Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org
Domingo 13 de febrero de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Todos somos Juárez
Esta semana cumplirá un año el programa anunciado por el presidente Felipe Calderón para tratar de frenar la violencia en Ciudad Juárez
Colaborador Invitado
(13 febrero 2011).- Sergio Meza
Coordinador general de la iniciativa ciudadana Pacto por Juárez.
Un país con más de 50 millones de pobres, más de 7 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian; una ciudad como Juárez, con más de 3 mil homicidios el año pasado, con más de 10 mil huérfanos, con hambre y desempleo, evidencian abrumadoramente nuestro fracaso como sociedad.
Pero estas realidades son sólo efectos que tienen como causas la corrupción, la opacidad, el autoritarismo, el clientelismo, la impunidad y una ciudadanía que, entre el terror y cierta apatía, no ha sabido y no ha querido ser exigente de un mejor gobierno.
El gobierno federal, a través del programa "Todos somos Juárez", y la sociedad nos hemos concentrado en atender los efectos y poco trabajamos para atacar las causas. Las decisiones sobre los asuntos públicos y el manejo de los dineros siguen siendo poco o nada transparentes. No hay rendición de cuentas. Las irregularidades del gobierno emanado de un partido se negocian contra las irregularidades del gobierno emanado de otro partido. La ley es sometida a los intereses partidistas y económicos.
Para los gobiernos y los partidos arriesgar privilegios, beneficios económicos y políticos, y atacar las causas, significa hacer un trabajo subterráneo y de largo plazo que no es atractivo ni rentable electoralmente.
"Todos somos Juárez" se ha presentado como una oportunidad para que los tres órdenes de gobierno, los tres poderes del Estado y la sociedad civil busquemos relacionarnos para mejorar el modo de planear y administrar los asuntos públicos de la ciudad. Ni la ciudadanía puede sola, ni el gobierno puede solo.
Ciudad Juárez ha sido construida sobre libertades coartadas, sobre la mentira, la simulación y el engaño, sobre la injusticia y la impunidad. Es imprescindible la construcción de un nuevo modelo de gobernabilidad basado en el Estado de derecho y en una relación entre ciudadanía y gobierno equilibrada. Los resultados sustanciales de "Todos somos Juárez" estarán condicionados al establecimiento de una nueva relación para la toma de decisiones sobre Ciudad Juárez.
El gobierno federal, a través de "Todos somos Juárez", tiene frente a sí el reto de una nueva gobernabilidad.
Los ciudadanos debemos de interesarnos por lo público y por lo que afecta a todos en Juárez, participando en las decisiones sobre nuestra ciudad, proponiendo y colaborando y exigiéndole a la autoridad que atienda las necesidades de la comunidad, tanto las urgentes como las causas profundas.
Los gobiernos no deben ver como amenaza a la ciudadanía, antes bien deben promover su participación. "Todos somos Juárez" está llamado a ser eficaz y eficiente, a ser transparente y rendir cuentas a la comunidad a la que se debe. "Todos somos Juárez" debe promover al mismo tiempo un buen gobierno que se abre a la ciudadanía y una ciudadanía que exija un buen gobierno.
"Todos somos Juárez" ha convocado, acertadamente, a la ciudadanía para atender las inversiones. Pero no lo ha hecho para cambiar la forma en que hacemos gobierno.
Si "Todos somos Juárez" no atiende lo de fondo, la cantidad de recursos humanos y financieros invertidos sólo serán pirotecnia política. Es necesario que el programa establezca mecanismos de participación de los tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno y de la ciudadanía para mejorar la gobernabilidad de la ciudad a través de un proceso abierto y continuo que busque el acuerdo para planificar y administrar los asuntos comunes de la ciudad.
Una sociedad en paz y de progreso se construye sobre el respeto a la ley y con la participación ciudadana en un Estado de libertad y justicia.
http://www.pactoporjuarez.org/
Ciberlectores
Cartas
(13 febrero 2011).- Comentarios al reportaje 'Mi hijo no es hijo de La Barbie', publicado la semana pasada.
Abusaron de su necesidad, creo que igual cualquiera que busca trabajo hubiera aceptado. Aquí lo central es que se fabrican culpables con tal de justificar que la "guerra" contra el crimen organizado la va ganando García Luna, el exitoso productor de los mejores realities.
Sylvia
Medios todos: como ciudadano, como consumidor, les solicito atentamente igual cobertura que al cantante Kalimba. Gracias.
Jules
El único error de este muchacho, y no lo culpo, porque muchas personas trabajan así, es haber aceptado un empleo informal. Desafortunadamente las leyes en México siguen dejando abierta la puerta al abuso de patrones sin escrúpulos. La SHCP y el IMSS deberían auditar las operaciones de Foca.
JP
Distrito Federal
"Muchas veces las leyes son como las telarañas: los insectos pequeños quedan prendidos en ellas; los grandes la rompen": Anacarsis (s. VII a.C), filósofo escita. Esto lo vemos y vivimos en México desde hace 500 años.
Jorge Alberto
Estado de México
A los padres de Fernando: deben acudir con la directora general del Instituto Polítécnico Nacional, la doctora Yoloxóchitl Bustamante, para solicitar la ayuda y el apoyo moral de su alma mater, para que les proporcionen asistencia jurídica y una campaña nacional de respaldo, así como que su caso sea ejemplo y protección para todo el alumnado y egresados del Politécnico. Adelante, seguro que los ayudarán.
Enrique Bravo
Toluca, estado de México
Los que comentan se olvidan de un detalle: el supuesto angelito aceptó un trabajo por el que le pagaban 10 mil pesos sin contrato ni recibos. ¿No se le hizo raro que lo contrataran así? Cualquiera sabría que, por lo menos, estaban tratando de evadir impuestos y al aceptar el trabajo uno se convierte en cómplice. Si se quería ganar la vida de forma honrada, tendría que haber agradecido la oferta, darse media vuelta, y buscar otra cosa.
Juan
Distrito Federal
Esto es un pequeño ejemplo de la impunidad y corrupción que hay en el país desde hace mucho tiempo. Los de arriba no tienen problema, pues con el dinero se arregla todo, los de abajo que tratan de superarse lo sufren todo. Dios nos proteja de caer en manos de las "autoridades" ya que ellos arreglan todo para "solucionar" lo más rápido posible un caso y a otro business, sin importar que inocentes paguen por ello. Ya lo dijo Calderón: "daños colaterales". No se vale que pase esto en México, un país de cínicos y corruptos.
Rockatansky
Distrito Federal
Qué tristeza comprobar una vez más la corrupción y abuso de las autoridades. Sería bueno informar al Jefe Diego de este asunto y pedirle que use sus buenos oficios y capacidad legal para ayudar a Fernando, que muestre su convicción por luchar a favor de la justicia, como lo dijo. A ver si como ronca duerme.
Eduardo
Cuernavaca
Turissste: Cómo triangular recursos públicos
Reportaje Cumbres, festejos y opacidad. La agencia de servicios turísticos del ISSSTE fue convertida en el sexenio de Felipe Calderón en la organizadora de todo tipo de eventos. Entre 2008 y 2010 la Presidencia firmó contratos abiertos para "ceremonial, congresos y convenciones" por más de 20 millones de pesos
Karla Garduño Morán
(13 febrero 2011).- Para organizar un evento sin preocuparse por licitar y transparentar la información, la administración pública federal cuenta con el Sistema de Agencias Turísticas Turissste, que se ha convertido en el intermediario para llevar a cabo fiestas, convenciones, capacitaciones, presentaciones y hasta congresos internacionales.
Entre 2006 y 2010, 27 instituciones del gobierno federal han adjudicado a Turissste al menos 185 contratos por mil 862 millones de pesos para realizar eventos que exceden sus atribuciones y su capacidad, ya que el organismo descentralizado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado apenas cuenta con 298 empleados a nivel nacional (según el anuario estadístico del ISSSTE) por lo que se ve obligado a recurrir a terceros.
El estatuto orgánico del ISSSTE describe que el objeto de Turissste es "planear, normar, dirigir y realizar los servicios turísticos para beneficio de los derechohabientes y del público en general, incluyendo lo relativo tanto al ámbito personal y familiar, así como los servicios a grupos y convenciones".
Sin embargo, al menos desde el 2006, la oficina dirigida por Rossana Ortega Rivas funciona también como enlace para la organización de otro tipo de eventos, como los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, el Foro Mundial del Agua, cursos de capacitación y hasta las comidas y cenas-baile de la Lotería Nacional.
La información de los 185 contratos mencionados no es totalmente accesible. A través de los portales de obligaciones de transparencia de las instituciones contratantes es posible consultar de manera general los datos de 170 de ellos; otros 15, referentes a las conmemoraciones del 2010, fueron proporcionados a través la Ley de Transparencia por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Sin embargo, el sistema de agencias turísticas no tiene publicado ninguno.
Como organismo descentralizado del gobierno federal, Turissste incumple el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que todos los datos relativos a las contrataciones deben ser publicados.
En una resolución en la que obliga a Turissste a entregar los contratos celebrados con particulares para cumplir con los servicios encargados para los festejos del Bicentenario y el Centenario, el Instituto Federal de Acceso a la Información señala la falta de transparencia de la dependencia.
"Los sujetos obligados deben publicar por ministerio de ley la información relativa a los contratos que celebran detallando, en cada caso, el monto de los servicios contratados, el nombre del proveedor o contratista, la fecha y el objeto del contrato, entre otros rubros", dice la resolución del 14 de diciembre del 2010.
"Práctica común"
En febrero del 2010, cuando presentó la revisión de la cuenta pública del 2008, la Auditoría Superior de la Federación señaló las irregularidades en el primero de los 15 contratos que la comisión organizadora de los festejos del Bicentenario y el Centenario adjudicó a Turissste.
En primer lugar, la ASF señaló el hecho de que se contratara a esta dependencia del ISSSTE para llevar a cabo un evento que nada tenía que ver con sus funciones: la instalación y mantenimiento de 35 relojes de cuenta regresiva que se colocaron en distintas ciudades del país.
El órgano de la Cámara de Diputados reprobó también que para llevar a cabo los servicios, Turissste contratara a otra empresa -en ese caso Make Pro, filial de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE)- sin llevar a cabo una licitación, como lo obliga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El cobro de una comisión a la empresa contratada por Turissste también levantó señalamientos en la ASF, ya que ésta se descuenta del pago, pero se factura. Es decir, no hay un pago directo por parte de la empresa a Turissste y no queda registrado.
"Los servicios facturados a Turissste por Make Pro, S.A. de C.V. ascendieron a
En los siguientes contratos otorgados a Turissste entre agosto del 2009 y mayo del 2010, el procedimiento fue el mismo: el sistema de agencias encargó por adjudicación directa los servicios a otras empresas y en muchos de los casos cobró una comisión que, de acuerdo a los contratos, se descontó del total del pago ya facturado.
Aunque en su estado de resultados de 2009 la dependencia reporta que recibió 77 millones 273 mil pesos por concepto de comisiones, el ingreso por cada contrato no queda registrado.
Pero todo esto es una práctica común, dijo el secretario de Educación Pública y cabeza de la comisión organizadora de los festejos, Alonso Lujambio, en julio del año pasado, cuando defendió la contratación de Turissste por parte del Fideicomiso.
"Toda la administración pública contrata a Turissste para un conjunto importante de eventos, conmemoraciones, acontecimientos que hacen ellos, y después, eventualmente, en algunos casos subcontratan. Esto es algo que ha hecho la administración pública durante muchos años, no es el fideicomiso buscándole dar la vuelta a la ley tratando de contratar a Turissste, ésta es una practica común", dijo Lujambio el 21 de julio en una entrevista radiofónica.
Pero lo cierto es que si la ASF no ha señalado irregularidades por el uso de Turissste para estos fines es porque desde que se creó, en el 2000, nunca ha auditado a este organismo del ISSSTE.
El manual de Yunes
Además, Turissste elaboró un documento para justificar su atribución como organizadora de eventos. En algunos de los contratos elaborados con distintas empresas y obtenidos por Enfoque a través de la Ley de Transparencia, la dependencia cita su Manual de Organización del Sistema de Agencias Turísticas -aprobado en 2006 y reformado en 2008- que incluye entre las funciones del departamento de mercadotecnia el "operar y organizar la celebración de congresos, grupos y convenciones, conforme a las solicitudes de los derechohabientes y organismos gubernamentales", según el numeral 1.0.0.3.2.1. del manual.
La confección del manual es atribución de la dirección misma de Turissste, ocupada por Rossana Ortega Rivas, quien fue nombrada en 2006 por el entonces director del instituto, Miguel Ángel Yunes, y es hermana de Sandra Ortega Rivas, estrechamente ligada al también ex candidato a la gubernatura de Veracruz desde que éste era secretario de Gobierno en el sexenio de Patricio Chirinos Calero.
El día en que la nombró, Yunes la presentó como "licenciada en ciencias de la comunicación, con amplia trayectoria en el sector de la promoción publicitaria y turística", sin dar más detalles de su currículum.
Enfoque pidió desde enero una entrevista con la directora del Turissste, pero la oficina de comunicación social del ISSSTE, coordinada por Ramón García González, no atendió la solicitud.
Pequeña oficina, grandes eventos
El sistema de agencias Turissste cuenta con un presupuesto anual de 88 millones 990 mil pesos, que no llega ni al 1 por ciento del monto asignado al ISSSTE (112 mil millones). Desde 1998 el número de agencias (36) no ha crecido y sólo cuenta con 298 empleados en toda la República, de los cuales 13 son funcionarios de alto nivel.
Sin embargo, Turissste organiza cada vez más eventos del gobierno federal.
En su informe anual del 2009, el ISSSTE reporta que las ventas del Turissste crecieron en un año de 2 mil
Entre las dependencias que utilizan los servicios de Turissste para llevar a cabo sus eventos, la Secretaría de Seguridad Pública es la que más ingresos le aporta.
Según un reporte de clientes atendidos en 2009 por Turissste, obtenido a través de la Ley de Transparencia, en ese año la dependencia facturó a la SSP un total de 465 millones 861 mil pesos.
En el Portal de Obligaciones de Transparencia de la SSP, aparecen 30 contratos celebrados con Turissste entre 2009 y 2010 para la realización de diversos eventos que van de la presentación del programa Escuela Segura, a diversos cursos de capacitación y la organización de la vigésimo sexta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en febrero del 2009.
Las descripciones de los contratos publicados son generales y no es posible saber cuáles fueron los servicios específicos que se contrataron; sin embargo, el mismo evento puede tener grandes variaciones entre un año y otro.
Para la Semana Pyme 2008, la Secretaría de Economía contrató a Turissste servicios por 212.6 millones de pesos; en cambio, para la edición del 2009 sólo se le entregaron 34.7 millones de pesos, 177.9 millones menos que el año anterior.
Precisamente la Secretaría de Economía es otra de las oficinas que más contratos tienen con Turissste. Entre 2008 y 2009, la dependencia suma 34 convenios por 278.5 millones de pesos para realizar diversos eventos: desde la reunión nacional de coordinadores de calidad (10 mil pesos), hasta la Expo Compras de Gobierno en 2009 (10.4 millones de pesos).
Otro de los clientes asiduos es la Lotería Nacional, que entre 2006 y 2009 acumula 41 contratos por montos pequeños que suman 12.4 millones de pesos. La dependencia dirigida por Benjamín González Roaro -director del ISSSTE en el sexenio de Vicente Fox- opta por Turissste para cualquier tipo de evento, desde la contratación de shows "cómico musicales", cenas bailes y la renta del parque acuático Tepetongo, hasta la organización del Foro Mundial de Loterías.
Selección a capricho
La decisión de una dependencia entre contratar a Turissste o adquirir los servicios por cuenta propia es arbitraria. Por ejemplo, para la realización del pabellón de México en la Expo Shangai en 2010, Proméxico firmó directamente con la empresa de CIE, Creatividad y Espectáculos, un contrato por 299.5 millones de pesos, según la información disponible en Compranet. En cambio, para la organización del Foro Mundial del Agua en marzo del 2006, la Comisión Nacional del Agua optó por la intermediación de Turissste y firmó un contrato por 73 millones de pesos.
Los datos sobre qué empresa contrató Turissste para el Foro del Agua y mediante qué procedimiento no están disponibles, aunque según la página de internet de Entreventos S.A. de C.V. -proveedor de Turissste- ellos fueron los organizadores.
En el caso de los festejos del Bicentenario, a pesar de ser una misma comisión organizadora, la elección de Turissste también fue arbitraria. Con el objeto de llevar a cabo una campaña "para difundir los sentimientos patrióticos y cívicos a escala nacional, relacionados con los eventos que se organizan en el marco de los festejos del Bicentenario y del Centenario", la comisión firmó con Turissste por 7.2 millones de pesos, quien a su vez contrató a Zeta Publicidad, autora de la campaña "Tú eres México".
Por otro lado, la comisión encargó directamente a cinco empresas de CIE (Publitop, Publitop de Occidente, Make Pro, Unimarket y B-Connect Services) una "campaña de difusión integral de las conmemoraciones del Bicentenario", por un total de 163.7 millones de pesos.
Algunas dependencias optan por celebrar contratos anuales tanto por el concepto de "servicio integral de agencias de viajes", como por la realización de "congresos y convenciones".
Desde 2007, por ejemplo, el Registro Agrario Nacional había celebrado contratos anuales con Turissste por la reservación de transporte aéreo y terrestre con montos que van de los
En 2008, 2009 y 2010, la Presidencia de la República firmó contratos abiertos para "gastos de ceremonial y gastos de congresos y convenciones" por más de 20 millones de pesos. El primer año el monto del contrato asciende a 27 millones de pesos, el segundo a 21 millones y el año pasado la suma fue de 22.8 millones.
En total, en 2009 Turissste facturó a la Presidencia un total de 52.6 millones, 31.6 millones más que lo estipulado en el contrato disponible.
Las secretarías de Hacienda, Educación, Energía, Comunicaciones y Transportes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Nacional del Deporte, Proméxico y el Instituto Nacional de Desarrollo Social son otras de las dependencias con contratos anuales con Turissste por servicios de convenciones y congresos que van de los 2 millones de Proméxico a los 466 millones de la SEP.
El caso Bicentenario
Desde agosto del 2008 y a través de la Ley de Transparencia, Enfoque solicitó a Turissste la copia de los contratos celebrados con terceros para cumplir con los servicios solicitados por la comisión organizadora de los festejos; pero en lugar de eso, el sistema de agencias de viajes envió los convenios firmados con Banjército, fiduciario de los recursos.
Como respuesta a los recursos de revisión interpuestos ante el IFAI, Turissste alegó que los contratos solicitados no se podían entregar porque estaba en proceso la revisión de la ASF, pero finalmente el pleno del IFAI revocó esa reserva y ordenó la entrega de los documentos. Aún así, Turissste no informó los montos que pagó a los proveedores por los servicios contratados.
La dependencia entregó copias de contratos marco celebrados en distintos años con diversos prestadores de servicios que nada tienen que ver con turismo y que se han convertido en sus proveedores habituales; sin embargo, omitió enviar los convenios derivados por los servicios específicos para los festejos.
Para el cumplimiento de diez de los contratos, Turissste llevó a cabo 36 convenios con 26 empresas o prestadores de servicios, a 11 de las cuales les descuenta entre el 5 y el 10 por ciento de comisión por cada contratación.
Firmas pertenecientes a la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), como Creatividad y Espectáculos, Administradora Mexicana de Hipódromo, Make-Pro y Unimarket; casas productoras y agencias como Zeta Publicidad, de Alejandro González Iñárritu y Raúl Olvera, además de varias compañías especializadas en la organización de eventos como Gea Bussines Corporate Events, Entreventos y Dynamic Media, tienen contratos con Turissste, en los que ofrecen todos sus servicios con tarifas preferenciales o comisiones.
Cada vez que se solicita un evento, ambas empresas firman convenios aparte donde se especifican los costos, pero en el caso de los festejos del Bicentenario éstos no fueron proporcionados por Turissste.
Turissste se hizo cargo de los servicios para eventos como la representación de marionetas gigantes en Guadalajara en noviembre, los desfiles Niños por el Bicentenario del 2009 y el 2010, el espectáculo multimedia en el Zócalo de septiembre y noviembre del 2009, el montaje de "Orgullosamente Mexicanos" y presentaciones de proyectos como los audiolibros, el Monumento Bicentenario y el homenaje a los restos de los héroes de la patria.
Oficialmente, y según información de los convenios la decisión de recurrir a Turissste y firmar con la dependencia un contrato marco el 20 de agosto del 2008 -luego de la firma del primer contrato para los relojes de cuenta regresiva- la tomó el comité técnico del Fideicomiso Bicentenario, integrado por la Oficial Mayor de la Secretaría de la Función Pública, Gloria Muñoz León, que es quien lo preside; representantes de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y de Relaciones Exteriores, además del titular de la comisión organizadora, que en ese entonces era Rafael Tovar y de Teresa.
Los siguientes 14 convenios específicos se adjudicaron cuando los festejos ya estaban a cargo del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, cuyo titular, José Manuel Villalpando, se deslindó de los temas monetarios y de las contrataciones desde el principio.
Aunque no formaba parte del comité técnico del Fideicomiso Bicentenario, la única constante en la organización de los festejos fue Patricia Flores, jefa de la oficina de la Presidencia de la República, quien desde Los Pinos coordinaba las conmemoraciones. Hasta que el 14 de julio dejó el cargo, cuando ya todos los contratos estaban firmados.
"Además de la coordinación de los diversos gabinetes de mi Gobierno, el de seguridad, el social, el económico y el de infraestructura, impulsó la realización de proyectos especiales, como es el caso de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución", dijo Felipe Calderón en la despedida de Flores.Una semana después, el Presidente designó a Lujambio, titular de la SEP, como nuevo responsable de los festejos. ·
Los 'clientes' de Turissste
Turissste ha firmado al menos 185 contratos con diversas dependencias para llevar a cabo eventos que nada tienen que ver con sus atribuciones consignadas en el Estatuto Orgánico del ISSSTE.
(Montos en millones de pesos).
Secretaría de Educación Pública
CONTRATOS: 2
MONTO: $560.1
· Ejemplo: contratación de "servicios integrales" del 2009. (No se especifican los eventos, pero estos contratos se firmaron además de otros sí relacionados con la prestación de servicios turísticos). (90.0).
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
CONTRATOS: 15
MONTO: $477
· Ejemplo: realización, organización y coordinación de la convocatoria y promoción de los eventos del 15 de septiembre del 2009, así como la implementación de una estrategia para difundir los sentimientos patrióticos y cívicos a escala nacional. (72.5).
Secretaría de Economía
CONTRATOS: 35
MONTO: $278.5
· Ejemplo: Servicio integral para la realización de la "Semana Nacional Pyme 2009" (34.7).
| DEPENDENCIA/EJEMPLO | CONTRATOS | MONTO |
| Lotería Nacional | 41 | 12.4 |
| -Cena-baile para billeteros (1.14). | | |
| Secretaría de Seguridad Pública | 30 | 66.76 |
| -Servicios integrales para llevar a cabo la presentación del Registro Público Vehicular (2.3). | | |
| Sistema Nacional de Seguridad Pública | 19 | 8.4 |
| -Reunión de trabajo para la implementación del sistema para dar seguimiento al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (223,522 pesos). | | |
| Secretaría de Desarrollo Social | 7 | 6.2 |
| -Expo Reforma 2009 (1.6) | | |
| Secretaría de Salud | 5 | 6.3 |
| -Congreso Nacional de Sida (2.7) | | |
| Sagarpa (Fideicomiso de Riesgo Compartido). | 4 | 721,759 pesos |
| -Desayuno, comida, coffee break y sonido (65,291 pesos). | | |
| Presidencia de la República | 3 | 70.9 |
| -Gastos de ceremonial y gastos de congresos y convenciones (27.0). | | |
| Secretaría de Energía | 3 | 10.5 |
| -Suministro de boletos de avión, eventos sociales, deportivos, culturales, exposiciones, convenciones y congresos (4.2). | | |
| Secretaría de Hacienda | 2 | 94.1 |
| -Encuentro entre legisladores y expertos de la OCDE sobre política fiscal y gasto público (4.1). | | |
| Comisión Nacional del Agua | 2 | 94.0 |
| -Foro Mundial del Agua (73.0). | | |
| Pemex | 2 | 46.7 |
| -Foro de empresas nacionales petroleras (13.0). | | |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 2 | 33.6 |
| -Servicios consistentes en la organización de eventos, congresos, convenciones, festivales culturales, deportivos y recreativos que solicita el DIF nacional (19.7). | | |
| Instituto Nacional de Lenguas Indígenas | 2 | 9.5 |
| -Prestación de servicios para reservación y venta de boletos para transportación terrestre y aérea, nacional e internacional; en la organización de eventos, promoción y venta de los mismos servicios (1.5). | | |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 2 | 70.0 |
| -Coordinación de eventos de orden social, cultural y deportivo a celebrarse en el año 2009 (50.0). | | |
| Secretaría de la Reforma Agraria (Registro Agrario Nacional). | 1 | 3.5 |
| -Servicio de reservación y venta de boletos para transportación terrestre o aérea, nacional e internacional y organización de congresos y convenciones. | | |
| Secretaría de Turismo (Consejo de Promoción Turística). | 1 | 850,000 pesos |
| -Presencia de la marca México en la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones. | | |
| Secretaría del Trabajo | 1 | 600,000 pesos |
| -Firma del Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral. | | |
Fuente: Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal.
CIE: la consentida
Reportaje Cumbres, festejos y opacidad
(13 febrero 2011).- La Corporación Interamericana de Entretenimiento o Grupo CIE es la empresa más beneficiada con el Bicentenario, con al menos 17 contratos adjudicados a sus filiales.
Hasta el 10 de agosto del 2010, el Fideicomiso Bicentenario había firmado con seis empresas del grupo, como Unimarket, Make-Pro, B-Connect, Publitop y Creatividad y Espectáculos, contratos por 329.8 millones.
Turissste también recurrió al corporativo para cumplir con los 15 eventos que le fueron encomendados, incluyendo la renta de espacios operados por CIE, como el Centro Banamex, donde se presentó el programa de actividades el 10 de febrero del 2010.
Para llevar a cabo los servicios de 11 eventos, Turissste realizó 37 contratos con 26 empresas. Seis de ellos fueron con Unimarket, dedicada a la producción, logística y coordinación de eventos; dos más se le adjudicaron a Make-Pro, que según el documento tiene la misma función que Unimarket, al igual que Creatividad y Espectáculos, con la cual se firmaron dos convenios para el espectáculo de marionetas gigantes en Guadalajara y el lanzamiento del programa de actividades en febrero del 2010.
Además, el 7 de enero, la coordinación de Comunicación Social de la comisión ejecutiva organizadora de los festejos dio a conocer que CIE participaría con el australiano Rich Birch en el festejo del 15 de septiembre, que tuvo un costo de 580 millones de pesos; sin embargo, no se especificó ni el costo ni en qué consistiría su participación.
En el caso de Turissste y de acuerdo a los contratos entregados hasta el momento por medio de la Ley de Transparencia, la selección de las diversas empresas de CIE se hace sin llevar a cabo licitación alguna.
Precisamente en las observaciones a la cuenta pública del 2008, la Auditoría Superior de la Federación apuntó la adjudicación irregular de Make-Pro para la puesta en marcha de 35 relojes de cuenta regresiva.
Además de que no se llevó a cabo la licitación correspondiente por la cantidad pactada (28 millones de pesos), el convenio entre Make-Pro y Turissste se firmó 23 días antes de que se sellara el acuerdo con el fideicomiso, señaló la ASF.
De acuerdo a la información disponible en Compranet, en la mayoría de los casos las empresas de CIE no pasan por licitaciones. De los 77 contratos con Unimarket, Ocesa, Creatividad y Espectáculos y Make Pro, sólo dos fueron producto de una licitación y uno más por invitación a tres personas.
Desde que nació en 1990, CIE ha ido en constante crecimiento, adjuntando empresas y marcas a su corporación, como Ticketmaster (1991), Hipódromo de las Américas (1998) y Sports Books y Yaks (2008).
El principal accionista de CIE es Luis Alejandro Soberón Kuri, quien también preside el Consejo de Administración; después están Rodrigo González Calvillo y Federico González Compeán, quienes también son fundadores de la empresa.
Actualmente el corporativo domina el mercado del entretenimiento en México.
Revolución en árabe
Análisis Magreb y Medio Oriente. La caída de Hosni Mubarak, en Egipto, simboliza la emergencia de un nuevo poder en el mundo árabe, el de la sociedad civil
Zoé Robledo
(13 febrero 2011).- "El poder nunca da un paso atrás, sólo ante la presencia de más poder".
Malcolm X
Un hombre se acerca a una concurrida zona de la ciudad. Se detiene, se rocía de un líquido combustible, enciende un cerillo y se prende fuego frente a la mirada atónita de los transeúntes. Es un acto de protesta con el que inicia una serie de manifestaciones que tienen como consecuencia la caída de un régimen impopular y autoritario. El año es 1963. La ciudad es Saigón. El hombre es Thich Quang Duc, un monje vietnamita que se inmoló para protestar por la persecución de los budistas por parte del gobierno de Ngo Dinh Diem, primer presidente de la República de Vietnam del Sur. David Halberstam, corresponsal de The New York Times, ganaría un premio Pulitzer por su relato de ese instante: "...sentía en el aire el olor de la carne humana quemándose; los seres humanos se queman sorprendentemente rápido. Detrás de mí pude escuchar los sollozos de los vietnamitas que se reunían alrededor. Estaba demasiado horrorizado para llorar, demasiado confundido para tomar notas o hacer preguntas, demasiado desconcertado incluso para pensar..." (The Making of a Quagmire, New York, Random House, 1965). La imagen del monje, que impávido arde en llamas, quedó grabada en la memoria de toda una generación, y su sacrificio es considerado el punto de no retorno de la caída de un régimen. En los meses siguientes decenas de monjes repitieron la acción del primer mártir y el presidente Diem fue derrocado por sus aliados militares y asesinado en noviembre de 1963.
Hoy la historia parece repetirse. En la forma, aunque quizá no en el fondo. También la llamada Revolución de los Jazmines en Túnez tuvo como punto de quiebre la inmolación de un hombre, Mohamed Bouazizi, de 26 años, que perdió su fuente de ingresos: un puesto de frutas y verduras en la localidad tunecina de Sidi Bouzid. Pero las causas de Bouazizi fueron muy distintas a las de Thich Quang Duc. No hay en su martirio un sentido de colectividad sino de drama personal. No hay grandes causas históricas sino grandes sentimientos humanos. Frustración por tener un título universitario y estar obligado a vender frutas en la calle para alimentar a su familia. Ira por la forma con la que el gobierno lo despojó de su medio de subsistencia. Desesperación por la certeza de que nadie haría nada para ayudarlo. Su acto tuvo efectos insospechados en Túnez. Nadie en su entorno habría sospechado que su martirio público sería imitado en el mismo país y en países vecinos como Egipto, Argelia y Marruecos. Nadie esperaba que su sacrificio tocaría las fibras más sensibles de la población que perdió el miedo y salió a las calles a manifestarse. Nadie calculó que las protestas se organizarían por las redes sociales y darían pie a una revolución. Nadie, sobre todo el presidente Zine el Abidine Ben Ali, sospechaba que ese acto lo obligaría a huir del país que había gobernado durante 23 años. Nadie, en las democracias occidentales, previó que el 2011 comenzaría con un nuevo tipo de revolución en el mundo árabe.
¿Por qué nadie previno nada? Quizá porque estamos siendo testigos de un nuevo tipo de movimiento social. El filósofo francés Bernard-Henri Levy lo llamó e-revoluciones; su colega André Glucksmann lo califica de "revoluciones árabes". El periodista español Lluís Bassets, director adjunto de El País, lo nombra y describe como: "oleada revolucionaria, sin partidos y con mucha tecnología, y necesariamente pacífica, gandhiana". Atrás de estas definiciones hay argumentos, muchos y muy sólidos. Pero quizá este tipo de movimientos responde a una categoría aún más amplia: la del quinto poder.
El quinto poder es un fenómeno contemporáneo y es una modalidad inacabada de la ciudadanía social. Es una circunstancia en la que la comunidad humana percibe su poder, lo dimensiona en una mayor medida y se anima a ejercerlo. En este punto vale la pena preguntarnos, ¿es válido hablar de quinto poder en el mundo árabe? ¿En un espacio político donde el poder se concentra en muy pocas manos; en sociedades donde la división clásica entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial carece de todo sentido; donde el cuarto poder, entendido como los medios de comunicación tradicionales, está controlado de forma vertical y unilateral, por lo que pierde su capacidad de emitir opinión, seleccionar los temas relevantes de la agenda pública o influir en la estructura de decisiones colectivas? En sociedades en consolidación democrática o plenamente democráticas, a los cuatro poderes existentes se suma la sociedad como un quinto poder. Es protagonista y ejerce su derecho de participación, su capacidad de veto, su voluntad de hacer exigencias violentas. Pero no es un accidente, una maldición ni una virtud privativa de las democracias. Es un fenómeno normal cuando las vías de relación con el gobierno pierden su verticalidad; cuando el despertar de una sociedad coincide con el letargo de sus autoridades; cuando existe una brecha entre la percepción popular y las certezas de quienes toman las decisiones; cuando se pierde la empatía y una sociedad comienza a tener dos ritmos cardiacos, que laten simultánea pero desincronizadamente. Y esto puede ocurrir lo mismo en sistemas democráticos y no democráticos. Entonces, si es posible hablar de quinto poder en el Magreb y Medio Oriente, qué características y elementos se han expresado en los movimientos sociales del 2011.
I
La primera característica del quinto poder es su legitimidad: son los ciudadanos los que actúan a partir de aspiraciones muy concretas. Una de ellas, acceder a derechos y beneficios de los que han permanecido marginados. El detonador es el interés para corregir lo que se considera una exclusión injusta. En ese sentido, se presentan dos características, dos detonadores comunes en los países del Norte de África y Medio Oriente: gobiernos autocráticos y deterioro de las condiciones de vida.
En Túnez la energía social se volcó contra el presidente Zine el Abidine Ben Ali, que tuvo que huir del país que gobernó 23 años. En Egipto el presidente Hosni Mubarak concedió primero no presentarse a la reelección, tras 29 años en el poder; el jueves pasado anunció que gobernaría hasta los comicios de septiembre, pero el viernes tuvo que dimitir ante la presión social. En Yemen, Ali Abdullah Saleh, con 20 años en el poder, tampoco se presentará a la reelección. Este reclamo legítimo por la sustitución de los liderazgos tiene la potencialidad, en mayor o menor medida dependiendo de cada país, de convertirse en un elemento replicable en toda la región del Norte de África y Oriente Medio.
La revista The Economist acaba de publicar el The Shoe Thrower's index o Índice del lanzador de zapatos, en alusión al periodista iraquí Mountazer al-Zaidi, que en mayo de 2008 lanzó sus zapatos al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Se trata de una medición del estado de malestar del mundo árabe. Se construyó a partir de la ponderación de distintos indicadores conocidos: población menor de 25 años, número de años en el poder del mandatario en turno, corrupción y falta de democracia medida por los indicadores de Transparencia Internacional y Freedom House, ingreso per cápita y nivel de censura. Este índice intenta establecer qué países tienen más probabilidad de presentar movilizaciones sociales o, como lo señala la revista: "intentamos predecir hacia dónde se dirigirá el perfume de jazmín". El resultado arroja a 12 países con más de 50 puntos, siendo 100 el valor de más alta inestabilidad. En orden descendiente, los países son: Yemen, Libia, Egipto, Siria, Irak, Omán, Mauritania, Arabia Saudita, Argelia, Jordania, Túnez y Marruecos. Según el reporte 2010 de la organización no gubernamental Freedom House, sobre el grado de libertades políticas en cada país, de estos 12 países 11 están en el rango de "no libres" mientras que sólo Marruecos entra en la categoría de parcialmente libre.
Además, en estos 12 países, se observa otra característica común: son gerontocracias. La referencia al gobierno de los más viejos no se refiere únicamente a la edad de los mandatarios, que en promedio es de 61.5 años, con extremos en Arabia Saudita, donde el Rey Abdalá bin Abdelaziz al-Saud tiene 86 años y Siria, donde el presidente Bashar al-Asad tiene apenas 45. No. La referencia es por otra razón: los años que llevan en el poder. De los 12 países enumerados, en promedio los mandatarios llevan 17.3 años ejerciendo el poder. Igual, con extremos como el de Muammar al-Gaddafi en Libia, que lleva 41 años; y Mohamed Ould Abdel Aziz, de Mauritania, que apenas en 2008 accedió al poder luego de dar un golpe de Estado al gobierno democrático del presidente Sidi Ould Cheikh Abdallahi, en agosto del 2008. Resulta claro que el cambio generacional se complica cuando el poder se traspasa entre familiares o se asume como un elemento del patrimonio personal del mandatario que arriesgó la vida para alcanzarlo.
II
Una segunda característica es su carácter reactivo. La organización y activación de los movimientos del quinto poder es generalmente una respuesta a acciones de otros actores sociales y no el producto de iniciativas propias. Este poder no se activa si no recibe un estímulo -interno o del exterior- que lo impulse: requiere ser disparado por algún resorte. En este caso fue el incremento de precios de los alimentos y el desempleo crónico que sufren las naciones del Magreb y Oriente Medio. También en este rubro son muchas las coincidencias observadas en los 12 países. Primero, son países de gente muy joven con políticos muy viejos. La edad promedio de la población es de 22.8 años. Segundo, la tasa de desempleo, en promedio, es de 21.31 por ciento. Según un cálculo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y la Liga Árabe, la mitad de los jóvenes de los países árabes están desempleados y el 40 por ciento de la población, es decir, más de 140 millones de personas, está por debajo del índice de pobreza.
Esos jóvenes fueron el motor de la reacción: pasaron en pocas semanas de estar paralizados por el autoritarismo y con sus expectativas congeladas, a conformar una ciudadanía inconforme, activa y sin miedo. En este sentido, se aprecia la formación y liberación de nuevas fuerzas en el seno de estas sociedades. Surge una organización espontánea. Surgen nuevos protagonistas, se activan conglomerados anónimos que antes permanecieron en la pasividad. Los líderes del quinto poder tienen características muy particulares que los ubican lejos de los liderazgos políticos tradicionales. Además de Mohamed Bouazizi, en Túnez surge Slim Amamou, un activista y bloguero de 33 años que, luego de ser detenido, se convirtió en secretario de juventud y deporte del gobierno de unidad nacional de Mohammed Ghannouchi. En Egipto, Jaled Said, otro bloguero, es asesinado a los 28 años por la policía secreta y se convirtió en el símbolo, casi un mártir, de la revuelta popular en Alejandría.
III
La tercera característica del quinto poder es su dependencia de las redes sociales. El quinto poder rara vez surge entre individuos sin nexos. A su dependencia de un marco cultural, histórico o geográfico, se suma un nuevo elemento: la tecnología, el uso de herramientas de internet que permite a la ciudadanía tejer redes de identificación mutua que los hace más resistentes y efectivos.
Los gobiernos que hoy están en crisis, o tienen potencialidad para estarlo, impidieron durante mucho tiempo la formación de fuerzas populares organizadas políticamente o de cualquier otra manera. En Túnez, el gobierno de Ben Ali frenó toda clase de expresiones populares. Pero estas permanecieron latentes y se activaron a partir de elementos novedosos: el cable de WikiLeaks en el que el embajador estadounidense dibuja a Túnez como una nación "enferma por la corrupción de su gobierno y de la familia del Presidente". A partir de eso, en Túnez la revolución se vivió en internet. Antonio Navarro escribía para Foreign Policy: "sin las redes sociales y la blogosfera la revolución tunecina no habría tenido lugar". Facebook se convirtió en un foro de debates de los jóvenes contestatarios; Twitter en el medio para la convocatoria y organización de las manifestaciones callejeras. Los llamados smartphones, celulares con cámara de fotos y video, y YouTube, sirvieron para llevar un registro de la insurrección. Todo de forma espontánea. Quizá la expresión más organizada fue la embestida del colectivo hacker llamado Anonymous, contra páginas web del gobierno tunecino. La organización del quinto poder estuvo en manos de los internautas. Es cierto que el resto de los países del norte de África y Oriente Medio no cuenta con el mismo nivel de acceso a internet que tiene Túnez. Sin embargo, las redes sociales son las grandes esperanzas de los movimientos del quinto poder en esas latitudes a partir de la sensación de que pueden cambiar al mundo.
IV
La cuarta característica del quinto poder es su vocación transformadora. La sociedad se relaciona porque comparte la aspiración por formas de vida que, real o supuestamente, consideran mejores. Reacciona para transformar determinados planos de su vida y evidenciar su existencia con su capacidad de movilizarse. La sociedad ha descubierto su poder y lo pone a prueba en su capacidad de transformar el statu quo. El quinto poder existe cuando es capaz de transformar y, en este caso, el motor de transformación es la democracia. No hay un llamado a tomar el poder. En la región, y principalmente en Túnez y Egipto, la consigna es libertad y democracia. Ambos países demostraron su vocación democrática en sus manifestaciones, donde reinó la tolerancia religiosa, la moderación y la civilidad.Ahora, el enorme reto del quinto poder es que ese florecimiento democrático sea eso, y no una oportunidad para los islamistas organizados. En ese sentido, el legado de este movimiento es, quizá, romper el prejuicio que indica que la palabra democracia no puede estar acompañada de la palabra árabe. Para lograrlo, los nuevos gobiernos emanados de la Revolución de los Jazmines, más allá de su orientación, tendrán que aprender a convivir con el quinto poder; con una sociedad activa que demanda su inclusión en el espacio público. ·
El autor es politólogo y analista político. twitter.com/zoerobledo
Escape de El Cairo
Testimonio Magreb y Medio Oriente
Octavio Ortega
(13 febrero 2011).- Lunes 24 de enero, la víspera de la primera manifestación en Egipto: Ángeles Rojas y su hermano Fernando llegaron a El Cairo. Habían salido dos días antes de la Ciudad de México luego de ahorrar durante un año y planear un viaje a Oriente Medio para conocer las pirámides, el Museo Egipcio, recorrer las ciudades de Luxor, Asuán y Amán, y después viajar a Jordania.
Mientras buscaban un vuelo de Egiptair que los trasladara de El Cairo a Luxor -donde empezarían su paseo turístico- miles de egipcios convocaban por internet a sus compatriotas para tomar las calles.
Recorrer la antigua ciudad de Luxor, el martes, y visitar las mezquitas y ruinas en Asuán, el miércoles y jueves, los aisló de las manifestaciones. Aunque supieron de ellas por las noticias, sus anfitriones les hicieron sentir que todo era pasajero.
Viernes 28. Llegaron a El Cairo, pasadas las 7 PM. Los recibió el guía y les avisó que el hotel donde tenían reservación estaba en el epicentro de las manifestaciones.
"Pasamos por una calle con coches en sentido contrario, y en eso se para el conductor porque enfrente se estaba quemando algo y volteamos y vimos que venía un grupo de personas con palos, no venían hacia nosotros pero pasaron atrás, y empezamos a ver que venían militares en camiones y se me hizo muy curioso un camión de militares con niños chiquitos, en el cofre, en el toldo, abrazando a los militares. El chofer se metió en una calle y era cerrada. Por un lado los militares, en otro los manifestantes y más adelante policías. Entonces sentimos temor de que se diera una balacera. Y más coches atrás. Le pedí al guía buscar otro hotel y en eso empezamos a escuchar disparos. No sé si era la policía o quién disparaba pero empezamos a escuchar disparos", detalla.
En el nuevo hotel, la habitación se las entregaron con la advertencia de que podrían no tener salida libre de la ciudad ni fecha precisa.
"A las ocho de la mañana del sábado esperamos a nuestro guía para ir a las pirámides, pero no llegó. A las 10 de la mañana le llamamos -ya había celular- y nos pidió esperar. Llegó como a las dos de la tarde, nos regresó el dinero de los tours, nos dijo que no saliéramos del hotel y que sólo pasaría por nosotros para salir al aeropuerto el domingo y poder viajar a Amán", lamenta.
Encerrados, sin permiso para tomar fotos al exterior del hotel, escuchando el ruido de las manifestaciones a lo lejos y viendo helicópteros sobrevolando, se enteraron de la fuga de reos de una prisión de El Cairo y el saqueo al museo de la ciudad.
Domingo 30. En medio de la incertidumbre, salieron del hotel en un taxi compartido.
"Había camiones atravesados. Los vecinos de las colonias aledañas hicieron retenes, nos tocó pasar por tres controles. Ahí pude ver El Cairo: edificios quemados, controles militares. Para llegar al aeropuerto tardamos dos horas".
En el aeropuerto todo era tensión, filas enormes para documentar, vuelos demorados o cancelados, peleas de turistas y algunos egipcios tratando de salir de la capital. Luego de cuatro horas, pudieron abordar el avión a Amán y ponerse a salvo.
La cultura política
(13 febrero 2011).- Téngalo presente
México a Debate. Presentación de propuestas para un acuerdo nacional. Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Federico Fleishman, Genaro Góngora, María Elena Morera, Isabel Miranda, entre otros. Miércoles 16, 8:30 horas. Museo Franz Meyer, Hidalgo 45, Centro Histórico. Informes: 5280 9215.
Coloquios
La regulación ambiental en examen. José Luis Lezama, Judith Domínguez, Vicente Ugalde, Patrice Melé, Keith Hawkins, entre otros. Jueves 17 y viernes 18, 9:00 horas. Sala Alfonso Reyes y salón 2247 de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Conferencias
El capitalismo de las fronteras, una nueva división internacional del trabajo. Delphine Mercier. Lunes 14, 13:00 horas. Salón 2247 de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Instituciones sociales en el constitucionalismo contemporáneo. Lunes 14 al lunes 21, 19:00 horas. Aula Mayor de El Colegio Nacional. Donceles 104, Centro Histórico. Informes: 5622 7474 exts. 1735 y 1768. Programa: http://bit.ly/gvNrfE.
Derecho constitucional y amparo. Jean Paul Huber, Lorenzo Córdova, José Luis Soberanes. Martes 15 y jueves 17, 10:00 horas. Auditorio Ignacio Burgoa de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva, s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 1957. Programa: http://bit.ly/eNsTXz.
Etapas de la crisis económica global. Óscar Ugarteche, Carlos Morera, José de Jesús Rodríguez y Luis Sandoval. Miércoles 16, 11:00 horas. Sala Ángel Bassols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.
Reformas económicas exitosas. Caso de Chile. ¿Qué podemos hacer en México? Rolf Lüders, Luis Pazos y Adolfo Gutiérrez Chávez. Miércoles 16, 19:30 horas. Casa Lamm, Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: 5550 1039.
Convocatorias
Premio a la investigación jurídica en materia de tecnologías de la información. INAP. Fecha límite para la entrega de trabajos: 15 de febrero. Informes: 5081 2607.
Foros
El modelo económico de México y políticas para el crecimiento. Luis Foncerrada, Leonardo Lomelí, Hugo E. Beteta, entre otros. Miércoles 16, 10:00 horas. Salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro. Congreso de la Unión 66, El Parque. Informes: 5522 0206.
Libros
100 mitos de la historia de México de Francisco Martín Moreno. Aguilar. El autor evidencia errores de gobernantes y reseña sucesos heroicos, al margen de la historia oficial.
200 años de administración pública en México. Base legal y programática. Tomo I coordinado por Diego Valadés y Daniel Márquez Gómez. INAP. Colección de textos en torno al proceso evolutivo de la idea de República en México.
Cómo salir de la crisis crónica de Marconi Osorio. JON. El autor analiza el entorno de la crisis económica en México y propone medidas específicas para salir a flote.
El pensamiento político en México y Latinoamérica de Charles A. Hale. El Colegio de México. Antología de artículos, capítulos, entrevistas y reseñas del sociólogo norteamericano estudioso del liberalismo mexicano.
La invención de la transparencia de Juan Francisco Escobedo. Miguel Ángel Porrúa. El autor analiza los alcances y limitaciones de las normas relacionadas con el derecho a la información pública en México.
Pasado presente y futuro de los partido políticos en México coordinado por Hugo Sánchez Gudiño y Gonzalo Farrera Bravo. Miguel Ángel Porrúa/UNAM. Catorce académicos, investigadores, magistrados y ex funcionarios analizan el sistema de partidos frente al derecho electoral.
Pensamiento y discurso 2010 de Manlio Fabio Beltrones Entrevistas, artículos y conferencias del senador priista durante 2010, compilados por Luis Mendoza y Leonardo Bolaños.
Presentaciones
El otoño del imperio. Diez años de cambio en Estados Unidos y el mundo de Jesús Hernández Garibay. UNAM. Con la presencia del autor. Martes 15, 12:00 horas. Sala de Seminarios del CISAN. Torre II de Humanidades, piso 7, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.
Confluencia XXI. No. 12. Miguel González Avelar, Alfonso Zárate, César Callejas, Valentina Ochoa y Mario Velasco. Miércoles 16, 18:00 horas. Fundación Colosio del PRI. Julio Verne 51, Polanco. Informes: 5282 4786.
Nueva Historia General de México de varios autores. Colmex. Eduardo Matos, Tomás Calvo, Erika Pani y Pablo Yankelevich. Miércoles 16, 18:00 horas. Centro Cultural Bella Época. Tamaulipas 22 esquina Benjamin Hill, Condesa. Informes: 5449 3000.
Migración interna en México durante el siglo XX de Jaime Sobrino. Colmex. Estela Rivero Fuentes, Bryan R. Roberts y el autor. Jueves 17, 18:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Revistas
Voz y Voto. No. 216. Jorge Alcocer V. conversa con María del Carmen Alanís y Leonardo Valdés en torno al panorama electoral rumbo al 2012. Beatriz Paredes y Gustavo Madero reflexionan en torno a los pendientes del PRI y el PAN, respectivamente. Bitácora del Estado de México frente a su elección de gobernador.
Zócalo. No. 132. Alma Rosa Alva de la Selva analiza los ingredientes políticos en posibles licitaciones para TV. Reyna Paz examina los argumentos de la jueza que dictó las sentencias a Contralínea.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
PLAZA PÚBLICA / París bien vale un despido
Tan solidario es el Ejecutivo con Genaro García Luna que está resuelto a pagar el costo de un severo conflicto internacional con tal de mantener incólume la autoridad de quien aparece como su subordinado
Miguel Ángel Granados Chapa
(13 febrero 2011).- En momentos en que plantear preguntas al presidente Calderón es no sólo políticamente incorrecto sino un delito de lesa majestad, cabe sin embargo reiterar las interrogaciones sobre su apoyo irrestricto, que más parece dependencia, a Genaro García Luna. Tan solidario es el Ejecutivo con el secretario de Seguridad Pública que está resuelto a pagar el costo de un severo conflicto internacional con tal de mantener incólume la autoridad de quien aparece como su subordinado.
Carecen de razones jurídicas las funcionarias francesas que han reaccionado con virulencia ante una decisión judicial, ajena a la Presidencia, que confirmó la sentencia de 60 años, por el delito de secuestro, impuesta a la ciudadana francesa Florence Cassez. Con dureza verbal la ministra de Relaciones Exteriores, Michèle Alliot-Marie, y en los hechos, al cancelar una exposición de José Guadalupe Posada, la alcaldesa de Lille, Martine Aubry -que es la vez dirigente del Partido Socialista francés y precandidata presidencial-, han externado juicios sumarios sobre el gobierno mexicano. Y la primera reacción que en México provoca una actitud como la suya es la defensa de la tribu, de su independencia, de su rechazo a la injerencia externa, sobre todo cuando proviene de una República que envió varias veces sus tropas a invadir a la nuestra, y hasta instauró un régimen imperial espurio en nuestro suelo.
Pero de igual modo en que la Cancillería mexicana ha pedido al gobierno de París que no sobredimensione el caso de Florence Cassez, y con ello ponga en riesgo el Año de México en Francia, que está comenzando, y acaso otros aspectos de la relación, también hemos de moderar nuestra hipersensibilidad. Faltan razones en Francia para cuestionar a la administración de justicia mexicana. Pero la lenidad que beneficia al ahora titular de la seguridad pública federal ha alimentado la suspicacia extranjera sobre el fallo que angustia a la sentenciada y a sus padres e irrita al gobierno francés.
Ha quedado claro allá que la Agencia Federal de Investigación fingió ante la televisión el arresto de la señora Cassez el 9 de diciembre de 2005. La simulación, reconocida formalmente por el gobierno mexicano, el montaje de un espectáculo para forjar la fama de la corporación que se ufanaba de compararse con el FBI y Scotland Yard y asegurar el destino político de su jefe, el mismo Genaro García Luna que es hoy el zar policiaco mexicano, infectó al proceso contra Cassez, si no también al seguido contra la banda de secuestradores a la que ella pertenecía según la sentencia que es hoy la verdad legal. No sólo se pasó por alto, en el gobierno y en la opinión pública de México, la gravedad de la puesta en escena que puso en duda la acusación, sino que García Luna medró políticamente con ella.
Aun con merma de su crédito (que va a la baja según mediciones de su popularidad), el presidente Calderón puede tomar dos medidas que atenúen la tensión diplomática con Francia. Tiene bases legales para disponer el traslado de la sentenciada a una prisión francesa. Si bien una comisión binacional estudió esa posibilidad y con fundamento en sus reflexiones Calderón cerró la puerta al envío de la presa a su patria el 22 de junio de 2009, esa decisión puede ser revertida. Hacerlo no interferiría en la esfera de acción judicial porque, una vez cerrado el caso ante los tribunales, la ejecución de la sentencia corresponde al Poder Ejecutivo. Es una práctica corriente que, en canje de reos o con la remisión unilateral de algunos, México acceda a que extranjeros sentenciados aquí cumplan su condena en su país de origen. Para fundar que esa costumbre se aplicara al caso de Florence Cassez el gobierno francés invocó el convenio de Estrasburgo. Base legal no falta, pues, y a su aplicación ayuda el sentido liberal de la política de ejecución de penas, que favorece la proximidad del sitio donde se compurga la sanción con la residencia de la familia de los sentenciados.
También podría Calderón tomar una decisión extrema, que denotara una desauto- rización aunque fuera tardía al proceder que tanto indigna con razón a los franceses. París bien vale un despido, el del secretario de Seguridad Pública, creador y destructor de la AFI, de la que sólo queda el nombre con el que se encubre la denominación legal de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Procuraduría Ge- neral de la República. García Luna creó tal monstruo que él mismo se encargó de desmantelarla para dar lugar a su nueva criatura, la Policía Fe- deral, una corporación que cotidianamente crece en volu- men pero no en eficacia, como lo ejemplifica su actuación en Ciudad Juárez, don- de, no nos cansaremos de decirlo, es parte del problema y no de la solución.
Más que retórica sería ingenua la pregunta que inquiriera a Calderón la causa de su en apariencia indestructible relación con García Luna. Pero de todos modos la formulo, corriendo el riesgo de ofender la investidura presidencial, ultrasensible a los cuestionamientos públicos sobre asuntos delicados: ¿por qué Calderón se ha puesto en las manos de García Luna? Hasta promueve una reforma constitucional que a la postre conduciría a que fuera ese funcionario el jefe de todas las fuerzas policiales en todo el país. La intención de que así sea es la denominación de mando único al intento, que por ahora se queda en ese nivel, de que en cada entidad desapa- rezcan las corporaciones municipales o las dirija el jefe de la policía estatal. De allí que parezca contradictorio o torpe proponer que haya 32 mandos únicos. Pero es que el siguiente obvio paso es que los mandos locales se sometieran al que sí sería, en verdad, mando único, el ejercido por García Luna.
Desde el comienzo de su administración Calderón se puso en manos de las Fuerzas Armadas, así las castrenses co- mo las policiales. Da- do que propuso como acción central de su gobierno la lucha contra la delincuencia organizada, asumió por un lado con énfasis escénico su condición de coman- dante supremo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, y construyó su propia policía, la federal, que perdió su apelli- do original que la reservaba a cumplir funciones preventivas para convertirse en una corporación dotada legalmente para realizar también indagaciones y capturas antaño correspondientes a la policía que depende del Ministerio Público.
Si bien es ostensible y, más todavía, lucidora su relación con las fuerzas militares, al parecer hay en su seno señales de inconformidad o disgusto, por varias razones, entre ellas el contraste entre la relación que el Presidente guarda con la PF y con la corporación castrense: "Como afrenta acude personalmente o envía altos representantes a las honras fúnebres de policías caídos, qué bueno. Acude él a pomposas ceremonias al cuartel general de la Policía Federal, donde llena de elogios a esa corporación que siente suya. En cambio, se ignora cuántos militares han caído, sus grados y circunstancias, dicen que 200. ¿Le es vergonzante?
"No se realizan honras fúnebres para los militares que dieron sus vidas, nadie conoció sus nombres, no hubo banderas nacionales en sus ataúdes como en los de los policías, no hubo reconocimientos ni se consoló a sus familias. La historia no los registrará. ¿Por qué? ¿Le avergüenza la milicia y opta por acurrucarse en la policía que siente suya?" (La Jornada, 22 de enero).
Quien formula esas preguntas es el general Jorge Carrillo Olea. Salido de su cargo de gobernador de Morelos a los cuatro años, en medio de un escándalo, perdió su prestigio político y disminuyó el brillo de la reputación como funcionario que con su trabajo se había labrado. Ignoro si tiene crédito o presencia en el ámbito militar, pero es indudable que tiene información sobre lo que ocurre en filas.
Dice también, como señal de que Calderón no vela por el bienestar de sus tropas sino sólo de sus mandos, que los "escalafones están terriblemente atascados con generales (más de 655 en 2010) y almirantes (207 en 1997), de 197 mil pesos mensuales, a partir de enero con un bono de riesgo. ¡Un millón cada seis meses!".
Sea o no cierta la denuncia de Carrillo Olea, es claro que Calderón goza su condición de comandante supremo. Disfruta ataviarse con ropa militar y el jueves pasado se divirtió con las vastas maniobras que la Fuerza Aérea realizó en el campo militar de Santa Gertrudis, en Chihuahua, el estado de mayor letalidad criminal.
miguelangel@granadoschapa.com
TEMPLO MAYOR
F. Bartolomé
(13 febrero 2011).- A LOS SUSPIRANTES presidenciales Enrique Peña y Alonso Lujambio sus aspiraciones los unen... y el destino también.
RESULTA que dos de sus respectivos hijos están juntos en el Colegio Miraflores e incluso son compañeros en el mismo salón de clases.
PERO la cosa no queda en la posibilidad latente de que se encuentren en las juntas de la sociedad de padres de familia, pues ambos políticos le entraron esta semana a un importante evento de esa escuela.
AL GOBERNADOR mexiquense le tocó el viernes la inauguración del Primer Congreso Internacional de Ex Alumnos, y el encargado de la clausura esta mañana es ni más ni menos que el titular de la SEP.
COMO quien dice, Dios los hace y ellos se juntan.
EN EL MEDIO judicial hay sorpresa por la calma con la que el juez 12 de distrito de Procesos Penales del DF, Jesús Terríquez Basulto, se está tomando la definición de la fianza para Jorge Serrano Limón.
DESDE el 2 de febrero, al dirigente de Provida le fue negado el amparo por el delito de peculado y, a pesar de que tiene una orden de aprehensión vigente, sigue libre y no hay decisión del juzgador sobre la cantidad que debe pagar para poder seguir su proceso fuera de la cárcel.
¿A POCO es un regalo del Día del Amor y la Amistad? Es pregunta que va "derecha la flecha".
PARA EVITAR casos como el de Guerrero o el de Baja California Sur, en donde un precandidato despechado se cambió al partido rival y acabó ganando la elección, en el PRD de Nayarit hicieron un pacto.
CUENTAN que los aspirantes Guadalupe Acosta Naranjo y Martha Elena García firmaron un documento en el que se comprometen a no registrarse por otro partido si pierden la nominación perredista.
NO ES por intrigar, pero dicen que la medida trae dedicatoria para García, diputada con licencia que antes de estar en el partido del sol azteca militaba en el PAN.
Y ES QUE, con eso de que Acosta parece traer la bendición desde la dirigencia nacional perredista, no quieren que su rival se vaya a acordar de sus amigos en el blanquiazul y se vaya a poner nostálgica.
LO BUENO es que esas cosas ni pasan en México, ¿verdad?
EL TRES VECES candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas está de plácemes, pues la Universidad de Notre Dame lo eligió como el ganador del Premio al Servicio Público Destacado en América Latina.
EL TAMBIÉN ex jefe de Gobierno del DF se une a una lista de ganadores que incluye a varios ex presidentes latinoamericanos, como los brasileños Luiz Inácio "Lula" da Silva y Fernando Henrique Cardoso y el chileno Patricio Aylwin.
OTROS de los galardonados en los 10 años anteriores en los que se ha otorgado esa distinción son el ex presidente del BID Enrique Iglesias y el arzobispo de Tegucigalpa Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.
ENHORABUENA para el primer mexicano en recibir ese reconocimiento internacional.
Jorge Ramos Ávalos / Los destapados
Sabemos que los candidatos que son punteros al inicio del proceso no siempre ganan. Y a los que pocos toman en cuenta al principio, a veces nos sorprenden con cierres contundentes
Jorge Ramos Ávalos
(13 febrero 2011).- CIUDAD DE MÉXICO.- "El que se mueve no sale en la foto". Ésa era la antigua regla de la política mexicana para escoger Presidente. El candidato que se autodestapara diciendo públicamente que aspiraba a la Presidencia quedaba descartado en ese preciso instante. Pero los tiempos ya cambiaron. La nueva regla de la política mexicana es que quien no se mueve, y pronto, no sale su foto en Twitter y Facebook, pierde terreno frente a otros candidatos y no puede llegar a la Presidencia.
Las elecciones presidenciales en México son hasta julio del 2012 y se espera que los partidos políticos escojan a sus candidatos a finales de este año o a principios del otro. Sin embargo, durante los últimos días entrevisté a cinco políticos mexicanos que, según varias encuestas, son los que más probabilidades tienen de llegar a la Presidencia. Y, sorprendentemente, cuatro de esos cinco me dijeron que sí quieren ser el próximo presidente de México.
Son los destapados. Esto es totalmente nuevo e inusitado en la po- lítica mexicana. Es interesante que los cuatro se destaparon en entrevistas para la televisión norteamericana y que transmitiremos próximamente por Univisión. En este mundo globalizado, los medios de comunicación internacionales (como Univisión) también son locales y nacionales. Y viceversa.
Esto es lo que me dijeron los "destapados".
-A la pregunta expresa de si quería ser presidente de México en el 2012, el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador me dijo: "Sí vamos a participar". Luego me explicó por qué. "Nosotros estamos absolutamente convencidos que el país necesita un verdadero cambio". López Obrador considera que las elecciones del 2006 fueron fraudulentas y que él es el "presidente legítimo" de México. Él y el alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se disputarían una candidatura única de la izquierda. "En su momento lo vamos a resolver de acuerdo a quien esté mejor posicionado; es un pacto que tenemos".
-Al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, le pregunté si le gustaría cambiar de oficina a Los Pinos. "Sí, por supuesto", me contestó. "Sí lo he dicho y para eso me he estado preparando muchos años. Ahora, eso va a depender de qué resultados tenga yo en mi gestión y de qué opinen los electores. Finalmente ellos son los que deciden". Ebrard está de acuerdo en que una encuesta decida quién será el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o de una alianza de izquierda. La pregunta -la gran pregunta- es cuál será el universo de esa encuesta: sólo partidarios del PRD o toda la población en general.
-El senador panista Santiago Creel perdió la candidatura de su partido en 2006 frente al actual presidente Felipe Calderón. Pero está haciendo todo lo posible para que la historia no se repita. "Así es", me contestó cuando le pregunté si quería reemplazar a Calderón. "Porque tengo un proyecto, un proyecto de gobierno de unidad nacional, porque tengo soluciones nuevas a problemas viejos".
-El senador priista Manlio Fabio Beltrones lo ha hecho todo. Trabajó con el PRI en su época autoritaria, en la transición democrática, luego del año 2000, y ahora que están tratando de recuperar el poder. "El PRI aprendió la lección", me dijo, "sabe en qué se equivocó, sabe también en qué acertó". Y luego se preguntó: "¿Qué mexicano con la capacidad y la experiencia que pudo haber acumulado no le gustaría estar al frente de la solución de los proble- mas? Uno de ellos soy yo". Y luego le pregunté: "¿Le suena bien presidente Beltrones?". Sonrió y contestó: "No me suena bien. Me suena excelente". Pero primero le tiene que ganar la candidatura del partido al actual gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.
-El único de los cinco entrevistados que no me dijo abiertamente que sí quería ser el próximo presidente de México fue el priista Peña Nieto. Casi todas las encuestas lo colocan como el favorito. Pero aún no se quiere destapar. Prefiere esperar a que deje su puesto en septiembre. ¿Pero quiere ser Presidente? "Representa un gran reto y una gran oportunidad de servir al país", me dijo, "pero en cuanto a mi participación personal al interior de mi partido, y como eventual candidato, la tendré hasta que concluya mi gestión como gobernador".
México vive nuevos e impredecibles tiempos electorales. El proceso para escoger Presidente, al igual que el país, está siendo transformado por las redes sociales y la internet, un viejo reclamo por las enormes diferencias sociales y un explosivo malestar por la violencia. México no es Egipto. Pero existe esa incómoda sensación de que algo está a punto de estallar. Quien gane las elecciones del 2012 tiene que entender esto.
Imposible saber el desenlace electoral. Lo que sí sabemos es que los candidatos que son punteros o casi seguros ganadores al inicio del proceso no siempre ganan. Y a los que pocos toman en cuenta al principio de la contienda -como Calderón en México y Barack Obama en Estados Unidos- a veces nos sorprenden con cierres contundentes.
Éstos son nuevos tiempos en México. Ya hay cuatro "destapados". ¿Quién sigue?
Twitter: @jorgeramosnews
REVISTA PROCESO No. 1789
Los intereses en juego
Jenaro Villamil
El despido de Carmen Aristegui del grupo MVS tiene el aspecto de ser sólo el sacrificio de una pieza en el juego de las concesiones federales en telecomunicaciones. Televisa se sintió amenazada por la irrupción de la cadena Dish (donde aparece la mano de Carlos Slim y donde se retransmitía el espacio informativo de Aristegui) y a la Presidencia le causan urticaria los comentarios y los enfoques informativos de la comunicadora, además de que parecería presionar a MVS usándola como pretexto. La defenestración (que no es irreversible) de la periodista podría haber dejado satisfecho a uno de los equipos en pugna...
Una semana antes del día en que Carmen Aristegui lanzó al aire la pregunta que desató la furia de Los Pinos y de los defensores a ultranza de la institución presidencial –“¿tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”–, la guerra soterrada entre Telmex y Televisa, los dos gigantes de las telecomunicaciones mexicanas, tomó un nuevo y dramático matiz.
El viernes 28 de enero, Televisa presentó ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) una denuncia por presuntas irregularidades en la autorización que este organismo antimonopolio emitió en 2009 para que diera inicio el servicio de la empresa Dish México (formada en 51% por MVS, de Joaquín Vargas; 49% por Dish Network, de Charles W. Ergen, y con Telmex como socio en los servicios de venta y facturación).
Los abogados de Televisa argumentan que esta sociedad es una “simulación” porque Telmex tiene un papel más relevante que el de simple socio en la facturación. Esta empresa no puede ofrecer servicios de televisión restringida por el candado existente en su título de concesión y que ha generado una fuerte disputa entre la empresa de Carlos Slim y el gobierno de Felipe Calderón.
Televisa ha presionado con todos los medios a su alcance para impedir que Telmex ingrese al mercado de la televisión restringida, el de mayor crecimiento anual –más de 11%– y clave para los servicios de triple play (audio, video e internet).
Desde que la CFC aprobó la sociedad formada por Dish México, ésta ha representado una fuerte competencia para el sistema de televisión satelital Sky (el de mayor volumen de ganancias en Televisa), que antes dominaba 95% del mercado. La oferta de Dish, más barata y con seis canales de alta definición, le ha arrebatado cerca de 2 millones 200 mil clientes a Sky.
En buena medida el noticiario radiofónico matutino de Carmen Aristegui (con el mayor rating –0.62 puntos en diciembre de 2010– y retransmitido en el Canal 52 de MVS a través de Dish) se convirtió en el punto más atractivo de venta para un sector de clase media en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, donde este servicio ha penetrado más rápido.
Pero está en juego algo más que el mercado de la televisión restringida. Los representantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) avanzaron en los últimos meses con los ejecutivos de MVS en el refrendo de buena parte de las concesiones vencidas en la banda de 2.5 Ghz. La empresa de Joaquín Vargas posee 65% de cerca de 190 Mhz de esa banda, mientras Ultravisión posee 13%.
Desde hace una década, la Unión Internacional de Telecomunicaciones determinó que este espectro es ideal para ofrecer servicios inalámbricos de internet en banda ancha, además del servicio de televisión restringida y posiblemente de telefonía móvil. En otras palabras, es importante para el futuro del triple y cuádruple play (triple play más telefonía fija), el verdadero negocio en las telecomunicaciones.
El gran negocio en juego
La importancia de la banda 2.5 Ghz es tal que el propio director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, calculó el valor del espectro que posee la familia Vargas en 6 mil millones de pesos.
Según dijo a Proceso Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, las negociaciones avanzaron mucho a finales de diciembre de 2010 y sólo faltaba la autorización del presidente de la República para que se refrendaran los títulos de concesión de MVS, a cambio de que se formara un consorcio de cinco o seis operadores, entre los cuales no estarían Telmex ni Televisa.
Así lo explicó De Swaan a este semanario:
“Van y vienen muchas veces las negociaciones hasta que llegan con un modelo de negocios que a mí en lo particular me parece fantástico: se quedan con los 190 Mhz, pero creo un consorcio de cinco o seis operadores, entre los cuales además voy a seguir dos condiciones: no voy a invitar a nadie que genere mayor concentración (léase Telmex) y voy a tratar de impulsar inversión extranjera.
“A mí me parece muy bien. MVS seguirá siendo operador y carrier de carriers. Ellos son dueños del espectro, ponen un operador que se puede llamar Erickson o Alcatel y él rinde cuentas de que yo uso el espectro, pero también lo comercializo en forma no discriminatoria.
“Además, de estos 190 Mhz puedo dejar 20 Mhz para que este consorcio dé servicios a instituciones públicas, como hospitales, escuelas, Sistema de Protección Civil, etcétera.
“Nada más nos quedaba pendiente un tema: el del dinero. Mi posición es que le cuesta más a este país dejar pendiente esta banda.”
–¿Quién es el principal beneficiario de que esta empresa no entre? –se le preguntó al funcionario.
De Swaan dibujó un símbolo: el de Televisa.
–¿Esto beneficiaría a todas las empresas de televisión por cable que no forman parte de los intereses de la Canitec?
–Esto sí los beneficiaría. Son cerca de 150 operadores independientes que no forman parte de la Canitec. El tema pendiente es cuánto deben pagar por el refrendo. Algunos decimos que el refrendo debe ser sobre la base de los servicios que se pueden proveer.
La entrevista con Mony de Swann se hizo a principios de enero, después de que Proceso dio a conocer la existencia de un proyecto para licitar una o dos cadenas de televisión abierta con tecnología digital; otro proyecto que despertó el recelo de Televisa, la empresa que concentra 65% de las señales de televisión abierta.
El tema del refrendo de las concesiones de la banda de 2.5 Ghz fue ampliamente expuesto por Carmen Aristegui en la conferencia de prensa que ofreció el miércoles 9 para plantear que su despido de MVS obedeció a un “berrinche presidencial” y a presiones en materia de telecomunicaciones.
“Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica, en materia de plazos, planes de cobertura, plan de negocios y de inversión terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia”, afirmó Aristegui.
“Es el caso de las concesiones que en la banda de 2.5 Ghz tienen varios operadores en el país del que MVS Comunicaciones posee la mayoría de ellas.
“No obstante haber ya desahogado todos los requerimientos técnicos en materia de competencia y de la opinión favorable de algunos comisionados de la Cofetel y de la opinión favorable de la Cofeco, y de tener a la espera –con riesgo de perderlas– cantidades millonarias de inversionistas nacionales y extranjeros… indebidamente, inexplicablemente la decisión se ha retrasado cinco años”, expuso la conductora.
“La única razón que hoy impide a MVS Comunicaciones desplegar una red nacional de ancho de banda para internet que compita con los grandes conglomerados es total y absolutamente política”, sentenció Aristegui. Y calificó esta situación como una “espada de Damocles” en “la vieja tesis autoritaria de la zanahoria y el garrote: te portas bien, te refrendo tu concesión. Te portas mal, te la detengo o te la niego”.
La Presidencia acusó el golpe. Horas después de la conferencia de Aristegui, emitió el primer comunicado oficial sobre el caso de la salida de la conductora. Sin especificar el tema del refrendo de la banda de 2.5 Ghz, el comunicado de Los Pinos afirmó:
“Las especulaciones sobre supuestas presiones del gobierno federal hacia MVS son falsas. La política y la práctica diaria de comunicación social de este gobierno no se mezclan ni se confunden con la política pública en materia de telecomunicaciones. Las decisiones en ese ámbito se toman con total transparencia y estricto apego a la ley, sin ninguna otra consideración más que la concordancia con los principios de cobertura, convergencia y competencia.”
La “disculpa pública” y el despido
En los círculos cercanos a Calderón es común calificar de “incendiaria” a Carmen Aristegui. Así lo han expresado en sus cuentas en las redes sociales. Desde su noticiario en W Radio –propiedad de Televisa en sociedad con el Grupo Prisa– la cobertura informativa de la comunicadora era incómoda tanto para Los Pinos como para la empresa, que finalmente acabó por rescindir su contrato en 2008.
Antes de su salida de W Radio, el malestar de Televisa contra Aristegui era claro. Suspendieron la retransmisión de su noticiario en el sistema Sky argumentando “problemas técnicos”. Les molestaba que llamara Ley Televisa a la serie de contrarreformas que el Congreso aprobó en 2006 y su apoyo a la reforma electoral que se operó en el Senado para prohibir la compra de tiempo-aire, entre otros temas.
La animosidad oficial contra Aristegui no cambió con su ingreso a MVS en enero de 2009. Los funcionarios del gabinete preferían evadir una entrevista en su noticiario, por sugerencias de la oficina de Comunicación Social de Los Pinos. El descontento se acrecentó por su cobertura del incendio de la guardería ABC o por darle voz a quienes critican la guerra contra el crimen organizado y sus efectos.
El pretexto para presionar a la empresa y pedir la salida de Aristegui de MVS se dio el viernes 4. El contexto estaba dado: las negociaciones del refrendo de la banda de 2.5 Ghz.
Ese día Aristegui informó sobre el despliegue de una manta en la Cámara de Diputados en la que se leía: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?”. En la manta desplegada por el diputado petista Gerardo Fernández Noroña se ve una foto de Felipe Calderón con los ojos enrojecidos.
La cobertura informativa en MVS Noticias no fue distinta a la de periódicos como Reforma, que publicó la foto, o incluso a noticiarios como los de Televisa o Milenio TV, aunque ciertos medios impresos optaron por describir el contenido de la manta, sin la gráfica respectiva.
Aristegui comentó que frente a ese hecho y a los rumores que circulan en las redes sociales, Los Pinos debía dar una respuesta “seria, formal, oficial” a la pregunta “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”. La frase se retransmitió a lo largo del día en los anuncios promocionales del noticiario de Aristegui.
La Presidencia sí respondió, de acuerdo con lo dicho por la conductora, pero sugiriendo un texto en el que Aristegui pidiera disculpas por haber “ofendido” al primer mandatario y a su familia. El borrador de esa carta, a la que este semanario tuvo acceso, planteaba que no existe ningún elemento informativo que acredite el rumor del alcoholismo presidencial. Incluso sugería un enlace con la reportera de MVS en Los Pinos con un guión preparado.
Una frase de ese escrito, discutido internamente en MVS, es muy similar a la que redactó el columnista Ciro Gómez Leyva en Milenio Diario. En su artículo El cuento del alcoholismo de Calderón publicado el martes 8, el también director de MilenioTV afirma: “Hasta donde sé el presidente Calderón jamás ha encabezado un acto público en estado de ebriedad… No hay un rastro periodístico para hacer tal insinuación. No es ni siquiera un mito. Es un cuento”.
Aristegui afirmó el miércoles 9: “La Presidencia no respondió a la periodista. De inmediato exigió a los dueños –que no a la periodista– una disculpa pública inmediata por la tremenda osadía.
“Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia que por sí mismas hablan de algún tipo de problemática que, por supuesto, también deben ser analizada”, abundó la conductora en su rueda de prensa en la Casa Lamm.
El rumor de la salida de Aristegui se esparció en Twitter la tarde del domingo 6. En su cuenta, Alejandro Vargas, responsable de MVS Radio, confirmó: “Sí. ¡Mañana no sale al aire!”. Su frase generó una reacción inmediata entre los suscritos a las redes sociales. El equipo de Aristegui afirmó también que el argumento era que se había violado el código de ética de la empresa.
El lunes 7, los radioescuchas amanecieron con la sorpresa de que Aristegui ni siquiera se pudo despedir al aire. Su nombre fue borrado de la página web de MVS. Y un spot de la empresa afirmaba que la conductora “transgredió nuestro código de ética” que prohíbe “la presentación y difusión de rumores como noticias”.
En los blogs, en Twitter, en Facebook, en mensajes vía celular se convocó a un plantón frente a las instalaciones de MVS Radio en la avenida Mariano Escobedo, en Polanco.
La reacción social, el deslinde
de Los Pinos
En menos de 48 horas, el tema del despido de la periodista y su equipo se convirtió en hashtag (tema de moda en todo el mundo) en Twitter y decenas de miles de participantes de Facebook se sumaron al grupo “Apoyo total a Carmen Aristegui”. Más de 80% de los mensajes atribuían su salida a presiones de Los Pinos y no a una presunta violación al código de ética.
A pesar de ser un día feriado, el lunes 7 poco más de 200 personas se reunieron frente a las instalaciones de MVS Radio para gritar “¡Carmen sí, Felipe no!” y a exigir la pronta reinstalación de la periodista. La frase de un cartelón se replicó en todas las redes sociales: “¡Extra, extra. Borracho atropella a periodista Aristegui!”.
El excoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, presente en esa primera manifestación, afirmó que el despido de Aristegui era “una barbaridad”. “Es un chantaje sobre la base de que no le han entregado las concesiones a los de MVS”, afirmó a Proceso.
–¿Cómo califica esas actitudes del presidente de la República?
–El problema es el sentimiento de ilegitimidad de Calderón. Cuando él se siente ilegítimo, empieza a tratar a los demás de forma denigrante.
Cadenas televisivas internacionales, desde la estadunidense CNN hasta la árabe Al Jazeera, pasando por la BBC de Londres y la sudamericana Telesur, abordaron la salida de Aristegui. El tópico del presunto alcoholismo del primer mandatario mexicano se convirtió en un tema citado en decenas de agencias informativas.
La BBC sintetizó así: “El viernes Carmen Aristegui era una de las periodistas estrellas de la estación de radio MVS Noticias. Tres días después no quedaba rastro de la conductora en el sitio web de la emisora. Y su voz ha desaparecido de las ondas”.
MVS tuvo que recular el miércoles 9, cuando el nombre de Aristegui volvió a aparecer en los anuncios promocionales de la compañía.
La vocera oficial de Los Pinos, Alejandra Sota, deslindó a la Presidencia. A CNN le declaró: “No interferimos en lo absoluto para que MVS tomara la decisión que tomó”. Y agregó una frase que despertó más suspicacias: “Es una decisión que tomó la empresa y nos la comunicaron una vez que fue tomada”.
“¿Desde cuándo una empresa ‘comunica’ a Los Pinos la salida de una conductora?”, se preguntaron decenas de personas en las redes sociales.
Los pronunciamientos de solidaridad con Aristegui se fueron sumando. En la Cámara de Diputados el tema generó dos horas de debate entre el PAN y el PRI.
La coordinadora priista Beatriz Paredes declaró que Aristegui se convirtió en “símbolo” de la libertad de expresión. El excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje de apoyo a la comunicadora a través de Twitter y la Secretaría de Gobernación, por conducto del subsecretario Héctor Villarreal, insistió en que el gobierno calderonista “no hace canjes ni insinuaciones”, en referencia a las presuntas presiones a cambio de refrendar las concesiones de MVS.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), encabezada por Raúl Trejo Delarbre, afirmó en un comunicado que con la salida de Aristegui “todos perdemos”, y le sugirió a MVS cambiar su decisión.
“Al preferir la vía de las presiones privadas, el gobierno reedita los peores tiempos de las relaciones autoritarias entre el poder político y los medios de radiodifusión”, afirmó la Amedi.
Aristegui, el contragolpe
A dos días de estar fuera del aire, Aristegui ofreció su versión en la Casa Lamm, en un evento cubierto por decenas de periodistas y corresponsales extranjeros y cientos de simpatizantes que coreaban consignas a su favor.
Aristegui leyó un pronunciamiento de casi 10 cuartillas donde confirmó que su salida se debió a un “berrinche” del primer mandatario, calificó de “falso” que hubiera violado un código de ética que ella misma llevó al ingresar a MVS, consideró que se trató de una “coartada” para presionar a la empresa y reiteró su derecho a realizar la misma pregunta que lanzó al aire el viernes 4.
“¿Qué clase de democracia es ésta que por un comentario editorial que irritó al gobernante se le corta la cabeza a quien opinó? ¿Por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo, escalando el conflicto deliberadamente hasta lograr hacerle las cosas imposibles tanto al empresario como a la periodista, ocasionando la ruptura?”, preguntó.
La periodista se dirigió al presidente de Grupo MVS y afirmó: “Joaquín Vargas sabe perfectamente que yo no infringí ningún código de ética, sabe lo que sucedió, sabe que fue una coartada”.
Y planteó una posible solución para permitir su reinstalación en MVS. “Estoy dispuesta a regresar al aire este próximo lunes, siempre y cuando se cumpla con la condición básica y única. Que MVS anuncie que retira de forma oficial el comunicado oficial emitido junto con mi salida” y pidió que se publique otro en donde se defienda su integridad ética y profesional.
Al día siguiente MVS informó, por conducto de su vocero Felipe Chao, que en “los próximos días” responderá a la sugerencia de la periodista. El sitio web de la empresa sufrió durante la tarde y la noche del miércoles 9 un ataque de hackers en señal de protesta. El nombre de la comunicadora volvió a aparecer y se difundió parte del texto que leyó la periodista, en especial la parte referente a las concesiones de la banda 2.5 Ghz.
Este fue justo el tema que mereció una larga editorialización de los comunicadores que participan en el programa Tercer Grado, en el Canal 2 de Televisa.
Aristegui y MVS dejaron de ser innombrables en esta mesa, usualmente más de desahogos que de comentarios razonados. Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Televisa, afirmó que el asunto de la banda 2.5 Ghz “parece clave”. Gómez se lamentó porque Aristegui mezclara “los temas estrictamente periodísticos y de libertad de expresión con una defensa incluso del cumplimiento de las condiciones técnicas de la concesión ésta del 2.5 y al mezclar esos intereses empresariales con los periodísticos queda en una posición complicada, ¿no?”.
Gómez repitió la frase que emitió el comunicado de la Presidencia donde afirmó que “nosotros nunca hemos mezclado los temas de la comunicación social del gobierno federal con los temas de telecomunicación”.
El viernes 11, fuentes de MVS apuntaban a que la respuesta a la periodista se dará en breve y que, posiblemente, se aceptará que Aristegui retorne a principios de marzo. Las mismas fuentes afirman, además, que las presiones se han acrecentado sobre la empresa.
Telmex-Televisa: la disputa
En medio de esta disputa la compañía de Carlos Slim, socia de MVS en Dish, ha guardado silencio, pero el viernes 11 el columnista de negocios Alberto Aguilar informó en su columna de El Universal que Televisa no sólo presentó un recurso de amparo ante la CFC, sino que también demandará:
“Hoy le confirmo que Televisa se apresta también a realizar acciones legales en Nueva York contra Dish Network y Telmex”, afirmó el autor de Nombres, nombres y nombres. Ni Televisa ni Dish han confirmado esta versión.
Frente a la denuncia que la empresa de Azcárraga Jean presentó ante la CFC, este organismo afirmó a Proceso que “nada impide a Televisa solicitar una investigación contra sus adversarios por ‘posibles prácticas anticompetitivas’, pero eso lo tiene que corroborar la CFC”.
Para la oficina de comunicación social de la CFC el tema de la sociedad en Dish “quedó cerrado” desde 2009.
Otra versión que surgió entre las agencias publicitarias es que, en represalia, las compañías Telmex-Telcel, ambas de Carlos Slim, analizan suspender sus campañas publicitarias en los canales de Televisa.
Si se confirmara esta estrategia, Televisa puede perder a dos grandes anunciantes que sólo en 2009 invirtieron casi 2 mil 500 millones de pesos en publicidad en televisión, 70% de esos recursos para la empresa de Azcárraga.
Según el reporte de Alazraki KP Central Media, Telcel es el tercer cliente que más invirtió en publicidad televisiva, con 2 mil 356.8 millones de pesos, mientras Telmex es el cliente número 14, con una inversión de mil 117.6 millones de pesos.
Carta abierta a Joaquín Vargas
denise dresseer
Estimado Joaquín:
Te escribo desde el desconcierto que me ha producido el despido de Carmen Aristegui por la supuesta violación del código de ética de MVS. Yo he sido colaboradora de MVS Radio desde hace dos años, como participante en la mesa política de los lunes. Siempre he agradecido el espacio, el apoyo y la libertad que durante ese tiempo nos brindaste allí. Siempre he pensado en ti como un hombre dispuesto a tomar riesgos, defender principios, asumir posiciones impopulares y enfrentarte al gobierno cuando ha sido necesario. Por ello me resulta aún más sorpresiva tu decisión, la cual corre en contra de tu biografía, la historia de la empresa y el perfil personal y profesional que has logrado construir. Me parece que has cometido un error grave, gravísimo, como resultado del cual todos pierden: pierde MVS, pierdes tú, pierde la libertad de expresión, pierde la Presidencia, pierde el país. He aquí las razones:
Nunca habrá un consenso sobre la decisión de Carmen Aristegui de abordar el tema de la manta en el Congreso –denunciando el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón– como lo hizo. Habrá quienes argumenten que informó sobre un hecho noticioso e hizo las preguntas pertinentes, y habrá quienes digan que se excedió. Habrá quienes insistan en que tenía derecho a cuestionar a Felipe Calderón como lo hizo, y habrá quienes repliquen que se equivocó. Habrá quienes subrayen que la salud mental de un presidente es un tema de interés público, y habrá quienes contesten que es del orden estrictamente privado. Habrá quienes cuestionen a Carmen por dar validez a los planteamientos de Gerardo Fernández Noroña, y habrá quienes digan que se volvieron informativamente importantes en el momento en que suspendieron las labores del Congreso.
Independientemente de la posición que los lectores, radioescuchas y ciudadanos en general asuman, lo que queda claro es que no se despide a un periodista por hacer preguntas incómodas, airear temas controvertidos o hacer comentarios editoriales que generen escozor. De ser así, ningún periodista mexicano tendría empleo en este momento. Ningún periodista internacional hubiera sobrevivido esa vara de medición. Rush Limbaugh ya hubiera sido despedido por acusar a Barack Obama de “musulmán”; William Safire hubiera sido despedido por llamar a Hillary Clinton una “mentirosa congénita”; Larry Rohter hubiera sido despedido por escribir acerca de los problemas con el alcohol que tenía Lula; Jorge Ramos hubiera sido despedido por preguntarle a Vicente Fox si usaba Prozac. Pero los despidos no se dan precisamente porque el valor fundacional de la libertad de expresión se protege por encima del interés empresarial o los sentimientos heridos del aludido.
Al emitir un comunicado en el cual aseguras que Carmen Aristegui “violó el código de ética” de la empresa, has generado una enorme –y legítima– suspicacia. En primer lugar, te verás obligado a hacer público ese código de ética, incluyendo la prohibición explícita de diseminar rumores como si fueran información, firmado por ella. Y si no lo haces, seguirás alimentando la especulación que te rodea. Que si te llamaron de Los Pinos para exigir una disculpa y por ello se la demandaste a Carmen. Que si querías hacerle un favor al gobierno –entregándole la cabeza de Carmen en bandeja de plata– a cambio de la renovación y la ampliación de tus concesiones. Que, en el momento de obtenerlas, lo primero que harás será vendérselas a Carlos Slim. Que desde hace un buen tiempo sentías que la presencia de Carmen en MVS era una amenza a tus intereses empresariales y que, en el fondo, su despido en este momento fue tan sólo un pretexto. Esto es lo que se dice sobre ti de manera reiterada. Esto es lo que sale a colación cada vez que se menciona tu nombre. Con una reacción sobredimensionada y colérica, has logrado empañar de golpe tu reputación y la de tu familia. A partir de hoy serás visto como un censor, un represor, un hombre intolerante. Alguien que no entiende los principios que la democracia –para sobrevivir– necesita resguardar.
Y aunque niegues la presión de la Presidencia, será tu palabra contra la de Carmen Aristegui. Será tu versión de los hechos contra la de ella. Y en esa confrontación llevas todas las de perder, porque había muchas formas de darle una salida a este problema. MVS pudo haber emitido un comunicado de prensa diciendo que la posición expresada por Carmen no constituía la posición oficial de la empresa, punto final. Pero al exigirle a Carmen que leyera una disculpa redactada por ti cerraste la puerta a una mejor solución para todos los involucrados.
Si tu objetivo era congraciarte con Los Pinos, en realidad le has enviado una manzana envenenada. Las protestas por parte de la Presidencia serán vistas como un esfuerzo fallido por negar su involucramiento. Si Felipe Calderón no te pidió una disculpa por parte de Carmen Aristegui, la percepción entre los millones de radioescuchas de MVS en este momento es que así fue. Si Felipe Calderón no tiene un problema de alcoholismo, después de este sainete será aún más difícil convencer a la opinión pública de lo contrario. Hoy el presidente se enfrenta a un grave problema de imagen. El que da la impresión de irritarse demasiado, negar demasiado, exigir disculpas y demandar cabezas tan sólo confirma la acusación lanzada en su contra.
Y tú, Joaquín, al actuar como lo has hecho, has contribuido a crear esa percepción. Tu comportamiento, efectivamente, ha sido suicida. Y eso, como bien dijo Carmen Aristegui en su conferencia de prensa, no lo merece tu familia, no lo merece MVS, no lo merecen los ciudadanos, no lo merece México.
Como colaboradora de MVS, como alguien que ha aplaudido la independencia y el valor civil de la empresa en el pasado, como ciudadana mexicana consciente de sus derechos y dispuesta a pelear para defenderlos, te pido que reconsideres tu postura y pares un proceso que se ha revertido en tu contra. Como escribió la novelista Pearl Buck, ganadora del Premio Nobel, “cada gran error tiene su punto medio; ese segundo cuando puede ser rectificado y quizás remediado”. Ese momento ha llegado para ti, Joaquín. Ojalá apeles a los mejores ángeles de tu naturaleza, en lugar de sucumbir a los peores demonios que te han poseído en los últimos días. l
Intolerancia ante la prensa crítica
Jenaro Villamil
Los cuatro años de gobierno de Felipe Calderón se caracterizan por haber colocado a México como uno de los países más violentos para ejercer el periodismo –junto con Irak y Pakistán–, según Reporteros sin Fronteras, y por una creciente intolerancia y métodos de presión contra informadores nacionales y extranjeros que no se ajustan a la versión que se quiere difundir desde Los Pinos.
Por lo menos cuatro corresponsales franceses radicados en México fueron presionados por Carlos de Icaza, embajador de México en Francia, quien ha enviado cartas de protesta a las redacciones de sus respectivos medios desde que en 2008 se tensaron las relaciones bilaterales a raíz del caso Florence Cassez, sentenciada por secuestro y a quien el gobierno de Nicolas Sarkozy considera inocente.
Anne Vigna, autora del libro Fábrica de culpables, relata a Proceso que en 2008 las presiones de De Icaza a través de Eduardo del Río, responsable de prensa de la embajada mexicana, hicieron que Le Figaro la suspendiera como su corresponsal en México.
“Después de publicar tres artículos en Le Figaro documentando las irregularidades del caso –como el testimonio del jardinero de la cabaña que dijo que nunca hubo nadie secuestrado en esa casa–, la embajada mexicana habló con el editor de mi revista.
“Argumentaron que yo mentía. Utilizaron el testimonio de Ezequiel, quien dijo que sí reconocía a Florence, y el de otras víctimas para que se modificara la cobertura”, relata Vigna.
Otro caso es el de Patrice Gouy, corresponsal en México de Radio France International durante los últimos 17 años, quien confirmó a Proceso que hace dos años la oficina del embajador De Icaza lo acusó de “poca imparcialidad” diciendo que defendía a Florence Cassez.
“En la radio no les hicieron caso. En otra revista en la que colaboraba, mi redactor en jefe, Mireille Lemaresquier, invitó a comer a Eduardo del Río, jefe de prensa de la embajada, y defendió mi trabajo. A partir de ese momento no hubo más interferencias”, rememoró Gouy.
No sólo el caso Cassez ha generado continuas presiones de la embajada mexicana en Francia. También la cobertura en torno a la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico del gobierno calderonista ha merecido cartas a las redacciones.
Por ejemplo, una entrevista con la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del narco, publicada en L’Express por Léonore Mahieux, provocó una airada protesta del embajador De Icaza.
Diplomáticos propagandistas
El activismo del cuerpo diplomático mexicano en las salas de redacción de los medios extranjeros se agudizó desde que el pasado 7 de enero Felipe Calderón convocó a embajadores y cónsules a “dimensionar” y “poner en perspectiva” las versiones publicadas sobre los efectos de la lucha contra el crimen organizado.
“Yo no digo que neguemos que hay un problema, pero también es importante que ustedes, embajadores y cónsules, puedan ponerlo también en perspectiva”, dijo Calderón durante la vigesimosegunda reunión anual con los miembros del servicio exterior mexicano.
“¿Qué es lo que es importante decir de México?”, se preguntó Calderón. “Tenemos un problema, sí, pero lo estamos combatiendo y lo vamos a resolver. Y que también hay que recordar, y ustedes lo pueden observar en muchos países, el valor y la decisión con los que México está atacando este problema también han generado reconocimiento en la arena internacional”, abundó.
Calderón dio “línea” sobre lo que se debe decir en términos propagandísticos: el número de muertos en México “es consecuencia de la acción homicida de los criminales, no de la acción del gobierno, porque son precisamente los criminales quienes están atentando contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos”.
Y repitió la frase que se ha convertido en mensaje de justificación constante, incluso ante la impunidad prevaleciente en la mayoría de los 66 homicidios contra comunicadores cometidos desde 2000: “Los responsables de la violencia son precisamente los violentos, y eso no podemos perderlo de perspectiva en nuestra tarea diplomática”.
Siguiendo al pie de la letra la orden presidencial, la canciller mexicana Patricia Espinosa ha salido en conferencia de prensa a impugnar las versiones que no responden al guión que Los Pinos desea divulgar en el mundo y, especialmente, en Estados Unidos.
Apenas el miércoles 9 Espinosa regañó al subsecretario del Pentágono, Joseph W. Westphal, quien sostuvo la posibilidad de que el crimen organizado se transforme en una “insurgencia” y llegue a tomar el poder en el gobierno. El mismo funcionario había rectificado antes su declaración.
“Lo que nuestra opinión indica es que no hay, lamentablemente, siempre la información adecuada sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en México. Estos incidentes, tan lamentables, deben llevar a que los funcionarios se abstengan a hacer declaraciones y hacer opiniones sin contar con todos los elementos del caso”, advirtió Espinosa.
“De verdad resulta penosa una declaración de este tipo y después la corrección, pero nos parece que es muy correcto que lo hayan hecho”, concedió la titular de Relaciones Exteriores.
“Si se portan bien”
El tono admonitorio que ha prevalecido en la oficina de Comunicación Social del gobierno calderonista fue revelado por el periodista y conductor radiofónico José Gutiérrez Vivó en diciembre de 2006, al inicio del sexenio, cuando relató el siguiente mensaje que le transmitió Maximiliano Cortázar, entonces vocero de Los Pinos:
“Díganle al señor Gutiérrez Vivó que está castigada su empresa, que vamos a observar lo que hace y cómo lo hace, que no nos importa que difunda información del señor Calderón y que si se porta bien, cuando estemos en la Presidencia le dará una audiencia para llegar a un arreglo.”
En entrevista con Proceso Gutiérrez Vivó recordó que la tensión con Los Pinos provino desde que el anterior presidente, Vicente Fox, le reprochó haberse vuelto “perredista”, y su último vocero, Rubén Aguilar, le advirtió:
“Sé que a los nuevos asesores jóvenes y poco expertos que tiene Felipe no les gustas. Te ofrezco reunirte con ellos para comer y para que mejore la percepción de ellos hacia ti” (Proceso 1571).
Esta percepción nunca mejoró y las presiones contra Gutiérrez Vivó se incrementaron hasta llegar a la asfixia de su estación de radio y del periódico Monitor, en medio de un largo litigio con el Grupo Radio Centro al que el conductor ha acusado insistentemente de incumplir con un laudo favorable a él.
Lo que sucedió con Gutiérrez Vivó marcó un estilo durante el actual sexenio. Los mensajes amenazantes y la utilización de la publicidad oficial como mecanismo de presión han sido constantes.
Contra Proceso se ordenó un boicot publicitario desde Los Pinos, en represalia por la cobertura crítica de este semanario. La orden se hizo extensiva en octubre de
En el caso de la revista Contralínea la suspensión discrecional de la publicidad oficial y el acoso judicial fueron condenados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 57/2009.
La CNDH afirmó que la poca claridad en la contratación de espacios publicitarios “vulnera los derechos de igualdad, a la seguridad jurídica y, por supuesto, a la libertad de expresión y en agravio de los periodistas y directivos de los medios de comunicación, en este caso de la revista Contralínea”. l
La salud del presidente, un secreto
Arturo Rodríguez
La salud física y mental de los presidentes de la República es un asunto inaccesible y permanecerá en la opacidad si así lo desean ellos.
Con la protección de datos personales como argumento, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai) ha declarado improcedentes tres solicitudes sobre la salud del presidente en funciones, pues considera ésta como un asunto privado.
De acuerdo con la legislación vigente, según se le cita en los expedientes generados por las solicitudes ciudadanas para conocer el estado físico y mental de Vicente Fox cuando era presidente, y posteriormente de Felipe Calderón, los únicos que pueden dar a conocer su condición médica son ellos mismos.
El jueves 3, el legislador del PT Gerardo Fernández Noroña desplegó en la Cámara de Diputados la manta que aludía al supuesto alcoholismo del mandatario, y al día siguiente la periodista Carmen Aristegui dijo en su programa radiofónico que era necesaria una respuesta de Los Pinos acerca del estado de salud del titular del Ejecutivo.
En vez de apagarse, la polémica se avivó cuando Aristegui fue despedida de MVS Radio el lunes 7.
La reacción de la Presidencia fue inusual. El miércoles 9 por la tarde emitió un comunicado en el que se deslindó de cualquier injerencia en el despido de Aristegui, y por la noche el secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, leyó ante los medios de comunicación otro mensaje: calificó la especulación en torno al presunto alcoholismo de Calderón como “rumores ofensivos que atentan contra la dignidad y la investidura del presidente”.
Versiones como la desplegada por Fernández Noroña no son nuevas. Desde hace al menos dos años varios columnistas las han ventilado, en tanto que núcleos ciudadanos las han reproducido en pancartas y consignas contra Calderón por todo el país.
En esta ocasión, el señalamiento de que el presidente exigió la cabeza de Aristegui obligó a Los Pinos a rechazarlo y a difundir una apología del mandatario que, según Gil Zuarth, se hizo “desde un firme compromiso con la transparencia”.
El funcionario se limitó a exponer la agenda presidencial. Según él, su jefe jamás ha faltado por motivos de salud a eventos públicos, reuniones privadas, giras o entrevistas. Aseguró que el presidente inicia su jornada con ejercicios a las 6:30 horas y concluye sus actividades a las 10 de la noche. “Este ritmo de actividades es la mejor expresión de su estado de salud, de su fortaleza física y de su entereza”, dijo Gil.
Datos blindados
En el sexenio de Vicente Fox se desató una polémica al difundirse la versión de que el mandatario padecía cuadros depresivos y que tenía una fuerte adicción al Prozac, una droga psiquiátrica. Él y su esposa, Marta Sahagún, lo negaron.
En 2004, el Ifai revisó el expediente 1326/004, derivado de una solicitud de acceso a la información sobre cualquier constancia que reflejara el estado de salud física y mental del entonces presidente de la República. La respuesta del Estado Mayor Presidencial (EMP), responsable de la salud de los mandatarios y sus familias, fue que la petición no procedía porque estaban en juego datos confidenciales.
El EMP sustentó su negativa en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el cual establece que las entidades públicas pueden considerar confidencial la información relacionada con el estado de salud físico y mental.
El EMP invocó la Tesis Aislada en Materia Constitucional P. LX/2000, de la Novena Época, en Materia Constitucional, que fija limitaciones o excepciones del derecho de acceso a la información y que “se sustentan fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados”. Entre esos derechos cita el de la intimidad.
El proyecto, elaborado por la comisionada María Marván Laborde y aprobado por el pleno del Ifai, confirmó la confidencialidad de la información, ya que no obraba en los registros públicos por tratarse de datos personales, es decir, que pertenecen a la intimidad del servidor público, en ese caso del presidente de la República.
Sin embargo, la resolución dejó una puerta abierta al citar el artículo 12 de la LFTAIPG, donde se establece que debe ser pública toda información sobre montos y personas a las que se asignen recursos públicos, así como el uso o destino que se haga de éstos.
“De esta forma, si la remuneración que recibe un servidor público –como el salario o la prestación por el desempeño de su cargo– deriva de recursos públicos federales, también le corresponde a dichos sujetos obligados hacer pública la información que por concepto de nóminas pagan a sus funcionarios. Asimismo, debe ser pública la información de los servidores públicos que de manera directa incide en el debido desempeño de sus encargos, no así de la información que se circunscribe a la esfera privada de los mismos”, expuso Marván.
Otra solicitud ciudadana de información buscó tener acceso a las copias de facturas, desglose de productos y precios de los medicamentos comprados para atender al presidente Vicente Fox y su familia en el periodo 2001-2004.
Presidencia sólo permitió un acceso parcial a la información. Dio a conocer el monto erogado en la dependencia, especialmente por el EMP, pero se reservó los nombres y tipos de medicamentos adquiridos, por considerar que de ellos podía deducirse el estado de salud de Fox y su familia, lo cual constituía una violación a su intimidad.
De acuerdo con el punto 32 de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, emitidos por el propio Ifai, se considera confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable. Ese fue el argumento para negar los datos solicitados.
La contraposición de los principios de publicidad y de protección de datos personales fue analizada en aquella ocasión por el comisionado del Ifai Juan Pablo Guerrero Amparán, quien terminó confirmando la respuesta de la Presidencia.
El 30 de agosto de 2008, el presidente Felipe Calderón sufrió dos lesiones que lo obligaron a utilizar un cabestrillo y vendajes durante varias semanas. Según el comunicado oficial, Calderón cayó de su bicicleta en los jardines de la residencia oficial; se fracturó el hombro y se golpeó la rodilla del lado izquierdo. Ante otra solicitud de información al respecto, el EMP, como responsable del centro hospitalario de Los Pinos, volvió a responder que esos datos eran confidenciales.
Según el expediente 0425/09 del Ifai, el solicitante presentó un alegato en el que sostuvo que el artículo 18 de la LFTAIPG, invocado en todos los casos por la Presidencia para negar el acceso a la información sobre la salud del titular del Ejecutivo, no es absoluto.
Para el peticionario, los artículos 37, 40 y 41 de la mencionada ley contemplan la posibilidad de que se ofrezca una versión pública, además de que los expedientes médicos podían abrirse con la autorización del sujeto de protección de datos personales, en este caso con el permiso de Calderón.
Además, señaló que en la respuesta y los alegatos del EMP no se establecía que hubieran pedido la autorización de Calderón, por lo que no consideraba que la dependencia hubiese cumplido la ley de manera exhaustiva.
El proyecto de la comisionada ponente, Jacqueline Peschard Mariscal, consideró sustentado el alegato del EMP en el sentido de que la solicitud de consentimiento para la difusión de datos personales era facultativa y no obligatoria.
Finalmente el Ifai confirmó el carácter confidencial de la información y dejó claro que sólo el servidor público puede dar a conocer la información que la ley considera inherente a su intimidad, incluido su estado de salud físico y mental. l
“Si me matan, me harían un favor...”
Patricia Dávila
Nuevo Ideal es un municipio de Durango que parece una sucursal del infierno: el secuestro es cosa de todos los días y lo cometen los mismos vecinos o conocidos de las víctimas. Desde allá vino a Proceso don Polo a principios de este mes para contar el suplicio que había vivido por el plagio de su hijo. Su vía crucis lo llevó a denunciar el delito ante el Ejército, ante el gobierno y la Procuraduría de Durango, ante la SIEDO y la Marina... y ante Los Pinos, donde sólo le recibieron un escrito. Nadie le hizo caso. Ahora don Polo está muerto. Lo asesinaron.
Venimos por ti, compa!”, gritaron los hombres vestidos como soldados mientras con los cuernos de chivo le apuntaban a Leopoldo Valenzuela Escobar, don Polo. Él se quiso defender, sacó su pistola, pero los tiros de los AK-47 lo abatieron. Murió minutos después de llegar al hospital.
Fue la mañana del viernes 4. Acababa de abrir su refaccionaria en Nuevo Ideal, Durango. Cuatro meses antes habían secuestrado a su hijo Leopoldo, Leo. Y aunque pagó el rescate no lo liberaron. Pidió ayuda al gobernador y al procurador de Durango y al Ejército. Todos lo ignoraron.
Buscó por su cuenta y dio con los secuestradores. Descubrió que están protegidos por funcionarios estatales y el Ejército. Denunció en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Secretaría de Marina y en la Presidencia de la República. Nadie lo ayudó. Al parecer su ejecución fue una venganza por denunciar el plagio.
Cuatro días antes de su asesinato don Polo llegó a la redacción de Proceso para hablar de su caso. Con rostro cansado, reflejaba más el peso de los 130 días sin saber de su hijo que sus 80 años de vida.
Se sentó y acomodó sus documentos sobre una mesa. Sus manos temblaban. Aceptó un té. Se tranquilizó y empezó el relato:
“Eran las 7 de la tarde del 23 de septiembre (de 2010). Mi hijo Leo se encontraba en un yonque (deshuesadero) de su propiedad atendiendo a los clientes; de pronto se percata de que frente al negocio se para una camioneta Tahoe, color arena. Bajaron 4 hombres encapuchados y vestidos con uniforme tipo militar. Entraron por él. Lo golpearon con las armas y lo subieron al vehículo, se fueron rumbo al municipio de Santiago Papasquiaro.”
A
“En eso llega mi hija Hilda y les pide a los soldados que por favor nos acompañen para ir a rescatar a su hermano. Cínico, uno de los soldados dijo: ‘Junten el dinero que piden y paguen para que lo liberen’”.
Don Polo regresó a su negocio, a donde llegó la esposa de Leo que hablaba por celular con los secuestradores. Les ordenaron que no dieran parte a la policía, que reunieran 10 millones de pesos porque, de lo contrario, lo matarían: “Tomé el teléfono y le dije al secuestrador que era mucho dinero, que no lo teníamos. Me contestó que entonces me lo iban a colgar hecho pedazos en la puerta”.
Los plagiarios llamaban casi diario para ver cuánto dinero había reunido la familia: “A las 10:45 de la mañana del 26 de septiembre llegó un mensaje de texto al celular de mi nuera. Era de mi hijo: ‘Estoy bien. Están esperando al jefe, no marques a este número. Esto no me gusta. Las amo: Polo’. A las 11:17 llega otro: ‘No le digas nada a Eloy porque hay pedo con él, me entiendes’. El número del que venía el mensaje es el
Denuncias infructuosas
De nuevo sus manos temblaban. Don Polo siguió: “Al día siguiente (27 de septiembre) los plagiarios llaman y preguntan cuánto dinero juntamos; les dije que 466 mil pesos. Me indican que se los entregue. Más tarde vuelven a comunicarse, dicen que es muy poco, que junte 3 millones. El día 30 piden que cuando menos se completen los 500 mil pesos. También se entregan”.
A las 6:14 de la tarde de ese mismo día recibió otro mensaje de texto:
Me tienen en Las Palmas, entrando a la derecha, amero arriba se ve la carretera, en una bodega con techo de lámina. Hay muchos halcones, dile a los soldados (…) échenle ganas con la lana, de todos modos que sea lo que Dios quiera. Que vengan temprano, como a las 5 (de la mañana); ten las visas a la mano. No vallan a venir ustedes por si algo sale mal, ojalá que me entiendas, dile a papa. Minutos después el propio secuestrado pudo usar el teléfono para pedirle a don Polo que le diera 10 mil pesos al dueño del celular, aunque no precisó quién era.
Don Polo continuó su relato:
“Inmediatamente me comunico con Ernesto Velázquez, presidente municipal de Nuevo Ideal, le leo el mensaje y me dice que lo alcance en Durango para poner la denuncia en la fiscalía (Procuraduría) del estado. Mi hija Hilda se va acompañada de Juan Orozco, síndico municipal.
“Eran como las 12 de la noche, a los tres los recibe el fiscal Ramiro Ortiz Aguirre; mi hija le explica lo sucedido desde el plagio y le pide que le ayude para ir a rescatar a su hermano. El procurador le dice que no va a arriesgar a sus policías sin antes hacer una investigación. El alcalde y el síndico tratan de convencerlo pero Ramiro Ortiz los corre: ‘¡Qué no entienden!’, les gritó mientras se retiraba.”
Desde el secuestro, a don Polo lo primero que le pasó por la mente fue la seguridad de su esposa, sus cuatro hijas, la esposa de Leo y de su pequeña nieta de dos años: “En lugar de las 9, cerramos a las 7 el negocio. Teníamos miedo porque veíamos que nos estaban vigilando. Día y noche pasaban camionetas por la refaccionaria y por la casa. Se paraban enfrente y hacían ruido. Los sentíamos sobre nosotros”.
El 2 de octubre una hermana de don Polo acudió a la X Zona Militar a presentar la denuncia, pero le advirtieron que debía ser el padre de la víctima el que la levantara y le dieron un número 01800 para hacerla telefónicamente. Él habló inmediatamente.
Al día siguiente habló al 71 Batallón de Infantería, en Santiago Papasquiaro, donde lo atendió un teniente coronel de apellido Zambrano, quien le dijo: “Si en verdad sabes del lugar exacto en que tienen secuestrado a tu hijo, ven al cuartel y si nos acompañas, acabo con esos malvivientes”. Don Polo llegó al cuartel en poco más de una hora.
“En el cuartel tomó mis datos y me dijo que iríamos en la madrugada por Leo; sin embargo al mostrarle el mensaje de texto se sorprendió: ‘¿Cómo que de este número te lo mandaron?’, dijo e inmediatamente cambió de opinión y que ellos irían a rescatarlo a las 4 de la mañana del día 5. Estuve al pendiente. Salió el sol y nunca llegaron”, recordó.
Entonces don Polo y sus hijas se armaron de valor:
“Vestidas como hombre mis hijas saltaban las bardas de la casa para burlar la vigilancia. Así nosotros les montamos guardia a los secuestradores que nos vigilaban. Con el paso de los días descubrimos que unos eran del pueblo, otros no: por una calle identificamos a Flavio Quiñones, que después de un rato de vigilar en una esquina se reunía con Arnoldo Nevárez. A Flavio lo sustituía Rafael Fernández y se le reunían Gustavo Gutiérrez y Jaime García con su esposa…”
Todas estas personas eran no sólo vecinos y conocidos de don Polo en Nuevo Ideal, sino integrantes de la banda de secuestradores.
El 4 de octubre los plagiarios llamaron para pedir más dinero; la familia entregó 1.6 millones de pesos más. Uno de los delincuentes habló al celular de la nuera de don Polo para avisar que ya había recibido el dinero. Ella preguntó a qué hora y en qué lugar dejaría libre a Leo. El hombre le contestó que después de contar el dinero se comunicaría nuevamente. Mientras, la dejó hablar un instante con su esposo. Esa fue la última vez que tuvo noticias de él y del secuestrador.
Encubrimiento
Sin noticias de Leo, “el día 9 de octubre me fui a la Fiscalía; obligados, me pasaron con el agente del Ministerio Público Ezequiel Arreola González.
“Le entregué toda la información que tenía sobre el secuestro de Leo, incluyendo los nombres de nuestros centinelas. Cuando iba a firmar mi declaración veo que omitió que culpo al fiscal de lo que le pase a mi hijo, a mi familia y a mí. ‘¿Por qué quiere que lo ponga?’, preguntó. ‘Porque sé cómo actúan ustedes’, respondí. ‘¿Cómo?’ dijo. ‘Pues matan a la persona para acabar con el problema’, le contesté.”
El 11 de octubre don Polo acudió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, donde presentó una denuncia que quedó asentada en el expediente APG-APRGR/SIEDO/UEIS/472/2010. Esa denuncia la amplió en octubre, noviembre y diciembre de 2010 y en enero pasado.
En noviembre seguía sin noticias de su hijo. Investigó por su cuenta y contrató a personas para que le ayudaran a indagar: “Así me enteré de que Jaime García es quien contrata y paga a los halcones. Di con los supuestos jefes: Felipe Martínez, Basilio Mares y Eloy Carrasco o Barraza”, dijo.
Ofreció 100 mil pesos de recompensa a quien aportara información veraz sobre el paradero de Leo. Llegó una persona que le informó: “Dos horas antes del secuestro de mi hijo, Eloy, Felipe y Basilio se reunieron con los secuestradores de la Tahoe en las afueras del pueblo, frente a un lugar conocido como El Arco de la Concha. Después de media hora los vio salir. El pasado 26 de diciembre esta persona fue a la SIEDO a rendir declaración”.
Otra persona declaró ante la SIEDO: “Me retuvieron durante cinco meses hasta que logré escapar. A los secuestrados nos tienen en La Cueva de El Pino, un lugar de la sierra conocido como La Ulama, municipio de Nuevo Ideal.
“Por la mañana llegan muy temprano por nosotros para desayunar, luego nos llevan al monte a trabajar en el despate (corte) de la mariguana. No nos dejan platicar entre nosotros y menos que nos reunamos. Junto conmigo había 18 hombres jóvenes, cuatro mujeres y un anciano; éste se les murió en la cueva.”
En un descuido, a uno de los secuestradores se le cayó la credencial de elector y el testigo de don Polo la guardó. Cuando acudió a la SIEDO a poner su denuncia, esa persona entregó la credencial y aportó un dato más: un hermano del delincuente dueño de la credencial también trabajaba en el campamento. Don Polo no recordó su nombre.
Con sus temblorosas manos don Polo sacó un mapa, lo extendió sobre la mesa y ubicó geográficamente los lugares en que había seguido la pista de su hijo: La Palma, a
“Toda esta región está protegida por militares pero sólo se hacen pendejos, nunca agarran a nadie. Se nota que protegen a los delincuentes”, afirmó mientras doblaba nuevamente el mapa.
“El 7 de noviembre seguí a Eloy a su casa. Se espantó, lo tranquilicé y le pedí que me ayudara a encontrar a Leo. Entonces me dijo que el teniente coronel Zambrano, del 71 Batallón de Infantería, era su tío político y que a veces le proporcionaba ayuda, pero que era muy difícil.”
También visitó la casa de Jaime García: “Yo pensaba que era uno de los jefes, pero no, sólo es miembro de la banda. Le dije que quería que me prestara dinero a cuenta de mi negocio, porque quería juntar más porque no soltaron a Leo. Sorprendido escucho que me contesta: ‘Es que lo soltamos pero creo que lo agarraron otros’”.
Ni Los Pinos ni el gobernador
El 12 de diciembre don Polo se reunió con el agente del Ministerio Público Ezequiel Arreola:
“Me citó en el restaurante El Portón para ‘platicar sobre mi caso’. Ahí me dice que también acudirá el jefe antisecuestros Enrique Díaz. Cuando llegó, me dice Díaz: ‘Oiga don Leopoldo, usted ya sabe quiénes son los malhechores; mire, yo tengo gente que los puede arreglar, todo está en que platique con ellos para que acuerden el precio’. ‘¡Ah, sí!, ¡qué buen trato me está proponiendo! Y qué... ¿me va a cobrar por docena?’, le pregunté. ‘¡Ah, cabrón!, pues ¿cuántos son?’, dijo.
“Después me enteré de que los (policías) antisecuestros estaban levantando a gente que mencioné en mi denuncia: al primero que agarraron fue a Jaime, luego fueron por Manuel González y después por Rafael Fernández. Les dijeron que yo los había acusado; incluso les enseñaron el expediente. Los dejaron libres de inmediato.”
–¿Cómo se enteró?
–Porque Manuel se lo platicó a mi nuera. Le dijo: “Oiga, pues que don Polo es el que nos está echando de cabeza”. Ella le preguntó que quién le había dicho y él le respondió que en la Procuraduría.
“¿Entiende lo que quieren estos desgraciados? Lo que quieren es que me den en la madre”, afirmaba don Polo a Proceso.
–¿Que lo maten?
–Sí, que me maten. Y muerto, se acaba todo.
Se lo advirtieron habitantes de otros municipios que también fueron víctimas de secuestros: “No investigues ni hagas escándalo porque te va a pasar lo que a Manuel Pineda, que denunció y lo mataron. Por eso muchos se quedan callados. Sólo en Nuevo Ideal el año pasado hubo como 50 secuestros. En la misma situación están otros municipios”.
–¿Continúa llevando información a la Fiscalía estatal?
–No, sólo la integro a la SIEDO.
En enero una agente del Ministerio Público adscrita a la SIEDO acompañó a don Polo a la Secretaría de Marina:
“Nos reciben el capitán Magaña y el capitán Montiel. Les llevé un mapa que hice a mano. Ellos pusieron un plano satelital y señalaron Las Palmas y La Ulama, se ven claramente. Eso fue hace 20 días. Entonces esos desgraciados todavía estaban en La Ulama; ahora ya se están trasladando a otro lugar que aún no checo. Pero ¿qué me gano con investigar lugares y lugares si no hay quien me acompañe? Uno tiene que andar en el peligro, haciendo su trabajo. ¡Claro!, como yo soy el interesado.”
El 14 de octubre, en un acto público, don Polo le entregó un oficio a Teresa Álvarez, esposa del gobernador de Durango; ella lo abrazó y le prometió entregárselo a su esposo, Jorge Herrera Caldera. “También somos padres”, le dijo.
En el documento le daba al gobernador pormenores del secuestro de su hijo e insistía en hacer responsables al procurador Ramiro Ortiz y al teniente coronel Zambrano. No hubo respuesta.
Tampoco la recibió de Javier Jiménez Mendoza, comandante de la Décima Zona Militar, a quien recurrió en dos ocasiones: una para pedir ayuda y denunciar al teniente coronel; otra, a fin de solicitar un permiso para portar armas: “Viendo que a ustedes no les importa la seguridad de nuestras familias espero nos den la oportunidad de, al menos, defendernos nosotros mismos”, argumentó en su texto.
Hay un oficio –recibido el pasado 18 de enero por el área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República– en el que en 19 puntos don Polo desglosó lo ya narrado a Proceso. Dio fechas, nombres y lugares. En el punto número 15 se quejaba porque a tres meses de haber denunciado formalmente el secuestro de su hijo no había recibido ayuda. “¿Qué clase de policía tenemos?, ¿en dónde está la investigación especializada?”, pregunta.
En el punto 18 expone: “Los policías antisecuestros al mando del fiscal Ramiro Ortiz detienen a los sospechosos y los ponen en mi contra. Quieren desaparecerme. Muerto yo, dan carpetazo al asunto”.
–Lo que denuncia es muy fuerte. ¿No tiene miedo?
Don Polo no resistió. Le fue imposible contener el llanto que le quitaba el aliento, lo sofocaba. Buscaba insistente un dulce.
“¡Claro que tengo miedo! ¡Temo por mis hijas y mi esposa! Pero la nuestra ya no es vida… Tengo coraje con las autoridades porque me negaron ayuda cuando sabía dónde estaba. Estoy desesperado. Pienso en si mi hijo estará vivo, si pasará hambre, si estará enfermo, con sed. Si lo tendrán amarrado, si estará tirado, torturado en el monte; o tendrían el cinismo de matarlo para que no los delatara”, respondió con trabajo.
Tomó el último trago de té. Se llevó el dulce a la boca. Tardaba en reponerse.
A las puertas de Proceso, en la banqueta, ya de despedida, don Polo recuperó entereza, deseos de llegar hasta el final en la búsqueda de su hijo.
La noche previa a su asesinato don Polo habló con su esposa. Le dijo que se sentía muy cansado, que no aguantaba más: “Esto no es vida. Si me matan me harían un favor…” l
La simulación castrense
Jorge Carrasco Araizaga
Las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en su guerra contra el narcotráfico han hundido en el desprestigio a esta institución dentro y fuera del país. Conscientes de ello, las Fuerzas Armadas realizan campañas para congraciarse con la sociedad civil: abren museos y montan exposiciones para tener “mayor acercamiento con el pueblo”. En opinión del coronel en retiro Jorge Carrillo Olea, estas acciones “no se pueden entender más que como una medida desesperada y mal terminada” para restaurar dicho prestigio.
Con el reconocimiento social a la baja por el incremento desmesurado de quejas en su contra por violaciones a los derechos humanos durante el actual sexenio, el Ejército emprendió una campaña para mejorar su imagen pública. Una de las acciones para lograrlo consiste en permitir que los civiles “se acerquen” a algunas de sus instalaciones en la Ciudad de México.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aprovecha que febrero es el mes de celebraciones militares para organizar actividades sociales y deportivas enmarcadas en el programa “La gran fuerza de México”. De esta manera pretende “fomentar la convivencia de las familias mexicanas y un mayor acercamiento del pueblo de México con sus Fuerzas Armadas”.
La “apertura” del Ejército hacia la sociedad pasa por la puerta 8 del Campo Militar Número 1 ubicado al norte de la Ciudad de México, muy cerca de la prisión militar donde cientos de civiles, no sólo militares, han sido encarcelados en separos y galeras conocidas como las negras. Se les llama así porque sus estrechas paredes, techo y piso están pintados de negro, sin más luz que la que se cuela por unas diminutas ventanas y algunos agujerillos de las puertas.
Los domingos de febrero la Sedena abrirá esa puerta para que en los tres primeros fines de semana “los civilones” –como llaman los militares a los civiles– practiquen ciclismo, y en el último participen en una carrera atlética que organiza la empresa Total Running.
Las celebraciones del miércoles 9, Día de la Marcha de la Lealtad; del jueves 10, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, y del sábado 19, Día del Ejército, son el marco de una exposición inédita sobre la organización y equipamiento de las Fuerzas Armadas, organizada en el antiguo Colegio Militar Popotla, en el Distrito Federal.
El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, inauguró el viernes 4 la exhibición, que según el director de Comunicación Social de la Sedena, coronel Ricardo Trevilla, tiene el objetivo de demostrar que “las Fuerzas Armadas no son, no han sido y nunca serán ajenas a la ciudadanía”.
Aunque el funcionario dijo en un breve discurso que el Ejército busca “convivir con la sociedad en un ambiente de franca camaradería”, lo que en realidad pretende la Sedena es revertir el deterioro de su imagen, tanto en México como en el extranjero.
Organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, han difundido en todo el mundo informes sobre abusos y violaciones a la dignidad humana por parte del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón.
Los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido contra el Estado mexicano desde finales de 2009 se han debido precisamente a violaciones cometidas por elementos castrenses contra la población civil en décadas pasadas.
Ahora la “guerra” contra el narcotráfico en que Felipe Calderón metió a las Fuerzas Armadas ha ocasionado que el Ejército sea una de las principales instituciones acusadas de violaciones a los derechos humanos en México.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los cuatro años de este gobierno se han presentado 4 mil 944 quejas por violaciones a los derechos humanos; entre éstas asesinatos, tortura y desaparición forzada. De ese total se han emitido 72 recomendaciones.
Incapacidad
El propio gobierno de Estados Unidos contribuyó al deterioro de la imagen del Ejército al cuestionar su capacidad operativa contra el narcotráfico. Ello se supo en diciembre pasado al difundirse uno de los cables enviados por el embajador estadunidense Carlos Pascual al Departamento de Estado en enero de 2010, y filtrado por WikiLeaks a la prensa internacional.
“Hay una necesidad del presidente, de las Fuerzas Armadas y de las clases pensantes de un acercamiento entre civiles y militares, cuya relación ha sido casi nula debido a la cerrazón histórica tanto del Ejército como de la Marina”, asegura en entrevista con Proceso el coronel en retiro, Jorge Carrillo Olea.
“Nunca ha habido una apertura y comunicación y ahora lo que se está haciendo es una simulación”, dice en relación con las actividades de “La gran fuerza de México”.
Jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Luis Echeverría y fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Carrillo sostiene que la apertura de los museos y de una parte del Campo Militar Número 1 “no se pueden entender más que como una medida desesperada y mal terminada”.
Para esta campaña “les sobró buena voluntad, pero les faltó conocimiento. De repente vimos en los periódicos fotos de niños pintados, portando armas”, comenta a propósito de las imágenes de menores que al inaugurarse la exposición en Popotla fueron pintados con betún, por personal de la Sedena, como efectivos en campaña. Además, se les acercaron las armas utilizadas por el Ejército contra la delincuencia organizada.
El también exgobernador de Morelos considera que la campaña corre el riesgo de resultar contraproducente: “Algunos acabarán haciendo daño al interés de la Defensa cuando quieran pedir la apertura de la prisión en el Campo Militar Número 1 (CM1). Qué necesidad había de abrirlo antes de cualquier cosa, con todo lo que se ha dicho de esa instalación”.
El CM1 pasó a la historia como centro de reclusión de civiles durante los movimientos sociales del siglo pasado, en particular del movimiento estudiantil de 1968 y de la guerrilla en los años sesenta y setenta.
Infierno carcelario
El general brigadier José Francisco Gallardo, recluido en la cárcel de ese campo militar entre noviembre de 1993 y mayo de 1999, asegura: “Las detenciones de civiles también han ocurrido en tiempos recientes y seguramente en la actualidad.
“La percepción es que en el Campo Militar Número 1 hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, no sólo hubo gente encerrada”, dice Gallardo, quien después de su encierro de seis años en la prisión militar y dos en cárceles civiles se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como doctor en administración pública.
El penal militar está debajo del cuartel general de la Policía Judicial Militar, en el campo 1J, atrás del cuartel general del Primer Cuerpo del Ejército, cerca de la puerta 8, por donde entrarán los civiles invitados por la Sedena.
“Cuando me encarcelaron, me metieron a una celda y me dijeron: ‘aquí estuvieron tus compañeros’. ¿Cuáles?, pregunté. ‘Los estudiantes’, me dijeron los oficiales de la prisión”, dice Gallardo, procesado y sentenciado por la justicia militar a 28 años de prisión bajo el cargo de malos manejos cuando desempeñó una función administrativa. Según él, se trató de una venganza porque proponía el establecimiento de un ombudsman militar.
“Me metieron desnudo en unos sótanos. Son celdas que se conocen como las negras porque todo está pintado de negro. No hay luz. Sólo unas ventanas pequeñitas y las puertas tienen unos agujeritos. No tienen baño, sino cubetas. Son tan estrechas que sólo les cabe una cama”, describe.
Estuvo ahí en varias ocasiones. “Cuando alguno de mis hijos hacía alguna manifestación o salía una resolución judicial a mi favor o se publicaba un reportaje sobre mi caso, me apandaban en las negras”.
Las ubica en una esquina de la prisión militar. “Conté unas 10 o
También refiere que la cárcel ha estado acondicionada para torturar: “Cuando entré a la prisión había una especie de arcos que tenían unos ganchos. ¿Eso para qué es?, le pregunté a un oficial. ‘Es para colgar a la gente’. Eso fue lo que me contestó”.
Cuenta el caso de un oficial que atropelló a unos militares en Chiapas. “Murió en la prisión militar. Sé que lo torturaron. A su familia le dijeron que falleció de otras causas”.
Asegura que dentro de la prisión militar encontró un incinerador que estaba disimulado en la cocina: “Lo descubrí porque en una ocasión me mandaron a recoger un equipo de aseo y me llamó la atención que había dos tiros ocultos. Cuando entramos al cuarto donde tienen todo lo de aseo, me recargué en la pared y sentí un muro falso; era la puerta del crematorio. Me dio miedo.
“Le hice un informe al director de la prisión. Clausuraron el cuarto y ya no dejaron entrar a nadie. No sé si lo quitaron porque hice la denuncia. Incluso el director de la prisión no sabía que existía el crematorio. Es un área a donde no se puede acceder si no es con una vigilancia, como ese día que nos sacaron para ir por el material.”
En su reclusión en el CM1, Gallardo también fue testigo de la detención de civiles, entre ellos los escoltas de Raúl Salinas luego de la desaparición del diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, involucrado en el asesinato, en 1994, del entonces presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. “Me tocó ver a esas personas. Incluso cuando me metieron a las negras vi a varios civiles en la prisión”.
Ahora profesor de posgrado en la UNAM, Gallardo asegura que esa prisión fue fundada en 1964 “con la idea de mantener personal civil en el Campo Militar Número 1. Lo supe al revisar los archivos de la biblioteca de la prisión”.
Los mismos militares cuentan que tras la represión del 2 de octubre en Tlatelolco, fueron llevados cientos de civiles al CM1. “Lo que me contaron los oficiales que tenían mucho tiempo trabajando ahí fue que esa noche hicieron filas de cinco con todos los detenidos a lo largo de la calle del campo militar, que se extiende por unos
El alto mando militar apuesta a la desmemoria de la gente y decide abrir el CM1 precisamente en la zona de la prisión militar, donde hubo civiles encerrados y asesinados, asegura Gallardo.
Con todo y ese pasado, añade, el Ejército no había tenido tantos señalamientos públicos de violaciones a los derechos humanos como ahora por la “guerra” de Calderón, además de que varios de sus integrantes se han involucrado en el narcotráfico.
“En esa condición de crisis –abunda– se hace necesario abrir las puertas de los cuarteles, pero eso no significa una apertura a la sociedad, sino expresa una preocupación del alto mando militar porque el Ejército ha perdido credibilidad en el espectro social.”
Si el Ejército realmente se quiere abrir entonces que propicie una nueva relación cívico-militar de carácter democrático, en la que el poder militar esté sometido al poder y escrutinio civiles, particularmente del Congreso; además de que se deben reformar diferentes disposiciones legales, sobre todo en materia de justicia, dice Gallardo.
Desprecio a los civiles
Por su parte, Carrillo asegura que en las Fuerzas Armadas se toma “como un dogma” la cerrazón hacia la sociedad. “No sólo es un problema de falta de transparencia, sino de rendición de cuentas”.
Cuenta que cuando el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) creó la Secretaría de la Contraloría, el propósito era que todas las dependencias gubernamentales, incluidas las Fuerzas Armadas, tuvieran un órgano de fiscalización y control.
“La respuesta de la Sedena fue de total rechazo. Aquí no. Aquí tengo la Inspección General del Ejército, que ha estado todo la vida y esa es con la que trabajo”, dice sobre la posición de la secretaría de la Defensa, a cargo en ese entonces del general Juan Arévalo Gardoqui.
Pero lo que siempre ha hecho la Inspección General del Ejército, añade, ha sido simular investigaciones o ser verdugo del secretario. “Quien llegue a esa oficina ya sabe lo que tiene que hacer y lo que le tiene que llevar al secretario”.
El coronel en retiro dice que además de la simulación, la información que se llega a producir en esa Inspección sobre alguna investigación, no sale de la Sedena: No va a donde tiene que ir, a la Secretaría de la Función Pública (que sustituyó a la Secretaría de la Contraloría) o a la Auditoría Superior de la Federación, el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados, dice el también creador del Centro de Inteligencia de la Procuraduría General de la República.
Insiste en que en el Ejército “ni hay una voluntad real ni saben cómo acercarse a la sociedad”. Pero lo más grave “es el desprecio que muestran los militares de cierto grado por los civiles: En algunos altos mandos, hay una repulsa hacia la sociedad política, periodística y académica.
“La visión generalizada del mundo político administrativo se simplifica, y no invento nada, en que son ineptos y corruptos, desde el presidente de la República –ese se lo callan, por supuesto– hasta los secretarios y los gobernadores.
Explica: “Cuando empiezan a sacar las narices al mundo externo, porque ya fueron jefes de Estado Mayor en una zona, que ya vieron cómo se comporta el gobernador, que el comandante tiene sus privilegios, empiezan a tomar conciencia de la vida pública y a descalificar a sus protagonistas.
Si a eso se agrega el “profundo desprecio” que tienen por el tema de los derechos humanos, entonces de qué tipo de relación con la sociedad estamos hablando, cuestiona.
Asegura que los militares “no ven en el tema de los derechos humanos más que un potencial de agresiones”. En el caso del Ejército, dice, la Dirección General de Derechos Humanos creada por la actual administración sólo recibe quejas, las ordena, pero no resuelve nada.
“Si han llegado al nivel de violaciones que estamos viendo es porque nadie se los ha impedido. La Sedena sólo está respondiendo a jalones porque dentro del Ejército nadie está realmente convencido de cambiar la relación con la sociedad”, asegura. l
A mostrar las armas
Rodrigo Vera
Antes de la inauguración formal del Museo del Ejército y de la Fuerza Aérea (Muefa), el viernes 4, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) montó La gran fuerza de México, una exposición de armamento que permanecerá hasta el 2 de marzo en la explanada del Antiguo Colegio Militar, en Popotla.
Helicópteros artillados, tanquetas blindadas, vehículos de reconocimiento, cañones de largo alcance y ametralladoras y fusiles de todo tipo son parte del equipo que el público puede ver en esta muestra temporal.
Y son los usuarios de esas armas y vehículos –soldados de Infantería, de Fuerzas Especiales, de Policía Militar, paracaidistas– quienes los muestran al público y explican su funcionamiento y características.
Complacientes, los uniformados abren las tapas de los cañones y explican cómo se encienden; muestran los pesados vehículos blindados y las armas con que suelen equiparlos o guían al visitante al interior de un helicóptero CH-53 Yasur 2000, el mayor del mundo.
Valiéndose de maquetas, los militares también explican algunas de sus tácticas de combate, como la utilizada por los paracaidistas para descender en territorio enemigo: la posición de las aeronaves, los puntos para el descenso, el equipo y el armamento utilizado.
Las armas y sus aditamentos se exhiben en puestos alineados bajo enormes carpas.
El Huapango de Moncayo es la música de fondo que ocasionalmente se interrumpe con los acordes del Himno Nacional entonado por los soldados y los visitantes, en posición de firmes y con la mano en el pecho.
En el puesto de Infantería un soldado muestra un G-3 automático y explica: “Este fusil nos está resultando más efectivo en la lucha contra el narcotráfico. Tiene un alcance de más de 3 mil metros”.
–¿Ese rifle es más efectivo que los llamados cuernos de chivo? (así se le conoce al fusil AK-47)
–¡Claro! Muchísimo más. El nuestro es un fusil más potente y más moderno.
En el puesto de Fuerzas Especiales, un miembro de ese agrupamiento, uniformado y con boina verde, explica: “Nuestro trabajo es atacar solamente las partes más vulnerables de los narcotraficantes, como son sus líderes, sus cuerpos de élite o sus medios de comunicación. Estamos adiestrados para hacer el mayor daño posible al enemigo”.
Sin perder su postura marcial, el soldado señala que también realizan operaciones de “contraguerrilla”, de “captura y control de áreas” o de “control de objetivos militares”.
Los policías militares muestran los perros adiestrados para detectar enervantes y explosivos. “Son pastor belga, una raza con buen olfato y muy dócil al adiestramiento. Les insertamos un chip y les tatuamos las orejas para tener mayor control. Contamos incluso con un centro de reproducción canina”, dice un policía militar.
Otro muestra los toletes, los escudos y los cascos antimotines con los que se protegen. Junto a él, un maniquí lleva puesto un voluminoso equipo blindado. “Es el traje que usan nuestros desactivadores de bombas. Esos trajes pesan unos 35 kilos y protegen de fuertes estallidos”, dice.
Los miembros de la Caballería Motorizada aclaran de entrada: “Es el puro nombre eso de llamarnos ‘caballería’, pues ahora realizamos nuestro trabajo en rápidos vehículos de motor para apoyar sobre todo a la infantería. Los caballos los utilizamos sólo como deporte”.
E invitan a la próxima competencia ecuestre organizada por el Ejército, el 25 y 26 de febrero en el Campo Militar Número 1.
En el área de Artillería, donde se exponen los cañones, adultos y niños pueden jugar a la guerra disparando un cañón virtual, cuyo impacto se ve en una pantalla que muestra una planicie por donde avanzan tropas enemigas.
La exposición La gran fuerza de México se enfoca en la niñez, a la que muestra la cultura castrense.
Hay un muro inclinado para que los niños practiquen “soga rápida y rapel”. Un área para que monten a caballo. Otra para que observen y se diviertan con las exhibiciones de perros amaestrados.
Y sí, son principalmente los niños quienes –con casco y la cara camuflada a base de pintura– se fotografían con los sonrientes soldados, se ponen arneses de paracaidista o se trepan a las tanquetas. l
La Sedena se maquilla
Rodrigo Vera
Como parte de las acciones con que la milicia busca limpiar su deteriorada imagen, la Secretaría de la Defensa Nacional abrió las puertas del Museo del Ejército y de la Fuerza Aérea (Muefa), si bien la inauguración formal se efectuará el sábado 19. El recinto, que exhibe el tipo de armamento utilizado en la guerra contra el narco, semeja un foro propagandístico de la institución castrense, tan impugnada hoy en día por sus excesos.
En tres de los cuatro muros de la moderna sala de proyecciones, el espectador observa el video Murió por la patria. Lo envuelven las imágenes de un grupo de soldados mexicanos que en una ceremonia luctuosa rinden homenaje a sus compañeros caídos en la lucha contra el narcotráfico.
–¡Antioco Hernández Morales! –grita uno de ellos.
–¡Murió por la patria! –corean los demás soldados.
–¡David Mendoza Gómez!
–¡Murió por la patria!
–¡Joaquín Martínez Solís!
–¡Murió por la patria!
–¡David Arteaga Rodríguez!
–¡Murió por la patria!
Y así van nombrando a otros militares abatidos por los cárteles de la droga, mientras un redoble de tambores y trompetas retumba por las bocinas de alta fidelidad de la sala.
También mencionan a otros héroes de la historia de México: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Juan Escutia, Agustín Melgar, Emiliano Zapata… “¡Murió por la patria!”, responden.
Desde esta perspectiva la actual lucha del Ejército contra el narcotráfico es tan importante como la que libraron los ejércitos de Hidalgo y Morelos contra el régimen colonial; tan meritoria como la guerra del ejército juarista contra la intervención francesa… o como los combates librados por los villistas y zapatistas contra la dictadura de Porfirio Díaz.
Así lo muestra el video Murió por la patria, que se exhibe en la sala de proyecciones del Museo del Ejército y de la Fuerza Aérea (Muefa), recinto que acaba de ser abierto al público por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), si bien la inauguración está programada para el próximo sábado 19, Día del Ejército.
En el museo se exhibe una muestra del vasto arsenal con que la milicia combate o puede combatir al narco: fusiles Xiuhcóatl (serpientes de fuego) diseñados y fabricados en México; tanquetas superblindadas que pueden llevar cañones, lanzagranadas o ametralladoras, y aviones supersónicos.
En su número 0, la revista Muefa –publicación oficial del museo– consigna que con la puesta en marcha del Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012 el Ejército ha definido “objetivos y acciones precisas” en tres puntos: erradicación, intercepción y combate a la delincuencia organizada.
Para cumplir el primero –apunta la publicación–, el Ejército deberá “minar la base económica de los narcotraficantes, impidiendo cíclicamente la cosecha de enervantes”. En lo referente al segundo punto, deberá “inhibir el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, psicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales, armas, municiones, explosivos y numerario”. En lo que toca al combate frontal a la delincuencia organizada, el Ejército coadyuvará con las autoridades “en la desarticulación de las estructuras del crimen organizado”.
El mensaje
En la exhibición puede verse una amplia colección de sables, espadas, fusiles, cañones, uniformes, banderas, estandartes e insignias usadas por la milicia del pasado. Tampoco faltan los manuscritos, documentos impresos, ilustraciones, pinturas, esculturas y fotografías de época que sirven de apoyo para rememorar las gestas de antaño.
Las instalaciones cuentan con los últimos avances tecnológicos en museografía: pantallas touch, confortables salas de proyección y audioguías. Incluso hay imágenes de los héroes patrios que se mueven y hablan, narrándole al visitante sus experiencias e ideales.
Para instalar su museo, la Sedena habilitó un amplio edificio del porfiriato –donde funcionaba una subestación eléctrica para la red de tranvías– de ladrillo desnudo y acero situado en el número 1838 de Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.
La entrada de rejas metálicas y cada rincón del espacioso museo están resguardados por militares con fusil al hombro. Aquí, allá, por todos lados, siguen recelosos al visitante, mientras acarician con la palma de la mano la fría superficie metálica de sus fusiles Xiuhcóatl. Calzan relucientes botas negras, enfundados en el mismo uniforme de estampados verdosos con que se camuflan entre la hierba.
Para entrar los visitantes se registran en la recepción y dejan ahí sus bolsas y paquetes, así como una identificación. Un soldado les proporciona la audioguía y otro los conduce hacia la entrada en donde se encuentra un mensaje de bienvenida del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional. En el texto impreso en un muro se lee:
“El papel que han desempeñado el Ejército y la Fuerza Aérea a lo largo de la historia de México es fundamental en el ejercicio de la construcción de la imagen de la nación, ya que desde el inicio el Ejército se constituye por la población civil, por la sociedad, que demandó en su momento la autonomía y buscó su defensa.
“El Muefa es un espacio en el cual dialogan documentos históricos, obra artística, objetos de la vida cotidiana, armamento y registros fotográficos de la época, todos ellos apoyados por los dispositivos educativos que ofrece la tecnología.
“El Muefa invita al visitante a conocer la historia de modo lúdico y didáctico, abriendo diálogos y aproximándose a su patrimonio histórico y cultural.”
En la primera sala varios maniquíes colocados en vitrinas lucen las indumentarias que “ha utilizado el Ejército desde el inicio de la Independencia hasta la Revolución Mexicana”. Puede verse el vistoso uniforme en rojo y azul que usaban los cuerpos de Dragones de la Reina, a los que pertenecían Ignacio Allende y Juan Aldama; el traje más campirano y popular de “El Chinaco”, con su pantalón de campana, faja y sombrero ancho, y el uniforme de pechera roja que lucían los batallones de San Blas en la guerra contra Estados Unidos.
También están los atuendos de paliacate y carrillera al pecho que usaban los revolucionarios de 1910, sin omitir la vestimenta de las “adelitas” con sus largas enaguas, o el traje más formal de fulgurante botonadura y cuello corto como el que vestía Venustiano Carranza.
En un larguísimo salón de amplios ventanales se ubica la llamada “galería histórica”, donde refulgen los brillos metálicos de todo tipo de armas. Sables, espadas y rifles se alinean en las paredes mientras que los cañones y los pesados fusiles de trinchera descansan sobre el piso.
Ahí están los fusiles utilizados durante la guerra de Independencia, cuyo sistema de ignición funcionaba con piedra sílex y sólo lanzaban un disparo; había que recargarlos con pólvora para volver a disparar. Están las “espadas de gala” que lucían los militares de guante y levita. Una lanza oriental con palo de bambú traída por la Nao de China.
También hay pinturas de época que destacan el carácter religioso de la insurgencia encabezada por los curas Hidalgo y Morelos, en las que se representan las misas celebradas antes de cada batalla. Incluso, en esa sección se exhibe una valiosa pieza de arte sacro: un crucifijo virreinal elaborado con pasta de caña.
Hay una litografía de Hidalgo vestido de civil. Un bando del virrey Francisco Venegas en el que ofrece 10 mil pesos por la captura del insurgente. Otra litografía donde aparece Hidalgo antes de ser fusilado. Vienen después imágenes y esculturas en bronce de Morelos, representado con su típico paliacate en la cabeza.
La historia
La exhibición muestra piezas de la época del Ejército Trigarante, de la guerra contra Estados Unidos y de la guerra de Juárez contra la intervención francesa.
De esa época data una colección de pistolas para duelo que usaban los oficiales entre 1840 y 1850. Sus cachas servían como macanas para golpear en la cabeza. Estas armas cortas solían guardarse en las alforjas de los caballos.
También se exhibe una colección de fusiles con el novedoso sistema Winchester Rolling Block, utilizados a partir de 1860 y que obligaron a cambiar las estrategias de combate: de orden cerrado a orden disperso. Los adelantos técnicos en sus cartuchos permitieron el uso de pólvoras sin humo.
El régimen de Porfirio Díaz ocupa un lugar muy especial en el museo. Se muestran fotografías del ejército porfirista bien alineado y uniformado. Destaca un busto en mármol del militar oaxaqueño, cuyo lema era “paz, orden y progreso”, para insertar a México en la modernidad.
Estalla la Revolución. Cae la dictadura. Las fotos muestran a Díaz huyendo a Europa en el Ipiranga. Surgen las tropas de Villa, Zapata, Huerta, Carranza, Obregón… México se convulsiona. De nueva cuenta las armas definen el rumbo del país; son más potentes y letales que las de las guerras anteriores.
Ahí están expuestos los Winchester 30 30 –las famosas “carabinas 30
Los estragos de las armas también se muestran en el museo: hay fotografías de la casa de Madero en la Ciudad de México bombardeada durante la Decena Trágica. Está la máscara mortuoria de Zapata tras ser acribillado en Chinameca, lo mismo que la de Villa.
Los visitantes pueden incluso jugar a la guerra en la “mesa de batalla” (una enorme “pantalla touch” de unos tres metros de largo por dos de ancho); basta tocarla con el índice para reproducir los movimientos tácticos de la batalla de Puente de Calderón librada durante la guerra de Independencia o de la batalla de Ciudad Juárez, en plena Revolución.
O si lo prefieren, pueden subir al último piso del museo para ver y escuchar a las figuras en movimiento de Allende, Josefa Ortiz, Hidalgo, Morelos, Aldama, Juárez, Porfirio Díaz, Madero, Zapata y Carranza. Comienzan a hablar tan pronto se para uno frente a ellas.
Hidalgo, por ejemplo, permanece de pie enfundado en un traje oscuro y con largas botas de campaña. Está en su despacho, frente a una mesa y un cuadro de la guadalupana. Se apresta a dar el grito de Dolores. Observa fijamente al visitante y le dice en tono decidido:
“Son las cinco de la mañana. Nuestra conspiración ha sido descubierta. Debemos apresurarnos. Hay que adelantar la batalla. Dejemos miedos e incertidumbres.”
Da un puñetazo sobre la mesa y grita: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno!
Omisión
Cosa extraña, pero en el Muefa no se aborda la sangrienta Guerra Cristera que, en los años veinte, enfrentó al Ejército contra las tropas de católicos que se oponían a las medidas anticlericales del general Calles. Simplemente la Cristiada no existió.
Se pasa de la Revolución al momento actual, donde el enemigo a vencer ya no son tropas virreinales, extranjeras o de la dictadura, sino los peligrosos sicarios de la droga. Por fortuna –según el museo–, nuestros soldados viven “los valores de lealtad, abnegación, honradez y honor que les permitirán ganar cualquier batalla”.
En los muros del museo hay varios letreros que insisten en los valores de la milicia: “Forjamos a diario nuestro carácter”. “El triunfo y la victoria lograremos”. “Lo más honroso para un soldado es perder la vida por la patria”. “Valor es el ánimo que rige al soldado mexicano”. “El amor a la patria es hasta el último aliento”.
En fotografías y monitores aparecen soldados auxiliando a la población civil afectada por desastres naturales: rescatan en brazos a un niño en una inundación, entregan alimentos a una hilera de hambrientos, quitan escombros de edificios dañados…
También se les presenta en pleno combate: arrasan cultivos de droga, disparan sus metralletas, bajan en cuerdas de un helicóptero, caen en paracaídas o se arrastran pecho a tierra con fusil en mano.
Y como botón de muestra de la actual industria bélica, dos vehículos blindados se exhiben en el patio adoquinado del museo. El primero es una poderosa tanqueta y el otro un vehículo de “reconocimiento” para penetrar en zonas de conflicto.
Este es el actual Ejército… inmaculado y valeroso según la visión del Muefa.
El objetivo: control de daños
Erubiel tirado
Dañada su imagen pública y afectado en lo político, el Ejército emprende una inusual y costosa campaña para revertir los costos negativos por el desgaste sufrido durante la presente administración, pero sobre todo para posicionarse como salvaguarda neutral del gobierno en turno. Las efemérides militares de febrero son el marco propicio para que la institución limpie su imagen empañada por la marca de la impunidad ante acusaciones por violaciones de los derechos humanos y por el aislamiento político propiciado por el mutismo de su comandante supremo que ha dejado al garete su retórica de “cuidar a la tropa” con la que empezó su sexenio.
Simbiosis perversa
Mal entendido el concepto de relación “cívico-militar”, en sus discursos por el propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, la dependencia impulsa una magna exposición y actividades (que incluyen paseos ciclísticos y carrera deportiva) en instalaciones militares en un intento de acercarse a la sociedad. En la tradición política nacional, los precedentes apuntan a la simbiosis forjada por décadas de autoritarismo priista y un uso político por parte de los gobernantes civiles que no dudaron en recurrir al Ejército para reprimir movimientos sociales y recompensar su lealtad al sistema por medio de las reglas no escritas. Uno de esos acuerdos era la defensa pública e institucional de las Fuerzas Armadas por parte del presidente o su secretario de Gobernación ante cualquier asomo de crítica, por mínima que fuese. Como recordatorio de este esquema está la siembra a lo largo y ancho del país de las monumentales astas banderas como reacción al supuesto agravio de haber señalado en los libros de texto oficiales el papel del Ejército en la represión estudiantil de 1968.
La alternancia política, si bien demostró institucionalización y sometimiento de las Fuerzas Armadas, al respetar el resultado electoral que puso fin a la hegemonía priista, no significó un cambio estructural en términos de reformular el pacto histórico-político forjado desde 1928. Vicente Fox señaló que gobernaría con el Ejército, pero durante su gestión no se modernizaron las relaciones civiles-militares.
Por el contrario, se inició a un peligroso proceso de afianzamiento en las relaciones político-militares; es decir, un ensanchamiento de los intereses y actividades del estamento militar, no con la sociedad civil sino con la clase política en un nuevo escenario: su interacción prolongada en responsabilidades civiles (como la seguridad pública) y la adaptación política de dirigir por sí mismo su convivencia con la democracia partidista del país.
“Las bicicletas son para el verano”...
y para el Campo Militar No. 1
En democracias establecidas es común observar de manera regular no sólo exposiciones y actividades promovidas por las Fuerzas Armadas nacionales con el propósito de mantener una relación abierta con la sociedad. Es un resultado natural de evolución en la modernización de la institución armada que permite retroalimentarse socialmente. Si estas actividades no están precedidas de la maduración de políticas de defensa que reconozca la supremacía civil en la materia, como es la supervisión y la rendición de cuentas, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos estamos ante un simple ardid publicitario, que resulta caro para un país como México, pero sobre todo ineficiente.
De poco sirve una convivencia social en espacios militares, de suyo reservados e inexpugnables, cuando se arrastra un déficit histórico e institucional basado en la consabida situación sui generis del Ejército Mexicano: no sólo no es golpista, sino que su comportamiento tradicional no es represor, a diferencias de sus contrapartes en el hemisferio. Esta circunstancia ha servido de excusa para preservar un statu quo de relación militar con el poder político que poco le ha ayudado en su evolución institucional y cuya contribución a la consolidación democrática es nula si no es acompañada de cambios estructurales.
La otra carrera... contra la historia
A diferencia del pasado, el contexto que enfrenta de Ejército es difícil, tanto por las descalificaciones interesadas del gobierno de Estados Unidos y la indiferencia –pasmo, en el mejor de los casos– del presidente de la República, su secretario de Gobernación y su canciller ante la desconfianza externa, como por el desgaste de su exposición en una estrategia de seguridad (y de legitimación política) cuyo saldo negativo es evidente y amenaza con convertirse en un lastre. De persistir esta situación, la institución no se librará con las reformas legales pendientes en el Congreso (Seguridad Nacional, Fuero Militar) ni con la estrategia publicitaria en curso.
Hoy más que nunca en la historia nacional, la imagen que tiene la sociedad de sus Fuerzas Armadas está deteriorada y el comportamiento tambaleante de las tropas amenaza con situar a la institución en el nivel de los cuerpos policiacos y los diputados a mediano plazo. A mediados de 2006, la empresa Parametría realizó un sondeo sobre el asunto. Según los resultados, la confianza ciudadana en el Ejército fue de 74%, pero descendió 20 puntos al año siguiente.
Gracias a los discursos oficiales y al bombardeo de publicidad institucional, el apoyo se elevó a 70% en 2009, año electoral. Pero volvió a descender a 65% para 2010. Los índices resultan reveladores. Si bien hay un respaldo en la justificación de ver a las tropas en las calles, su exposición pública hace evidente su comportamiento en conductas reprobables: entre 61 y 65% de los consultados relacionan a los militares con violaciones, tortura y desaparición forzada de personas: más de la mitad (entre 54 y 56%) asume que la comisión de estos delitos “es más frecuente que antes”.
Esto lleva en forma natural a la discusión del fuero militar versus justicia civil. En términos generales, hay una ligera mayoría que favorece la jurisdicción ordinaria cuando se ha cometido un delito por parte de militares en contra de un ciudadano (44%), en tanto que 40% favorecen la justicia castrense. Sin embargo, al ahondar en el cuestionamiento específico en delitos graves como los mencionados, 71% apunta a la jurisdicción civil, contra 15% que está en desacuerdo con el planteamiento.
Es claro que la relación civil-militar en México no se apuntala sólo con la inyección de recursos publicitarios y estrategias efectistas de consenso social en el corto plazo.
Al desempeño del Ejército en sí, incluyendo a la Armada, debe añadirse la consigna de la clase política, que entiende que la protección institucional implica una cobertura legal, o los silencios cómplices que sólo generan impunidad y daño a la propia Sedena. Los ejemplos sobran. Por un lado, el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra las tropas por los excesos cometidos contra la población civil. Y aun cuando la Sedena tiene varias sentencias condenatorias, la cancillería, la Secretaría de Gobernación y la propia dependencia se niegan a asumir su responsabilidad.
En los casos de Valentina Rosendo Cantú, quien en 2002 fue víctima de “detención ilegal, violación y tortura”, e Inés Fernández Ortega, quien sufrió “agresión sexual” por parte de soldados, las autoridades optaron por ocultarse bajo formalismos; y pese a que la resolución de la Corte data del 1 de octubre de 2010, aún no se sanciona a los culpables.
Esto sin contar que hasta ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido 27 medidas cautelares contra militares, mientras la Corte había decretado tres medidas provisionales (obligatorias y vinculantes). Además, debe considerarse la red de complicidades del gobierno y la clase política, cuyos integrantes asumen como postura clientelar la complacencia del Ejército en la elaboración de leyes autoritarias que eviten rendición de cuentas de sus tropas ante abusos y delitos.
“Opción de futuro”
En los procesos de transición y consolidación democráticas, la evolución correcta de la relación civil-militar se mide con criterios de respeto a los derechos humanos, esquemas claros de rendición de cuentas ante los poderes estatales constitucionalmente establecidos y el sometimiento al liderazgo del poder civil. En estos aspectos se ha hecho poco.
No se protege a las Fuerzas Armadas preservando conductas del viejo régimen, con simples visitas de los legisladores a las oficinas de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de la Marina; es necesario que ambos comparezcan ante el Congreso de la Unión. A ellos les corresponde explicar, por ejemplo, acerca del entrenamiento de efectivos militares en Colombia, como informó The Washington Post en su edición del 22 de enero, con financiamiento de Estados Unidos, así como del fenómeno de la deserción y de la falta de revisión de los criterios de profesionalización militar.
Antes incluso de una campaña costosa e inútil para limpiar la imagen del Ejército, se impone una verdadera restructuración del pacto civil-militar nacional. El liderazgo debe ser civil, encaminado a modernizar realmente las instituciones castrenses. Pero lo importante no es el aspecto físico, sino la formulación de una agenda de seguridad que garantice transparencia y obediencia a la ley, sin simulaciones ni trucos legislativos. La sociedad sabrá apreciar este gesto. l
Manejos turbios en la Auditoria Superior de la Federación
Jesusa Cervantes
La Auditoría Superior de la Federación recibió del Ejecutivo casi 48 millones de pesos fuera de presupuesto, lo que pone en riesgo la autonomía de su revisión de la cuenta pública de 2009, cuyos resultados debe entregar este miércoles 16. Además, el actual titular de la Auditoría, Juan Manuel Portal, se rodeó de exdirectivos de Pemex que fueron responsables de anomalías administrativas y quienes ahora califican contratos que ellos mismos firmaron.
Con poco más de un año de estar al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez y parte de su equipo –encargados de auditar el correcto uso de los recursos federales y el buen desempeño de los funcionarios– enfrentan serios cuestionamientos del órgano encargado de fiscalizarlos: la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, a cargo de Roberto Michel Padilla.
Hasta el momento, la UEC ha detectado maniobras para evadir responsabilidades, conflicto de interés y la defensa inexplicable de funcionarios de la ASF, así como una posible influencia indebida del Poder Ejecutivo sobre la ASF a la hora de revisar sus cuentas públicas, ya que ésta recibió 47.7 millones de pesos de manera “irregular”, es decir, fuera de presupuesto.
El 16 de diciembre de 2009, Juan Manuel Portal fue designado por mayoría de votos en la Cámara de Diputados como auditor por ocho años en sustitución de Arturo González de Aragón, a quien el PRI no quiso reelegir. En febrero de 2010 Portal entregó a la cámara su primer documento, la revisión de la cuenta pública de 2008. Pero fue sólo un trámite, pues quien encabezó esa auditoría fue su antecesor.
El actual auditor superior enfrentará su verdadera prueba ante los diputados el próximo miércoles16, cuando presente los resultados de la revisión de la cuenta pública de 2009, el tercer año de la administración de Felipe Calderón.
Esto es lo que preocupa a Michel Padilla, quien revela que en diciembre pasado detectó dos entregas de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la ASF. Como éstas no se incluyen en el presupuesto, el titular de la UEC alerta que los millonarios recursos “pudieran influir en su independencia de criterio, objetividad e imparcialidad” al revisar la cuenta pública, “lo que pude traducirse en una indebida intromisión en el ámbito del Poder Legislativo (…) que pudieran violentar su autonomía técnica y de gestión”.
El 16 de diciembre de 2010, cuando Juan Manuel Portal cumplió un año al frente de la ASF, la UEC le envió a la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Estela Damián, el oficio OTUEC/182/2010 para informarle que en los ejercicios de 2008 y 2009 la Auditoría recibió aportaciones que constituyen “hechos que permanecen sin solventar y que pudieran originar consecuencias jurídicas”.
De acuerdo con el oficio, en 2008 Hacienda le entregó 22 millones 700 mil pesos a la ASF, fuera de presupuesto, para continuar con el llamado Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis); y en 2009 le dio otros 25 millones para el mismo rubro.
La propia ASF ha reportado a la UEC que nunca solicitó dichos recursos: “La recepción se llevó a cabo sin mediar solicitud o trámite alguno de parte de esa entidad de fiscalización”, se indica en el mismo documento citado. Sin embargo, recalca la UEC, Hacienda “otorgó indebidamente presupuesto extraordinario por un total de 47 millones 700 mil pesos fuera del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y sin que se hubiera solicitado por la ASF”.
De acuerdo con los oficios 307-A.-7-562, del 11 de diciembre de 2007, y 307-A.0580, del 3 de diciembre de 2008, los recursos se recibieron “y fueron ejercidos indebidamente por la ASF, ya que pudieran provenir, de forma irregular, de una de las dependencias del gobierno federal que es supervisada o auditada por la misma ASF”.
Esta circunstancia, de por sí peligrosa, tiene un agravante: la UEC también detectó que el dinero se destinó “en usos no contemplados” por las reglas de operación del Profis.
A través de dos oficios enviados el 22 de abril y el 30 de agosto de
Después de meses de insistir y de que algunos legisladores hablaran directamente con el ex subsecretario de Egresos, hoy titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pérez Jácome, finalmente la subsecretaría aceptó mediante oficios que la SHCP y la ASF acordaron la entrega de ese dinero para fortalecer la capacidad de auditoría.
Si bien desde el punto de vista de la UEC dichos recursos fueron solicitados y entregados en forma irregular, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP le informó a la UEC que el acuerdo se tomó en una reunión con la ASF y que el cargo se hizo “al concepto de gasto 740, Provisiones para Erogaciones Especiales”.
El pasado 25 de enero, la UEC informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que desde el 4 de marzo de 2003 la SHCP aclaró que “no cuenta con atribuciones para emitir autorizaciones presupuestales a la ASF”, por lo que “resulta extraño que Hacienda negocie directamente con la ASF, sin la intervención de la Cámara de Diputados, las adecuaciones de la propia ASF”. Añade que la instancia que debe fortalecer a la Auditoría es la propia cámara.
Esta entrega de recursos del Ejecutivo federal a la ASF “puede traducirse en una indebida intromisión, indebida transferencia de recursos que pudiera violentar su autonomía técnica y de gestión”, reitera la UEC, y destaca que los ingresos entregados “pudieran influir en su independencia de criterio, objetividad e imparcialidad” a la que está obligado el órgano auditor, ya que se encarga de revisar el desempeño de la SHCP, entre otras dependencias.
Por esos motivos, la UEC pide a la Comisión de Vigilancia que haga lo necesario para “preservar de cualquier influencia la autonomía técnica y de gestión de la ASF”.
Conflicto de interés
Otro motivo para que la UEC tenga bajo escrutinio al equipo de Juan Manuel Portal en la ASF es la reciente suspensión de un hombre clave de Portal: Celerino Cruz García, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales.
Según el titular de la UEC, Roberto Michel, el funcionario de la ASF incurrió en “conflicto de interés” al asumir su cargo, ya que su puesto anterior fue el de gerente de Concursos y Contratos de la Subdirección de Operaciones y Proyectos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex), instancia que ahora debe auditar.
Cruz García llegó a la ASF el 1 de julio de 2010. Desde su nombramiento fue impugnado por los diputados Mario di Costanzo, del PT; Marcela Guerra, del PRI, y Estela Damián, del PRD, todos ellos integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados.
El argumento de los tres fue el mismo que el de la UEC: conflicto de interés, ya que en su nuevo cargo Cruz García sería responsable de auditar los contratos que él autorizó en la paraestatal.
El jefe de Cruz García en la ASF, el nuevo auditor especial de Cumplimiento Financiero, Javier Pérez Saavedra, encontró una forma de escabullirse de este señalamiento: ese mismo 1 de julio le pidió que se excusara de participar en la revisión de los contratos de Pemex en los que pudo haber participado. El funcionario impugnado lo hizo, pero de manera genérica, sin especificar en cuáles contratos tomó parte. Aun así, intervino en el análisis de varios expedientes con los que se le relacionaba.
Aunque el caso está clasificado como “información reservada”, Proceso cuenta con varios oficios en los cuales la UEC expone su preocupación por la presencia de Cruz García en la ASF, así como suspicacias por la vehemencia con que el funcionario ha sido defendido por su jefe y por “el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría” (que hoy ocupa Víctor Manuel Andrade Martínez).
En el oficio OTUEC/112/2010, del 30 de agosto, Michel Padilla presentó varios argumentos “de carácter preventivo” para impedir que el servidor público incurriera en alguna falta administrativa. Recordó que faltaba auditar 29 contratos efectuados en 2009 por Pemex, por lo que pedía la total excusa de Cruz García de participar en todos ellos a fin de evitar el conflicto de interés. Michel Padilla señaló que el funcionario “muy probablemente haya intervenido” en muchas inversiones autorizadas para Pemex y que aún estaban por revisarse.
En otro oficio (OTUEC/131/2010) el titular de la UEC recuerda que antes del nombramiento de Cruz García en la ASF, ésta había formulado un pliego de “observaciones sin solventar respecto de operaciones que él había autorizado y firmado”, las cuales alcanzaban un monto de casi 100 millones de pesos.
Como ejemplo, cita el pliego 481/2010, del 23 de junio, por 84 millones 866 mil 722.10 pesos, motivado por la suscripción del contrato de obra pública ROPA04107P del 27 de noviembre de 2007. “Es importante señalar que, de forma por demás extraña, el C. Celerino Cruz García, firmante de dicho contrato, no fue incluido entre los presuntos responsables”, observa el titular de la UEC.
Además, indica que “Cruz García, en su calidad de gerente de Concursos y Contratos de Pemex, originalmente fue señalado por la ASF como uno de los participantes responsables por actos irregulares, plasmándose lo anterior en un pliego de observaciones por 14 millones 425 mil 100 pesos con motivo de la inobservancia en el contrato con clave ETI-2805 S/C 2396, mismo que firmó”.
En el oficio citado, el titular de la UEC dice que a pesar de su nuevo cargo en la ASF y de haberle pedido que no interviniera en este asunto, Cruz García consultó “al director general de Responsabilidades”, “y el servidor público dio respuesta complaciente, revocando lo antes calificado”. Para ello, el director de Responsabilidades argumentó que se había violado el principio de anualidad, ya que las irregularidades corresponden a 2009 y la cuenta que se revisaba era la de 2008. Sin embargo, Michel Padilla subraya que se trata de un contrato plurianual, de
Por si fuera poco, el pliego de observaciones contra Cruz García desapareció de la ASF, y de sus ocho hojas originales sólo una se le ha entregado a la UEC.
Ésta detectó posteriormente que, a pesar de haberse excusado de participar en algunos temas de Pemex, Cruz García suscribió fallos para la adjudicación de contratos a nombre de la ASF para aplicar auditorías de desempeño en la paraestatal, así como auditorías técnicas en las refinerías de Tula y Salamanca.
Michel Padilla sostiene que esto viola la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; advierte que el incumplimiento de ésta “es considerado una conducta grave y se castiga con destitución del cargo”. Por ese motivo, y para evitar que “se cuestionen los resultados de la propia ASF”, la UEC recomendó que Celerino Cruz García se excuse de conocer u opinar sobre todas las revisiones a Pemex.
También provoca sospechas la vehemente defensa de Cruz García por Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero, quien ocupa el segundo cargo más importante en la ASF. En sus oficios, el encargado de la UEC apunta que tanta protección puede hacer pensar que el auditor especial tiene “interés particular sobre el caso… en vez de velar por los intereses de la institución en la que labora y actuar apegado a la legalidad frente a esta unidad”.
Subraya que fue Pérez Saavedra quien desde el día que Cruz García asumió el cargo en la ASF le recomendó que se excusara de algunas revisiones, como si supiera en cuáles contratos había participado.
De auditados a auditores
En el sexenio de Vicente Fox, Javier Pérez Saavedra y Celerino Cruz García trabajaron en la ya desaparecida Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Pemex. Ahí coincidieron con Federico Martínez Salas, quien fue señalado por encubrir un presunto fraude de la empresa Oceanografía en contra del Banco de Comercio Exterior a través de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Entre 2001 y 2005 los tres ocuparon diversos cargos en la citada dirección. En 2004, Martínez Salas fue director corporativo de esa área y se encargaba de todas las inversiones que se hacían en Pemex y sus subsidiarias; Javier Pérez Saavedra era su subalterno, ocupaba la Subdirección de Control de Calidad de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, donde verificaba el control de calidad de las inversiones. Celerino Cruz García dependía de este último, pues era gerente de Concursos y Contratos, y como tal revisaba, autorizaba y firmaba los contratos de inversión.
Martínez Salas dejó la dirección corporativa en 2005 y se fue a la misma área en la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP). Fue entonces cuando se le señaló, junto a otros funcionarios, como facilitador en un fraude que cometió Oceanografía en perjuicio de Bancomext por 23 millones de dólares, para el cual la empresa utilizó falsas facturas de PEP. Finalmente, Martínez Salas se jubiló en diciembre de 2006.
Desde que éste saltó a PEP, Pérez Saavedra abandonó la Subdirección de Control de Calidad y se fue a trabajar como consultor externo. En julio de 2006 ingresó a la ASF como director general de Auditoría Financiera Federal B. Otro amigo suyo lo esperaba en el órgano auditor: Juan Manuel Portal, quien llegó en 2002 como auditor especial de Cumplimiento Financiero.
Portal y Pérez Saavedra ocuparon sendas direcciones en la Secretaría de la Contraloría de la Federación de
Abuso laboral y malos manejos
Jesusa Cervantes
La Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados ha recibido denuncias que involucran a personajes cercanos al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, a quienes se acusa de abuso de autoridad y de presionar a empleados para que presenten su “renuncia en blanco” como símbolo de “lealtad”. Varios de los afectados documentan incluso el contubernio de funcionarios del órgano de fiscalización que lucran con la contratación de capacitadores externos.
El 8 de marzo de 2010, por ejemplo, la subdirectora de Capacitación Externa y Certificación de la ASF, así como el director de Capacitación Externa y de Mejora Institucional, de quienes se omite su nombre a petición expresa, presentaron una queja ante la Unidad de Evaluación contra el jefe del Departamento de Capacitación Externa, Miguel Ángel Montes Mejía.
En su escrito, los inconformes arguyeron que el funcionario había cobrado una “comisión” al personal externo contratado por la auditoría para que impartiera cursos durante 2009. Expusieron que uno de los contratados, de quien se reservan el nombre, les reveló que en mayo de ese año Montes Mejía lo invitó a formar parte de los instructores del Programa Abierto.
Según ellos, el funcionario le comentó al instructor externo que “formaba parte de un despacho” que participaba en ese proyecto; además, le pidió 20% de comisión por cada curso que impartiera. “En todo momento, el funcionario (Montes Mejía) indicó que actuaba con el conocimiento del director general del Icadefis (Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior) de la ASF (José Manuel Gutiérrez Juvera)”.
Al principio, la comisión se entregaba al funcionario de la ASF, pero, de acuerdo con el instructor, el procedimiento cambió cuando su interlocutor le dijo que, como eran varios los que hacían ese pago, le resultaba difícil ver a cada uno de ellos, “por lo que le pidió hacer los depósitos en la cuenta número 0623980747 de Banorte”, pero a nombre de otra persona.
Los denunciantes dicen que su fuente validó su versión al mostrarles las fichas de depósito bancarias, así como los recibos de honorarios expedidos. Los documentos fueron presentados ante los responsables de la Unidad de Evaluación en la querella del 8 de marzo de 2010.
Semanas después, el 28 de abril, la subsecretaria denunciante fue relevada de su cargo por órdenes de Gutiérrez Juvera y se convirtió en “secretaria técnica” de la dirección general del instituto. Ella comenta a Proceso que ese cambio “podría considerarse como una represalia” por haber denunciado las irregularidades.
Tráfico de influencias
Un caso de corrupción similar que implica a Gutiérrez Juvera es el que afecta a otra directiva que fue despedida luego de 21 años de laborar en la ASF. Ella relata que, de manera inopinada, el funcionario comenzó a hostilizarla a partir del 17 de diciembre de 2009 y la relegó de sus funciones en la Dirección de Capacitación y Desarrollo Institucional.
El acoso duró meses. Y el 4 de junio de 2010, Gutiérrez Juvera de plano le comunicó que tenía que dejar su cargo. Además, le pidió que presentara su renuncia en blanco; incluso le dijo que si quería tener una entrada adicional de dinero formara una firma consultora de capacitación.
La afectada presentó una demanda ante la Unidad de Evaluación, en la que relata que cuando Gutiérrez Juvera supo que Portal Martínez iba a ser el nuevo titular de la ASF, “denotó abuso de autoridad dado que en una reunión con el personal el 16 de diciembre (de 2009), en actitud amenazante dijo que habían cambiado las condiciones para él, debido a que es muy amigo del auditor superior de la federación, por lo que podía efectuar cambios y tomar las acciones que quisiera en la dirección general y por tanto esto traería como consecuencia la renuncia de muchos de nosotros”.
También relata que el 18 de febrero de 2010 le entregó a Portal Martínez un escrito en el que detallaba su situación. A finales de ese mes, Gutiérrez Juvera la recriminó; le aseguró que él tenía una amistad de 30 años con el auditor, por lo que, le recalcó, “prevalecería su dicho” y no el de ella. Además, el director del Icadefis le dijo que había acordado su cambio con Portal Martínez.
Antes de pedirle la renuncia directamente, Gutiérrez Juvera le comentó que él podía contratarla como consultora externa; inclusive le propuso que buscara su reubicación en otra área. Si no aceptaba ninguna de las dos opciones, le expuso, la destituirían de su cargo, pues ya tenía el aval del auditor.
En su demanda ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, la funcionaria despedida dijo que no aceptó ninguna de las opciones, por lo que el 4 de junio de 2010 recibió el escrito UGA7079/2010 en el que le comunicaron su cese como titular de Capacitación y Desarrollo Institucional. l
El derrumbe del Faraón
Témoris Grecko
Después de 18 días de masivas protestas y ya sin el apoyo del ejército, Hosni Mubarak renunció el viernes
EL CAIRO.- “¡Mubarak renunció!”
La noticia surgió desde el escenario principal de la plaza Tahrir, donde muchos escuchaban el discurso del vicepresidente Omar Suleiman, y pronto se convirtió en un rugido que barrió la plaza entera y se expandió a las avenidas que irradian de ella.
Eran las 6 de la tarde del viernes 11 y la mayoría de los cientos de miles de egipcios presentes no conocía el detalle de lo que había sucedido con el presidente Hosni Mubarak, quien apenas unas horas antes se aferraba al poder. ¿Lo detuvieron? ¿lo hospitalizaron? o ¿simplemente escapó? No importaba. La explosión de alegría colectiva transmitía claramente el mensaje: Mubarak ya no está.
“¡Somos libres, somos libres!”, se gritaban unos a otros. Algunos elevaban los brazos al cielo y decían “¡Allahu Akbar!” (¡Dios es grande!). Coreaban: “¡El pueblo hizo caer al régimen!”
Jubilosos, exaltados, vivían la experiencia de la libertad, algo que sólo conocían los egipcios que habían viajado al extranjero y que los demás vislumbraban a través de películas y series de televisión.
Durante 18 días, desde que empezó el movimiento el pasado 25 de enero, una gran parte de la población en todo el país descubrió que podía quejarse y discutir sobre asuntos que iban más allá del clima y los problemas familiares.
Las manifestaciones, las reuniones de estudiantes, obreros, campesinos y profesionales –realizadas dentro y fuera de la plaza Tahrir– se convirtieron, por primera vez desde que en 1952 cayó el rey Farouk, en centros de debate. Los egipcios no están acostumbrados a ello y hablan sin escuchar al otro. Su urgencia de manifestar lo que piensan los lleva a detener al extranjero que pasa a su lado. Quieren explicarle lo que sienten.
“Ahora sufrimos de diarrea verbal”, comentó a este enviado un estudiante, medio en broma, medio en serio.
En medio del júbilo –que se expresaba en aullidos, lágrimas, abrazos, saltos, oraciones–, unos pocos se detuvieron a pensar en lo que estaba pasando y en lo que vendría a partir del día siguiente.
El engaño
Mubarak quiso hacer de la terquedad una virtud y abusó del gesto de cortesía que le dispensaron los altos mandos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas: éstos le sugirieron –como lo hizo también el gobierno estadunidense– que renunciara. De hecho, el jueves 10 le permitieron dirigirse al país por televisión para que lo anunciara en sus propios términos.
Pero Mubarak utilizó la oportunidad para hacer un último y casi desesperado intento de seducir a su pueblo, de hablarle con el cariño y la autoridad de un padre frente a sus hijos, incapaz de creer que el rechazo contra su figura fue una de las causas fundamentales que provocó el movimiento popular más amplio y numeroso de la historia de Egipto.
En su discurso de 17 minutos, Mubarak condenó la violencia y prometió justicia a las víctimas de ella. Luego anunció que delegaba el poder ejecutivo al vicepresidente Suleiman. Y ofreció una serie de concesiones: enmendar seis artículos de la Constitución para que el proceso electoral del país se ajustara a las demandas de la oposición; eliminar el artículo 179 de dicha Constitución que concede a las autoridades amplios poderes para realizar arrestos, y abolir la antigua e impopular Ley de Emergencia, “una vez que la vida en el país vuelva a su normalidad”.
Pero no anunció su renuncia como presidente. Dijo que permanecería en el cargo hasta septiembre, cuando fuera elegido su sucesor en elecciones “libres y justas”.
En la plaza Tahrir –centro de la revuelta— muchos de los manifestantes veían en vivo el discurso a través de una pantalla gigante. Ante el anuncio de Mubarak, comenzaron a lanzar sus zapatos (símbolo de repudio) y a gritar “¡Arhil! ¡Arhil!” (¡Fuera! ¡Fuera!)
A su vez, los altos mandos militares se sintieron engañados. El sitio en internet del diario gubernamental Ahram publicó el viernes 11 los comentarios del mayor general Safwat El-Zayat, exdirector de los servicios de inteligencia y quien mantiene importantes conexiones con el ejército.
El-Zayat dijo que tanto el contenido del discurso final de Mubarak como el de otro posterior que dio Suleiman “fueron formulados contra los deseos de las fuerzas armadas, más allá de su supervisión”.
De hecho, desde un día antes –jueves 10– el ejército emitió un comunicado en el que sostuvo que “estaba comprometido con la protección del pueblo, tanto de sus intereses como de su seguridad”. Y añadió que los militares “apoyan las legítimas demandas del pueblo”.
Al mismo tiempo, la televisión estatal divulgó imágenes de una reunión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, presidido por el ministro de Defensa, Mohamed Hussein Tantawi, a la que no acudieron Mubarak ni Suleiman.
Autogestión del caos
Mientras la comunidad internacional –con Washington a la cabeza– presionaba al régimen para que hiciera una transición controlada y el ejército retiraba el apoyo a Mubarak, los manifestantes se preparaban para mantenerse durante muchos días en la plaza Tahrir. La República de Tahrir (que también se puede traducir como república de la liberación), como llaman los entusiastas al inmenso plantón permanente en la plaza que es el corazón de El Cairo y de Egipto, es un caos semianárquico que funciona sorprendentemente bien.
En Tahrir gobierna la autogestión sin dirigentes ni asambleas. El que llega y quiere cooperar busca una bolsa y se pone a recoger basura (esta plaza es uno de los lugares más limpios de El Cairo); se presenta con los voluntarios que estén a cargo de la seguridad para hacerse un lugar entre ellos; examina las tiendas y estructuras de los campamentos o de alguno de los dos escenarios y se pone de acuerdo con otros para arreglar lo que haga falta; da clases de caricatura política o satíricos espectáculos de títeres.
La gente de las clases media y alta reparte comida y bebidas (muchas personas que duermen en la plaza carecen de recursos); otros ofrecen dátiles secos, dulces o té. Un periodista creó un diario en tinta azul llamado Tahrir.
Cada cual elabora sus propios carteles y mantas a mano, con ideas personales; no hay consignas ni repartición de leyendas ideadas por los secretarios de propaganda.
Y corre a cargo de todos, igualmente, la defensa de ese territorio “soberano”: lo mismo frente a las pandillas progubernamentales que fracasaron en su intento de conquistarlo con palos, piedras y balas entre el martes 1 y el jueves 3, que cuando el ejército apostado en la “frontera” trata de mover sus tanques y vehículos blindados para empujar las líneas opositoras, como lo intentó el lunes 7.
El aspecto más impresionante, sin embargo, es la atención médica: detrás del escenario principal, en el pasillo comercial de la planta baja de un edificio, han improvisado una clínica con farmacia atendida por médicos voluntarios –como Salma Khan– para tratar los casos urgentes antes de canalizarlos a los hospitales. Además hay cuatro puntos de primeros auxilios en los alrededores de la plaza.
No hay intervención de las organizaciones políticas tradicionales (desde el histórico partido liberal Wafd hasta los Hermanos Musulmanes) que han tratado de mantener un perfil bajo porque la mayoría de participantes de este movimiento –originalmente convocado por jóvenes activistas a través de Facebook– es gente sin afiliación y celosa de su independencia.
El domingo 6 la revolución recordó a sus muertos. Fotos de algunos de los caídos aparecieron en grandes mantas y en periódicos. Jóvenes que ya no están. Son cadáveres con huellas de la saña con la que los asesinaron.
Al mediodía del miércoles 9 Human Rights Watch, siguiendo una metodología estricta de visitas a hospitales y morgues y de entrevistas con médicos y ambulantes, había documentado 302 víctimas mortales. Algunos creen que son muchos más. Todos ellos son razones para no transigir.
“Hitler asesinó a los judíos. Mubarak, tú a tu propio pueblo. Hitler se suicidó. ¿Por qué no haces lo mismo?”, rezan varios carteles.
Interrogantes
El viernes 11, mientras las manifestaciones en todo el país superaban en asistencia a todas las anteriores y las huelgas de trabajadores y estudiantes se multiplicaban en el país, los militares forzaron a Mubarak a subir a un avión y hacer el escape ignominioso que él quiso evitar.
A las 6 de la tarde, Suleiman hizo el anuncio consecuente en un discurso transmitido en vivo por televisión estatal: “Ante estas difíciles circunstancias que atraviesa Egipto, el presidente Hosni Mubarak decidió abandonar su cargo de presidente de la República y encargó al alto Consejo de las Fuerzas Armadas que administre los asuntos del país”, informó el vicepresidente.
No quedó claro cuál será el papel del propio Suleiman, quien –a decir de los analistas– era el sucesor natural del régimen.
Pero tampoco la población conocía qué clase de gestión pretenden hacer los militares. ¿Tolerarán que los manifestantes sigan actuando o tratarán de forzarlos a irse a casa? ¿Qué papel tendrán los partidos de oposición? ¿Cederán ante la demanda de desmontar el régimen –del que el ejército es precisamente el pilar principal– o buscarán imponer un mubarakismo sin Mubarak?
“Esto no es la libertad todavía”, comentó Ahmed Nasef, un estudiante de ciencias políticas y activista de la revolución, un poco molesto porque la pregunta era una ducha de agua fría en medio de la fiesta.
“Hace falta disolver el Parlamento (integrado el año pasado en comicios fraudulentos), levantar el estado de emergencia, reformar la Constitución y organizar elecciones libres. Y todo esto lo tienen que llevar a cabo civiles, no generales”, señaló Nasef.
De inmediato, pidió al reportero: “Pero mañana veremos eso. Ahora ¡déjame celebrar!”
“Sospechosos”
Témoris Grecko
EL CAIRO.- Entre la “República de Tahrir” y el resto de Egipto hay una frontera con una doble o triple línea de control en cada punto de acceso: son filtros donde los voluntarios piden identificaciones y vigilan que no entren armas.
Cuando aparece un extranjero se le interroga: “¿Has estado alguna vez en Israel, Jordania, Líbano o Irán? ¿Eres periodista?” La respuesta afirmativa, un sello de esos países en el pasaporte o el hallazgo de una acreditación de prensa, provoca que la persona sea entregada a los militares.
Cuando eso ocurre, el sujeto se convierte en sospechoso de manera automática. Asimismo, los soldados les hacen la vida difícil a los reporteros; los interrogan y a veces les retienen su equipo de trabajo, como cámaras, micrófonos, grabadoras y laptops.
Desde el martes
Dentro de la plaza los extranjeros son fotografiado o videograbados por decenas de personas. No se sabe si éstas son simpatizantes del movimiento o espías del régimen. En ocasiones se acercan, a veces con amabilidad egipcia y otras de manera agresiva, a preguntar nacionalidad y motivos de su presencia.
“Esto es un movimiento egipcio y los de fuera tienen que mantenerse al margen, ¡Egipto para los egipcios!”, argumentan. Otros, después de verificar que el extraño no es ciudadano de un país sospechoso, tratan de explicar más cortésmente su actitud: “Hemos visto en la televisión que extranjeros están tratando de apoderarse de la revolución”.
Hostigamiento
Hasta antes del viernes 11 –día en que Mubarak renunció– las pantallas oficialistas afirmaban que a cada manifestante le pagaban 200 euros y le regalaban una caja de pollo KFC a cambio de su participación. La gente se burlaba de eso en la plaza: hay quien repartió fragmentos de papel periódico y pan de pita gritando “aquí están tus euros y tu pollo Kentucky”.
Ante la acusación de que los alzados obedecían a una “agenda extranjera”, un hombre caminaba con un cartel que decía “Aquí está mi agenda extranjera”, y mostraba un cuaderno rojo en el que se leía “Year
“Si les da risa que la tele diga que nos pagan por estar aquí, ¿por qué le creen cuando afirma sin pruebas que los extranjeros nos manipulan?”, arguyó una joven con jiyab (velo) verde.
Los reporteros internacionales comentan, sin embargo, que Midan Tahrir es “el lugar más seguro en El Cairo para un periodista”. La mayoría de los manifestantes es amigable. Muchos de ellos se acercan a los reporteros para agradecer que su lucha sea llevada al mundo y les dicen: “Aquí están bien, siéntanse seguros”.
Porque afuera, “en Egipto”, es otra cosa. Los grupos de malhechores, policías de civil y algunos simpatizantes gobiernistas estaban a la caza de periodistas y extranjeros.
A Mixalis Aidan, un turista chipriota que llegó el miércoles 2, lo interceptaron en un taxi cuando viajaba del aeropuerto a la ciudad; lo sacaron del vehículo para entregarlo a unos soldados, quienes lo retuvieron dentro de un tanque por siete horas.
“Me detuvieron cuando no estaba trabajando y no tenía ni una cámara”, dice Marion Touboul, una periodista francesa de 25 años. “Un tipo con aspecto siniestro pidió ver mi pasaporte y respondió mi teléfono cuando sonó. Era mi novio y le dijo que estaba herida, que viniera por mí cuanto antes. También lo apresó y a los dos nos vendaron los ojos”. Estuvieron detenidos durante ocho horas.
Hasta el lunes 7, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) había documentado 140 casos de ataques directos contra periodistas locales e internacionales, e investigaba varios más. Entre los lesionados hay heridos de bala y de puñal; otros ha sufrido golpizas y persecuciones. Una treintena de reporteros fue acosada por una multitud dentro de un hotel.
Muchos reporteros han sufrido detenciones, secuestros, robo de equipo y amenazas de muerte. Este calvario no estaba reservado únicamente para los periodistas internacionales: el viernes 4, el camarógrafo egipcio Ahmad Mohamed Mahmou falleció a consecuencia del disparo que días antes recibió de un francotirador. l
Contra la censura a Carmen Aristegui
Una radioescucha suprimirá MVS, como lo hizo con W Radio
Señor director:
En Proceso 1628, del 13 de enero de 2008, gentilmente se publicó mi opinión respecto a la salida de la periodista Carmen Aristegui de W Radio. Me parece irreal y humillante que de nuevo tenga que externar mi malestar por la censura de que fue objeto esta vez por otra empresa que en mucho debe a ella los niveles de audiencia nacional que tiene.
En esta ocasión argumentan un código de ética no respetado y la negativa de Carmen a ofrecer una disculpa pública por emitir una opinión o, como ellos dicen, por difundir “rumores como noticias”. ¿Y cuál es la ética de esa empresa entonces? ¿Aquella que está en función de la renovación de las concesiones de sus estaciones? ¿O aquella que avala las acciones erradas que este gobierno de pacotilla ejecuta y que tienen al país no sólo de rodillas, sino destrozado; con miles de hombres, mujeres y niños en la miseria, huérfanos, secuestrados, emigrantes, idiotizados por la televisión, con educación pública mediocre, mal alimentados, muertos?
Bien lo dijo Edgardo Buscaglia en una entrevista que concedió a Carmen cuando Proceso se vio afectado por Televisa al difundir las declaraciones de un testigo protegido (Sergio Villarreal, El Grande) en el sentido de que el reportero Ricardo Ravelo presuntamente recibió una compensación económica.
Aquellos periodistas que se atreven a denunciar u opinar sobre las acciones de los funcionarios que detentan el poder (Calderón en este caso) son asesinados, desaparecidos, despedidos o, en el mejor de los casos, neutralizados en su labor. ¿Dónde está entonces la libertad de expresión?
La emisora MVS Radio no tuvo ni tendrá suficiente ética y valentía para defender a sus trabajadores, y no entendió que lo menos que se puede esperar del gobierno es que aclare oficialmente el estado de salud de quien nada más y nada menos está dirigiendo al país.
En aquel 2008 prometí no volver a sintonizar W Radio y lo cumplí. Hoy sacaré de la frecuencia radiofónica y de mi memoria a MVS y todo lo que tenga que ver con ella. Es lo menos que puedo hacer.
Carmen, con la frente en alto y llena de orgullo, seguirá dando pasos firmes en pos de lo que cree que es su deber como periodista y como ciudadana con conciencia. Nosotros ¿qué haremos? Nada. Sólo bajar nuestra propia frente y seguir callados. ¡Qué vergüenza! ¿Cuánto tiempo más durará todo esto?
Atentamente
Rosa María Romero Cervantes
roma_cervantes@yahoo.com.mx
“Atropello” en el INBA contra un montaje de danza
Señor director:
Hace tres semanas, 15 bailarines profesionales de danza contemporánea y danza española fuimos reunidos bajo la tutela de la maestra Pilar Urreta para trabajar en el montaje de la ópera La vida breve, del compositor Manuel de Falla, obra que se estrenará el 13 de febrero en el Palacio de Bellas Artes bajo la dirección escénica de Horacio Almada.
Desde mediados de enero el elenco, la coreógrafa y personal de apoyo estuvimos trabajando en el desarrollo de una propuesta dancística contemporánea que sería parte sustancial del montaje de la Compañía Nacional de Ópera y diferente a la primera versión de La vida breve que dicha agrupación presentó años atrás.
A una semana del estreno, a un par de días del primer ensayo pre-general, y con las danzas prácticamente terminadas, revisadas y avaladas por el director escénico, éste nos informó que las danzas no se bailarían porque una parte del coro del Palacio de Bellas Artes no estaba de acuerdo con el montaje dancístico contemporáneo y prefieren reproducir (ad-infinitum) las danzas españolas de la primera versión escénica a cargo del maestro Juan Ibáñez.
Aunque no sorprende ya que un grupo de cantantes apoyados por su sindicato –poderosísimo– tenga la facultad de decidir sobre un montaje operístico, coral, musical, dancístico a gran escala, cabe preguntar: ¿Cuándo adquirió la facultad de decidir sobre la visión y la propuesta estética de un director escénico bajo el cual debería descansar la responsabilidad del producto final? ¿Cuándo las instituciones culturales comenzaron a descomponerse y dejaron el poder de las decisiones en agrupaciones cuyos argumentos carecen de fundamento artístico? O bien: ¿Quién traicionó el proyecto inicial y su propia postura estética?
En primera instancia, considero que nuestro trabajo como bailarines ha sido, nuevamente, atropellado. Nos han “sacado” de la obra y nos han sustituido por un nuevo elenco de bailarines –como piezas intercambiables– sin darnos mayores explicaciones cuando nuestro trabajo estaba prácticamente terminado y en vías de pulirse para llegar brillante a los ensayos generales…
En segundo lugar, resulta lamentable que las opiniones basadas en el gusto personal de una parte del coro estable del Palacio de Bellas Artes no se tomen en su justa medida y se conviertan en decisiones irreversibles que descalifican, descomponen y dejan fuera nuestra creación dancística, a partir de determinaciones infundadas que, en definitiva, pasan sobre la figura del director escénico y anulan su propuesta cuando él debía tener la última palabra y no la hizo valer.
Que quede muy claro: el público que vaya este domingo 13 de febrero o en funciones subsecuentes al Palacio de Bellas Artes a ver La vida breve con la Compañía Nacional de Ópera no verá ni al grupo de bailarines elegido en audiciones ni el montaje dancístico original que se pensó y se creó durante semanas enteras para dicha representación; se perderán de una interesante propuesta dancística a cargo de la coreógrafa Pilar Urreta, quien defendió el trabajo hasta sus últimas consecuencias con enorme honestidad, profesionalismo, solidaridad y amor.
Los argumentos esgrimidos para sacarnos de la obra, además de ser muy poco transparentes, no tienen validez, no se sustentan en ninguna postura estética o artística y resultan injustos. Alguien faltó a sus principios de ética profesional: que el público y su profesión se lo demanden. (Carta resumida.)
Atentamente
Mariana Landa Redondo
Bailarina del ensamble dancístico
para la ópera La vida breve
Reaparece mujer desaparecida
De José Velasco Oliva
Señor director:
En Palabra de Lector de Proceso 1786, del pasado 23 de enero, se sirvieron publicar una carta sobre la desaparición de mi hija Brenda Virginia Velasco Ciprés en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Pues bien, tres días después, el 26 de enero, mi hija apareció en la Cruz Verde de Zapopan, con algunas lesiones pero con vida, gracias a Dios, después de cumplir 23 días desaparecida, que para su familia significaron 552 horas de angustia, incertidumbre e impotencia.
Ahora que ha vuelto algo de tranquilidad a nuestro hogar, deseamos expresar nuestro profundo reconocimiento a Proceso –que sí nos escuchó y nos brindó el espacio de publicación con prontitud–, así como a todas las personas que intervinieron para que la reaparición de mi hija fuera posible. Esto no se paga con nada en este mundo.
Pero es necesario señalar también que mi hija desapareció y apareció sin que las autoridades de Jalisco hayan hecho nada para buscarla. Aunque levantamos el acta correspondiente, jamás tuvimos un citatorio, ni una llamada telefónica ni un correo electrónico de parte de las mismas, lo que demuestra que a las autoridades no les interesó la vida de mi hija ni la de todas las personas que, en el estado, se han encontrado en las mismas circunstancias. No les importa el pueblo al que supuestamente sirven. Sólo les interesan sus acuerdos partidistas, sus componenda$ amigable$ y la imagen que quieren proyectar en cada momento como les convenga.
Coincido con las palabras del señor Alejandro Martí: “Si no pueden, que renuncien”, y agrego: Si no saben, que no se comprometan. Pero que no vengan a decirnos que se debe impulsar la “cultura” de la denuncia, porque yo, con conocimiento, diré: ¿Para qué?
Que tampoco digan que Jalisco es un estado seguro, porque si algo sucede, nada hacen ni el gobernador ni el procurador, por su nulo compromiso con la sociedad civil.
Reitero: Gracias, Proceso.
Atentamente
José Velasco Oliva
Sobre Samuel Ruiz, la palabra perdida
Señor director:
Quiero felicitar a Javier Sicilia por su escrito
homenaje titulado Samuel Ruiz, la palabra perdida, que se publicó en Proceso 1788. Se trata de una palabra viva, encendida, reconocida por una lectora que la acoge y hace suya.
Esa palabra no se pierde, pues con sus reflexiones Sicilia nos acerca a su alma, que con humildad y coherencia se cuestiona ante la vida de un hombre que supo ser congruente e hizo vida comprometida con Dios y con los pobres.
Hace algunos años, con la insolencia que dan los pocos años de juventud, reté a una tía que entonces buscaba sermonearme:
“Si quieres que tus palabras me lleguen y aconsejen, deja que tu vida me mueva… y permite que tu consejo yo busque. De nada me sirven tus palabras si no hay un ejemplo que me arrastre…”
Y este escritor, con miedo a que se pierdan las palabras y/o el testimonio que lo sacudió y le llegó de don Samuel, logra acercarnos a su vida y a sus reflexiones… Y ni la vida de don Samuel ni las palabras del escritor se pierden. Al contrario: a mí dicho artículo me llegó al alma, y lo agradezco porque ese nivel de análisis nos eleva como personas y nos lleva a buscar lo mejor de nosotros mismos.
La situación política, cívica y social que hoy vive nuestro México exige que utilicemos palabras que nos dignifiquen, que nos unan y que nos inviten a dar lo mejor que tenemos. La vida de don Samuel nos debería cuestionar a todos… y su ejemplo debiera empujarnos a buscar sus palabras y a hacerlas vida en el entorno de cada quien.
Felicito igualmente a Proceso por publicar tal reflexión sobre don Samuel.
Atentamente
María del Pilar Treviño de González
Carmen Aristegui: ¿qué hacer?
Miguel Ángel Granados Chapa
Una vez más Carmen Aristegui ha sido arrojada fuera del circuito radiofónico. La coartada que esta vez sirvió para que MVS resolviera separarla partió de un hecho cuyo alcance y significado admite diversas interpretaciones pero que tenía importancia noticiosa: un escándalo en la Cámara de Diputados por un señalamiento de legisladores de la oposición al presidente de la República. La periodista, al presentar el suceso en su emisión del viernes 4 de febrero, situó en un contexto necesario el mensaje de los impugnadores del presidente y concluyó con una pregunta y una petición: ¿Hay problemas con el modo de beber del presidente? Sería sano que Los Pinos lo aclarara.
La Presidencia lo negó el miércoles 9 de febrero, ya tarde. El secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, dio respuesta a la interrogante de la aguerrida pero sobre todo inteligente periodista. Bastó que describiera la laboriosidad presidencial, lo apretado de su agenda, su diligencia notoria, atestiguada por toda suerte de personas que lo han visto pleno de salud. Lo que pudo decirse el viernes mismo se aplazó hasta cinco días más tarde, cuando ya se habían amontonado los acontecimientos: Carmen Aristegui no condujo su emisión matutina en el 102.5 del cuadrante capitalino de FM; se generó una vastísima, multitudinaria protesta en las calles y en las redes sociales, y la periodista, al sentar su posición, anunció estar dispuesta a retomar el micrófono (ella dijo que el lunes 14, lo que sería simbólico, aunque podría ser otro día próximo) si se lavaba su nombre, ensuciado por la afirmación de que rompió el código de ética al presentar como noticia un rumor.
A pesar de que la dignidad de Carmen Aristegui la condujo a poner muy alta la cota de actitudes a tomar, los protagonistas del suceso respondieron al acicate que resultó de su mensaje. La Presidencia, que había negado tener que ver con el despido de la periodista (pero que cándidamente aceptó que la concesionaria le dio cuenta de lo ocurrido, lo cual sólo es comprensible como si se le ofreciera una satisfacción), produjo el informe sobre la agenda presidencial, de cuyo conocimiento se desprende que Felipe Calderón goza de cabal salud. Y MVS, en vez de rechazar la disposición de su estrella hasta el viernes anterior (que estaba en ascenso, cada vez con más estaciones interesadas en repetir el noticiario), sólo anunció que tomaría decisiones en los próximos días.
En la noche del jueves 10, cuando se escriben estas líneas, esa era la situación. Cabe esperar una rectificación y que Carmen vuelva al aire la próxima semana, no necesariamente el lunes, si su reputación queda a salvo. Parece haber quedado claro que el episodio generó sólo pérdidas para todos, que son remediables con buena voluntad (tener presente la cual no es por fuerza candor pueril).
Pero todos, y no sólo Carmen Aristegui, debemos pensar en qué hacer. Todos, digo, porque el problema laboral de la periodista no es sólo un problema laboral, sino un desgarramiento en el tejido social, tan en mal estado por el amontonamiento de crisis que padece nuestro país, en medio de las cuales es imprescindible la información y el análisis, al mismo tiempo lúcido e independiente que ejerce Carmen Aristegui.
Algunos pasos en la solución que todos debemos generar le corresponden a ella directamente, por supuesto. Si no se concretara el entendimiento sugerido por las posiciones de las partes, queda a la periodista el camino legal para buscar su reinstalación. Ella y MVS firmaron en enero de 2009 un contrato cuyos términos tal vez fueron violados por la empresa. Es que, anexo al contrato, forma parte de la relación profesional el código de ética al que se refirió la concesionaria, pero que incluye un mecanismo que dejó de observarse en la actitud empresarial. Cuando una de las partes juzgue que se ha violado el código, ha de acudir a un árbitro cuya actuación está prevista en los propios documentos, nombrado con la aquiescencia de las partes y cuya labor consiste en determinar si se violó el código y el modo de enmendar su vulneración, que ni por asomo incluye la ruptura laboral. Aunque la ruina de José Gutiérrez Vivó se gestó en amplia medida en la lentitud y lenidad de los tribunales, que bendijeron o fueron incapaces de impedir el abuso del Grupo Radio Centro, una vía a la mano, si no se recapacita, es el ejercicio de acciones legales.
Otra vía a recorrer, de difícil trazo y práctica aún más complicada, consiste en que la sociedad que ahora airada protesta se organice en torno de Carmen para dotarla de los instrumentos propios de su trabajo. Lo propuse cuando en enero de 2008 los grupos Prisa y Televisa la despidieron de XEW. Se trata de aprovechar la movilización que crece a causa de esta nueva arbitrariedad para constituir una sociedad anónima en que miles de accionistas integren un capital suficiente para emprender tareas de comunicación electrónica. Claro que el gobierno que irritado reprime a Carmen no le facilitará un acceso de este género. Pero sin dejar de intentar que la sociedad mercantil imaginada adquiera su propia concesión, es de investigar la posibilidad de tomar en arrendamiento tiempos en emisoras carentes de programación propia que obtienen ganancias vendiendo tiempo a adquirentes responsables de los contenidos. La producción radiofónica así lograda debería encontrar salidas paralelas y simultáneas en internet y otras formas de conexión. No es ciertamente una empresa sencilla, pero otros lances de represión editorial encontraron en esta vía el camino para su construcción. Es muy difícil, pero no imposible.
Pensemos también en que Carmen tenga acceso a canales de difusión públicos, como Radio UNAM. Cuando en 2008 la periodista fue despojada de su micrófono se exploró esa posibilidad, también difícil de concretar porque técnica y financieramente las frecuencias universitarias no están habilitadas para la competencia comercial. Pero si fuera preciso, es posible imaginar fórmulas que con respeto pleno a la legislación universitaria permitan, a través de asociaciones civiles y aun sociedades mercantiles no lucrativas, la presencia de una voz libre como la de Carmen en el espacio universitario.
Fórmulas de la misma naturaleza se pueden poner en práctica en canales de difusión que existen sólo virtualmente ahora y que podrían aprovechar la experiencia y el talante profesional de Carmen. Por sólo aventurar ejemplos, puede pensarse en el canal digital de televisión concesionado por la Cofetel al gobierno de la Ciudad de México o el permiso para operar una radioemisora a la Universidad Autónoma Metropolitana. La estipulación de condiciones claras para una tarea conjunta en que los intereses de las partes queden escrupulosamente protegidos, y los de la periodista a salvo de coyunturas políticas, sería una fórmula que daría sentido desde el principio a esas iniciativas de difusión que no se han echado a andar.
Muchas otras personas tendrán sin duda muchas otras ideas sobre cómo trascender de la cólera civil a la práctica de una comunicación democrática. Lo importante es que el pasmo no nos venza y superemos la etapa de la neurosis contemplativa y la denuncia flamígera.
Algo, mucho, tendremos que hacer. l
Censura y autoritarismo, vigentes
Jesús Cantú
Aún hoy, cuando todos los presidentes latinoamericanos (excepto el de Cuba) arriban por la vía electoral, son muy pocos los países que cuentan con el diseño y la fortaleza institucionales que inhiban las manifestaciones de los afanes autoritarios de sus mandatarios. (Entre ellos destacan Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay.) En otros casos, dicha institucionalidad logra al menos limitar tales expresiones mediante el Congreso o el Poder Judicial. (Sobresalen Ecuador, Bolivia y Colombia.) En otros más, como Venezuela, el presidente logra la anuencia de los otros dos poderes para ejercer potestades extraordinarias y reelegirse sucesivamente. Y en algunos, como en el caso de México, permanece todavía intacta la institucionalidad construida durante el autoritarismo, y, por lo mismo, simplemente se utilizan los poderes para aplastar a los opositores en los hechos.
Entre los casos en los que el Congreso ha logrado detener los afanes reeleccionistas de los presidentes se encuentran Bolivia, donde la condición para aprobar un referéndum fue que Evo Morales únicamente accediera a una reelección; y Ecuador, donde Rafael Correa también pudo extender su mandato a 10 años, mediante una reelección.
Mención aparte merece Colombia, porque allí fue la Corte Constitucional la que impidió la segunda reelección de Álvaro Uribe. El entonces presidente logró en el 2005 el apoyo del Congreso y el aval de la Corte Constitucional para reformar la Constitución con el fin de reelegirse por una única ocasión; pero en 2009 consiguió que un Congreso a modo aprobara otra enmienda para poder reelegirse nuevamente. Sin embargo, una Corte con ocho nuevos magistrados echó por tierra sus aspiraciones, al declarar inconstitucional dicha reforma en marzo del 2010.
En los últimos tres casos funcionó la división de poderes, y el Congreso y la Corte contuvieron la vocación autoritaria de los presidentes. Al respecto, el politólogo italiano Giovanni Sartori señala que las instituciones no pueden hacer milagros, pero que es muy difícil que tengamos buenos gobernantes sin buenos instrumentos de gobierno. Y en México se conjuga una cultura política autoritaria con una institucionalidad también autoritaria, debido a lo cual las expresiones del viejo régimen afloran cotidianamente y la construcción de la democracia se vuelve tarea titánica.
La permanencia de la cultura política autoritaria se manifiesta claramente en encuestas como Latinobarómetro, donde el reporte del 2010 muestra cómo el índice de democracia (construido a partir del apoyo a la democracia y la conciencia de la importancia de los partidos políticos y el Congreso para su existencia) presenta un balance negativo de 10 puntos para el caso mexicano; o el hecho de que 44% de los mexicanos apoyarían en alguna circunstancia un gobierno militar.
Y, por otra parte, prevalecen casi intactas las instituciones construidas durante los 70 años del priiato, con las que se ha buscado soportar el ejercicio arbitrario y discrecional del poder, así como las leyes lo suficientemente ambiguas e imprecisas como para permitir a la autoridad aplicarlas lo mismo para sancionar que para premiar, exactamente en las mismas circunstancias.
Eso fue precisamente lo que sucedió con la legislación en materia de inversión extranjera en radio y televisión, en los casos de la sociedad de Televisa Radio y el grupo español PRISA y el Canal 40 y GE Capital. En el primero, la normatividad vigente permitió construir su alianza; y en el segundo, impedirla. El criterio no fue jurídico, sino la condescendencia de los actores interesados con el gobernante en turno; así, en un caso se aplicó “gracia y justicia”, y en el otro, “la ley a secas”.
El hecho es que los soportes que permitieron al PRI sobrevivir durante tantos años siguen presentes y, sobre todo, activos a lo largo de estos 10 años de gobiernos panistas. En consecuencia, el ejercicio autoritario del poder persiste.
Para hablar nada más de las evidencias incontrovertibles en torno a los medios de comunicación: Vicente Fox permitió que TV Azteca le arrebatara ilegalmente la concesión de Canal
Calderón mantuvo dicho ejercicio, y para muestra basta recordar la denuncia del periodista José Gutiérrez Vivó de que desde la oficina de Comunicación de la Presidencia de la República le advirtieron que estaba castigado hasta que demostrara un buen comportamiento; la decisión de Gobernación de no distribuir un programa del Frente Amplio Progresista donde se difundía la toma de posesión del presidente legítimo; la falla técnica que evitó transmitir en vivo el mensaje de Ruth Zavaleta, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuando se disponía a abandonar la sesión del Congreso en la que el presidente Felipe Calderón entregaría su Primer Informe Presidencial; el despido de Carmen Aristegui de W Radio, en enero de 2008; y un año después, la denuncia de Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, acusando a Calderón de las acciones judiciales en su contra emprendidas por la empresa gasera Grupo Zeta.
Esto, sin tomar en cuenta el uso discrecional que se hace del presupuesto para la compra de la propaganda del gobierno federal, en el que obviamente se deja fuera a todos los medios de comunicación críticos.
A todos estos antecedentes se suma el hecho de que el mismo lunes 7 de febrero la vocera de la Presidencia de la República, Alejandra Sota, reconoció que la empresa MVS les comunicó desde el domingo, antes que a su audiencia, el despido de Carmen Aristegui; la denuncia de la misma periodista de que “no hay razón técnica, jurídica ni económica que hoy no esté satisfecha” para que la autoridad federal retrase (lo que ya ha hecho durante cinco años) la decisión que le permitiría a MVS Comunicaciones desplegar “una red de ancho de banda para internet que compita con los grandes conglomerados”; la vigencia de una normatividad que permite la absoluta discrecionalidad del Ejecutivo para otorgar, refrendar o revocar las concesiones en materia de telecomunicaciones, y la designación en la presidencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de un incondicional del presidente, precisamente para asegurar el control de dicho ejercicio discrecional.
Por todo esto y porque la información u opinión de la discordia involucraba directamente al presidente Felipe Calderón, es prácticamente imposible desmontar la idea (cierta o falsa) de que fue la Presidencia de la República la que presionó para que Carmen Aristegui se disculpara públicamente y para que, si no aceptaba, fuese despedida.
Hoy, el problema es el mismo que prevalece desde hace ya casi un siglo: la ausencia de una institucionalidad que permita frenar la vocación autoritaria de los gobernantes mexicanos, y a los periodistas, defenderse de dichos atropellos y/o de los de algunas de las empresas de comunicación mexicanas. Si existiera una legislación que impidiera el manejo discrecional de las concesiones de telecomunicaciones, el debate sobre los atropellos del presidente a la libertad de expresión, al menos en este caso, ni siquiera hubiera podido iniciarse; pero su ausencia y los precedentes ya citados arrasan con cualquier aclaración oficial. l
No más guerra
John M. Ackerman
En solidaridad con Carmen Aristegui, voz de la libertad.
Más que el hueco, amnésico y falaz anuncio de Felipe Calderón sobre el fin de la “guerra contra el narcotráfico”, hace falta ponerle fin a esta absurda estrategia en la práctica. Una guerra no tiene otro objetivo que aniquilar a las fuerzas “enemigas”, que en este caso son los cientos de miles de jóvenes sin oportunidades que hoy engrosan las filas de los cárteles de la droga.
Es muy indicativo el lastimoso papel del vocero, Alejandro Poiré, quien inmediatamente después de cada matanza declara que ella ha sido un indicador más del “éxito” de la estrategia gubernamental. Pero lo verdaderamente grave es que, estrictamente hablando, el vocero tiene razón. Los 35 mil muertos en el sexenio no han sido “daños colaterales”, sino justamente el objetivo principal de una estrategia gubernamental que más pareciera ser de “limpieza juvenil” que de combate al narcotráfico. La insistencia con tanto ahínco en que 90% de los ejecutados supuestamente estaban “vinculados” al narcotráfico, precisamente cumple el propósito de convencer a la opinión pública de que merecían morir y de que la guerra es “justa” al final de cuentas.
Las propuestas para una modificación táctica de la “lucha por la seguridad pública” son abundantes. En lugar de la fuerza bruta, se dice que habría que atacar financieramente a los cárteles, mejorar la investigación policiaca, reformar el sistema judicial, aumentar la participación ciudadana y combatir la corrupción gubernamental, entre otras acciones. Todas estas iniciativas son desde luego muy loables. Sin embargo, para que verdaderamente hubiera alguna posibilidad de que tengan éxito es necesario que se acompañen de una modificación general de la estrategia que engloba la acción gubernamental.
Concretamente, habría que invertir las prioridades en materia de seguridad pública. Para empezar, se debe reducir la atención al transporte de estupefacientes hacia Estados Unidos ya que, estrictamente hablando, este delito no hace daño alguno a la población mexicana. Así como los políticos estadunidenses se niegan a regular la venta de armas de asalto porque no perciben el daño que ello genera en su propio país, México debería reducir al máximo la persecución del delito de trasiego de drogas. Esta decisión inmediatamente liberaría cuantiosos recursos que podrían ser utilizados para combatir los delitos más dañinos para la sociedad mexicana, como el secuestro, el homicidio, la trata de personas y la corrupción gubernamental.
Los mexicanos simplemente tendrían que rehusarse a pelear una guerra que corresponde a los estadunidenses. En lugar de sacrificar a la juventud mexicana para evitar que la droga llegue a los consumidores estadunidenses, habría que proteger e invertir en nuestras nuevas generaciones. Esto es, me parece, la propuesta central de la válida y urgente campaña de “No + sangre”.
Es cierto que formalmente, en un sistema “inquisitivo” de derecho penal como el nuestro, los ministerios públicos y policías tienen la obligación de perseguir todos los delitos, sin distingo. Sin embargo, ya hemos iniciado el tránsito hacia un sistema “acusatorio” donde la prosecutory discretion (discrecionalidad persecutoria) forma una de sus columnas vertebrales. Asimismo, grandes penalistas, como Mirjan Damaska, han documentado cómo aun en sistemas inquisitivos también existe un amplio margen de discrecionalidad para la persecución de delitos. La sorprendente inacción de la PGR en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos es sólo el ejemplo más evidente.
Más que obedecer los dictados del gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano tendría que seguir el modelo del vecino del norte. Las autoridades estadunidenses no hacen mayor cosa para combatir el tránsito de droga dentro de su propio territorio. No hay retenes militares, ni decomisos importantes, ni necesidad de pelear por los “territorios”. La droga fluye libremente en el país vecino, y los ocasionales operativos que tienen lugar casi nunca derraman sangre o generan “bajas colaterales” expresadas en muertes de niños inocentes. Asimismo, el consumo de mariguana, fuente de 50% a 75% de las ganancias de los cárteles mexicanos, es legal en una docena de estados de EU.
Resultan por ello hipócritas y engañosas las declaraciones de Janet Napolitano, quien ha amenazado con “aplastar” a los cárteles mexicanos si trasladan “su violencia” al otro lado de la frontera. La violencia y el descontrol en México son el resultado directo de la errada estrategia impuesta por Washington. En Estados Unidos existe relativa paz, no porque los narcotraficantes teman la respuesta del gobierno, sino por todo lo contrario. En EU no se derrama sangre porque las autoridades son sumamente permisivas con el tránsito y el consumo de drogas. También llama la atención que en su reciente comparecencia ante el Congreso, Napolitano hablara explícitamente de la “estrecha colaboración” de su país con Calderón en la “guerra” contra los narcotraficantes.
Por otro lado, también resulta muy arriesgada la propuesta del destacado experto Edgardo Buscaglia en el sentido de incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones “terroristas” de las Naciones Unidas. Si bien ello podría tener el efecto práctico de un rápido aumento en la colaboración internacional para controlar las finanzas de estos grupos, la reclasificación propuesta también fungiría como la coartada perfecta para consolidar y aumentar la fallida estrategia de “guerra” contra el narcotráfico en México. Asimismo, se abriría la puerta de par en par para una eventual utilización de tropas estadunidenses en territorio mexicano, tal y como lo sugirió la semana pasada el subsecretario de Defensa estadunidense, Joseph Westphal.
Si Calderón realmente busca emprender una “lucha por la seguridad pública” y no una “guerra”, tendría que dar prioridad a la construcción de la paz social y el estado de derecho. Desde luego, no sería adecuado “pactar” con los narcotraficantes, y mucho menos ceder la plaza a los criminales, pero sí priorizar la protección de nuestros ciudadanos. Es hora de dejar de ser carne de cañón en una guerra impuesta a México desde Washington, y en la que hemos derramado ya mucha sangre inocente, que amenaza con destruir por completo el tejido social y corroer aún más nuestras instituciones. l
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