domingo, 30 de enero de 2011

Acontecer Diario


Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®

www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org

Domingo 30 de enero de 2011

SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA

Colaborador Invitado / Jueces que no meten gol

El caso Rubí, en Chihuahua, logró que la sociedad esté enterada de lo que ocurrió y obligó a que los jueces rindan cuentas

Colaborador Invitado

(30 enero 2011).- Gerardo Laveaga

Director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Si usted fuera director técnico de un equipo de futbol, ¿conservaría a aquellos jugadores que, desde que firmaron su contrato, no han metido gol ni realizado jugadas oportunas? Imagine que, al despedirlos, los jugadores protestaran, aduciendo que ellos se habían presentado puntualmente a los entrenamientos, nunca habían llegado ebrios y, más aún, habían desplegado las técnicas futbolísticas más sofisticadas en cada partido.

La reflexión viene al caso a propósito de los jueces de Chihuahua que absolvieron al asesino de la joven Rubí Frayre en un juicio oral. Sus argumentos para haber emitido sentencia absolutoria son impecables: se plegaron a los principios procesales, respetaron las condiciones que señala la ley de Chihuahua y actuaron conforme a la dogmática penal. Nadie los podría sancionar por ello.

Pero a un juez no se le contrata sólo para que siga las normas. Ni siquiera para que las haga cumplir, como en el caso de los árbitros en el futbol. En los términos del artículo 20 constitucional, se espera que él dirija un proceso cuya finalidad sea "el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen". Esto, naturalmente, tiene que hacerlo ceñido al debido proceso. Jugando limpio, vaya.

Y esto fue, precisamente, lo que no hicieron los jueces del caso Rubí: pretextaron que, al prohibírseles tocar la pelota con la mano, era imposible meter gol. Sin embargo, con las reglas que tenían y las enormes posibilidades que les otorgaba la ley, debieron hallar la manera de conducir un proceso más creativo y, desde luego, más justo.

Cuando converso con abogados de Inglaterra o Francia, de Estados Unidos o España, su comentario es similar a la hora de calificar a los tribunales de nuestro país: "en México", estiman, "los jueces penales no juzgan: son meros inspectores de control de calidad". Se limitan a verificar si el agente del Ministerio Público hizo bien su trabajo. Actúan como autómatas, que consultan un instructivo y ven si, de acuerdo con éste, deben condenar o absolver. En ambos casos, se lavan las manos, declarando que la absolución o la condena es imputable al Ministerio Público.

Soy admirador de la función judicial y, quizás por ello, soy tan severo a la hora de evaluar a aquellos burócratas judiciales que carecen de compromiso social. La función de los jueces no es aplicar un recetario -eso puede hacerlo cualquiera- sino fungir como impartidores de justicia. Aclaro: no en actuar como "justicieros", cuya sola idea pone los pelos de punta a cualquiera, sino como servidores públicos responsables que, sin violar las reglas, generen confianza en la sociedad, absolviendo al inocente o castigando al culpable de un delito.

"La justicia es un asunto estrictamente técnico", me espetó una vez un magistrado. Su aseveración me aterró. Si lo fuera, pensé, en ningún país desarrollado existiría la figura del jurado popular que -en opinión de muchos juristas internacionales- sigue siendo el método más eficaz de cuantos se han diseñado para administrar justicia: un grupo representativo de la sociedad decide la inocencia o culpabilidad de un indiciado, a partir de lo que se expone en un juicio público. El juez, simplemente, determina la sanción a partir de dicho criterio.

En México no contamos con jurados populares, ni con magistrados legos, pero estamos construyendo un nuevo sistema acusatorio que, apuntalado en la publicidad y transparencia, nos permitirá ver de qué están hechos nuestros jueces, defensores, agentes del MP, peritos y policías. Creo, por lo anterior, contra lo que algunos opinan, que el caso Rubí no ha demostrado la ineficiencia de los juicios orales sino, al contrario, su excelencia. Ha logrado que la sociedad esté enterada de lo que ocurrió y de que los jueces rindan cuentas, en los términos del artículo 17 de la Constitución.

Hacía mucho tiempo que no podíamos examinar con tanta nitidez un caso como el de Rubí. A pesar de la tragedia que entrañó, de la desafortunada intromisión de algunos políticos y de la estrechez de criterio de tres de sus protagonistas, hay que celebrar la apertura: avanzamos por buen camino hacia un juego de ligas mayores, donde nuestros jueces tendrán que entender que, en el sistema acusatorio, no son árbitros sino centros delanteros. Y, en este sistema, la afición estará más atenta, más exigente y más crítica que nunca.

Twitter: @GLaveaga

Cartas a Enfoque / Sobre la elección en Guerrero

Réplica

(30 enero 2011).- Con relación al artículo "Guerrero: contienda entre priistas", firmado por Tomás Tenorio, me permito hacer las siguientes precisiones:

1.- Es falso que el gobierno del estado y la Procuraduría General de Justicia de la entidad hayan incurrido en omisión respecto al caso de la agresión de que fue objeto el representante electoral del PRD, Guillermo Sánchez Nava.

Es curioso en cambio que, quien elaboró dicho artículo omita señalar que ese mismo día hubo un mensaje del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y que desde que fue notificada la agresión personal de la PGJE estuvo en contacto con dirigentes del PRD. Toda investigación implica tiempo y procedimientos legales. Pretender que se tenga resultados en 24 horas es absurdo.

Las condiciones en que se perpetró el hecho entrañan dificultades, entre ellas la identidad precisa de los agresores.

2.- En todo momento y los hechos lo han demostrado, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se ha mantenido al margen del proceso electoral, tanto en la elección del candidato como en la contienda Constitucional. Resulta pues absurdo que se insista en que Armando Ríos Píter era candidato del gobernador y luego, sin argumento de por medio, se afirme que lo es Manuel Añorve Baños.

3.- El libro de Tomás Tenorio está lleno de prejuicios y conjeturas falaces. Adoptarlo como una verdad y la única fuente de información, es por demás contrario a lo que marcan las normas elementales del trabajo periodístico.

4.- Suponer en seis años de gobierno va a superarse un rezago que acumula más de 70 años, es algo que cualquiera que se precie de ser sensato, se negaría a hacer. Por lo mismo el gobierno de Zeferino Torreblanca no hizo promesas, salvo administrar adecuadamente los recursos para derramarlos en obra pública, bienes y servicios.

Espero se sirva publicar estas precisiones.

Atentamente

C. Manuel Nava García

Director General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guerrero.

Chilpancingo, Guerrero, 24 de enero de 2011.

Un sistema judicial fallido

Entrevista Justicia maltrecha. Layda Negrete: abogada y productora de 'Presunto culpable'. Una película de 84 minutos, con un costo de 10 millones de pesos, muestra una catástrofe: 92 por ciento de las acusaciones carecen de evidencia física

Jésica Zermeño

(30 enero 2011).- La escena no se parece en nada a la de una película de Hollywood. No hay una sala espaciosa, el fiscal y el abogado defensor no tienen escritorio y el juez no cuenta con un martillo para llamar al orden. Este juicio tiene como escenario un cubículo de un juzgado en el Reclusorio Oriente, con ruido de fondo de múltiples teclados de cómputo en uso y espectadores amontonados detrás de un mostrador. El juez sólo se distingue de los demás por su vestimenta larga y negra, el único elemento de corte hollywoodense.

Los espectadores de Presunto culpable asisten, gracias a la presencia de las cámaras, al segundo juicio de José Antonio Zúñiga, un tianguista de 26 años que vive en Iztapalapa, acusado de homicidio y preso desde diciembre de 2005. En el primer juicio, sin cámaras, recibió 20 años de cárcel. En el segundo, en 2009, Toño fue ayudado por un equipo jurídico comandado por Roberto Hernández y Layda Negrete -abogados, profesores del CIDE y hoy estudiantes de doctorado en la Universidad de Berkeley-. Gracias a esto, el público puede esperar, en el filo de la butaca, que el resultado sea diferente.

Y lo esperan porque ya han visto y escuchado evidencias contundentes de que Toño, -como lo llaman todos- no pudo haber sido el asesino, porque hay testigos de que él estaba en otro lugar, porque las pruebas de balística fueron negativas y desapareció de los archivos el retrato hablado del agresor. Pero también han visto la incuestionabilidad de la información en las averiguaciones previas y los roles inamovibles del juez, que no toma en cuenta el juicio; de la abogada acusadora, y de los policías judiciales encargados de la detención de Toño, quienes sólo repiten "no recuerdo" ante las preguntas que el abogado defensor les hace.

Todo eso puede verse en Presunto culpable, el testimonio fílmico del escalofriante camino que hay que recorrer para demostrar la inocencia en un país donde ser inocente se queda sólo en la Constitución para aquellos que no pueden pagar una defensa en forma. La película llega a las salas de cine de la Ciudad de México el próximo 18 de febrero, después de haber recorrido exitosamente varias ciudades, desde Guadalajara hasta Budapest, pasando por Los Ángeles, Londres, Sarajevo, Turquía y hasta China. Catorce premios cinematográficos, 12 de ellos internacionales, y su exhibición en 23 festivales en distintos países avalan su calidad.

Layda Negrete, productora del filme y estudiosa del sistema penal mexicano desde hace 12 años, explica que el objetivo es que más mexicanos conozcan la deplorable situación del sistema de justicia. Quiere indignar, pero también sembrar esperanza.

"Los ciudadanos no entienden cuáles son las causas del problema, dónde están las deficiencias institucionales en justicia, por qué hay inocentes en la cárcel. Eso queremos mostrar, las cosas que la gente no sabe, que no ha visto.

"Lo que es lindo de este proyecto es que lo hacemos sin academia. No hay rollo legal, de política pública, de sociología. Nada más ves una historia que es súper potente. Y te hace sentir que hay soluciones, que hay gente que se la puede jugar. Es conmovedor ver a una persona en la cárcel, con 20 años de condena encima, y desde ese lugar, donde es sumamente improbable generar liderazgo, de repente crece y se enfrenta a un sistema entero. Toño, un mexicano común en un reclusorio, de repente confronta al juez, confronta al testigo, hace su propia defensa. Hasta le enviamos libros para que se preparara. Es increíble", explica.

'Yo haría lo mismo'

No es la primera vez que Layda y su esposo Roberto, director del filme, utilizan una cámara para dar cuenta de las inconsistencias en la conformación de los expedientes en los Ministerios Públicos, de los vicios del personal para consignar personas -encontraron que los agentes que no logran consignar al suficiente número de "culpables" trabajan doble turno, por ejemplo.

La primera vez fue en un docucorto de 19 minutos. Su trabajo con investigadores de estadísticas y encuestas a personas en reclusión se plasmó en El túnel (2006), los testimonios de varios reclusos que nunca vieron a un juez ni tuvieron acceso a su averiguación previa y purgan condenas siendo inocentes. Creían que la única forma de dar a conocer la alarmante situación era mediante el uso de las cámaras, con los testimonios de primera mano.

Familiares de Toño vieron su trabajo y los buscaron, desesperados. No se resignaban a que cumpliera una condena de 20 años siendo inocente. Layda y Roberto estudiaron el caso, vieron inconsistencias y lo tomaron. La nueva misión venció un primer gran obstáculo: tras un año de trámites, las autoridades del penal aceptaron que se filmara una primera entrevista con Toño de 15 minutos. Lo demás fue más fácil.

"Nos costó muchísimo trabajo, pero lo increíble fue que se abrieron todas las puertas. Había un argumento muy fuerte para nosotros que era 'Esto es público y tiene que haber acceso'. Ese argumento fue una pieza de ajedrez que se jugó bien.

"El juez nos decía 'no tengo nada que ocultar', y la forma en la que lo vemos operar es la forma en que él cree que debe hacer su trabajo. Eso nos da una clave muy importante de cuáles son las soluciones. No son las personas el problema, son los diseños institucionales. Tenemos un sistema de justicia fallido. Si yo estuviera en ese trabajo haría lo mismo, o no tendría ese trabajo. Si reemplazamos a los funcionarios que aparecen en la película en realidad veríamos exactamente el clon idéntico, porque las dependencias están diseñadas para operar de esa forma. Lo que nosotros tenemos con estas autoridades es agradecimiento, por la apertura. Nos hizo sentir que hay aliados dentro de las instituciones. Ellos saben que el sistema es insostenible", explica Layda.

El proyecto

Contrario a lo que se ve en la pantalla, la filmación de Presunto culpable fue en el inicio una odisea familiar. Un primo o ellos mismos cargaban la cámara. La hermana de Layda se hacía cargo del sonido, escondida debajo de los escritorios del juzgado para no salir en las tomas. Pero el proyecto se ha hecho tan grande que, gracias a donaciones, se ha duplicado el número de copias con las que llegará a la Ciudad de México, de 50 a 100 -y esperan llegar a 120-, y gente del cine reconocida internacionalmente llegó a ofrecer su ayuda, porque creen en su mensaje, dice Layda.

Entre los que llegaron están Geoffrey Smith (The English Surgeon) en la dirección; en la producción, Martha Sosa (Amores perros, Los que se quedan) y Yissel Ibarra (Amores perros, Todo el poder); Lynn Fainchtein (Biutiful, Voces inocentes) en la supervisión musical y Martín Hernández (Amores Perros, Babel, El laberinto del fauno, Biutiful) en el diseño sonoro.

Roberto y Layda han decidido renunciar a sus ganancias y donarlas a Renace, una organización de la sociedad civil que defiende jurídicamente a personas con bajos recursos. Además, Cinépolis se estrena como distribuidor, y ha renunciado a la comisión por la distribución.

Con Presunto culpable Layda y Roberto exigen que se graben todas las declaraciones y los juicios, para poder vigilar a la policía y al sistema. Es la única forma de auditar, sostienen.

"Tiene que haber un sistema en el que puedas poner las manos al fuego por cualquier declaración. Y es una cuestión de entrenamiento de policías y de técnica. En otros países ya se hace. Lo único que tenemos que hacer es voltear y ver afuera. Esto también tiene que ser parte de la lucha oficial, sin duda", agrega Layda.

Presunto culpable

Dirección: Roberto Hernández y Geoffrey Smith.

Producción: Layda Negrete, Roberto Hernández, Martha Sosa y Yissel Ibarra.

Producción ejecutiva: Ernesto Canales, Ana Laura Magaloni, Harley Shaiken, Luciana Kaplan, Layda Sansores y Alejandro Ramírez Magaña.

Reparto: Antonio Zúñiga, Rafael Heredia, Layda Negrete, Roberto Hernández y Eva Gutiérrez.

Año de producción: 2009.

In... completo Federal Electoral

Reportaje Partidos y arbitraje electoral. A punto de cumplirse 100 días sin tres de sus nueve consejeros, el órgano electoral resiente cargas de trabajo y presiones de partidos y televisoras

Ernesto Núñez

(30 enero 2011).- El 6 de enero, durante la XXII Reunión de Embajadores y Cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores, los priistas Jorge Carlos Ramírez Marín y Manlio Fabio Beltrones saludaron al presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, y hasta llamaron al senador perredista Carlos Navarrete para fotografiarse todos juntos con la canciller Patricia Espinosa.

Pero cuando el titular del órgano electoral preguntó a los legisladores por el nombramiento de los tres consejeros del IFE, que quedó pendiente en octubre por falta de acuerdo entre las fuerzas políticas, los presidentes de las Cámaras del Congreso se encogieron de hombros y no pudieron dar mayor explicación.

El 2011 -la antesala de la sucesión presidencial- comenzó a tambor batiente, con destapes de precandidatos a la gubernatura del estado de México; el virtual relevo en la dirigencia priista y estridentes declaraciones de quien será presidente del PRI, Humberto Moreira; cambios en el gabinete y ajustes en la dirigencia nacional del PAN; acuerdos en el PRD para preparar un cambio terso de su dirigencia en marzo próximo; las campañas en Guerrero y una nueva disputa entre el PRI y el PAN y PRD por su alianza de facto en aquella entidad.

Todo, con la mira puesta en la elección presidencial del 2012.

Pero nada han dicho los partidos sobre la integración del Consejo General del IFE. El tema ni siquiera fue incluido en las agendas de las reuniones plenarias de los diputados del PRI, PAN y PRD, que se celebraron la semana pasada para preparar el periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo martes.

Las condiciones de la negociación se modificaron de octubre a la fecha. Fue electo un nuevo dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero; en el PRI, Moreira relevará a Beatriz Paredes el 4 de marzo, y en el PRD, Jesús Ortega tiene como prioridad las elecciones de Guerrero y Baja California Sur para entregar cuentas antes de ser relevado -probablemente por Lázaro Cárdenas Batel- el 19 de marzo.

En la Junta de Coordinación Política, donde se concentra la negociación, también se prevén movimientos: Alejandro Encinas dejaría la coordinación del PRD en marzo para buscar la candidatura en el estado de México y Josefina Vázquez Mota ya anunció que emprenderá durante el periodo ordinario una gira nacional para decidir en abril si busca la candidatura presidencial del PAN.

En caso de que la negociación no se dé en las primeras semanas del periodo ordinario, el único de los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas que daría continuidad al proceso sería el priista Francisco Rojas, quien ha llegado a declarar que la designación de los consejeros podría incluso aplazarse hasta octubre de este año, cuando comience formalmente el proceso electoral 2012.

La negociación se complica, además, por los comicios que se celebran hoy en Guerrero y los del próximo domingo en Baja California Sur.

Mientras tanto, la ausencia de tres de los nueve integrantes del Consejo General comienza a tener efectos en el IFE.

Impugnaciones y carga de trabajo

El 30 de octubre, como estaba previsto desde la reforma electoral de finales del 2007, dejaron su cargo los consejeros Arturo Sánchez, Virgilio Andrade y Marco Gómez. Su salida dejó vacía la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y, por lo tanto, el Comité de Radio y Televisión derivado de dicha comisión.

El 31 de octubre el Consejo General emitió un acuerdo para crear un régimen de excepción que permitiera desahogar el trabajo ordinario de dicha comisión. El artículo 116 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que los consejeros sólo podrán participar en dos de las seis comisiones permanentes, por lo que no había consejeros disponibles para integrarse a ese grupo de trabajo.

En su acuerdo CG377/2010 los consejeros argumentaron que es matemáticamente imposible integrar las comisiones con sólo cinco consejeros, pues el Cofipe establece que el consejero presidente no forma parte de ellas.

Derivado de éste y posteriores acuerdos, los consejeros se distribuyeron para llenar los huecos dejados por Sánchez, Andrade y Gómez: los consejeros Francisco Guerrero y Alfredo Figueroa pertenecen ahora a cuatro comisiones, y Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Macarita Elizondo a tres.

El Comité de Radio y Televisión, integrado ahora por Guerrero, Nacif y Figueroa, pronto tomó una decisión que modificó el modo en el que venía operando con los anteriores consejeros: el 17 de noviembre emitió un acuerdo (ACRT/041/2010) mediante el cual se ordenó a las televisoras hacer los bloqueos de señal nacional en el estado de Coahuila, de forma tal que puedan transmitir los mensajes ordenados por el IFE en las elecciones locales previstas para este año.

La resolución, notificada a las televisoras el 23 de noviembre, fue impugnada por TV Azteca, Televisa y Radio Televisora de México Norte SA de CV. En un amplio alegato, los inconformes incluyen como supuesta causa de ilegalidad la conformación anómala del Comité de Radio y televisión.

"... al autorizar de manera ilegal que los consejeros que actualmente integran la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (y en consecuencia el Comité de Radio y Televisión) formaran parte de más de dos comisiones, la autoridad transgrede lo dispuesto en el artículo 116 párrafos 2 y 4 del Cofipe y el espíritu de la norma... por lo que las actuaciones y acuerdos de dicho comité deben estimarse nulos...", plantearon las televisoras en expedientes idénticos presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Un mes después, en sesión celebrada el 24 de diciembre en ausencia de la magistrada presidenta Maricarmen Alanís, el Tribunal desechó la impugnación y convalidó el trabajo del IFE a pesar de la conformación irregular de sus comisiones, argumentando que, ante la situación extraordinaria en la que lo colocó la Cámara de Diputados, el instituto tiene facultades para tomar medidas que garanticen su funcionamiento.

"La integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en la forma que lo determinó, 'provisional y transitoriamente', el Consejo general, sin atender precisamente a la regla contenida en el artículo 116, párrafo 2, del Cofipe, encuentra plena justificación en la funcionalidad que debe tener dicho instituto para el ejercicio y cumplimiento de sus facultades y atribuciones", sentenció el Tribunal.

Para el consejero Alfredo Figueroa, este caso demuestra el tipo de presiones que ejercen las televisoras sobre el IFE, pero por otro lado fortalece a la institución, pues es un aval jurídico para los actos que se están desarrollando sin los tres consejeros.

"El IFE ha podido y puede seguir cumpliendo con todas sus atribuciones, pero mientras más se tarden los diputados en nombrarlos más complejidades va a tener que enfrentar el IFE", advierte.

El consejero Marco Antonio Baños apunta que el señalamiento en contra de la conformación de las comisiones carece de validez, pues ni la Constitución ni el Cofipe establecen que las resoluciones deban aprobarse por los nueve consejeros.

Sin embargo, el consejero admite que la situación se presta a que algunos opinadores "interesados" cuestionen las resoluciones del IFE que, dijo, enfrenta duras presiones.

"Los actores siempre ejercen presiones en defensa de sus intereses, hay que recordar que en este caso son partidos y empresarios que defienden los intereses de sus empresas, particularmente los dueños de las cadenas de televisión y de radio. Hemos tenido diferencias centrales, por ejemplo con TV Azteca, que ha sido renuente a transmitir la pauta. Las presiones son normales, debemos asumirlas y enfrentarlas en el marco de la ley", señala.

Preparación 2012

Uno de los principales pendientes que el IFE no ha podido resolver por la ausencia de los tres consejeros es el nombramiento del director ejecutivo del Registro Federal de Electores.

Tras la renuncia de Alberto Alonso y Coria, en septiembre del 2010, el consejero presidente, Leonardo Valdés, dijo que no propondría un nuevo director del RFE hasta que el Consejo General estuviera completo.

"Considero que no es oportuno nombrar al director ejecutivo de aquí a diciembre, por los procesos en marcha y porque es pertinente que los nuevos consejeros, que entran en noviembre, sean partícipes de esa decisión", declaró Valdés (Enfoque, 17 de octubre del 2010).

Valdés no contaba con que los diputados entramparían la designación, y el nombramiento de este funcionario -clave para el trabajo cotidiano del IFE, su relación directa con el ciudadano y la preparación de las elecciones del 2012- sigue pendiente.

Para los consejeros Figueroa y Baños, la urgencia de los nombramientos radica precisamente en los preparativos del próximo proceso electoral federal, pues ya están llevando a cabo trabajos en los que lo más deseable es el involucramiento de los nueve consejeros que van a calificar en el proceso.

Baños enumera una serie de tareas que ya se están llevando a cabo, o que se realizarán en las próximas semanas, y que deberían contar con la opinión y respaldo de los nuevos consejeros: "Las campañas de actualización del padrón serán definidas y aplicadas en este periodo; todo el mecanismo para atender radio y televisión de los partidos y de los órganos electorales locales que tendrán elecciones coincidentes se va a preparar en estos meses; la estrategia para integración de mesas directivas de casillas que se van a instalar durante el proceso electoral la vamos a aprobar en estos meses; el plan de educación cívica para la promoción del voto también se aprueba en estos meses; todo lo que tiene que ver con la renovación de las credenciales 03 es un tema que concentrará una buena parte de los esfuerzos; la organización del voto de los mexicanos en el extranjero también se atenderá en estos meses.

"No se pone en riesgo nada si no están ellos tres, pero sí es importante que lleguen de la mejor manera a la elección 2012, suficientemente informados y compenetrados con todos los programas de la institución. El tiempo que la Cámara se tarde en hacer la designación es tiempo de entrenamiento que le quita a los consejeros antes del proceso electoral", comenta.

Figueroa destaca el diseño del nuevo modelo de comunicación política, derivado de la reforma electoral del 2007, que aunque ya se puso a prueba en las elecciones federales del 2009, sufrió modificaciones importantes a raíz de los incidentes suscitados en las elecciones locales del 2010 y los que comienzan a surgir en los procesos del 2011.

"Es una mala noticia que quienes van a estar en ese proceso no estén interviniendo con sus opiniones, con su visión; particularmente en lo que tiene que ver con el modelo de quejas, el modelo de comunicación y el modelo de organización de la elección, pues son asuntos que hoy por hoy están siendo definidos."Sería fundamental que quienes van a estar en la elección del 2012 se empiecen a implicar en el desarrollo del modelo de comunicación, con la experiencia que tenemos y con su propia visión. Sería ideal que estuvieran en estos debates. El modelo de la reforma 2007 ha empezado a sufrir transformaciones muy importantes, como es el caso de los famosos bloqueos, en donde el emblema es Coahuila, o asuntos relacionados a gobiernos y funcionarios, como la resolución que se aprobó la semana pasada para el caso del estado de México", comenta Figueroa. ·

"Lo deseable es que en los primeros días del próximo periodo ordinario de sesiones los grupos parlamentarios presenten una terna que genere el más amplio consenso en la Cámara de Diputados".

Alfredo Figueroa

Consejero del IFE.

"No es lo más recomendable para la salud de las autoridades electorales hacer una designación hasta octubre. Sería mejor que los designen en los primeros días o semanas de febrero, sería lo más sano para el país".

Marco Antonio Baños

Consejero del IFE.

Funcionamiento anómalo

El Cofipe establece que los consejeros no pueden participar en más de dos comisiones permanentes; por ello, el Consejo tuvo que emitir acuerdos para que puedan participar hasta en cuatro comisiones.

Marco Antonio Baños

M. Macarita Elizondo

Alfredo Figueroa

Francisco Guerrero

Benito Nacif

Capacitación Electoral y Educación Cívica

* / Presidente

*

*

Organización Electoral

*

* / Presidente

Prerrogativas y Partidos Políticos y Comité de Radio y Televisión

*

* / Presidente

*

Servicio Profesional Electoral

* / Presidente

*

*

Registro Federal de Electores

*

* / Presidente

*

Quejas y Denuncias

* / Presidente

*

*




Fuente: IFE.

Los 17 candidatos

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados recibió 146 solicitudes de aspirantes a consejero electoral; entrevistó a 136 candidatos que cumplieron con los requisitos y el 27 de octubre emitió un dictamen con las 17 personas que consideró más calificadas para el cargo. El proceso se atoró en la Junta de Coordinación Política, donde los partidos impulsaban a diferentes candidatos.

CON APOYO DEL PRI

Arely Gómez González

• Licenciada en derecho.

• Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Fiscal de la Federación.

• Secretaria particular del presidente de la SCJN, Mariano Azuela.

Último cargo: fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales de la PGR (2007-2010).

Enrique Ochoa Reza

• Doctor en ciencia política.

• Consejero nacional del PRI (hasta 2006).

• Secretario particular de la magistrada Maricarmen Alanís en el TEPJF.

Cargo actual: director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Adriana Margarita Favela Herrera

• Licenciada en derecho.

• Subdirectora de Quejas del IFE.

• Directora de Instrucción Recursal del IFE.

Cargo actual: magistrada de Sala Regional del TEPJF en Toluca.

Cecilia Tapia Mayans

• Licenciada en ciencias políticas y administración pública.

• Subdirectora de Relaciones Institucionales del IFE.

• Coordinadora Técnica Administrativa del TEPJF.

Cargo actual: secretaria particular de la presidenta del TEPJF, Maricarmen Alanís.

Juan Manuel Herrero Álvarez

• Licenciado en actuaría con maestría y doctorado.

• Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria. Ingresó al IFE en 1990.

Último cargo: director ejecutivo del RFE (1994-1996).

Roberto Leonardo Duque Roquero

• Maestro en estudios políticos aplicados.

• Asesor de la secretaria ejecutiva del IFE, Maricarmen Alanís.

Último cargo: secretario de Estudio y Cuenta del TEPJF (2006-2007).

Francisco Javier Osornio Corres

• Doctor en derecho público.

• Abogado general del IPN.

Último cargo: director de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos.

CON APOYO DEL PAN

Jacinto Silva Rodríguez

• Licenciado en derecho.

• Consejero del Poder Judicial de Jalisco.

Cargo actual: magistrado de Sala Regional del TEPJF.

David Gómez Álvarez Pérez

• Maestro en administración pública.

• Asesor del IFE.

Último cargo: consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Jalisco (2008-2010).

Alberto Alonso y Coria

• Doctor en matemáticas.

• Docente e investigador de la UNAM.

Último cargo: director ejecutivo del Registro Federal de Electores en el IFE (2001-2010).

Ciro Murayama Rendón

• Doctor en ciencias económicas y empresariales.

• Asesor del presidente del IFE, José Woldenberg.

Cargo actual: investigador del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

Leticia Santín del Río

• Doctora en filosofía política.

• Secretaria académica del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF.

• Coordinadora académica del programa de formación en el Servicio Profesional Electoral del IFE.

Cargo actual: asesora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

CON APOYO DEL PRD

Emilio Álvarez-Icaza Longoria

• Maestro en ciencias sociales.

• Consejero electoral del DF.

Último cargo: presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2001-2009).

Areli Cano Guadiana

• Licenciada en derecho.

• Coordinadora de asesores del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

Cargo actual: comisionada ciudadana del Infodf.

José Salvador Guerrero Chiprés

• Maestro en comunicación.

• Periodista.

Cargo actual: consejero ciudadano del Infodf.

CON APOYO DEL PVEM

José Félix Cerezo Vélez

• Doctor en derecho.

• Director de amparo de la PGR.

• Asesor del consejero Marco Gómez en el IFE.

Último cargo: secretario de Estudio y Cuenta del TEPJF (2000-2004).

Elvia Leticia Amezcua Fierros

• Doctora en estudios sociales.

• Asesora de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

• Investigadora en el Instituto de Formación Política del CEN del PRD.

Cargo actual: asesora en la representación del PVEM en el IFE.

Currículums: dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 27 de octubre del 2010. http://www. diputados. gob. mx/ife_10/dictamen_gobernacion. Pdf

'Mientras más tarde, más complicado'

Entrevista Partidos y arbitraje electoral. Lorenzo Córdova: investigador del IIJ de la UNAM. Los diputados deben evitar que la integración del Consejo sea el tema de los comicios, como ocurrió en 2006

Ernesto Núñez

(30 enero 2011).- Es urgente el acuerdo, advierte el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdova. Posponer el nombramiento de los tres consejeros sería irresponsable; dañaría al IFE en un momento en el que apenas está reconstruyendo su credibilidad -debilitada en el 2006- y afectaría a los propios partidos.

Según Córdova, el escenario ideal para completar la conformación del Consejo General que habrá de conducir el proceso del 2012 era que fuera a tiempo, con buenos perfiles y por el más amplio consenso, de ser posible la unanimidad.

Hoy, señala, aún es posible rescatar dos de esos valores: los buenos perfiles (que a su parecer se encuentran entre los 17 candidatos ya aprobados por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados), y el consenso, que consiste básicamente en evitar que alguno de los partidos mayoritarios vote en contra de los consejeros, como ocurrió en el 2003 cuando PRI, PAN y PVEM eligieron al Consejo que presidió Luis Carlos Ugalde.

El investigador advierte que mientras más se tarden los partidos en llegar a ese acuerdo, la negociación se irá complicando, pues se añadirán elementos irruptivos como las elecciones locales en Guerrero y Baja California Sur; las campañas en el estado de México y las alianzas PAN-PRD en Nayarit y Coahuila.

"Escenarios que hoy son absolutamente impredecibles pueden acabar convirtiéndose en obstáculos cada vez mayores para una negociación que de por sí es compleja. Es una negociación profundamente compleja, pero precisamente por eso debería ser tomada con mucha responsabilidad por parte de los diputados", advierte.

En el extremo opuesto a lo que era ideal, advierte Córdova, está el peor de los escenarios: nombramiento a destiempo, perfiles que no son idóneos o que son correas de transmisión de intereses, y la falta de consenso.

"Eso sería lo peor, estaríamos creándole al IFE un problemón adicional a los que ya supone el organizar una elección compleja desde el punto de vista técnico y con pendientes o temas no resueltos, como es el no contar aún con la reglamentación del derecho de réplica, la ley reglamentaria del artículo 134, la ley de responsabilidades de los servidores públicos y la actualización del Código Penal en materia de delitos electorales", explica.

Córdova destaca que el trabajo del IFE no se ha detenido, a pesar de estar incompleto, y considera adecuadas las decisiones tomadas por los consejeros para el funcionamiento de las comisiones permanentes.

Coincide en que es necesario que los tres nuevos consejeros se involucren desde ahora en los preparativos de la elección 2012.

Pero advierte sobre el mensaje negativo que se envía hacia afuera y hacia dentro de la institución: "la posposición indefinida manda un muy mal mensaje a la ciudadanía, porque toda la especulación genera la percepción negativa de que detrás de esto hay un 'cuoteo' y una partidización del órgano electoral".

'Se antoja difícil el acuerdo'

Entrevista Partidos y arbitraje electoral. Jorge Alcocer: director de la revista 'Voz y Voto'

Octavio Ortega

(30 enero 2011).- El especialista Jorge Alcocer asegura que la demora de la Cámara de Diputados para elegir a tres nuevos consejeros del IFE está exhibiendo, peligrosamente, que detrás de la negociación hay la intención de los partidos de colocar su sello en los nuevos integrantes del Consejo General.

Para el especialista en asuntos electorales deteriora al IFE el que se refuerce la idea que ya permea en la sociedad en torno a que los consejeros electorales actúan por consigna de algún partido.

Alcocer aclara que él no comparte esa opinión, a la luz del trabajo que están desempeñando los consejeros electos en 2008, pero sí ve el riesgo de que esa impresión debilite al instituto en un momento crucial.

"Hay una percepción social generada por las conductas de los partidos y sus reacciones frente a las decisiones del IFE. Todos los partidos reaccionan frente a las decisiones del Consejo General cuando les afectan, no en función de los argumentos de derecho y de los hechos, sino en función de si votaste por mí o contra mí", precisa.

Asesor del Senado de la República durante la elaboración de la reforma electoral del 2007, Alcocer lamenta que no exista un mecanismo que presione a los diputados para acelerar el nombramiento de los tres consejeros.

Explica que en la Constitución sólo se establece como requisito que dos terceras partes de los diputados aprueben el nombramiento, pero no se incluye un mecanismo -como en los nombramientos de los ministros de la Corte por parte del Senado- que los impulse para que se pongan de acuerdo.

Alcocer señala que el problema que provocó el estancamiento en la Junta de Coordinación Política durante el mes de octubre del año pasado no se ha resuelto.

"PRI y Verde dicen: 'le toca uno al Verde, porque Marco Gómez salió y a Marco Gómez, en los electos en 2003, lo promovió el Verde, cuando el PRD se hizo de lado'. Entonces llegan PRI y Verde y dicen: uno del PRI, uno del Verde y queda uno, 'pónganse ustedes de acuerdo'. PAN y PRD dicen: 'así no', y ponen sobre la mesa la misma regla que en el pasado: uno para cada quien.

"Entonces el PRI está haciendo esta cuenta: como está la correlación de fuerzas, y es lo negativo que así se esté viendo, están cuatro a dos; porque desde el PRI ven que de los seis solamente tienen dos que ellos promovieron, porque los otros los promovieron el PAN o el PRD. Por tanto, necesitan dos más para que la correlación quede cuatro y cuatro y el consejero presidente como fiel de la balanza, y ahí es donde están atorados", explica.

El especialista abriga pocas esperanzas de que esto se resuelva en el corto plazo, pues se están añadiendo factores externos que harán todavía más complejo el escenario: el relevo de dirigentes en el PRI y PRD y las posibles coaliciones entre PAN y PRD.

"El PRI ha buscado infructuosamente que el PAN acepte un acuerdo como el de 2003: 'si el PRD no quiere, pongámonos de acuerdo, ustedes y nosotros, dos para mí y uno para ti'. Pero el PAN ha dicho no.

"A la mejor no tienen alianza en el estado de México con el PRD, pero la acaban de pactar en Nayarit y la van a pactar en Coahuila, entonces se antoja difícil que cualquiera de los dos, PAN o PRD, le juegue las contras al otro", considera.

Pulveriza BCS al perredismo

Elecciones 2011 Baja California Sur. La fractura del PRD, tras 12 años de gobierno en Baja California Sur, provocó fugas hacia el PAN, el PRI y Nueva Alianza

Martha Martínez

(30 enero 2011).- Perredistas que aparecerán en las boletas como abanderados del PAN, un PRD debilitado por la renuncia en desbandada de sus precandidatos mejor posicionados y un PRI que se fortalece ante las fracturas internas de los partidos opositores son los elementos del proceso electoral del próximo 6 de febrero en Baja California Sur.

Partido en el gobierno desde hace 12 años, el PRD deberá competir por la gubernatura del estado, cinco municipios y 21 diputaciones locales contra ex militantes que fueron arropados por el PAN, PRI y Nueva Alianza, luego de su renuncia en protesta por la imposición de candidatos cercanos al gobernador Narciso Agúndez.

La ruptura del PRD comenzó en septiembre de 2010, luego de que el dirigente estatal, Adrián Chávez Ruiz, hizo pública la cancelación de la consulta con la que se elegiría a los candidatos.

El primero fue Leonel Cota Montaño, ex dirigente nacional del PRD y el primer gobernador que ese partido tuvo en Baja California Sur. El ex perredista, quien aspiraba a ser postulado a la alcaldía de Los Cabos, culpó al dirigente nacional del partido, Jesús Ortega, de plegarse al gobernador Agúndez en su intento por imponer candidatos.

Tras su salida, se convirtió en abanderado del Partido Nueva Alianza por la alcaldía de Los Cabos.

A la de Cota Montaño le siguieron la renuncia escalonada de Marcos Covarrubias, ex presidente municipal de Comondú, diputado federal con licencia y fuerte precandidato a la gubernatura del estado; Héctor Ibarra, ex colaborador de la campaña de Covarrubias; Arturo de la Rosa, ex presidente de la Gran Comisión del Congreso local, y Venustiano Pérez, ex diputado local. Desertaron también Loreto Arce Davis, ex director de Ingresos del sindicato de burócratas, y Jorge Alberto Avilés, ex dirigente del mismo órgano sindical en Loreto.

Acción Nacional, que junto con el partido local Renovación Sudcaliforniana conforman la coalición Alianza es Contigo, fue el más beneficiado con la fractura. La alianza entregó a los ex perredistas cuatro candidaturas: Covarrubias al gobierno estatal, De la Rosa a la alcaldía de Los Cabos, Ibarra a La Paz, y Pérez a Comondú.

La candidatura al municipio de Mulegé fue para el ex priista Humberto Mayoral, y Rodolfo Davis es el único panista postulado, a la alcaldía de Loreto.

La alianza Unidos por Baja California Sur, conformada por el PRI y el Partido Verde, postuló a Ricardo Barroso Agramont al gobierno estatal; Angel Salvador Ceseña al municipio de La Paz, Alejandro Alonso Solís a Comondú y José Felipe Prado a Mulegé, todos de filiación priista. Pero designó al ex perredista José Alberto Avilés como candidato al municipio de Loreto.

En la lista de candidatos perredistas dos nombres están abiertamente relacionados con el gobernador Narciso Agúndez: Luis Armando Díaz, ex secretario de Gobierno en su administración, y José Antonio Agúndez Montaño, su hermano. El primero es aspirante a la gubernatura, el segundo candidato al municipio de Los Cabos.

Por el municipio de La Paz fue postulado Ricardo Gerardo Higuera, ex coordinador general de enlace con gobiernos estatales de la administración de Marcelo Ebrard; por Comondú, Juan Adolfo Orcí Martínez, ex diputado federal; por Mulegé el ex diputado local por el PT, Guillermo Santillán Meza, y por Loreto, Francisco Javier Rubio, ex diputado local.

Los costos

Luis Armando Díaz, candidato del PRD a gobernador, reconoce que la renuncia de militantes afectará al partido y fortaleció a otros institutos políticos.

"Efectivamente se llega tras un proceso interno complicado, provocado por los mismos actores que dejaron el partido aún teniendo la candidatura en sus manos. Fue una estrategia perpetrada inclusive antes del proceso interno del PRD y sería muy difícil negar que hay una afectación porque entramos en un proceso muy complicado", sostiene.

Y agrega: "el PAN ha sido el gran beneficiario de esta estrategia de atentar, en este caso, contra el proyecto político que ha venido gobernando a Baja California Sur. Obviamente que un partido que representa la tercera fuerza electoral en el estado pues está ávido de tener candidatos que lo pudieran posicionar y que lo pudieran meter a la competencia".

El candidato niega que con la renuncia de Cota Montaño y Covarrubias se hayan alejado también estructuras importantes al interior del partido.

"Se fueron personas, no estructuras, y una muestra clara es que Leonel Cota se fue como candidato a la presidencia municipal de Los Cabos por un partido al que tanto golpeó después del PRI, que fue Nueva Alianza, y ahora está en la posibilidad virtual de una franca derrota, entonces queda demostrado que no hay tal fuerza, que no hay tal desbandada de estructuras y que son más los intereses personales", asegura.

Díaz rechaza que sea el candidato del gobernador Narciso Agúndez y ofrece como prueba de su dicho el que muchos de los funcionarios estatales estén apoyando a Covarrubias.

"Si fuera una imposición del gobernador, me imagino que estuvieran volcadas las estructuras a apoyar a Luis Armando Díaz, y eso no pasa", asegura.

También se fractura el PAN

La designación de ex perredistas como abanderados del PAN también generó fracturas al interior del blanquiazul.

El ex presidente de Coparmex, José Alonso Germán Castro, interpuso un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial en contra de la candidatura de Covarrubias.

Según el recurso, Castro habría obtenido la candidatura de Acción Nacional a la gubernatura del estado tras el desistimiento de su contendiente, el senador Luis Coppola, de participar en la contienda.

El 18 de noviembre de 2010, el Tribunal emitió su fallo, el cual ratificó a Covarrubias como candidato del PAN.

Al descontento del ex presidente de Coparmex se sumó el del senador Coppola, que en noviembre de 2010 emitió un comunicado titulado Pinto mi raya, en el cual califica como grave la decisión de arropar a ex perredistas. "No haré campaña a favor de perredistas con cola que le pisen por practicar el robo, el nepotismo y la corrupción. Al contrario, los combatiré en todos los foros y tribunas que me brinden, estén en el PRD o en su nueva sucursal... Sudcalifornianos, cuando vayan a votar, no lo olviden, el nefasto Narciso (Agúndez) se presenta con dos partidos: con el PRD y, desgraciadamente, con el PAN", señala el comunicado.

Covarrubias dice desconocer si Castro o Coppola han cambiado de posición respecto a su candidatura, pero asegura que el descontento de ambos no ha dañado su campaña.

"Actualmente desconozco si ellos ya han cambiado de posición, lo que sí puedo decir es que no han afectado la marcha de la campaña que estamos llevando a cabo, los respeto como personas, como integrantes del PAN y por supuesto que nos daría mucho gusto que se sumaran a este esfuerzo", señala.

Acepta que su llegada al PAN ha fortalecido a este partido en el estado y niega que con él se hayan ido del PRD estructuras internas.

"Efectivamente las estructuras no se fueron porque las que ellos han estado utilizando son las estructuras del gobierno", indica.

No obstante, señala que a su proyecto se han sumado "miles" de ex perredistas y militantes de otros partidos. "Muchos perredistas, petistas, priistas, de Convergencia, del Verde, se han sumado a mi proyecto político, no podría decir con exactitud cuántos, pero lo que sí es que los suficientes para hacer mayoría", afirma.

Mientras el PRD ve una afectación innegable tras la renuncia de militantes y el PAN lidia con la simpatía del senador Coppola hacia el abanderado del tricolor, el PRI avanza apostando a una imagen de unidad interna.

Hasta ahora, personajes como el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; el senador Manlio Fabio Beltrones y el presidente nacional del partido, Humberto Moreira, han acudido a mostrar su apoyo al candidato Ricardo Barroso Agramont.

La cultura política

(30 enero 2011).- Téngalo presente

Los grandes problemas de México. Volúmenes XII, XIII y XIV. Presentan Manuel García y Griego, Merilee Grindle, Peter Smith, Soledad Loaeza, Jean-Francois Prud'homme, entre otros. Viernes 4 de febrero, 11:00 hrs. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Inf: 5449 3000.

Conferencias

Análisis económico de la lucha en contra del terrorismo: derecho, economía y moral. Barak Medina. Martes 1o., 13:00 horas. Sala de Conferencias del ITAM. Río Hondo 1, Progreso Tizapán. Informes: 5628 4159.

El valor de los valores en la organización. Lilach Sagiv. Miércoles 2, 13:00 horas. Sala de Conferencias ITAM, Plantel Río Hondo. Informes: 5628 4159.

Actores, política y presupuestos en el campo educativo en México. Javier Mendoza. Miércoles 2, 16:00 horas. Salón 2247 de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.

Israel's Fight Against Terrorism: Legal Aspects. Barak Medina. Organiza la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Viernes 4, 11:00 horas. Auditorio Cuajimalpa. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2850.

Libros

El pensamiento político en México y Latinoamérica de Charles A. Hale. El Colegio de México. Antología de artículos, capítulos, entrevistas y reseñas, anteriormente desperdigados en revistas y libros académicos, del historiador y sociólogo norteamericano estudioso del liberalismo mexicano.

Felicidad y dolor: una mirada ética de Rogeli Armengol. Ariel. Al afirmar que la felicidad es la ausencia del dolor y que sólo en una sociedad democrática es plausible el bienestar, el autor establece un diálogo con la tradición y el presente, la historia y la ética.

Fuego cruzado de Marcela Turati. Grijalbo. Colección de crónicas y reportajes con los que la autora busca dar rostro a las víctimas de la guerra anticrimen. Prólogo de Roberto Zamarripa.

Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821 de Dorothy Tanck de Estrada. El Colegio de México. Basándose principalmente en documentos financieros, como las cuentas de los pueblos, reglamentos de bienes de comunidad, recibos y encuestas, guardados en el Archivo General de la Nación y archivos estatales, la autora analiza el desarrollo de los pueblos de indios durante los últimos 70 años.

Regreso al futuro de Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Punto de lectura. Tras recorrer distintos foros de la República mexicana, los autores trazan un mapa de México para documentar que ya es la gran nación que muchos anhelan. Señalan cómo resolver cinco pendientes: educación, seguridad, corrupción, eliminar el peso del pasado e impulsar reformas.

Un mexicano en cada hijo te dio de F.G. Haghenbeck. Santillana. Treinta y cuatro artistas gráficos recrean en forma de historieta la vida de héroes, villanos y estrellas fugaces de México que han influido en la vida y cultura del país, desde la época prehispánica hasta la modernidad.

Presentaciones

Los presos políticos de la última dictadura militar argentina y la opción del exilio. El caso del penal de La Coronda, 1974-1978 de María Virginia Pisarello. Pablo Yankelevich y la autora. Lunes 31, 17:00 horas. Salón 5524 de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.

La reorganización de los comunistas españoles en el exilio. Renovación interna ante el V Congreso del PCE (Praga, 1954) de Marco Aurelio Torres. Horacio Crespo. Miércoles 2, 17:00 horas. Salón 5524 de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.

Los indios y las ciudades de Nueva España coordinado por Felipe Castro. UNAM. Andrés Lira, Antonio Escobar y Francisco González. Miércoles 2, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán. Informes: 5554 8513.

Base legal y programática. Tomo I. coordinado por Diego Valadés y Daniel Márquez Gómez. INAP. Alejandro Carrillo, Maximiliano García y Jorge R. Castelazo. Jueves 3, 18:00 horas. Aula Magna Gabino Fraga del INAP. Carretera Meexico-Toluca Km. 14.5, Palo Alto. Inf: 5081 2600 ext. 4848.

Revistas

Defensor. No. 1. Año IX. Órgano de difusión de la CDHDF. Mario Hernández y Julieta Morales analizan los obstáculos para el goce de derechos de las personas que ejercen la prostitución. Marta Torres examina la violencia hacia las mujeres implícita en la prostitución.

Trabajo y democracia hoy. No. 111. Antonio Gutiérrez analiza los conflictos laborales del actual sexenio. Pedro Villegas examina la propuesta de reforma laboral priista.

Seminarios

Pertinencia de la sociología ambiental. En el ciclo La Ecología Política a Debate: conversaciones con Enrique Leff. José Luis Lezama, Rodolfo Stavenhagen, Gilberto Giménez, Vicente Ugalde, Sergio Puente, Enrique Leff. Lunes 31, 16:00 horas. Sala Alfonso Reyes del Colmex. Inf: 5449 3000.

Sociología del trabajo. Raúl Lorente. Lunes 31, 18:00 horas. Auditorio Ángel Palerm de la Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4197.

Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com

REVISTA PROCESO No. 1787

Al asalto de la capital...

Jorge Carrasco Araizaga

El delirante proceso de militarización en el país, atizado desde la Presidencia sin que se haya traducido en una reducción de la criminalidad, alcanzó ya al Distrito Federal, si bien años antes hubo algunos despliegues castrenses en la capital de la República. Sin contar con el necesario aval del Poder Legislativo, los cuerpos de élite de la Marina han comenzado a protagonizar operativos antinarco en el DF. Sólo la semana pasada hubo tres espectaculares acciones de marines en la delegación Benito Juárez, efectuadas sin consultar a las autoridades capitalinas.

Los cuerpos de infantería de Marina utilizados por Felipe Calderón para operaciones terrestres, al estilo de los marines estadunidenses, están cada vez más presentes en centros urbanos, incluida la Ciudad de México, sin que sus actuaciones cuenten con el aval del Congreso.

Desde septiembre de 2009, cuando realizaron su primera incursión en el Distrito Federal, los infantes de Marina han tomado por momentos el control de calles en la capital del país para labores de vigilancia, cateo e inspección, pero según la propia Secretaría de Marina-Armada de México, los “marines mexicanos” en cualquier momento pueden entrar en combate urbano.

Encapuchados y pertrechados con rifles de asalto, lanzagranadas y otro armamento de alto poder, han llegado con unidades artilladas a zonas habitacionales y comerciales del DF preparados para un eventual enfrentamiento con grupos de la delincuencia organizada, como ha ocurrido en estados como Morelos, Tamaulipas o Nuevo León.

Ni el Ejército había hecho una demostración de fuerza de ese tipo en la Ciudad de México, donde se asienta su cuartel general.

A pesar de que los operativos militares, sobre todo de los infantes de Marina, son cada vez más recurrentes, el gobierno del DF minimiza la presencia de las fuerzas federales en su territorio.

“Hemos tenido presencia de la Marina, el Ejército y la Policía Federal en otras ocasiones. Llegan con objetivos específicos en seguimiento de investigaciones que vienen realizando”, dice en entrevista el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

“No es que estén patrullando la ciudad ni se ha vuelto indispensable que lo hagan. En el caso de los operativos realizados la semana pasada por la Marina, se trató de una operación perfectamente dirigida hacia un blanco específico”, añade.

Asegura que mientras se trate de ese tipo de objetivos “estamos en la condición de apoyo, sin que nos den detalles. Entendemos que estas operaciones dependen de la forma en que se ejecuten, sin que nadie lo sepa”.

Su cuartel general

Pero la presencia de la Marina en la Ciudad de México va más allá de esos “objetivos específicos”. Concentrada hasta este sexenio en la defensa marítima del país, la Marina-Armada de México ya hizo de la capital del país también su Cuartel General de Alto Mando, desde donde prepara las operaciones de los infantes de Marina en todo el país.

Desde la llegada de Calderón la Armada cambió su organización y operación sin contar con la autorización del Congreso. Apenas en marzo del año pasado, el Senado aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de esa fuerza, pero desde entonces están congeladas en la Cámara de Diputados.

La “política estratégica” de la Armada impulsada por Calderón y el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, ha estado dirigida a la creación de una nueva estructura operativo-militar en la que la Infantería de Marina es la principal unidad operativa (Proceso edición especial 29).

Según anunció el propio Saynez, en el segundo año de gobierno de Calderón esa fuerza ya tenía más de 15 mil efectivos, concentrados en batallones, fuerzas especiales y otros agrupamientos que representan casi la tercera parte del personal de la Armada y que han actuado en operativos como la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en diciembre de 2009 en Morelos, y de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, en noviembre del año pasado en Matamoros, Tamaulipas.

No se trató sólo de una modificación para aumentar el número de infantes de Marina, explica Victoria Unzueta, asesora del PRD en la Cámara de Diputados en materia de seguridad. Ese cuerpo ya existía, lo que se hizo fue modificar el esquema de la Armada para que pudiera realizar operaciones en zonas continentales, tal y como lo hacen los marines estadunidenses, añade.

De hecho, los infantes de Marina mexicanos están recibiendo preparación y entrenamiento en Estados Unidos. De acuerdo con el cable 3573, enviado por el embajador Carlos Pascual al Departamento de Estado el 17 de diciembre de 2009, en el caso de la ejecución de Arturo Beltrán Leyva –ocurrida un día antes– las fuerzas de la Secretaría de Marina procedieron “respondiendo y actuando ante información proporcionada por Estados Unidos”.

El cable, uno más de los que han sido difundidos por WikiLeaks, puntualiza un hecho que convirtió a los miembros de la infantería de Marina mexicana en verdaderos marines: “La unidad que realizó la operación recibió amplio entrenamiento por parte de Estados Unidos…”.

La presencia de los marines de Calderón en la Ciudad de México, gobernada por el PRD, ha sido creciente. Su presentación ocurrió el 19 de septiembre de 2009, cuando infantes de Marina se apostaron en Moliere 222, frente a las oficinas del Grupo Bal, del empresario Alberto Bailleres, en Polanco, muy cerca de la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los marinos tenían su objetivo en una de las subsidiarias de ese grupo, Química del Rey, cuya dirección apareció en los sacos de sulfato de sodio donde se habían escondido 11 millones de dólares que ocho días antes fueron decomisados por la Marina en Manzanillo, Colima, y que tenían como destino el puerto colombiano de Buenaventura. Los marinos no entraron al inmueble porque nunca recibieron la orden de cateo.

Pero los marines de Calderón, a decir de la Procuraduría General de la República (PGR), también han cometido pifias. El 9 de junio del año pasado, la Marina anunció que fuerzas especiales de la Armada habían asegurado más de 20 kilos de explosivos en un operativo nocturno en un inmueble de hospedaje ubicado en el número 12 de la calle Mérida, en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc.

En el decomiso, se ufanó esa fuerza armada en un comunicado oficial, se utilizaron fusiles con visión nocturna y se realizó a partir de información entregada por el gobierno estadunidense. A dos días del espectacular anuncio, la PGR desmintió a la Marina. No se trataba de explosivos sino de glicerina, ácido nítrico y parafina, según dictaminó el Ministerio Público Federal.

Operativos capitalinos

La semana pasada marcó lo que ha sido la principal presencia de los infantes de Marina en la Ciudad de México. En menos de 72 horas realizaron tres operativos en la delegación Benito Juárez.

Entre la una y media y las cinco de la mañana del lunes 24, un grupo de marinos se desplegó en la colonia Del Valle. En el número 21-A de Miguel Laurent, entre Fresas y Tejocotes, catearon un departamento y detuvieron a un supuesto integrante de un cártel del narcotráfico.

Según informó la Marina, fue detenida una persona que se identificó como Juan Ramón Córdova Peñaloza, de 47 años, originario del Distrito Federal y a quien le decomisaron tres armas y vehículos.

Al día siguiente, como parte de la misma investigación, muy cerca de ahí catearon el hotel Vermont, en el cruce de las calles Vermont y Colorado, en la colonia Nápoles. Después de seis horas, los marinos no detuvieron a ninguna persona, pero aseguraron armas y municiones, según dijo la Marina.

El miércoles 26, una veintena de marinos regresaron al inmueble de Miguel Laurent para vigilar durante varias horas la diligencia que realizó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). La Marina evitó informar sobre el cártel objeto de esas acciones y sólo trascendió que se trataba de un jefe de Los Zetas o de una persona relacionada con Héctor Beltrán Leyva.

La atención sobre las acciones militares de la semana pasada en la Ciudad de México aumentó porque el Ejército y la Policía Federal realizaron otros tres cateos.

El Ejército regresó a realizar cateos en el Distrito Federal después de año y medio de no hacerlo. La madrugada del miércoles 26, una unidad de Fuerza de Reacción, apoyada por vehículos artillados, inspeccionó un inmueble en la esquina de Sur 113-A y Oriente 116, en la colonia Picos de Iztacalco, delegación Iztacalco. También cateó una casa de la calle Sur 115, de la colonia Juventino Rosas, de la misma delegación.

Más tarde, fuerzas especiales de la Policía Federal detuvieron a cinco personas supuestamente vinculadas con la delincuencia organizada en el hotel Bengala de la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.

Sitio de paso

La Ciudad de México ya ha sido escenario de detenciones de presuntos jefes del narcotráfico por parte de las fuerzas federales.

En marzo de 2009, agentes de la PGR y fuerzas especiales del Ejército detuvieron en el número 269 de la calle Lluvia, en Jardines del Pedregal, a Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del cártel de Sinaloa.

Un mes después, también la PGR y el Ejército detuvieron en una residencia de Bosques de las Lomas a Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, hijo del fallecido Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, jefe del cártel de Juárez.

En enero de ese mismo año fue detenido por la PGR, en la colonia Villas de Coyoacán, Miguel Ángel Soto Parra, exmilitar cofundador de Los Zetas.

En Lindavista, en el norte del DF, en octubre de 2008 fue detenida una célula del cartel de Sinaloa. Entre los aprehendidos estuvieron el hermano del Mayo, Reynaldo Zambada, El Rey o El Patrón, y su sobrino Jesús Zambada Reyes.

En 2007, en un restaurante de San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México, fueron detenidos Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y su entonces pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, El Tigre, integrante del cártel colombiano del Valle del Norte, que se volvió testigo protegido del gobierno estadunidense y que ha declarado en contra de Sandra Ávila.

En la Ciudad de México también han sido detenidos grupos operativos de Los Zetas, del cártel del Golfo, La Familia Michoacana, el cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva. A esas organizaciones la PGR les ha asegurado casas en las colonias Juárez, Del Valle, Lindavista, Jardines del Pedregal, San Ángel, Coyoacán, Pedregal, Bosques de las Lomas e Interlomas.

Beneplácito

El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, ha dado su aval a estas acciones de las fuerzas federales en la ciudad. En junio de 2009 aseguró: “Nosotros vemos bien todas las acciones que se puedan tomar, ya sea por instancias federales o locales, y más si las hacemos de manera coordinada”; se refería a un operativo realizado un mes antes por el Ejército y la Policía Federal en la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.

Pero el propio secretario capitalino de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, matizó “la coordinación” con el gobierno federal y pidió “una mejor comunicación” para la realización de los operativos.

El procurador Miguel Mancera dice que todas esas capturas “relacionadas con diferentes grupos delictivos de alto nivel han sido focalizadas, pero nunca resultado de un enfrentamiento a tiros en las calles, porque no hay una base efectiva de esos grupos en la ciudad”.

Sostiene que el DF “no es un punto de concentración o asentamiento de cárteles ni tampoco foco de distribución de la droga”. Explica: lo que han dicho los propios actores de la delincuencia organizada en algunas declaraciones es que la Ciudad de México se les dificulta para la operación porque requieren de mucha gente, de una rápida movilidad y de grandes esquemas de protección.

Según Mancera, la Ciudad de México no lo facilita porque hay un cuerpo policiaco muy grande, de más de 70 mil elementos, concentrado en un mando único. También, sostiene, porque permite detectar una situación anómala, como la circulación de un convoy con gente armada y vidrios negros, fuera de los que se conocen de las autoridades.

Pero la ciudad, que cada día puede llegar a tener unos 15 millones de personas con los 5 millones de población flotante, también facilita el ocultamiento de narcotraficantes, “siempre y cuando se mantengan discretos”, dice el funcionario.

Asegura que cuando fue capturado El Rey Zambada dijo que había venido a festejar su cumpleaños; es decir, que como muchos otros narcotraficantes entraba a la ciudad y luego se iba.

El verdadero problema de la ciudad, dice, es el narcomenudeo, que se registra desde finales de los años noventa, especialmente en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y parte de Álvaro Obregón. Esas demarcaciones son consideradas por la autoridad capitalina como “puntos rojos” y que irradian en áreas circunvecinas, como las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Tlalpan.

El procurador capitalino admite que hay una tendencia creciente: “No hay semana en la que no hagamos una detención que no tenga que ver con el narcomenudeo”, pero insiste en que “no hay nada que conecte con un grupo en específico”.

Sobre la presencia de ejecutados y narcomensajes que se han registrado en el DF, afirma que no se trata “necesariamente de gente de esta ciudad”, sino de “encargos” de otras partes del país.

Las incursiones militares en la Ciudad de México han derivado, como en todo el país, en un aumento de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con esa instancia, del 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó el sexenio de Calderón, al 27 de enero de este año se han abierto 227 quejas contra el Ejército y 46 contra la Marina. La comisión ha emitido seis recomendaciones contra el Ejército y una contra la Marina, pero la mayoría ha sido rechazada por las Fuerzas Armadas.

Federico Ponce Rojas, exsubprocurador general de la República y titular de la maestría en derecho militar de la Universidad Anáhuac, coincide con Mancera en que el DF ha escapado a la violencia inédita de la delincuencia organizada, pero considera que ésta buscará incrementar el consumo de droga en el país y en eso la Ciudad de México es un mercado codiciado.

Asegura que la presencia de las Fuerzas Armadas en la capital está siendo cada vez más recurrente. Empezó de manera aislada y ahora está cada vez más presente. “Pero el uso del Ejército y la Marina –sostiene– no es la solución al problema, ni en el DF ni en todo el país”.

Y según el GDF, el turismo repunta...

Alejandro Gutiérrez

MADRID.- Durante una conferencia de prensa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en esta capital el jueves 20, Alejandro Rojas Díaz Durán, secretario de Turismo del Gobierno del DF, declaró que este sector en México “se ha visto erosionado por la guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico”.

Explicó que la espiral de violencia en distintas regiones del país tiene un efecto favorable para el turismo en el Distrito Federal, donde “nos ha ido bien”. Incluso se convirtió “en el principal destino turístico del país”, aseguró.

“Lamentablemente todo lo que sucede en el norte del país (la violencia) provoca que el turismo fluya hacia la Ciudad de México: congresos, exposiciones, visitas. Por eso cerramos 2010 con un crecimiento de 13% en el sector, algo que no tuvo ningún otro destino de México. Pero no basta con que a la Ciudad de México le vaya muy bien, tiene que irle bien a todo el país”, puntualizó.

En 2010 el DF tuvo 20 millones de visitas turísticas, de las cuales 3 millones 500 mil fueron de extranjeros, lo que se tradujo en una derrama de 5 mil 300 millones de dólares, explicó.

Según su diagnóstico, lo que ayudó a que la capital mexicana tuviera ese crecimiento fue la oferta turística, de museos, el turismo de aventura, las rutas organizadas, la reconstrucción de la plaza Garibaldi con el nuevo Museo del Tequila y el Mezcal y los trabajos en la Academia del Mariachi, que pretende certificar a esos músicos y que será la base para proponer la candidatura ante la UNESCO a fin de que el sonido tradicional mexicano sea considerado patrimonio de la humanidad.

Rojas fue muy crítico de la estrategia de Calderón contra el narcotráfico, que en su opinión ha provocado que en el renglón turístico México haya dejado “de recibir 120 mil millones de dólares en lo que va del sexenio”. El funcionario habló también de la inseguridad que, señaló, es “un problema que tenemos y debemos reconocerlo así”.

“Creemos que la estrategia de combate al narcotráfico ha sido equivocada”, dice. “Es un discurso equivocado del presidente de la República”. Tampoco existe “una posición enérgica” frente a Estados Unidos, principal consumidor de drogas, pues afirma que en ese país se consumen “50 millones de dosis diarias”, según algunas estimaciones.

“(El problema) no se va a resolver sólo persiguiendo a los cabecillas de un cártel de la droga, porque atrás de éste hay 20 esperando ocupar su posición; es una maquinaria que no se acaba, un círculo vicioso”, dijo.

Rojas afirma que propuso al gobierno federal darle al turismo rango de asunto de seguridad nacional por ser una de las principales ramas de la economía. “Tenemos que hacer un consenso interno, actores políticos, gobiernos y medios de comunicación, para promover una imagen distinta de México, porque nosotros mismos estamos proveyendo las imágenes (de violencia) que ustedes ven todos los días en los medios”.

A partir de eso, propone hacer un “relanzamiento” de México de manera diferente, no sólo como un destino de “sol y playa”, y recuperar la imagen “fuerte y bien posicionada” que el país tenía en el mundo.

En su opinión, “mucha gente tiene miedo de ir a México. Le tenemos que quitar el miedo al mundo diciéndole que los sitios turísticos están tranquilos y se pueden visitar”.

Rojas aseguró en entrevista con corresponsales mexicanos que, según un informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT), México tenía una proyección de 50 millones de visitantes para 2010, pero los datos oficiales hablan de 22 millones en el mismo periodo.

Pero la OMT envió a Proceso una precisión, porque el dato ofrecido por Rojas es incorrecto. El informe del organismo –Turismo: Panorama 2020, elaborado hace 11 años– efectivamente proyectó una llegada de 50 millones de turistas a México, pero para el año 2020, en tanto que en 2010 proyectaba 32 millones.

Además una fuente de la OMT precisó que esas cifras se calcularon antes de los atentados del 11 de septiembre y otros acontecimientos que han impactado al turismo en distintas regiones. Señaló que Estados Unidos, que tenía una proyección de 73 millones de turistas para 2010, llegó a 61 millones, y Canadá, de 27 millones, tuvo 16.

De ese estudio se desprende que en 2010 México tuvo 10 millones de turistas menos que la proyección hecha en 2000: Sin embargo, el martes 25, en la inauguración en México de la Convención Nacional de Turismo 2011 de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Felipe Calderón no sólo desestimó que la violencia perjudique al sector turístico, sino que habló de un crecimiento de 10% en el área.

El dato que aportó Calderón contrasta con la información del Barómetro Mundial de Turismo, que hasta octubre de 2010 registraba un crecimiento de 7%.

México, boletinado

La semana previa a la celebración de la Fitur, el gobierno de España lanzó una alerta a sus ciudadanos recomendándoles que, de viajar a México, eviten ir a Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua y Culiacán, y en general al estado de Tamaulipas, entre otros sitios, como dio a conocer la agencia Apro el pasado jueves 13.

La alerta del gobierno español se refiere abiertamente a la situación de violencia relacionada con la guerra contra el narcotráfico.

Puesta en el sitio en internet del Ministerio de Asuntos Exteriores, la alerta dice que “la existencia de formas de delincuencia que florecen al amparo o en el paralelo con los grupos criminales activos, hacen recomendable que, salvo necesidad, se evite por el momento la visita y estancia en una serie de áreas y poblaciones”.

Agrega que “las situaciones de violencia que se vienen produciendo últimamente en México suelen tener relación con enfrentamientos entre organizaciones criminales, o de éstas con el Ejército y las fuerzas del orden mexicanas, en el marco del combate contra el narcotráfico emprendido por el gobierno de México”.

Y precisan que en estos incidentes los grupos criminales atacan lugares “donde se hallan personas no vinculadas en absoluto al crimen”, y que por “el carácter imprevisible de dichos incidentes, no es descartable que terceros presentes, incluyendo extranjeros, puedan verse afectados”.

Entre las “zonas sin problemas” la alerta española dice claramente: “Ninguna”.

Durante su visita a Madrid para participar en la Fitur, la secretaria federal de Turismo, Gloria Guevara Manzo, minimizó esa advertencia. “Todos los países tienen mecanismos y derecho a emitir las alertas”, dijo.

“Hay que considerarlas, pero hoy en día los turistas y los viajeros son más conocedores, se informan, nos preguntan y sigue incrementándose el número de viajeros a nuestro país; los turistas saben que la gran mayoría del territorio está en paz”, añadió.

“No lo comparto”, dijo Alejandro Rojas un día después, “porque la gente hoy se informa más y tiene acceso a las imágenes que hacen ver a México como Bagdad, como si México estuviera en guerra. No es minimizando el problema como vamos a resolverlo. Tenemos que ofrecer soluciones reales”. l

A la calle, sin reglas ni control

Jorge Carrasco Araizaga

Utilizados por Felipe Calderón desde el primer día de su gobierno para “contener” al narcotráfico, pero sin darles los instrumentos jurídicos, el Ejército y la Marina tendrán que responder por los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil. Ante ese escenario, ya en la última parte de su presidencia, Calderón promueve una reforma legal limitada que no dará certidumbre ni a los militares ni a la sociedad.

Federico Ponce Rojas, exsubprocurador general de la República y promotor de la primera maestría en derecho militar en México fuera de los ámbitos castrenses, evalúa así la situación en que se encuentran las tropas después de cuatro años de participación directa en la “guerra” al narcotráfico.

Ante lo que pueden enfrentar los militares en los próximos años, considera que es el Congreso el que tiene que enmendar la propuesta de reforma al gobierno federal, que deja sin resolver los alcances de la jurisdicción castrense cuando los soldados actúan fuera de sus cuarteles.

“Sacaste al Ejército para contener un problema, pero no le diste ni desarrollaste paralelamente el instrumento jurídico que le permitiera” cumplir con esa tarea y ahora hay una realidad de violaciones a los derechos humanos, para la que se propone una “reforma limitada”, dice el académico.

Defensor del fuero de guerra, pero acotado a actos de la disciplina militar, Ponce Rojas advierte: “De que va a haber (demandas contra militares por violaciones a los derechos humanos) las va a haber, y de que los acusados tendrán que responder, deberán hacerlo”.

Dice que al margen de las reformas propuestas al Código de Justicia Militar para limitar el alcance del fuero militar y a la Ley de Seguridad Nacional para regular la participación de las Fuerzas Armadas en sus funciones de seguridad, la revisión del pasado está prevista en la actual legislación.

Explica: Tenemos el régimen de las prescripciones y de las sanciones agravadas. Todos sabemos que las sanciones en materia de narcotráfico son más severas para militares y policías. El principio del derecho penal es la igualdad y eso significa el trato desigual a los iguales, y ahí está el ejemplo de la sanción hacia los militares: se les da un trato desigual para igualarlos al que no es policía ni militar.

“Los instrumentos están dados. El asunto es si podemos encontrar caminos claros y prontos”, dice el académico de la Universidad Anáhuac, donde es titular de la maestría en derecho militar.

Subprocurador de Averiguaciones Previas cuando Ignacio Morales Lechuga estuvo al frente de la PGR, Ponce Rojas es categórico: “Las responsabilidades de los militares por esos hechos van a subsistir” después de este gobierno y las reformas propuestas, “no van a impedir que en un momento dado los actores respondan ante la justicia”.

Promovida por Calderón, la reforma al Código de Justicia Militar que se prevé se discuta en el periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero limita a tres los casos en que la justicia civil pueda conocer de delitos cometidos por militares contra la población civil: tortura, violación y desaparición forzada. Quedan fuera los homicidios, robos y otros abusos que han sido denunciados contra el Ejército y la Marina.

Tan sólo en el caso del Ejército, en el actual sexenio se han interpuesto más de mil 400 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, mientras que la Marina comienza a registrar un importante número de quejas en todo el país, sobre todo después de que comenzó a realizar operativos en tierra continental.

“Hago votos para que la reforma no se apruebe como está. Nada tiene que ver con la responsabilidad. Ésta va a subsistir transexenalmente por el tiempo que las normas establezcan respecto a la prescripción o no de los delitos”, dice el exsubprocurador.

En el caso de las desapariciones forzadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció desde 2003 que se trata de un delito continuado hasta que aparezca la persona o su cuerpo; además de que la tortura debe ser investigada también, de acuerdo con los instrumentos internacionales firmados por México.

Una reforma necesaria

Ponce Rojas favorece la concurrencia de los fueros civil y militar, con definiciones claras de conductas, obligaciones y derechos de los actores: Se necesita una reforma que responda a las necesidades actuales y que no limite la jurisdicción militar, que dé certidumbre, transparencia y claridad a las acciones de la justicia civil contra los militares.

Pero lo que se propone, señala, “es una reforma limitativa y confusa”, pues deja fuera violaciones que son del fuero civil, como el homicidio, el robo o el daño a propiedad ajena.

Dice que la propuesta de limitar a tres los delitos cometidos por militares que puedan ser seguidos por jueces civiles reduce aún más las probabilidades de sanción que ahora existen: “Hoy, como estamos, sin reformas, no hay limitaciones para cuando un militar transgrede la ley civil”.

Ahora abogado de Banamex, Ponce Rojas considera que no sólo amplios sectores de la sociedad quieren que los militares regresen a sus cuarteles. “Ellos (los militares) lo quieren más que nosotros. Han dicho que quieren regresar, terminar con esta lucha. Es más, según Ponce Rojas, “en el combate a la impunidad a las acciones del Ejército, los más interesados son ellos mismos”.

El Ejército “ha sido una contención de todos los riesgos y penurias que hemos vivido, pero no les dieron los instrumentos jurídicos” para esa contención, asegura.

Respecto al castigo de los abusos cometidos por soldados y marinos, dice que se tiene que reformar la parte procedimental para que los militares sean juzgados por tribunales civiles.

Asegura que la justicia militar no se contrapone con la justicia civil, “pero se necesitan reglas claras para que el militar sea castigado en ambos fueros”. La sociedad debe tener la garantía de que los soldados van a ser sancionados con mayor severidad y de que si hay civiles involucrados en el hecho también serán castigados por la justicia ordinaria”.

Pero es el Legislativo, insiste, el que debe establecerlo claramente. “La solución está en manos de los propios legisladores”. Ellos mismos pueden proponer una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, más allá de lo propuesto por el gobierno federal.

En defensa del fuero militar, dice que el Código de Justicia Militar “tiene grandes aportaciones a la justicia mexicana: los juicios son mixtos, mayoritariamente orales y públicos”, y destaca el hecho de que el Ejército promueva una reforma al Código de Justicia Militar para incorporar el delito de “traición a las Fuerzas Armadas”. Es una aportación al derecho penal, sostiene.

En el caso de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para darle un marco jurídico a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el narcotráfico, asegura que el Congreso está obligado a dar transparencia a la actuación de los militares para que la sociedad civil tenga la certidumbre de que la transgresión a unas normas claras tendrá sanciones también claras.

Abunda: La obligación de la Fuerza Armada Permanente –como la reforma a la Ley de Seguridad Nacional define al Ejército, Fuerza Aérea y Armada– genera el derecho de responder ante los tribunales y conductas previamente establecidas para garantizar que los responsables de violaciones sean castigados, sin esperar un cambio de régimen político.

“El Ejército estaría más complacido con reglas transparentes y claras. Creo que la preocupación mayor de los militares es la del cumplimiento de la ley. Siento que encuentran lagunas y por eso demandan la transparencia de la legislación. El Congreso tiene que trabajar en eso para regresar al Ejército a lo que es, un Ejército de paz”, asegura. l

Juárez: La muerte, una forma de vida

J. Jesús Esquivel

Charles Bowden, escritor y periodista especializado en temas de violencia en la frontera norte de México, afirma a Proceso que su libro más reciente, La ciudad del crimen, nació de su incredulidad: nunca creyó en la versión de los gobiernos mexicano y estadunidense de que los asesinatos en la urbe fronteriza fueran resultado de la lucha entre cárteles. Así que visitó la plaza, habló con deudos y hasta con victimarios... Su conclusión es que los muertos de Juárez son víctimas inocentes de la corrupción.

EL PASO, TEXAS.- Con un dejo de impotencia, Charles Bowden afirma: “Sí, la muerte se ha convertido en el modo de vida en Ciudad Juárez”.

Bowden, cuyo más reciente libro es La ciudad del crimen (Grijalbo), es un deambulante de la frontera entre Estados Unidos y México. No tiene un lugar fijo. Se mueve entre Tucson, Arizona; Las Cruces, Nuevo México, y El Paso, Texas.

“Cada vez que cruzo a México digo: ‘Ésta es la última’. Pero siempre regreso. El olvido y desdén de los gobiernos de México y Estados Unidos hacia la gente de Juárez me hace volver, me grita que debo hacer algo para darle voz a los que no la tienen”, apunta el escritor y periodista durante una entrevista con Proceso en el bar del hotel Camino Real en el centro de esta ciudad texana.

La ciudad del crimen no es el típico ensayo sobre los feminicidios, violaciones, asesinatos, secuestros, desapariciones, decapitaciones, pandillerismo y demás crímenes que privan en Ciudad Juárez. La obra tiene tintes literarios que describen lo que pasa en esa urbe y descalifica a Felipe Calderón, quien asegura que todos los muertos en esta plaza fronteriza son resultado de la lucha entre cárteles del narcotráfico por el control de los corredores de la droga.

Para el gobierno de México los de Juárez “son muertos sucios”, destaca Bowden. Luego matiza: Ellos “no son más que resultado del olvido de un gobierno por la gente pobre, campesinos y obreros de todos los puntos del país que llegaron al norte por la expulsión de sus lugares de origen a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Una vez en Juárez estos mexicanos fueron explotados en las maquiladoras y, víctimas de la desesperación, intentaron irse (a Estados Unidos); pero un muro de concreto o virtual y un cerco de acero los rebotó y cayeron en vicios y en las manos de criminales”, afirma Bowden.

De 56 años, alto, delgado, con el pelo largo, sin un par de dientes en la mandíbula inferior y muy mal hablado, Charles Bowden tiene aspecto de aventurero pero es un escritor bohemio que calza botas especiales para andar por el desierto, viste pantalón vaquero, cinturón de hebilla grande y camisa de mezclilla.

“Me gusta la gente, siempre me ha gustado hablar y convivir con la gente de la frontera del norte de México; son las víctimas de la corrupción de sus gobiernos y el chivo expiatorio de la adicción a las drogas de los estadunidenses”, dice.

El albergue de “El Pastor”

Editor asistente de las revistas CQ y Mother Jones, además de colaborador de Harper’s Magazine, The New York Times Book Review, Apertura y exreportero del desaparecido periódico Tucson Citizen, Bowden es autor de libros como Down by the river, A shadow in the city, Some of the dead are still breathing, Blue desert y Frog mountain blues.

Cuenta que La ciudad del crimen (Murder city) nació de las estadísticas sobre los asesinatos y desapariciones que comenzaron a crecer tras la decisión de Felipe Calderón de enviar a miles de soldados a Ciudad Juárez.

Asegura que su espíritu de reportero lo llevó a esa ciudad fronteriza para saber qué estaba pasando, porque no creía en el discurso de los gobiernos de Estados Unidos y de México, el de que los muertos de Juárez son resultado de la guerra contra el narcotráfico.

En cada una de sus 370 páginas, La ciudad del crimen relata la tragedia de los muertos de Juárez y la desesperanza de los deudos, y describe la lucha altruista de personas como José Antonio Galván, El Pastor, exadicto que Bowden halló en uno de sus múltiples viajes a los barrios olvidados de la ciudad fronteriza.

El Pastor tiene un albergue para locos, drogadictos, pandilleros, mujeres violadas (como la Miss Sinaloa que fue víctima de un ataque sexual múltiple) y hasta criminales que han perdido la memoria.

“Tarde o temprano los protegidos por El Pastor van a terminar muertos, tirados en algún rincón de las calles, sin cabeza o descuartizados. Por eso digo que en Ciudad Juárez el modo de vida es la muerte”, subraya Bowden, quien con más de medio centenar de viajes a Ciudad Juárez y días enteros entre los “muertos sucios” y hablando con los juarenses recopiló los relatos que plasma en el libro.

“Descubrí que la mayoría de los muertos de Juárez no son criminales; como la Miss Sinaloa, una joven bellísima que perdió la razón como resultado de la fiesta a la que fue invitada, donde consumió mucha cocaína y whisky para luego ser víctima de una orgía de policías que la abandonaron para que la recogiera El Pastor”, apunta Bowden.

–Entonces, ¿no hay criminales entre los cientos de muertos de Ciudad Juárez? –se le pregunta.

–No como los quiere presentar el gobierno de Calderón. Los muertos de Juárez son jóvenes, hombres, mujeres, niñas y niños que venden droga en las esquinas, que son repartidores de la mercancía que les dan a vender los narcos y los pandilleros, que a su vez trabajan para los cárteles.

“Los usan para vender droga, los hacen adictos y, una vez que incluso los obligan a matar a otro pobre esquinero vendedor de droga, los matan sin importar el modo: de un tiro en la cabeza o arrancándoles los brazos, la cabeza o totalmente descuartizados. Los tiran como basura.”

–¿Y mujeres como la Miss Sinaloa y las muertas de Juárez y los cuerpos en las narcofosas o las “casas de la muerte”, como les dice usted en su libro?

Bowden vacila: “Las mujeres y todos los muertos que quieren ensuciar Estados Unidos y Calderón, son víctimas de la corrupción. Como lo pongo en mi libro, hay mujeres policías que han sido violadas y asesinadas por los soldados, por sus compañeros o por policías federales.

“Y hay denuncias que no van a ningún lado, nadie les cree, y algunas de las que viven se quedan calladas porque, si hablan, podrían terminar como las demás mujeres que no son policías, que son obreras, drogadictas, pandilleras o hermosas jovencitas con cuerpos adorables y que son usadas como objetos sexuales: tiradas o enterradas en algún predio polvoriento de las calles de la muerte en Juárez.”

Según Bowden, los capos del narco están eliminando a gente que usan y que no tiene la menor importancia en los escalafones del poder de los cárteles, que ni siquiera figuran en éstos.

Los matan y los entierran en casas de seguridad para ya no tirarlos por las calles, los descuartizan y los diluyen en ácido o los echan por las alcantarillas a los tubos del drenaje, donde luego los perros y las ratas los encuentran y se alimentan de los cuerpos mutilados y en estado de descomposición.

“No me importa que no crean lo que digo en el libro. No es una novela, yo sé que ésta es la verdad de Juárez y quien lo dude puede ir a comprobarla. Ojalá lo hicieran los putos gobiernos de Calderón y de Barack Obama”, subraya Bowden sin ocultar su incomodidad porque cuando se lleva a cabo la entrevista con Proceso, en el mismo bar tiene lugar la presentación de una función de boxeo.

Pero no se trata de púgiles profesionales, sino de miembros de las agencias federales de Estados Unidos encargadas de vigilar que los criminales, indocumentados y drogas no crucen la frontera de Ciudad Juárez con El Paso. Todos los peleadores, con el torso desnudo, tienen rasgos hispanos.

–¿Charles Bowden? –pregunta un joven fornido, con el pelo a rape, interrumpiendo la entrevista.

–Sí, soy yo –contesta Bowden al darse cuenta de la mirada de admiración que le lanza el joven boxeador.

–Soy agente de la Patrulla Fronteriza y sólo quiero darle las gracias por su libro Down by the river. Su libro refleja la verdad sobre lo que pasa en esta frontera –comenta el joven.

“Artista de la Muerte”

El Artista de la Muerte es la analogía literaria con la que Charles Bowden bautiza al sicario que ni siquiera conoce al jefe de quien recibió órdenes mediante otros para eliminar a decenas o cientos de personas. El autor se entrevistó con él varias veces en sitios de la frontera norte de México que no puede revelar.

El Artista de la Muerte fue quien le explicó en detalle cómo se secuestra a las personas en Ciudad Juárez, cómo se mata, se tortura, se quema con ácido, se cortan los testículos y las manos, se viola, se acaba con esos “muertos sucios” que luego son enterrados en fosas en la casas de la muerte, en el desierto, o simplemente se arrojan –enteros o en pedazos– en las calles.

“El sicario existe: todavía de vez en cuando hablo con él. Es un hombre arrepentido que se volvió al cristianismo. Está huyendo de los jefes de su cártel que le pusieron precio a su cabeza cuando ya no les servía, cuando ya lo habían transformado en una máquina de matar, en el sicario que con sus propias manos estranguló a muchas personas”, cuenta Bowden.

A diferencia del artículo que escribió para la revista Nexos en agosto de 2009 (Sicario. Confesiones de un asesino de Ciudad Juárez), el testimonio de este asesino tiene un tono más literario y excluye los detalles crudos de los crímenes y las torturas.

El autor lo utiliza para exponer una realidad trágica del México actual, donde las autoridades no se atreven a enfrentar a los verdaderos criminales porque hacerlo sería como “un escupitajo a la cara en pago de sus errores y de su corrupción”, según Bowden.

Pero ese asesino arrepentido –que para el autor de La ciudad del crimen es “un hombre muerto que camina” porque puede ser ejecutado en cualquier momento– hizo algo insólito: a instancias del escritor y cubriéndose el rostro con una capucha, contó detalladamente ante cámaras de video los crímenes que cometió y habló de decenas de “muertos sucios” que las autoridades aún no descubren en las casas de la muerte de Juárez.

Bowden y el productor italiano Gianfranco Rosi se encargaron de editar y resumir en un documental de 77 minutos las macabras confesiones que el sicario expuso durante cinco días de entrevistas. El documental ya se transmitió en varios países de Europa. No en México, donde dos productoras se han negado a presentarlo ante el público.

“Y en Estados Unidos, menos. Saben que un testimonio como éste es para echarles en cara su culpa por los muertos de Juárez. Te dejo una copia del documental y una copia de un video de seis minutos de El Pastor; quiero que los veas, ambos existen”, dice Bowden al despedirse del reportero.

Sube a su camioneta. Va a Las Cruces, donde dormirá esa noche. ¿Volverá a ir a Juárez? Ni él lo sabe. Dice que ya lo tiene enfermo el cuento de los gobiernos de Obama y de Calderón de que los muertos de Juárez son los de la guerra contra el narcotráfico y de la pelea entre los capos de la droga. “Eso es una puta mentira”, afirma. l

Estado y cárteles: amalgama perversa

Arturo Rodríguez

Testigo de primera mano del fenómeno paramilitar en Chiapas, el sacerdote Raúl Vera López ve similitudes entre ese caso y la situación actual en el país, sumido en una guerra contra el narcotráfico que, afirma, no es tal, sino una lucha de facciones de las mafias y los grupos políticos y económicos que sólo quieren cuidar sus intereses, en la que la violencia es alimentada desde el gobierno como un mecanismo para impedir la cohesión social. Para el obispo de Saltillo, además, “ya no hay límites entre el aparato represor estatal y el hampa”.

SALTILLO, COAH.- Para el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico es una lucha de facciones de los cárteles y grupos políticos y económicos que quieren proteger sus intereses con el fomento de la militarización y la violencia.

Agrega que es un mecanismo que afecta a la sociedad civil, criminaliza a los luchadores sociales y aprovecha como carne de cañón el hambre de millones de jóvenes sin oportunidades.

Las consecuencias pueden ser semejantes a las que se ven en Chiapas, donde los grupos paramilitares y sus crímenes son responsabilidad del Estado que pretende, con el despliegue armado, evitar los procesos de articulación y cohesión ciudadana.

Vera López –quien ha calificado a Felipe Calderón de dictador y a los miembros de su gabinete de fascistas– advierte que la delincuencia organizada está amalgamada con el Estado mexicano y que ya no hay límites entre el aparato represor estatal y el hampa.

Entrevistado por Proceso en los últimos días de diciembre pasado, el obispo de Saltillo afirma que el despliegue de las Fuerzas Armadas como estrategia de la guerra de Calderón, junto con el fracaso del sistema judicial, degeneró ya en una situación caótica en la que el Estado prácticamente tiene pelotones de fusilamiento.

“El gobierno fue rebasado y está dando respuestas desesperadas, con una tremenda violación de la ley y de la seguridad jurídica de los ciudadanos.”

Su afirmación se basa en el antecedente de operativos como en el que murió Arturo Beltrán Leyva, el 16 de diciembre de 2009. La acción de fuego, dice, fulmina a los presuntos delincuentes. Lo mismo ha ocurrido con otros cabecillas, como Ignacio Coronel, en julio pasado, y Ezequiel Cárdenas Guillén, en noviembre.

“No hay procuración de justicia, investigación seria, probanza de los crímenes. En México, por ley, no existe la pena de muerte. Pero existe de facto. Eso es peligroso, es una manera sofisticada de ejecución extrajudicial.”

El prelado advierte que si hubiera indagatorias se sabría lo necesario para enfrentar a la delincuencia. “Pero parece que estos operativos tratan de que se mueran (los capos) para que no denuncien a quienes los apoyan en el aparato de Estado, como si resultara mejor que se lleven a la tumba los nombres de sus cómplices en el gobierno”.

Desde su perspectiva, esa guerra es un mecanismo de protección de intereses que, ante el fracaso del modelo político y económico, está profundizando la injusticia y la impunidad.

Sintetiza: “La lectura principal es que el Estado mexicano, en su supuesto objetivo antinarco, está dando muestra de una grave debilidad; su estrategia fracasó y no quieren cambiar el rumbo. Hasta ahora no ha habido un proceso serio de inteligencia para poner en su lugar a los criminales y a sus cómplices dentro de las estructuras estatal y financiera”.

Represión y terrorismo

Desde hace cinco años Raúl Vera ha cuestionado la falta de investigación en las estructuras políticas y financieras para combatir al narco. Considera que las instituciones perdieron el rumbo y la autoridad moral. Sostiene que el mensaje que envía el Estado es que “se vale todo”.

–En el discurso oficial se dice que estamos en guerra contra la delincuencia organizada. Pero ¿vivimos una guerra? –se le pregunta.

–Es una guerra mediática, de espectacularidades. Pero no es una estrategia bien pensada ni articulada, sino de respuestas inmediatas que no socavan el mal desde sus orígenes. Estamos hablando de una guerra de venganzas. No es una guerra de ideales ni por un objetivo; es un pleito entre facciones no sólo de cárteles, sino entre grupos políticos y financieros que están amarrados a cada cártel.

Señala que el Observatorio de Servicios y Asesoría para la Paz ha monitoreado una cantidad alarmante de actos de violencia, asesinatos, desapariciones y torturas contra miembros de organizaciones sociales. Así, concluye, se trata de acciones de carácter bélico y bárbaro contra la delincuencia organizada, pero también contra la sociedad que reclama.

“Estamos hablando de la reconversión del Estado en uno más militar, dictatorial, que niega derechos y retrocede el avance democrático”, dice.

Considera que en términos jurídicos no hay una guerra, pues ello implicaría una suspensión de garantías que Felipe Calderón tendría que haber argumentado demostrando que hay una amenaza para la seguridad nacional.

El obispo realizó incluso un análisis de derecho internacional. A partir del estallido de un coche-bomba en Ciudad Juárez el pasado 15 de julio –el primero de lo que se ha convertido en una serie en el país– encontró una explicación de por qué el gobierno de Felipe Calderón se niega a admitir que se trata de acciones terroristas.

De acuerdo con su estudio, después del 11 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la Resolución 1373, que describe las características de un acto terrorista, en las que encaja a la perfección la detonación de al menos media docena de coches-bomba en México.

“Al aceptar un acto terrorista, el Estado se vería obligado a congelar las cuentas de los presuntos autores; también las de instituciones financieras o empresariales que les brinden servicios. Además tendría que procesar a funcionarios públicos que apoyen a los grupos y asegurar que las penas que se impongan sean acordes a la gravedad de los delitos. Nada de eso parece convenir al gobierno”, afirma.

Lo que hay, sostiene, es un prototipo de guerra muy acorde a lo que se vive en el mundo, con la que se rompen los marcos básicos de protección a la sociedad civil.

Y la consecuencia, advierte, es una crisis grave de gobernabilidad, producto del cierre de los espacios políticos para la sociedad civil que no encuentra respuesta a sus demandas, donde el vacío de poder fue llenado por la delincuencia organizada pero no como un factor ajeno a la dinámica política, social y financiera, sino posibilitado desde las instituciones y por funcionarios de alto nivel.

Guerra de baja intensidad

“La guerra de Calderón es para proteger al poder político y económico. En Chiapas protegían los negocios fundados en la riqueza natural y jamás le iban a hacer justicia a los indígenas. Eso es lo que está pasando, pero ahora con cosas más grandes, en un plan semejante que se extiende al país entero”, considera el obispo.

Testigo de lo que llama “una guerra de baja intensidad” en Chiapas, Vera López mantiene su exigencia de proceso por crímenes de lesa humanidad contra Ernesto Zedillo y mandos militares y políticos implicados en acciones contrainsurgentes, señaladamente por los crímenes de Acteal.

–¿Cuáles fueron las consecuencias de la militarización de Chiapas?

–La paramilitarización. El gobierno usó a la sociedad civil para que se enfrentara a sus propios hermanos. Los crímenes más graves cometidos ahí son responsabilidad del Estado mexicano –responde.

–¿Puede repetirse el fenómeno de paramilitarización en Chiapas o, como ocurrió en Colombia ante el despliegue militar, en todo el país?

–Con lo que está pasando con los luchadores sociales, con todos los delitos que se cometen, solapando acciones violentas contra la sociedad civil y con el distractor que significa la lucha contra el crimen organizado, el Estado tiene espléndidas oportunidades para hacerlo.

Vera afirma que la paramilitarización en Chiapas persiste hasta ahora, y afecta el desarrollo y la construcción de alternativas para la sociedad. “En estos años es muy claro ver la similitud de la estrategia de contrainsurgencia y la militarización de todo el país”, asegura.

El obispo niega tener conocimiento de que los grupos paramilitares en Chiapas se hayan aliado a los cárteles de la droga, pero acude a los perfiles psicológicos desarrollados por los extintos André Aubry y su esposa Angélica Inda en Los Altos de Chiapas.

“Los paramilitares y los sicarios de la delincuencia organizada tienen en común que son jóvenes sin futuro, sin identidad. Les dan un arma y dinero y se sienten alguien. Ambos pasan de ser nadie a convertirse en alguien con un arma y con dinero. Por si fuera poco, con la protección del Estado.”

Sostiene que la violencia actual proviene del Estado, porque además de dejar paramilitares y sicarios en la impunidad, los protege. “Y proviene principalmente del Estado porque es el que ha dejado en el hambre a la gente y sin oportunidades a nuestros jóvenes. Es responsable de la violencia porque en su imposición del libre mercado los aparatos estatales perdieron el control”.

Calderón, “genocida”

Vera López, coadjutor de Samuel Ruiz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en los noventa, que vio de cerca la operación de los paramilitares y que fue objeto de un atentado, considera que la misión de esos grupos era debilitar la base social del zapatismo dentro del principio de la guerra de baja intensidad.

Ahora, con la guerra de Calderón ve que así como en Chiapas el Estado fracturó a la sociedad, pretende que los mexicanos no tengan cohesión ni acción ciudadana.

Ejemplifica con el caso de la activista Marisela Escobedo, asesinada en Chihuahua, y con el trato dado al Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que considera una acción tendente a devastar la fuerza de la organización ciudadana. Además contrasta la sentencia que se le había impuesto al atenquense Ignacio del Valle, de 112 años, con las de 15 años a los soldados que violaron a 13 mujeres en Castaños, Coahuila.

Después de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el año pasado, el obispo reprueba la negligencia con que el Estado mexicano aborda el problema migratorio, pues considera que muestra la complicidad de oficiales gubernamentales que contribuyen a la impunidad prevaleciente en el país.

“Allá (en Chiapas) los asesinatos que habíamos documentado antes de Acteal eran una estrategia contrainsurgente; ahora los asesinatos, secuestros y ultrajes a los migrantes son una estrategia de administración migratoria encaminada por el Estado. Tenemos el culmen de 72 ejecuciones y todo lo que hay antes: acción que no es de ninguna manera aislada sino que se viene repitiendo desde hace más de dos años”, afirma.

“Son crímenes de lesa humanidad que se le deben cargar al Estado porque es responsable de administrar deshonestamente la política migratoria. Esta es una administración deshonesta por la complicidad y la omisión de las autoridades, que va contra todos los principios de los derechos humanos”.

Para el obispo los miles de casos reflejan el fracaso de Felipe Calderón en ese como en todos los apartados relacionados con la delincuencia.

“Nos anuncian repetidamente que van a erradicar el crimen pero ahí están los muertos. Vivimos la destrucción de este país, la muerte.”

–¿El presidente podría ser acusado de delitos de lesa humanidad?

–Esto es un genocidio en una guerra falsa y creo que el presidente se encuentra en los linderos de ser denunciable –responde.

Agrega que la política actual trata de fragmentar, dividir y crear confusión. Dice que así lo hicieron en Chiapas y que en este momento está ocurriendo en todo el país.

La cuestión, plantea, radica en saber si en realidad se trata de una guerra contra el crimen organizado y si la incapacidad del gobierno es calculada para generar una recomposición del Estado efectuada por los grupos de poder nacional e internacional aliados con los locales.

ESTADO DE MÉXICO Mítines en pueblos de narcos

Rosalía Vergara

En su gira por territorio mexiquense, Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes han detectado la presencia de desconocidos que todo lo graban y anotan, y se han topado con retenes militares, en particular en los pueblos limítrofes con Michoacán, que son controlados por La Familia. A la tensión preelectoral en el Estado de México se suma el componente del miedo, toda vez que la entidad se está convirtiendo en un narcoterritorio cada vez más peligroso.

TOLUCA, MÉX.- “Aquí la inseguridad está muy cabrona”, dice un lugareño de Amatepec que abandonó sus tierras hace 10 años para librarse de los sicarios del narco que empezaron a incursionar en la entidad.

Cuando se le pide que hable de la inseguridad, el campesino se agita y le dice a la reportera que mejor le pregunte a otra persona. Y le advierte: “Ellos (los narcos) son los malos. Seguro ya saben quién es usted, porque viene de fuera, y saben que estamos hablando…”.

La conversación tiene lugar en Amatepec el domingo 16 de enero, durante la Gira por la Lealtad de Andrés Manuel López Obrador por los municipios mexiquenses. Lo acompaña el coordinador de los diputados federales perredistas, Alejandro Encinas, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del estado.

Es el segundo mitin del día. La mayoría de los asistentes son campesinos, entre ellos muchos ancianos, simpatizantes de López Obrador. Se ven contentos de recibirlo, pero la calma se termina cuando aparece un hombre de pantalón café y playera naranja. Lo acompañan dos personas. Sus vistosos anillos, sus cadenas y lentes oscuros llaman la atención de los asistentes. El desconocido se pasea de un lado a otro del auditorio municipal; en una libreta, anota los nombres de los invitados y de los oradores.

Horas antes, el mismo hombre había estado en Luvianos, municipio del Estado de México que colinda al norte con Amatepec y al poniente con Michoacán, del lado de Apatzingán y Argelia, territorio controlado por La Familia. Traía un radiolocalizador pegado a la oreja y no cesaba de anotar. Nadie lo conocía. Cuando un policía le preguntó de dónde venía, respondió que trabajaba con el petista Óscar González, pero el político lo negó. Dijo que nunca lo había visto.

No era el único que llamó la atención. Durante la gira han aparecido otros desconocidos. Suelen mezclarse en los tianguis municipales, o se sientan en alguna banca del parque del lugar y fingen descansar. Siempre ponen atención a los discursos de Encinas y López Obrador.

En cada municipio al que llegan, los oradores explican a los asistentes su plan de gobierno y enumeran su decálogo que, arguyen, está diseñado para las necesidades de la gente. Por lo general omiten hablar del narcotráfico y del crimen organizado. Sólo abordaron estos puntos en Luvianos, cuando los reporteros les hicieron preguntas sobre el particular.

López Obrador insistió en que Felipe Calderón es un irresponsable al declararle la guerra al narcotráfico. “Sin saber a lo que se iba a enfrentar, le dio un palazo, un garrotazo al avispero; actuó a lo tonto”, repite el tabasqueño. Y Encinas comentó que como diputado seguirá impulsando una estrategia para combatir el crimen sin derramar tanta sangre.

En el mitin de Luvianos, municipio gobernado por el PRD, participó el alcalde Zeferino Cabrera Mondragón, quien antes estuvo al frente del ayuntamiento de San Martín Otzoloapan. Fue él quien declaró el 19 de noviembre de 2009 que las bandas delincuenciales pretendieron extorsionarlo, aunque no señaló a ningún grupo en particular. Ahora, ante López Obrador y Encinas, Cabrera Mondragón se soltó. Mencionó que Luvianos ha sufrido una gran transformación, pues está creciendo.

Su secretario de Seguridad Pública, quien pidió que se omitiera su nombre, afirmó que desde hace un año ya no hay levantones ni temor en las calles del municipio. No obstante, admitió que mucha gente abandonó el pueblo por la presencia de los cárteles de la droga y la falta de seguridad. E intentó matizar: “Hay presencia (de narcos); pero sólo pasan y se pasean. Nada más”, dijo. Un uniformado lo escuchó escéptico y murmuró: “La realidad es que el territorio está controlado por la mafia”.

Mientras López Obrador leía el decálogo del plan de gobierno para Luvianos, un hombre vestido de azul, con gorra y un radiolocalizador de frecuencia como los que usa la policía, escribía frenéticamente en una libreta. Otros cercanos a él sólo escuchaban, sin pestañear.

Un lugareño comentó a la reportera que eran fuereños. Aseguró que la gorra y el sombrero los delataban. El sombrero calentano es habitual en Atlaya, en Amantepec, en los pueblos de la cuenca del Río Balsas, y eso ya es Michoacán; aunque también se acostumbra usarlo en Guerrero, explicó.

Casi en susurro afirma que “los malos” son de Altamirano, Arcelia y Guerrero, del lado de Michoacán; que en la salida del pueblo están los llamados “halcones”, gente encargada de vigilar y reportar a la gente extraña que entra o sale. Conocen a todo el pueblo.

Los habitantes observaban a un hombre de chamarra amarilla con el logotipo “Gobierno Luvianos. 2009-2012” bordado en la espalda. “Él es el que mueve el rollo aquí”, comentó uno de ellos a la reportera. En ese momento López Obrador comenzó a hablar de “la mafia en el poder”.

Al terminar el mitin en Luvianos la caravana de la Gira de la Lealtad enfiló hacia la salida del pueblo, custodiada por varios vehículos en los que iban el director de Seguridad Pública y una decena de policías municipales.

En Amatepec, al observar la comitiva, un joven exclamó: “No sé cómo se atrevieron a venir aquí. Hay mucha inseguridad”. Entre tanto un auto rojo pasaba por la calle donde vive el diputado estatal Crisóforo Hernández Mena, sitio en el que estaba programado el mitin y un convivio con López Obrador. El conductor se cubrió el rostro con su camiseta verde y comenzó a tomar fotos del lugar con su celular.

Militares, orejas y narcos

Seguidores de López Obrador y militantes de Morena se quejan porque, comentan, cuando visitan la zona colindante con Michoacán y Guerrero siempre los detienen los militares o civiles armados. Sólo los dejan pasar cuando ven sus identificaciones y se enteran de que forman parte del equipo que encabeza el tabasqueño.

Para los integrantes de Morena, los más “acosadores” son los militares. Aseguran que siempre toman fotos a las placas de sus vehículos y preguntan con frecuencia quién está al mando del movimiento, qué hacen en la región, quién los invita, quién los va a recibir, quién coordina la logística.

El domingo 16 esa escena se repitió. De salida, rumbo a Tejupilco, cerca de un retén militar una Hummer interceptó el vehículo de Encinas, una camioneta Escalade negra. Cinco soldados armados se bajaron de la unidad y pidieron al diputado y a sus acompañantes sus identificaciones y los permisos para portar armas.

“Están haciendo operativos porque la tierra está caliente”, comentan los lugareños. Lo curioso es que antes de detener la camioneta de Encinas, los militares saludaron a López Obrador, pues lo conocen bien. Algunas veces incluso le han pedido que se tome una foto con ellos.

El viernes 21 el itinerario de la caravana lopezobradorista incluyó Ocoyoacac, Lerma y San Mateo. En el primer mitin, el hombre vestido de naranja, botas vaqueras y lentes oscuros reapareció, esta vez con una credencial a nombre de Noé García, que lo acreditaba como “brigadista especial” y “protagonista del cambio verdadero”.

El sábado 22 la gira se inició en El Oro, donde hay retenes de policías desde la entrada. Ese día hubo un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal y agentes estatales. Cerca de este municipio se ubican Maravatío, Ciudad Victoria y Tlalpujahua.

La siguiente población fue San José del Rincón, otro pueblo lleno de militares que portan gorras de policías preventivos. Con sus cuernos de chivo al hombro, algunos graban con sus celulares y toman fotografías. A la entrada alguien colocó un letrero con la leyenda: “Dos toneladas de mariguana destruida, compromiso cumplido. Enrique Peña Nieto, gobernador del estado”. Esta zona es controlada por La Familia.

Durante el mitin, mientras el maestro de ceremonias presentaba a los invitados, varios civiles anotaban los nombres en libretas; algunos hablaban por radio, nextel o celular. Nadie sabe quiénes son ni para quién trabajan. Ese día también apareció el “brigadista especial”. El domingo 23 también estuvo en Ciudad Nezahualcóyotl, donde días antes se registró un enfrentamiento entre narcomenudistas. Camino a Valle de Chalco, un convoy de cinco Hummers llenas de soldados armados circulaba por la carretera del lado contrario al convoy de la Gira por la Lealtad.

Tierra narcomexiquense

Entre 2006 y 2010 se reportaron mil 461 ejecuciones en territorio mexiquense. La cuota de sangre afectó a 97 de los 125 municipios. Hoy, el Estado de México ocupa el sexto lugar en homicidios, debajo de Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, con 4 mil 387; Guerrero, con 2 mil 739; Baja California, con 2 mil 19, y Michoacán, con mil 751.

Durante ese periodo Ciudad Nezahualcóyotl ocupó el primer lugar en índice de homicidios, con 162 ejecuciones, de las cuales 69 ocurrieron el año pasado. Naucalpan reportó 77, Tultitlán 69, Tlalnepantla 57, Coacalco 48, Tecámac 42, Ocoyoacac e Ixtapaluca 34 cada una, Valle de Chalco 33, Huixquilucan 30, Toluca 28, Chalco y Chimalhuacán 27 en cada municipio, Tultepec 25, Tepotzotlán y Texcoco 24, Tejupilco 22 y La Paz 20.

En su libro Tierra narca, Francisco Cruz Jiménez señala que El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia desde hace 10 años, eligió tierra mexiquense para refugiarse:

“Desde septiembre de 2005 se registró una explosiva consolidación de los cárteles del narcotráfico: ejecuciones en las calles de Toluca y Metepec, de Luvianos e Ixtapan de la Sal; enfrentamientos entre criminales y policías o entre criminales y policías criminales en Coacalco, Tultitlán, Ciudad Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Tejupilco y Ecatepec; embolsados, encobijados, secuestros, extorsiones, decapitados, narco mensajes y protección policial a los cárteles y a sus personajes que impusieron una narcocultura arraigada en otras zonas del país”.

También escribió que La Familia controla todo el valle de Toluca: de Metepec a Toluca, Lerma, Santiago Tianguistenco, Zinacantepec, Calpulhuac, San Mateo Atenco, Xonacatlán, Ocoyoacac, Tenango del Valle, Almoloya de Juárez y Tenancingo. Según Cruz Jiménez, en el sur, la guarida natural de El Chapo era Luvianos, Valle de Bravo, Tlatlaya y Tejupilco, entre otros.

Hoy, La Familia libra una batalla contra Los Zetas, Los Pelones y los cárteles de Sinaloa y del Golfo en el llamado Triángulo de la Brecha de Tierra Caliente, zona productora de mariguana y amapola. l

La elección 2011, bajo supervisión rigurosa

Álvaro Delgado

Las elecciones en el Estado de México, cuya complejidad supera a las de Guerrero, estarán sometidas a un minucioso escrutinio por parte de un proyecto de observación impulsado por Bernardo Barranco, exconsejero electoral de esa entidad y que cuenta con el apoyo de casi 200 organizaciones ciudadanas. Se busca, afirma Barranco, evitar que las trapacerías y corruptelas se conviertan en moneda de cambio durante este proceso, antesala de la elección presidencial de 2012; asimismo, generar condiciones de equidad y limpieza que posibiliten el voto ciudadano libre, consciente e informado en una entidad plagada de cánceres políticos y sociales.

"El Estado de México está marcado por una palabra contundente: Corrupción. Es una corrupción histórica y endémica asociada a la clase política que tiene fórmulas suaves, elegantes y condescendientes, pero que es –también– una de las más primitivas del país”, diagnostica Bernardo Barranco, exconsejero electoral de esa entidad.

Sin embargo, aclara, el dinero subterráneo, las prebendas, el maiceo, la lógica de facción y todas las fórmulas de una “cultura política siniestra” legada por Carlos Hank González, no son exclusivas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que han permeado a todos los partidos. “El PRD y el PAN tienen también, trágicamente, la marca de la corrupción”.

Y a unas semanas de iniciado el proceso electoral para relevar al gobernador Enrique Peña Nieto, cuyo desenlace gravita en su aspiración presidencial, Barranco prevé un escenario más convulso que el de Guerrero. “Vamos directo a la balcanización electoral, donde el que juegue más sucio, el que sea más rudo y el que esté más impugnado es el que va a ganar”.

Por eso, ante tal escenario, el sociólogo ha dado forma a un inédito y ambicioso proyecto de observación electoral que involucra un abanico plural de alrededor de 200 organizaciones, con el fin de “evitar que las trapacerías se conviertan en el modus operandi de los actores políticos” durante este proceso, antesala de la sucesión presidencial de 2012.

“Frente a la corrupción en el Estado de México, hay que reivindicar una ética social, una ética que sólo puede darse desde los ciudadanos”, subraya Barranco, quien explica que el proyecto trasciende la tradicional observación electoral en la etapa de emisión del voto para convertirse en un verdadero contrapeso de la clase política durante todo el proceso.

“El observador no puede ser sólo un mirón, un vouyerista electoral, sino un actor que, sin violentar la ley, tenga un rol mucho más protagónico, porque en los recientes años el órgano y el tribunal electorales han dado pasos regresivos –hay una involución absoluta–, y esto obliga a que el ciudadano tenga una participación mucho más decidida y calificada.”

Apoyado en redes de organizaciones como Alianza Cívica, Incide Social, Sociedad en Movimiento, Tendiendo Puentes, y en personajes como José Antonio Crespo, Alfonso Zárate, Alejandro Martí y Sergio Aguayo, Barranco adelanta a Proceso el proyecto que busca reactivar en el Estado de México la movilización cívica de la década de los ochenta para generar condiciones de equidad y limpieza que posibiliten el voto ciudadano libre, consciente e informado.

El plan prevé cinco grandes campos de escrutinio ciudadano: comportamiento cualitativo de los medios de comunicación, vigilancia sobre el uso de recursos de los tres órdenes de gobierno y de procedencia criminal, actuación de las autoridades y de los poderes fácticos, análisis jurídico de las resoluciones de los órganos electorales, recepción y canalización de denuncias ciudadanas.

La información que se genere será ampliamente difundida a través de los propios medios, de expertos y aun de una página de internet, para generar un verdadero contrapeso ciudadano: “Con esta apuesta mediática seguiremos, paso a paso, el proceso electoral desde un punto de vista crítico, imparcial y crudo. Digo crudo, porque no vamos a tener pelos en la lengua”.

Como consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) organizador de tres procesos electorales, desde que Peña Nieto fue candidato a gobernador –en 2005– hasta 2009, aclara que “Dictamen ciudadano de vigilancia electoral Estado de México 20011” –como se denomina el proyecto– no tiene dedicatoria:

“No es contra Peña Nieto ni contra el PRI. Va contra una estructura que ha tenido la desfachatez de apoderarse de los espacios ciudadanos, como los organismos de derechos humanos, los electorales y los tribunales, mediante la lógica de cuotas partidistas. No creo que para la clase política sea muy popular este proyecto.”

IEEM, “historia negra”

Un augurio de lo que se anticipa durante los primeros seis meses del año en el Estado de México fue lo que se presentó en el IEEM el domingo 2, cuando formalmente se inició el proceso electoral: los partidos intercambiaron duros reproches, PAN y PRD amagaron inclusive con considerar su participación.

Pero en esa sesión también se exhibió el talante del Consejo General del IEEM, uno de cuyos consejeros, Juan Carlos Villarreal, reprodujo, casi de manera textual, el discurso del PRI y del gobierno de Peña Nieto, que controlan a cuatro de los siete consejeros.

“Las reglas las hacen los que hoy se quejan, el diseño institucional fue impulsado por los que de nuevo descalifican su propia obra”, reclamó a la oposición. “¿Por qué algunos actores políticos le quieren colgar a la autoridad el saldo de sus incapacidades o el temor de sus fantasmas?”.

Villarreal, exasesor del secretario de Gobierno de Peña Nieto, Luis Miranda Nava, es uno de los cuatro consejeros vinculados al PRI. Los otros son José Martínez Vilchis, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de México; Jesús Jardón Nava, exmagistrado del Poder Judicial, y Policarpo Montes de Oca Vázquez, exvocal del IEEM.

El PAN, por su parte, impulsó a Abel Aguilar Sánchez y Arturo Bolio Cerda, mientras que el PRD lo hizo con Jesús Castillo Sandoval, exmagistrado que preside el Consejo General.

En el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), el PRI también controla tres de los cinco magistrados: el presidente, Jorge Muciño, quien fue consejero electoral de 2005 a 2009 –junto con Barranco–, así como Luz María Zarza y Raúl Flores Bernal.

Pero aunque el PRI logró el control de ambos organismos electorales gracias a la correlación de fuerzas que derivó de la elección de 2009, cuando arrebató a la oposición sus bastiones municipales y ganó la mayoría en el Congreso, la lógica partidaria no es nueva.

“El IEEM está marcado por una historia negra que forma parte de la cultura política del Estado de México”, sentencia Barranco, sociólogo especializado en el estudio de las religiones, quien se convirtió en consejero tras uno de esos escándalos de corrupción, en 2005, en el ocaso del gobierno de Arturo Montiel.

“Mi consejo entró por un accidente político, por una crisis de corrupción que en la época de Montiel llegó a tal grado que impactó al instituto”, rememora Barranco, quien recuerda que la compra de material electoral por aproximadamente 70 millones de pesos, cuando su costo no pasaba de 15 millones, obligó a la disolución del órgano electoral a 40 días de las elecciones.

Junto con José Núñez Castañeda, presidente, Gabriel Corona, Norberto López y él, dice, se trató de recomponer el IEEM, en medio de ataques de los partidos y de los otros tres consejeros.

“En ese entonces ya había lo que denominé consejero de consigna, pero ahora lo podemos llamar consejero representante partidario. Los partidos ya no necesitan representantes, porque tienen a los consejeros que claramente manejan su lógica, son disciplinados y su voto es tremendamente predecible.”

En septiembre de 2008, inclusive, el Congreso nombró presidente del IEEM a Norberto Hernández, militante del PAN. “Para tomar posesión tuvo que renunciar oficialmente a su militancia panista. ¡Pero no pasó el examen de conocimientos básicos en materia electoral! ¡Esto significa que estamos en un momento de descaro político por parte de los partidos!”.

–¿Se replica la integración partidaria del IEEM a nivel distrital y municipal?

–Claro. Históricamente hay una casta de personas que son las mismas que concursan por las plazas de consejeros, de vocales, y luego se cambian. Los partidos tienen sus clientelas ciudadanas, entre comillas, y sus funcionarios. No es un grupo pequeño. ¡Son entre 4 mil y 5 mil personas! Es una especie de nata de grupos que en cada proceso son los mismos y cada uno tiene un signo político.

En los recientes 12 años, dice Barranco, había un equilibrio a tercios entre PRI, PAN y PRD. “Entonces, en la lógica de tres, el que quedaba en primer lugar tenía la presidencia, el segundo el vocal de organización y el tercero el de capacitación”.

Al cambiar en 2009 la correlación de fuerzas, el PRI reclama a nivel municipal y distrital las dos primeras posiciones y puede vetar o palomear al tercero a través de su aliado el Partido Verde, con lo que garantiza el control. “Hay una casta que está viciada y ha viciado todo el Instituto Electoral en términos de su código no escrito de cuotas”.

Por ello, el exconsejero electoral advierte que, por la relevancia del proceso que trasciende a la elección de gobernador y marca una pauta hacia 2012, es que se crea “Dictamen ciudadano”, porque “la clase política no puede estar sola” en este proceso.

“Entonces estamos en un panorama complejo en el que sí se justifica plenamente que haya una intervención ciudadana que sirva de contrapeso, que sea un polo que diga: ‘Señores, no están ni se manejan solos, hay un proyecto mayor, se deben a los ciudadanos, hay un bien común, ustedes deberían representar a los ciudadanos y no a camarillas.’”

Hacia el colapso

Vecino de Ciudad Satélite, a Barranco lo acompañan en el proyecto de observación electoral los exconsejeros electorales José Núñez Castañeda, Gabriel Corona, Norberto López, Álvaro Arreola; académicos como Roberto Blancarte, Alfonso Iracheta y Teresa Jarquín, y empresarios como Alejandro Martí, entre otros muchos personajes.

“Desde principios de enero he hablado con por lo menos 200 personas. Todas me han dicho que están dispuestas a colaborar. Hay mucha insatisfacción y necesidad de participar, y en ese sentido va a ser muy buen ejercicio.”

Y así como se han comprometido a participar la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también las organizaciones que forman parte de la Red de Defensa de Derechos Humanos a través del sacerdote Miguel Concha, defensores de minorías y de derechos reproductivos, así como sectores de la Iglesia católica, como grupos de pastoral social.

“La idea es tener un abanico muy grande de pluralidad ciudadana, que refleje lo que son los ciudadanos. Lo que nos une no son los temas ideológicos y las acciones de desarrollo, sino la preocupación de una clase política que parece sentirse sola en la sociedad”, puntualiza.

Ante la falta de recursos –“no tengo un solo peso”–, las organizaciones se harán cargo de los gastos en el campo de acción que les corresponda y la base será de voluntarios, como los miembros de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, que por ejemplo tienen a su cargo la página de internet que se lanzará a mediados de febrero, con el fin de proveer de la vasta información que generará el proceso.

El primer campo de observación será el de los medios de comunicación para documentar el tratamiento cualitativo de partidos y candidatos, pero también el “mercado negro” de propaganda que se contrata, en radio y televisión, burlando la prohibición legal, y aprovechando la característica geográfica de la entidad.

Otro campo es el financiero: vigilar el financiamiento de las campañas y detectar si se hace uso de recursos públicos de los tres órdenes de gobierno o de dinero criminal. Con la participación de contadores se trabaja en el diseño de un modelo matemático para identificar los flujos atípicos.

El tercer aspecto es el análisis del comportamiento de los principales actores políticos ante el proceso electoral, así como de los poderes fácticos como el empresariado, la Iglesia, los sindicatos y las asociaciones.

El cuarto es el jurídico: que juristas de prestigio como el ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel analicen los acuerdos, resoluciones y sentencias más relevantes del IEEM y del TEEM para determinar si actuaron conforme a derecho. “La idea es que la opinión pública conozca la calidad jurídica de las instancias que están llevando el proceso electoral”.

Y en quinto lugar se integrará un grupo de no menos de 60 voluntarios para la recepción y canalización de denuncias ciudadanas desde los principales distritos electorales sobre conflictos, coacción y presión a electores o cualquier irregularidad que, de inmediato, se difundirá.

Para ello también se ha diseñado una estrategia de comunicación que prevé el uso de una página web para periodistas, redes sociales Facebook y Twitter, foros, conferencias de prensa y relación directa con líderes de opinión.

Esta intervención de la ciudadanía, dice Barranco, es indispensable por la tensión entre los contendientes, la desconfianza en los órganos electorales, el papel de los medios –como Televisa con Peña Nieto– y la trascendencia que tiene para 2012, una conflictividad que puede hacer crisis y colapsar si el resultado es muy cerrado.

“El gran drama que se presenta es que si el nivel de votación es muy cerrado, como se está configurando desde ahora, el proceso electoral puede colapsarse. Se judicializará el proceso y probablemente pueda haber mayores consecuencias.”

Advierte que lo que más conviene, en términos de la tranquilidad, es un proceso holgado con un claro y definitivo ganador. “Si no, con el IEEM con poca autoridad y un Tribunal Electoral también marcado por el signo de las cuotas de poder, y ambos por la corrupción, entonces hay un riesgo muy grande de colapso”.

El desenlace de la elección es incierto, porque ni siquiera está definido cuántos contendientes habrá. “No es lo mismo que haya una coalición PAN-PRD que tres coaliciones. Va a depender mucho de qué tan unidos lleguen el PRD y el PAN, pero también en el PRI, en el que aparentemente hay mucha unidad, esto es fachada, al interior hay jaloneos muy fuertes”.

–¿No está escrito que gane el PRI?

–No, aunque veo mucha ventaja hacia el PRI por la estructura, por los años y sobre todo por el voto duro. La única posibilidad que veo de la oposición sería vía coalición.

Aunque ve remota esta hipótesis, no la descarta hacia 2012. “El proceso del Estado de México no es sólo Peña Nieto, sino también pasa por el tipo de articulación que se pueda dar entre el PAN y el PRD a futuro. Esto hace a este proceso particularmente complejo y apasionante”.

Pero insiste en que lo verdaderamente relevante es que los ciudadanos sometan a riguroso escrutinio a los partidos políticos y a los gobiernos, por ahora en el Estado de México:

“Esta clase política carece de un proyecto de largo plazo. Hay sólo proyectos de grupos de interés y de facciones muy corruptas. Por eso es más que indispensable este proyecto no sólo para este proceso electoral, sino para después. La clase política no puede estar sola.”

Nayarit Flores Alavez: recuento de hechos, recuerdos, testimonios, denuncias...

José Gil Olmos

A más de 20 años de que obtuvo su libertad, Gilberto Flores Alavez, acusado por el parricidio de sus abuelos, el político Gilberto Flores Muñoz y la escritora Asunción Izquierdo, hace un recuento de los hechos y afirma que se trató de un “crimen de Estado” para proteger los intereses de funcionarios corruptos. Más aún, sostiene que fue víctima de una “conjura” en la que participaron jefes policiacos cuya consigna era hundirlo a toda costa. Ahora, Flores Alavez asegura que no guarda rencores y anuncia el inicio de una campaña política reivindicativa de él y su familia en Nayarit, de donde es originaria.

En los ochenta lo tildaron de todo: parricida, “machetero”, cachorro de la Revolución y “monstruo asesino”. Fue acusado de matar a sus abuelos, el exsecretario de Agricultura y Ganadería y exgobernador de Nayarit Gilberto Flores Muñoz y la escritora Asunción Izquierdo, para quedarse con una cuantiosa herencia.

Hoy, Gilberto Flores Alavez asegura que fue víctima de una “conjura criminal” orquestada por un grupo de jefes policiacos que estuvieron involucrados en el narcotráfico, el secuestro y los asaltos bancarios.

Entrevistado en casa de sus padres, en medio de fotos en las que aparece su tío el expresidente Miguel Alemán y amigos de su abuelo, como el general Lázaro Cárdenas y otros con los que fundó el Partido Nacional Revolucionario –antecedente del PRI–, reitera su inocencia.

Asegura que el jefe del Departamento de Policía y Tránsito, Arturo Durazo; Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial capitalina, y Francisco Sahagún Baca, jefe de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), tenían vínculos con el narcotráfico.

Prueba de ello, afirma, es que utilizaban el penal de Santa Martha Acatitla para almacenar la droga y después distribuirla en toda la Ciudad de México:

“Yo no soy un testigo de oídas, soy un testigo presencial. Esa es la diferencia de que hable cualquier político a que hable una persona a la que le consta la injusticia, la droga, el narcotráfico y la vivencia penitenciaria como la viví yo.”

Cuando se le plantea que ahora la administración de Felipe Calderón acusa a los gobiernos del PRI de ser el origen del problema del narcotráfico, contesta que debe señalarse de manera directa a los involucrados.

“A mí me parece que la justicia ahora ha señalado responsables, ha abierto líneas de investigación y ha consignado a funcionarios públicos que están enlodados con los diferentes cárteles. Se ha procedido en contra de personas concretas y no podemos decir que el sistema vigente, que el gobierno del PAN, es responsable del narcotráfico. Me parece que es un problema de precisión, de conocimiento.”

Relata que en la cárcel conoció a varios jefes del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, Alberto Sicilia Falcón y a muchos otros. Que vio cómo operaba el crimen organizado en connivencia con las autoridades policiacas, y afirma que, con base en esa experiencia, le queda claro que no deben hacerse generalizaciones.

“Lo que puedo decir es que hay concesiones; los narcotraficantes operan con base en concesiones. Desconozco quién las otorga, pero el permiso de operación debe ser autorizado por un resguardo oficial. Si el PRI hubiese sido cómplice o promotor del narcotráfico, éste ya se hubiera acabado hace 11 años. Me pregunto si no se han renovado ahora esas concesiones que supuestamente dieron los priistas.”

Explica que cuando a los narcos se les otorga una plaza y no se les cumple, ahí comienzan los problemas. La cuestión se complica si el otorgante se quiere pasar de listo y, mediante un doble juego, les asigna una misma plaza a dos cárteles, con la idea de ganar el doble o para que se maten entre sí. Ahí la situación se vuelve explosiva.

Precisa: “Cuando los grupos comienzan a pelear por las plazas sobreviene una guerra sin cuartel, una guerra de guerrillas entre los mismos narcotraficantes. Desgraciadamente aquí se victimiza, se mata, se cercena y se destroza al ser humano pero no con la droga, sino con armas, explosivos y secuestros. Aquí es cuando se produce la gran sociopatía”.

Sin rencores

A más de 20 años de que obtuvo su libertad mediante un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre de 1989, Flores Alavez afirma que no guarda rencor contra quienes lo llevaron a prisión, pero no duda en acusar de “mentiroso” al expresidente José López Portillo.

Refiere que el mandatario reconoció su inocencia y le aseguró a su familia que saldría libre. Al final de cuentas, afirma, no sostuvo su promesa de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Salvador Martínez Rojas, lo dejaría libre.

El 6 de octubre de 1978, los capitalinos se estremecieron al conocer el crimen cometido contra Gilberto Flores Muñoz y su esposa María Asunción Izquierdo. Ambos fueron asesinados a machetazos en su domicilio de Avenida de Las Palmas, en las Lomas de Chapultepec.

De inmediato fue detenido el nieto de la pareja, de 20 años, quien según el testimonio de su amigo de la infancia, Anacarsis Peralta, había comprado un somnífero (valium) y un machete para asesinar a sus abuelos y quedarse con su herencia.

Flores Muñoz era muy conocido entre la clase política, pues ocupó importantes cargos públicos. Fue gobernador de Nayarit y titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Incluso se le llegó a mencionar como candidato a la Presidencia de la República, pero fue desplazado por Adolfo López Mateos.

En 1976 fue nombrado director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera (CNIA) por el presidente López Portillo. En este cargo permaneció hasta el día de su muerte.

En la autopsia que se realizó a los cuerpos, sostiene Flores Alavez, no se encontraron rastros del somnífero y se descubrió que las heridas fueron causadas por un arma punzocortante profunda y no por un machete. A pesar de ello, el joven fue aprehendido con base en una acusación elaborada por el procurador capitalino Agustín Alanís Fuentes.

El juicio duró cuatro años y en 1982 fue sentenciado a 28 años de cárcel. Sin embargo, gracias a un amparo obtenido en la SCJN, fue puesto en libertad a comienzos de los noventa.

El caso tuvo tanto impacto que Luis Spota, Vicente Leñero (Asesinato) y otros escritores publicaron libros acerca de la trágica historia.

Encubrimiento

En diciembre de 2009, en una entrevista con la edición mexicana de la revista estadunidense Esquire, Flores Alavez dijo que la muerte de sus abuelos había sido un “crimen de Estado”. Basó su afirmación en el hecho de que su abuelo, al frente de la CNIA, logró que el país fuera autosuficiente en este rubro. Y dijo que un logro parecido lo tuvo con el maíz, cuando fue secretario de Agricultura y Ganadería.

Refiere que cuando llegó a la comisión, Flores Muñoz encontró graves anomalías, y desliza que en el organismo paraestatal estaba un familiar de López Portillo. En ese contexto, añade, se perpetró el asesinato del que lo culparon con “pruebas prefabricadas”.

–¿Por qué dice que fue un crimen de Estado?

–Cuando se violan ciertos preceptos constitucionales y de estado de derecho se deja a un ciudadano en estado de indefensión y fácilmente se le puede acusar de cualquier cosa. El caso Flores Alavez nunca finalizará porque siempre habrá controversia. Siempre estará presente la memoria, el registro histórico (que) no se puede desechar. Me volví un personaje siniestro en los ochenta y noventa. Estamos hablando de otro México, de otra institución de justicia, de otros funcionarios públicos.

“Dicen que el móvil era la herencia de mi abuela. Así lo redactó el propio Alanís Fuentes diciendo que yo era culpable, que no me acordaba, que estaba arrepentido y que no estaba bien de mis facultades mentales. Sin embargo, en el testamento de mi abuela, Asunción Izquierdo de Flores Muñoz, una intelectual de avanzada, en mayo de 1978 –el crimen ocurrió en octubre– se establecía que yo heredaba en vida desde mis 20 años. Por esta razón el móvil no existe.

“Los policías que intervinieron en mi caso fueron Arturo Durazo y Francisco Sahagún Baca, que está desaparecido; ellos dos concentraban la droga en la penitenciaria de Santa Martha del Distrito Federal. Esto nunca lo había dicho; era el centro de acopio y de distribución de droga en México. Ahí estaba bien protegida y Durazo y Sahagún Baca se encargaban de distribuir el enajenante social para toda la Ciudad de México. Además, ahí llegaban todos los productos de los asaltos, de los convoyes con vino y alimentos. Los asaltaban, metían los camiones, se quedaban con el hurto y esa era la manera de fomentar el vicio del alcohol dentro del penal.

“Jesús Miyazawa fue acusado de homicidio y secuestro en el estado de Morelos. En mi libro El beso negro señalo que usaba a los internos para matar, asaltar y vender drogas. Si hablamos de quién juzgó, calificó y me sentenció como doble parricida, fueron estos policías. Gracias a Dios mi vida antes, durante y después de la cárcel fue intachable.”

–¿En qué se basa para decir que fue un crimen de Estado? –insiste el reportero.

–La Corte determinó que yo no era parricida y estableció que mi perfil no era compatible con el crimen. Creo que la justicia en México no se equivocó, sino que fue una equivocación de los hombres de Estado.

Flores Alavez reitera que sus abuelos no fueron asesinados con un machete, sino con un cuchillo que nunca apareció.

“Quisieron ponérmelo en la cárcel para que tuviera mis huellas. Lo hicieron con el consentimiento de las autoridades. Además, presentaron como prueba unos guantes que no eran de mi medida y que no tenían rastros de sangre sino de pintura. Después la procuraduría presentó siete machetes diferentes. Todo esto habla de una conjura criminal. Sabemos que esos policías la llevaron a efecto y tuvieron capacidad para hacerlo, pero yo no soy un criminal y vivo con las manos limpias.”

–¿Cuál fue la intención de ese complot? ¿Se intentó acabar con un proyecto político?

–Mi madre dice que no era un proyecto político. Se buscaba que México se convirtiera en una potencia mundial, que no tuviera deuda externa, que contara con una clase media y que Nayarit fuera rescatado. No se trataba del proyecto de un hombre o de una familia; era el proyecto de la historia en el capítulo agropecuario de México que hubiera sacado adelante al país. Eso lo truncaron.

–¿Se considera víctima o chivo expiatorio de un crimen de Estado?

–Yo diría que son personajes que se valieron del Estado para cometer un crimen, pero no puedo afirmar que fue un crimen de un Estado totalitario. Yo diría que fueron funcionarios públicos los que prefabricaron este crimen y las razones fueron económicas.

Defensa de Marcial Maciel

Sentado frente a un escritorio en la casa de su padre, el doctor Gilberto Flores Izquierdo, en una zona residencial del sur de la Ciudad de México, revela que durante los 12 años que permaneció en la cárcel fue protegido por el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Lo defiende pesar a que la Iglesia lo condenó.

En el descanso de las escaleras de la casa puede verse una foto de Maciel besando el anillo papal de Juan Pablo II.

“Aunque la Iglesia lo desconozca, yo no lo haré porque soy católico y desconozco esa parte de su historia. Lo que si sé es la convivencia que tuve en Roma con sus cursos de teología, técnicas de acción grupal y de conocimiento del manual Regium Christi de formación de líderes”, plantea Flores Alavez.

Y agrega: “Considero que si Marcial Maciel, quien creó un capital para universidades, colegios y centros de ayuda, hubiera trabajado para sí mismo, hubiera sido uno de los hombres más ricos del mundo”.

Recuerda que fue por decisión del fundador de los Legionarios de Cristo que el padre John Walsh lo protegió durante su permanencia en presidio.

Y arremete de nueva cuenta contra López Portillo:

“Yo estuve en huelga de hambre y López Portillo no tuvo palabra. Llevaron a mi padre a Los Pinos y le pidió que levantara la huelga. Le dijo: ‘Doctor: sé que su hijo es inocente –eso fue enfrente de toda la familia–; espéreme un tiempo y vaya con Martínez Rojas para que trasladen a su hijo a un centro de rehabilitación, porque tenemos que darle un tratamiento al muchacho porque es una injusticia’.

“Pero no tuvo palabra porque cuando mis padres fueron a ver a Martínez Rojas les dijo que él no recibía instrucciones de ningún presidente y que yo era culpable. Este doble juego, este doble discurso, fue una falta de palabra del presidente, que en ese entonces era el que mandaba en todo.”

Pese a ello, insiste, no guarda rencores, y apunta que sobrevivió a la cárcel y a “la conjura criminal” porque tiene una misión: ayudar a salvar al país y a Nayarit mediante un patronato que lleva el nombre de sus abuelos.

“Yo digo que debe haber una alianza entre el pueblo y lo rescatable del PRI. A (Cuauhtémoc) Cárdenas le digo que aquí está un priista y que vuelva con nosotros. Que vuelva el hijo de Lázaro Cárdenas con el hijo de Flores Muñoz para rescatar al país. Nuestro patronato cumple los ideales de Lázaro Cárdenas. Es una pena que esté en el PRD reposando. Le extiendo la mano y le digo que hablemos de valores, de política, del gobierno con el uso de la razón. El PRI reorganizó las instituciones del país, hubo errores pero somos humanos.”

Reitera que la historia de su caso debe quedar atrás, y anuncia que siguiendo la tradición de su familia por hacer de México un país autosuficiente en la producción agrícola y generador de empleo, lanzará un proyecto de “rescate nacional” mediante el patronato que auspicia.

Hace un llamado a “lo mejor del PRI” y destaca que para sacar al país de la crisis actual lo que se requiere es crear una clase media fuerte, como lo planteó su abuelo desde que era secretario de Agricultura.

“Los que se fueron del partido dejaron la casa limpia; es tiempo de que el partido reconstruya las instituciones, como ya lo hizo después de la Revolución”, apunta, y anuncia el arranque de una campaña en Nayarit desde el sábado 29 a través del patronato y con la presentación de un documental en el que destaca el trabajo de su abuelo por sentar las bases del crecimiento agrario e industrial del país.

Aclara que no busca una posición y que no quiere ser cacique de Nayarit, sino transformarlo nuevamente en lo que fue hace cuatro décadas: en “el granero nacional”. l

Slim “toma” Costa Rica

José Meléndez

SAN JOSÉ.- A finales de 2005, la prensa local informó que el empresario mexicano Carlos Slim se aprestaba a invertir en las telecomunicaciones de Costa Rica. Entonces, los sindicatos, agrupaciones ambientalistas, partidos de izquierda, movimientos estudiantiles y centrales campesinas lo llamaron “no grato” y “provocador”.

De hecho, en febrero de 2006 el multimillonario suspendió una visita a este país luego de que sus opositores advirtieron que su presencia sería provocadora y amenazaría la paz social.

“Ahí viene ‘el coco’ y nos comerá”, decía ese año Fabio Chaves, coordinador general del Frente Interno de Trabajadores del paraestatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mientras recorría los pasillos de la Asamblea Legislativa (Congreso unicamaral), donde cabildeaba contra la apertura del sector de las telecomunicaciones a la inversión extranjera.

“Carlos Slim y su empresa América Móvil son indeseables para nosotros porque vienen fundamentalmente con afanes de lucro y no del bien común”, dijo Chaves a Proceso. “Si vienen a llevarse nuestros recursos, a usufructuar nuestros servicios, lógicamente que son indeseables, no los queremos aquí y los vamos a combatir hasta las últimas medidas y consecuencias”, agregó.

Ahora –cinco años después– Slim desembarca en la telefonía móvil de Costa Rica.

Un hecho fue clave para conseguirlo: el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, firmado por Costa Rica el 28 de mayo de 2004, aunque su aplicación quedó en suspenso debido a la oposición de diversos sectores de la población.

El tema se zanjó con un referéndum el 7 de octubre de 2007. Ganó el “sí” al tratado y se fijó su entrada en vigor para el 1 de enero de 2009. A partir de entonces, el ICE perdió el monopolio que durante casi 50 años ejerció en la telefonía fija y móvil.

Slim invertirá vía la firma Claro, de América Móvil, y competirá con el ICE, que hoy domina el mercado, y con la española Telefónica.

“Todo esto sucede en Costa Rica 20 años después de que ha ocurrido en el resto de América y de prácticamente todo el mundo”, explica a este semanario Ricardo Taylor, director general de Claro en Costa Rica. Y subraya que el ingreso de América Móvil fue “transparente”.

“Las ofertas económicas se presentaron y se abrieron en público, televisadas en vivo. Algunas personas de nuestra compañía dijeron que aquello parecía Hollywood. Pero no parecía Hollywood. Eso es Costa Rica. Aunque fue 20 años después que en el resto de América Latina, se hizo bien, a lo costarricense. La llegada de América Móvil desde el principio fue apegada al debido proceso y ha sido con muchísima transparencia, con el escrutinio de todo el país”, dice.

“Padrinos políticos”

El pasado martes 18, la presidenta costarricense Laura Chinchilla firmó un decreto que adjudica las concesiones de dos bandas del espectro radioeléctrico a Claro y Telefónica, tras la evaluación hecha por la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

“Aunque la presidenta firmó el decreto, la guerra no ha terminado. Faltan acciones legales que presentaremos en tribunales contra Sutel y el gobierno porque obligan al ICE a interconectar los sistemas a precios ruinosos, por debajo de los costos”, anunció Chaves.

“La Sutel trabaja para las multinacionales y desfinancia al ICE. Hay gran cantidad de ilegalidades, como la entrega de frecuencias y el ordenamiento del espectro radioeléctrico”, aduce por su parte Jorge Arguedas, presidente de la Asociación de Técnicos en Telecomunicaciones del ICE, consultado por Proceso.

Y sobre la idea de que Slim es “el coco” que devorará a Costa Rica –propagada por los opositores a la apertura–, Arguedas sostiene que “eso es lo que ha pasado en todos los países. Este negocio (de telefonía) tiende a ser monopólico”.

“Cuando se tienen los padrinos que América Móvil tiene en Costa Rica, se ve con el solo accionar de Sutel”, agrega.

Chaves y Arguedas afirman que América Móvil recibió “favores políticos”, entro otros de Óscar Arias, presidente de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010. En reiteradas ocasiones el expresidente ha negado tener nexos con Slim.

Al respecto, George Miley, presidente del Consejo de Sutel, responde que el trámite está “marcado por su orden, logística y transparencia”. Al anunciar a los ganadores de la licitación destacó que Costa Rica “despertó el interés de dos grandes empresas de telecomunicaciones”: América Móvil y Telefónica.

El 14 de diciembre de 2010, Sutel recibió las ofertas de las empresas interesadas en explotar tres frecuencias de telefonía móvil. El pasado sábado 8, se anunció el resultado de la puja, en concesiones de 15 años: la primera quedó desierta, la segunda fue otorgada a Claro por 75 millones de dólares en frecuencias de mil 800 y 2 mil 100 megahertz, y la tercera a Azules y Platas –que representa a Telefónica– por 95 millones de dólares en 850, mil 800 y 2 mil 100 megahertz.

“Don Carlos está totalmente informado del desarrollo del proyecto en Costa Rica”, explica Taylor al confirmar que, según el cronograma oficial, el servicio debe estar funcionando el próximo septiembre.

“Don Carlos piensa combatir la brecha digital y sé que admira muchísimo a Costa Rica, a su sistema político y su democracia (…) Por la experiencia de algunos de nuestros ejecutivos en regulación, la transparencia –sobre la mesa y con escrutinio público– fue más allá de lo que inclusive se haya visto en cualquier parte de América Latina”, asegura.

Taylor informa que aparte de pagar 75 millones de dólares, Claro invertirá más de 300 millones de dólares sólo en el proceso de instalarse en Costa Rica.

Para participar en la licitación, la compañía mexicana debió acreditar ante Sutel que cuenta con un mínimo de 1 millón 800 mil suscriptores móviles, que lleva más de cinco años de operación en al menos un país, que ha desplegado un sistema móvil nuevo en al menos una nación y que sus ingresos en servicios móviles suman 450 millones de dólares anuales.

“Tenemos que desplegar una red completa (telefonía móvil, transmisión de datos, internet y servicios agregados) y levantar prácticamente de cero a una compañía que viene a hacer inversiones y a generar unos 3 mil empleos directos e indirectos”, informa.

Con su desembarco en Costa Rica, América Móvil tiene presencia ya en 19 países americanos, con excepción de Bolivia, Venezuela y Cuba. l

Polarización sobre el Palacio de Bellas Artes

Xavier Guzmán Urbiola*

No es posible que la información referente a la última remodelación del Palacio de Bellas Artes se halle tan polarizada. Parafraseando lo declarado en la prensa desde septiembre pasado a la fecha, tal información podría resumirse en dos posturas opuestas:

Por un lado, las autoridades aseguran que las obras eran necesarias, que su resultado es, en general, bueno, que las hicieron especialistas y que se llevaron a cabo con la mayor transparencia.

Por el otro, los detractores afirman que la intervención nunca debió tener los alcances que, aseguran, poseen, que no tenían razón de ser, que los involucrados son improvisados y que luego de 700 millones gastados el edificio no funciona ni luce mejor.

Escribiré estas líneas apelando a la sensatez y al equilibrio.

Lo primero que quiero asentar es que tal polarización se debe a que las autoridades nunca proporcionaron información clara. Deslindemos los problemas: Sólo algunos, por diversas causas, supimos desde inicios de 2007 de las obras. No obstante, nadie supo, sólo las autoridades, qué se haría con exactitud. Me parece que con razón los detractores experimentan molestia ante unos resultados que no estaban previstos en las informaciones que se conocieron, pues aun quienes sabíamos de las obras, nunca, al menos quien esto escribe, vimos el proyecto en la prensa, planos, detalles, explicaciones transparentes. Nadie hizo los necesarios cabildeos previos o consultó autoridades y/o especialistas en un sector amplio de arquitectos, restauradores, historiadores, protectores del patrimonio e instancias civiles interesadas.

Por cierto, ese proyecto debió hacerse del conocimiento de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos. ¿Qué opinan sus miembros?

Sin embargo, percibo también exageración de los detractores. Si hubo errores en la concepción o no, al transformar una sala de opera y conciertos en otra de multiusos, con lo cual se le colocaron bocinas (lo que condena cualquier amante de la música y del patrimonio), lo conducente es hacer una evaluación serena, olvidándose de posturas irreconciliables, y proceder a eliminar los equipos innecesarios. Lo mismo puede decirse de la chapa de madera utilizada, los escalones en la sala y hasta de los pasillos laterales eliminados, aunque en este tema las autoridades argumentan que, dada la amplitud nueva entre butacas, la cancelación fue razonable.

Me parece mucho más grave, de hecho lo más grave y, a las claras irreversible, el eliminar la mecánica teatral original del edificio y sustituirla por una nueva, máxime si funcionaba. A nadie se le ocurriría cambiar por anticuado el sistema mecánico del Big Ben por uno digital, argumentando que es más moderno y que con ello daría la hora con mayor exactitud. Las inexactitudes, viene a cuenta recordarlo, de ese venerable reloj (y de ello los ingleses están orgullosos) se ajustan por peso con unas monedas. Y a este propósito, puesto que el mecanismo retirado del Palacio de Bellas Artes es una joya, ¿dónde quedó? Sé de cierto que al decidir desmontar la mecánica teatral, los mejores estructuristas de México opinaron que si ello se hacía habría que construir un nuevo teatro para montarla.

Asimismo, me parece grave haber cambiado la isóptica de la sala. ¿Era necesario? Tal vez sí, pero nadie lo ha explicado de modos convincentes. ¿Cómo reza la declaratoria de “Monumento Artístico” conseguida por el mismo INBA a favor del Palacio de Bellas Artes? ¿A partir de ella podían eliminarse o alterarse sus elementos constitutivos originales y sus espacios interiores? El personal de Arquitectura del INBA es muy capaz en temas de normatividad. Duele entonces el estropicio, máxime tratándose de nuestro patrimonio y viniendo del mismo INBA.

Tema distinto son las declaraciones y su nivel por parte de las autoridades, así como su impericia para manejar esta crisis. Me parece extraño y encierra por lo menos una falsa explicación el decir que no se llamó al Cencroapam a hacer la restauración del vitral Apolo y las musas porque “tenían mucho trabajo”. No es posible que un señor que sabe de dirección orquestal diga en público que mandó cancelar los conciertos porque la “concha acústica se armaba en 15 minutos” y ahora tardan “más de dos horas”. Aunque hay que recordar la denuncia en relación a que la sección sindical correspondiente se negó a asistir a los cursos para conjurar dicho problema; sin embargo, tampoco comprendo por qué nadie frenó esas actitudes y negoció con ellos para que las cosas no se dieran así. No debieron banalizarse asuntos tan graves como los desacuerdos y necesarios ajustes en las obras, cuando las autoridades afirmaron que “en una casa, al cambiar la alfombra de pronto nos damos cuenta de que la puerta o la cortina están viejitas”. Tampoco entiendo la falsa disyuntiva entre intervenir un inmueble con valores o “mantener lo antiguo”.

No es posible que, ante la escalada del problema, el gerente del Palacio de Bellas Artes eligiera separarse de su cargo y regresar a su puesto anterior, mucho más tranquilo, con la consecuente lectura contraproducente por parte del sindicato acerca de toda la crisis. ¡Qué diferencia con la antigua gerente! Ella a la víspera de un concierto internacional, con los invitados en la sala, debió enfrentarse sola al mismo sindicato y negociar para lograr que no se suspendiera. El INBA tiene fortalezas enormes, pero hay que conocerlas y explotarlas. En relación a todo ello, seré políticamente incorrecto: el sindicato tiene razón, por hoy en el INBA “hay una equivocada estrategia informativa” y, agrego a título personal, de operación.

Otro tema es el de los autores y promotores. ¿Qué responsabilidad tiene y quién decidió colocar al frente de las obras a un francés, que no es arquitecto? ¿Por qué se le sostuvo? En cambio, ¿por qué no se contó en el equipo con un arquitecto restaurador? ¿Por qué le estamos colgando el muerto, como se dice coloquialmente, a la actual administración, si ellos heredaron una serie de decisiones tomadas, unas obras en curso y con seguridad un presupuesto etiquetado? ¿Podrían haberlas frenado o reencauzado? Por último, ¿cuándo se entrará al tema del manejo de los recursos?

¿Hasta dónde este problema ha sido más producto de la desinformación, de una mala política de comunicación y operación de un instituto nacional, tan importante y sensible, por lo que involucra y a los que involucra? ¿Hasta dónde fueron mal llevadas las obras y se actuó con irresponsabilidad y hasta dónde no? Autoridades y detractores debieran moderar sus posturas, ser más reflexivos, propositivos, hablar con transparencia para conciliar, juntos proteger el patrimonio, y dejar de amenazarse con exhibirse en el extranjero. l

* Historiador y exdirector de arquitectura del INBA.

Acerca de Laura, Televisa, “Animal Político”, Calderón…

De Daniel Eilemberg y Daniel Moreno

Señor director:

En Proceso 1786, publicado el 23 de enero, Jenaro Villamil asegura que los directivos de Televisa y Univisión, en reunión con el presidente Calderón, presentaron el proyecto Animal Político como parte de su estrategia mediática. (Laura, Televisa, “Animal Político”, Calderón…) Esto es falso. El periodista no asistió a la reunión, no cita fuentes que asistieron, no tiene prueba alguna de esto. ¿En qué se sustenta esta afirmación?

Falso: “El nuevo proyecto de ambos consorcios es el portal de noticias www.animalpolitico.com”. Animal Político no le pertenece a Televisa ni a Univisión. Es propiedad de los periodistas Daniel Eilemberg, Isaac Lee y Daniel Moreno.

Falso: “Isaac Lee (...) es editor en jefe de la revista Poder”. El editor en jefe de la revista Poder es José Fernando López. http://www.marketwire.com/press-release/Jose-Fernando-Lopez-nombrado-Editor-en-Jefe-de-las-Revistas-PODER-Poder360com-eventos-1367996.htm.

Falso: “Daniel Eilemberg, presidente de Animal Político, es también editor de Poder Magazine”. El editor de Poder Magazine es David Adams. http://www.marketwire.com/press-release/David-Adams-Named-Editor-of-PODER-Enterprise-Miami-and-US-Editions-1095837.htm.

Animal Político no está vinculada a Poder. Daniel Eilemberg fue editor de Poder; también ocupó cargos en la revista Loft, en el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), y produjo un documental para el canal National Geographic. Ninguna de estas compañías tiene relación alguna con su nuevo proyecto, Animal Político.

El vínculo al que Jenaro Villamil se refiere entre Televisa y Page One Media, firmado en 2005, es para la publicación de la revista Poder. Televisa compró a Page One Media la publicación Poder en 2008, lo cual permitió a Isaac Lee y Daniel Eilemberg emprender su propio proyecto, Animal Político, junto con Daniel Moreno. Este proyecto es independiente de cualquier compañía con la cual hayan tenido una relación laboral en su pasado cualquiera de los tres periodistas.

Desde el martes 18 de enero, Isaac Lee ocupa el cargo de presidente de Noticias de Univisión. Eso no quiere decir que Animal Político le pertenece a Univisión, sino que uno de los fundadores de Animal Político ocupa, desde hace una semana, un cargo periodístico en esa cadena. Isaac ha sido reportero en Cambio y Noticiero CMI, director de las revistas Cromos y Semana. Fundador de la revista Soho, ha producido dos documentales, una película y tiene 11 años de experiencia en el mercado hispano. Ninguna de estas organizaciones está vinculada a Animal Político.

El periodista Jenaro Villamil no contactó a nadie de Animal Político para conocer nuestra versión.

Atentamente

Daniel Eilemberg, presidente de Animal Político,

y Daniel Moreno, director general

Respuesta del reportero

Señor director:

En el texto de la nota referida no se afirma que Animal Político pertenezca a Televisa o a Univisión. Se dice que ambas empresas “impulsan una nueva estrategia informativa” a través de blogs y redes sociales “donde las críticas a los contenidos de la televisora y a los recientes linchamientos mediáticos han sido constantes”.

Asumo las imprecisiones y agradezco las aclaraciones sobre los cargos de los personajes mencionados, pero la propia carta de Eilemberg y Moreno confirma un hecho: ambos periodistas, junto con Isaac Lee, han trabajado en empresas que tienen una relación con Televisa. Ellos afirman que “este proyecto es independiente de cualquier compañía con la cual hayan tenido una relación laboral en su pasado cualquiera de los tres periodistas”. Pareciera que se distanciaran de la agenda de Televisa, o por lo menos que les resulta muy incómodo que se les vincule con ese consorcio.

La sociedad de Isaac Lee con Televisa está documentada en el folio número 333084 del Registro Público de la Propiedad, referido a la empresa Zoom Media Mexicana, responsable de “editar, coeditar, imprimir, publicar, distribuir, producir, comercializar, comprar, vender, importar y exportar toda clase de obras impresas”.

En esa empresa participan los principales funcionarios de Televisa: Emilio Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia, Bernardo Gómez, José Bastón. La asamblea de accionistas incorporó como consejero propietario, en el acta del 7 de junio de 2005, a Isaac Lee Possin.

Zoom Media notifica el 12 de febrero de 2007 su cambio de denominación a Publicaciones Aquario. La última notificación ante el Registro Público de la Propiedad –del 22 de junio de 2009– no señala ningún cambio en la condición de consejero propietario de Isaac Lee.

Publicaciones Aquario aparece en la lista del 31 de diciembre de 2009, divulgada por el propio Grupo Televisa SAB, como una de sus subsidiarias en la parte de Editorial Televisa (ver: Grupo Televisa SAP -20-F-20100623).

Efectivamente, no estuve presente en la reunión que sostuvo el presidente Calderón con los ejecutivos de Televisa y Univisión el miércoles 19 de enero, pero tampoco asistieron los señores Eilemberg y Moreno. ¿O sí? Una fuente interna, cercana a uno de los presentes, me refirió la versión de que se platicó de las nuevas estrategias de ambas empresas, incluyendo a Animal Político. En eso sustento mi afirmación. Por supuesto, no existe prueba documental de los detalles que se platicaron en una reunión que fue a puerta cerrada. Sólo existió la referencia pública del boletín emitido por la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Las similitudes de enfoque, diseño y hasta tipografía entre Animal Político y Poder se pueden confirmar en las páginas web de ambos medios. Eilemberg fue editor de Poder, e Isaac Lee, presidente del Consejo Editorial de Animal Político, fue editor in chief de Poder, aunque ahora aparece en este último puesto, efectivamente, José López.

Atentamente

Jenaro Villamil

Sobre 1960-2010: la era de Era

Señor director:

En Proceso 1786, del 23 de enero de 2011, se hace un extenso e importante recuento de la historia de Ediciones Era, con motivo de su quincuagésimo aniversario (1960-2010: la era de Era). Como adenda sugerimos recordar tres eslabones centrales de la historia de Era que no se mencionan en el texto de Rafael Vargas:

1. La revista Cuadernos Políticos. De 1974 a 1990 se publicó de manera ininterrumpida esa revista política y teórica de primer nivel en Ediciones Era, cuya elaboración representaba un elemento central del trabajo editorial de esa casa. Los 60 números que aparecieron en 14 densos años fueron intensamente discutidos en el consejo editorial de la revista, al cual pertenecía como editora Neus Espresate. Los debates teórico-políticos de la izquierda mexicana y latinoamericana de este periodo no se pueden entender cabalmente sin la consulta obligatoria de los volúmenes de Cuadernos Políticos, que hoy nuevamente son accesibles para el público por una reedición digital en disco compacto, realizada en colaboración entre Ediciones Era y la Fundación Rosa Luxemburgo en México, que además es accesible vía internet (www. cuadernospolíticos.unam.mx).

2. La colección de libros El hombre y su tiempo. Desde 1966 Ediciones Era publicó más de 38 títulos en esa importante colección de libros, en la cual aparecieron gran parte de los textos centrales del marxismo crítico. Destacaron volúmenes de autores como Roger Bartra, Isaac Deutscher, Antonio Gramsci, André Gunder Frank, Karl Korsch, Istvan Meszaros, C. Wright Mills y Adolfo Sánchez Vázquez.

3. El autor Bolívar Echeverría. Desde la fundación de Cuadernos Políticos en 1974 ese intelectual decisivo estaba íntimamente vinculado con Ediciones Era. En una conversación con el autor de estas líneas, realizada el día 11 de julio de 1996 en las instalaciones de Ediciones Era, Neus Expresate expresaba, según mis apuntes, que Bolívar Echeverría estaba presente en las sesiones semanales de la redacción de la revista “desde el primero hasta el último día”. Afirmaba que el filósofo era la “cabeza teórica de la redacción, con una muy buena visión general de las discusiones teóricas actuales en México, Latinoamérica y Europa”. Echeverría era, además, responsable de los contactos con el extranjero, en particular con Europa. A partir de 1986 Echeverría publicaba la mayor parte de los libros de su autoría en esta casa editorial: El discurso crítico de Marx (1986), La modernidad de lo barroco (1998), Vuelta de siglo (2006), Modernidad y blanquitud (2010), y como compilador: La mirada del ángel (2005), La americanización de la modernidad (2008). Pocos autores han publicado una obra tan grande en Era.

4. Los silencios mencionados se culminan alrededor del libro El discurso crítico de Marx, que es parte de la colección El hombre y su tiempo y a la vez de la autoría de Bolívar Echeverría –quien hubiera festejado su septuagésimo aniversario el último día de enero. Esa obra, al igual que la revista Cuadernos Políticos y la completa colección de libros mencionada desaparecieron del catálogo de Ediciones Era, así como también en el artículo de Rafael Vargas.

5. Que la derecha política quiera desaparecer de la memoria las importantes aportaciones teóricas del marxismo crítico en México y América Latina, para inventar a la postre su “izquierda inteligente”, es una cosa; lo que no es aceptable es que Proceso y Era abran, a su manera, las compuertas a ese olvido destructivo.

Atentamente

Stefan Gandler

Respuesta de Rafael Vargas

Señor director:

Celebro que, como adenda, Stefan Gandler, puntual estudioso de la obra de Bolívar Echeverría, señale hitos de la historia de Ediciones Era que no toqué en mi nota, como la revista Cuadernos Políticos, la colección “El hombre y su tiempo” y “el autor Bolívar Echeverría” (sic). Es cierto que no hice referencia a esas colecciones ni a Bolívar Echeverría, como tampoco aludí a la magnífica Historia del Cine Mexicano, del desaparecido Emilio García Riera, ni a la colección Cine Club Era, en la que se publicaron importantísimos ensayos sobre cine y algunos de los más importantes guiones del cine internacional –y, por supuesto, tales omisiones no significan que desdeñe a una persona que siempre admiré ni que desprecie el cine.

Tampoco mencioné a autores del catálogo de Era cuya obra, sea política, antropológica o literaria, me parece indispensable, como Adolfo Sánchez Vásquez, Carlos Pereyra, Rosario Castellanos, Alfredo López Austin, Gastón García Cantú, Salvador Novo... en fin. Es imposible señalar todas las bondades y méritos de las diversas colecciones y la miríada de autores que conforman el universo de una editorial cincuentenaria.

Con un poco de sentido común, Gandler podría haber advertido que estas y muchas otras ausencias se deben a la mera falta de espacio (que obliga a tratar asuntos importantes en trazos gruesos) y al sesgo eminentemente literario de mi texto, no a una conspiración de la “derecha política”, con la que ciertamente me repugna ser confundido o que se confunda a Proceso. Pero está visto que hay quienes ven enemigos y ocultadores en todas partes.

Hay que ser menos suspicaces, estimado señor Gandler.

Atentamente

Rafael Vargas

Preguntas para Enrique Peña Nieto

Denise Dresser

1¿Qué se siente ser un precandidato presidencial que le miente al Instituto Federal Electoral sobre sus espots publicitarios?

2 ¿No entraña una contradicción obvia aspirar a un puesto en el que se hace valer la Constitución cuando ya la ha violado?

3 ¿Sabía usted siquiera que el artículo 134 constitucional prohíbe realizar promoción personalizada fuera de la entidad que gobierna?

4 ¿Desconocía la legislación electoral o tomó la decisión deliberada de ignorarla cuando difundió su V Informe de Gobierno fuera de territorio mexiquense?

5 ¿Cómo es que el director de Comunicación Social del Estado de México argumenta que los espots fueron transmitidos por una “cuestión técnica” a nivel nacional, cuando hay documentos que prueban su contratación precisamente para ser transmitidos a nivel nacional?

6 ¿Cómo explica que su gobierno contrató y pagó tarifas nacionales a Televisa y a Televisión Azteca, tarifas mucho más caras que las contratadas para difusión sólo a nivel estatal?

7 ¿Cómo explica la discrepancia entre lo que muestran documentos oficiales del gobierno del Estado de México y lo que están diciendo usted y su director de Comunicación Social? ¿Quién está mintiendo? ¿Los documentos o ustedes?

8 ¿Sabía usted que un espot contratado a nivel nacional de su V Informe de Gobierno, que fue transmitido durante el horario de la telenovela Soy tu dueña, tuvo un costo de 640 mil 611 pesos? ¿Y que un espot contratado con Televisa Estado de México y transmitido durante el horario de la misma telenovela tuvo un costo de sólo 9 mil 492 pesos? ¿Cómo explica la discrepancia, si según su versión no sabía que el primer espot iba a ser transmitido a nivel nacional? ¿Por qué estuvo dispuesto entonces a pagar mucho más?

9 ¿No es cierto que en el momento de la contratación de espots con Televisa o TV Azteca las televisoras presentan un menú de opciones, y que su gobierno evidentemente eligió la transmisión a nivel nacional aunque eso fuera en contra de la legislación electoral?

10 Usted ha argumentado, en su defensa, que lo que hace “es similar a las actividades que hacen todos los gobernadores”. Pero si ellos también están incurriendo en violaciones a la ley, ¿es justificable? ¿No equivale esa defensa a la lógica de consuelo de muchos, consuelo de tontos?

11 Si, como usted dice, fue una decisión de las televisoras mostrar sus espots a nivel nacional, ¿cómo explica que pagó más por los que fueron transmitidos fuera de su entidad? ¿No será que los contrató y los pagó con esa intención y ahora quiere colocar la culpa sobre los hombros de otros?

12 También ha negado que la entrega de despensas del DIFEM fuera responsabilidad de su gobierno, a pesar de las fotografías que lo constatan. Usted dice que hay algo “muy truqueado”. ¿Tan “truqueado” como el asunto de los espots? ¿No está demostrando este conjunto de irregularidades una actitud de indiferencia ante los imperativos de la ley?

13 ¿No sigue siendo el caso que usted constantemente recurre al uso de dinero público para la promoción personalizada?

14 ¿No hay, en efecto, un acuerdo/contrato entre usted y Televisa mediante el cual, a cambio de dinero, la televisora le asegura el paseo permanente por la pantalla, con promoción política disfrazada de infomercial; con paquetes publicitarios que incluyen la compra de entrevistas en los principales noticieros; con la cobertura de un romance que recibe más atención que la guerra contra el narcotráfico; con el silencio televisivo que se guarda sobre el caso de Atenco o los feminicidios en el Estado de México o cualquier tema controvertido que podría empañar su imagen?

15 ¿Cómo explica que cuando el IFE declara que usted ha violado la ley y que procede una sanción, el tema no es cubierto por las televisoras a pesar de su trascendencia, ya que usted es el precandidato puntero del PRI?

16 ¿Cómo explica usted a los habitantes del Estado de México –un sitio con tantas carencias– que el presupuesto de publicidad de su gobierno asciende a 990.6 millones de pesos, de los cuales destinó 30 millones a la televisión para publicitar los Foros de Reflexión: Compromiso con México?

17 ¿De qué manera esos foros contribuyeron a resolver los problemas prácticos de violencia e inseguridad que se viven en el Estado de México? ¿O simplemente fueron eventos –con cargo al erario– concebidos para promover su figura personal?

18 Ante el problema de los feminicidios en el Estado de México ha dicho que “habrá foros de especialistas para discutir el tema”. ¿Acaso los foros propuestos equivalen a una solución tangible o son tan sólo una pantalla de humo creada para distraer a la opinión pública?

19 ¿Cómo justifica que su gasto en publicidad sea 42.1% mayor que el Programa de Atención a Personas con Capacidades Diferentes? ¿No hay algo mal en sus prioridades como gobernante?

20 ¿Cuánto pagó a Televisa por la producción relacionada con su V Informe de Gobierno? ¿Y por qué en el momento en el que arribaron las camionetas de Televisa al evento habían tapado el logotipo de la empresa con papel bond y cinta de aislar? ¿Acaso ellos o usted tienen algo que esconder?

21 ¿No es cierto que usted le debe todo a Televisa; que el apoyo extra-legal de la televisora lo ha llevado de ser un político desconocido y sin trayectoria a la figura más popular de los últimos tiempos?

22 ¿Usted qué le está ofreciendo a cambio? ¿Evitar el surgimiento de una tercera cadena de televisión abierta? ¿Asegurar que no se dé la competencia en el sector? ¿Una Presidencia a la medida de los intereses de la empresa?

23 Dado que usted se declara adalid de la modernidad y la transparencia, ¿por qué no hace públicos todos los contratos que ha firmado con la empresa TV Promo? ¿Por qué no explica qué relación tiene con el brazo político y financiero de Televisa a través del cual vende espacios publicitarios, contenidos noticiosos y su línea editorial a políticos como usted a cambio de favores futuros?

24 En diversos artículos periodísticos usted habla de la imperiosa necesidad de que el Estado mexicano recupere su fuerza y su eficacia. Pero ello pasaría por la domesticación de los poderes fácticos, principalmente la televisión. Al pactar como lo ha hecho con Televisa, ¿no llegaría a la Presidencia con las manos atadas de antemano? Su actitud actual, ¿no equivale a un doblegamiento frente al poder que debería contener? ¿No viviríamos, bajo su presidencia, con un Estado aún más capturado y más débil vis a vis Televisa? l

Guerrero: votar por el pasado

Miguel Ángel Granados Chapa

En medio de tensiones crecientes, que ya dieron lugar a actos violentos como el asesinato de un líder municipal priista y la cruel golpiza que tiene en estado de coma a un dirigente histórico perredista, Guerrero elige hoy un nuevo gobernador. El calificativo es inexacto. En realidad los guerrerenses no escogen este domingo un gobernador nuevo, sino simplemente otro titular del Poder Ejecutivo. Nada tienen de nuevo los dos aspirantes al cargo, postulados por coaliciones formadas más en provecho de los intereses de quienes dirigen los partidos que en atención a las necesidades de los habitantes de esa dolida entidad.

Los contendientes son casi copia uno del otro. Además de ser primos, sus carreras políticas han estado entreveradas. Manuel Añorve, hoy postulado por el PRI, fue subordinado de Ángel Heladio Aguirre, priista a quien proponen los partidos antagónicos al tricolor. Ambos pidieron licencia a cargos a los que llegaron en fórmulas priistas: Añorve, alcalde de Acapulco; Aguirre, senador de la República. Éste se fue del PRI cuando su primo fue escogido candidato, sobre la base de que él ya había sido gobernador, aunque fuera interino, y con base en el principio filosófico de que “los que ya bailaron se sientan”. Aguirre quiso sentarse, pero de nuevo en la silla que ocupó durante tres años. Se fue de su partido sólo para efectos electorales, pero su corazón y sus intereses siguen siendo tricolores. En campaña reivindicó esa militancia diciéndose parte de la corriente progresista del PRI, entelequia que si tuvo algún barrunto de existencia antaño hoy no existe más.

Ha sido más afortunada que la de su primo la carrera de Aguirre. Añorve tuvo que empezar desde abajo, como auxiliar de Gustavo Carvajal Moreno, en sus tiempos de dirigente del PRI, de 1979 a 1981. En ese año, Aguirre fue secretario particular del gobernador Alejandro Cervantes Delgado –él sí miembro del mítico progresismo priista–, quien después lo ascendería a secretario general de Gobierno. Al mismo tiempo, Añorve fungió también como secretario particular de Gustavo Carvajal cuando éste fue secretario de la Reforma Agraria, y a través de él se relacionó con Alfredo del Mazo, quien lo colocó en una posición subalterna del gobierno mexiquense: subdirector general administrativo de la Dirección de Policía y Tránsito. Luego retornó al círculo de Carvajal como funcionario de segundo nivel en Tabamex.

Bajo el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu los primos lograron colocarse, mejor Aguirre que Añorve. Aquél fue secretario de Desarrollo Económico, y éste subsecretario de Trabajo y Previsión Social, donde no permaneció mucho tiempo pues su jefe Carvajal, director de Banobras con el presidente Salinas, lo hizo delegado de esa institución en el estado. Desde allí vio que su primo Aguirre era diputado local y líder estatal del partido. A lo más que llegó Añorve en esa primera mitad de los años 90 fue a síndico procurador de Acapulco.

Tras la matanza de Aguas Blancas el presidente Zedillo quedó obligado a deponer a su amigo Rubén Figueroa, quien recomendó nombrar interino en su lugar a Aguirre, para que le cubriera las espaldas. Lo hizo puntualmente, continuó la agresiva actitud de Ruiz Massieu y de Figueroa contra los perredistas, y benefició a su familia: colocó en la nómina a dos de sus hermanos, sobrinos, cuñado. El primo Añorve llegó por primera vez al gabinete estatal, como secretario de Finanzas. Cuando el nepotismo se hizo insostenible, Añorve fue reducido a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Acapulco. En una crisis municipal causada por malos manejos de los fondos de emergencia tras el huracán Paulina, en 1997 resultó presidente del puerto, a título interino, y de allí al año siguiente pretendió suceder a Aguirre, pero en la contienda interna del PRI lo derrotó René Juárez, quien fue un triunfador generoso. Su primo el gobernador saliente lo rescató y “aunque sea” lo hizo, ya de últimas, diputado local. No duró allí mucho tiempo, pues su rival reciente, el gobernador Juárez, lo impulsó a que fuera diputado federal de 2000 a 2003. Lo relevó su primo Ángel, quien permaneció en San Lázaro de 2003 a 2006, año en que perdió la elección de senador frente a la fórmula perredista. Apenas logró ser senador de minoría.

Añorve, por su lado, tornó a ser secretario de Finanzas, con René Juárez. Cuando éste concluyó sus tareas, hace seis años, Añorve volvió a la Ciudad de México, a trabajar al lado de Manlio Fabio Beltrones, como asesor de la Junta de Coordinación Política. Su suerte se fortaleció cuando en 2007 apoyó a Beatriz Paredes en su lucha por la presidencia del PRI. Lo había hecho también cinco años antes, sólo que entonces todos ellos perdieron frente a Roberto Madrazo. En 2009 logró por ello ser candidato a la alcaldía acapulqueña, donde su victoria puso fin a nueve años de gobierno perredista (o casi).

La misma influencia conjunta de Beltrones y Paredes, y el apoyo de los exgobernadores, hicieron de Añorve candidato de unidad, en decisión admitida también por Aguirre, quien no demoró mucho en arrepentirse y buscar otra postulación. La halló en un PRD sumido en contradicciones y temores. El 20 de agosto de 2009 fue asesinado el diputado Armando Chavarría, rival acérrimo del gobernador Zeferino Torreblanca, de quien fue secretario de Gobierno en virtud de arreglos internos en el PRD. No había en el horizonte otro aspirante que con mayor fuerza y legitimidad (no militó nunca en el PRI, ni se apartó de la izquierda) representara la posibilidad de un gobierno popular en verdad. Por eso se le eliminó. Por eso el gobierno local ha sido omiso en averiguar quién lo hizo, o en difundirlo porque acaso sabe quién perpetró el crimen y no es suicida como para inmolarse con la verdad.

Aunque entonces lo supieron con claridad muchos menos guerrerenses que hoy, también en 2005 votaron por el pasado. Torreblanca los engañó. Se dijo que encabezaría la alternancia y no hizo más que practicar la continuidad. No pocos de sus funcionarios y muchas de sus actitudes y políticas pertenecían al ayer, no al mañana que los ciudadanos de esa entidad buscaban. Para rematar su sexenio de autoritarismo e incapacidad, Torreblanca pretendió imitar a sus antecesores priistas y dejar un heredero. Por eso Chavarría desapareció de la escena y el gobernador se dispuso a urdir su propia trama.

Ante el riesgo de que eso ocurriera, Marcelo Ebrard intervino. En acuerdo con Jesús Ortega (quien con la ruptura de Ruth Zavaleta con Nueva Izquierda perdió su principal carta en ese juego), se convirtió en el factótum de la sucesión guerrerense, para evitar que lo fuera Torreblanca. Él construyó la candidatura de Aguirre, sobre la base no de afinidades ideológicas sino de ser el precandidato priista a la cabeza de las preferencias electorales medidas por las encuestas. Lo importante era lograr la apariencia de que el PRD mantiene un gobierno estatal. Y de paso, al sonsacar a Aguirre, Ebrard golpeó en el plexo al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, con quien por ahora contiende en la propaganda televisiva en espera de algún día disputar la Presidencia de la República. Peña Nieto apoyaba en los escarceos priistas a Aguirre, no a Añorve.

Ebrard apadrinó todo el tiempo al priista postulado por el PRD. Peña Nieto se alejó en el tramo final. Quizá se le informó que su antiguo ahijado, lejano ya de su protección, ganaría hoy los comicios. O quizá temió que se le vinculara con los malos pasos atribuidos al alcalde de Acapulco. Un testigo protegido, esa figura procesal temible porque puede ser usada por la PGR lo mismo para un barrido que para un fregado, lo acusó en noviembre pasado de haber recibido, de manos del propio testigo, apodado Mateo en el expediente, 5 millones de pesos, tercera parte de una entrega convenida con Añorve por la banda de los Beltrán Leyva. l

IFE partidizado

John M. Ackerman

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) pueden dormir tranquilos sabiendo que cuentan con fieles representantes en el seno del Instituto Federal Electoral (IFE). Si bien tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto recientemente han recibido leves señalamientos de parte de la autoridad por su indebida intervención en procesos electorales, las votaciones de los consejeros en estos casos evidencian un claro sesgo partidista.

Específicamente, mientras que en agosto los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero encabezaron los esfuerzos por señalar a Calderón debido a la transmisión en cadena nacional de sus spots durante las campañas locales de 2010 (ver mi artículo sobre el tema en Proceso del 4 de agosto de 2010: http://bit.ly/g27I4C), hoy de manera vergonzosa repliegan sus argumentos con tal de defender a Peña Nieto. Igualmente, aun cuando hace dos semanas Benito Nacif y Macarita Elizondo se lanzaron con todo en contra de la difusión a nivel nacional de los spots del V Informe de Peña Nieto, durante el verano pasado desplegaron una actitud totalmente contraria cuando les tocó resolver el caso de Calderón.

Habría que recordar que Baños y Guerrero llegaron a sus puestos como propuestas del PRI, en particular de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Asimismo, Nacif y Elizondo fueron fichas del PAN, en aquel momento presidido por Germán Martínez.

En ambos casos, los consejeros recurren a formalismos y artimañas jurídicas exageradas para intentar desechar el señalamiento al funcionario de “su” partido. En contraste, cuando el caso tiene que ver con el funcionario del partido “contrario”, súbitamente se convierten en grandes defensores de los principios constitucionales en materia electoral y buscan imponer el estado de derecho a toda costa. Pocas veces se evidencia tan claramente el cumplimiento del viejo dicho de Porfirio Díaz, Óscar Benavides y Getulio Vargas: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.

En el caso del señalamiento a Calderón, el consejero Baños criticó duramente las lecturas “legaloides” de sus homólogos que buscaban proteger al presidente con base en una lectura estricta del artículo 108 constitucional. “Mi punto central y mi deliberación permanente será el tema de privilegiar el principio de la equidad en la contienda, como lo ordenó el Constituyente Permanente en la reforma del 2007”, afirmó el consejero. Y continuó: “Se ha vulnerado una norma constitucional y tenemos que encontrar mecanismos eficaces para evitar que este tipo de circunstancias ocurran en el proceso de 2012”.

Pero para el caso de Peña Nieto, el mismo consejero recurre precisamente a las interpretaciones “legaloides” que tanto dice repudiar. “Si bien es cierto, los spots han sido transmitidos a nivel nacional, es un hecho evidente que esa condición fue la que el Tribunal colocó como una posibilidad para que en prima facie el Instituto pudiera conocer del asunto, pero después verificase la existencia del proceso electoral federal, para ver si hay o no una afectación al mismo. Al no haber el cumplimiento de ese requisito sine qua non, es un hecho que sobreviene un esquema de incompetencia”.

Baños utiliza una lectura extremadamente limitada de las normas y decisiones jurisdiccionales correspondientes para argumentar que el IFE solamente puede actuar si es que hubiera una afectación directa a un proceso electoral federal en curso. Al consejero le parece poca cosa que Peña Nieto haya pagado hasta 50 veces más a las principales televisoras del país para asegurar la transmisión de sus spots por todo el país con el fin de apuntalar su campaña presidencial. Total, en tratándose de “amigos”, los principios constitucionales pueden ser arrojados al cesto de la basura.

El consejero Nacif incurre en una inconsistencia similar. Sobre el caso de Peña Nieto propuso una lectura abierta y flexible del concepto de “posible afectación al proceso electoral federal”, para argumentar que “aquí lo que nosotros tenemos que custodiar es la elección federal de 2012, y tengo la convicción de que este tipo de actos pueden afectar esa contienda y este es el momento para que esta autoridad haga un llamado y diga: ‘estos actos no son legales’”.

Sin embargo, para el caso de Calderón el consejero se esconde tras argumentos técnicos para abogar por el desechamiento del caso: “Me parece que lo que ahora se propone es un camino, es entrar a un terreno desconocido; es entrar a un terreno, además, donde queremos empezar a construir francamente sobre arena movediza. Y creo que no hay bases jurídicas sólidas para hacer lo que la Secretaría Ejecutiva nos propone. Por esa razón, yo votaré en contra del proyecto de resolución”.

La buena noticia es que en ambos casos la mayoría de los consejeros votaron a favor del señalamiento al Ejecutivo correspondiente. Habría que reconocer aquí que los consejeros Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés demostraron gran consistencia al mantenerse firmes en la defensa de los principios constitucionales en ambos casos.

Sin embargo, los señalamientos finalmente fueron vacíos e inútiles ya que no implican sanción alguna para Calderón o Peña Nieto, ni para los funcionarios públicos responsables de las relaciones con las televisoras, ni para los mismos medios de comunicación que incurrieron en un abierto fraude a la ley, ni para los partidos o los candidatos beneficiados. Asimismo, los criterios inconsistentes de los cuatro consejeros mencionados ponen en duda la independencia de la mayor parte del Consejo General.

Con casos como los comentados vemos con más claridad que nunca los peligros de que los tres nuevos consejeros electorales sean nombrados por cuotas estrictas, y en particular el grave riesgo en que se encontrarían las elecciones de 2012 si se permite al PRI colocar dos leales soldados más en el seno del Consejo General del IFE. l

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