

–No, yo creo que el presidente Calderón es una persona muy inteligente que tiene una gran capacidad de entender los retos que enfrenta nuestro país y nuestro partido. No es por casualidad que es presidente de la República.

“Yo estoy muy seguro y muy confiado en que vamos a poder establecer una colaboración estrecha, porque el partido necesita que al gobierno le vaya bien y el gobierno necesita que al partido le vaya bien. Hay una relación de coincidencia de intereses.

“Y en política debemos saber construir acuerdos y entendimientos. Todos los seres humanos tenemos nuestras formas particulares y peculiares de relacionarnos, pero la política es un instrumento privilegiado para construir entendimiento.”

–¿Llegará el momento en que el PAN tendrá que deslindarse del gobierno de Calderón?

–No, para nada, el PAN será siempre un colaborador del gobierno del presidente Calderón.

–¿Será usted capaz de decirle que no a Calderón cuando sea necesario?

–Siempre voy a tratar de defender los intereses del partido y construir salidas en las que se pueda ver una construcción de acuerdos recíprocos en beneficio del partido y del país. No caeré nunca en los personalismos; de que “me dijo esto” o “me sacó la lengua”, no. Una de las grandes razones que explican el subdesarrollo de la política en México es la visceralidad. La política debe trascender esa visión visceral en la toma de decisiones. l

La telenovela 2012

Jenaro Villamil

La telenovela romántico política fabricada por Televisa y el gobierno del Estado de México llegó a su culminación el pasado 27 de noviembre –si bien está lejos de haber terminado– con la boda de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y la actriz de Televisa Angélica Rivera: un show frívolo promovido y desplegado en los medios de comunicación; en suma, parte de una cuidadosa estrategia del mandatario mexiquense para catapultarse como candidato presidencial en el 2012.

Desde su inicio, tanto el noviazgo como la boda religiosa que culminó este sábado 27 de noviembre entre el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera han estado teñidos por la polémica, por el cálculo mediático-electoral de la empresa Televisa y del principal aspirante presidencial del PRI, así como por las contradicciones de las autoridades de la Iglesia católica frente a la duda de si la anulación del matrimonio entre La Gaviota y el productor José Alberto El Güero Castro fue real.

Esta especie de reality show orquestado en torno a la figura del mandatario estatal y la protagonista de melodramas televisivos comenzó en abril de 2008 cuando Angélica Rivera aceptó acudir a una cita privada con Peña Nieto por intermediación de Manuel Cavazos Melo, experto en cabildeo y relaciones públicas.

Cavazos Melo era amigo y empleado del publicista Juan Carlos Limón, de la empresa ByPower, e hijo de Manuel Cavazos Azcárraga, emparentado con el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

Licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana y candidato a doctor en administración pública por la Anáhuac, de los Legionarios de Cristo, Cavazos Melo fue director de Relaciones Gubernamentales de ByPower y, por lo tanto, intermediario en varios de los convenios publicitarios con el gobierno del Estado de México.

Cavazos tenía una relación cercana con Maritza Rivera, hermana de la actriz, y a través de ella le sugirió que La Gaviota aceptara una cita con Peña Nieto como parte de una estrategia de promoción.

El supuesto “flechazo” entre ambos personajes en realidad fue parte del proyecto de asesoría y mercadotecnia política que Peña Nieto contrató con ByPower y la empresa TV Promo (de Alejandro Quintero, vicepresidente de Comercialización de Televisa) para aminorar las dudas generadas por las versiones contradictorias en torno a la muerte de la esposa del gobernador mexiquense, Mónica Pretelini, ocurrida el 11 de enero de 2007.

Testigos de la negociación relataron a Proceso que en abril de 2008 la exprotagonista de la telenovela Destilando amor –donde interpretó el personaje de La Gaviota– había concluido la campaña publicitaria 300 compromisos cumplidos que se transmitió en los medios electrónicos de todo el país. Los spots fueron pautados en los mejores horarios de Canal 2 hasta el 8 de junio.

ByPower es una agencia de publicidad y relaciones públicas creada por Juan Carlos Limón García, que tiene entre sus subsidiarias a Inner Music, dedicada a la “representación artística de cantantes, actores, modelos y cualquier otro tipo de artistas, organizaciones de eventos masivos de fines artísticos”, según consta en el folio 372970 del Registro Público de la Propiedad.

Limón García, quien presume una amistad personal con Peña Nieto y le ha producido varios spots de diferentes dependencias de gobierno, vio la oportunidad de ganarle a TV Promo y a los brokers de Televisa un convenio para diseñar el “romance” del gobernador viudo.

Desde la campaña electoral de Peña Nieto, Cavazos Melo se coordinaba con Yéssica de la Madrid, responsable del proyecto publicitario de Radar Servicios Especializados y de TV Promo, ambos vinculados con Televisa.

De la Madrid y Peña Nieto vivieron un romance que puso en riesgo el proyecto publicitario e impactó en la vida personal del gobernador mexiquense. Durante un tiempo De la Madrid vivió en Valle de Bravo antes de que fuera a trabajar a la Procuraduría General de la República.

Tras ser el artífice del “flechazo”, el entonces procurador mexiquense Alberto Bazbaz nombró a Cavazos Melo director general de Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

“Gaviota” en exclusiva

Al enterarse de que La Gaviota se había acercado a Peña Nieto por su propia cuenta los ejecutivos de Televisa alegaron que Angélica Rivera tenía un “contrato de exclusividad” con la empresa. Por tanto, ellos eran los dueños de su imagen y, si convenía, de sus relaciones amorosas, especialmente si se trataba del principal cliente de la televisora.

En declaraciones a la cadena Univisión en octubre de 2008, una fuente del gobierno del Estado de México afirmó: “Nosotros no llamamos a Angélica Rivero directamente, sino que fue a través de Televisa. De hecho, el gobierno no paga los honorarios de Angélica; eso ya está cubierto dentro de la pauta que tenemos con Televisa”.

Así Televisa desplazó a ByPower de la “gestión” del romance y de la boda. Entre julio y agosto de 2008 comenzaron a filtrarse noticias de la relación entre la actriz y el gobernador. Se dejaron fotografiar en los restaurantes San Ángel Inn y Phillipe, en la Ciudad de México, así como en bodas de alto impacto mediático, como la de Ninfa Salinas (hija del concesionario de TV Azteca) con Bernardo Sepúlveda o de la actriz y cantante Chantal Andere con Enrique Rivero Luke.

En su número 175 la revista Quién publicó la “historia del romance entre Peña Nieto y La Gaviota”, pero no fue sino hasta la emisión del programa Shalalá, en Canal 13, cuando el mandatario confirmó su romance con la actriz. Durante su entrevista con Sabina Berman y Katia D’Artigues, Peña Nieto aceptó que ya era novio de La Gaviota. La “exclusiva” se la dio a TV Azteca y comenzó a preparar el escenario para la boda.

Boda anulada

En las revistas de sociales y en los programas de chismes del espectáculo la pareja Peña Nieto-Gaviota comenzó a aparecer como parte de una estrategia de “publicidad integrada”, como se conoce en el argot mercadológico a la promoción de productos y personalidades políticas dentro del contenido de la programación.

La polémica se concentró en si el matrimonio de Angélica Rivera con El Güero Castro había sido anulado o no por El Vaticano. En la edición del 10 de junio de 2009 la actriz le dijo a la revista Quién que nunca estuvo casada con el productor de Televisa.

“No fue anulación. La Iglesia lo dictaminó como algo inválido. No tuvo validez porque no llevamos las formas como la Iglesia lo requiere, fue un error de parte de nosotros… la Iglesia lo tomó así”, afirmó la actriz, que apareció en la portada como “Mamá Gaviota”.

Estas declaraciones pretendieron acallar la aseveración que la secretaria de la Iglesia de Fátima hizo el 3 de junio de 2009 en el Distrito Federal en el programa No lo cuentes, conducido por Gustavo Adolfo Infante. Guardando el anonimato, la secretaria afirmó que la ceremonia religiosa entre Rivera y Castro sí tuvo validez porque primero se realizó dentro de esta parroquia capitalina, oficiada por “un sacerdote de nombre Ramón” y luego se hizo una paraliturgia en una playa de Acapulco.

El propio José Alberto El Güero Castro confirmó esa versión: “Primero nos casamos en una iglesia en México y después hicimos una bendición en Acapulco”.

La secretaria de la Iglesia de Fátima fue despedida después de lo que le dijo a Infante. La arquidiócesis primada de México emitió un documento que declaraba inválido el matrimonio entre la actriz y el productor televisivo.

Como en todo buen reality, el escándalo creció cuando la actriz Verónica Castro, hermana del productor y una de las primeras en impulsar la carrera de Angélica Rivera en 1987, apareció en la portada de la revista Hola! en julio de 2009 declarando:

“Qué bueno que todo el mundo sea feliz, pero vamos a ser claros: ¿ahora resulta que mi hermano y Angélica se casaron de a mentira?”

La carrera de Castro ha quedado congelada desde entonces en la pantalla de Televisa. La telenovela Los exitosos Pérez, grabada en Argentina, tuvo un abrupto final. “Falta de rating”, argumentó Televisa.

Las contradicciones provocaron que el proyecto de la boda se “cancelara” durante 2009. Todavía en septiembre de ese año, en las revistas de espectáculos se rumoró que Angélica Rivera regresaría a la pantalla televisiva “con un papel adecuado a su imagen”.

El “rating” del Papa

Para zanjar cualquier duda el gobernador Peña Nieto y una gran comitiva formada por familiares, funcionarios mexiquenses y 13 obispos mexicanos visitaron el Vaticano del 14 al 19 de diciembre de 2009 con el pretexto de inaugurar una exposición de artesanías mexiquenses.

Como si fuera algo casual, Peña Nieto, Angélica Rivera y Televisa convirtieron al Vaticano en un gran set para transmitir el anuncio, ante Benedicto XVI, de la próxima boda del gobernador con la actriz.

El 16 de diciembre de 2009 Peña Nieto posó ante las cámaras para saludar al Papa, poco después de donar el nacimiento y las artesanías mexiquenses que formaban parte de la exposición Arte y espíritu en el Vaticano.

Cuando saludó a Benedicto XVI Peña Nieto le presentó a Angélica Rivera, ataviada con vestido y mantilla negros. Los noticieros de Televisa transmitieron el momento en que el mandatario le dijo al pontífice: “Pronto me casaré”.

Al ser cuestionado por utilizar una visita oficial para promover su boda, Peña Nieto se disculpó diciendo: “No sabía que el micrófono estaba abierto, le comenté que le traíamos un saludo desde México, que en el Estado de México se le aprecia y se le quiere, que lo tuviera presente en una eventual visita a nuestro país” (Proceso 1729).

Sobre su boda el mandatario mexiquense afirmó que se trataba de algo “muy personal” pero que “el primero en saberlo fue su santidad”… con audio y video de Televisa transmitiendo en su señal nacional.

La utilización de una audiencia en el Vaticano para hacerse promoción fue criticada hasta por los propios correligionarios de Peña Nieto. La senadora priista María de los Ángeles Moreno declaró a pregunta expresa, el 17 de diciembre:

“Nadie tiene razón ni necesidad de anunciar en Roma y en El Vaticano y ante el Papa, que se va a casar. Es un asunto privado… Creo que son trucos mediáticos que lamentablemente en la política de hoy se usan mucho. Todos los usan… Las actitudes públicas son públicas; las privadas deben ser privadas; no (hay que) mezclar y mucho menos involucrar cuestiones de creencias personales, con cuestiones de política pública. Esa es mi opinión”.

Una megaproducción

Casi un año después de aquel viaje al Vaticano la boda se concretó para el sábado 27 de noviembre, pero antes los novios se promovieron en la edición de octubre de la revista Caras, de Televisa.

Se desplegaron 25 páginas a color, con fotos de los hijos de ambos, para anunciar su enlace y negar que su romance sea un reality emocional.

“Como figuras públicas que son, mucho se ha dicho acerca de su romance de dos años –advierte el publirrreportaje firmado por Lucía Alarcón–. Comentarios desde que es estrategia de mercadotecnia para hacer una precampaña presidencial hacia el 2012, que la relación es un montaje, que obligan a sus hijos a aparentar que se quieren y que todo es idea de Televisa son algunos de los argumentos sin fundamento que han circulado en los medios de comunicación en relación con su romance”.

El despliegue publicitario de Caras incluyó por supuesto la promoción de la portada en los canales de Televisa.

Durante todo noviembre los comentarios, rumores y “adelantos” sobre la “boda en privado” han ocupado los programas de chismes de la farándula.

Incluso en una entrevista con el diario Reforma publicada el viernes 26 Peña Nieto precisó que en su boda no habría “artistas famosos” que amenizaran el enlace y que “no invitó al expresidente Carlos Salinas ni al actual mandatario Felipe Calderón, como se ha especulado”.

En la misma entrevista con ese rotativo, el gobernador mexiquense dijo admirar a Angélica Rivera porque dejará la actuación “al menos durante los meses que restan de la administración” y aclaró que la actriz no participará en política. “Ningún recurso público será utilizado para realizar la ceremonia”, puntualizó.

El productor de Televisa Pedro Torres, dueño de The Media Group, realizó un video sobre la vida y el noviazgo de ambos personajes que se presentó ante los invitados y, por supuesto, en el Canal de las Estrellas.

Adiós al luchador social

José Gil Olmos

El viernes 26 falleció José Álvarez Icaza, a los 89 años. Quizá fue “una de las figuras más representativas de la izquierda cristiana en México”, asegura su hijo Emilio Álvarez Icaza Longoria. Don Pepe, como le llamaban sus amigos, siempre se identificó con las luchas sociales, y en los momentos de mayor represión, a mediados de los sesenta, fundó incluso el Centro de Comunicación Social (Cencos), desde donde documentó la intolerancia gubernamental y alentó a sindicalistas, campesinos y exiliados latinoamericanos. Siempre generoso, él fue uno de los promotores de la fundación de Proceso.

El 6 de agosto de 1994, José Álvarez Icaza caminaba con dificultad entre el lodo chicloso de la Selva Lacandona. Se movía en torno al anfiteatro “Aguascalientes”, construido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en honor a la convención realizada en 1914 por villistas, zapatistas, carrancistas y representantes de otras corrientes que buscaban darle cauce a la Revolución iniciada en 1910.

Ese día don Pepe, como le llamaban sus amigos, hablaba con la comandancia del EZLN y afinaba los detalles de la Convención Nacional Democrática a la que ellos habían convocado, en un intento de transformar el país. Tenía entonces 73 años, pero se le veía jovial. En un momento del debate declaró: “El país no puede estar así. Necesitamos una sociedad civil que exija los cambios necesarios que no se quieren dar”, algo en lo que siempre creyó.

La convención duró tres días y en ella participaron más de 6 mil personas, la mayoría de las cuales hicieron un viaje surrealista desde sus lugares de origen hacia el corazón de la Selva Lacandona.

Fue Álvarez Icaza el encargado de clausurar los trabajos. Lo hizo desde el escenario en forma de barco que diseñó el subcomandante Marcos. Desde ahí lanzó la consigna de la histórica reunión nacional, soberana y revolucionaria: Se pronunció por la “instauración de un gobierno de transición” y la conformación de un “nuevo constituyente” que a su vez redactaría una “nueva Carta Magna”.

José Álvarez Icaza fue un laico católico comprometido siempre con las causas sociales. Luis Álvarez Icaza Longoria, uno de los 14 hijos que don Pepe procreó con Luz Longoria y Gama, quien aún vive, dice que su padre adquirió ese compromiso desde que, a principios del siglo XX, el gobierno se apropió de un rancho pulquero que su abuelo tenía en San Juan Tlaltetahuacán, aledaño a las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México.

La familia quedó en la miseria, asegura Luis. A su padre, comenta, también le afectó la persecución religiosa emprendida por el general Plutarco Elías Calles, que desembocó en la guerra cristera en 1929.

“Eso lo marcó. De ser rica y conservadora, su familia pasó a ser de los pobres del centro de la Ciudad de México, donde él nació. Decía que no se puede ser un verdadero católico si no se defiende a los pobres y si no se lucha por la justicia”, recuerda Luis.

José Álvarez Icaza falleció el viernes 26 en el Distrito Federal, donde nació el 21 de marzo de 1921. Se formó como ingeniero e incluso participó en la construcción de los cimientos del Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, de la Facultad de Medicina y de la monumental basílica de La Piedad, Michoacán.

Según Luis, entre 1943 y 1958 su padre ejerció esa profesión. Después comenzó a participar en la corriente cristiana vinculada a las causas sociales, incluso fue uno de los fundadores del Movimiento Familiar Cristiano (MFC).

En 1964, don Pepe fue nombrado por la jerarquía católica como “auditor laico” en el Concilio Vaticano II, un aggiornamento mediante el cual la Iglesia católica hizo una revisión a fondo de todas sus actividades; incluso se abrió al diálogo con las otras religiones e intentó acercarse a los movimientos sociales.

A partir de entonces, consciente de la importancia de los medios de comunicación, creó el Servicio de Información Clasificada para Latino-América (SICLA) y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), dedicado a la promoción y defensa de los movimientos populares. Este organismo comenzó a funcionar durante la época de mano dura del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Como laico comprometido con las causas sociales, pidió a la jerarquía católica que condenara la matanza de 1968. Su exigencia fue rechazada, por lo que se distanció de los obispos y cardenales y se acercó a los movimientos estudiantiles, obreros, campesinos e indígenas. Cencos se convirtió en un centro alternativo para las organizaciones independientes y en un puente entre la prensa y la sociedad.

En las instalaciones del Cencos sesionó el Frente Nacional contra la Represión porque, dice Luis, no tenía ningún lugar para hacerlo: “Su sede se convirtió en lugar de documentación de las violaciones a los derechos humanos. Recuerdo que algunas noches mi padre se la pasaba haciendo la lista de periodistas agredidos. Entonces no se podían hacer denuncias en ningún otro lado”.

En 1976, Álvarez Icaza acompañó a Julio Scherer García cuando el gobierno de Luis Echeverría Álvarez promovió un golpe contra Excélsior. Luego apoyó la creación de Proceso como parte de la democratización del ejercicio periodístico en México.

Cencos, cuyas oficinas están en Medellín 33, en una vieja casona de la colonia Roma, a un costado de la Plaza de las Cibeles, en la Ciudad de México, se convirtió entonces en centro de denuncia. Desde ahí, organizaciones como Eureka, que encabeza Rosario Ibarra, comenzaron a documentar y a denunciar las desapariciones forzadas durante la “guerra sucia”; Cencos también fue refugio de los intelectuales que huían de las dictaduras latinoamericanas, de sindicatos universitarios y obreros, así como de organizaciones campesinas independientes.

Para el gobierno, Cencos era un centro de “subversivos”. Por eso, el 7 de julio de 1977 un grupo de policías ingresaron en sus instalaciones y se llevaron 76 gavetas con expedientes de casos de violaciones a los derechos humanos que abarcaban un periodo de 20 años, incluidos los de 1968. Llegaron en dos camiones e iban armados, incluso hicieron varios disparos.

Los reporteros de este semanario Francisco Gómez Maza y Salvador Corro presenciaron el ingreso violento de los policías enviados por el jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno. Gómez Maza fue detenido y llevado a una panel; a Corro lo retuvieron dos horas en las instalaciones de Cencos para interrogarlo. Los policías querían saber cómo se habían enterado los reporteros de ese “operativo secreto”.

“En dos camiones de granaderos –el 971 y el 959–, la panel 935 placas 3444-AF, carros patrulla y otros vehículos, la policía cargó con más de 70 gavetas repletas de documentos, máquinas de escribir, una pequeña máquina Offset, dos mimeógrafos, una fotocopiadora y otros implementos de oficina. Álvarez Icaza calificó de absurda la medida, que además ‘se realizó en el marco de la irracionalidad y locura que ahora está instaurando sobre la Ciudad de México’, y coincidentemente con ‘la represión implantada en contra de los trabajadores del STUNAM” (Proceso 36).

Emilio Álvarez Icaza Longoria, otro de los hijos de don Pepe, recuerda que esa era una época donde no había espacios para conferencias de prensa de las agrupaciones independientes y todo se censuraba.

“Una enorme cantidad de movimientos pasaron por Cencos. Aquí llegaron los movimientos de desaparecidos, con Rosario Ibarra; de solidaridad con Chile y Argentina; aquí estuvo monseñor Romero, de El Salvador, cuando iba a ser reprimido, también el obispo de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo. Era un espacio ecuménico, abierto”, dice el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Recuerda que las instalaciones de Cencos y su padre siempre estuvieron vigilados por el gobierno; su padre siempre lo supo, asegura.

“Él utilizaba el espionaje para mandarle mensajes a los gobiernos. Salía a darles café a los agentes de Gobernación que estaban afuera vigilándolo. Un día trataron de secuestrarlo en la Huasteca, utilizando a campesinos; en otra ocasión, representantes de la jerarquía católica realizaron una campaña en su contra, cuestionando sus acciones, cuando en realidad él era profundamente congruente.”

En esos años, se acercó al Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), de Heberto Castillo, en el que incluso llegó a ser secretario de Organización; posteriormente, él y Castillo participaron en la creación del Partido Mexicano Socialista (PMS).

Hacia 1988 fue uno de los promotores del Frente Democrático Nacional (FDN), que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas; al año siguiente, tras las cuestionadas elecciones que llevaron a Carlos Salinas de Gortari a Los Pinos, José Álvarez Icaza participó en la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Emilio Álvarez Icaza considera que su padre es parte de una generación a la que pertenecieron Carlos Monsiváis y Carlos Montemayor. A ellos les tocó una etapa muy difícil, tuvieron que enfrentar a un régimen muy represivo, muy autoritario.

“Él y otros se atrevieron a abrir las trincheras de la comunicación en los momentos más salvajes, como en el ataque de 1976 al diario Excélsior, que dirigía Julio Scherer García. Pepe caminó brazo con brazo con él y le ofreció el apoyo de Cencos para crear Proceso”, asegura el extitular de la CDHDF.

José Álvarez Icaza siempre fue generoso, aun a costa de su enorme familia. Doña Luz Longoria recuerda que en algunas ocasiones sacó dinero de su bolsillo para pagar gastos de sindicatos o para cubrir el alquiler de autobuses que llevaron a la gente a la Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN en 1994. “Le tuve que decir: ‘Mira, Pepe, tenemos 14 hijos, así que no te olvides que tenemos que comer’”.

Desde el movimiento democrático cristiano, José Álvarez Icaza participó en casi todos los movimientos sociales de la mitad del siglo XX. Fue uno de los primeros defensores de los derechos humanos y de la libertad de prensa en el régimen priista.

Su hijo Emilio considera que quizá sea una de las figuras más representativas de la izquierda cristiana en México y una de las primeras personas que incorporó la ética a la política: “Él decía que dejó de ser ingeniero para convertirse en ingeniero social, dándole voz a los que no tienen y haciendo visibles los casos más dramáticos de violación de los derechos humanos en México.

“Su idea era construir ciudadanía; su apuesta fue por la sociedad civil desde el mundo eclesiástico. Siempre reclamó el respeto a los derechos humanos. Él decía las cosas de frente, de manera abierta ante los distintos gobiernos. Cencos fue uno de los primeros espacios que tuvo como agenda pública el tema de los derechos humanos.”

También relata que uno de los últimos deseos de su padre fue que sus restos fueran velados en Medellín 33, la casa de Cencos. En el patio trasero, entre los árboles donde destaca un limonero. Los asistentes lo despidieron en medio de aplausos, junto con sus hijos, nietos y amigos de organizaciones civiles, sindicatos, campesinos, indígenas y de periodistas que durante décadas encontraron en ese lugar un refugio ante las tempestades. l

Televisa y “yunques” quieren meter la mano en la CNDH

Gloria Leticia Díaz

El emporio televisivo no quiere perder influencia en la CNDH y El Yunque busca cómo colarse al organismo. El 8 de diciembre el Senado tendrá que elegir a dos integrantes del Consejo Consultivo de la comisión, y entre los candidatos figuran el suegro de Emilio Azcárraga, Marcos Fastlicht, y José Antonio Ortega Sánchez, abogado de Juan Sandoval Íñiguez y cuñado de Jorge Serrano Limón.

Televisa pretende mantener su influencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ahora con el suegro de Emilio Azcárraga Jean, Marcos Fastlicht Sackler, quien aspira a formar parte del Consejo Consultivo de ese organismo público. Una figura del consorcio, Joaquín López Dóriga, ya fue parte de esa institución de diciembre de 2003 a abril de 2010.

Fastlicht se propuso para ese cargo en la comisión a fin de relevar a alguno de los dos consejeros que por reglamento terminan su gestión: Fernando Serrano Migallón y Juliana González.

Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Rosario Ibarra de Piedra, aprobar los relevos el próximo 8 de diciembre, después de las comparecencias de los aspirantes.

El artículo 19 de la Ley de la CNDH, menciona que las funciones del Consejo Consultivo son, entre otras: fijar lineamientos de actuación del organismo, tener acceso a datos sobre el ejercicio presupuestal, opinar sobre el informe que anualmente rinde el organismo a los Poderes de la Unión así como solicitar información sobre “los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional”.

Otra figura controvertida busca formar parte de la renovación de ese Consejo Consultivo: José Antonio Ortega Sánchez, abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y cuñado de Jorge Serrano Limón, presidente de Pro Vida y relacionado con la organización El Yunque, de acuerdo con investigaciones del reportero de Proceso Álvaro Delgado.

Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, compite por segunda ocasión.

Lo hizo en abril pasado, cuando fueron designados el conductor de Canal 40 y TV Azteca, Andrés Roemer; el director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y cercano al senador panista Santiago Creel, Ricardo Sepúlveda, y la presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, quien esa vez propuso al cuñado de Serrano Limón.

Otros aspirantes son Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Itzel Checa Gutiérrez, integrante del Equipo Técnico Operativo del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Jaime Hernández Ortiz, activista de derechos humanos de Jalisco, y María Luisa Cecilia González Guzmán, de la Comisión de Seguridad Patrimonial y Justicia de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, familiar de una víctima de secuestro asesinada por la banda de Daniel Arizmendi El Mochaorejas.

A la lista se sumaron la conductora de televisión Mayté Noriega; José Salvador Rosas Quintanilla, excandidato a la alcaldía de Nuevo Laredo; Fernando Shütte Elguero, cercano a los gobiernos de López Obrador y Marcelo Ebrard y expresidente del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina; Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud, y Víctor Veloz Espejel, funcionario de la Secretaría de Turismo del DF.

El miércoles 24 Fastlicht expuso su proyecto de trabajo ante los senadores en un acto público en el que presumió que tenía el apoyo de empresarios para repartir discos compactos a estudiantes de educación básica sobre los valores familiares.

El suegro de Azcárraga planteó que tenía el apoyo de empresas para la producción de discos compactos “con imágenes muy fuertes” de los que dijo contar ya con cientos de miles, que serían acompañados de una carta dirigida a los padres de familia.

De 68 años y origen judío, el empresario –que pidió ponderar que dejó sus empresas para dedicarse a participar con la sociedad civil para regresar a México algo de lo que recibieron él y su familia, que llegaron de Polonia huyendo del terror nazi– expuso que su gran proyecto es que las familias vean un documental elaborado como “una donación” por empresarios televisivos, sin mencionar nombres, para hacerlas responsables del respeto a los derechos humanos desde el seno familiar.

Desde 2003 Fastlicht es miembro (presidente desde 2008) del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. En enero de 2010 fue ratificado a propuesta del procurador Arturo Chávez Chávez, de acuerdo con las cartas que presentó al Senado.

De una amplia lista de foros en los que ha participado destaca uno en el que compartió un panel con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia: Los medios como instrumento de la guerra contra el narcotráfico.

“La visión del señor Fastlicht es dar la voz a quienes sufren las consecuencias de ese fenómeno que principalmente violenta los derechos fundamentales de todo ser humano”, se indica en su documento de presentación.

Asimismo es presidente del consejo consultivo de la cadena Cinemex y MMCinemas y propietario de Fincasa Hipotecaria y del Grupo Constructor K. De acuerdo con su currículum es presidente del Patronato del Museo Nacional de Antropología desde 2007 y fundador y presidente de la Asociación Nacional de Participación Cívica desde 2008, entre otras actividades altruistas.

La mano de la ultraderecha

Por su identificación con la derecha y El Yunque sobresale de la lista de aspirantes al Consejo Consultivo de la CNDH José Antonio Ortega Sánchez, quien comparecerá ante los senadores el 1 de diciembre.

Defensor de la teoría del complot contra el asesinado cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Ortega y Guillermo Velasco Arzac –otro miembro de El Yunque, según las investigaciones de Álvaro Delgado– sostienen desde abril de 2008 una demanda contra la estudiante mexicana Lucía Morett Álvarez y otras personas a las que vinculan con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de que el ejército colombiano invadió Ecuador para atacar un campamento de ese grupo guerrillero en el que se hallaban Morett y otros cuatro mexicanos que murieron.

Ortega y Velasco Arzac acusan a esos mexicanos de terrorismo, de cometer secuestros en México para financiar a las FARC y participar en actividades de narcotráfico (Proceso 1643, 1651 y 1694).

A ambos personajes se les atribuye haber difundido mensajes en televisión contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2006, spots firmados como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.

También en 2006, Ortega Sánchez interpuso un amparo contra la ratificación de Emilio Álvarez Icaza como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), recurso que fue desechado.

Interpuso otro recurso judicial en 2008 contra la reforma constitucional en materia electoral, por considerar que la norma que impide a particulares contratar espacios publicitarios con fines electorales violenta el derecho a la libertad de expresión.

Entre las 11 propuestas que Ortega Sánchez hace al Senado resaltan la promoción del “abatimiento de la delincuencia organizada”, la reducción del secuestro, acabar con los asesinatos de plagiados, acabar con la violencia contra mujeres y niños, “la protección constitucional del derecho a la vida” y la “desregulación y simplificación administrativa que permita abatir la corrupción y desencadenar la iniciativa de los particulares, sobre todo en época de profunda crisis económica”.

De las cartas de organizaciones civiles que entregó el abogado a la comisión del Senado destaca una firmada por Velasco Arzac como presidente del consejo del Movimiento Blanco y otra de María del Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización que fue encabezada por César Nava Miranda, jefe de El Yunque, y padre del actual dirigente del PAN, César Nava Vázquez (Proceso 1374).

De panzazo

La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene 10 integrantes, la mayoría del bloque PRI-PAN: cuatro senadores panistas (Fernando Elizondo Barragán, Adriana González Carrillo, Sergio Álvarez Mata y María Teresa Ortuño) y tres priistas (Renán Cleominio Zoreda Novelo, Gerardo Montenegro Ibarra y Rafael Moreno Cárdenas).

El llamado bloque de izquierda tiene a Rosario Ibarra de Piedra, del PT, a José Luis Máximo García Zalvidea, del PRD, y a Francisco Xavier Berganza Escorza, de Convergencia.

Para el coordinador del área de derechos humanos y seguridad ciudadana del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Miguel Moguel, “en esta comisión legislativa, como en muchas otras, el mayoriteo de la dupla PRI-PAN, fundada en cuestiones políticas por encima de la defensa de los derechos humanos, es lo que ha prevalecido en sus recientes decisiones.

“Al menos es lo que dejan ver los resultados de los recientes relevos”, resalta Moguel en entrevista con este semanario.

“La ausencia de una real rendición de cuentas por parte de los senadores, que nos explique por qué designaron a tal o cual consejero no nos deja más que suponer que todo es parte de arreglos políticos”, señala.

Moguel, quien ha dado seguimiento a los procesos legislativos en materia de derechos humanos, acota que en las últimas renovaciones del Consejo Consultivo los senadores han designado a personajes que tendrían un valor de seis en una escala en la que 10 es un compromiso total con los derechos humanos y cero uno mediocre.

“Hemos visto que es una tendencia a designar a personajes que no resulten incómodos en todos niveles, no sólo para la CNDH, lo cual es muy grave porque en estos momentos la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos.

“Lo que hemos visto es a consejeros de la CNDH que no terminan por asumir el compromiso que representa su función; ocurren casos, como el de Joaquín López Dóriga, cuya firma no aparece en ninguna de las minutas de las reuniones de consejo y que públicamente no vemos que asuma en serio la defensa de los derechos humanos”, concluye Moguel.

Tres priistas que derrotaron al PRI

Miguel Ángel Granados Chapa

El próximo miércoles 1 de diciembre empezarán a gobernador sus estados Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca; Rafael Moreno Valle, en Puebla y Mario López Valdez en Sinaloa. Los tres fueron candidatos de una coalición opositora al PRI, partido en el que se formaron y al que pertenecieron, en un caso por lo menos, hasta días antes de su postulación. Los tres eran senadores en el momento de ser ungidos candidatos. Los tres montaron su triunfo, además de su estrategia electoral, en el hartazgo ciudadano provocado por gobiernos impopulares que hasta el momento de su derrota (y aun después, en vísperas de su salida) privilegiaron su interés personal o de grupo por sobre las necesidades y anhelos de la gente común.

Gabino Cué fue priista hasta hace una década. Es, por lo tanto, el de mayor legitimidad opositora, pues aunque ha triunfado en elecciones previas a la de julio pasado se arriesgó a las penurias de vivir a la intemperie política. Su destino político, entonces, estuvo ligado al de Diódoro Carrasco, gobernador priista de 1992 a 1998, con quien trabajó en Oaxaca y después, en la Secretaría de Gobernación, en el último año de Zedillo. Cué se marcharía del PRI un lustro antes que su jefe, que prefirió esperar hasta el proceso electoral de 2006 para manifestarse cercano a Felipe Calderón e ingresar a la Cámara como diputado de la fracción panista.

Cué, en cambio, aprovechó el parentesco político de Convergencia con el PRI y su implantación en Oaxaca para acercarse al partido de Dante Delgado y ser elegido alcalde de la ciudad de Oaxaca, pues el gobierno de José Murat, seguido por el de Ulises Ruiz, rompió el hasta entonces imbatible dominio priista en la entidad. De allí que pareciera posible, tras el estrafalario gobierno de Murat, no exento de carácter represor, arrebatar el gobierno al PRI. Cué logró hacerse apoyar por una coalición del PAN y el PRD, más su propio partido, y estuvo en un tris de vencer a Ruiz. Pero éste contaba con el apoyo del líder nacional priista, Roberto Madrazo, que le permitió imponerse con sólo una leve diferencia en el número de votos.

En otro escenario, Cué pudo remontar esa diferencia cuando dos años después fue candidato a senador por la coalición Por el Bien de Todos, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, con quien el oaxaqueño tejió una vinculación especial, basada en la sintonía de Cué con la posición de López Obrador ante el alegado fraude en la elección presidencial. Como senador y como presidente legítimo según lo designó la Convención Nacional Democrática, ambos recorrieron varias veces la entidad tan urgida de un cambio político que permitiera abordar las reformas sociales requeridas para permitir a Oaxaca salir de su postración.

Tan especial ha sido la relación entre Cué y López Obrador que éste tuvo que aceptar en los hechos (y embrollarse cuando trataba de explicar la diferencia) que su amigo fuera candidato de una coalición que incluyera al PAN, en vez de oponerse a ese lazo como hizo en todas las entidades donde se planteó la misma estrategia. Cualquiera que haya sido la razón –conciencia de que la barbarie entronizada en el palacio de gobierno tenía que ser abatida, habilidad suasoria del candidato, necesidad del lopezobradorismo de contar con un mínimo apoyo institucional–, lo cierto es que Cué derrotó al mismo tiempo a Ulises Ruiz y a Eviel Pérez, su frágil candidato, y el primero de diciembre empezará a gobernar.

En sentido contrario a lo que predicó Ruiz de sí mismo en su fastuosa –y por lo tanto cara– propaganda de fin de sexenio, no hubo un solo año en que Ruiz gobernara en bien del grueso de la población. En vez de hacerlo, fortaleció a un breve grupo en torno suyo y combatió los varios intentos de insurgencia política local, que a partir de mayo de 2006 y hasta bien entrado el año siguiente procuró forzar su salida. Son incontables las muertes violentas por motivos políticos perpetradas por autoridades o pasadas por alto en perjuicio de la justicia. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos delinearon y documentaron las atrocidades gubernamentales, la complicidad de los gobiernos federales panistas con el priista oaxaqueño lo mantuvo en su silla, repudiado crecientemente por los gobernados, que tuvieron ocasión de manifestarlo en las urnas el 2 de julio pasado.

Errará quien espere a partir del miércoles primero de diciembre un mundo nuevo en Oaxaca. Una estructura social rígida e inequitativa y una maquinaria de gobierno de la que no puede prescindirse a riesgo de la inacción que desilusione a los ciudadanos, no se remueven en unos cuantos días, acaso ni siquiera en el corto plazo. Pero lo que la sociedad oaxaqueña puede esperar es una nueva actitud de su gobernante (y de los diputados y alcaldes que con él triunfaron) y por ende un trato respetuoso, cuyo solo ejercicio hará una diferencia notable con el pasado que comienza dentro de 72 horas.

La coalición que condujo al senador Rafael Moreno Valle al gobierno que ya encabezó su abuelo del mismo nombre, en la época de la indisputable hegemonía priista, fue de índole distinta a la oaxaqueña. A sus ingredientes principales, el PAN y el PRD, se agregó el Panal, el partido de Elba Esther Gordillo, pues el sucesor de Mario Marín, aunque haya llegado a Xicoténcatl en la fórmula panista, pertenece al establo (en el sentido pugilístico) de la presidenta del sindicato magisterial. Lo es desde que, priistas ambos, coincidieron en la Legislatura número 59, cuya fracción tricolor fue brevemente comandada por la profesora. Miguel Ángel Yunes, Tomás Ruiz y Moreno Valle sobresalieron por su cercanía con la lideresa, a la que permanecieron fieles en sus vicisitudes dentro del PRI y la acompañaron, en diversos momentos y por diversas rutas, cuando la lideresa reconoció ser la fuente nutricia del Panal y se alió con Calderón.

Moreno Valle Rosas se había formado en el molde tecnocrático que el PRI alentó en los últimos años de sus gobiernos. Formado como experto en finanzas para servir lo mismo a empresas trasnacionales que al gobierno local de Puebla, el gobernador Melquiades Morales lo designó secretario de ese ramo y luego lo orientó hacia la política electoral, haciéndolo secretario de Desarrollo Social. De allí pasó a la diputación mencionada y luego, ya fuera del PRI, al Senado como cabeza de la fórmula panista que ganó la mayoría con amplio margen.

Reemplazará a Mario Marín, prototipo de gobernante con historial mediocre (una carrera aldeana lo llevó a la gubernatura) que encuentra en los puestos públicos la oportunidad de medro personal. Autor o solapador de fechorías sin cuento (que hicieron crecer paso a paso a la oposición) se mostró como quien es, sin disfraz ni afeite, en la persecución contra la periodista Lydia Cacho, en pago a favores recibidos del industrial mezclillero Kamel Nacif. Como lo aseveraron indagaciones periodísticas, la investigación constitucional de la Suprema Corte y el voto particular de cuatro ministros que no se avinieron a guardar silencio tras la virtual exoneración con el tribunal constitucional benefició al gobernador poblano (el gober precioso, según el chabacano y elocuente tratamiento que le dio Nacif en una de las conversaciones telefónicas más célebres de la historia política mexicana), Marín puso la justicia de su entidad al servicio de intereses privados, no únicamente los visibles del empresario que quiso castigar a Lydia Cacho por su prestancia y diligencia profesional, sino a las redes de pederastia y pornografía infantil a que estaba y está ligado Jean Succar Kuri, el contacto de Nacif con aquel bajo mundo.

Fortalecido por la elección federal de 2009, Marín incurrió en el error de hacer candidato a un colaborador que parece una calca suya, la del gobernante que dejará de serlo el miércoles próximo. No contó Marín con el sentimiento de dignidad ofendida de cientos de miles de poblanos (cuyo voto fue organizado por la coalición y las habilidades magisteriales en la materia) que resolvieron castigarlo en las urnas. Porque lo ocurrido en julio pasado más que la derrota del borroso Javier López Zavala y la victoria de Moreno Valle Rosas fue un plebiscito contra Marín, cuyo grupo en el partido oficial fue echado del poder a fuerza de votos a causa de su desvergüenza personal.

El triunfo opositor en Sinaloa parte asimismo del cansancio ciudadano ante la combinación de abusos e ineficacia priista. Pero la causa del desaguisado que hizo perder al PRI la gubernatura fue, en el fondo, un conflicto entre grupos de poder, que no pudo ser resuelto por las componendas habituales sino que encontró nuevos cauces, donde al mismo tiempo que se satisfizo una necesidad popular se colmaron intereses como los del exgobernador Juan Millán, que hace seis años no pudo evitar que lo sucediera Jesús Aguilar y no pudo tampoco vencerlo en la disputa interna por la candidatura, pero consiguió llevar al gobierno a su amigo y protegido Mario López Valdez. Senador de la república, cargo al que saltó en 2006 desde sus negocios privados más que a partir de una carrera política (que en breve lapso apenas daba para ser alcalde de Ahome y miembro del gabinete de Millán), Malova buscó hasta el momento extremo ser lanzado por el PRI, su partido. Sólo cuando el dedo de Aguilar Padilla se orientó hacia su tocayo y socio Jesús Vizcarra, aceitó las negociaciones que resultaron en una coalición de PAN y PRD que lo condujo al triunfo y, a partir del primero de diciembre, al palacio de gobierno.

Enfrentará no sólo la oposición priista, sino un panorama de descomposición política y social denunciado con vehemencia por el diputado Manuel Clouthier Carrillo, angustiado hasta la desesperación por la creciente intromisión de la narcodelincuencia en la política institucional de su estado. Queda por ver si Malova, es decir Millán, a quien Clouthier Carrillo denunció repetidamente durante y después de su gobierno por al menos solapar al crimen organizado, generador de los males sinaloenses junto con la indolencia del gobierno federal, puede gobernar al margen de los intereses que lo hicieron senador y con los que no rompió en este trance. l

La censura de los cárteles

Jesús Cantú

De acuerdo con una información difundida por ProPublica (organización de la sociedad civil estadunidense, que cuenta con una redacción integrada por 34 periodistas dedicados exclusivamente a realizar investigaciones), los medios locales mexicanos publican en promedio únicamente 10% de los crímenes vinculados a los cárteles de la droga que se perpetran en sus áreas de cobertura.

Dicha información, dada a conocer el miércoles 17 en el sitio de internet http://www.propublica.org/, se basa en una investigación periodística que compara el número de crímenes cometidos con métodos característicos de los cárteles de la droga en sus respectivas zonas de influencia y el número de notas periodísticas que los mencionan. Así, en los primeros seis meses del presente año se identificaron 3 mil 580 ejecuciones y los medios publicaron únicamente 462 notas relacionadas con los mismos, es decir, sólo alrededor del 13% de casos.

Las situaciones más dramáticas se detectaron en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Morelia y Veracruz, donde los diversos medios reportaron entre 0% y 8% de las ejecuciones cometidas. De acuerdo con ProPublica, “… los territorios que controlan Los Zetas y el cártel del Golfo son donde más aturde el silencio de la prensa (…) los medios de esas regiones difunden apenas entre 0% y 5% de los incidentes de narcoviolencia”.

El seguimiento que se hizo al periódico El Mañana de Nuevo Laredo muestra que, no obstante que de enero a junio de este año ocurrieron 364 asesinatos vinculados a los cárteles de la droga en dicha ciudad, el diario sólo publicó 15 noticias que hablaban sobre narcotráfico, y “14 de ellas eran acerca de la incautación de droga en la ciudad de Laredo, Texas, en el lado estadunidense de la frontera”. Ninguna se refería a una sola de las ejecuciones en la localidad mexicana.

Situación muy similar se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el periódico El Norte, a través de su versión digital, reportó únicamente 128 de un total de mil 642 ejecuciones vinculadas al narcotráfico que ocurrieron en dicha ciudad, cuyo control es disputado por dos cárteles.

ProPublica inició operaciones en enero de 2008 y empezó a divulgar materiales en junio del mismo año. Su misión, de acuerdo con su propia declaración, es: “Exponer abusos de poder y traiciones a la credibilidad pública del gobierno, empresarios y otras instituciones, utilizando la fuerza moral del periodismo de investigación para alentar reformas a través de la exposición sustentada de la maldad”. Encabezan esta organización Paul Steinger, exeditor de The Wall Street Journal; Stephen Engelberg, exeditor de investigación de The New York Times, y Richard Tofel, excoeditor de The Wall Street Journal. Sus investigaciones son periodísticas, no científicas.

La información señalada se basó sobre todo en una investigación que realizó la Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación (Mepi), con sede en la Ciudad de México, cuyo lanzamiento se realizó apenas el 4 de mayo pasado y es encabezada por Ana Arana, becaria de la Knight International Journalism Fellowship, luego de haber sido, durante los años ochenta y noventa, corresponsal en Centroamérica y Colombia para la CBS.

ProPublica señala que “Mepi monitoreó durante los primeros seis meses del año los siguientes diarios: El Noroeste (Culiacán), El Norte (Ciudad Juárez), Norte (Monterrey), El Dictamen (Veracruz), Mural (Guadalajara), Pulso (San Luis Potosí), El Mañana (Nuevo Laredo), El Diario de Morelos y Milenio (ediciones nacional y de Hidalgo). El análisis compiló todos los artículos que mencionaban palabras clave para hablar de la violencia de la droga: ‘narcotráfico’, ‘comando armado’, ‘cuerno de chivo’, etcétera. No fue posible comparar estos resultados con estadísticas oficiales de criminalidad, ya que las pocas que existen se contradicen entre sí, pero Mepi contrastó el total de artículos publicados con el número de ejecutados en cada ciudad. Esta comparación permite ver cuánto calla la prensa en cada una de las ciudades que más sufren la violencia de la droga en México”.

Además del monitoreo, realizaron entrevistas con periodistas de los medios monitoreados para conocer sus explicaciones sobre los resultados de la investigación. Asentaron que en dichas entrevistas “los periodistas regionales admiten que no escriben sobre todo lo que pasa en sus regiones, pero confiesan que se enfrentan a una elección difícil entre la ética de la profesión y su seguridad personal”.

Los periodistas aceptaron las entrevistas con la condición del anonimato. El único nombre que aparece es el de Alfredo Quijano, editor de El Norte de Ciudad Juárez, quien afirma: “No sacamos 80% de la información (…) Nuestras notas son más simples ahora; ya no damos seguimiento (…) Ahora el seguimiento es de un día. Hace dos años estábamos peor; hemos estado viendo la forma de cómo decir las cosas y hemos encontrado formas”.

Algunos reporteros afirman que los cárteles empezaron a imponer su ley en julio de 1986, cuando sicarios de lo que ahora es el cártel del Golfo acribillaron a las puertas del periódico El Popular de Matamoros, Tamaulipas, a Norma Moreno Figueroa, destacada e influyente columnista, y al director de dicha publicación, Ernesto Flores Torrijos, por haber divulgado en su columna datos “sobre el alcalde Jesús Roberto Guerra Velasco, pariente de Juan Nepomuceno Guerra, uno de los fundadores del cártel del Golfo”.

ProPublica asienta al respecto que “un veterano reportero local” declaró a Mepi: “Ese asesinato definió los parámetros del trabajo para todos los periodistas en Matamoros”. Hoy, agrega el portal, ocho periodistas de Tamaulipas “relataron a Mepi que Los Zetas y el cártel del Golfo los citan en forma periódica a reuniones en que les dan directivas sobre qué deben cubrir y qué no”. Y en Matamoros los medios locales, al igual que en Nuevo Laredo, no difunden una palabra sobre las ejecuciones y la violencia de la región.

De acuerdo con la investigación, en Sonora se produjeron en el primer semestre del año 213 ejecuciones, y El Imparcial de Hermosillo publicó 69 notas sobre igual número de casos, es decir, se difundió aproximadamente 13% de los crímenes; en Chihuahua hubo mil 642 asesinatos de este tipo, y El Norte de Ciudad Juárez publicó 128 notas, 8%; en Nuevo León fueron 378 las ejecuciones, y El Norte dio a conocer 43 notas, poco más del 11%; en Tamaulipas, fueron 364, y El Mañana no registró ninguna noticia al respecto; en Sinaloa, los ejecutados fueron 140, y Noroeste dio cuenta de 113 casos, más de 80%; en Jalisco se contabilizaron 155 crímenes y 21 notas de Mural, es decir, 13%; en San Luis Potosí, fueron 25 los asesinatos de esta clase contra una sola nota, contenida en el diario Pulso, apenas 4%; en Michoacán, hubo 382 ejecuciones y únicamente 17 informaciones de La Voz de Michoacán, 5%; en Morelos, 57 los crímenes y 52 las notas, que se dieron a conocer en El Diario de Morelos, o sea, más de 91%; en Hidalgo, 70 las ejecuciones y nueve las informaciones que difundió Milenio,13%; y en Veracruz, 154 los homicidios y nueve las publicaciones de El Dictamen, escasamente 6%.

Aunque los estados de Morelos y Sinaloa destacan por registrar altos porcentajes de las informaciones vinculadas a los cárteles, el portal hace referencia específica solamente a la segunda de las entidades. Señala que un periodista sinaloense comentó en torno al secuestro de cuatro periodistas en La Laguna que, “cuando se enteró de que los secuestradores eran hombres del cártel de Sinaloa, supo que los comunicadores no iban a morir. No es que haya cárteles buenos o malos, sólo hay diferentes maneras de controlar a la prensa. Asesinar a periodistas no es el estilo de esa organización”, dijo.

El estudio pretende documentar con datos duros lo que se difunde y comenta desde hace tiempo en los medios nacionales de comunicación a partir de hechos aislados, eventos trágicos y anécdotas. Pero sin duda tiene importantes limitaciones, sobre todo por la ausencia de una estadística oficial confiable y por las dificultades para comparar el número de ejecuciones y las correspondientes informaciones periodísticas. Sin embargo, como ellos mismos señalan, “los datos y las entrevistas con periodistas muestran que las amenazas, los sobornos y la coacción delinean el contenido de las noticias que se difunden a cientos de miles de mexicanos que viven fuera de la capital de la República”.

Tal es la realidad que sufren los periodistas que trabajan en los territorios controlados por los cárteles de la droga, y de tal magnitud la desinformación que padece la ciudadanía que depende de las notas de los diarios locales, pues son los capos de la droga quienes definen (por medio de amenazas, sobornos y coacción) la imagen de la realidad que difunden los medios de comunicación locales. l

Transparencia y opacidad universitaria

Ernesto Villanueva

En una evaluación que hará pública en las próximas semanas, la doctora Perla Gómez Gallardo llevó a cabo un diagnóstico preliminar sobre el estado de la transparencia universitaria en las instituciones que integran la ANUIES. De este estudio es posible extraer una evaluación de cómo andan las cosas en el sector universitario, cuyos resultados dejan mucho que desear. Veamos.

Primero. El trabajo consistió en calificar 137 rubros derivados de las leyes de acceso a la información y reglamentos y/o acuerdos universitarios en materia de transparencia, analizando los portales de las universidades en este rubro y haciendo uso de la figura del usuario simulado para evaluar distintos servicios. Como era de esperarse, los resultados arrojan muchas áreas de oportunidad para cumplir con la ley y generar mecanismos a fin de promover la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Prácticamente ninguna universidad cumple al 100% lo que la Constitución y la ley les ordenan. Con todo, entre las instituciones de educación superior con mayor cumplimiento en materia de acceso a la información se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional, la cual contiene todos los rubros en materia de información de oficio y cumple con el 75% de la información por lo que hace a gestión académica. Además, posee el 90% de su información administrativa y arriba del 50% de su información financiera. Llama la atención la Universidad Autónoma de Nayarit, que cuenta con accesibilidad en su página e información completa en términos generales. En información de gestión administrativa cuenta con 80%, y en información de gestión académica cumple con el 87.5%. También se localiza en un buen lugar la Universidad Autónoma de Nuevo León, que satisface el 100% de los rubros legales en su portal de transparencia; en cuanto a la calidad de su información, cumple con el 70% de su gestión académica y con el 80% de su gestión administrativa. Finalmente, en el cuadro del honor se ubica la Universidad de Guadalajara con el 100% de los rubros generales de información pública en su portal de transparencia; cuenta con el 80% en información de calidad sobre su gestión financiera y con el mismo porcentaje acerca de su gestión académica.

Segundo. Por el contrario, las universidades que tienen muchísimo por hacer son la Universidad Autónoma de Campeche, la cual sólo contiene el 30% de los rubros que por ley debe contar, y que en información sobre organización administrativa cuenta apenas con el 40%. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene el 80% de los rubros en su portal, pero sólo el 8 % son datos útiles. Y finalmente la Universidad Nacional Autónoma de México, que cumple sólo con el 41.46% de su gestión interna y sólo satisface el 46% de la información de su gestión financiera. Asimismo, es la única universidad del país que previene al solicitante que recibe información en estos términos: “Cualquier mal uso para fines distintos a los establecidos en el Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la Información en la UNAM podrá ser sancionado atendiendo a la gravedad del daño ocasionado o que se pretenda ocasionar, y en los términos de las Leyes aplicables.C Esta prevención no tiene ningún efecto legal, pero sí constituye un disuasivo psicológico para hacer solicitudes de información. Esto manifiesta, por supuesto, ausencia de voluntad por cumplir con el derecho a saber. También es la única universidad que desde 2008 se encuentra en desacato del mandato previsto en la adición del artículo 6º constitucional segundo párrafo, por lo que su acuerdo de transparencia no ha sido reformado.

Tercero. Uno de los rubros donde se puede identificar un mayor índice de opacidad es en la entrega y el manejo de los recursos sindicales de las universidades públicas, así como los recursos destinados a pensiones y jubilaciones. A partir de enero la doctora Perla Gómez y yo haremos un estudio a profundidad de la transparencia en las universidades públicas del país, que integrará tanto información de oficio como información a petición de parte. El proyecto se alimentará también de los indicadores universitarios de la Unión Europea y de los principales organismos que elaboran rankings de las universidades en el mundo. Sólo resta decir que ninguna universidad mexicana figura en los primeros 150 lugares a nivel internacional a pesar de recibir recursos económicos iguales o mayores a las primeras 50 universidades consideradas como de “clase mundial”. De ahí, por tanto, la oportunidad y la pertinencia de medir no sólo el adecuado uso de los recursos públicos, sino sus resultados en la enseñanza universitaria, la investigación y la calidad de profesores e investigadores para determinar con el máximo de precisión posible si los recursos que reciben de la Cámara de Diputados se corresponden con datos e indicadores medibles y comparables para bien del interés público. l

______________________

evillanueva99@yahoo.com

Acerca de La revolución necesaria

De Valentín Cardona Ramírez

Señor director:

Le ruego publicar esta carta en su prestigiado semanario.

No es nada extraño que en algunas encuestas, como lo refiere John M. Ackerman en Proceso 1777 (La revolución necesaria), la mayoría de los consultados opinen que no sólo es necesaria, sino que urge una nueva revolución para cambiar el sistema político y económico del país, porque ya no es posible aguantar el sistema neoliberal impuesto desde el gobierno de Salinas y apuntalado por el actual.

Las mayorías pobres de México, con sueldos que son una mentada de madre –cuando tienen empleo–, no pueden ya tolerar más tanta burla y desprecio por el supremo valor de la vida, y saben que este sistema fue impuesto por Estados Unidos y aplicado con todo el poder y la fuerza por empresas extranjeras que saquean el país y por traidores de la patria del PRI, del PAN y del PRD.

Ya no queremos los mexicanos más políticos y burócratas como los existentes en el Estado mexicano, donde los superhombres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reciben sueldos insultantes para la mayoría de la población (léase Tiranosaurio mex, de Denise Dresser, también en Proceso 1777), además de que sólo defienden intereses extranjeros y no tienen ninguna fraternidad con los nacionales pobres, pues únicamente están atentos a los dictados de la élite. Así como no luchan por la justicia y la libertad de los desposeídos, es claro que para ellos la igualdad sólo se consigue en la muerte.

Poco después de que Proceso, a pesar de todo y con tantas dificultades logró ser libre, el genial Heberto Castillo Martínez escribió en este semanario un artículo donde nos decía que en 1910 don Francisco I. Madero había logrado lo imposible.

Yo digo que don Francisco I. Madero demostró que no hay imposibles cuando un hombre, sobre todo un líder que quiere a su nación, sabe cómo mover esos nervios ocultos que el organismo posee y que activan resortes a nivel popular. Entonces surgen sorprendentes historias y la realidad supera a la ficción.

Eso es lo que sucedió con don Francisco I. Madero, quien demostró que no hay imposibles e hizo a un lado al gobierno de Porfirio Díaz, aunque no supo cómo continuar con su acción liberadora para beneficiar a los de abajo que lo llevaron a la Presidencia… (Carta resumida.)

Atentamente

Valentín Cardona Ramírez

Expresa quejas y agradecimientos por la atención médica de su padre

Señor director:

Estas breves líneas son para Samuel y para la gente que ha experimentado situaciones similares.

Samuel murió el 3 de noviembre pasado a los 86 años. Ingresó al Hospital Regional 1 del IMSS de Cuernavaca a través de Urgencias. En su expediente figuró “ictericia en estudio”. Pero durante las casi cuatro semanas que estuvo hospitalizado, su dolor no se manifestó en las vías biliares, sino en la confusión e impotencia que generó el contacto con un sistema público de salud decadente, impregnado de vicios que son reforzados por cada uno de los participantes, quienes, salvo honrosas excepciones, evidencian indiferencia y desprecio hacia el enfermo.

Samuel –lector del semanario Proceso desde su primer número– fue un hombre recto e informado de las problemáticas del país, solidario en múltiples causas aun cuando su plataforma de acción fue inmediata y de corto alcance; brindó su apoyo moral y económico a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, a jóvenes desempleados, a gente enferma que no tenía recursos para acceder a hospitales; simpatizante de movimientos sociales que pugnan por la equidad, se adhirió a causas como la eutanasia, los matrimonios homosexuales y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Intentó vivir cada una de las etapas de su vida de la manera más digna, y sintió en esas cuatro semanas vergüenza de ser un hombre viejo. La actitud del médico tratante, el doctor Guillermo Cabrera, que transitó de la indiferencia a la arrogancia y de ahí al abandono e incomunicación, incurrió en acciones como mantenerlo en ayuno por 21 horas con miras a prepararlo para una endoscopia de la que nadie estaba enterado, de programar un ultrasonido que nunca notificó y de arrancarlo en su hora de desayuno de la cama 839 advirtiendo que teníamos 10 minutos para cambiarnos de piso por una remodelación.

La noche del 27 de octubre, después de la intervención quirúrgica, la cama 1029 pasó desapercibida; hubo que rogar durante hora y media para obtener un cobertor; los labios de Samuel sangraban debido a la resequedad, y cuando en la mañana del día 28 pedí un poco de agua, el médico que revisaba los expedientes sólo me contestó: “espere a que venga su doctor”, para ponerse en seguida a platicar 40 minutos con la familia de al lado, porque eran conocidos. Sólo se trataba de saber si podíamos llevar un poco de agua a sus labios…

En contraparte, tenemos que agradecer la participación del doctor Gómez Jaramillo, quien en breve sustitución del doctor tratante hizo posible estudios en el Centro Médico; agradecemos asimismo la franqueza y profesionalismo del cirujano doctor Paredes, al igual que al camillero Sergio, a la enfermera Gaby y a las dos personas que amablemente nos trasladaron en ambulancia al Centro Médico. En el nutrido universo de trabajadores de la salud pública con los que tuvimos contacto, sólo ellos mostraron interés hacia Samuel.

Los demás se hundieron en la oscuridad que generan la mediocridad y la alienación de un país que está llegando a grados terribles de descomposición en todos los aspectos. Cuestionamos el programa ADEC, de atención a enfermos terminales, cuyos emisarios no se presentaron según lo programado. Al igual que ellos, nosotros sabíamos que iba a morir, conscientes de que era preciso esforzarse un poco para que Samuel partiera con dignidad y con amor.

Descanse en paz Samuel Villarreal Vela, mi padre, mi mentor. Se quedan con nosotros todas las alertas que en forma cotidiana lanzaba sobre la importancia de nuestro estado laico, sobre los empresarios voraces que van desestimando a pasos acelerados las prestaciones sociales de los trabajadores. Se quedan con nosotros sus recomendaciones para cuidar y amar a los niños y, por supuesto, a los enfermos y ancianos… (Carta resumida.)

Atentamente

Nora Lilia Villarreal López

Muy enfermo, pide ayuda a las autoridades del ISSSTE

Señor director:

Por graves problemas cardiacos, hace más de 15 años el ISSSTE me pensionó; a la fecha mis padecimientos se han incrementado: insuficiencia cardiaca, arritmia, tres angioplastias, mal de Parkinson, diabetes, tromboflebitis venosa, hipotiroidismo, próstata inflamada, vejiga contráctil, dolor de columna, gastritis medicamentosa, parálisis facial… un panorama nada rosa, sino de carroza.

Me atienden varios especialistas del ISSSTE en Torreón, Coahuila, y en la Ciudad de México. El cardiólogo tratante, considerando la gravedad de mis padecimientos, ha autorizado mis traslados en avión con acompañante. Ahora, cuando la afectación generalizada es evidente, Raúl Mendoza Morquecho, director local del ISSSTE, decidió, pasando por alto la autoridad de un especialista médico, no autorizar el traslado de mi acompañante.

Debido a que con esa determinación se me exponía a mayores riesgos y en completo estado de indefensión, después de haber esperado nueve largos meses perdí mi cita en la Ciudad de México.

¡Así se las gasta el director, para quien la crueldad burocrática es prioritaria sobre la salud y el bienestar del derechohabiente!

Como en Saltillo mis gestiones para echar abajo esa decisión fracasaron, solicito públicamente que alguien con responsabilidad y competencia atienda mi queja y me ayude a resolver mi problema. (Carta resumida.)

Atentamente

Profesor Sergio Ceniceros López

Torreón, Coahuila

Reporta anomalías en juicio laboral contra Omnilife

Señor director:

Actualmente llevo un juicio laboral ordinario (expediente 521/2009-B) en la Sexta Junta Local Especial de Conciliación y Arbitraje, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, en contra de las empresas Omnilife de México, S.A. de C.V. y Omnihumana, S.A. de C.V.

Todo empezó cuando, de manera injustificada, el año pasado fui despedida por negarme a ser integrada al sistema de subcontratación u outsourcing, ya que serían afectados mis derechos laborales y las prestaciones que por ley me corresponden.

A raíz de la denuncia que presenté ante las autoridades laborales, el 13 de octubre de 2009 la Sexta Junta Local Especial de Conciliación y Arbitraje ordenó y ejecutó mi reinstalación. Sin embargo, cuando la secretaria de la Junta se marchó de las instalaciones, los directivos de las empresas impidieron que realizara mis funciones como encargada del Centro de Distribución, y me sometieron a una serie de amenazas, burlas, hostigamiento y acoso laboral.

Desde ese día, tales circunstancias se repitieron hasta que el sábado 17 de octubre un directivo me impidió el acceso a las instalaciones. El 19 de octubre volví a presentarme en mi trabajo, pero una persona que había sido puesta como encargada no me permitió ingresar.

Estos hechos, con las pruebas correspondientes, fueron oportunamente referidos por escrito a las autoridades de la Junta Local, pero dentro del proceso que a la fecha continúa se han presentado una serie de anomalías e irregularidades por parte de las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues parece que están más ocupadas en defender a los patrones que a los trabajadores.

Al igual que en mi caso, los derechos de cientos de compañeros y compañeras a nivel nacional han sido vulnerados, pues también han sido despedidos por no querer sumarse al esquema en cuestión.

Lo curioso del caso es que la gran mayoría de los afectados somos mujeres que hemos sufrido ese y otro tipo de maltratos, no obstante que estas empresas pertenecen al modelo de equidad de género y defienden los derechos de las mujeres en contra de la violencia. ¡Qué ironía, qué incongruencia, pues puertas adentro incurren en conductas que combaten afuera!

Por lo anterior, solicito públicamente a las autoridades a las que competa este tipo de ilícitos proceder en consecuencia contra Omnilife de México, Omnihumana y demás filiales, ya que con el nuevo esquema que pretenden imponer le están dando la vuelta a las leyes para evadir sus obligaciones laborales y fiscales. Mi caso es sólo uno de ellos. (Carta resumida.)

Atentamente

Ingeniera Glynka Briceño Ahumada

Puerto Vallarta, Jalisco