Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 6 de febrero de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Observatel: nueva ventana
Nace una organización civil que busca promover cambios profundos en el sector telecomunicaciones
Colaborador Invitado
(6 febrero 2011).- Irene Levy
Abogada, catedrática de la UIA y presidenta de Observatel.
Todos utilizamos diariamente las telecomunicaciones, vemos la televisión o escuchamos la radio, nos conectamos a internet, enviamos mensajes cortos por teléfono móvil, y muchos ya incorporaron a su vida cotidiana el uso de las redes sociales de Facebook o Twitter; pero ¿cuántos ciudadanos saben qué es la interconexión y cómo influye en las tarifas que pagamos a las empresas?, ¿cómo funciona la fibra óptica?, o bien ¿por qué no tenemos en México más opciones de televisión abierta? No son temas fáciles e, incluso, pueden ser tediosos y a veces aburridos, pero inciden en nuestras vidas y bolsillos de manera importante.
Las telecomunicaciones, incluyendo la radiodifusión, y en general las tecnologías de la información, son un insumo estratégico para el país en materia educativa, económica, política y social y, a pesar de ello, es un sector inmerso en diversos problemas.
1. Rezago legislativo. Nuestro marco jurídico no responde a los requerimientos del sector y de la sociedad; el Poder Legislativo sigue sin concretar las reformas necesarias.
2. Autoridades ineficaces. La distribución de competencias entre las diversas autoridades relacionadas está diseñada para no funcionar -Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia y Procuraduría Federal del Consumidor-. Además, falta otorgar autonomía a la Cofetel.
3. Combinación letal. La abdicación del poder del Estado a favor de los poderes fácticos, aunada a la existencia de atribuciones débiles de las autoridades para enfrentar a empresas en materia de monopolios, concentraciones y prácticas discriminatorias, han contribuido a hacer cada vez más difusa la presencia del interés público en las telecomunicaciones.
4. Procedimientos lentos y multas ridículas que no desinhiben actividades nocivas contra el usuario, pero sí desincentivan al consumidor en la lucha por sus derechos.
5. Litigios. Ante la incertidumbre jurídica de las propias empresas y la falta de herramientas suficientes para que las decisiones que toman las autoridades sean menos vulnerables, el Poder Judicial está jugando un papel protagónico -no es deseable que así sea- en la definición del rumbo del sector.
¿Qué es y por qué surge Observatel?
La asociación civil Observatel nace de la frustración e impotencia de un grupo de académicos y consultores dedicados al sector desde hace varios años, que percibimos que no se adoptan las medidas necesarias para que México tome la dirección correcta en estas materias. Nuestro objetivo es analizar la actualidad y evolución de las telecomunicaciones, la radiodifusión y en general las tecnologías de la información, a partir de diversas perspectivas: del usuario, social, comercial, académica, gubernamental e internacional.
Así pues, el producto de Observatel no será la crítica aislada, queremos ser parte de la solución, es por eso que insistiremos en que los diversos actores transparenten sus actividades e información; plantearemos medidas para reducir la brecha digital; seremos neutrales en cuanto a intereses empresariales y políticos, pero siempre será el interés público y el ciudadano la causa y efecto de nuestras propuestas y observaciones. Propondremos debates informados, sustentados en aspectos jurídicos y técnicos tratando de alejar la manipulación y el planteamiento tautológico que tanto daño han hecho a éste y otros sectores. Incorporaremos, desde luego, a estudiantes y académicos a nuestro análisis y sumaremos esfuerzos con otras organizaciones de la sociedad civil.
Se trata de un nuevo paradigma de organizaciones no gubernamentales en México, que pretende incorporar al ciudadano en temas técnicos que son de gran importancia para su desarrollo, y que busca ofrecer a los empresarios y autoridades un terreno imparcial, pero informado y fundamentado, a fin de transitar hacia una interlocución de mayor nivel y compromiso.
¿Qué no es Observatel?
No somos una ventanilla de quejas ante la Profeco, ni estamos únicamente a favor del consumidor. Nuestro esfuerzo estará concentrado en insistir en que se realicen las adecuaciones necesarias al marco jurídico y a las políticas públicas a efecto de mejorar, desde la raíz, los distintos temas: mayor calidad en los servicios, mejor trato al usuario, más certeza jurídica para las empresas, más herramientas y presupuesto para que las autoridades puedan llevar a cabo su responsabilidad, entre otras cuestiones.
No somos ingenuos, sabemos que enfrentaremos muchos intereses y será muy difícil abrir brecha para que este tipo de organismos puedan ser bien recibidos en una sociedad acostumbrada -pero harta- de opacidad, conformismo y desprecio.
www.observatel.org
Twitter: @soyirenelevy
Carta / Aclaración de candidata al IFE
Cartas
(6 febrero 2011).- Apreciable señor editor.
Con base en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos signada por México, que establece el marco legal relativo al derecho de réplica, deseo aclarar lo siguiente:
En el artículo titulado Los 17 candidatos correspondiente al número 875 del 30 de enero de 2011 del suplemento Enfoque, se me hace una referencia con relación al proceso de selección para consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) en la página 09. Al respecto, deseo aclarar que la fotografía no corresponde a mi persona, y que los datos curriculares tampoco coinciden con los datos que se han publicado en la versión electrónica que acompaña al proceso de registro para el cargo mencionado, y que pueden encontrarse en la dirección electrónica: http://www.diputados.gob.mx/ife_10/doctos/110_curricula.pdf. Asimismo, como podrá corroborar al comparar la versión de mi currículum con la versión del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, encontrará que existe un error en el apartado que alude a mi resumen curricular, toda vez que se me presenta como ex colaboradora del IFE, cuando todos los cargos que he desempeñado en materia electoral corresponden al Instituto Electoral del Distrito Federal.
Particularmente, mi aclaración se centra también en la afirmación hecha por el suplemento bajo su dirección, que refiere mis antecedentes laborales como "coordinadora de asesores del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde". Cabe resaltar que durante toda mi carrera profesional no he laborado al interior del IFE, ni he tenido ninguna experiencia de colaboración con el doctor Ugalde.
Agradezco de antemano las consideraciones que sirva tener a esta aclaración.
Saludos cordiales.
Atentamente.
Lic. Areli Cano Guadiana.
Ofrecemos una disculpa a la licenciada Areli Cano Guadiana y a nuestros lectores por los errores referidos en esta carta.
La información errónea sobre su supuesto paso por el IFE está contenida en el dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados por el que se propone a la Junta de Coordinación Política los nombres de los 17 candidatos al Consejo General del IFE, disponible en el sitio http://www.diputados.gob.mx/ife_10/dictamen_ gobernacion.pdf
Justicia militar y disciplina
Ensayo Otro caso de militares. En los juicios relacionados con la justicia militar el concepto de disciplina puede llegar a distorsionar el análisis de las normas
José Ramón Cossío Díaz
(6 febrero 2011).- El 1o. de diciembre del año pasado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un caso de suma importancia referente a la constitucionalidad del artículo 283 del Código de Justicia Militar1 que prevé el delito de insubordinación, el cual se actualiza cuando un militar le falta al respeto a un superior a través de palabras, ademanes, señas, gestos o cualquier otra manera. El tema central del debate fue si la norma es lo suficientemente clara en su redacción para que el ciudadano tenga posibilidad de conocer ex ante qué conductas son constitutivas del referido delito. Esta garantía está expresada en la Constitución y comúnmente se le denomina como "exacta aplicación en materia penal".
Para poder dimensionar el caso resulta útil conocer sus hechos. Un capitán de la Secretaría de la Defensa Nacional retirado desde el año 2005, cuyo nombre se omitirá, se desempeñaba como comandante de custodios en el Centro de Readaptación Social de Alta Seguridad del Altiplano número uno.
El día 30 de junio del 2007 un coronel de infantería trató de ingresar al penal de alta seguridad del Altiplano con su arma del cargo y sin oficio de comisión; ello propició que el capitán responsable de la seguridad del lugar tratara de impedir su ingreso. El coronel levantó un acta en la que expresaba que la conducta del comandante de custodios había sido la siguiente: "...señalándome con el dedo índice a la altura de los ojos y que por muy coronel y comandante de batallón que fuera no podía entrar armado, ni con teléfono celular..." y que a su salida le comentó: "...que él no tenía tiempo de atenderme, que se encontraba trabajando...".
Lo anterior motivó que se siguiera un proceso penal contra el capitán por el delito de insubordinación ya mencionado, proceso en relación al cual se promovió el recurso de revisión en amparo sobre el cual nos pronunciamos en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
El argumento de inconstitucionalidad planteado era que la redacción del tipo penal no era lo suficientemente clara para que se pudiera conocer qué conductas constituían delito. Así, los términos ademanes o señas -a juicio del Capitán- resultaban vagos, pues no permiten identificar claramente qué conducta es sancionable penalmente.
La respuesta que otorgó la mayoría de la Primera Sala a este planteamiento no fue, desde mi punto de vista, correcta. En primer lugar se consideró que el elemento disciplinario es de tal importancia que resultaba necesario contextualizar el delito al ámbito al que pertenece y que debía partirse de la premisa de que las Fuerzas Armadas se rigen por códigos distintos a los de la sociedad, pues una de las piedras angulares en las que se apoya el Ejército es la disciplina que deben guardar sus miembros.
Concuerdo con la mayoría en que las Fuerzas Armadas se rigen por códigos diferentes a los de la sociedad, es más, no se podría entender su función en un contexto de igualdad con las normas que rigen a los ciudadanos. No obstante, esa distinción tiene un elemento normativo de contención: los derechos fundamentales plasmados en nuestra Constitución.
Finalmente, en la resolución se determinó que la redacción del artículo 283 del Código de Justicia Militar en modo alguno produce incertidumbre o inseguridad jurídica, pues sólo significa que la insubordinación puede cometerse en formas diferentes a las ejemplificadas, para lo cual es vital que el juzgador pondere los hechos conforme a su arbitrio. En este sentido -se dijo en la sentencia-, la norma impugnada sólo busca enumerar una serie de conductas que ilustren la forma en la que puede configurarse el delito en cuestión sin tener un carácter limitativo.
Este caso refleja, desde mi perspectiva, el sesgo que puede llegar a generarse cuando los juicios están relacionados con la materia militar, pues el argumento relativo a la disciplina distorsiona el análisis que debía hacerse. Considero que la posición mayoritaria soslaya las deficiencias técnicas que presenta el tipo penal contenido en el artículo impugnado. En mi opinión la redacción del artículo 283 del Código de Justicia Militar es indeterminada en relación con la conducta que habrá de configurar el delito de insubordinación, lo que provoca incertidumbre y resulta violatorio del principio de exacta aplicación en materia penal.
La utilización de términos como "gesto" o "ademán", en la redacción del tipo penal impugnado, brinda poca certeza acerca de qué conductas actualizan la insubordinación, ya que no existe un consenso generalizado acerca de lo que es un gesto o un ademán, dejando su existencia a una valoración arbitraria de quien los resiente.
Adicionalmente, el tipo penal contenido en el Código de Justicia Militar adolece de un vicio técnico al dejar la determinación sobre la existencia de la conducta en la valoración que haga el sujeto pasivo. Es decir, es la víctima del supuesto delito quien determina la existencia de la conducta descrita en el tipo penal, pues será éste quien determine si un gesto o ademán constituye un acto que le falte al respeto y, por tanto, actualice el delito.
Las razones apuntadas me llevan a la convicción de que el artículo impugnado es inconstitucional ya que ningún tipo penal, así sea en materia militar, puede introducir conceptos vagos en su descripción, y menos aún ampliando el espectro de las conductas típicas en forma ejemplificativa e indeterminada.
En los mismos términos, me parece que el precepto impugnado incurre en una grave falta de técnica y, por ende, es violatorio de derechos fundamentales, al establecer que en la conducta se "...falte al respeto o sujeción debidos a un superior que porte sus insignias o a quien conozca o deba conocer". La redacción transcrita se traduce en imponer una exigencia inadmisible al sujeto pasivo, ya que éste sólo puede conocer como superior a quien le brinde los medios para llegar a dicho conocimiento, ya sea por medio de insignias, informes, verbalmente o cualquier otro medio suficientemente claro, mas no se le puede exigir que deba conocer a todo aquel que pueda llegar a ser su superior, prácticamente en cualquier circunstancia. El pretender que una persona con rango militar deba conocer a todos sus superiores, en cualquier tiempo y lugar, deja al eventual sujeto activo de la conducta en un estado de indefensión.
No me parece posible justificar la vaguedad e indeterminación que entrañan términos como "gesto" o "ademán" o el resto de los que hemos identificado como contrarios a la Constitución, por el solo hecho de sostener que el elemento de la disciplina convierte a la Justicia Penal Militar en una rama distinta, ya que esto no implica en manera alguna que el principio de exacta aplicación de la ley pueda ser vulnerado y trastocado por tipos penales abiertos y ejemplificativos.
El autor es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Notas:
1. El artículo impugnado dice: "Comete el delito de insubordinación el militar que con palabras, ademanes, señas, gestos o de cualquier otra manera, falte al respeto o sujeción debidos a un superior que porte sus insignias o a quien conozca o deba conocer. La insubordinación puede cometerse dentro del servicio o fuera de él".
Del autor: las presentes reflexiones derivan de las consideraciones en el voto particular formulado en el amparo en revisión 705/2010, en el que votaron por declarar la constitucionalidad del artículo impugnado los ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza y Sánchez Cordero, con el mío en contra. Agradezco la colaboración de Gabino González Santos.
De la redacción: con tres votos a favor y uno en contra del ministro Cosío Villegas, la Primera Sala negó el amparo promovido por el comandante de custodios del Penal del Altiplano.
Entrevista / Zeferino Torreblanca / 'Me voy contento, no satisfecho'
Entrevista Elecciones 2011: alianzas y gobierno. Zeferino Torreblanca: gobernador de Guerrero. El aún gobernador reniega del PRD, descalifica al PAN y augura un mal futuro para los gobiernos surgidos de alianzas entre estos dos partidos
Claudia Guerrero y Alfonso Juárez
(6 febrero 2011).- Acapulco.- Para el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, la política puede llegar a ser un mar de estiércol.
A dos meses de concluir su sexenio, el mandatario asegura que los políticos son presa fácil de las bocanadas del dinero, por lo que es un riesgo latente la infiltración del crimen organizado en los partidos y los procesos electorales.
Desde este puerto turístico, donde se concentró la primera batalla electoral del 2011, el empresario justifica que la ciudadanía acuse a los políticos de mentirosos y simuladores, ya que han convertido a los partidos en negocios que sólo buscan ganancias y utilidades para repartirse el botín.
Torreblanca condena que los institutos políticos lancen apuestas perversas y cocinen "caldos" cuyos ingredientes -afirma- ni siquiera se atreve a revelar.
Tras la elección guerrerense -caracterizada por el transfuguismo de Ángel Aguirre del PRI al PRD, la declinación de último momento del PAN, las campañas sucias y la intervención de los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México-, Torreblanca lamenta la ausencia de principios, la ductibilidad y el mimetismo.
Aunque en 2005 fue postulado por el PRD para alcanzar la gubernatura, el también ex alcalde de Acapulco afirma que ese partido se ha convertido en una agencia de colocación de tribus.
Considera que el sol azteca es dirigido por líderes nefastos y corruptos que privilegian el pragmatismo hasta el extremo y utilizan el discurso de los pobres.
"Al PRD lo construyeron los muertos y hoy reconocen a quienes los patearon. Algunos que pegaban con la izquierda comenzaron a cobrar con la derecha", afirma.
Sin decir nombres, el gobernador descalifica el cambio de camisetas que se pretende legitimar con "rayos ultravioleta", como si se pudiera borrar el pasado político de alguien.
Y también tiene calificativos para el PAN. Acepta que antes reconocía al blanquiazul por su congruencia. Hoy critica que existan candidatos capaces de declinar en el último momento, sin importar los millones que se gastaron en la campaña.
"¿Y el dinero del pueblo?", cuestiona.
El hombre al que en las elecciones municipales de 1999 le levantaron la mano tanto el panista Vicente Fox como el perredista Cuauhtémoc Cárdenas descalifica las alianzas que se están dando entre PAN y PRD.
Desde su perspectiva, la unión de partidos sólo sirve para ganar elecciones, pero no da resultados para gobernar.
¿Qué ha pasado con los principios de los partidos políticos?
Ya no hay ideales, el pragmatismo está por encima de los ideales. No hay convicciones, se han perdido; se desdibujan los ideales, los principios y hoy es retórica, es pragmatismo y es búsqueda del poder. No hay ideales.
Son S.A. de C.V. Sus accionistas se unen para lucrar o para obtener utilidades. ¿Cuál es la utilidad?, pues el reparto del botín, el reparto de los puestos. ¿Y verdaderamente en la política están los mejores hombres y las mejores mujeres? Yo aseguro que no.
Algunos no pasarían la prueba del mínimo conocimiento de política que se requiere, por eso la gran decepción del pueblo, de nosotros, por eso nos tachan de mentirosos de falsos de simuladores.
La política tiene un enorme descrédito en el país, y los partidos políticos, todos sin excepción, tienen un interés exclusivo en garantizar espacios de poder para ellos.
¿Ha fracasado el sistema de partidos, tiene que desaparecer?
El sistema de partidos tiene que renovarse. Hablo por lo de este lado, el Partido de la Revolución Democrática, si verdaderamente quiere avanzar, no puede seguir siendo una agencia de colocación de las tribus y de los grupos de presión al interior.
Hay que abrir las candidaturas ciudadanas, que no sea el oligopolio de la participación política el único elemento para poder participar si quiere que cambie el país.
Si usted no cae en la gracia de los dueños de los patentes, usted no es político.
Requerimos abrir los espacios para que participe la gente, para que no tenga que ser a través de los partidos, por eso las defecciones constantes, por eso los cambios de camisetas, por eso los pasos a través del rayo ultravioleta para purificarse, por eso el mimetismo, por eso la ductibilidad, por eso lo maleable de los principios, la retórica, la falsedad y la mentira.
Abramos la ostra, hay que dejar entrar a la ciudadanía, con reglas, porque si no cualquier vival se va a colgar para que le den lana.
Es que de la noche a la mañana de pronto deciden: declino.
Declino de la noche a la mañana, ¿y el dinero del pueblo? Ah, pues es dinero del pueblo.
Nomás de pronto me doy cuenta que yo que estaba en una posición que no me convenía y declino.
Lo que yo reconocía al PAN, podía coincidir o no con él, era su constancia, su congruencia, su respeto a sus principios e ideología.
Y hoy, de pronto, me cambio de camiseta y apoyo a un izquierdista que hace unas semanas era de otra fuerza política de la que tanto me quejé.
Es una suma de perversidades que hace un caldo que mejor no le comento con qué ingredientes.
¿Cuál es el riego de este manoseo?
El subdesarrollo que hoy vive el país en todos los ámbitos; un país tan extraordinario que siga secuestrado por una clase política, desde mi punto de vista limitada y mediocre, convenenciera y centrada en sus interés fundamentales y no los intereses de México. Ya no hay convicciones, y hablémoslo con todas sus letras, aunque no les guste.
¿Cree en el PRD?
Creo en las instituciones, creo en el ideario del PRD, creo en sus principios, creo en su orientación, creo en su origen, en sus esperanzas y sus convicciones, lo que no creo es en muchos de sus líderes que son nefastos y que son tan corruptos, tanto como los que combatieron.
Digo algunos eh, porque hay excepciones, luego me regañan algunos porque dicen "oye por qué me llevaste, me tasaste igual que todos los demás".
¿Entonces, usted qué hace en la política? ¿Fue postulado por un partido de tribus, de líderes nefastos?
El partido se ha venido descomponiendo. Yo fui tres veces candidato a la presidencia municipal de Acapulco, sin un solo quinto; el PRD tenía 5 mil votos en Acapulco, no los 185 mil que yo saqué como candidato a gobernador.
Ésa es otra: se ha venido descomponiendo; el partido hacía todo con pintas, con engrudo, con la voluntad, con la esperanza, pero fueron probando las mieles del poder, los corrompió el propio sistema.
Algunos que pegaban con la izquierda empezaron a cobrar con la derecha.
Fue un proceso de descomposición. Esos que reniegan y reniegan y de pronto los expulsan del país, hoy regresan. Y a esos que los reprimieron y los patearon, hoy los reconocen, eso es torcer la dignidad... los seres humanos van cambiando su punto de vista.
Al partido lo construimos mucha gente, aunque no les guste. El partido no era así, el partido lo construyeron los muertos del PRD, los que creían en la esperanza de Cuauhtémoc Cárdenas, los que creían en la lucha que iniciaron los de los años cincuentas.
Esa lucha de la represión que hubo, los que estaban escondidos, los que no podían opinar, pero que hoy se mimetizaron y se hicieron de pronto tan comodinos como cualquiera de los que gobiernan.
Nosotros ganamos con la fuerza de la sociedad, aunque no lo crean, y en la sociedad están muchos perredistas que hoy son usados.
Si usted es un líder que lleva una responsabilidad, ante niveles de ignorancia como los que hay en Guerrero, la gente le cree a usted, y si usted es irresponsable, si conduce mal a la gente... y es lo que hemos hecho: engañar a la gente permanentemente, utilizar el discurso de los pobres, utilizar el discurso de los que no tienen para hacer negocios pingües. Ésa es la realidad.
'Soy comunista de derecha'
A punto de dejar el poder, Torreblanca reconoce que sus críticas le cerrarán las puertas de todos los partidos políticos.
Sin embargo, asegura que no está buscando chamba.
El mandatario hace su propio análisis de cómo llegó al gobierno y las cosas con las que se encontró al llegar a él.
"Me tocó luchar. Soy un comunista de derecha, como me decía Ruiz Massieu. Venía en otras condiciones porque nací en condiciones que millones de mexicanos no nacieron y de pronto juntarme con los que estuvieron en la lucha de la guerrilla, son dos formaciones distintas.
"El poder combinar esas maneras de pensar fue muy difícil, sin embargo se pudo hacer esa transición porque lo que pusimos en el centro de discusión era la democracia.
"Aquí se requería una persona que a lo mejor tuviera más simpatía, porque posturas radicales encontradas en tesis doctrinales, fundamentalismos, no son aceptados por la población.
"Entonces, hicimos una combinación, pero, como mucha gente dice, clase media no aguanta prosperidad, yo diría que algunos que probaron el poder pues les gustó, como dice la canción, y ya nos olvidaron.
"Ellos dicen: más vale agarrarse del panal con miel a seguir otra vez al panal seco. Puedo mostrar toda la lista de los que me encontré, que se dicen luchadores sociales, que cobraban en el gobierno y hoy me tildan de insensible, pues porque no cobran".
Ante este panorama, ¿tienen futuro las alianzas?
Para el propósito de encontrar espacios políticos sí, para resolver los temas de mi país no lo creo. No pueden de pronto sentarse el agua y el aceite y decir "vamos a hacer un nuevo elíxir que va a resolver los problemas de México".
El juego del narco
Además de los vicios, ¿hay riesgos de infiltración del crimen en los partidos?
Sí, los partidos están mal, y si los partidos no son capaces de seleccionar a sus mejores hombres y mejores mujeres con un método transparente, abierto, donde se privilegia la capacidad, el conocimiento y la probidad, hay un alto riesgo de que se puedan infiltrar, porque gana el que tiene más dinero, no el que tiene más capacidad.
Gana el que tiene más dinero para poder aglutinar a los pobres, que son presa fácil de la manipulación; es un terreno fértil para los que arrojan dinero y siguen engañando a la población más humilde, pues es alto el riesgo y se da.
Por eso luego nos damos por sorprendidos de que se den estos fenómenos en los partidos políticos y de que los delincuentes quieran meter su dinero, porque saben que los políticos son fáciles presas del recurso, venga de donde venga, con tal de que generen enriquecimiento y poder, y que se cohabite de manera impune para que, como decía Lampedusa, todo cambie para que permanezca igual.
Los partidos políticos tienen la gran obligación de cuidar para que no se sigan infiltrando los dineros sucios, vengan de donde vengan, en la política, por eso hay que abrir a los partidos políticos.
En el caso de Guerrero, ¿ya está el narco infiltrado?
No lo puedo asegurar, lo que puedo decir es que a veces es muy frágil el nivel del presidente municipal, aguantar las presiones, porque no tienen los elementos; entonces, o se hacen a un lado o a veces no resisten la tentación o el temor y por eso en algunas ocasiones se ven involucrados.
Guerrero es un estado que se pelean los cárteles, ¿a usted lo buscaron?
No, al principio del gobierno recibí algunas lecturas, de alguna gente de la sociedad civil, para decir de manera indirecta que estaban buscando que yo pudiera platicar con equis, i griega o zeta; ningún nombre conocido, no quiero soslayar.
Mi respuesta invariable fue: "déjenme trabajar, yo no tengo nada que ver en eso, yo no tengo más interés que trabajar".
¿Y al final, se va satisfecho?
Me voy contento, no satisfecho. Puedo ver a la cara a cualquiera, no soy un impoluto, ni soy un monje carmelita, como dicen los contadores: soy razonablemente honesto, porque el mar de estiércol que hay a veces en la política no permite que haya impolutos.
Pero, finalmente, creo que tengo calidad moral para enfrentarme con cualquiera, para hablar con cualquiera, para no avergonzarme de mí mismo, ni que mis hijas tengan vergüenza de mí.
Conózcalo
Nombre: Zeferino Torreblanca.
Lugar y fecha de nacimiento: Guadalajara, 14 de marzo de 1954.
Estudios: contador público por el Tec de Monterrey, con estudios en finanzas y administración de empresas en el Reino Unido.
Trayectoria empresarial: miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guerrero y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
· Presidente de la Canaco-Servytur Acapulco, 1985-1986.
· Consejero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, 1986-1988.
· Coordinador de finanzas del Comité Acapulco Pro-damnificados, 1985-1986.
· Presidente del Centro Empresarial de Acapulco (Coparmex), 1987-1992.
· Miembro del Consejo Consultivo de Nacional Financiera en Guerrero, 1991-1992.
Trayectoria política: candidato externo del PRD y del Frente Cívico de Acapulco a presidente municipal de Acapulco, 1993.
· Diputado federal en la LVI Legislatura (PRD), 1994-1997.
· Candidato del PRD y del Frente Cívico de Acapulco a presidente municipal de Acapulco, 1996.
· Presidente municipal de Acapulco (postulado por el PRD y apoyado de facto por el PAN, que no postula candidato), 1999-2002.
· Diputado federal en la LIX Legislatura (PRD), 2003-2005.
· Gobernador de Guerrero (postulado por el PRD, Convergencia y PRS), 2005-2011.
· Nunca se afilió al PRD.
"Es lo que hemos hecho: engañar a la gente permanentemente, utilizar el discurso de los pobres, utilizar el discurso de los que no tienen para hacer negocios pingües. Ésa es la realidad".
'Mi hijo no es hijo de La Barbie'
Reportaje Guerra al narco y justicia. Sin saberlo, Fernando Villegas fue contratado para dar soporte a los sistemas de cómputo del capo Édgar Valdez Villarreal. La PGR lo acusa de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército y lo mantiene recluido desde hace seis meses. Sus padres afirman que es inocente
Jésica Zermeño Núñez
(6 febrero 2011).- Se llama Fernando Ernesto Villegas Álvarez. Tiene 24 años y es pasante de ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Quiere ser creador de videojuegos, por eso buscaba estudiar otra ingeniería en animación digital, en la Universidad del Valle de México, y todos los sábados asistía a clases de japonés, pues pensaba buscar en el futuro una beca de maestría en Canadá o Japón y así cumplir su sueño. Pero a mediados del año pasado se le atravesó una oferta de trabajo de soporte técnico, y hoy está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social en Perote, Veracruz, acusado de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
El principio de la historia parece común. Fernando terminó de cursar las materias de la ingeniería en la Escuela Superior de Cómputo del IPN en julio de 2009. Un mes después, en agosto, consiguió su primer trabajo en una consultoría en Naucalpan para hacer páginas web. El sueldo, 6 mil 500 pesos mensuales. Tras seis meses de trabajo, un amigo de los profesores que supervisaban su tesis de titulación -un sistema para intercambiar archivos entre dos memorias USB sin necesidad de conectarlas a la computadora- le presentó a uno de sus futuros jefes: un socio de la empresa Productos Foca, dedicada a la comercialización de dulces congelados, botanas, helados. "Productos tipo BonIce", dice su madre, María de los Ángeles Álvarez.
El recién conocido le ofreció trabajo: entraría al área de investigación de la empresa, y la paga sería mayor, 10 mil pesos mensuales, pero sin contrato ni recibos. Aceptó sin dudar. Sus padres recuerdan que quería juntar dinero para pagar la colegiatura de su segunda ingeniería.
Un año después de la contratación de su hijo en Productos Foca, sus padres todavía no entienden por qué, en su nuevo trabajo, Fernando tuvo que desarrollar una tarjeta, como la que se utiliza en los teléfonos públicos, que tuviera un chip de identificación para agilizar la entrega segura de niños en guarderías. "¿Y Productos Foca tiene una guardería?", se le pregunta a sus padres. "No. Le dijeron a Fernando que querían comercializarla en guarderías, y él se esforzó por entregar un buen producto. Él quería el trabajo", responde Fernando Daniel Villegas, su padre.
Fernando trabajó en la tarjeta inteligente y en el mantenimiento de la red de la compañía y recibió su paga semanalmente, 2 mil 500 pesos en efectivo, hasta mediados de julio de 2010, cuando uno de sus jefes lo invitó a trabajar en Acapulco un fin de semana, haciendo soporte técnico. Le prometió 10 mil pesos extra si aceptaba el trabajo. "El día martes 20 de julio de este año, estando en la oficina de Huixquilucan, Luis Barrios Urbina me pagó mi semana y comentó que un amigo de él necesitaba a alguien que reparara redes inalámbricas y que le creara correos electrónicos, que si tenía disponibilidad para viajar, a lo que le contesté que no tenía problema en hacer ese trabajo", se lee en la declaración ministerial que dio Fernando en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, en la Ciudad de México, el 30 de julio, 10 días después de la oferta laboral.
El miércoles 21 de julio Fernando abordó en Huixquilucan el Audi TT de color gris de su jefe rumbo al puerto guerrerense. El novel ingeniero no tenía idea de que esa misma noche compartiría cena con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, jefe de sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva, y que no regresaría a su casa, en Cuautitlán Izcalli.
La cena y el squash
Los padres de Fernando narran lo que pasó durante los siguientes días como si fuera una película, cronológicamente, escena tras escena, tratando de no olvidar detalles.
Fernando le envió mensajes SMS al celular de su mamá todos los días. El primer día le dijo que estaba bien, que ya había comido, que había llegado a un hotel -el Fiesta Inn de la costera-. Así durante ocho días, nada raro. El domingo 25 su madre habló con él. "Yo le dije: '¿Qué pasó? ¿Cuándo te vas a regresar? Dijiste que era el fin de semana". "¿Qué crees? No me puedo regresar, quieren que me quede a terminar el trabajo", respondió Fernando.
Ángeles no recuerda haberlo sentido nervioso, pero lo estaba. Fernando les contó después a ellos y al agente del Ministerio Público que le tomó la declaración lo que había pasado: llegó junto con su jefe al hotel y estuvieron ahí hasta la noche, cuando salieron a dar una vuelta a la plaza comercial La Isla. Ahí llegaron a su encuentro tres sujetos que viajaban en un auto Mazda color plata. Luis Barrios y él se subieron al auto. Hicieron una parada en un hotel, donde se bajaron los tres sujetos desconocidos y, tras un rato, sólo regresó el que iba manejando. Otros abordaron otro vehículo, blanco, y todos se pusieron en marcha nuevamente. Llegaron a una zona residencial de torres con departamentos. Estacionaron ambos vehículos y subieron por el elevador de una de ellas, hasta el piso ocho. Entraron a un departamento donde había cuatro personas comiendo en la cocina. Fernando saludó.
"Luego Luis y yo nos pasamos a la sala, la persona que nos llevó, y que supe que se llama Aron (sic) porque así le decían en el departamento, se le acercó a quien después supe que era La Barbie, y le dijo que yo era el chico que venía a ver lo de las redes inalámbricas. Entonces La Barbie cerró su computadora, y me la pasó para ver cuál era el problema que había, yo no detecté que hubiera problema en la máquina pero sí en el módem porque no estaba emitiendo ninguna señal inalámbrica", declaró Fernando ante el MP.
Aarón Arturo Ginez Becerril, contador de La Barbie, fue abatido por la Policía Federal el 30 de agosto, tras una persecución frente a Perisur. Quedó tendido sobre Periférico afuera de su vehículo, un Mazda color plata. Ese mismo día, La Barbie fue detenido por la Policía Federal en el estado de México.
La noche del 21 de julio, los anfitriones invitaron a Fernando y a Luis Barrios a cenar y, tras la cena, su jefe y los demás se fueron a jugar squash. Fernando se quedó revisando las redes. Tres horas después, cuando regresaron de jugar, La Barbie le dijo a Fernando que tenía problemas con su Skype. Lo solucionó. Fernando y su jefe salieron del departamento a las tres de la mañana del jueves 22.
Esa misma noche, al llegar al Fiesta Inn, su jefe le informó a Fernando con quién habían estado. "Luis Barrios me dijo que si yo sabía con quién estaba tratando, a lo que le contesté que no sabía, él me dijo que a qué narcos conocía y qué había escuchado hablar de ellos, yo le dije que había escuchado hablar de El Chapo y de La Barbie, diciéndome que acabábamos de estar con La Barbie, yo le dije que no tenía idea de quién era", se lee en su declaración.
Ángeles recuerda cómo le contó su hijo lo que vino después. "Su jefe lo deja el viernes (en Acapulco), porque se regresó a la Ciudad de México. 'Oye, yo mejor me regreso contigo', le dijo Fernando. Él dijo 'No, no te puedes regresar. Ya te comprometiste a trabajar con el señor y te tienes que quedar hasta terminar el trabajo'. Ahí es donde yo sola hice mis conclusiones, que por eso no nos dijo en los mensajes, porque se sintió amenazado", explica.
Con su padre, Fernando fue más claro: "Papá, si yo te hubiera dicho para quién estaba trabajando hubieras armado una bronca de la patada. Y una de dos, o yo los estuviera velando, llevándoles flores al panteón, o ustedes me estarían velando, llevándome flores al panteón a mí, o en su defecto a ver quién nos llevaba flores a todos al panteón".
La computadora y la granada
Fernando trabajó para ellos hasta su detención, el jueves 29. Nunca estuvo solo. Su jefe lo acompañó hasta el viernes 23, cuando se regresó a la Ciudad de México, y no le permitió separarse de él. Una noche, incluso, el joven relata que lo acompañó a varios tables dances donde Luis Barrios vio a varias personas, todas desconocidas para él. "Me contó que trataba de verse tranquilo, como si nada pasara, porque le había prometido que se podía ir el martes, y él no quería problemas", cuenta Ángeles.
Los siguientes días trabajó en otro departamento y una casa, ubicada en el Fraccionamiento Brisas del Marqués. Sus acompañantes fueron los choferes de los narcotraficantes. No podía salir solo, ni al cibercafé ni a hacer una llamada ni a nada. "Que te acompañe alguno", le decían siempre. La Barbie le pidió que creara cuentas de correo electrónico para varios sujetos, que arreglara el módem, que le instalara Skype en la nueva compu de "su compadre", quien le preguntó a Édgar Valdez si Fernando no era su hijo, porque se parecían mucho, pues el joven es alto (
También conoció a la que, dice, era la esposa de La Barbie, Priscila, a su cocinero, a su masajista. Incluso vio cómo le inyectaban vitamina B al narcotraficante una noche, según su declaración. En la casa había niños, nanas. Fernando les dijo después a sus padres que eso le daba tranquilidad. Mientras su hijo pedía que lo dejaran irse, que tenía trabajo en México, su madre recibía llamadas y noticias de su hijo como si nada pasara.
Así fue como llegó la madrugada del 29, ocho días después de su llegada al puerto. La Policía Federal irrumpió a la medianoche en la casa. Detuvo a gente de limpieza, al cocinero, a él. No detuvo a las mujeres, entre ellas Priscila. Fernando le contó a sus padres que era claro a quién buscaban. "Venimos por aquél, por tu papá, ¿dónde está güero?". Fernando aclaró que La Barbie no era su papá y que no estaba en la casa. Los ayudó en todo lo que pudo. Los llevó al otro departamento donde había trabajado, pues guardaba la dirección en el GPS de su celular. Les contó a sus padres que abrió su computadora enfrente de los federales y enseñó todos sus archivos, abrió su Facebook, su Hi5. Los policías federales se quedaron con la laptop.
"Ellos nunca entregaron esa computadora al Ministerio Público y el agente del MP me dijo 'Señora, yo ya le dije que aquí no está la computadora. Eso es botín de guerra'. Lo que a mí más me interesa es recuperar la libertad de mi hijo. Pero no se vale que sean tan abusivos con las cosas materiales. Su computadora, su licencia de manejo, sus credenciales de las escuelas de inglés, de japonés, del Sport City, su tarjeta del Tren Suburbano, del Metro, su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, que era adicional de la mía. Todos esos documentos, ¿dónde están? ¿Quién se los quedó? La computadora es una prueba fuerte a favor de mi hijo, y yo puedo comprobar cómo la compré a meses sin intereses en Fábricas de Francia, con mi tarjeta de crédito Bancomer", dice su madre. Ahora tiene miedo de que esa documentación y la información de la computadora sean utilizadas en otro ilícito, para incriminar a su hijo.
Los policías trasladaron a Fernando a un cuartel de la Policía Federal, lo mantuvieron hincado por horas, semidesnudo, hasta que las rodillas le sangraron. "Él perdió la noción. Puede ser que haya sido más de un día, porque estuvo hincado con los ojos vendados, con las manos atadas a la espalda", cuenta Ángeles. Fue ahí cuando le tomaron su declaración, mientras escuchaba los gritos de dolor de los otros tres detenidos, a los que sí golpearon. A uno, incluso, le dieron toques eléctricos en la boca. Mientras, Fernando declaró lo que pudo. Les confesó después a sus padres que estaba aterrado, que ni siquiera recordaba qué había dicho, por lo que solicitó una ampliación de la declaración.
Fernando les contó a sus padres que, al ver que estaba limpio, uno de los policías pidió soltarlo. Pero otro le jugó una treta. Le desamarró las manos y, con los ojos vendados, le ordenó a Fernando que reconociera un objeto sólo con el tacto. Le dijo que si lo lograba, lo dejarían libre. El joven tocó y tocó, pero no supo que lo que estaba en sus manos era una granada de fragmentación de uso exclusivo del Ejército. El artefacto quedó cubierto con sus huellas digitales.
Los uniformados declararon ante el Ministerio Público que habían detenido a Fernando junto con otros tres sujetos en una camioneta BMW X5 de color gris, blindada, con placas de circulación MFH 8025 del estado de México, que viajaba a exceso de velocidad y sin precaución alguna, y que Fernando tenía en su mano derecha una granada. Dijeron también que el joven les había confesado que trabajaba con La Barbie desde hace meses en el mantenimiento de su equipo de cómputo y que el narcotraficante le había prometido días atrás un sueldo de 2 mil dólares mensuales.
En espera de juicio
Fernando Villegas y Ángeles Álvarez dejaron de recibir mensajes y llamadas de su hijo el 29 de julio. Ese mismo día llamaron a su jefe, Luis Barrios. Nunca les contestó el teléfono. Un día después, otro de los socios de Productos Foca, Luis Landgrave, sí respondió, y les dijo algo que los puso a temblar: Fernando había pedido una semana en la empresa para irse de vacaciones a Acapulco. Landgrave no sabía nada de ningún trabajo con la empresa. Aseguran que Landgrave les mintió.
Preocupados, comenzaban a hacer planes para viajar a Acapulco, para buscar a su hijo donde fuera necesario. Estaban desesperados. Pero el sábado 31 recibieron una llamada de Fernando que les aclaró el panorama. "Nos dijo 'Hubo una redada en Acapulco y estoy detenido'. '¿Pero por qué? ¿Qué hiciste?', 'No tengo mucho tiempo para hablar. Tienen que ir a la PGR, a Reforma número tal, y ahí pregunten qué tienen que hacer para que me puedan ver. Yo estoy en la casa de arraigo de la colonia Doctores'", relata su mamá, "pero era fin de semana y no pudimos hacer nada hasta el lunes".
Lo pudieron ver hasta el martes 3 de agosto. El 2 aprovecharon para interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando vieron a su hijo y descubrieron que sus rodillas estaban "deshechas" pidieron que un médico de la Comisión lo viera, para certificar sus lesiones. Sin embargo, como éstas no eran letales y sanarían antes de 15 días les dijeron que no podían hacer nada más.
Poco a poco Fernando y Ángeles se enterarían de lo ocurrido las últimas semanas. Intentaron contratar a un abogado, pero no pudieron pagar los 350 mil pesos que pedía, pues ambos son pensionados del IMSS. Hoy un abogado de oficio defiende a su hijo. "Nunca he visto tanto dinero junto. Si mi hijo fuera el hijo de La Barbie, ¿a poco no iba a tener para un abogado?", dice Ángeles.
Tras dos periodos de arraigo en la Ciudad de México, el 15 de octubre fue trasladado al penal federal de Xalapa, Veracruz, no tan saturado como los otros penales federales. Ahí, en ese juzgado, cinco días después, se abstuvo de hacer su declaración preparatoria ante las inconsistencias en las declaraciones de los policías y pidió un careo con los federales con el apoyo de un polígrafo, el cual debió realizarse el pasado 26 de octubre. Sin embargo, los agentes no asistieron, excusándose en la falta de recursos económicos para trasladarse a Veracruz. El 27 se giró la orden de aprehensión en su contra, la cual Fernando inmediatamente apeló.
El juez volvió a solicitar el careo que, en teoría, se realizará el próximo 23 de marzo.
Después de la primera audiencia en Xalapa, Ángeles preguntó al abogado cómo veía el caso de su hijo. Le contestó que su único error había sido trabajar para alguien que no conocía, por necesidad.
"Precisamente por esa misma fecha, el Secretario de Economía (Bruno Ferrari) hizo una declaración pública acerca de que empleos en México sí hay, lo que pasa es que los jóvenes no saben buscar, a raíz de los ninis, que ni estudian ni trabajan. Lo que le pasó a Fernando no hubiera pasado si lo que dijo el secretario fuera verdad.
"Lo que queremos es su libertad y que limpien el nombre de Fernando. Con esto ya le echaron a perder la vida. ¿En dónde lo van a aceptar para trabajar? ¿En dónde lo van a aceptar para estudiar?", sentencia Ángeles.
Fernando y Ángeles esperan que se lleve a cabo el careo, para que se aclare el paradero de la computadora de su hijo, prueba clave de su inocencia. Mientras, Fernando ya encontró una ocupación: ayudar en la organización del material de la biblioteca del penal. Los videojuegos tendrán que esperar.
"Papá, si yo te hubiera dicho para quién estaba trabajando, una de dos, o yo los estuviera velando, llevándoles flores al panteón, o ustedes me estarían velando, llevándome flores al panteón a mí, o en su defecto a ver quién nos llevaba flores a todos".
Versión oficial
Comunicado de la PGR, del 2 de agosto del 2010, en el que informa sobre el arraigo de Fernando Ernesto Villegas y otros supuestos cómplices de "La Barbie".
La cultura política
(6 febrero 2011).- Téngalo presente
Democracia y ciudadanía. Seminario con Michelangelo Bovero, José Woldenberg, Lorenzo Córdova, María del Carmen Alanís, entre otros. Martes 8 y miércoles 9, 9:00 horas. Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Alcanfores y San Juan Totoltepec s/n, Santa Cruz Acatlán, Naucalpan, Edomex. Informes: 5623 1775. Programa: http://bit.ly/ez4rWr.
Cine
Ambulante 2011. Gira de documentales. Exhibición de más de 50 filmes, talleres y mesas redondas en 12 ciudades del país. Destaca el ciclo Enfoque, dedicado este año a los mercados negros en México y el mundo: drogadicción infantil, esclavitud, migración, piratería, capos del narcotráfico, entre otras temáticas. Distintas sedes. Programa: http://bit.ly/fm0n4P.
Conferencias
La nuclearización de la península coreana: estrategias y escenarios para la administración Obama. José Luis León Manríquez. Martes 8, 11:00 horas. Sala de seminarios del CISAN, Torre II de Humanidades, piso 7, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.
Presupuestos participativos y modernización de los servicios públicos: una visión global. Yves Sintomer. Hugo Concha Cantú, David Recondo y Lourdes Morales. Martes 8, 17:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
La experiencia de Brasil con China. Sergio Augusto de Abreu e Lima Florencio Sobrinho. Miércoles 9, 10:00 horas. Sala Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 2195.
Efectos en la opinión pública de acusaciones de fraude electoral. Salvador Vázquez del Mercado y Francisco Javier Aparicio Castillo. Miércoles 9, 13:00 horas. Sala 1 del Centro de Información y Biblioteca del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
Las obligaciones internacionales de México respecto de las desapariciones forzadas. Santiago Corcuera Cabezut. Jueves 10, 18:00 horas. Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Río Magdalena 108, Tizapán. Informes: 5616 8692 ext. 5219.
Convocatorias
Diplomado en Teoría de la guerra y seguridad nacional. Invitan la FCPyS de la UNAM y el Colegio Nacional de Doctores en Administración y Ciencias de la Administración. Inicio: 12 de febrero. Informes: 5622 9470 ext. 1051.
Maestría y doctorado en antropología. Convocan la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Límite de recepción de documentos: 14 de febrero. Informes: 5622 9652 y http://bit.ly/ih7eUZ Instituciones de derecho comunitario europeo. Diplomado a cargo de la FES Acatlán. Con el reconocimiento del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Inicio: 18 de febrero. Informes: 5623 1560, 5623 1656, peceacatlan.com Diplomado en comunicación política. Invita el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Inicia 25 de febrero. Informes: 5622 7400 ext. 256.
Diplomado en políticas públicas y género. Semipresencial. Invita la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Diplomado con opción a especialidad y maestría. Cierre de registro: 28 de febrero. Informes: 3000 0200 ext. 362, http://bit.ly/a3DQ4J.
Licenciaturas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Abierta la convocatoria antropología física, antropología social, arqueología, etnohistoria, etnología, lingüística e historia. Fecha límite de registro: 6 de marzo. Informes: 5666 3228, 5606 1758 ext. 243 y http://bit.ly/SST0z.
Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales. Dirigido a investigadores y académicos. Invita el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Límite de recepción de documentos: 31 de mayo. Informes: 5665 4068 y http://bit.ly/fxItNX.
Exposiciones
México al filo. Pinturas, grabados, videos, dibujos, esculturas en bronce y figuras encapsuladas en acrílico de Emiliano Gironella sobre la violencia y el consumo de estupefacientes. Espacio Cultural de la Universidad Iberoamericana. Prol. Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4197.
Internet
Fondo digital histórico. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM pone a disposición del público algunas de las obras de su fondo reservado en formato PDF. En línea: http://bit.ly/gxYXGN.
Libros
200 años de administración pública en México. Base legal y programática. Tomo I coordinado por Diego Valadés y Daniel Márquez Gómez. INAP. Colección de textos en torno al proceso evolutivo de la idea de República en México.
Cómo salir de la crisis crónica de Marconi Osorio. JON. El autor analiza el entorno de la crisis económica en México y propone medidas específicas para salir a flote.
En busca de la política de Zygmunt Bauman. FCE. El investigador polaco analiza el mundo globalizado. Describe como principal característica su incertidumbre y la dificultad para socializar, a pesar de las posibles conexiones que ha facilitado la tecnología, y diserta sobre las consecuencias de estos fenómenos para la discusión de lo público, de la política.
Felicidad y dolor: una mirada ética de Rogeli Armengol. Ariel. Al afirmar que la felicidad es la ausencia del dolor y que sólo en una sociedad democrática es plausible el bienestar, el autor establece un diálogo con la tradición y el presente, la historia y la ética.
Fuego cruzado de Marcela Turati. Grijalbo. Colección de crónicas y reportajes con los que la autora busca dar rostro a las víctimas de la guerra anticrimen. Niños, mujeres, hombres, viudas, familias en la indigencia, desaparecidos, pueblos exiliados, jóvenes y campesinos reclutados por el crimen organizado, entre otros damnificados.
La invención de la transparencia de Juan Francisco Escobedo. Miguel Ángel Porrúa. El autor analiza los alcances y limitaciones de las normas relacionadas con el derecho a la información pública en México, así como sobre el proceso simultáneo que propició la invención de la transparencia y su difusión en la vida pública de México.
Revistas
Alcaldes de México. No. 12. Reportaje sobre el déficit de médicos en los ayuntamientos del país por carencias económicas y falta de seguridad. Análisis de las insuficiencias del Seguro Popular. Revisión de las causas por las que los municipios son las instancias con mayor retraso en la adopción de transparencia.
Dfensor. No. 1. Año IX. Órgano de difusión de la CDHDF. Mario Alfredo Hernández y Julieta Morales analizan las condiciones que obstaculizan el goce y ejercicio de los derechos de las personas que ejercen la prostitución. Marta Torres Falcón examina la violencia de género implícita en la prostitución, donde los abusos recaen en las mujeres.
Este País. No. 238. John Cornwell reflexiona si hay remedio ante la visión de la realización personal a partir del dinero. Alejandro Moreno analiza la devaluación de la democracia mexicana, de acuerdo con los resultados del Latinobarómetro 2010.
Nexos. No. 397. Resultados del estudio titulado "El mexicano ahorita: Retrato de un liberal salvaje", que revela a un sujeto individualista, desconfiado del Estado, que no reconoce otro derecho que el de resolver su vida con los medios a su alcance, perjudique o no a su comunidad y a su país. Claudio Lomnitz, Ana Laura Magaloni y Antonio Azuela examinan el ensayo "La muerte tiene permiso" de Fernando Escalante. Alejandro Poiré ofrece su visión de la violencia en México.
Trabajo y democracia hoy. No. 111. Antonio Gutiérrez Castro analiza los conflictos laborales durante el mandato de Felipe Calderón. Pedro S. Villegas Rojas examina la propuesta de reforma laboral priista.
Voz y Voto. No. 216. Jorge Alcocer V. conversa con María del Carmen Alanís y Leonardo Valdés en torno al panorama electoral rumbo al 2012. Beatriz Paredes y Gustavo Madero reflexionan en torno a los pendientes del PRI y el PAN, respectivamente. Bitácora del estado de México frente a su elección de gobernador.
Seminarios
Corrupción y lavado de dinero. Jorge F. Malen Seña, Jesús Fernández Wilburn, José Alberto Balbuena, Javier Fernández Teruelo. Eduardo Fabián Caparrós. Miércoles 9, 9:00 horas. Patio Central del Senado de la República. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5345 3166.
Reforma constitucional y derechos humanos: un nuevo modelo. Jorge Carpizo, Jesús Orozco Henríquez, Miguel Carbonell, Emilio Álvarez Icaza, Luis González Placencia, José Luis Soberanes, Ricardo Sepúlveda, Lorenzo Córdova, entre otros. Martes 8 y miércoles 9, 9:30 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1788
“Era mejor darles un balazo”
J. Jesús Esquivel
Charles Bowden, escritor y periodista especializado en temas de narcotráfico y autor del libro La ciudad del crimen, entrevistó durante cinco días a un sicario mexicano. Las conversaciones fueron registradas por el cineasta italiano Gianfranco Rosi. El resultado es el documental El sicario, room 164, que ya se ha proyectado en Europa, que será visto este mes en Nueva York y que nadie en México se atreve a distribuir. Bowden entregó a Proceso una copia del filme, en el que el matón arrepentido cuenta hasta los detalles más grotescos de los crímenes que cometió.
WASHINGTON.-“Recuerdo que una vez nos envían de México para acá, a Estados Unidos, a otro compañero y a mí a hacer el trabajo, a levantar a un individuo. La orden era levantarlo y tenerlo y vinimos para acá, a este motel, y estuvimos en esta habitación. Él estuvo ahí –señala hacia la tina del baño– tres días, que fueron los tres días de tortura que le estuvimos dando.”
Así comienza el documental El sicario, room 164 cuyo protagonista –a sueldo de un cártel mexicano– revela cómo empezó su carrera en el asesinato, la tortura, el secuestro y el tráfico de drogas; detalla las formas de operar del crimen organizado y habla del alto nivel de corrupción que permea todos los niveles de gobierno en México.
Se trata de un documental de 77 minutos producido por Venezia Cinema 2010, Orizzonti-Competition, Robofilms, Les Films d’Ici, en asociación con Arte France-La Lucarne. Se realizó durante los cinco días de entrevista que el sicario le dio al escritor y periodista estadunidense Charles Bowden y al cineasta italiano Gianfranco Rosi.
“Durante el tiempo que estuvo aquí –sigue su relato– la orden fue mantenerlo; ya de ahí no sabemos qué haya pasado. La mayoría de las veces, aunque hayan pagado el dinero que debían, aunque hayan pagado el delito que tenían, mueren.
“No hay fronteras para el narco. Ni en México ni en Estados Unidos,ni en Colombia ni en Costa Rica ni en El Salvador. El narco puede comprar todo, paga policías, paga aduanas, paga migración. ¿Qué tan difícil es, si mueven y mueven toneladas de drogas, mover a una persona?”
El escenario del documental es la habitación 164 de un motel en algún punto de la frontera de Estados Unidos con México. El asesino, alto, corpulento, vestido de negro, tiene el acento de los oriundos de Chihuahua. Antes de hablar frente a las cámaras se colocó una doble capucha negra para ocultar su rostro. Antes de describir su “vida profesional como sicario” se miró al espejo para asegurarse de que la capucha no revelara ni un rasgo de su cara.
“Te voy a relatar 20 años de mi vida... 20 años de mi vida dedicados al servicio del narcotráfico, del cártel”, dice al arranque de la primera parte del documental.
Las manos del asesino
“Cuando veas el filme fíjate en un detalle: en las manos del sicario y en lo que hace durante toda la entrevista”, le dijo Bowden a este reportero cuando le entregó una copia del documental, que ya fue exhibido en varias salas europeas. En México, no. Según el autor del libro La ciudad del crimen, dos casas productoras se han negado a presentarlo al público mexicano.
Las manos del matón son grandes, fuertes y no dejan de moverse durante todo el documental. Para aquietarlas siempre las mantiene ocupadas: con un plumón negro y un cuaderno de dibujo. “El sicario dibuja cada una de sus narraciones. Era especialista en estrangular con las manos. Ni siquiera recuerda a cuántas personas mató. O tal vez lo está olvidando a propósito”, comenta Bowden.
El asesino afirma que en México hay muchos mitos respecto al trabajo de las personas que sirven a los cárteles del narcotráfico; por ejemplo, dice que “un verdadero sicario profesional” es el que de un solo golpe, cuchillada o disparo elimina a una persona. “Cuando un sicario es un profesional no hace lo que cualquier imitador”, comenta mientras dibuja un automóvil en el cuaderno.
“Este es un carro, el objetivo va manejando y hay que matarlo; un imitador hace esto –con el plumón marca varios puntos sobre el dibujo del auto en alusión a ráfagas de bala dispersas–: escupe todo el carro”, explica.
Da vuelta a la página del cuaderno para dibujar otro automóvil: “Cuando un sicario trabaja y tiene un objetivo y va manejando, y este es el objetivo, son dos formas muy sencillas. Hace un círculo aquí, donde está la manija del carro, o hace un círculo en el vidrio, donde está la cabeza del objetivo. Ese es un sicario, los demás son imitadores”.
El sicario profesional, prosigue, es alguien que se mantiene en el anonimato, no le gusta ni debe ser identificado con la espectacularidad de su obra. “Puede estar en un parque jugando beisbol con sus hijos como puede estar en una junta, en un cabildo de la alcaldía de una ciudad”.
Educados
La profesionalización de un sicario, hasta su educación universitaria en la mayoría de los casos, es una inversión que hacen los jefes de los cárteles de la droga para contar con asesinos efectivos, discretos y dispuestos en cualquier punto de la frontera, en México, en Estados Unidos o en cualquier otro país.
Cuenta que entró al crimen organizado cuando estudiaba la secundaria. Sin revelar quién lo reclutó, sostiene que lo buscaron para pasar carros de México a Estados Unidos y después a la inversa. Que nunca vio lo que llevaba en los autos, en la cajuela o en compartimientos secretos, aunque se imagina que eran drogas y dinero.
Le pagaban con dólares, con los coches que le dejaban para manejar el tiempo que quisiera, con casas donde siempre había mujeres, con alcohol, drogas y con armas de todo tipo. Esa labor la ejerció tres años.
“Cuando estaba en el cuarto semestre de la universidad, por medio de allegados y conocidos arreglé para entrar a la policía”, relata al explicar la transformación de “pasacarros” a la de asesino profesional para un cártel.
En la academia de policía le pedían ser mayor de edad, tener la cartilla del servicio militar liberada, de preferencia estar casado, pasar el antidoping y un examen físico. Sostiene que no tenía la mayoría de edad, que no pasó el antidoping y lo único que aprobó fue el examen físico. Pero “como iba recomendado”, fue aceptado.
“Desgraciadamente las academias en México –de policía especial, policía investigadora, policía militar o el Ejército– han servido para que el narco use a toda esta gente (...) por eso es que a toda persona que pasó por una academia el narco lo recluta fácilmente. Con esto el narco no va a batallar en enseñarle a usar un arma, a manejar un carro, a vigilar, cómo leer unas placas, en enseñarlo cómo ver a un persona y que no se le olvide la cara de la persona”, subraya.
De su generación se graduaron 200 policías. “Chihuahua es grande: Juárez, Villa Ahumada, Parral, Camargo, Delicias, Ojinaga, y colindamos con Sonora y Durango. De esos 200 egresados 50 ya están pagados por el narco; o sea, 150 se van a repartir en las plazas de todo el estado. Pero los otros 50 también son repartidos en el estado: 25 se quedan en Juárez, cinco en Chihuahua, cinco en Parral, cinco en Ojinaga y así.
“Hacen una distribución de tal forma que cuando se les ofrecía pasar droga de Sonora o de Durango, en las entradas al estado siempre había alguien ya comprometido con ellos para poder circular libremente. Muchas veces se usaron las unidades de la policía para transportar la droga”. La clave, añade, es decir siempre que “la droga ya está bendecida”.
Los sicarios profesionales son los encargados de “levantar gente” que le debe dinero al cártel o que ya se cambió de bando (entre éstos, policías, militares, informantes o amantes de los capos), y en algunos casos deben enterrar gente.
Al hablar de la corrupción gubernamental por narcotráfico, dibuja un diagrama en el que pone en la parte superior la Presidencia de la República, a los gobiernos estatales en los extremos y en la parte inferior a los secretarios de Estado.
“No te puedo asegurar que el Presidente, pero la gente debajo de él... ya está comprada por el narco. Tan es así que existen casas de seguridad en todo México (...) donde tanto el Poder Judicial federal como los gobernantes y hasta la Secretaría de Gobernación –que sería el brazo fuerte del Presidente de la República– tienen conocimiento de que hay gente enterrada. No uno, dos, tres ni cuatro; hay más de 300, 400 personas”, explica.
Casas llenas de muertos
El protagonista del documental sostiene que en Chihuahua se perpetran decenas de secuestros, y considera que de todas las personas plagiadas sólo cinco o seis son encontradas con vida. Incluso asegura que sabe dónde hay varias de esas casas en las que están enterradas cientos de personas.
Revela que las narcofosas que son “supuestamente localizadas por las policías mexicanas” son casas de seguridad donde han sido enterrados informantes del FBI o de la DEA y que son localizados porque las agencias estadunidenses les colocan “un chip en el cuerpo”, que es muy fácil de ubicar por medio del sistema de localización satelital o GPS.
El documental podría ser calificado por algunas personas como un manual para aprender técnicas de tortura, secuestro o asesinato, porque el sicario explica cómo los cárteles del narcotráfico practican esas actividades.
Hasta en sus dibujos, por ejemplo, expone cómo deben ubicarse sobre toda una cuadra las patrullas que colaboran para secuestrar o levantar a una persona, y explica la logística que se le pide al director de la policía.
Para darle un poco de movimiento al documental los productores intercalan algunas tomas de las calles de Ciudad Juárez y de las fachadas de algunas casas de seguridad. Lo inquietante es la calma con la que el matón narra las técnicas de tortura. Incluso recrea algunos de los casos, revive los diálogos con la víctima y de ésta con los victimarios:
“Todo desnudo se le pone una manta, se le rocía gasolina o alcohol a la manta y se le prende fuego; en cuanto arde se le da el jalón a la manta y se trae hasta tres capas de piel. Queda descubierta la espalda de la persona (...) se le echa un litro de alcohol... el sufrimiento es enorme. Formas de interrogatorio que no se imagina.
“Es feo ver torturar a una mujer; es feo ver cómo son ultrajadas porque no hay escrúpulos para eso. No es lo mismo con un hombre… no es lo mismo ver a una mujer sufriendo, pidiendo clemencia, verla ultrajada no por una, sino cuatro, cinco o seis, siete personas, y después de eso hacerla sufrir lo suficiente para que quede inconsciente y al último pues... era mejor darles un balazo.
“Uno va aprendiendo las formas en que el cártel o los cárteles dejan los mensajes, de cómo dejan un cuerpo. Las órdenes son: ‘Tíralo boca arriba’. Es un mensaje. ‘Tíralo boca abajo’. Es otro mensaje. ‘Córtale un dedo y pónselo en la boca’. Mensaje. ‘Córtale un dedo, introdúcelo por el ano’. Mensaje. ‘Sácale los ojos, córtale la lengua’ (...) uno recibe las órdenes y se acatan.”
Hay excepciones, dice. Personas a las que no se tortura, se les ejecuta rápidamente, dependiendo del deseo del “patrón”. En otro de sus relatos cuenta que no todas las personas que eliminan los sicarios profesionales están metidas en el narcotráfico.
Platica el caso de unos 45 robacarros de Ciudad Juárez que estaban dándole problemas de imagen a las autoridades del estado; éstas le pidieron al cártel que los levantara, lo cual coincidió con la pérdida de 3 mil kilos de cocaína. El patrón dio la orden de que durante 30 días no se vendiera “ni una grapa”, pero unos 70 narcomenudistas no cumplieron la orden. Se les ubicó, se les levantó y se les ejecutó junto a los robacarros.
En esa ejecución masiva no sólo participaron los asesinos del cártel: el sicario dice que se formó un grupo de unos 800 asesinos y policías municipales, estatales y federales para cumplir la orden.
“Recuerdo una ocasión: se calentaban tambos de
En la última parte del documental El sicario, room 164, el matón explica su transformación “de la vida loca” a la de un predicador del cristianismo.
Narra a grandes rasgos los motivos que lo llevaron a dejar la vía de la muerte después de que, por cuestiones que ni él mismo se explica, decidió dejar de fumar, de consumir drogas o alcohol, lo que le produjo un cambio de actitud que dentro del cártel vieron como amenaza.
Decidieron eliminarlo…
Pero escapó de sus captores porque no eran como él, profesionales. Junto con su esposa y su hija huyó. Por su cabeza el cártel ofrece 250 mil dólares.
El sicario, room 164, según sus distribuidores, será presentado este mes en el Lincoln Center de Nueva York como parte de la exhibición Film Comments Series.
La reseña del documental se hizo con la autorización de Charles Bowden, quien además adelantó a Proceso que en las próximas semanas, en México, Estados Unidos y varios países de Europa saldrá a la venta la biografía autorizada El sicario.
El país, al borde del “salvese quien pueda”
Jorge Carrasco Araizaga
Durante cuatro años, desde que declaró la guerra contra los cárteles de la droga, el gobierno de Felipe Calderón ha sido incapaz de proteger vidas y bienes de los habitantes de este país. Lejos de ello, los ha colocado en una situación de indefensión ante la violencia que ejercen tanto las bandas del crimen organizado como las corporaciones –policías, Ejército y Marina- presuntamente encargadas de combatirlas. En el marco de los estallidos de violencia exacerbada, con toma de calles y suspensión de actividades en estados como Zacatecas, Nuevo León y Jalisco, el politólogo e investigador jurídico Lorenzo Córdova Vianello no duda en emitir un severo diagnóstico: México vive en un “estado de excepción de facto” –al filo de la tentación de suspensión de garantías– al que se trata de legalizar a toda costa…
La presencia de los efectivos del Ejército y de la Marina fuera de sus cuarteles pasó de ser excepcional a cotidiana. Si en un Estado democrático tal medida está prevista de manera temporal, en México la incertidumbre sobre el tiempo en que los militares se quedarán en las calles denota un ejercicio autoritario del poder que tiene en crisis a la democracia constitucional.
Desde esa perspectiva, Lorenzo Córdova Vianello, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que en los últimos cuatro años México ha vivido una “situación excepcional de facto” que se pretende remediar mediante una reforma a la Ley de Seguridad Nacional “para cubrir lo que ya se hizo”.
En el periodo ordinario de sesiones del Congreso, iniciado el martes 1, la Cámara de Diputados prevé además reformar el artículo 29 de la Constitución con el propósito de regular el estado de excepción, ante la eventualidad de que se tengan que suspender las garantías individuales para enfrentar a la delincuencia organizada.
Si la suspensión de garantías se aplicara tal y como está en el ordenamiento, se daría carta abierta para una mayor violación a los derechos humanos sin que el Ejecutivo tenga la obligación legal de rendir cuentas, advierte el especialista en derecho constitucional.
Entrevistado en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde es profesor de teoría constitucional y teoría del Estado, el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores asegura que la intensidad del problema delictivo en México es de tal magnitud que pondría en crisis a cualquier Estado. Pero aquí, dice, se ha pretendido enfrentar la crisis de inseguridad a partir de “pulsiones autoritarias”.
El problema se ha agravado porque el autoritarismo empezó a permear en las leyes y en la sociedad, que está dispuesta a renunciar a sus derechos a cambio de seguridad, incluso a aceptar estados de excepción sin estar regulados y a imponerse a sí misma medidas en la lógica del “sálvese quien pueda”, advierte.
Cuando la sociedad asume que lo extraordinario es lo cotidiano, como la presencia de militares en las calles de cualquier ciudad, estamos ya en un terreno del ejercicio de la mano dura, del ejercicio de un poder público que no respeta los derechos, que no los ve como una frontera infranqueable, asegura.
Autoritarismo
Cuidadoso para evitar “estridencias”, se refugia en la teoría política para explicar el carácter autoritario de las medidas tomadas por el actual gobierno ante la crisis de inseguridad, pero no elude referirse al “estado de excepción de facto” que ha vivido México en el gobierno de Felipe Calderón.
Asegura que utilizar a las Fuerzas Armadas para funciones de policía es una medida extrema en cualquier Estado democrático, pero en el caso de México “es preocupante cuando la lógica del regreso a sus cuarteles ni siquiera está en el horizonte cercano. La excepción se ha vuelto ordinaria”.
Explica: “Toda democracia constitucional supone o acepta alguna situación con medidas excepcionales. Eso ha acompañado la historia del Estado desde que no era democrático, desde la República Romana, en la que incluso estaban reguladas y acotadas por el Senado. La temporalidad de los poderes extraordinarios y casi absolutos que se le daban a la magistratura romana para enfrentar estados de excepción era lo que la distinguía de la tiranía.
“Pero cuando las medidas excepcionales se vuelven lo ordinario, estamos ante una crisis del Estado constitucional democrático de derecho”, afirma.
Investigador en asuntos de derecho constitucional, gobernabilidad, reforma electoral y sistemas electorales y sistemas de partidos, Córdova Vianello dice que la idea de aplicar en México el estado de excepción es una eventualidad que debe considerarse ante la complicación del problema de inseguridad, pero de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por México para salvaguardar las garantías ciudadanas.
“El estado de excepción no significa la crisis del Estado, sino un remedio último para enfrentar una situación de crisis. No significa salirse del marco constitucional; al contrario, es actuar en una situación extraordinaria, específica y temporal dentro del marco constitucional”, asegura.
–¿En estos cuatro años el país se ha salido del marco constitucional?
–En buena medida sí. La prueba más clara es que estamos tratando de modificar las normas para cobijar los hechos; en particular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La demanda de modificar el marco normativo para autorizar al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina cumplir funciones de orden público es un dato del reconocimiento de que se intenta normar una situación de facto. No se hizo antes de sacar a los militares de sus cuarteles y ahora tenemos que modificar las normas para blindar su actuación.
Además, dice, la Constitución establece claramente que en tiempos de paz el Ejército sólo puede cumplir funciones estrictamente relacionadas con la disciplina militar y no para otras funciones. La realidad nos rebasó en la crisis de seguridad y la ruta que se siguió no fue la ideal, que habría sido la de enfocarnos en un marco normativo para eventualmente usar medidas drásticas, pero excepcionales, como el uso de las Fuerzas Armadas.
–¿Estamos viviendo en México una situación excepcional de facto?
–Sin duda sí. Nadie puede negar la gravedad del fenómeno de la criminalidad, que la vida de mucha gente está afectada y que hay grandes zonas del país en las que la suspensión de garantías tenga que ser considerada seriamente como medida extraordinaria, como es el caso de lo que se conoce como estado de sitio o estado de excepción.
“Pero si se sigue actuando de facto y no nos hacemos cargo de que debemos tener un marco normativo que permita ese tipo de medidas extraordinarias, nos encaminamos al peor de los escenarios. Estaríamos frente a una deriva autoritaria por la vía de los hechos.
“Lo mejor que podemos hacer es lo que hacen los Estados constitucionales: crear las condiciones de garantía para que si se decide el uso del estado de excepción, éste no se traduzca en abuso del poder y en lesiones indebidas de derechos.”
Abunda: “El poder se tiene que regular. Incluso si se ejerce a partir de medidas extraordinarias, tiene límites. Cuando no se hace, la frontera con un ejercicio autoritario del poder no existe, se diluye.
“La urgencia de modificar y operar esos cambios legales –me da la impresión de que por la vía de los hechos, en muchos sentidos– es porque ya estamos viviendo estas situaciones de excepción”, insiste.
–La propuesta de Calderón de reformar el Código de Justicia Militar para que las violaciones a los derechos humanos sean investigadas por tribunales civiles sólo en casos de violación, tortura y desaparición forzada, ¿es una expresión más del ánimo autoritario que hay en el país?
–No quiero decir con esto que el presidente sea un autoritario, pero en la lógica de seguridad hay muchos ejemplos que expresan ciertas pulsiones autoritarias. Tampoco quiero construir un discurso antiejército. El problema es que el uso de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado ha colocado a los propios militares en una situación de vulnerabilidad.
“El peor favor que les podemos hacer es crearles normatividades de excepción que no son congruentes ni con la Constitución ni con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos firmados por México. La mejor manera de blindar a los militares en esta tarea –en la que creo que no debían estar metidos– es demandándoles y eventualmente imputándoles responsabilidades cuando no cumplan con el respeto a los derechos humanos.
“Lo que va a acabar pasando, y de alguna manera ya ocurre, es el descrédito creciente por la muerte de civiles que son absolutamente inaceptables desde una lógica de derecho y que no se pueden reducir a lo que se ha llamado ‘daños colaterales’. La mejor manera de proteger a las Fuerzas Armadas es no crearles esferas de impunidad.”
Suspensión de garantías
Córdova Vianello expresa preocupación cuando se habla del estado de excepción en México sin que se reforme antes la Constitución. El artículo 29 prevé la suspensión de garantías, pero no sólo es insuficiente sino que carece de una ley reglamentaria que especifique su ejercicio, apunta.
El investigador dice que la suspensión de garantías está prevista en esa disposición constitucional, pero no considera un mecanismo de control de las facultades extraordinarias que supone esa suspensión: No se establece que hay ciertas garantías que no se pueden suspender, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad de expresión. Además, no tiene medios de rendición de cuentas para verificar el ejercicio de esas facultades y eventualmente sancionar el abuso.
“Pensar en el estado de excepción como la medida más radical en un contexto constitucional no debe descartarse. Está considerada incluso en tratados internacionales suscritos por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala.
“Pero antes siquiera de plantearse en México, se tiene que contar con un marco normativo para garantizar que ese recurso extraordinario no se va a traducir en abuso de poder, además de incluir una rendición eficaz de cuentas para que eventuales abusos no queden impunes. Sin esto, ni lo pensemos”, advierte.
Para el investigador, el cúmulo de crisis económica, el desencanto con la democracia y el problema de la delincuencia organizada ha cultivado “un campo fértil para que germinen posiciones autoritarias” no sólo desde el poder político, sino desde la misma sociedad. Se ha recurrido a la lógica de la mano dura sin que se busque mejorar las condiciones sociales para reducir lo que se ha dado en llamar el “ejército delincuencial de reserva”, integrado principalmente por jóvenes.
El problema es todavía más complicado, considera, porque, ante la gravedad de la crisis de inseguridad, la sociedad está desesperada. Frente a una situación en la que la vida está en riesgo permanente “tenemos que cuidarnos de la tentación de soluciones autoritarias en las que, a cambio de seguridad, la sociedad está dispuesta a renunciar a sus derechos”.
Pero privarse de esos derechos no es lo mismo en un régimen absolutista que en una democracia constitucional. La diferencia es que en el primero los derechos no tienen ningún valor, y en la segunda son los que le dan sentido a la existencia del Estado. En México, dice, “tenemos que cuidarnos del poder absoluto, el del soberano, en el contexto de democracia constitucional que tenemos, a pesar de sus faltas y pendientes”.
Asegura que las tentaciones autoritarias provienen de todos lados. No sólo desde el poder político con el uso más radical de las fuerzas de seguridad y el endurecimiento de las penas, en lo que algunos han llamado “el derecho penal del enemigo”.
El crecimiento electoral de una organización marginal, como el Partido Verde, en las elecciones federales intermedias de 2009 se explica en buena medida por la demagógica campaña con la que tapizó el país con la propuesta de pena de muerte. Esas falsas soluciones están teniendo eco en la sociedad e indican que la lógica autoritaria se está implantando en ella, advierte.
“Estamos en un contexto en el que ya hay evidencia de las peores reacciones de la sociedad. Los toques de queda autoimpuestos indican que el pánico está siendo la única manera de reaccionar. Ante los rumores de que va a haber una balacera durante un fin de semana en alguna parte del país, ya nadie sale de sus casas. Y cuando alguien se encierre varios fines de semana, a lo mejor va a terminar dispuesto a disparar para salir.
“Corremos el riesgo de llegar a una situación en la que la voz de orden va a ser ‘sálvese quien pueda’ y a correr. Si no se para esa tendencia va a haber gente armándose y con cuerpos de seguridad en todo el país cada vez más presentes”, asegura.
“Se pueden criticar las políticas gubernamentales y mejorar las normas, pero cuando el problema se vuelve cultural es todavía mayor. Creo que la sociedad también tiene una responsabilidad por la forma en que está reaccionando frente a este fenómeno.”
Pero para reencauzar esto, asegura, se requiere una visión que no claudique de la vocación de protección de los derechos, incluso de los delincuentes.
El constitucionalista refiere entonces el uso “desafortunado y laxo” que reiteradamente hizo Calderón del término “guerra” en la primera etapa de su gobierno para referirse al combate a los cárteles del narcotráfico, a pesar de que el pasado 13 de enero negó haber utilizado esa expresión.
El discurso de guerra, dice Córdova, tiene implicaciones jurídicas. “Si de veras vas a una guerra, hasta en ésta hay reglas y vas a tener que darle cierto tratamiento a los adversarios, como el de respeto a los prisioneros en términos de los Convenios de Ginebra y sus protocolos”. En una guerra subyace la idea de amigo-enemigo. El adversario es el enemigo, no se le reconocen derechos y la finalidad última de combatirlo es su eliminación.
En cambio, en un problema de delincuencia, desde la perspectiva de los derechos “no se puede usar el término de guerra, porque exacerbas y generas tensiones y confrontaciones”.
Añade: “Lo que busca ser un efecto retórico acaba profundizando la lógica de polarización y excepcionalidad que a nadie conviene. Si vamos a actuar contra los criminales sin reconocerles derechos, entonces se nos acabó el Estado constitucional y estamos en un Estado autoritario. Punto”. l
"Los Zetas" muestran el músculo
Verónica Espinosa
En Zacatecas, un ataque de Los Zetas, para reafirmar su primacía ante el nuevo grupo del narco que se hace llamar Cárteles Unidos, contó el martes 1 con el escenario idóneo: la policía de los municipios está inerme y el gobierno priista del estado se la pasa quejándose del caos que le heredó Amalia García. Y el trabajo del Ejército y de las corporaciones federales es como la vida social de la capital zacatecana: ya no se ve.
ZACATECAS, ZAC.- El despliegue táctico que exhibió el crimen organizado la noche del martes 1 en la zona conurbada de la capital y el municipio de Guadalupe fue inédito en el estado: rebasó a las corporaciones policiacas y al Ejército, y dejó a los zacatecanos inmersos en la psicosis.
Durante casi cinco horas, entre las 20:00 del martes y la 1:00 del miércoles, grupos armados recorrieron la ciudad a bordo de vehículos, y a su paso fueron bloqueando la circulación para salir después por el camino a Cieneguillas, que pasa a un costado del centro penitenciario de igual nombre, del que se fugaron 53 reos con ayuda de Los Zetas en mayo de 2009.
El primer grupo se enfrentó con policías estatales en una plaza comercial que está a unos metros de la residencia del gobernador, Miguel Alonso Reyes, en el fraccionamiento Bonaterra, de acceso restringido por un enorme enrejado y por vigilantes.
A las puertas de la casa de Alonso Reyes –que andaba de gira oficial en Japón– hay una guardia permanente de dos patrullas con cuatro agentes policiacos. Éstos fueron los primeros que vieron el vehículo estacionado con hombres armados a un costado del acceso a la privada. Se desató la balacera.
De acuerdo con una versión extraoficial obtenida por Proceso, se trató de una demostración de fuerza de Los Zetas ante los retos que desde finales de diciembre de 2010 lanzó, mediante narcomensajes colocados en varios municipios, la nueva organización que se hace llamar Cárteles Unidos, que pretende desplazarlos del estado. En todo caso, los autores de los ataques siguieron tácticas similares a los narcobloqueos y atentados prácticamente simultáneos en Guadalajara y Monterrey.
Este efecto de la guerra federal contra el narcotráfico –la lucha de los grupos entre ellos– desató desde hace unas semanas, en los municipios del sur del estado, una ola de balaceras, secuestros, ejecuciones y levantones de policías municipales, que provocaron miedo y ahuyentaron a los trabajadores migrantes. El martes 1, el impacto llegó hasta la capital zacatecana y su zona conurbada.
Los mensajes atribuidos a Cárteles Unidos no dejan dudas: se dirigen a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca. Así se leyó en una narcomanta colocada el jueves 3 en Juchipila, municipio de la ahora peligrosa región de Los Cañones, en los límites con Aguascalientes y Jalisco:
Ustedes ya fueron testigos de la muerte y masacre de gente inocente que hicieron los Zetas. La guerra es con nosotros, Lazcano, no con las familias ni gente inocente. Pelea como los hombres. Atentamente cárteles unidos.
Inermes ante el narco
El 23 de diciembre se realizó una posada en un galerón del municipio de Calera, con capacidad para 2 mil personas. Participaron habitantes de ese municipio al norte de la capital, así como de Jerez, Morelos, Pánuco y Fresnillo. El anfitrión: Heriberto Lazcano en persona.
La invitación corrió de boca en boca y el lugar se llenó. Los accesos a la ciudad fueron controlados por la organización de El Lazca y él repartió aguinaldos y regalos antes de retirarse con su gente.
El último día del año fueron colocadas varias mantas en localidades de Zacatecas y Nuevo León. En las de aquí se anunció la incursión de los Cárteles Unidos o Nueva Federación, cuyos integrantes, supuestamente decepcionados por “el comportamiento e ideologías” de la alianza anterior, conformada por los cárteles de Sinaloa y del Golfo con La Familia Michoacana, decidió encargarse de erradicar a Los Zetas de la entidad.
El 14 de enero, justo el día que se abatió una intensa balacera cerca de una clínica en la cabecera de Jalpa, en la fachada del Palacio Municipal fue colgada otra manta con una especie de manifiesto:
Comunicado a toda la ciudadanía:
No nos confundan con Zetas, nosotros no matamos niños, familias ni gente inocente, tampoco cobramos cuotas ni secuestramos, mucho menos venimos a pelear con el Gobierno, venimos a regresarle al Estado la paz y tranquilidad. Dénos la oportunidad de demostrarles que queremos cuidar la ciudadanía, venimos por Los Zetas, no por gente inocente. Ya estamos en todo el Estado… Ya basta de injusticias.
En entrevista con Proceso, el procurador Arturo Nahle García explica que la nueva organización delictiva ha dado muestras claras de su presencia en la región conocida como Los Cañones, que abarca ocho municipios del sur y sus colindancias con Jalisco y Aguascalientes, por lo que los gobiernos de las tres entidades decidieron convocar a sus equipos de seguridad a dos reuniones de coordinación, que se efectuaron el martes 1 y el jueves 3 en Guadalajara y en la capital aguascalentense.
En las últimas dos semanas fue levantado un número aún indeterminado de policías municipales de esta zona; algunos siguen desaparecidos, otros optaron por renunciar, dado que se sienten inermes ante la imparable expansión del crimen organizado.
El alcalde de la capital, el empresario priista Arnulfo Rodríguez Reyes, enfatiza la vocación preventiva de las policías municipales –“porque así nos lo marca la ley”– y confirma su situación: “No hay con qué enfrentar a esos criminales”.
En el operativo del martes 1, la policía de la capital zacatecana se limitó a patrullar algunos puntos y mantenerse comunicada con la policía estatal, la Federal Preventiva y el Ejército. En el vecino municipio de Guadalupe ni siquiera eso: los preventivos del turno y el director se encerraron, según contó un funcionario del estado a la reportera.
El presidente municipal Arnulfo Rodríguez exhibe las carencias que encontró en septiembre del año pasado, cuando asumió el cargo: se encontró con que sólo había ocho patrullas, de las cuales cuatro eran rentadas por la administración anterior (del PAN) y debieron entregarse. Además, dice, “no había balas, (sólo) unas pocas armas largas, sin patrullas. Y encontramos al municipio en quiebra, endeudado”.
Apenas se está adquiriendo equipo y capacitación. Pero ante el planteamiento que el gobierno del estado ya hizo para conformar el mando único de la policía, el alcalde expresa sus dudas: “No tenemos toda la información, no se han acercado a explicar los detalles; y si nos van a quitar el mando y tendremos que seguir pagando, pues eso sería violatorio de nuestra soberanía. Tenemos muchas dudas”.
Por otra parte, él también insiste –igual que el secretario de Gobierno, Esaú Hernández Herrera, y el procurador Nahle, entrevistados aparte– en que sin la ayuda federal no se puede: “Coordinación es la palabra clave”.
Rodríguez Reyes vivió en carne propia una persecución a su familia en 2009, cuando era diputado local y se enfrentó desde la tribuna con el gobierno de Amalia García al cuestionar su intención de darle un fin distinto al impuesto sobre la nómina que recaudaría el estado.
“En esos momentos, mi familia viajaba a Aguascalientes a un evento y comenzaron a perseguirla; llamaban a mi esposa y le decían que habían secuestrado a mi hijo. Afortunadamente, al entrar a Aguascalientes el gobernador nos apoyó y les dieron protección”, cuenta el alcalde.
Incluso tuvo que enviar a su esposa e hijos a Estados Unidos un tiempo. En el Congreso local señaló a la gobernadora como responsable en caso de que algo le sucediera a él o a su familia. Aquella presión, dice, “fue porque yo apretaba en tribuna al gobierno de Amalia García, y ellos actuaban de esa forma conmigo”.
Ahora, como presidente municipal, expresa su preocupación por la capacidad de reacción necesaria ante los grupos del narco y también por los problemas que implican para la imagen de la ciudad los bloqueos y las balaceras de aquel martes. “Espero que las cosas cambien. Zacatecas ha sido siempre un estado tranquilo, (aunque) tenemos estos eventos que debemos de empezar a cambiar…Yo digo que no todo está perdido, algo se puede rescatar”.
No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, la percepción de la violencia por los zacatecanos se incrementó en ocho puntos entre marzo de 2009 y agosto de 2010. Los hechos difícilmente la desmentirán:
El jueves 3, en Jalpa y Juchipila, aparecieron nuevas mantas de Cárteles Unidos retando a Heriberto Lazcano. También se supo que el martes de los narcobloqueos fue secuestrado uno de los más importantes empresarios chileros de Fresnillo, Juan Carlos Guardado, quien fue alcalde interino en sustitución de David Monreal Ávila e integrante de su clan.
Desolación
En la supuesta “exhibición” del crimen organizado el martes 1 en Zacatecas falleció un teniente coronel retirado que laboraba en la policía estatal y fueron heridos cinco agentes y dos civiles, entre éstos un menor de edad.
El único sospechoso detenido por estos ataques fue entregado a la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado, cuya titular guardó el acostumbrado silencio. Al día siguiente, un sicario fue herido en el enfrentamiento junto a la casa del gobernador y murió al día siguiente.
En esta zona se ubican un edificio de consultorios médicos, una ludoteca y guardería infantil, oficinas de mensajería y otros establecimientos. En el pavimento quedaron manchas de sangre, parabrisas en añicos, casquillos y algunas armas largas; en las paredes, puertas y ventanas de los negocios, perforaciones de bala.
A lo largo de la avenida García Salinas, la vialidad principal que comunica a la capital zacatecana con el municipio de Guadalupe, esa primera noche de febrero, los automovilistas se fueron encontrando camionetas y autos compactos que fueron arrebatados a sus dueños para obstruir el paso a los vehículos de la policía estatal y del Ejército.
Para cualquiera que circulara por la avenida en esa hora pico –en la cual muchas personas que trabajan o estudian en la capital regresan a sus hogares en Guadalupe– era imposible evitar los bloqueos. En esa vialidad los comercios, las tiendas departamentales y los cines de un centro comercial alojaban aún a cientos de clientes, que estaban tirados en el piso, aterrorizados.
Al siguiente día, los habitantes de las dos ciudades se encerraron a piedra y lodo, no fueron a trabajar ni llevaron a sus hijos a la escuela. Si acaso, algunos acudieron a las oficinas unas pocas horas, hasta media tarde, cuando el pánico generalizado –que encontró su desahogo en redes virtuales como Facebook y Twitter– obligó a sus jefes y patrones a darles la salida.
El miércoles 2 no pasaban de las 15:00 horas cuando hasta el tradicional café Acrópolis, núcleo de la clase política en Zacatecas, había cerrado sus puertas, lo mismo que las tiendas Oxxo y Extra. Fue una tarde absolutamente desolada. “Es el grado mayor del miedo”, explicaba un psicólogo en la mañana del jueves 3, entrevistado en la radio local.
El gobierno estatal, con el gobernador Alonso Reyes ausente, no pudo atajar este efecto y quedó rebasado. No sólo le faltaron elementos e infraestructura para enfrentar al crimen organizado, sino que, sumido en la crisis que dice haber heredado de la administración anterior, también se vio abrumado por la superioridad informativa de las redes sociales en internet.
Apenas una semana atrás se había anunciado el arribo de efectivos de la Policía Federal Preventiva, a petición del gobernador Alonso Reyes, para vigilar las carreteras federales que atraviesan el territorio zacatecano, donde se dispararon los robos al autotransporte y los levantones.
Un avión de la PFP llegó, en efecto, al aeropuerto local, pero en vez de los 250 agentes de los que informaron los medios locales, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sólo envió a 70.
“Claro que no son suficientes. Es un primer acuerdo y vendrán más”, aseguró el secretario de gobierno, Esaú Hernández, entrevistado el martes 1, una hora antes de que se desencadenara la violencia en la capital y su zona conurbada.
En esos momentos se percibía tensión porque al mediodía se supo de la aparición de dos cartulinas con la advertencia de que la población se quedara en casa por la tarde. La existencia de estos mensajes siempre se negó oficialmente, pero en la conversación el secretario de Gobierno admitió la gravedad del problema:
“La presencia evidente de la delincuencia organizada en el estado, como se sabe, se constata a partir de 2006. Entonces debieron instrumentarse una serie de medidas que no se pudieron realizar o no se quisieron realizar. Y cuando se toma el gobierno en septiembre, era evidente que existía un problema que era necesario reconocer y atacar, con base en la prevención, los sistemas de inteligencia y la contención”, dijo el funcionario.
“Lo estamos reconociendo y estamos haciendo nuestra chamba”, agregó, aunque “partiendo de cero”, pues no se encontró un programa de seguridad estatal elaborado por el gobierno de Amalia García, y sí una policía estatal “con mecanismos de selección dudosos, insuficientes elementos, ineficaz para tener una red efectiva en el estado”.
A cambio, el secretario aceptó lo que horas más tarde quedaría plenamente corroborado: el gobierno va rezagado incluso respecto de la sociedad, que se avisa de las balaceras a través del Twitter y difunde sus versiones, ciertas o no.
“En la capital, todos los días recibimos llamadas con amenazas de bomba, todos los días. Sólo una vez encontramos un tubo con algo de material explosivo… y en la zona de Los Cañones sé de algunas localidades donde la gente procura recogerse a sus casas temprano, pero no es una recomendación gubernamental, sino la percepción de la ciudadanía.”
En una conferencia de prensa, el miércoles 2, el vocero gubernamental, Mario Caballero, acusó a un exfuncionario de la administración de Amalia García de hacer circular rumores en las redes sociales.
“Esto sí nos parte el queso”, le comentó a Proceso el procurador Arturo Nahle García el mismo miércoles. Después esta conferencia de prensa trató de frenar el brote de pánico que suscitó entre los zacatecanos la información compartida en las redes virtuales. Nahle se quejó de que había una “campaña perversa” para generar psicosis, y aunque aseguró que no quería minimizar lo ocurrido, pidió: “Tampoco hay que magnificarlo”.
En el noticiario vespertino de la cadena radiofónica local Stéreo Plata le llovieron reclamos de radioescuchas. “¿Usted me garantiza que puedo llevar a mi hijo a la escuela y no pasará nada? ¿Me lo garantiza?”, le preguntaron al funcionario.
El resto de la semana varias escuelas siguieron registrando un elevado ausentismo y algunas instituciones educativas privadas de plano acordaron con los padres de familia la suspensión de actividades, pese a que la Secretaría de Educación del estado amenazó sancionar a los planteles que incurrieran en ello.
Qué decir de la otrora dinámica vida nocturna en la capital estatal: de
El narcoterrorismo impone su ley
Luciano Campos Garza
El acelerado incremento de la violencia del narcotráfico en Nuevo León dejó paralizado al gobierno de Rodrigo Medina, afirman analistas consultados por este semanario. No sabe qué hacer ni tiene la capacidad de responder, afirman. Y la delincuencia se pasea a sus anchas sembrando la entidad de granadas o de cadáveres. Los especialistas no dudan en llamar a ese fenómeno terrorismo y explican que los delincuentes quieren amedrentar porque una sociedad atemorizada es más fácil de dominar.
MONTERREY, NL.- El narcoterrorismo ya está instalado en Nuevo León. Su huella se observa todos los días: coches-bomba; cuerpos decapitados, descuartizados o colgados en la vía pública; granadas lanzadas contra patrullas y cuarteles… En contraparte, el gobierno del priista Rodrigo Medina se agazapa, se achica, se desquicia, rebasado e incapaz de restaurar el orden.
Y si no se recupera pronto la seguridad, Nuevo León puede volverse, como Tamaulipas, un estado sin gobierno; el noreste de México se convertirá en una región fallida, dominada por la delincuencia, advierten analistas y expertos consultados por Proceso.
El criminólogo Ramiro Ramírez Pérez señala que las fuerzas de la delincuencia ya rebasaron a las del orden. Por simple incapacidad técnica, asegura, las policías de Nuevo León no pueden combatir a los cárteles que se disputan el territorio de la entidad.
Los criminales tienen más y mejores armas y no hay uniformados suficientes para enfrentarlos. El gobernador no tiene capacidad de fuego para sostener un combate y las fuerzas del estado están rebasadas, afirma el doctor en derecho con especialidad en criminología por la Universidad Complutense de Madrid.
Frente a esa ausencia de ley, dice, los criminales recurren a tácticas de terrorismo para infundir miedo a la población. Intimidada, la sociedad es más fácil de manipular.
“A una persona que matan (los criminales) no la desaparecen, la dejan exhibida. No sólo buscan impactar a los grupos rivales, sino a la ciudadanía, porque una comunidad envuelta en pánico es más fácil de tomar y de agredir. Son expresiones de narcoterrorismo no sólo para desestabilizar al gobierno sino para sumir a la comunidad en un miedo permanente”, apunta.
Y el fenómeno crece en la medida en que el estado sólo es un ente de reacción, dice el catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y agrega que no se observa un trabajo institucional de prevención; el problema no es exclusivo de la policía; también, indica, falta mucho trabajo de educación familiar intramuros.
“Esto no se resuelve a balazos ni con policías. Mientras no se combatan directamente las causas jamás se controlarán los efectos. El narco es un síntoma, no la enfermedad. El problema empieza en la familia que ha perdido los valores”, asegura.
Sin perspectivas
El pasado ha sido el mes más cruento en la historia de Nuevo León. En esos primeros 31 días de 2011 se acumularon 98 ejecuciones, más que las 75 de todo 2008 y las 97 de 2009.
La socióloga María Antonieta Gutiérrez Falcón, profesora de la Universidad de Monterrey (Udem), explica la violencia del narcotráfico por la cada vez mayor participación en actividades ilícitas de jóvenes que carecen de oportunidades laborales.
“La violencia actual se explica, en gran medida, por la falta de trabajo. Lo que estructuraba a los humanos era eso, la actividad productiva. Una situación sin empleo, la imposibilidad de movilidad social y el nulo acceso a bienes materiales propician un ambiente para que los socialmente excluidos busquen cauces ilegales para satisfacer sus necesidades básicas”, afirma Gutiérrez.
A los jóvenes les falta visión de largo plazo. La especialista señala que las generaciones nuevas no postergan el disfrute de su esfuerzo, como se hacía en el pasado reciente. Ahora quieren satisfacciones instantáneas, muchas veces con el supuesto de que morirán jóvenes y por eso deben gozar de la vida mientras dura.
“Se involucran temprano en el crimen porque no ven expectativas de nada, de estudio, de trabajo ni de vida. Piensan que si van a vivir un año, o seis meses, quieren vivir bien. Se ve que los involucrados que salen en los periódicos son menores de 40 años y esto demuestra que el Estado no tiene capacidad para solucionar los problemas que tenemos como sociedad en cuestiones de seguridad y trabajo.”
El empleo, como factor integrador, está perdido. Por ello las circunstancias orillan a los jóvenes a participar en actividades delictivas para sobrevivir, considera la candidata a doctora por la Universidad Complutense.
Gutiérrez Falcón apunta que en el caso de Nuevo León la violencia se potencia porque aquí hay ausencia de poder.
“El gobierno estatal no se ha mostrado proactivo. Se advierte un vacío de poder porque los gobernantes no se hacen presentes, no ofrecen propuestas ni generan alternativas. Parece que buscan ayuda de la Federación. Pero se necesita una solución integral porque esto nos lleva a una situación que a mediano y largo plazos nos va a ser muy costosa económica y socialmente”.
Para explicar el escenario de terrorismo que hay en Nuevo León, la catedrática de la Udem alude también a la intimidación para provocar inacción:
“Quienes hacen esto no pueden estar en sus cinco sentidos. Se involucran en drogas y se sienten con valentía para hacer cosas que un ser humano normal no haría. La delincuencia quiere dar una lección pública, replegando al Ejército y la policía, para que no haya control sobre ellos. Quieren asustar”, dice.
Enumera los incidentes recientes: detonación de granadas, quema de patrullas, ataques a edificios públicos. “Estamos en una situación en la que empiezan a aflorar grupos terroristas. Se han ido asociando las diferentes formas de delincuencia, como extorsiones, secuestros, robos, narco. Se va haciendo un tejido insano que evidencia un estado de putrefacción social”.
Hacia la región fallida
Luis Farías, presidente del partido estatal Cruzada Ciudadana, señala que el gobierno de Nuevo León no está listo para enfrentar a la criminalidad porque sus instituciones no están diseñadas para actuar en estado de guerra.
“Aunque el gobierno del estado nos diga que tiene estrategia, ésta no se ve y parece rebasado por la situación. Es un gobierno creado para tiempos de paz y no está preparado para enfrentar esto. Si no reconoce que necesitamos ayuda federal estaremos perdidos”, asegura.
El también regidor de Monterrey advierte que el gobierno federal debería estar preocupado por los granadazos y tableteos de ametralladoras en Nuevo León, porque los cárteles están asediando las ciudades más importantes del país.
“A escala federal debe tomarse conciencia de lo que afectaría al resto de la República si en materia de seguridad se pierde Monterrey. Si se pierde esta plaza se pierde el control del resto del país. Ahí en Guadalajara ya sufren bloqueos y ataques directos contra las autoridades”, dice.
Los municipios rurales de Nuevo León están abandonados y el de Rodrigo Medina se acerca al estado fallido y a la quiebra, porque no hay movilidad económica, estima.
Tamaulipas es una muestra, agrega. El mandatario Egidio Torre se ha convertido en el gobernador de la capital, Ciudad Victoria, porque teme ir a otras plazas. En Nuevo León podría pasar lo mismo con Medina de la Cruz, que podría convertirse en gobernador de Monterrey si no se contiene la ingobernabilidad en los municipios rurales, de los que está alejado.
“Si cae Monterrey, el siguiente punto de la delincuencia sería el Distrito Federal porque ya vemos una ataque completo sobre Guadalajara; si controlan las tres principales ciudades ya no tendríamos una solución de rescate, llegaríamos a un punto de no retorno.”
Farías urge al estado a detener la impunidad para que los penales de Nuevo León dejen de ser edificios con puertas revolventes, donde los delincuentes entran y salen y donde ellos mandan desde adentro y desde afuera.
Es necesario, recalca, que el gobierno reconozca que aquí no hay un estado de derecho y que actualmente impera la ley de la jungla, con manifestaciones de terror cada vez más impresionantes.
“No hay otra palabra para calificar lo que está ocurriendo. Ya se han sentado precedentes en materia de criminalidad, en formas inéditas, como nunca lo habíamos visto. El terrorismo ya se manifiesta con estallidos de coches-bomba”, dice.
El PAN no ve terroristas
Mauricio Fernández Garza, alcalde panista de San Pedro, rechaza catalogar los recientes sucesos como expresiones de terrorismo. Considera que lo que se observa es un recrudecimiento en la guerra del narcotráfico que tiene, como episodio más reciente, el de una ofensiva de varios cárteles contra Los Zetas.
“Esto es una franca confrontación contra Los Zetas. Quieren erradicarlos de aquí. Me imagino que son el cártel de Sinaloa y del Golfo que están combatiendo a Los Zetas. Es una guerra declarada”, afirma.
Frente al problema del narcotráfico en Nuevo León “que está del tamaño del mundo”, el gobierno estatal poco puede hacer, señala el alcalde. Como la confrontación entre agrupaciones implica delincuencia organizada, son el Ejército y la Marina los que han asumido el protagonismo en la contienda.
“El Poder Judicial dista mucho de lo que debería ser; mientras no tengamos impartición de justicia, el problema no lo vamos a resolver en Nuevo León ni en ningún estado de la República”, señala Fernández Garza.
A su vez Sandra Pámanes Ortiz, dirigente estatal del PAN, asegura que los nuevoleoneses están en la indefensión ante la delincuencia organizada y es el gobierno federal el que ha venido a rescatarlos.
“La actuación del gobernador Medina ha sido nula, no hay plan para dar seguridad a los ciudadanos. Crece el delito del fuero común, perdemos la tranquilidad. No hay liderazgo. Medina ha enviado por delante a un vocero y ya ni tenemos un gobernador que dé la cara.”
El problema que se vive ahora se incubó en el gobierno pasado, el de Natividad González, dice la dirigente, cuando Medina de la Cruz era secretario general de Gobierno.
Aunque reconoce que los actuales niveles de violencia apuntan en esa dirección, Pámanes Ortiz se opone a darle a los delincuentes el nombre de terroristas.
Y ve el futuro con incertidumbre: “Ni el gobernador tiene claro a dónde vamos. La sociedad tiene que trabajar unida para sacar adelante al estado”.
Cambios en el gabinete
Finalmente, la noche del jueves 3, el gobernador Rodrigo Medina tomó medidas para tratar de combatir el problema de la inseguridad, entre otros asuntos, y anunció una reestructuración casi completa de su gabinete.
En cuanto a justicia, el procurador Alejandro Garza y Garza fue sustituido por Adrián de la Garza Santos, hasta ahora director de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Y de la Secretaría de Seguridad Pública se va Luis Carlos Treviño Berchelmann y entra al relevo el general de división Jaime Castañeda Bravo, egresado de la Escuela Superior de Guerra con una maestría en seguridad y defensa nacional.
Es el tercer cambio en esta área después de que en marzo del año pasado Treviño sustituyó a Carlos Jáuregui.
En el sexenio anterior, el de González Parás, Treviño Berchelmann era el procurador general de Justicia y Alejandro Garza era subprocurador. l
Violenta disputa por la plaza
Tras los granadazos y narcobloqueos del martes 1 en Guadalajara y los municipios conurbados, el gobernador Emilio González y sus jefes policiacos siguen el guión del gobierno federal: minimizan los daños y se ufanan de sus golpes a la delincuencia organizada. En cambio, el consulado de Estados Unidos emitió alerta de seguridad para sus funcionarios y ciudadanos en la ciudad; la población, a la que pidieron calma, protesta contra la violencia y explora nuevas formas de comunicarse oportunamente cuando hay peligro…
GUADALAJARA, JAL.- Una serie de narcobloqueos, granadazos y balaceras sacudieron la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) la noche del martes 1, fecha del cuarto informe de actividades del gobernador Emilio González Márquez, y provocaron que el viernes 4 el consulado general de Estados Unidos en la ciudad emitiera una alerta a sus ciudadanos para extremar sus precauciones.
Se trata de la segunda jornada de ataques coordinados en la zona metropolitana en el año que empieza.
Los atentados comenzaron antes de las 21:00 horas. Una granada de fragmentación estalló en instalaciones de la Policía de Tonalá y lesionó a un agente. Ya en agosto pasado se había reportado otro atentado de esa naturaleza contra el edificio, ubicado en la colonia Arroyo de en Medio, sobre la carretera libre a Zapotlanejo.
Casi al mismo tiempo se reportó un bloqueo de la carretera Guadalajara-Chapala, a la altura del kilómetro 9. Según testigos, hombres armados obligaron al conductor de un tráiler a bajarse y después rociaron de gasolina el vehículo. Luego lo incendiaron, pero cuando los delincuentes huyeron el chofer volvió y consiguió controlar el fuego.
Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguraron ahí 20 casquillos de rifles de asalto AR-15 y AK-47. Cerca del lugar se realizó el 16 de enero el primer narcobloqueo en la entidad, también atribuido a La Resistencia.
El mismo martes 1, en Periférico y 8 de Julio, en Tlaquepaque, un tráiler y una grúa fueron quemados. Las autoridades del municipio sólo reportaron daños materiales y afectación a la vialidad.
Minutos más tarde, a un costado del nuevo puente atirantado Jorge Matute Remus, sobre el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Lorenzana, un camión de la ruta 646 fue abordado por sujetos armados, quienes bajaron a los pasajeros e incendiaron el vehículo.
En avenida Colón y Ahuehuetes, en el sur de la ciudad, otro grupo trató de bloquear la vía del Tren Ligero con un camión de transporte urbano. El chofer de la unidad resultó lesionado con arma de fuego al resistirse.
A la estación Tetlán del Sistema del Tren Eléctrico Urbano llegó una unidad militar a inspeccionar las instalaciones, con el fin de evitar ataques a esa vía de comunicación y proteger a los pasajeros. Lo mismo ocurrió en diversos puentes peatonales en las rutas donde se realizaron los bloqueos.
Por su parte, la Policía de Zapopan confirmó que dos automóviles recibieron el impacto de una granada, en el cruce de las avenidas Vallarta y Central, en Ciudad Granja, afuera de una distribuidora Nissan.
Otro minibús de la ruta 625 estuvo a punto de calcinarse en López Mateos y avenida Las Fuentes, ya que los delincuentes lo rociaron de gasolina y lo prendieron, pero el chofer controló el fuego. Cerca de ahí, en la calle de Cancún y la privada Caoba, la policía estatal localizó una pistola calibre
La serie de ataques provocó que la mañana del miércoles 2 el gobernador González Márquez suspendiera el viaje que tenía programado a Campeche, donde supuestamente promovería los Juegos Panamericanos de Guadalajara, que se llevarán a cabo en octubre próximo.
El mandatario convocó urgentemente en la Casa Jalisco a su gabinete de seguridad, a los cinco alcaldes de la ZMG (Jorge Aristóteles Sandoval, de Guadalajara; Héctor Vielma, de Zapopan; Miguel Castro, de Tlaquepaque; Antonio Mateo, de Tonalá, y Enrique Alfaro, de Tlajomulco), así como a los coordinadores de las cuatro fracciones parlamentarias del Congreso local. Se les unieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para definir estrategias de combate a la delincuencia.
Después de la reunión, que duró cerca de cinco horas, en rueda de prensa Emilio González dijo que las autoridades se abstendrán de informar sobre su estrategia para combatir el crimen organizado, pero adelantó que se acordó adquirir un sistema de monitoreo con cámaras de video para instalarlo en las principales avenidas de la ZMG, así como establecer el seguimiento por internet de los procesos legales de sujetos ligados a la delincuencia organizada, de modo que la ciudadanía pueda vigilarlos.
Añadió el gobernador que urge sacar de la “congeladora” en el Poder Legislativo el proyecto de reforma para que se seleccione a jueces difíciles de corromper y así evitar que liberen a peligrosos narcotraficantes.
Aprovechó para cuestionar las fallas en el sistema de administración de justicia: “No será la primera ocasión que alguien fuese dejado en libertad por un juez corrupto y acobardado”, soltó. Finalizó su intervención: “Estamos trabajando del lado de la ley. No nos hemos acobardado ni lo haremos; no nos hemos vendido con el narco ni lo haremos”.
Ahí mismo el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán, rechazó que se vayan a suspender los XVI Juegos Panamericanos e informó que tras los bloqueos y atentados se detuvo a cinco personas –tres menores de edad y dos adultos–, quienes todavía eran investigados para conocer con certeza si están involucrados.
A su vez, los coordinadores de las cuatro fracciones parlamentarias del Congreso local se comprometieron a respaldar al gobernador para la contratación de un crédito por mil millones de pesos destinado a comprar equipo de seguridad, incluido un helicóptero blindado. Además, dijeron que acelerarán la aprobación de varias reformas al sistema de justicia, como la Ley de Extinción de Dominio y la de Control de Confianza.
La prensa local registró posturas encontradas: mientras el dirigente estatal del PRD, Antonio Magallanes, exigió que Emilio González pida licencia para dedicarse de tiempo completo a promover su precandidatura presidencial, el Consejo de Cámaras Industriales y 36 organizaciones del sector privado ofrecieron apoyo a los tres niveles de gobierno para acabar con la violencia y llamaron a la ciudadanía a mantener la calma.
A la reunión también acudieron directivos de medios de comunicación, a quienes Emilio González pidió “no abonar en la espectacularidad de la información para no generar alarma” entre la población.
Advertencias ignoradas
En otra conferencia de prensa en las instalaciones de la SSP, el titular de la dependencia, Luis Carlos Nájera, dijo que a las 16:00 horas del martes 1 sus agentes capturaron a Julio César Cervantes Hernández o Javier Pérez Hernández, de 28 años de edad, con domicilio en Ecatepec, Estado de México, y Bernardo Arroyo Moreno, vecino de Peribán, Michoacán, ambos identificados como miembros de La Resistencia.
Narró que agentes estatales patrullaban sobre las avenidas Vallarta y Juan Palomar cuando se dieron cuenta de que unos individuos pretendían huir a bordo de un Jetta blanco, modelo 2008 y con placas JGX 8806. Al interceptarlos se les aseguró una pistola calibre .38 súper y otra .45, así como una granada de fragmentación que uno de ellos portaba en una bolsa tipo cangurera.
El titular de la SSP apuntó que Cervantes Hernández recibía órdenes directas de Víctor Mauricio Torres García, El Papirrín, y Ramiro Pozos González, El Molca, dos operadores de La Resistencia. Aseguró que tras la captura de ambos sujetos, el Ejecutivo estatal recibió amenazas para que dejara en libertad a los sospechosos. Según Nájera, los narcobloqueos fueron una respuesta a esa detención.
La SSP detalló que a Julio César Cervantes se le aseguró un teléfono celular que contenía un video de cerca de dos minutos, con escenas de entrenamiento de varios presuntos miembros de La Resistencia. El material circula en YouTube desde el jueves 3 y registra miles de visitas.
En una de las imágenes se ve a tres hombres armados que avanzan en fila. Posteriormente se ve a uno de los sujetos pecho a tierra, con vestimenta táctica y disparando un rifle de asalto.
En una entrevista concedida durante su presentación por la SSP, uno de los detenidos reconoció que recibía 10 mil pesos semanales por sus servicios y dijo que lo detuvieron en la calle Guadalupe, lo que difiere de la versión del secretario de Seguridad Pública, en el sentido de que la detención fue en Vallarta y Juan Palomar.
Desde el 28 de enero los miembros del cártel del Milenio y la alianza MFG (Milenio, Familia, Golfo) advirtieron, mediante seis mantas colocadas en distintos puntos de la ZMG, que el gobernador debía “poner orden” en la SSP, ya que su titular, Luis Carlos Nájera, su director operativo, Alejandro Solorio, así como el inspector Carlos Alejandro Cárdenas, El Charly, sólo persiguen a los miembros de su organización y brindan protección a Los Torcidos o Nuevo Cártel de Jalisco. De no atender el aviso, Jalisco “ardería en llamas”, amenazaron.
Sin embargo, el gobernador y los mencionados mandos de la SSP minimizaron la advertencia. Dijeron que sólo querían llamar la atención de los medios y desprestigiar a las autoridades porque éstas habían detenido a 12 integrantes de La Resistencia en menos de 15 días.
Eso mismo sostuvo horas antes de los narcobloqueos el director operativo de la SSP, Alejandro Solorio Aréchiga, en entrevista con Proceso sobre los narcomensajes del 28 de enero. Según él, éstos respondían a dos acciones policiacas: la frustración del atentado contra el director de la Policía de Chapala, Reinold Contreras Muñoz, y la captura de una decena de sicarios el 16 de enero.
“Es parte de una campaña de desacreditación porque esto ocurre cuando les acabamos de pegar. Hace unos días detuvimos a varias personas con armamento, inclusive un lanzacohetes, que es el segundo que logramos asegurar”, dijo Solorio.
Recordó que el año pasado se les incautó un artefacto similar a miembros del cártel de Sinaloa en Ocotlán, y mencionó operativos entre 2008 y 2010 en los cuales la SSP y fuerzas federales han detenido a integrantes del cártel de Juárez, además de la captura de 18 presuntos integrantes de Los Torcidos en San Cristóbal de la Barranca el año pasado.
Dijo que apenas el fin de semana anterior a la entrevista, en Colinas de San Javier –donde el Ejército abatió a Nacho Coronel en julio de 2010–, agentes de la SSP detuvieron a seis sospechosos que llevaban armas con silenciador. “Entre los capturados hay dos exmilitares de Colombia que presuntamente pertenecen al cártel de Jalisco”, añadió Solorio.
Sobre este tema, el procurador Tomás Coronado Olmos dijo que por un video se supo que la colocación de una lona demoró al menos cinco minutos, pero en ese lapso no pasó ninguna patrulla municipal. El director de la corporación tapatía, Servando Enríquez Sepúlveda, se negó a declarar sobre el tema.
Dos semanas antes, Luis Carlos Nájera ya había declarado a este semanario que el primer narcobloqueo de la carretera a Chapala y el intento de matar al director de la policía de ese municipio eran acciones de La Resistencia. Aclaró que esa organización surgió tras la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, El Lobo, líder del cártel del Milenio, que fue detenido el 28 de octubre de 2009 en el municipio de Tlajomulco después de enfrentarse con militares.
Dos semanas después del primer narcobloqueo, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que El Lobo fue entregado a Estados Unidos en extradición el 27 de enero, para enfrentar cargos por narcotráfico y asociación delictuosa en la Corte Federal de Distrito Sur, en Texas. El Lobo operaba en Jalisco, Colima y Nayarit para Nacho Coronel y El Chapo Guzmán, cabecillas del cártel de Sinaloa.
Después de la segunda jornada de narcobloqueos, la delegación Jalisco de la PGR dijo en su boletín 099/11, del 2 de febrero, que atraería la investigación. El documento dice que el Ministerio Público federal abrió la averiguación previa AP/PGR/JAL/AG2M3/587/2011) contra “quienes resulten responsables por los delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, terrorismo –un término que el gobierno federal se ha negado a utilizar anteriormente– y los que resulten”.
Mientras la SSP estatal destinó más efectivos y mejor equipo para proteger sus propias instalaciones, la población de la ZMG encontró en las redes sociales en internet una forma de informar casi de inmediato sobre los lugares que estaban siendo atacados, más oportunamente que la información oficial, como reconoció el gobernador.
También a través de internet, estudiantes de universidades privadas y organizaciones sociales convocaron a manifestarse contra la violencia. La tarde del miércoles 2, alrededor de 200 personas marcharon de la Zona Rosa a la Plaza de Armas en el Centro Histórico de Guadalajara con el lema: “¡Más allá del miedo! ¡No más sangre en Guadalajara!”.
De todas formas estos ataques, que coincidieron con otros similares en Nuevo León y Zacatecas, cobraron relevancia internacional cuando el gobierno de Estados Unidos, a través de su consulado general en Guadalajara, emitió una alerta en la que prohíbe a sus funcionarios salir por las noches y realizar viajes entre ciudades, a la vez que recomienda a sus ciudadanos extremar sus precauciones en el estado.
“Debido a una marcada escalada de la actividad delictiva en la zona metropolitana de Guadalajara”, el consulado aconseja no viajar por la noche entre esta ciudad y su aeropuerto, y “hacer todo lo posible por viajar de día por carreteras principales, sobre todo de cuota”.
La reacción del gobierno jalisciense fue la previsible: “Es una alerta que (Estados Unidos) emite para sus ciudadanos y está en su perspectiva; sin embargo, Jalisco y la ZMG no se encuentran ubicadas dentro de las 50 ciudades más importantes del mundo por el Índice de Homicidios Intencionales, como sí están varias ciudades de Estados Unidos”, dijo a la prensa el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán. l
El rancho o la vida
Ricardo Ravelo
El avance de la delincuencia organizada contradice la actitud triunfalista del gobierno de Felipe Calderón, que insiste en publicitar cada “golpe” que asesta a los criminales. Lo cierto es que los narcotraficantes han optado por ampliar sus operaciones y encontraron una rica veta en el secuestro y el despojo. En estados como Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas “legalizan” sus atracos mediante notarios públicos. Ya son muchas las familias que han sido despojadas de su patrimonio, sin que las autoridades de un Estado ineficaz y rebasado por los grupos delictivos hagan algo para impedirlo.
El combate al crimen organizado no sólo ha diseminado a los grupos criminales a lo largo y ancho del país provocando matanzas y tensión, sino que también detonó el secuestro de pequeños y medianos empresarios, quienes tras pagar sus rescates se ven obligados a entregar su patrimonio ante amenazas de muerte.
Esta nueva modalidad del crimen organizado se inscribe en la llamada “diversificación de actividades” con la que los cárteles de la droga obtienen grandes ganancias. De esta manera, aunque el narcotráfico es un negocio boyante, ya no es su única fuente de ingresos.
Los primeros en realizar secuestros y arrebatar bienes a las víctimas fueron Los Zetas, otrora brazo armado del cártel del Golfo y ahora reconocidos dentro y fuera de México como un cártel independiente. Le siguieron otras organizaciones delictivas como La Familia michoacana, el cártel de Juárez y todas las ramificaciones que conforman el de Sinaloa, el más poderoso que opera en México.
Para consumar el despojo de las propiedades y hacerlo pasar como compras o cesiones, los narcotraficantes suelen presentarse ante sus víctimas acompañados de notarios. Amenazados o no, estos fedatarios formalizan las operaciones de “compraventa” de propiedades. De esta manera se garantiza el pago para que los delincuentes respeten la vida del secuestrado.
Varias historias dan cuenta de estos atracos que evidencian un hecho: el Estado mexicano no sólo quedó rebasado por la delincuencia, sino que es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
Un relato
Uno de los casos más recientes de despojo realizado por narcotraficantes fue el de Teodoro Apolinar Rodríguez, un empresario de la construcción. Esta es la historia:
La tarde del 21 de diciembre de 2010 circulaba en su vehículo por la carretera federal Alvarado-Tlacotalpan. Regresaba de supervisar unas obras y se dirigía a su casa. Una camioneta negra le echó las luces insistentemente y en un tramo solitario se le emparejó. Vio que varios sujetos le apuntaban con rifles de alto poder. Desde la ventanilla salieron los gritos: “¡Párate, hijo de puta, o te carga la madre!”, le gritó un encapuchado.
Se orilló en el acotamiento y descendió del vehículo. De inmediato cinco hombres lo sometieron, lo ataron de pies y manos y le vendaron los ojos. “¡No grites, cabrón, porque te perforo la cabeza a plomazos!”. A empellones lo subieron a la camioneta.
En entrevista con Proceso, el empresario comenta que ya se había enfrentado a una experiencia similar, pero que en esta ocasión lo primero que pensó es que lo iban a matar: “Yo sentí que ya no la contaba, que hasta ahí había llegado mi vida”.
Después de tres horas el vehículo se detuvo. “Me bajaron a empujones. Me quitaron mi celular y me bolsearon. Luego escuché que abrieron una puerta y unos brazos me tomaron y me aventaron al piso. ‘Aquí te quedas calladito; si gritas te mueres’, me advirtieron”.
Recuerda que en el cuarto contiguo escuchó varias voces e incluso oyó que preguntaban si iban a pagar el rescate. Fue en ese momento, dice, cuando estuvo consciente de que se trataba de un secuestro. “Las horas que habían transcurrido se me hicieron eternas. Como estaba vendado y encapuchado, no sabía si era de día o de noche”.
Al día siguiente, refiere, uno de los secuestradores entró al cuarto para llevarle comida. “No tenía hambre. Lo que sentía era mucha sed y estaba muy nervioso. Escuché que el tipo ese cortó cartucho y me metió el cañón de la pistola en la boca. Me dijo que no iba a salir vivo de ahí si no pagaba y que me daban 24 horas para liberarme o matarme. Añadió que me iban a enterrar vivo”.
–¿Cuánto pidieron? –se le pregunta.
–25 millones de pesos.
“Yo les dije que no tenía esa suma en efectivo, pero que podía completarla con maquinaria y algunos coches. Fue entonces cuando me golpearon en la espalda y me lastimaron las costillas a culatazos. Me daban patadas y a cada rato me encañonaban con las armas. Yo escuchaba cuando jalaban del gatillo y nada más se oía el clic de la pistola. Fue horrible.
“No pasó ni una hora cuando otra vez me golpearon y me metieron la pistola hasta el cielo de la boca. Insistían en que querían los 25 millones en efectivo. Les aclaré que no tenía esa suma; que lo que podía pagarles eran 5 millones y esos sí los podía tener en efectivo, pero que me tenían que dar tiempo a que yo le hablara a mi esposa para que los pagara.
“Transcurrió un tiempo, no sé cuánto, y me dijeron que aceptaban los 5 millones. Me preguntaron qué más tenía y les dije que cuatro coches. Dijeron que querían las facturas endosadas. Me pidieron el nombre de mi mujer y su teléfono y hablaron con ella para decirle que tenía que pagar esa suma y entregar los carros. Ella aceptó negociar y pagarles.”
El 23 de diciembre, los plagiarios recibieron el pago y los vehículos con las facturas endosadas. Pero no todo terminó ahí. Una vez cerrada la operación, los secuestradores hablaron con su víctima; en esta ocasión le exigieron que entregara las armas que, según ellos, guardaba en su casa.
Con los ojos llorosos y la voz temblorosa, Teodoro Apolinar prosigue su relato:
“Entraron al cuarto donde estaba y me dijeron que ya habían recibido el pago y los coches, pero que ahora querían que les entregara las armas. Yo les dije que no tenía armas, que no sabía ni disparar una pistola.
“Me gritaron que no me hiciera pendejo, que ellos sabían que yo tenía armas. La verdad es que no tenía armas; sólo guardaba en mi rancho una pistola vieja que ya ni servía. Les comenté que sólo tenía esa pistola y quisieron que se las diera. Le hablaron a mi mujer y ella les comentó que se las iba a entregar. Cuando fueron a buscar la pistola, mi mujer fue al rancho, sacó el arma y les entregó hasta los cinco tiros que tenía. Ahí constataron que era una pistola vieja.”
A pesar de que pagó la suma acordada e incluso entregó el arma, la pesadilla no concluyó para el empresario. Los delincuentes le dijeron que les había gustado su rancho y que se iban a quedar con él. De inmediato ordenaron que toda la gente que trabajaba en el predio se saliera, pues ellos ocuparían la casa.
“No me quedó otra alternativa más que cederles el rancho”, dice resignado Apolinar Rodríguez, quien reconoce haber cometido el error de decirles a sus secuestradores que sí tenía una pistola, “pues ya me iban a liberar, pero todo se retrasó por la pistola.”
–¿Es tan fastuoso su rancho como para que les haya atraído a sus secuestradores?
–Se trata de un predio de dos hectáreas con una casa de descanso que utilizo para estar con mi familia los fines de semana y tengo unas cuantas cabezas de ganado. Eso es todo. No es gran cosa, pero vale algo de dinero.
–¿Y qué pasó después?
–Me liberaron el 24 de diciembre y me fui a mi casa a beber. Ya no quería saber nada de esa pesadilla. No tenía paz. Me despertaba sobresaltado en las noches. Pensaba que aún estaba encerrado y que me iban a matar.
“Esos tipos se fueron a vivir al rancho y desde ahí operaban. Yo no hice nada por temor a que me mataran o a que mataran a mi familia. Lo peor de todo eso vino cuando otra banda se enfrentó con la que me secuestró y se desató un tiroteo en mi rancho. Murieron como 10 personas y mi propiedad fue asegurada por la PGR.”
A poco más de un mes de esos hechos, Apolinar Rodríguez dice que no ha podido recuperar su rancho y explica por qué:
“Las autoridades ahora piensan que yo soy parte de la banda y todo el mundo me pide dinero. Los fiscales de la PGR y los soldados me exigen dinero dizque para ayudarme, pero al paso que va esto, pienso que recuperar mi rancho va a ser tan caro como comprarlo de nuevo.”
“Conservó su rancho, perdió la vida”
Historias como ésta se multiplican sobre todo en Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, entidades donde abundan las propiedades abandonadas por sus dueños, quienes después de ser liberados tras un secuestro tuvieron que irse del país o cambiar su lugar de residencia.
En ocasiones los dueños de los ranchos o casas han tomado la decisión de enfrentarse a balazos con los narcotraficantes y secuestradores para defender su patrimonio, pues ninguna autoridad quiere ocuparse de estos casos.
El 21 de noviembre de 2010 el empresario tamaulipeco Alejo Garza Tamez recibió una llamada telefónica, presuntamente de Los Zetas, para exigirle que cediera una propiedad. Se trataba del rancho San José, localizado a
“Queremos tu rancho. Prepara todos los papeles, vamos a tratar contigo ese asunto”, le dijeron. Supuestamente, los representantes de ese cártel ya habían hablado con un notario público, quien formalizaría la operación fraudulenta.
De 77 años, don Alejo, como le decían sus conocidos, preparó todo: le pidió a la servidumbre que el día de su entrevista no estuviera e hizo lo mismo con los trabajadores del rancho. Después preparó sus armas y se acuarteló en su casa a la espera de los expoliadores.
Cuando el comando armado llegó al rancho, Alejo Garza lo recibió a balazos. En el tiroteo murieron cuatro presuntos narcotraficantes, dos resultaron heridos y don Alejo falleció al recibir varios impactos de bala.
Cuando los elementos de la Marina llegaron al rancho San José, el escenario era impactante: la austera casona principal estaba destrozada por las balas y explosiones de granadas. En la parte exterior de la finca había cuatro cuerpos. Los marinos exploraron los alrededores y encontraron a dos sujetos más heridos e inconscientes.
En el interior de la casa yacía un solo cuerpo: el de don Alejo, dueño de la finca y empresario maderero, con dos armas a su lado y perforado por los tiros. En todas las puertas y ventanas había armas y casquillos.
Tras reconstruir los hechos, los marinos concluyeron que Alejo Garza había diseñado toda una estrategia para defender sus bienes. Por eso colocó armas en todos los frentes de la casa… Salvó su propiedad, pero perdió la vida. Por su actitud, fue inmortalizado en un corrido:
Hombre bragado y valiente /No le importó su dolor /Nació norteño hasta el tope /Como tal defendió su honor… /Salvó primero a sus hombres /Por los matones guardó /Llegaron a amedrentarlo /A balazos les contestó /Desde su noble trinchera / cuatro adelante se echó / Era su vida y su rancho /Era cuestión de su honor /Por eso murió a balazos /Por eso nunca se hincó /En la gloria está don Alejo /Él solito a su rancho salvó /Y los guachos (soldados) están sorprendidos / Pues a ninguno necesitó.
Estado impotente
En Durango –uno de los territorios del cártel de Sinaloa– las bandas de secuestradores han llegado al extremo de recibir los pagos por los rescates en abonos.
Según Ramiro Ortiz Aguirre, fiscal general del estado, optaron por esta modalidad debido a que eligen a sus víctimas al azar. Y pone un ejemplo: “Una banda le preguntó a una de sus víctimas con qué contaba y ésta respondió: ‘pues nomás tengo una vaca’, y la misma vaca fue entregada a cambio de la libertad de esa persona”.
En otros casos, según Ortiz Aguirre, los secuestradores otorgan crédito a los afectados, a quienes liberan para permitirles que consigan la suma acordada. En algunos casos ésta puede ser de 5 mil pesos.
Y explica: “En una ocasión los delincuentes secuestraron a una persona a quien le exigieron una cantidad inalcanzable. Cuando se dieron cuenta de ello decidieron concederle la libertad para que consiguiera el dinero. Hubo un convenio entre secuestrador y víctima. Ésta fue liberada, consiguió el dinero y pagó. Estos casos nunca son denunciados porque la gente tiene temor a ser asesinada”.
Eso no es todo. Existen otras bandas que obligan a sus víctimas a pagar parte de su rescate con un anticipo y el resto mediante pagarés que luego los plagiarios van cobrando de acuerdo con los plazos establecidos.
En muchos casos las extorsiones se realizan con el apoyo de notarios que, bajo amenaza, dan fe de operaciones de compraventa fraudulentas. Por ello, el año pasado el Senado de la República discutió una iniciativa que analizó la posibilidad de incorporar en la Ley Antisecuestros el tema de las narcoextorsiones validadas por notarios.
La idea entonces era que todas las operaciones en las que la delincuencia utilizara a notarios públicos bajo amenazas –o bien que tuvieran vínculos con el narcotráfico– quedarían nulificadas. Sin embargo, la práctica de las extorsiones se propaga en todo el país y frente a este flagelo ninguna autoridad responde.
El experimento que aterra al PRI
Gloria Leticia Díaz
Fracasó el PRI en su intento por arrebatar el poder al PRD. De nada le sirvió calentar el ambiente, intimidar a los votantes para evitar que emitieran su sufragio y derrochar millones de pesos en una avasallante campaña. Despejada la incógnita y con un claro triunfador, el expriista Ángel Aguirre Rivero, impulsado por PRD-PT-Convergencia, los perdedores hacen un recuento de daños, en un tibio intento por impugnar los resultados. Sin embargo, la lección del pasado 30 de enero es que ese día se manifestaron las directrices que se aplicarán en los comicios presidenciales de 2012.
ACAPULCO, GRO.- Sorpresivos por la amplia participación ciudadana y por la tranquilidad en la que trascurrieron, los comicios estatales del 30 de enero último sirvieron también para mostrar el derroche de recursos que desplegarán los aspirantes a la Presidencia de la República en 2012.
La disputa no sólo estuvo marcada por el dispendio, sino por la propaganda negra, la utilización de un call center desde el que se incitaba a la ciudadanía a no acudir a las urnas, rumores sobre la presencia de comandos armados para inhibir el voto, denuncias de los contrincantes sobre compra de votos, pero lo más crítico fue la golpiza a Guillermo Sánchez Nava, representante de la coalición Guerrero nos Une ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG), semanas antes de la jornada electoral.
Los dos principales contendientes, Ángel Aguirre Rivero y Manuel Añorve Baños, no sólo son primos, también los identifica una añeja militancia en el PRI. Ese partido, en coalición con el PVEM y con el Panal, postuló a Añorve, mientras que PRD-PT-Convergencia optó por Aguirre, quien no sólo obtuvo una desahogada ventaja, sino también el apoyo de Marcos Efrén Parra, el candidato del PAN que renunció a la competencia a última hora.
El 30 de enero, Aguirre estuvo acompañado de las fuerzas vivas de la entidad, así como de connotados militantes de los partidos que lo impulsaron, entre ellos el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el priista Añorve no le fue a la zaga, pues contó con el apoyo irrestricto del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, quien apoyó la candidatura del pupilo del senador Manlio Fabio Beltrones, otro de los aspirantes a la Presidencia de la República.
Un documento de la coalición que impulsó a Aguirre, Guerrero nos Une, registró 590 incidentes el día de los comicios. De ese total, 142 estuvieron relacionados con actos de violencia, acarreo y compra de votos, sobre todo en este puerto.
Al final del conteo, el IEEG informó que Aguirre –quien ocupó la gubernatura de manera interina entre 1996 y 1999, luego de que Rubén Figueroa Alcocer pidió licencia por los señalamientos en su contra a causa de la matanza de Aguas Blancas– superó a su primo Manuel Añorve Baños por más de 150 mil votos. La votación total fue de 671 mil 12 para Aguirre (55.92%) y 512 mil 830 para Añorve (42.74%), el candidato de Mejores tiempos para Guerrero.
Hace seis años, Zeferino Torreblanca, cobijado por el PRD, obtuvo la votación más alta hasta ese momento: 589 mil 74 votos contra 450 mil 894 del priista Héctor Astudillo, ahora alcalde de Chilpancingo, quien en esta ocasión fue uno de los primeros en felicitar a Aguirre.
El 31 de enero, el día posterior a los comicios, el mexiquense Peña Nieto también se congratuló del triunfo de Aguirre, aunque sin mencionarlo. Dijo que la derrota de Añorve era una lección que debe asimilar el PRI, incluso se deslindó de la exlíder nacional de su partido, Beatriz Paredes, quien declaró que impugnaría los resultados.
Pese a su activismo en favor de Añorve, Peña Nieto estuvo ausente en los cierres de campaña de su correligionario en Chilpancingo y esta ciudad, el 23 y el 26 de enero, respectivamente. Sin embargo, el 9 de enero el mandatario mexiquense declaró aquí: “Vamos a construir desde Guerrero el eslabón que el PRI ha venido armando para llegar a Los Pinos en
Días después, la representación de la coalición Guerrero nos Une ya había interpuesto denuncias por el presunto uso de recursos públicos del Estado de México en la campaña del priista guerrerense. El 18 de enero fue descubierto un tráiler de 40 toneladas con cajas de despensas que llevaban impreso el logotipo del DIF del Estado de México.
Además, el Instituto Federal Electoral (IFE) dio entrada a una queja presentada por el PAN por la difusión de promocionales televisivos del último informe de gobierno de Peña Nieto. En diciembre, los propios integrantes de la campaña de Añorve admitieron que llegaron 60 camionetas para la campaña del priista, así como operadores políticos procedentes de la entidad vecina.
Dispendio añorvista
Jesús Ortega denunció el 16 de enero la presencia de enviados de tres entidades gobernadas por priistas: Nayarit, Yucatán y Tamaulipas. Los integrantes de la coalición Guerrero nos Une comentaron que los mandatarios de Nuevo León, Coahuila y Baja California también mandaron personal para apoyar al candidato del PRI.
Además de la participación abierta de militantes de ese partido procedentes de otras entidades, la campaña de Añorve estuvo saturada de promocionales, que incluyeron globos aerostáticos, planeadores con propaganda, cubreasientos en los cines, gallardetes, pancartas y espectaculares, así como convenios de publicidad en cines, medios locales y nacionales, como Televisa, que puso a su disposición una reportera y un camarógrafo de tiempo completo.
La campaña del priista estuvo amenizada por personajes de la farándula del consorcio de Emilio Azcárraga Jean, entre ellos Galilea Montijo, Jordi Rosado, el comediante Javier Carranza El Costeño y el cantante Joan Sebastian, entre otros.
Añorve, quien tuvo a su disposición helicópteros y avionetas para desplazarse por la agreste geografía de Guerrero, también fue pródigo en repartir en sus mítines pricilindros, pulseras, rímel para pestañas, lápices labiales, esmaltes de uñas, camisetas, gorras, juegos de mesa, tortilleros, vasos, estufas, agua embotellada y cepillos de dientes.
Sebastián de la Rosa Peláez, quien sustituyó a Sánchez Nava como representante de la coalición Guerrero nos Une, comenta a Proceso que el día de la elección Añorve Baños rebasó el tope de campaña fijado en poco más de 33 millones de pesos:
“Obtuvimos un documento interno del PRI en el que se incluía la compra de votos, alquiler de camionetas, abastecimiento de gasolina, comidas, pagos a operadores y promotores, que contabiliza 35 millones de pesos.”
El representante de Aguirre sostiene que alrededor de 34 millones de pesos más fueron invertidos por la coalición Tiempos mejores para Guerrero en el pago de espacios en siete diarios locales, así como en espectaculares, globos aerostáticos, perifoneo móvil y en el alquiler de helicópteros.
“Esas cifras corresponden a lo que pudimos documentar desde el inicio de la campaña hasta el 29 de enero, y no incluyen otros artículos de propaganda, entre ellos los contratos con medios electrónicos, sobre todo el que tuvo con artistas y Televisa.
“Hay que considerar, y lo digo con toda responsabilidad, que Televisa estuvo totalmente cargada a favor de Manuel Añorve, con entrevistas, apariciones en noticiarios y con comentaristas a su favor, que no hablaron de gratis. Eso debió costar millones de pesos que, te aseguró, se registraron como unos cuantos miles de pesos ante el IFE”, comenta De la Rosa Peláez.
Para promocionar su imagen, Añorve tuvo varias estructuras: la tradicional, a cargo del PRI estatal; Voto focalizado, coordinado por la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega; Yo amo Guerrero, con representaciones en cada distrito, en la que participaban jóvenes, y Fénix Guerrero.
Añorve contó además con el apoyo de Manos que cuidan, una organización dirigida por su mujer, Julieta Fernández, promotora de la apertura de centros de sanación cristianos en Guerrero. La agrupación se encargó de distribuir la tarjeta Manos que cuidan mi economía, con la que los simpatizantes podían obtener descuentos en casi mil establecimientos en el estado.
La organización Fénix Guerrero, dirigida por el encargado de los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF de Acapulco, Maximiliano Vadillo, estuvo integrada por estudiantes y egresados de las carreras de psicología, medicina y odontología.
Su misión era dar consultas y medicinas gratuitas a la población a bordo de tráileres adaptados como consultorios. Comenzó a operar a favor de Añorve el 17 de septiembre pasado, semanas antes del arranque oficial de campaña, el 3 de noviembre, revelan a la reportera varios de los que participaron en esa organización.
El espaldarazo defeño
Marcelo Ebrard, quien desde el año pasado se definió a favor de las alianzas “antinaturales” con el PAN y respaldó a candidatos de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova); Puebla, Rafael Moreno Valle; Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y se sumó a la candidatura del guerrerense Ángel Aguirre Rivero.
El miércoles 2, al término del cómputo en los 28 distritos electorales, el presidente estatal del PRD, Efrén Leyva Acevedo, acusó a Ebrard de desviar “entre 50 y 80 millones de pesos” para comprar votos. Sólo así, dijo, se explica la alta participación ciudadana.
Tras el rompimiento con el PRI, el 6 de agosto de 2010, por la designación de Añorve como candidato, Aguirre fue cobijado de inmediato por Ebrard; Manuel Camacho Solís, coordinador de Diálogos para la Reconstrucción (Dia), y por el presidente de Convergencia, Luis Walton (Proceso 1768).
El diario Reforma reveló el 27 de enero que dos semanas antes Ebrard tuvo una cena con funcionarios de su gobierno y 13 delegados perredistas para distribuir los 28 distritos electorales en que está dividido el estado de Guerrero.
La información, que hasta el viernes 4 no había sido desmentida, indica que Ebrard encomendó algunos distritos electorales a su secretario de Educación del Distrito Federal, Mario Delgado, uno de los aspirantes a sucederlo en el cargo; al de Protección Civil, Elías Moreno Brizuela; al de Transporte y Vialidad, Armando Quintero; al de Turismo, Alejandro Rojas; a la titular de Desarrollo Económico, Laura Velázquez; a la de Desarrollo Rural, Rosa Márquez, y al de Trabajo, Benito Mirón. El resto de los distritos fueron encargados a los 13 delegados y directores de área.
En esa reunión, Ebrard pidió a sus colaboradores apoyar con su experiencia al candidato de Guerrero nos Une, así como “inyectar recursos” a la jornada electoral, comentaron a la reportera fuentes cercanas al jefe de gobierno capitalino.
Los seguidores de Aguirre en Guerrero confirman que el respaldo más fuerte de Ebrard fue político. Su presencia no sólo fue continua, sino que el día que arrancó la campaña del expriista, el 3 de noviembre, estuvo presente. Además, dice, 15 días antes de los comicios, sus enviados “ayudaron a la organización final”.
Dicen que después de la golpiza a Sánchez Nava “se reactivó la campaña sobre todo por gente del PRD aún dudosa en participar porque no estaba convencida de trabajar con priistas, es decir, con los Amigos de Ángel”.
Priistas que participaron en la campaña de Añorve y recaban pruebas en contra de Ebrard, aseguran que en este puerto hubo más de 300 enviados por el jefe de gobierno capitalino. A todos, dicen, les pagaron “salarios y viáticos”. Se hospedaron en seis hoteles que, insisten, tienen plenamente identificados.
Sostienen que los enviados de Ebrard se dedicaron a cooptar a los líderes identificados con el PRI y a miles de ciudadanos para que votaran por su candidato: Ángel Aguirre.
Algunos promotores del voto priista en las colonias populares de esta ciudad se muestran indignados por los operadores defeños. Uno de ellos, quien pide omitir su nombre, asegura que inició la campaña para convencer a por lo menos mil 500 ciudadanos para que votaran por Añorve Baños.
Dice que no se propuso comprar votos, sino ganarlos para su partido. Y se queja porque, “el día de la elección, la casa de uno de los líderes de la colonia en que trabajé amaneció con propaganda de Aguirre; incluso vio cómo, a partir de la una de la tarde, “camionetas blancas, cada una con cinco personas a bordo, comenzaron a interceptar a los votantes”.
El representante del IEEG, Roberto Torres Aguirre, comenta que la mitad de las 195 quejas presentadas durante el proceso electoral corrieron a cargo de la coalición de Manuel Añorve.
El funcionario electoral, quien el día del cómputo distrital exigió el recuento de votos en más de mil casillas por presuntas irregularidades, se desistió, declaró Añorve el día posterior a los comicios.
“No queremos alertar a nuestros adversarios, todos esos incidentes (compra de votos y la inversión de entre 50 y 80 millones de pesos por parte de Marcelo Ebrard) están debidamente documentados. Discúlpeme por no darle detalles, pero es nuestra defensa”, dice Torres Aguirre.
Por lo pronto, el jueves 3, Añorve anunció su regreso a la alcaldía de Acapulco. Es un acto de “responsabilidad”, dijo frente a 110 mil simpatizantes.
Nuevos alfiles para el ajedrez privado
Jenaro Villamil
Dos nuevos nombramientos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –en puestos que tienen que ver con la aeronáutica y la infraestructura– apuntan a que en esa dependencia se empiezan a reunir y amalgamar dos grupos: el de las piezas del círculo cercano de Felipe Calderón y el de los excolaboradores de Luis Téllez, el defenestrado secretario del ramo. En el entramado de intereses privados que gobiernan las decisiones en esa secretaría, no parece casual que las dos nuevas piezas hayan trabajado en empresas interesadas en las privatizaciones del sector.
El presidente Felipe Calderón colocó a dos funcionarios de su círculo cercano –ninguno de los cuales tiene experiencia en los sectores de la aeronáutica civil o en la construcción de infraestructura– en el equipo de Dionisio Pérez Jácome Friscione, tercer secretario de Comunicaciones y Transportes en lo que va del sexenio: Fausto Barajas Cummings, como subsecretario de Infraestructura en sustitución de Óscar de Buen, y Felipe Duarte Olvera en la Subsecretaría de Transporte, en relevo de Humberto Treviño Landois.
A estos cambios podría sumarse en breve la designación del coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón Domínguez, como subsecretario de Comunicación, cargo vacante desde la salida de Gabriela Hernández. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se maneja la versión de que la llegada de Chacón es inminente.
Chacón y Pérez Jácome tienen algo en común: el extitular de la SCT Luis Téllez Kuenzler. Ambos trabajaron a sus órdenes, son egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tienen vínculos con consultoras y empresas trasnacionales con intereses en el sector de infraestructura, puertos y telecomunicaciones.
Alejandro Chacón ha orientado las licitaciones en materia de puertos a favor de la empresa Stevedoring Services of America (SSA), en cuyo consejo consultivo participó Téllez del 12 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006.
De esta manera, intereses privados que vinculan a los recién designados por Felipe Calderón –quienes trabajaron en la Oficina de la Presidencia a las órdenes de Gerardo Ruiz Mateos– con los excolaboradores del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, se conjugan en la cúpula de la SCT.
Los dos nuevos subsecretarios, Fausto Barajas y Felipe Duarte, trabajaron en la consultoría McKinsey, que elaboró la Estrategia Nacional de Energía a principios de 2010 y que también ha hecho estudios para nuevas opciones aeroportuarias, a favor de inversionistas privados, en Tizayuca y Texcoco.
La red de intereses de McKinsey, considerada una de las 10 consultoras estadunidenses más influyentes en materia de energía y privatización de servicios públicos, se suma a la de la consultora Mercer Management Consulting, donde trabajó Pérez Jácome (Proceso 1786).
En una comparecencia en la Cámara de Diputados el año pasado, la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel, admitió que “la empresa consultora McKinsey fue contratada en enero de 2010 y está desarrollando actualmente una herramienta que sea capaz de integrar y optimizar los sistemas de refinación de petróleo, distribución de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica para contribuir a la planeación integral del sector”.
En la misma consultoría trabajó Carlos Rafael Murrieta Cummings, actual director corporativo de Operaciones de Petróleos Mexicanos y primo de Barajas Cummings.
McKinsey ha promovido en varios países en vías de desarrollo, en especial en India, el esquema conocido como asociaciones público-privadas para la construcción de infraestructura, como consta en el informe Building India: Financing and Investing in Infraestructura.
En octubre de 2010 el Senado aprobó la Ley de Asociaciones Públicas Privadas, consideradas por sus críticos como “una de las subastas más salvajes”.
“Sustituyendo a la autoridad pública en la creación de la infraestructura necesaria y dejando a los particulares en la administración de la misma no se promueve la infraestructura sino los buenos negocios y la corrupción pública, que eso en México ya es decir bastante”, advirtió el senador Pablo Gómez durante el debate de la ley de APP que aún está en comisiones en la Cámara de Diputados.
“El sexenio de la infraestructura”
La llegada de Fausto Barajas Cummings a la Subsecretaría de Infraestructura busca cumplir con la promesa de consolidar los proyectos carreteros del Programa Nacional de Infraestructura que se han atorado en los últimos años por licitaciones poco transparentes y por subejercicios.
Sólo en proyectos carreteros la SCT tuvo en 2010 un subejercicio de 7 mil 984 millones de pesos, informó el pasado miércoles 2 el diputado priista Javier Gil Ortiz, presidente de la Comisión de Transporte.
Gil Ortiz documentó que en 2010 se le asignaron 11 mil 728 millones de pesos a la SCT, de los cuales se ejercieron menos de 4 mil millones.
En su último comunicado, el 25 de enero, la SCT se defendió señalando que entre 2007 y 2010 se realizó una “inversión sin precedente” en materia de infraestructura carretera que superó los 174 mil 103 millones de pesos.
El mismo comunicado justificó: “además, la certidumbre jurídica y viabilidad de proyectos que ofrece México para la inversión nacional y extranjera ha permitido que mediante asociaciones público-privadas se hayan edificado y puesto en operación más de
Según la SCT con ese esquema de privatización –el mismo que promueven consultorías como McKinsey– están en construcción otros 14 proyectos con una longitud de casi mil kilómetros y están por iniciarse seis obras más, con longitud de
En materia de transporte el subsecretario Duarte Olvera –quien era responsable de Competitividad y Normatividad en la Secretaría de Economía, a las órdenes de Bruno Ferrari– tendrá como objetivo “avanzar en el fortalecimiento de los sectores de aviación, ferroviario y autotransporte”.
Duarte Olvera se enfrentará a la grave crisis detonada por la quiebra de Mexicana de Aviación. Su experiencia en aeronáutica civil es nula. De diciembre de
El 18 de septiembre de 2008 el entonces titular de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, lo nombró subsecretario de Competitividad y Normatividad en lugar de Carlos Arce Macías. Su paso al frente de esta área no dejó ninguna huella destacable. Al ser designado Bruno Ferrari secretario de Economía, en julio de 2010, Felipe Duarte prácticamente quedó “congelado” en esa dependencia.
Servicio público... al sector privado
Otra área clave para el desarrollo de infraestructura es la licitación de puertos. El Plan Nacional de Infraestructura proyectó 27 grandes obras que quedaron suspendidas por el fracaso en las licitaciones para la ampliación de puertos. El motivo: una mala configuración de los proyectos, tal como lo ha reconocido la propia Secretaría de la Función Pública.
Al frente de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante se ha mantenido desde la salida de Luis Téllez su excoordinador de asesores, Alejandro Chacón, quien antes fue director en México de la agencia Kroll, empresa presuntamente dedicada al espionaje industrial.
Chacón Domínguez trató de favorecer a la empresa Stevedoring Services of America (SSA) al menos en dos casos: la licitación de una terminal especializada de contenedores en Manzanillo, Colima, y otra similar en Tuxpan, Veracruz.
En Manzanillo las bases del concurso establecieron que el ganador sería quien ofreciera el mayor volumen de operación en el menor tiempo, lo cual favorecía claramente a SSA, que desde 1995 operaba la terminal número 11 de contenedores, la que mueve mayor volumen.
Frente al escándalo provocado por el abierto favoritismo a SSA, el concurso se adjudicó a una empresa de origen filipino cuya propuesta tenía más de 20 causas de descalificación.
En octubre de 2009 se emitió la licitación API/TUX/01/09 para una terminal de Tuxpan, Veracruz, con cláusulas que beneficiaban a Riberas de Pantepec. El representante legal de esta empresa es Francisco Kassian, quien fue director general de SSA México (Proceso 1681).
En una carta enviada a este semanario Kassian negó que el vínculo de SSA con Luis Téllez haya beneficiado a esta empresa en la licitación de puertos.
El proyecto de Tuxpan fue suspendido el 19 de febrero de 2010 por la Secretaría de la Función Pública ante “diversas quejas y denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de esta Administración Portuaria Integral de Tuxpan”.
Entre esas denuncias estuvo un estudio de impacto y riesgo elaborado por la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. En su oficio SGPA/DGIRA/DESEI/0045/009, esta dependencia estableció que el proyecto a favor de Riberas de Pantepec “podría afectar el desarrollo de la vegetación y fauna del predio, y específicamente la afectación de una superficie de
SSA también estuvo interesada en el multimillonario Proyecto Multimodal Punta Colonet, en Baja California, cuya inversión se calculaba entre 5 mil y 8 mil millones de dólares.
La consultora encargada de elaborar ese proyecto fue Mercer Management Consulting, donde trabajó Dionisio Pérez Jácome, socio director de la misma en 2006 (Proceso 1786).
El 27 de abril de 2007, ante una consulta vía acceso a información pública, el entonces titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia de la SCT, Joaquín García Díaz, respondió a la solicitud 0000900076/17 señalando que Luis Téllez participó en el Consejo Consultivo de SSA del 12 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006.
A la pregunta “¿Tuvo que solicitar o enviar a la Secretaría de la Función Pública algún escrito para justificar su anterior participación en dicho consejo de administración, sobre todo porque trataría como secretario de Comunicaciones y Transportes el Proyecto Punta Colonet?”, la respuesta fue: “No tuvo que hacerlo”.
Téllez se fue de la SCT y su excolaborador Alejandro Chacón quedó al frente del proyecto de las licitaciones portuarias. Ahora su nombre se menciona para la Subsecretaría de Comunicaciones. En ese puesto, de llegar a ocuparlo, tendrá que ser regulador en telecomunicaciones, uno de los sectores más conflictivos y con mayor nivel de inversiones en México.
En el Consejo de Administración de SSA México trabajó otro funcionario clave en la red de intereses públicos y privados que influyen en la SCT y que ahora es un fuerte competidor en telecomunicaciones: Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica MoviStar.
Gil Díaz también comparte otro rasgo importante con Téllez, Pérez Jácome, Chacón y los dos nuevos subsecretarios de la SCT: es profesor emérito del ITAM, el alma mater de esta nueva camada de funcionarios y amigos de Calderón.
Filtraciones de una negociación
Bill Keller
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, irrumpió en las oficinas de The Guardian. Estaba furioso y exigía que The New York Times no tuviera acceso a los miles de documentos secretos de Estados Unidos que él había filtrado a varios medios europeos… Bill Keller, jefe de redacción del periódico neoyorkino, cuenta la historia de las agitadas negociaciones que hubo detrás de la difusión de dichos documentos. Lo hace en un largo texto que su diario publicó el pasado 26 de enero y del cual Proceso reproduce fragmentos sustanciales.
En junio pasado, Alan Rusbridger, jefe de redacción del periódico inglés The Guardian, me llamó por teléfono para preguntarme, misteriosamente, si tenía idea de cómo organizar una comunicación segura. Realmente no, confesé. El diario The New York Times no tiene líneas telefónicas encriptadas ni un Cono del Silencio. Pues entonces, dijo, trataré de hablar de manera circunspecta.
Con algunos rodeos, presentó una propuesta inusual: una organización llamada WikiLeaks, integrada por sigilosos vigilantes antisecreto, tenía en su poder una cantidad sustancial de comunicaciones clasificadas del gobierno estadunidense. El líder de WikiLeaks, Julian Assange, un excéntrico ex hacker de origen australiano y sin residencia fija, había ofrecido a The Guardian medio millón de despachos militares de los campos de batalla de Afganistán e Irak. Después de eso, podría haber más, incluyendo un inmenso paquete de cables diplomáticos confidenciales. Para aumentar el impacto, así como para dividir el trabajo en el manejo de tal tesoro, The Guardian sugirió invitar a The New York Times para compartir esta exclusiva recompensa. La fuente estuvo de acuerdo. ¿Me interesaba a mí?
Sí, me interesaba.
Poco después de la llamada de Rusbridger, enviamos a Londres a Eric Schmitt, de nuestra oficina de Washington. Durante años, Schmitt ha cubierto en forma experta asuntos militares, ha leído un sinnúmero de despachos castrenses clasificados y tiene un criterio excelente y una conducta imperturbable. Su principal tarea: tener una idea del material. ¿Era genuino? ¿Era de interés público? Asimismo, informaría sobre la mecánica que se nos proponía para colaborar con The Guardian y la revista alemana Der Spiegel, que Assange atrajo como un tercer invitado a su secreto buffet sueco (…)
La primera llamada de Schmitt al Times fue alentadora. No tenía duda alguna de que los despachos sobre Afganistán eran genuinos… y fascinantes: un diario de una guerra atormentada de abajo hacia arriba. Asimismo, había insinuaciones de que habría más, especialmente cables clasificados de toda la constelación de puestos diplomáticos estadunidenses. En ese momento WikiLeaks los retenía, supuestamente para ver cómo funcionaba esa aventura con los medios del establishment.
En los siguientes días, Schmitt se encerró en una oficina discreta de The Guardian para hacer un muestreo del tesoro con los despachos de guerra y para discutir las complejidades del proyecto: cómo organizar y estudiar una memoria caché (de alta velocidad y acceso rápido) tan voluminosa de información; cómo transportarla, almacenarla y compartirla de manera segura; cómo trabajarían juntos periodistas de tres publicaciones tan diferentes sin comprometer su independencia; y cómo todos aseguraríamos una distancia apropiada de Julian Assange.
Durante todo este proceso, veíamos a Assange como una fuente, no como un socio o colaborador. Claramente era un hombre que tenía su propia agenda.
El encuentro
Después de cuatro días de reuniones en Londres, Assange llegó desgarbado a la oficina de The Guardian con 24 horas de retraso. Schmitt tomó su primera impresión del hombre que tendría una gran presencia en nuestras vidas. “Es alto –probablemente
Assange se quitó una enorme mochila de los hombros y sacó un arsenal de laptops, cables, teléfonos celulares, tarjetas de memoria y memorias USB que contenían los secretos de WikiLeaks (…)
Los reporteros llegaron a pensar que Assange era inteligente y bien educado, muy adepto a la tecnología, pero arrogante, susceptible, conspirador y extrañamente crédulo (…)
Assange desdeñaba abiertamente al gobierno estadunidense y estaba seguro de que era un hombre perseguido. Les dijo a los reporteros que había preparado una suerte de opción para el Día del Juicio Final. Explicó que había distribuido copias altamente encriptadas de todo su archivo secreto a una multitud de simpatizantes y, en caso de que WikiLeaks fuera clausurado, o si él fuera detenido, difundiría la clave para hacer pública la información.
El resto de la semana Schmitt trabajó en la organización y clasificación de los documentos junto con David Leigh, jefe de redacción de Investigaciones de The Guardian; Nick Davies, un reportero investigador del periódico; y John Goetz, reportero de Der Spiegel. Con la ayuda de dos de los mejores cerebros en materia de computación del Times –Andrew Lehren y Aron Pilhofer– reunieron el material en una base de datos cómoda y segura (…)
Assange nos proporcionó los datos con la condición de que no escribiéramos al respecto antes de fechas específicas en las que WikiLeaks pensaba colocar los documentos en un sitio en la red públicamente accesible.
Los documentos de Afganistán serían primero, después contábamos con algunas semanas para buscar el material y escribir nuestros artículos. La memoria caché más grande de documentos relacionados con Iraq seguiría después (…). El embargo –un acuerdo para no publicar información antes de una fecha específica– era la única condición que WikiLeaks nos trataría de imponer; lo que escribiéramos sobre el material era totalmente nuestra decisión (…) Al Times nunca se le pidió que firmara ni pagara nada. Para WikiLeaks, por lo menos en esa primera gran ronda, la exposición era su propia recompensa.
En Nueva York juntamos a reporteros, expertos en datos y jefes de redacción y los acuartelamos en una oficina aislada. Andrew Lehren, miembro de nuestra Unidad de Cobertura Asistida por Computadora, hizo un primer corte. Buscó por su cuenta términos usados en los documentos, así como otros sugeridos por reporteros; recopiló lotes de documentos relevantes y resumió sus contenidos. Asignamos reporteros por áreas específicas de conocimiento y les dimos contraseñas para que tuvieran acceso a los documentos y hurgaran en los datos. Esto devino en la rutina que seguiríamos en archivos subsecuentes.
Un aire de intriga que bordeaba en la paranoia permeó el proyecto. Quizá era comprensible debido a que estábamos manejando un gran volumen de material clasificado y lidiando con una fuente que actuaba como fugitivo, que cambiaba con frecuencia de lugar donde dormía, de direcciones de correo electrónico y de teléfonos celulares. Usamos sitios en la red encriptados. Los reporteros intercambiaban notas por Skype, en la creencia de que era menos vulnerable (…) En las teleconferencias hablábamos con códigos de aficionados: Assange siempre era “la fuente”, la última entrega de datos era “el paquete” (…) Cuando salí de Nueva York durante dos semanas para visitar las oficinas en Paquistán y Afganistán, donde suponemos que las comunicaciones pueden estar monitoreadas, pedí que no se me mandara copia alguna de mensajes sobre el proyecto (…) En un momento, cuando las relaciones con WikiLeaks estaban tambaleantes, por lo menos tres personas asociadas con este proyecto tuvieron actividad inexplicable en su correo electrónico, lo cual sugería que alguien estaba hackeando sus cuentas.
Por consultas con nuestros abogados, confiábamos en que escribir sobre los documentos secretos se podía hacer dentro de la ley, pero especulábamos sobre lo que el gobierno –o algún otro gobierno– pudiera hacer para impedir nuestro trabajo o recriminarnos. Y, haciendo la ley a un lado, sentíamos una enorme obligación moral en usar el material responsablemente. Aunque asumíamos que teníamos poca o ninguna capacidad de influir en lo que WikiLeaks hiciera, e incluso en lo que sucediera una vez que este material se colocara en la blogosfera, eso no nos liberaba de la necesidad de tener cuidado en el ejercicio de nuestro periodismo. Desde el inicio acordamos que en nuestros artículos y en cualesquiera documentos que publicáramos del archivo secreto, excluiríamos material que pusiera vidas en riesgo.
Acordamos la manera en que los primeros artículos del proyecto, que llamamos War Logs (Bitácoras de guerra), aparecieran al mismo tiempo el domingo 25 de julio en los sitios en internet de The New York Times, The Guardian y Der Spiegel.
Antes de eso, contactamos a funcionarios de la Casa Blanca para obtener su reacción sobre esta enorme violación del secreto, así como sobre artículos específicos que pensábamos escribir, incluyendo uno muy importante sobre el ambiguo papel de Pakistán como aliado de Estados Unidos (…) Me sentí orgulloso de lo que un equipo de excelentes periodistas había hecho para diseñar una cobertura coherente e instructiva de un revoltijo de reportes en bruto obtenidos directamente del campo de batalla y escritos en un torpe dialecto de jerga y siglas militares. Los reporteros proporcionaron contexto, matices y escepticismo (…)
Hostilidad
Tres meses después, ya con el diario francés Le Monde en el grupo, publicamos la Ronda 2, las Bitácoras de la guerra de Iraq, incluyendo artículos sobre cómo Estados Unidos se hizo de la vista gorda ante la tortura de prisioneros por fuerzas iraquíes que trabajaban con Estados Unidos (…)
Para entonces, la relación del Times con nuestra fuente había pasado de cautelosa a hostil. Hablé con Assange por teléfono algunas veces y escuché sus quejas. Estaba enojado porque no aceptamos conectar nuestra cobertura en línea de las Bitácoras de guerra con el sitio en internet de WikiLeaks. Tomamos esta decisión porque temíamos –con razón, como después constatamos– que su tesoro contenía los nombres de informantes de bajo nivel que se convertirían en blancos de los talibanes. “¿Dónde está el respeto?” preguntó. “¿Dónde está el respeto?”.
En otra ocasión llamó para expresarme su disgusto por la semblanza que publicamos de Bradley Manning, el soldado raso sospechoso de ser la fuente de las revelaciones más asombrosas de WikiLeaks. El texto rastreaba la niñez de Manning como un intruso y su angustia como hombre homosexual en el ejército. Assange se quejó de que nosotros “psicologizamos” a Manning y despachamos sin rodeos su “despertar político”.
El colmo fue una semblanza de Assange en primera plana del Times, escrita por John Burns y Ravi Somaiya y publicada el 24 de octubre (2010), que reveló fracturas dentro de WikiLeaks atribuidas por los críticos de Assange a su imperioso estilo administrativo. Assange calificó el texto como una “calumnia”.
Assange se transformó. Era una celebridad fuera de la ley. El paria con la mochila y los calcetines flojos ahora usaba el pelo teñido y estilizado, a la vez que prefería trajes a la moda y corbatas delgadas. Se convirtió en una suerte de figura de culto para los jóvenes europeos de izquierda y, evidentemente, era un imán para las mujeres (…) Llegué a pensar en Julian Assange como un personaje de un thriller de Stieg Larsson: un hombre que podía figurar como héroe o villano en una de las megavendidas novelas suecas que mezclan la contracultura hacker, la conspiración de alto nivel y el sexo, tanto como recreación y violación.
Ruptura
En octubre, WikiLeaks entregó a The Guardian su tercer archivo: un cuarto de millón de comunicaciones entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y sus embajadas y consulados en todo el planeta.
Esta vez, Assange impuso una nueva condición: que The Guardian no compartiera el material con The New York Times. De hecho, dijo a periodistas de The Guardian que había iniciado pláticas con otras dos organizaciones noticiosas estadunidenses –The Washington Post y la cadena McClatchy–, a las que pensaba invitar en reemplazo del Times. Asimismo, amplió su lista para incluir al periódico español El País.
The Guardian se sintió incómodo con la condición de Assange. Los periodistas del Times y de The Guardian ya tenían una buena relación de trabajo. The New York Times proporcionaba un gran público estadunidense para las revelaciones, así como acceso al gobierno estadunidense para comentarios y contexto. Además, dados los posibles asuntos legales y la reacción pública, era bueno contar con compañía en la trinchera.
Por otro lado, creíamos que Assange estaba perdiendo control de su arsenal de secretos. Una periodista independiente, Heather Brooke, había obtenido material de un disidente de WikiLeaks y había formado una suerte de alianza con The Guardian. En las siguientes semanas, lotes de cables empezaron a aparecer en periódicos en Líbano, Australia y Noruega. David Leigh, jefe de redacción de investigaciones de The Guardian, concluyó que estas filtraciones liberaban a este diario de cualquier promesa, por lo que él mismo nos dio los cables del Departamento de Estado.
El 1 de noviembre, Assange y dos de sus abogados irrumpieron en la oficina de Alan Rusbridger. Estaban furiosos por el hecho de que The Guardian mostraba más independencia y sospechaban que el Times tenía los cables de las embajadas.
Durante una reunión de ocho horas, Assange arremetió de manera intermitente contra The New York Times –especialmente por la semblanza que publicamos en primera plana–, mientras que los periodistas de The Guardian trataban de calmarlo. En medio de la tormenta, Rusbridger me llamó para transmitirme las aflicciones de Assange, así como su exigencia de una disculpa de primera plana en el Times. Rusbridger sabía que esto era imposible, pero estaba ganando tiempo para que el berrinche cediera. Al final, tanto él como Georg Mascolo, jefe de redacción de Der Spiegel, dejaron en claro que pensaban continuar con su colaboración con el Times. Assange podía tomarlo o dejarlo. Debido a que ya teníamos todos los documentos, a Assange no le quedaban muchas alternativas. En los siguientes dos días, las organizaciones noticiosas acordaron un horario para la publicación de los documentos (…) (Traducción Lilia Rubio) l
Cuando los secretos se odian
Leonardo Boix
La vida del hacker australiano que fundó WikiLeaks y puso a temblar a la mayor potencia del mundo al revelar sus secretos diplomáticos y militares es abordada en el libro WikiLeaks: dentro de la guerra de Julian Assange contra el secreto, de los periodistas británicos David Leigh y Luke Harding. En este volumen se divulgan datos pocos conocidos del personaje que pasó una infancia azarosa, con cambios continuos de casas y escuelas, que se tardó 25 años en conocer a su padre y que hasta se disfrazaba de anciana para tratar de despistar a los agentes que, según él, lo acechaban.
LONDRES.- Bajo la tenue luz de una tarde londinense, su figura podría pasar por la de una mujer. Salió cautelosamente por una puerta y se metió a un destartalado auto rojo acompañada por varias personas. El auto tomó rumbo a Cambridge.
Poco después de las 10 de la noche, el grupo llegó al poblado de Ellingham, en East Anglia, y el automóvil se detuvo fuera de una vieja mansión. La silueta bajó del carro. Había algo extraño en ella: tenía una especie de joroba o al menos así le habría parecido a cualquier persona que estuviera observando desde el bosque adyacente.
De cerca, sin embargo, se apreciaba que la figura era la de Julian Assange.
Así comienza la historia que los reporteros del matutino británico The Guardian David Leigh y Luke Harding plasman en su libro WikiLeaks: dentro de la guerra de Julian Assange contra el secreto (WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy, Guardian Books), que narra detalles hasta ahora desconocidos del que llegó a ser el “hombre más buscado del planeta”.
El libro –puesto a la venta el pasado martes 1 en Londres– con introducción del editor de The Guardian, Alan Rusbridger, narra desde las andanzas de Assange en su infancia y el distanciamiento de su padre hasta el acuerdo en un hotel de Bruselas que llevó a la publicación de miles de documentos secretos de la diplomacia estadunidense.
La obsesión del australiano por proteger sus actividades y evitar a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) lo llevó a disfrazarse de anciana, voltear todo el tiempo sobre su hombro para cerciorarse de que nadie lo seguía o nunca hablar por celular.
Como dice el libro:
“Assange ‘cambió de género’ en un intento de (...) evadir a posibles perseguidores. Junto a él se encontraban su joven asistente Sarah Harrison y su segundo, el periodista islandés Kristinn Hrafnsson. Aquella tarde (de diciembre de 2010), ese pequeño grupo era el núcleo de WikiLeaks, el sitio de filtraciones que Assange había fundado hacía cuatro años. Siempre creyó que estaba siendo perseguido por la CIA, pero nunca pudo probarlo.”
“Fugitivos”
Assange –quien los próximos lunes 7 y martes 8 deberá presentarse ante una corte británica que decidirá si lo extraditan o no a Suecia, donde se le acusa de abusos sexuales– “fue un hacker genial” aunque también una persona “de personalidad dañada, petulante e irascible”, características que supuestamente tienen sus raíces en una infancia compleja.
Un dato desconocido hasta ahora es que durante su infancia Assange asistió a 37 escuelas diferentes y cambiaba constantemente de domicilio pues su madre –quien siempre tenía problemas para pagar el alquiler de su vivienda y encabezaba un “hogar disfuncional”– temía ser descubierta por los servicios de seguridad social.
A los 17 años Christine, la madre de Assange, se enamoró de John Shipton, un joven al que conoció en una manifestación contra la Guerra de Vietnam en 1970. De esa relación nació Julian, aunque su padre biológico no tuvo ningún papel en su vida durante años. “No tuvieron más contacto hasta que Julian cumplió
Cuando se conocieron, Julian descubrió que había heredado el temperamento “rebelde” de su padre. Un amigo de Assange afirma que Shipton era “como un espejo que reflejaba la imagen de Julian”.
La madre de Julian se relacionó después con otro hombre, Brett Assange, y luego con un tercero mucho más joven que ella, Keith Hamilton, miembro del culto new age The Santiniketan Park Association. Ese hombre fue, según Julian, “un psicópata manipulador”.
Cuenta Assange: “Nos la pasábamos perseguidos, posiblemente por filtraciones en el sistema de la seguridad social, y por eso teníamos que abandonar rápidamente el lugar donde estuviéramos con destino a otra ciudad”. Durante los siguientes cinco a seis años, cuando Assange era sólo un niño, los tres vivieron como fugitivos.
Cuando Julian cumplió 14 años, su madre alquiló una casa frente a una tienda de electrónica. Assange comenzó a visitar el local y allí entró en contacto con su primera computadora, una Commodore 64. Su madre ahorró dinero para comprársela y así el joven empezó a aprender los códigos de computación. A los 16 años ya tenía un módem.
Poco después, el australiano asistió a un programa para niños superdotados en Melbourne donde adquirió “una personalidad introvertida y emocionalmente perturbada”, como el fundador de WikiLeaks contó a los autores del libro. Después descubrió la piratería informática.
El “hacker”
Para su libro Underground: Tales of Hacking, Madness & Obsession on the Electronic Frontier (1997), Suelette Dreyfus –una académica de Melbourne– contrató a Assange como principal investigador. La huella del joven en la obra es palpable, cuentan Leigh y Harding.
La obra describe el ámbito subterráneo de la computación en los noventa: “Un mundo velado, poblado de personajes que entraban y salían de las sombras. No es un lugar donde la gente utiliza su verdadero nombre”.
“Muchas veces ni iba a la escuela”, se lee en Underground. “El sistema educativo no le interesaba. No hacía crecer su mente. El sistema de computación de Sydney era un lugar mucho más interesante para estar que una escuela secundaria rural”, agrega.
Para 1991, Assange probablemente era el hacker más completo de Australia. Junto con dos amigos fundó la revista International Subversives, que enseñaba, entre otras cosas, a violar el sistema de telefonía para hacer llamadas gratis.
En la primavera de ese año, los tres jóvenes piratas informáticos hallaron un nuevo blanco: Milnet, la red de información secreta del ejército estadunidense. “Assange halló una puerta trasera. Entró. En dos años logró el control absoluto del sistema”, afirman Leigh y Harding.
Entonces comenzó a sospechar que lo perseguían.
“Vació sus discos, quemó las copias en papel y escapó”, dice la biografía, que da cuenta también del romance de Assange con una muchacha (cuyo nombre no se revela) y a quien Julian, de 18 años, embarazó. Se casaron y tuvieron un hijo: Daniel.
Pero a medida que aumentaban las ansiedades de Assange y la policía cerraba el círculo para atraparlo, su esposa abandonó a su marido y al bebé de 20 meses.
Hacia 1994, Assange tuvo el primer encuentro con la justicia. La corte de Victoria le fincó 24 cargos vinculados con la piratería informática. Los fiscales determinaron que el joven era el “más activo” y “más completo” del grupo, aunque finalmente determinaron que la razón por la que Julian intervenía los sistemas de computación “era por arrogancia y para demostrar cuánto sabía”.
El juez de la causa concluyó que Assange actuó “por un interés intelectual” y le conmutó la pena de cárcel (10 años) por una multa de 2 mil 100 dólares australianos.
Desempleado, con un hijo a cuestas y subsistiendo gracias a un subsidio que el gobierno le otorgaba por ser padre soltero, ideó el blog IQ.org, con el fin de tener una página “que terminara con las injusticias en el mundo”.
“Cuanto más secreta e injusta es una organización, más miedo y paranoia generan las filtraciones. Debido a que los sistemas injustos llevan por naturaleza a la creación de una oposición, las filtraciones masivas los dejan exquisitamente vulnerables y los amenazan con formas más abiertas de gobernabilidad”, escribió Assange en el sitio.
Por esos días les comentó a sus seguidores acerca de un nuevo plan: “Este es un correo electrónico interno y restringido para w-i-k-i-l-e-a-k-s-.-o-r-g. Por favor no mencionen esta palabra directamente en estas discusiones: hablen sólo de WL”, fue otra de las entradas en su blog, fechada el 14 de noviembre de 2006.
Cuando Assange decidió hacer público el proyecto WikiLeaks, viajó a Nairobi, Kenia, para presentarlo ante el Foro Social Mundial en 2007. Allí WikiLeaks logró su primera exclusiva: un amplio reporte sobre supuesta corrupción del expresidente keniano Daniel Arap Moi, elaborado por la consultora privada Kroll.
Pero el sucesor de Arap Moi, Mwai Kibaki, el mismo que pidió la investigación, se negó a publicarla alegando razones políticas.
“Ese reporte fue el Santo Grial del periodismo keniano”, diría Assange a los autores del libro. El reporte fue filtrado a Mwalimu Mati, jefe del organismo anticorrupción Mars Group Kenya, quien finalmente lo entregó a WikiLeaks. La noticia apareció en la portada del británico The Guardian el 31 de agosto de 2007 con el encabezado Los billones perdidos en Kenia.
“WikiLeaks” y el golpe mundial
Los primeros grandes golpes de WikiLeaks llegaron cuando Assange publicó en su sitio videos que mostraban a tripulantes de un helicóptero estadunidense Apache AH-64 disparando con ametralladoras de
Ese episodio era parte de un paquete de documentos secretos que entregó a WikiLeaks el soldado estadunidense Bradley Manning, quien ahora espera ser juzgado por una corte marcial que podría condenarlo hasta 50 años de cárcel por esas filtraciones.
Luego de este escándalo Assange dio otro golpe: hizo públicos miles de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán.
“Esos informes, publicados en julio de 2010, formaban parte de un paquete de 92 mil documentos que supuestamente le entregó Manning a Julian Assange”, escribieron los periodistas británicos, dejando en claro que sí hubo contactos entre Assange y Manning.
Assange dio el “golpe mortal” con la publicación, el pasado noviembre, de al menos 250 mil documentos secretos de la diplomacia estadunidense.
El libro va narrando cómo fue Leigh quien obtuvo el primer caudal de esa documentación:
“David Leigh escucha pacientemente a Assange quien le ordena que nunca permita que su ficha de memoria sea conectada a alguna computadora expuesta a internet, por miedo a seguimientos de la inteligencia estadunidense. Pero lo cierto es que no había peligro. La casa que Leigh había alquilado en las Highlands escocesas ni siquiera recibía señal de televisión, menos aún conexión de banda ancha”, destaca el libro.
“El editor de investigaciones de The Guardian tenía planeado originalmente pasar unas vacaciones de verano con su esposa, escalando las montañas de Grampian. Pero las cimas escocesas de Dreish, Mayar, Lochnagar y Cat Law quedaron sin ser escaladas.
“El periodista se sentó con rostro transfigurado frente a su mesa de trabajo (...) En una pequeña tarjeta de memoria dorada de Hewlett-Packard insertada en su MacBook se encontraba el texto completo con más de 250 mil cables diplomáticos. Analizarlos era una actividad enloquecedora, agotadora y últimamente fascinante”, agrega.
Los documentos, la mayor filtración de la historia de la información confidencial, provocaron un escándalo mundial y comprometieron a gobiernos, corporaciones, organismos financieros e individuos a una escala nunca antes imaginada.
Una servilleta
“Hotel Leopold, Place Luxemburgo, Bruselas. 9.30 pm. 21 de junio de
En el hotel de Bruselas se encontraron dos periodistas de The Guardian con Assange:
“Tres hombres estaban en el café del hotel belga (...) Habían discutido horas (...) El más alto de ellos tomó una servilleta amarilla, la puso sobre la mesa (...) y comenzó a garabatear. Uno de los allí presentes era Ian Traynor, corresponsal europeo de The Guardian”, dice el libro.
“Julian (...) hizo algo en su computadora. Luego tomó la servilleta y dijo: ‘OK, aquí lo tienen’”.
“Entonces nosotros preguntamos: ‘¿Qué tenemos?’”
“Él respondió: ‘Tienen todo el documento. La contraseña es esta servilleta’”.
“Quedé azorado”, explicó Traynor. “Esperábamos una negociación larga con muchas condiciones. Esto fue instantáneo. Fue como un acto de fe”. Assange había escrito en la servilleta con el logo del hotel Leopold una serie de palabras y la indicación “sin espacios”. Esa era la contraseña. En un rincón de la servilleta de papel escribió GPG, en referencia al sistema cifrado que usaba como sitio web temporal.
“La servilleta fue un toque perfecto, casi al estilo de una novela de John LeCarré. Los dos periodistas de The Guardian quedaron azorados. Nick Davies guardó la servilleta en su bolsillo. De vuelta en Inglaterra, el cuadrado amarillo quedó sumido en una pila de papeles y notas para los artículos que vendrían. ‘Pienso enmarcarla’, diría luego”.
El 1 de noviembre de 2010, en las oficinas de The Guardian, Assange y su equipo de abogados llegaron para pautar la publicación de los documentos no sólo con el rotativo inglés sino también con The New York Times, el alemán Der Spiegel, el español El País y el francés Le Monde.
Al día siguiente, el editor de The Guardian, Alan Rusbridger, le envió al abogado de Assange, Mark Stephens, un papel con los 10 puntos que cerrarían el acuerdo.
Entre ellos, publicar los cables el 29 de noviembre, continuar con la publicación hasta Navidad y exclusividad con The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, El País y Le Monde.
Asimismo, se establecía que luego de la Navidad, la exclusividad con The Guardian seguiría hasta el 3 y 4 de enero y después WikiLeaks debería compartir las historias con otros 40 diarios regionales en todo el mundo.
Se estipulaba también que en caso de ataque, WikiLeaks publicaría todo de inmediato y que si el material caía en manos de otros medios no acordados se rompería el trato.
De allí en adelante las revelaciones de WikiLeaks no se han detenido, pero a un duro costo para Assange.
El futuro de “WikiLeaks”
La fundación Wau Holland, con sede en Alemania y principal brazo financiero de WikiLeaks, publicó por primera vez a finales de 2010 información acerca de las donaciones al sitio.
Las cifras mostraban que Assange gastaba en sueldos anuales para él y sus asistentes al menos 100 mil euros, incluidos 66 mil para él. Otros 380 mil eran para gastos extra, tanto de computadoras, discos y material cibernético, como para viajes.
Gracias a la publicidad global generada por la publicación de los cables diplomáticos en los periódicos internacionales, WikiLeaks logró recaudar hasta 1 millón de euros de donaciones en 2010. Pero un análisis más detallado mostraba que las donaciones habían caído en la segunda mitad del año. Para agosto pasado, el sitio sólo recaudó 765 mil euros.
Assange afirma en el libro que la interferencia política de Estados Unidos –que llevó a compañías como Visa y Mastercard a suspender las donaciones a WikiLeaks– “le dio un duro golpe a su organización”.
A eso se suman ahora los gastos de su juicio de extradición, que según la investigación de Leigh y Harding superan los 235 mil euros, sumados a otros 200 mil para sus propios abogados. Además, 19 mil euros fueron gastados por Assange sólo para que el material de la fiscalía sueca fuera traducido al inglés. Para colmo, desde su arresto domiciliario en Ellingham Hall se paralizó la estructura interna de WikiLeaks y Assange se vio obligado a buscar empleados para continuar la labor del sitio.
Pese a los problemas y preocupaciones, Assange parece haber logrado enderezar las finanzas de su sitio al firmar un contrato por 1.6 millones de dólares para escribir su autobiografía (publicada por Knopf en Estados Unidos y por Canongate en Gran Bretaña). “No quiero escribir este libro pero tengo que hacerlo”, dijo el australiano.
La autobiografía WikiLeaks versus the World: my Story será adaptada al cine e incluso hay analistas que especulan que el australiano hasta podría ganar el Premio Nobel de la Paz. l
Sigue Icomos: Desviación de recursos en Bellas Artes
Judith Amador Tello
Luego de que el Icomos Mexicano presentó el martes 1 ante la UNESCO la denuncia por el “grave daño” al Palacio de Bellas Artes, y una vez que una misión reactiva del organismo internacional corrobore in situ las afectaciones al monumento, se presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por violaciones a la Ley del Patrimonio y desvío de recursos.
Lo informa así el exdiputado José Alfonso Suárez del Real, miembro de un grupo de la sociedad civil que ha respaldado al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) Mexicano, en el proceso de llevar el caso del Palacio de Bellas Artes (PBA) ante el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, presidido por Francesco Bandarin, con sede en París.
Nuria Sanz, encargada de la oficina para América Latina y el Caribe de dicho centro, acusó recibo del expediente, informó la presidenta de Icomos, Olga Orive.
Suárez del Real fue secretario y luego presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que aprobó el presupuesto para la “rehabilitación” de la Sala Principal del PBA. Puntualiza a Proceso que se autorizaron 300 millones de pesos para la “rehabilitación integral y restauración” de la sala, dentro de los ejercicios presupuestales 2008 y 2009. La actual comisión, presidida por Kenia López Rabadán, autorizó la ampliación de más de 400 millones de pesos para 2010.
Enfatiza que la anterior legislatura aprobó una “rehabilitación... quiere decir volver a habilitar”, y una restauración para “recuperar el resplandor original”. Pero el producto entregado es una “remodelación”, por lo cual encuentra “elementos susceptibles del análisis de los órganos de control”, pues los recursos destinados a un fin se utilizaron para uno distinto “y eso es desviación” y la ley lo sanciona. Por ello copia del mismo expediente y oficio dirigidos a Bandarin fueron remitidos a Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, donde se hará la denuncia penal. Se hará lo propio ante la Auditoría Superior de la Federación.
Relata Suárez que la siguiente fase del proyecto original para el PBA –para el cual debió aprobar el presupuesto la actual Comisión de Cultura– contemplaba la creación de un centro cultural, al cual se llamaría La Mariscala. Ahí se alojaría la mecánica teatral que Adamo Boari colocó en la Sala Principal desde 1904.
En este sentido reconoce que la comisión pasada autorizó los recursos para el cambio de maquinaria, pues el proyecto estaba respaldado con un estudio de la UNAM, aunque en él se ofreció la opción de conservarla. Icomos dice a su vez que la mecánica debió mantenerse “conforme a los principios de restauración de la Carta de Venecia”. Cita que el teatro Margrave, de Bayreuth, conserva su maquinaria desde el siglo XVIII.
Insiste el exdiputado en que el proyecto aprobado nunca mencionó la creación de una concha acústica ni la colocación de micrófonos y bocinas, sino que fue a partir de 2009 cuando se decidió prescindir de La Mariscala, y comenzaron a aparecer modificaciones al proyecto.
Cuando el martes pasado se anunció en las oficinas de Icomos México la entrega de la denuncia ante UNESCO, hubo voces que consideraron como el gran problema la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos promulgada en 1972 por “laxa y obsoleta”.
Otros integrantes del grupo dejaron en claro que si bien toda legislación es perfectible, el problema fue la violación de la ley, y los responsables “tienen nombre y apellido”, y fue el propio INBA responsable de la protección del patrimonio artístico monumental del siglo XX y XXI.
El decreto presidencial mediante el cual se declaró monumento nacional al PBA el 4 de mayo de 1987, indica el INBA, dará cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal... y su Reglamento “en lo que resulten aplicables al Palacio de Bellas Artes en su calidad de monumento artístico”. Y advierte que “la contravención o simple inobservancia de las disposiciones... será sancionada en los términos previstos en las leyes”.
El Icomos indica que el artículo sexto de la Ley sobre Monumentos señala la facultad de los propietarios de bienes inmuebles declarados monumento para conservarlos y restaurarlos, en su interior y exterior, pero no la tienen para “remodelarlos”, precisa Olga Orive, presidenta del organismo.
Es fácil concluir –se lee en el dictamen– “que la intervención... resulta violatoria de la Ley Federal de Monumentos y de la declaratoria de este inmueble como monumento artístico...”.
Se destaca asimismo que se incumplió con la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, suscrita por México.
Sin vuelta de hoja
El arquitecto Víctor Jiménez afirma que el aspecto legal del dictamen está muy claro y “no deja lugar a la interpretación”. Así que perfectible, incompleta, defectuosa o no, la ley vigente –si se hubiera aplicado– “hubiese protegido Bellas Artes”:
“No fueron sus insuficiencias, fue la absoluta ignorancia. Desde el punto de vista legal ningún ciudadano y menos las autoridades de Bellas Artes pueden alegar: ‘Yo desconocía la ley, por eso no la apliqué’. Eso jamás es un argumento válido... Una de las grandes fortalezas de este dictamen, lo mencioné al principio, es todo el instrumental legal que muestra que se trató de una intervención contra la ley.”
–Se habló de interponer una denuncia legal contra quien resulte responsable. ¿No hay funcionarios responsables? ¿Alguien que firmara documentos?
–O si no firmaron y dejaron en otras manos, dejaron hacer, lo cual también identifica la ley como una actitud que puede ser perseguida... Pueden haber dejado la responsabilidad difusa y no sea tan fácil, etcétera, no soy abogado, pero tienen un nombramiento y ese nombramiento los hace responsables de lo que ocurrió en su esfera de competencia, no hay manera de decir: “Yo no me enteré”.
De otra parte, expresa su desacuerdo con lo dicho “con palabras similares” por la arquitecta Louise Noelle y el historiador Xavier Guzmán, en el sentido de no llevar el asunto al nivel internacional. Lo interpreta como un temor de exhibir cómo hay acuerdos entre instituciones para “torcer la ley”. No comprende que Noelle defendiera el edificio de Vladimir Kaspé, conocido como Superservicio Lomas, en el caso de la llamada Torre Bicentenario, y le pasara “de noche” el Palacio de Bellas Artes que “es bastante más importante”.
Luego comenta que así como el INBA autorizó al Gobierno de la Ciudad de México el elevador en el Monumento a la Revolución, el gobierno capitalino “quizá haya rebajado” todo lo posible el dictamen del aspecto de la seguridad civil en el PBA para no dañar tanto la imagen de las autoridades, pero sigue siendo “una sala peligrosa”. Da testimonio de su asistencia el 5 de diciembre a un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, donde la misma acomodadora impedía la salida por el lado izquierdo de su fila J1 advirtiendo: “Es que es peligroso”.
“¿Es lógico?”, pregunta, y responde que sencillamente no es función de las acomodadoras proteger la vida del público; pero además, que antes de la remodelación eran necesarias estas advertencias. Tiempo después, concluye, removieron a Rodrigo Pumarejo de su cargo de gerente del Palacio de Bellas Artes. la
Acerca de Los marines en el DF
El Estado es el que administra la violencia: Marco Antonio Almaraz
Señor director:
La reflexión que a continuación deseo compartir surge de dos motivaciones. La primera es la constante violencia simbólica que padecemos, y la segunda, por los artículos de su prestigiada revista número 1787 que, en portada, se titularon Los marines en el DF, sobre la militarización del país.
Dado que el discurso oficial sobre los logros en materia de seguridad nacional y sobre una economía que avanza hacia la recuperación –percepción calderonista, parecida a la del Gran Hermano– dista en exceso de la realidad cotidiana, pareciera que existen dos realidades en México, la que desde arriba se declara, y la que se vive.
La pobreza, la desigualdad social, el desempleo, el nepotismo, la corrupción, la impunidad, la falta de fondos para los diferentes servicios que el Estado debe proporcionar –educación, vivienda, salud, trabajo, etcétera–, son resultado de un Estado que pareciera fallido, pero que en realidad se reconfigura a través del gobierno federal para manifestarse al servicio de los grandes capitales de la iniciativa privada nacional y extranjera.
La militarización del país –justificada y promovida desde el gobierno federal–, aceptada por algunos sectores de la sociedad dada la angustia constante ante acontecimientos cotidianos (narcotráfico, muertes, secuestros, abuso y colusión de autoridades estatales y locales), permea de incertidumbre nuestro futuro inmediato, en las diferentes esferas de nuestra sociedad.
Esa incertidumbre y la desconfianza hacia una clase política ajena a las vivencias de los diferentes colectivos están generando brotes de inconformidad que, si no son atendidos por la sordera gubernamental, pueden incentivar las condiciones para un estallido social. ¿O será que eso es lo que el gobierno pretende y se anticipa a sofocar inconformes de un régimen de exclusión?
El Estado es el que administra la violencia y no puede responsabilizar a nada ni a nadie de sus yerros. Como sea, la guerra contra el narcotráfico pareciera una guerra ficticia con muertos de verdad.
Atentamente
Sociólogo Marco Antonio Almaraz Cerda
Reporta buena atención en malas instalaciones del Hospital General
Señor director:
Recientemente, mi padre Hugo Enrique Gómez Bulnes, de 76 años de edad, fue internado en el Hospital General de México inconsciente, con arritmia cardiaca y dos coágulos cerebrales que requerían una cirugía urgente.
El pasado 29 de enero, salió del hospital en franca recuperación después de haber recibido un marcapasos en su corazón y habérsele drenado exitosamente ambos coágulos del cerebro.
Quiero hacer aquí un reconocimiento a los doctores, enfermeras y todo el personal que labora en ese hospital por su profesionalismo, compromiso y dedicación a la salud de los mexicanos. Tanto en Urgencias como en Cardiología y Neurología los doctores involucrados (y todo su equipo de trabajo) tomaron decisiones adecuadas y responsables.
Es necesario manifestar también que, en contraparte, la Secretaría de Salud mantiene en estado lastimoso muchas de las instalaciones del nosocomio. Camas, muebles e instrumentos médicos muestran un deterioro de décadas.
Como mexicano y como ciudadano agradecería que la Secretaría de Salud destinara presupuesto para remozar, renovar o sustituir los equipos del Hospital General de México para que estuvieran a la altura de la labor fundamental que se desempeña cotidianamente en sus espacios. (Carta resumida.)
Atentamente
Carlos Germán Gómez López
Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM
ger2201@yahoo.com.mx
Reclama al ISSSTE de Hidalgo atención e indemnización
El 24 de octubre de 2010 sufrí una caída, y el 4 de noviembre se me canalizó de Ciudad Sahagún a la clínica del ISSSTE de Pachuca.
En dicha ciudad, el doctor Ramírez me colocó una férula, dijo que debía guardar reposo, extendió la incapacidad correspondiente, así como un pase para una nueva radiografía, y en la recepción me dieron cita con otro traumatólogo para el 3 de diciembre.
Al pasar un mes sin ninguna mejoría, asistí con un traumatólogo particular, a cuyo juicio nunca iba a mejorar así porque el hueso no estaba en su lugar y la luxación seguía igual. Este doctor me curó la luxación y expresó que debía colocar un clavo o nuevamente inmovilizarme para que sellara el hueso.
No acepté la atención, con el argumento de que asistiría al ISSSTE para que se hicieran responsables. De este modo, me presente a la cita programada para el 3 de diciembre con el doctor Lira, pero éste no asistió.
Finalmente, tuve que atenderme de manera particular, lo cual se tradujo en un largo tiempo de recuperación y en gastos que rebasaron mi presupuesto, pues incluso tuve que pedir prestado para pagar la atención.
Sin embargo, ahora tengo muy poca movilidad en mi pie, pues no he concluido la rehabilitación, y debo trasladarme de Ciudad Sahagún al Distrito Federal, donde desempeño mis labores en tres escuelas, lo cual me demanda esfuerzos sobrehumanos para trasladarme en autobuses, peseros, etcétera, además de enfrentar los descuentos que hace la SEP a un trabajador que rebasa los 60 días estipulados por la ley para una recuperación médica.
Por lo anterior, y luego de que varias veces se me impidió presentar mi demanda ante el director del ISSSTE, he considerado necesario que se conozca mi caso públicamente y que se tomen las medidas necesarias para extender la indemnización que corresponde –pues estoy siendo afectada económicamente– y para ser canalizada a la rehabilitación que otorga el ISSSTE en el Hospital Primero de Octubre.
Atentamente
Profesora María Graciela de los Reyes
Flores Morales
Calle Aluminio 8
Colonia Villas de Sahagún
Ciudad Sahagún, Hidalgo
nirvanaciel@yahoo.com.mx
Teléfonos: 01/79/19-13-62-76, 01/77/17-10-762 y 01/55/57-48-48-90
Celular:044/77/17-95-40-22
González Márquez va en serio
Miguel Ángel Granados Chapa
Este 6 de febrero termina el lapso en que Emilio González Márquez puede emitir mensajes con motivo de su cuarto informe de gobierno. El contenido y los alcances de su difusión son claramente actos anticipados de campaña. En ella está el gobernador de Jalisco. Se propone ser candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República. Y cuidado, porque puede lograrlo, aunque ello dependa del método que adopte su partido para escoger a su abanderado en la contienda de 2012. Si se le da oportunidad de hacer proselitismo interno, sus contrincantes (sobre todo si hay entre ellos secretarios de Estado bisoños en la política, y aun Josefina Vázquez Mota) acaso topen con la sorpresa de las dotes personales del góber piadoso, que le han permitido ascensos meteóricos en los partidos en que ha militado.
Por añadidura, González Márquez posee el talante autoritario suficiente para violar la ley si ella estorba a sus propósitos. En las dos semanas anteriores lo ha mostrado abiertamente. De acuerdo con las normas constitucionales en materia electoral –vigentes desde 2007– y su complemento en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, un gobernador como el de Jalisco puede promover su obra, no su imagen personal, durante siete días previos y cinco posteriores a su informe anual de gobierno. El número cuatro del jalisciense ocurrió el martes pasado. Pero no se limitó a elogiar su propia tarea en el ámbito regional que le impone la ley. Contrató cientos de mensajes en los canales nacionales de televisión e inserciones impresas en la Ciudad de México. En todas ellas aparece sonriendo un hombre afable, lejano por supuesto de la imagen del ebrio que fue a retar a Raúl Padilla en su casa de Guadalajara con motivo del conflicto que enfrentó a su gobierno y a la universidad local. El litigio, que González Márquez quiso personalizar en Padilla, presidente de las empresas universitarias y cabeza de la política en esa casa de estudios, se resolvió en perjuicio de la segunda universidad del país. El gobernador se salió con la suya de pagarle menos de lo que debía, y de hacerlo tarde y a plazos.
El modo en que planteó y ganó ese conflicto es característico de su personalidad. Está resuelto a ser un triunfador y lo ha logrado en breve lapso. Nació el 12 de noviembre de 1960 en Lagos de Moreno, y se graduó de contador público en la universidad a la que, para decirlo en breve y a las claras, acaba de domeñar con el auxilio del gobierno federal, que pasó de árbitro a cómplice del góber piadoso. (El título, obviamente alusivo al que se llevó consigo Mario Marín, recuerda el donativo del gobierno jalisciense a la construcción del Santuario de los Mártires. A quienes criticaron lo que significaba ese dispendio de fondos públicos, contrario además al laicismo republicano, Gónzalez Márquez respondió simplemente con un “¡chinguen a su madre!”.)
A los 22 años se inició en la política. En 1982 se afilió al Partido Demócrata Mexicano, que había obtenido registro electoral tres años atrás y realizaba su primera campaña presidencial, sin perder su talante histórico original, puesto que había surgido del sinarquismo. Muy rápidamente, como lo haría en los sucesivos espacios en que se desenvuelve, haría notar su capacidad de liderazgo: fue presidente del comité municipal pedemista en Guadalajara, miembro del comité estatal y del nacional, a cuya cabeza llegó a estar como presidente interino luego del desastre electoral de 1988. Tres años más tarde, con votación de nuevo por debajo de la cota legal, el PDM perdió el registro.
González Márquez se trasladó entonces al PAN, en cuyas filas tradicionalistas fue muy bien recibido. También se hizo notar pronto, con cargos en el comité estatal. Ya en 1995, cuando el PAN arrasó en las elecciones locales y Alberto Cárdenas fue gobernador y César Coll presidente municipal de Guadalajara, González Márquez fue regidor. Se convertiría en alcalde en 2003, previo paso por la Cámara de Diputados. Del gobierno municipal arrancó para ganar el estatal, en 2007, con la ayuda de la PGR, que filtró información que denigraba a Arturo Zamora, el candidato priista, con quien González Márquez mantenía una cerrada disputa, pues parecía posible que el tricolor recuperara el gobierno de Jalisco.
Aunque es dicharachero y bebedor, y desdeña a los diferentes (dijo, por ejemplo, que los homosexuales le dan “asquito”), no es en sus anécdotas donde se refleja su carácter autoritario, férreamente vinculado al catolicismo tradicional (es conocidísima su cuatachería con el cardenal Juan Sandoval). Es contrario a repartir condones a los jóvenes como parte de una política de salud pública y ha iniciado controversias constitucionales que lo pongan a salvo de aplicar, llegado el caso, normas relativas a la libertad sexual y de reproducción vigentes en el Distrito Federal.
Contradictoriamente como buen puritano, ha conservado a su procurador Tomás Coronado Olmos, señalado por pederastia y prostitución infantil. Con el desdén que asesta a los diferentes, prometió que sería el primero en ordenar la observancia de la ley cuando de los chismes y los rumores se pasara a la denuncia formal. Lo hizo el ex subprocurador Víctor Manuel Landero. Y lo hizo también la madre de un niño afectado por las prácticas denunciadas. El gobernador olvidó su promesa.
El próximo octubre se efectuarán en Guadalajara y otras sedes jaliscienses los XVI Juegos Panamericanos. Si se acompasa con ellos el calendario panista para elegir candidato presidencial, González Márquez encontrará en aquella celebración deportiva un escenario inmejorable para lanzar, urbi et orbi –aunque esté prohibido hacerlo–, la imagen del hombre que quiere que se crea que es. l
Espectáculo mediático e impunidad
Jesús Cantú
La reacción del gobernador de Chihuahua, César Duarte, frente al asesinato de la activista Marisela Escobedo el pasado 16 de diciembre de 2010, es una muestra más de cómo los gobernantes mexicanos pretenden ocultar su insensibilidad, irresponsabilidad e ineficacia con acciones mediáticas, aunque éstas violenten el mismo estado de derecho que ellos afirman defender.
La madre de Rubí Frayre –menor asesinada el 29 de agosto de 2008, presuntamente por Sergio Rafael Barraza, con quien procreó una hija– suplió muchas de las funciones y responsabilidades de la policía y el Ministerio Público de Chihuahua para lograr sentar frente a un tribunal de justicia oral al inculpado. Y tras de que éste fue liberado, el 29 de abril de 2010, por los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, porque “...los fiscales no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar a un imputado de un delito grave…”, tocó todas las puertas para denunciar los hechos y exigir justicia.
Entre las puertas que tocó están las del hoy exgobernador José Reyes Baeza; la del actual gobernador César Duarte; la de la PGR y la Secretaría de Gobernación, y la del presidente de la República Felipe Calderón. Éste no la escuchó personalmente, y Duarte únicamente lo hizo en el marco de otros eventos, pero ambos recibieron su mensaje. Y hasta el 17 de diciembre, un día después del asesinato de la activista, ninguno de ellos movió un dedo (al menos sus acciones no se reflejaron en resultados tangibles: aprehensión del homicida, inicio de un procedimiento administrativo o penal en contra de los jueces, protección de la activista, etcétera) ni hizo ninguna declaración de censura de la sentencia que ocho meses antes habían dictado los jueces.
La activista, junto con un grupo de familiares de otros adolescentes asesinados, realizó una caravana que salió de Ciudad Juárez el 5 de junio de 2010 y recorrió seis estados del país antes de llegar al Distrito Federal, donde instalaron un campamento en el Hemiciclo a Juárez. Según información difundida en el portal de CIMAC, el 28 de julio se apersonaron en Los Pinos para solicitar una entrevista con Calderón, quien no los recibió, y el 30 de julio fueron recibidas por el jefe de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Arturo Matus Espino. En la misma información se deja constancia de que Marisela, junto con otras madres y representantes de organizaciones de derechos humanos, se entrevistó con funcionarios de la PGR para enterarlos de su caso y exigir justicia.
En diciembre pasado, el periódico Reforma difundió una entrevista con Luz Estela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y abogada de Marisela, quien señaló que el 17 de noviembre de 2010 la activista se entrevistó con Francisco Robles, director de Planeación, Vinculación e Igualdad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, ante quien denunció que había recibido amenazas de muerte.
Por su parte, Duarte asumió la gubernatura de Chihuahua el 4 de octubre del 2010, y el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, atendió a Marisela, aunque no dictó ninguna medida para protegerla. Por ello, la activista se presentó el 8 de diciembre, en un acto conmemorativo del aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y protestó con una manta, donde se leía: “La justicia, privilegio de gobernantes”. Ante la respuesta del gobernador, esa misma noche montó el campamento frente al Palacio de Gobierno, precisamente el lugar donde la asesinaron ocho días después.
Tanto Duarte, quien sólo inició acciones en contra de los jueces después del asesinato de Marisela, como Calderón, quien también ha utilizado el caso para fustigar a los jueces, pudieron haber tomado las medidas pertinentes para evitar el asesinato de la activista. Sin embargo, no lo hicieron, y para intentar esquivar el repudio popular que generó el hecho ahora pretenden desviar toda esa furia contra los jueces.
Calderón –quien un día antes del asesinato participó en la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos a Isabel Miranda de Wallace– retomó el asunto el pasado 12 de enero, en la primera jornada de los Diálogos por la Seguridad, al señalar su desacuerdo con el hecho de que “el esfuerzo que se hace por la sociedad y gobierno por combatir la criminalidad se debilite, finalmente, en la última etapa” por el excesivo formalismo de los jueces.
Duarte, a su vez, reaccionó al día siguiente del asesinato de la activista, fustigó a los jueces en todos los medios de comunicación en los que participó y anunció que solicitaría su suspensión, la cual se concretó casi de inmediato, pues ese mismo día el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua señaló que los tres habían sido suspendidos sin goce de sueldo y justificó: “La suspensión se da en razón de que existe un proceso administrativo en su contra, para determinar si incurrieron en una falta oficial, en una responsabilidad que está contemplada en la ley orgánica del Poder Judicial, y proceder a la sanción de acuerdo a la gravedad del caso”, según publica el diario regiomontano El Norte en su edición del sábado 18.
Pero su estrategia mediática no se detuvo allí, pues el 23 de diciembre declaró que “la transformación de las instituciones tiene que ver con la responsabilidad que tengamos en el cumplimiento de la ley, por lo que podrían buscarse incluso responsabilidades penales en contra de éstos y de todos los servidores públicos encargados de aplicar justicia”, según publicó el diario regiomontano en su edición del día siguiente.
Y la ruta se empezó a concretar el martes 11 de enero, cuando el Congreso del Estado de Chihuahua dio luz verde a la solicitud de juicio político en contra de los tres jueces interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 21 de enero el líder de la bancada priista en el Congreso del Estado, Enrique Serrano, declaró que llamarán a comparecer a los jueces; y el día 28 los jueces interpusieron un amparo en contra de la intención del Congreso de hacerles juicio político. Este es el segundo amparo que interponen, pues el primero fue desde el 13 de enero contra la decisión del tribunal de suspenderlos de sus funciones.
Sin prejuzgar sobre la actuación de los jueces, la vía para acreditar su responsabilidad y, eventualmente, imponerles su sanción, es el procedimiento administrativo ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y si pudiera sospecharse que existen responsabilidades penales, la procuraduría estatal tendría que integrar el expediente y, en su caso, solicitar el juicio de procedencia ante el Congreso del Estado, tal como alegan los mismos jueces, ya que existe una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que “las consideraciones jurídicas de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional de los poderes judiciales estatales” no pueden constituir materia de un procedimiento de juicio político. Y esto es precisamente lo que se está haciendo.
Pero para ilustrarlo mejor: hacerles juicio político a los jueces por las consideraciones jurídicas que hacen al dictar una sentencia es como iniciar juicio político a los legisladores que aprueban una legislación que posteriormente es calificada de inconstitucional por la Corte. Si esto fuese válido, se debería haber instaurado juicio político a los diputados y senadores que aprobaron la famosa Ley Televisa, que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte.
Esta sola posibilidad violenta el estado de derecho y la división de poderes consagrada en la Constitución, y es una cortina de humo que el gobernador Duarte tiende para eludir su responsabilidad. Por supuesto que el caso debe investigarse y, en su momento, aplicar severamente el peso de la ley a todos los servidores públicos que incurrieron en responsabilidades, pero esto incluye a jueces, agentes del Ministerios Público, policías y hasta el gobernador y demás funcionarios de los poderes Ejecutivos, estatal y federal, que nada hicieron para impartir justicia y/o proteger la vida de Marisela Escobedo. Y todo esto debe realizarse por las vías jurídicas apropiadas y no montar un espectáculo mediático que no tiene viabilidad jurídica para concluir con una sanción a los impartidores de justicia. la
Politiquería contra educación
Axel Didriksson
La manipulación electoral, los operadores políticos y los porros, el uso de los recursos para la distribución de las despensas y las becas, las promesas de campaña, los compromisos que se desvanecerán con el tiempo, es en México lo prioritario. Y lo secundario: la inversión en educación, las políticas y los programas para lograr cambios fundamentales en los aprendizajes, el apoyo sin restricciones a la escasa investigación científica. Ni aun en campaña, ni por demostración de coherencia, los políticos profesionales buscan demostrar que pueden encauzar el desarrollo y el bienestar general desde las bases de una sociedad moderna y democrática. Vivimos en un país volteado de cabeza.
Pero también todo tiene sus límites, porque resulta verdaderamente injurioso el nivel al que ha llegado la simbiosis del SNTE y la SEP, en lo que es apenas el inicio de los actuales tiempos electorales. Las evidencias publicadas sobre el despliegue de propaganda del Panal dentro de las escuelas, la movilización de operadores y mapaches electorales con maestros que deberían estar dando clases (o mejor ni eso), y los recursos que se reparten para garantizar que quienes se alían con la cúpula del SNTE-Panal obtengan beneficios electorales, confirman que no les preocupan la iniquidad y el atraso que se padecen en el sistema educativo nacional.
Que los movilizados sean maestros o directores pagados con doble plaza y comisionados para actividades que nada tienen que ver con la educación, poco importa. Y es esto lo que se ve todos los días en los procesos electorales de Guerrero, de Baja California Sur, y así será en los que vienen en cinco entidades, sobre todo en el Estado de México y aun para el interinato en el Gobierno del Distrito Federal. Da pena ajena, verdaderamente.
El caso del Distrito Federal es aberrante. Con todo y que los representantes democráticos de la Sección IX del SNTE ganaron a ley las pasadas elecciones sindicales para integrar su Comité Ejecutivo, se sigue dando manga ancha y promoción al comité espurio, ahora desconocido por la misma Secretaría del Trabajo. Pero ninguna autoridad le hace frente. Este grupo de “charros” sindicales opera bajo el cobijo del Panal en todas las escuelas de la ciudad, y tiene cobijo y auspicio en la Administración de Servicios Educativos del Distrito Federal, y ahora hasta en la misma Secretaría del Educación del Gobierno del DF. Doble pena ajena.
En el reciente Informe de la UNESCO sobre la Ciencia en el mundo (UNESCO, Science Report, 2010) se puede encontrar otro ejemplo dramático del trastocamiento de la realidad que se padece en México. Mientras en muchos países (no sólo en los que se denominan desarrollados, sino también en algunos de África, Asia o América Latina) la ciencia tiene un alto nivel de interés público, hay avances insólitos en donde se pensaba que nunca serían alcanzados tales niveles de competitividad científica, y en donde los indicadores dan cuenta de que hay prioridades distintas. En contraste, los datos referentes a México revelan el actual estado de enajenación política y gubernamental y evidencian la poca trascendencia que, durante décadas, han mantenido las políticas públicas en materia de investigación científica.
De acuerdo con el Informe de la UNESCO, en los últimos cinco años países como China, Brasil, India, Corea del Sur, Sudáfrica, Vietnam, Singapur y algunas naciones de la ex Unión Soviética han despegado de forma sorprendente en materia de ciencia y tecnología, pero México mantiene su estancamiento y no destaca ni para bien ni para mal en el panorama mundial como actor significativo.
En esos países se están alcanzando notables tasas de crecimiento en el número de investigadores, en la creación de universidades de clase mundial, en la difusión ampliada de bases tecnológicas –de banda ancha, telefonía celular e internet–, en el mejoramiento continuo de la organización de la investigación, en el crecimiento de empresas de investigación y desarrollo, en el incremento de la inversión pública y privada en conocimientos y en educación superior, así como en el aumento de graduados con estudios en nuevas áreas del conocimiento. Esto, al punto de que están sobrepasando indicadores de las otrora potencias de la ciencia y la tecnología. Se trata de las nuevas economías emergentes. México no sobresale en ninguna de las anteriores variables.
Pero sí destaca en corrupción y en manipulación electoral, en el abandono de los niños y jóvenes, en el incumplimiento del derecho a la educación universal, en programas que etiquetados como educativos sólo sirven para buscar la imagen favorable de algún candidato, y en la desidia y desinterés con la que se actúa cuando llega el momento de decidir sobre una política de Estado a favor de la educación superior y la ciencia. Siempre se da preferencia a lo inmediato. Lo importante es para después, y así llevamos años y años... l
Transparencia de profesiones
Ernesto Villanueva
A finales del aЦo pasado John Lee Ward, postulante al doctorado en derecho en MОxico, solicitЧ a la SecretarТa de EducaciЧn PЬblica, por medio de la DirecciЧn General de Profesiones, la base de datos que contiene la totalidad de los registros de personas que cuentan con cОdula profesional para el ejercicio de su profesiЧn, de acuerdo con lo que disponen el artТculo 5 constitucional y la Ley General de Profesiones. La respuesta fue negativa y confirmada en ese sentido por el IFAI. No obstante, la SEP se comprometiЧ a mejorar su sistema informЗtico en los siguientes meses, y asТ lo ha hecho, lo que representa varios pasos adelante en la transparencia. Veamos por quО.
Primero. Como lo he sostenido en colaboraciones anteriores, la cОdula profesional es el instrumento legal a travОs del cual la autoridad competente reconoce que una persona cuenta con los conocimientos suficientes para ejercer una actividad sujeta a registro y control. Por ende, toda persona que no posea la cОdula respectiva tiene prohibido prestar servicios propios de una profesiЧn reglada, so pena de incurrir en un delito con sanciЧn consistente en privaciЧn de la libertad y multa. Formalmente, el registro y expediciЧn de cОdulas profesionales es potestad de cada estado en virtud de que existe una normatividad concurrente, es decir, a nivel federal, del DF y para cada uno de las entidades. Lo cierto, sin embargo, es que prЗcticamente todos los estados (no conozco alguno que no lo haya hecho) han firmado acuerdos con la FederaciЧn, y es la SecretarТa de EducaciЧn PЬblica la que expide las cОdulas profesionales por medio de la DirecciЧn General de Profesiones.
Segundo. Hasta hace dos semanas cualquier persona podТa consultar en el Registro Nacional de Profesionistas la identidad del titular de una cОdula profesional, pero era requisito conocer su nЬmero de cОdula. Ahora la SEP, mediante la pЗgina http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, tiene mucha mayor disposiciЧn y es posible buscar al profesionista por nЬmero de cОdula y conociendo al menos uno de sus nombres y su primer apellido. Si bien en esta modalidad pueden aparecer homЧnimos, uno tiene la posibilidad de discriminar los registros hasta identificar al que busca.
Asimismo, dicha pЗgina contiene la totalidad de la base de datos de los profesionistas con cОdula profesional en MОxico, la cual se puede bajar gratuitamente. Se trata de un total de 20 archivos en formato ZIP. Este paso de la SEP rompe de tajo los peligros de convertir en dato confidencial un registro pЬblico, aunque inclusive ya habТa un par de amparos otorgando suspensiЧn provisional a los demandantes (servidores pЬblicos que por ley deben contar con su cОdula profesional) para que la SEP no otorgara la informaciЧn respectiva.
Tercero. Hoy en casi todas las entidades federativas, entre ellas Puebla, MichoacЗn, Hidalgo y Chiapas, la cОdula profesional de los servidores pЬblicos que legalmente deben contar con una es un dato confidencial, lo que ademЗs es respaldado por los Чrganos garantes de la transparencia. Esto pone de relieve los problemas que existen con el cumplimiento de la ley en esta materia, pues calificar de dato personal un registro pЬblico constituye una tЗctica dilatoria que genera un incentivo perverso para quien busca informaciЧn. La opciЧn entonces era la vТa federal, en donde hasta hace tres semanas, para conocer esta informaciЧn, que hoy se puede obtener en segundos, el solicitante debТa transitar por el sistema de solicitudes de Infomex, donde la respuesta se tenТa en no menos de mes y medio.
Cuarto. El sistema de la SEP va a generar un saludable precedente, por varias razones. Una: Todas las personas, antes de ir con su mОdico general o especialista, podrЗn verificar que efectivamente cuente con cОdula profesional para tener mayor certeza sobre sus conocimientos. Dos: Cualquier persona puede saber si su abogado, arquitecto o ingeniero civil, por poner algunos ejemplos, tienen efectivamente la cОdula profesional para ejercer conforme a derecho. Tres: QuО decir de magistrados, jueces, secretarios de acuerdos, de estudio y cuenta y todo el personal del Poder Judicial. En este caso, un abogado postulante puede legТtimamente solicitar la nulidad del juicio si el juzgador carece de la cОdula profesional habilitante para ejercer como juez o magistrado. Cuatro: Lo mismo puede decirse por lo que hace a los agentes del Ministerio PЬblico, que por ley deben contar con su cОdula profesional. En suma, conocer esta informaciЧn que hoy pone a disposiciЧn de todos la SEP representa una herramienta para acotar la corrupciЧn en el servicio pЬblico y para generar una cultura de vigilancia social sobre la idoneidad de los profesionistas. l
evillanueva99@yahoo.com
