Acontecer Diario

Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®

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Domingo 29 de agosto de 2011

 







SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA










Colaborador Invitado / FCPyS: seis décadas






A 60 años de su fundación, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales forma a casi 2 mil alumnos anualmente






Colaborador Invitado






(28 agosto 2011).- Fernando Castañeda Sabido


Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.










El 9 de julio de 1951 inició su formación la primera generación de estudiantes de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Se esperaba que se inscribieran entre 30 y 40 estudiantes y la matrícula fue de 142. La mayoría de ellos (80) se inscribieron en la licenciatura en Ciencias Diplomáticas.






El 8 de agosto de 2011 inició sus estudios la generación 2012 con una matrícula de mil 930 alumnos, siendo la licenciatura en Comunicación (793) la de mayor demanda.






La historia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales refleja la riqueza y complejidad de un proyecto que ha tenido como tarea formar especialistas que pretenden no sólo explicar sino también comprender y criticar el mundo en el que viven.






Hay gran audacia y singularidad en las sociedades modernas al tratar de generar en su seno una forma de conocimiento que pretende entender a los hombres y mujeres, así como a las circunstancias en que viven.






Las ciencias sociales siempre se han percatado de las condiciones de su historicidad y de su sentido crítico como forma de trascender el horizonte de su propio presente.






La conciencia de esa realidad es quizá lo que motiva a defender la importancia de las tradiciones. No hay conocimiento sin tradición, ni tradición sin conocimiento. En el caso mexicano y de muchas sociedades poscoloniales, a la consciencia histórica se suma una tensión espacial o geográfica.






Las tradiciones de las ciencias sociales son tradiciones importadas, particularmente de Europa, desde la tradición positivista y evolucionista que orientó buena parte de las obras de los pensadores del siglo XIX hasta nuestros días. Algo similar ocurre con la cultura, tal y como Octavio Paz lo describe con agudeza en su Introducción a la historia de la poesía mexicana: "A diferencia de todas las literaturas modernas (la novohispana) no ha ido de lo regional a lo nacional y de éste a lo universal, sino a la inversa".






La facultad se fundó cuando el discurso de la modernización comenzó a tomar fuerza. De los trabajos que se destacaron en los primeros años se encuentra el libro de Manuel Germán Parra, La industrialización de México, de 1954, en donde se critican las tesis de aliento campesinista del investigador americano Frank Tannenbaun y se defiende la necesidad de la industrialización y modernización de México.






Pero sin duda, la obra que le dio un proyecto y un sustento a los programas de formación de científicos sociales de la facultad fue La Democracia en México de Pablo González Casanova. El libro es un retrato de los problemas que analizaban las ciencias sociales tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina, a la vez que es un diálogo y una crítica a lo que se discutía en México. Un argumento del libro es la afirmación de que la realidad mexicana es diferente a las realidades europeas y americanas y, por lo tanto, requiere de una interpretación distinta.






Los exiliados latinoamericanos que se integraron a nuestra planta docente enriquecieron este debate sobre las particularidades de la realidad latinoamericana. En las últimas décadas el tema de las diferencias geográficas perdió peso bajo la fuerza de la recuperación canónica del discurso de la modernidad.






Con pinceladas de inspiración liberal, un discurso más de carácter económico y normativo dominó el horizonte de las ciencias sociales alterando su desarrollo en algunos campos. Giddens hizo una defensa de la Modernidad, señalando que los parámetros de la política habían cambiado y que de las viejas políticas emancipatorias se había pasado a las políticas de opciones de vida: el problema del sujeto era el de la construcción de su propia biografía.






Sin embargo, la racionalidad utilitaria que ha dominado en las últimas décadas el horizonte de la política pública ha sido insuficiente para generar inclusión social, de modo que la política de las opciones de vida ha dado lugar a la política de las no opciones de vida. Lo que ocurre en Inglaterra, España y en Chile son los signos de una juventud que no encuentra alternativas.






Ha llegado la hora de que la facultad celebre sus 60 años a través de un ejercicio crítico de sus tradiciones, que es la única forma honesta de honrarlas, ofreciendo nuevas perspectivas para pensar su mundo.






















Cartas a Enfoque / Hacia una política de rendición de cuentas






















(28 agosto 2011).- En la última década hemos visto cambios enormes en el diseño institucional del país. Hemos creado instituciones para fiscalizar el gasto público (la Auditoria Superior de la Federación y sus equivalentes en los estados), tenemos organismos encargados de evaluar las políticas públicas (entre otros el Coneval y el INEE), introdujimos en la Constitución el concepto de presupuesto con base en resultados, estamos construyendo una contabilidad gubernamental armonizada, tenemos órganos garantes del derecho de acceso a la información en todo el país y existen numerosas organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento, informan y denuncian distorsiones e insuficiencias del quehacer gubernamental. A pesar de todo este esfuerzo, los diagnósticos hechos desde la sociedad, la academia y el propio gobierno coinciden: en México no tenemos aún rendición de cuentas. La impunidad, la corrupción, la desconfianza y los malos resultados de la gestión pública son los mudos testigos que trágicamente lo confirman.






En esta semana, 43 organizaciones públicas, académicas y de la sociedad civil, agrupadas en torno a la Red por la Rendición de Cuentas, se reunieron para analizar las causas de esta situación. La hipótesis inicial fue confirmada. Es la fragmentación y la desarticulación conceptual, institucional, normativa y política que existe en materia de rendición de cuentas la que genera que los esfuerzos que desde diferentes frentes se hacen se pierdan en el vacío. Para superar este problema, no se requiere construir más normas ni nuevos organismos descoordinados, sino generar un entramado institucional articulado, concreto y con objetivos bien definidos. Con base en una serie de problemas bien identificados, durante los próximos meses los miembros de la red se darán a la tarea de generar un conjunto de alternativas y líneas de acción que permitan construir una auténtica política integral y coherente de rendición de cuentas para el Estado mexicano.






La reunión de estos actores y el debate generado constituyeron en sí mismos una buena noticia. En las mesas de debate participaron en paridad funcionarios del IFAI, de los órganos garantes de los estados, del IFE y de la Auditoria Superior de la Federación con miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil (Fundar, México Evalúa, IMCO, Transparencia Mexicana, Sonora Ciudadana, entre otras) y académicas (CIDE, Colmex, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Guadalajara). El debate fue plural, intenso y productivo. Mostró la diversidad de experiencias y perspectivas, el potencial que puede generar propósitos compartidos y la convicción de que la rendición de cuentas debe ser cada vez menos una aspiración y más un entramado institucional y jurídico concreto que permita que haya una auténtica rendición de cuentas en este país. Los documentos de trabajo y las conclusiones se encuentran en la página www.rendiciondecuentas.org.mx.






Una idea final: la rendición de cuentas no es un simple valor. Sin ella el régimen democrático que con tanto esfuerzo hemos construido puede venirse abajo. Por ello, construirla es la condición para consolidar la democracia y darle plena vigencia y efectividad a los derechos fundamentales, para conseguir una gestión pública abierta, comprometida con la pluralidad y el apego a los derechos, ajena a la impunidad y eficaz en el logro de resultados en los tres niveles de gobierno. Este es el reto.










Sergio López Ayllón


Profesor investigador del CIDE y miembro de la RRC.


























628 legisladores: $127.5 millones al mes






Reportaje Congreso: costo y beneficio. Entre dietas, prestaciones y apoyos extraordinarios, los diputados y senadores perciben cada uno al menos 200 mil pesos mensuales






Martha Martínez






(28 agosto 2011).- Satisfagan o no a la sociedad, los 628 legisladores que conforman el Congreso de la Unión cobran puntualmente alrededor de 200 mil pesos mensuales en dietas, prestaciones y beneficios que, en muchos casos, se otorgan de manera discrecional. En total, la erogación mensual para cubrir los ingresos de los "representantes populares" supera los 127 millones 500 mil pesos.






Además, el costo mensual por legislador puede elevarse cuando estos cumplen funciones como presidir comisiones o integrar las mesas directivas de las Cámaras.






El Presupuesto de Egresos de la Federación indica que para 2011 la bolsa aprobada para la Cámara de Diputados es de más de 5 mil 444 millones de pesos, de los cuales 2 mil 885 millones (53 por ciento) fueron etiquetados para cubrir el capítulo "Servicios Personales", es decir, sueldos y salarios de la burocracia de San Lázaro.






Para el Senado de la República, el presupuesto anual es de 3 mil 385 millones de pesos; de los que mil 494 millones (44 por ciento) para cubrir los costos burocráticos.










Diputados










Los ingresos mínimos de los diputados federales son de 197 mil pesos mensuales, cantidad que se incrementa dependiendo de los cargos que ocupen dentro de la estructura de la Cámara (más de 848 mil pesos mensuales en el caso de quien preside la Mesa Directiva).






El manual que regula las remuneraciones de los legisladores reporta que cada uno de ellos recibe una dieta mensual de 75 mil 631 pesos, vales de despensa por 2 mil 780 pesos, ayuda para asistencia legislativa por 45 mil 786 pesos, ayuda para atención ciudadana por 28 mil 772 pesos y una aportación de hasta el 12 por ciento de la dieta que la Cámara de Diputados deposita a un fondo de ahorro.






Otros beneficios de los diputados son boletos de avión (viaje redondo) para ir a sus estados al menos cuatro veces al mes, apoyo para transporte a quienes viven a menos de 300 kilómetros de San Lázaro, una tarjeta IAVE sin límite de uso en las carreteras de cuota, teléfono celular, vales de alimentos para usarlos en los restaurantes de San Lázaro los días de sesión.






Otras prestaciones, que no se encuentran contempladas en las percepciones mensuales, son un "apoyo destinado a la presentación del informe de actividades", seguro de vida institucional, gastos funerarios (equivalentes) y un seguro médico extensivo al cónyuge, padres e hijos menores de 25 años de edad, con cobertura en el extranjero.






A ello se suma el personal de apoyo: todos los diputados pueden contratar una secretaria, cuyo sueldo varía de 4 mil 700 a 11 mil 600 pesos mensuales, y cuentan con una aportación de 10 mil pesos para contratar más personal "de apoyo".






Estas prestaciones se incrementan para los presidentes o secretarios de las 44 comisiones, los siete secretarios de la Mesa Directiva, los tres vicepresidentes y el presidente, que es el funcionario de la Cámara con más prerrogativas.






En la Legislatura pasada, según la información más reciente que difunde la Cámara, el número de funcionarios adscritos a la Presidencia de la Mesa Directiva era de 19 y su costo al erario superaba los 674 mil pesos mensuales.










Senadores










Para los senadores los beneficios no son menores: cada uno de ellos tiene ingresos mensuales de al menos 227 mil pesos: una dieta mensual de 127 mil pesos, una ayuda para contratación de asistentes en materia jurídico-administrativa de 50 mil pesos y un apoyo "inherente al cargo" de 30 mil pesos que puede utilizarse para sufragar los costos de sus oficinas de atención ciudadana.






Más aún, la Cámara alta deposita el equivalente al 10 por ciento de la dieta a un fondo de ahorro que se entrega a fin de año a los 128 senadores.






Los senadores reciben también boletos de avión (uno por semana durante el periodo de sesiones), ayuda para transporte terrestre, seguro de vida institucional, aguinaldo y un seguro de gastos médicos mayores que, al igual que en el caso de los diputados, puede extenderse al cónyuge, padres e hijos menores de 25 años.






El costo de cada senador puede incrementarse a partir de las responsabilidades que tienen asignadas. Por ejemplo, los presidentes de las comisiones legislativas reciben un presupuesto de 90 mil pesos para cubrir los honorarios de asesores y 10 mil pesos por concepto de "asignaciones a comisiones legislativas", los cuales pueden utilizarse para el pago de gastos de consultoría, estudios jurídicos, gastos de comunicación interna y materiales y suministros.










Opacidad










Las percepciones no sólo son altas, también muestran un alto grado de opacidad: los legisladores no están obligados a comprobar la manera en la que ejercen la bolsa que se les entrega para la atención de los ciudadanos que representan, el Congreso no los monitorea y, aun cuando algunos montos son otorgados para la contratación de personal de apoyo, nada los obliga a demostrar que fueron utilizados para dicho fin.






"El apoyo económico por Atención Ciudadana (más de 28 mil pesos) se da por comprobado con la firma del diputado en el recibo o, en su caso, con el comprobante del depósito bancario, razón por la cual no se cuenta con el desglose de gastos", reconoce la Cámara de Diputados en su página de Transparencia.






Otro rubro en el que existe gran opacidad es el presupuesto destinado a la contratación de personal. Cada mes, los legisladores reciben más de 45 mil pesos por concepto de Apoyo Parlamentario; sin embargo, estos recursos son utilizados a discreción, pues nada los obliga a comprobar cómo fueron utilizados.






La opacidad es mayor en la cámara de senadores. El manual de percepciones de la Cámara alta no contiene información sobre las prestaciones "inherentes al puesto".






El documento indica a cuanto asciende la dieta de cada legislador, los seguros de gastos médicos, de separación individualizado y de vida, así como el aguinaldo; sin embargo, no contiene información sobre los apoyos para traslado, asistencia legislativa y atención ciudadana a pesar de que los señala como parte de sus prestaciones.






El Reglamento del Senado de la República da pie a la discrecionalidad: "conforme a la disponibilidad presupuestal y a los acuerdos de los órganos competentes, todos los senadores pueden recibir recursos adicionales para servicios de asesoría, gestoría y otros inherentes a sus funciones".










Grupos parlamentarios










Además de las erogaciones en sueldos y prestaciones de los legisladores, existen presupuestos asignados a los grupos parlamentarios que son manejados de forma discrecional por sus coordinadores.






En la Cámara de Diputados, en 2010, el monto aprobado para la partida 3827 ("asignaciones a grupos parlamentarios... para apoyar el desarrollo de sus funciones legislativas, actividades complementarias y de gestoría") fue superior a mil 125 millones de pesos.






De ese dinero, hasta abril de 2010 el grupo parlamentario del PRI reportó haber ejercido 53.4 millones de pesos; el PAN, 33.9 millones; el PRD, 16.9 millones; el PVEM, 6.4 millones; el PT, 4.6 millones; Nueva Alianza, 3.8 millones, y Convergencia, 3.4 millones de pesos.






No existe información actualizada disponible y mucho menos reportes específicos sobre el destino de ese dinero.






En el caso del Senado, la partida para asignaciones a grupos parlamentarios es de 34.7 millones de pesos mensuales (416.8 millones en todo el año), pero la información disponible no especifica montos por partido.






El ejercicio de esas partidas es tan discrecional que los propios legisladores han tratado de regularlo.






En noviembre del año pasado, la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la perredista Esthela Damián, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso para obligar a las bancadas a informar trimestralmente a la Junta de Coordinación Política la manera en la que ejercen los recursos que les asignan.






A pesar de que era un primer paso a la transparencia, la iniciativa se encuentra en la congeladora.


















Ingresos y prestaciones






Ser diputado o senador en México conlleva privilegios que pocas empresas podrían dar a sus empleados. Obviamente, con cargo al erario.










INGRESOS MENSUALES DE LOS DIPUTADOS






TOTAL MENSUAL


$197,000 por diputado


$98,500,000 por 500 diputados










Celular: 1,000*


Vales de comida: 170*


Vales de alimentos: 2,780


Boletos de avión: 4*


Transporte terrestre: de 3,540 a 12,270*


Tarjeta IAVE: No tiene límite


Personal secretarial: De 4,781 a 11,684


Fondo de ahorro: 18,427*


Personal de apoyo: 10,000


Asistencia legislativa: 45,786


Atención ciudadana: 28,772


Dieta $75,631










*Celular: A los grupos parlamentarios se les asigna un celular por cada cinco integrantes.






*Vales de comida: Por cada día de sesión.






*Boletos de avión: 4 para quienes habitan a más de 300 km de San Lázaro en periodo de sesiones. 3 para quienes habitan a más de 300 km de San Lázaro en periodo de receso.






*Transporte terrestre: 3,540 Distrito Federal; 7,800 Morelos; 7,800 Hidalgo; 8,840 Estado de México; 9,880 Tlaxcala; 11,130 Puebla; 12,270 Querétaro.






*Fondo de ahorros: Los legisladores pueden aportar hasta el 12 por ciento de su dieta bruta mensual y la Cámara de Diputados aporta una cantidad similar.






















Prestaciones que no son mensuales






Apoyo destinado a la presentación del informe de actividades 58,297


Gastos funerarios (Incluye cónyuge, padres e hijos menores). 75,631


Aguinaldo 198,257


Seguro de gastos médicos mayores (Incluye cónyuge, padres e hijos menores de 25 años. Tiene una cobertura adicional en el extranjero por otro tanto). 89,730


Seguro de vida institucional 35,530






















Beneficios para legisladores con responsabilidades adicionales










Presidentes de comisiones ordinarias:


Celular 2,000


Secretario técnico 38,900


Asesores (Tienen derecho a un asesor tipo B). 28,410


















Secretarios de comisiones:


Celular 2,000


Asesores (Tienen derecho a un asesor tipo B). 28,410


















Presidentes de comisiones especiales:


Celular 3,200


Asesores (Tienen derecho a dos asesores con sueldo de 35,520 mensuales cada uno). 71,040


















Presidente de la Mesa Directiva:


Asesores (14 asesores con sueldos que van de 10,000 a 75,000). 607,575


Ayudante de comedor 16,240


Auxiliar administrativo (Tiene derecho a dos). 21,800


Chofer 5,580


























INGRESOS MENSUALES DE LOS SENADORES






TOTAL MENSUAL


$227,000 por senador


$29,056,000 por 128 senadores










Ahorro solidario 1,120


Aportaciones a seguridad social 3,472


Boletos de avión: 4*


Transporte terrestre: de 3,000 a 11,000*


Tarjeta IAVE: No tiene límite


Contratación de asistentes en materia jurídico-administrativa: 50,000


Apoyo para actividades inherentes al cargo: 30,000


Dieta $127,200










*Boletos de avión: 4 para quienes habitan a más de 300 km del Senado en periodo de sesiones. 4 para quienes habitan a más de 300 km del Senado durante sesiones de la Comisión Permanente. Se otorgan sólo a los senadores que forman parte de dicho órgano legislativo.






*Transporte terrestre: Se otorga a los senadores que habitan a más de 300 km del Senado.






*Apoyo para actividades inherentes al cargo: Incluye apoyo para oficina de atención ciudadana y personal de apoyo.














Prestaciones que no son mensuales






Seguro de vida institucional (Equivalente a 40 meses de dieta bruta). 8,952,160


Seguro de gastos médicos mayores (Incluye cónyuge, padres e hijos menores de 25 años). 89,730


Seguro de separación individualizado (Pueden aportar hasta el 10 por ciento de su dieta mensual y el Senado aporta una cantidad similar). 12,720


Aguinaldo 234,975


















Beneficios para legisladores con responsabilidad adicionales






Presidentes de comisiones:






Contratación de asesores en materia técnico-jurídica (Presupuesto global para cubrir honorarios de asesores en materia técnico-jurídica). 90,000


Asignación a comisiones legislativas (Gastos de consultoría y estudios jurídicos, políticas sociales y parlamentarias de cada grupo; sueldos y prestaciones del personal de las fracciones; gastos operativos y de comunicación internos; materiales y suministros, entre otros). 10,075


































Les ponen lupa






Reportaje Congreso: costo y beneficio






Andro Aguilar






(28 agosto 2011).- En qué punto del proceso legislativo se atoró una iniciativa, y qué diputado o diputados la bloquearon, suele ser información inaccesible para el ciudadano.






Para monitorear éstas y otras incidencias del Poder Legislativo fue creado el portal Curul501.org, una herramienta de Fundar, Centro de Investigación y Análisis, y la empresa CitiVox, que visibiliza el desempeño de los legisladores y permite dar seguimiento a cada una de las iniciativas presentadas en la Cámara baja.






El sitio de internet, que fue dado a conocer el jueves pasado, pretende combatir la opacidad e impulsar la participación ciudadana en el proceso legislativo con ayuda de las nuevas tecnologías.






"No hay mecanismos eficaces de vinculación para conocer el trabajo que hacen los legisladores en general y eso genera muchos problemas. Se trata de acercar a la gente al Congreso y que tenga una participación constante y real, que la ciudadanía forme parte del proceso de la toma de decisiones", explicó Guillermo Ávila, investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar.






A través del portal pueden consultarse 96 iniciativas de acuerdo con varias categorías: "aprobadas", "no aprobadas", "mayor popularidad" y "menor popularidad", así como por el año o el mes en que fueron presentadas, o el tema en que fueron clasificadas. Esos estatus son actualizados permanentemente.






Los mensajes utilizados en el portal son breves y simplificados. La sinopsis de cada una de las iniciativas que han sido presentadas en la Cámara no rebasan los 140 caracteres, a semejanza de Twitter.






Además de describir brevemente en qué consiste el proyecto de ley, en el módulo de iniciativas se halla el nombre del legislador que la presentó, un enlace para acceder al documento original y el estatus en que se encuentra desde que fue presentada.






Presentación, Comisión, En Pleno y Proyecto son las cuatro etapas señaladas con algún color para indicar la fase en que se encuentra el proyecto de ley.






Los usuarios de Curul501 tienen la posibilidad de votar a favor o en contra de cada iniciativa y comparar las votaciones ciudadanas con las de los legisladores, así como dejar algún comentario público o solicitar que cada modificación en el estatus de la iniciativa les sea notificada automáticamente en su dirección de correo electrónico o su cuenta de Twitter o Facebook.






Otro de los objetivos es permitir la identificación de cada diputado. En el sitio pueden buscarse por entidad federativa o por grupo parlamentario.






Las fichas de los legisladores permiten conocer su semblanza, las iniciativas que han presentado, a qué distrito electoral pertenecen, si fueron electos por el principio de mayoría relativa o por representación proporcional, un número telefónico y correo electrónico para contactarlos, su página de Facebook y su cuenta en Twitter, cuya actividad es publicada de forma permanente en la parte lateral de los perfiles.






La herramienta creada por Fundar y CitiVox puede consultarse en http://www.curul501.org.


























Cuatro meses de reposo






Reportaje Congreso: costo y beneficio. El 1o de septiembre inicia un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso, con los mismos pendientes que los legisladores habían prometido resolver en los cuatro meses de receso






Jésica Zermeño






(28 agosto 2011).- El receso se convirtió en letargo. Diputados y senadores se alistan para el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del tercero y último año de la LXI Legislatura con los mismos asuntos que dejaron pendientes a finales de abril y dos nuevas prioridades en sus agendas legislativas: el paquete económico 2012 y el inicio del proceso electoral federal.






La mayoría de los legisladores retornarán a su curul o su escaño tras 124 días en los que estuvieron prácticamente de vacaciones, pues el trabajo legislativo en este receso se limitó a las actividades de la Comisión Permanente y sus tres comisiones, además de algunos foros y reuniones con la sociedad civil.






Los pendientes más apremiantes están en el mismo estatus que en abril pasado: la reforma laboral y la reforma política ni siquiera se discutieron en las comisiones respectivas. El nombramiento de tres consejeros del Instituto Federal Electoral sigue atorado en la Junta de Coordinación Política. Y en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional sólo se dio un paso: la minuta que envió el Senado fue aprobada en lo general el 2 de agosto en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, pero el proceso se volvió a entrampar horas después.






La promesa de un periodo extraordinario no se cumplió, aunque su realización fue materia de discusión cada miércoles en las sesiones de la Comisión Permanente. Las bancadas del PAN, PRD, PT y Convergencia emplazaron en varias ocasiones al PRI a que se realizara y la respuesta fue invariablemente la misma: sin dictámenes aprobados en comisiones no hay materia para el extraordinario.






Tampoco tuvieron efecto los constantes llamados de integrantes del gobierno federal para desatorar las reformas. El propio presidente Felipe Calderón envió el 15 de junio un exhorto a la Comisión Permanente para que abordara nueve temas. Diputados y senadores respondieron con críticas y nuevas promesas de que harían su trabajo, pero las campañas en el Estado de México fueron el pretexto ideal para congelar el trabajo legislativo.






Pasado el 3 de julio, tras un arrollador triunfo priista, Humberto Moreira prometió que ahora sí habría reformas y Calderón le tomó la palabra: se reunió con el coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, el 6 de julio; con el coordinador de los diputados, Francisco Rojas, el 14, y con Moreira el 20, para tratar de llegar a acuerdos que nunca se concretaron.






La sociedad civil, a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las asociaciones Alto al Secuestro y México SOS, el colectivo #ReformaPolíticaYa, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros grupos, también exhortó y dialogó con los legisladores para exigirles acuerdos, sin resultados concretos.






Uno de los últimos llamados provino de Alejandro Martí, presidente de México SOS. El pasado 22 de agosto, durante la presentación del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de delitos graves, generado por la organización México Evalúa, el empresario aseguró que los legisladores tienen una "falta de sentido de humanidad" al no aprobar las leyes que requiere el país.






"Lo verdaderamente importante no son las leyes que están sacando, sino las leyes que afectan a los ciudadanos y no están... Ya no hay que medir las leyes en tiempo, hay que medir los daños reales que ocasionan (los legisladores) al no aprobarlas, su negligencia e irresponsabilidad, y si no es negligencia y responsabilidad es una falta de sentido de humanidad... Es lamentable ver el trabajo legislativo de seis, siete meses máximo, y cinco meses de vacaciones, y esos siete meses no se hacen las cosas contundentemente", aseguró.






Los legisladores, principalmente del PRI, trasladaron la responsabilidad de no realizar un periodo extraordinario a las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar las reformas: Trabajo y Previsión Social para la reforma laboral; Puntos Constitucionales para la política y Gobernación para la Ley de Seguridad Nacional.






Una y otra vez el coordinador de los diputados tricolores, Francisco Rojas, y el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, respondieron que sin dictámenes no habría extraordinario. Y así fue.










Foros para no legislar










El trabajo legislativo en el receso que comenzó el 29 de abril y termina el próximo miércoles fue escaso.






La Comisión Permanente (que en el receso de verano sesiona en la sede del Senado) celebró 18 sesiones. Nunca estuvieron presentes sus 37 integrantes -19 diputados y 18 senadores-, como lo marca la ley.






La reunión más concurrida fue la de instalación, el 29 de abril: 34 legisladores en una sesión que duró 16 minutos. Las reuniones con menos quórum fueron las del 6 y el 20 de julio, con 21 legisladores. Sólo en cinco sesiones, incluyendo la de instalación, la asistencia rebasó los 30 asistentes.






Las tres comisiones de la Permanente sesionaron en total en 26 ocasiones: siete la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia), ocho la Segunda (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública), y 11 la Tercera (Hacienda, Cultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas).






La Cámara de Diputados estuvo semiparalizada. De las 44 comisiones ordinarias, sólo 23 sesionaron durante el receso, según las actas de las comisiones publicadas en la Gaceta Parlamentaria y el calendario de actividades de las comisiones.






Esto, a pesar de que el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que "las comisiones o comités se reunirán, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos". El reglamento no especifica sanción para las comisiones que no cumplan.






Las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar las reformas laboral, política y de seguridad nacional realizaron foros con especialistas presuntamente para facilitar los acuerdos y concretar los dictámenes. Finalmente, estas consultas se tradujeron en más dilación.










Reforma laboral










En abril pasado, la Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, presidida por el priista Tereso Medina, solicitó una prórroga por 150 días para aprobar el dictamen de reforma a la Ley General del Trabajo, rompiendo el acuerdo de votar el tema antes de que terminara el periodo de sesiones. La condición priista para aprobar un dictamen fue que se realizaran foros de discusión.






El panista Gerardo de los Cobos, integrante de la comisión, calificó la prórroga de ilegal, pues no se había llamado a reunión para consultar la petición.






Entre el 13 de abril y el 23 de mayo se realizaron 10 audiencias públicas sobre el tema, siete de ellas en periodo de receso. Aunque el 30 de mayo la Junta Directiva de la comisión se reunió para evaluar lo dicho por los participantes, hasta la fecha sigue sin haber dictamen.






La comisión fue llamada a reuniones de trabajo el 20 de junio y el 20 de julio, pero no se dieron a conocer avances en la discusión. La última acta pública de reunión de la Comisión de Trabajo está fechada el 14 de abril de 2010, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria.






El proceso todavía será largo. Los legisladores priistas no mencionaron nada sobre la reforma laboral durante su reunión plenaria, llevada a cabo en Playa del Carmen entre el 18 y el 20 de agosto.










Reforma política










El pasado 7 de junio, la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, presidida por el perredista Juventino Castro, aprobó -sin el apoyo de los diputados del PAN- la realización de foros para discutir la reforma. Esto, a pesar de que ya existía una minuta enviada por el Senado que fue aprobada tras más de un año de foros y deliberaciones en las que también estuvieron involucrados los diputados de la actual legislatura.






Entre el 14 de julio y el 1o. de agosto, se realizaron foros regionales en el Distrito Federal, Mérida, Durango y Guadalajara "para enriquecer el debate" sobre la reforma. A casi un mes de finalizados los foros no hay un documento público sobre sus conclusiones ni avances en el proceso de dictaminación.






Ante la falta de avances, la sociedad civil comenzó a presionar. El pasado 20 de julio miembros del colectivo #ReformaPolíticaYa junto con Javier Sicilia entraron entre empujones al Senado para exigir a los legisladores aprobar la reforma política. La exigencia del movimiento encabezado por Sicilia se mantuvo en su diálogo con el Congreso del 28 de julio.






Sin embargo, el perredista Juventino Castro no volvió a citar a la Comisión de Puntos Constitucionales, desde el 14 de junio.










Ley de Seguridad Nacional










La Comisión de Gobernación, presidida por el panista Javier Corral, celebró una serie de consultas para reformar la Ley de Seguridad Nacional, entre las que destacó un foro con especialistas el 21 de junio.






El dictamen de reforma se aprobó en lo general el 2 de agosto. Aunque los partidos se reservaron la mayoría de los artículos para discutirlos y aprobarlos en lo particular, la aprobación en lo general inconformó al movimiento que encabeza Javier Sicilia, que solicitaba cambiar por completo la conceptualización de la ley propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Senado desde el 2010.






Otros sectores de la sociedad, en cambio, se quejan de que los diputados no hubieran aprobado la minuta tal como venía del Senado.






La Comisión de Gobernación fue la que más reuniones agendó durante el receso legislativo: 10, de acuerdo con el calendario de actividades de las comisiones durante este receso.










300 días sin consejeros










Del pendiente más apremiante, del que depende en gran medida la buena organización de las próximas elecciones presidenciales, ni siquiera se tuvieron noticias durante este receso.






El pasado viernes 26 el IFE cumplió 300 días incompleto y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por la panista Josefina Vázquez Mota, sigue sin establecer acuerdos para el nombramiento de los tres consejeros que ocupen los lugares vacíos desde el 27 de octubre de 2010.






Desde el año pasado, todos los partidos establecieron como prioridad la elección de los consejeros en sus agendas legislativas para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura.






En el discurso, los representantes de todas las fracciones aseguraron una y otra vez que era fundamental elegir consejeros que no respondieran a cuotas partidistas y que fortalecieran al instituto de cara al proceso electoral 2012, que comienza formalmente el próximo 7 de octubre.






Incluso, en abril, Vázquez Mota se comprometió a llamar a reunión a la Junta de Coordinación Política cuantas veces fuera necesario para que la elección fuera antes de finalizar el periodo legislativo.






Pero eso no sucedió. En la práctica, lo que mantiene las negociaciones en la congeladora es la definición de las "cuotas partidistas". El PRI exige el derecho de nombrar a dos de los tres consejeros; el PAN y el PRD se niegan.






Durante el receso, la Junta de Coordinación Política se reunió apenas en tres ocasiones, pero en todas el resultado fue el mismo.






Al salir de la última reunión de la junta, el coordinador del PRD en San Lázaro, Armando Ríos Piter, resumió la situación en la que se encontraba la negociación.






"Hay que subrayar que en este momento no hay acuerdos en nada", sentenció.


















Y van por los mismos temas






En sus reuniones plenarias, diputados y senadores del PRI, PAN y PRD reciclaron las mismas agendas de cada periodo ordinario.










Diputados






•Reforma política (PRI, PAN, PRD).


•Reforma laboral (PRI, PAN).


•Ley de Seguridad Nacional (PRI, PAN, PRD).


•Ley de Coordinación Fiscal (PRI, PAN).


•Ley contra el lavado de dinero (PRI, PAN, PRD).


•Fondo de víctimas del delito (PRI, PAN).


•Reformas al funcionamiento del Congreso de la Unión (PRI, PAN, PRD).


•Regular endeudamiento de estados y municipios (PAN).


•Combate a la corrupción (PRD).














Senadores*






•Regular endeudamiento de los estados (PAN).


•Estrategia nacional energética (PRI).


•Reforma fiscal (PRI, PAN).


•Pensiones y seguridad social (PRI).


•Reforma laboral (PRI, PAN).


•Seguridad nacional (PRI, PAN).


•Educación media superior (PRI, PAN).


•Fondo de atención a víctimas (PRI).


•Ley general de trata de personas (PAN).










* Los senadores del PRD no habían celebrado su reunión plenaria hasta el cierre de esta edición.


















'Urge la reelección y regular cabildeo'






Reportaje Congreso: costo y beneficio. Carlos Elizondo Mayer-Serra: investigador del CIDE. El Congreso está penetrado por grupos de interés que se niegan a la aprobación de reformas para un país más competitivo






Ernesto Núñez






(28 agosto 2011).- En una democracia sin reelección legislativa, ni reglas para el cabildeo es lógico que los grupos de interés impidan cualquier reforma de beneficio colectivo, sentencia el investigador Carlos Elizondo Mayer-Serra.






Autor del libro Por eso estamos como estamos, la economía política de un crecimiento mediocre (Debate, 2011), Elizondo pregunta: "¿qué costo van a pagar los diputados que no aprobaron la reforma laboral?, ¿qué costo va a pagar el presidente de la comisión que ni siquiera convocó para dictaminar la reforma política?".






Y su respuesta es "ninguno", pues los diputados no van a tener que regresar a sus distritos ni dar la cara a sus electores sobre su desempeño durante la legislatura.






Entre otras anomalías que detectó en su estudio para diagnosticar por qué estamos como estamos, Elizondo destaca un factor que incluso coloca como primer punto de una agenda para superar la situación actual: regular el cabildeo.






"Aunque parece un tema menor, es fundamental para poder generar un piso más parejo y más transparente para los ciudadanos, que nos dé más claridad sobre quién está con quién y a cambio de qué", explica.






El profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas parte de una realidad: la capacidad de influencia de los grupos más poderosos, que se ejercía antes sobre el Ejecutivo, se ha ido desplazando al Legislativo con más éxito incluso que en el régimen priista.






Y hace un paralelismo con el proceso seguido en los años noventa para limitar y regular el financiamiento privado a los partidos.






"¿Por qué regulamos el dinero en las campañas?, porque no queríamos que fueran los intereses de los privados los que desbalancearan la contienda electoral. Si hicimos tanto esfuerzo con éxitos variados y una preocupación muy de fondo en poner condiciones equitativas a la hora de la elección, hay que hacer algo análogo en materia de influencia con quienes ya electos toman las decisiones.






"Hoy, a los grupos de interés les importa ya muy poco quién gana la elección, si tienen la capacidad de comprarlos. En una elección, por más dinero que tengas, si no convences, no ganas. Mientras que en una decisión en lo oscurito en materia legislativa, el electorado ni se entera que alguien con mucho dinero está distorsionando la decisión", comenta.






Cuentas bancarias de los legisladores abiertas, prohibiciones expresas en la ley para recibir dinero o dádivas durante su encargo, o para ejercer funciones profesionales que impliquen conflicto de interés, son algunas medidas propuestas por el investigador.










Parálisis actual










La actual parálisis en temas que los propios legisladores comprometieron en sus agendas, y que ellos mismos califican como primordiales para el país, tiene explicaciones que Elizondo desarrolla en los 10 capítulos de su libro: la debilidad de la democracia, las instituciones que no cambiaron con la transición, la dispersión del poder y la permanencia de grandes grupos de interés como los sindicatos, el magisterio, algunos empresarios, la cúpula del sector campesino, los monopolios en telecomunicaciones...






Grupos de interés que incluso logran frenar reformas legislativas impulsadas no sólo desde el Ejecutivo o desde uno de los partidos, sino demandadas y construidas por la sociedad.






Un ejemplo, explica, es el Sindicato Petrolero, que legislatura tras legislatura logra colocar a diputados y senadores, que tiene recursos para financiar las campañas de otros a cambio de lealtad, y que cuenta con otros espacios de influencia política como alcaldías, diputaciones locales y espacios en el Consejo de Administración de Pemex.






"Todos los espacios de influencia del sindicato son usados para que no cambie ni la ley ni la forma en la que opera Pemex, una empresa que debería estar al servicio de los accionistas, que somos los mexicanos, y que está limitada por los intereses gremiales de ese grupo", añade.






Elizondo lamenta que en el Congreso se hayan incrustado tanto estos grupos de interés, que hasta el momento ha sido imposible regular su funcionamiento. Por ejemplo, cuando se trató de impedir que los diputados tuvieran al mismo tiempo despachos de abogados (con la ley Diego promovida por Luisa María Calderón el sexenio pasado), finalmente ganaron quienes se verían afectados con esa decisión.






"Lo que en el libro trato de mostrar es cómo hay una serie de actores que han tenido una gran capacidad de frenar medidas legislativas que construirían un país con reglas más cercanas a las de países que estimulan mejor la competencia y, por lo mismo, son más competitivos", asegura.














"La mediocridad que predomina en la clase política se puede sostener, porque hay grupos de interés que se benefician de ella"






















IFE incompleto: 302 días






Análisis Congreso: costo y beneficio. En diciembre del 2010 el tribunal electoral pudo ponerle un plazo a la Cámara de Diputados para elegir a los tres consejeros del IFE. Dejó pasar esa oportunidad






Jaime Talancón Martínez






(28 agosto 2011).- La historia es por todos conocida: el 30 de octubre de 2010 concluyeron su encargo tres de los nueve consejeros electorales del IFE, cuyo nombramiento corresponde a la Cámara de Diputados. Los diputados estaban obligados constitucionalmente a nombrar consejeros a más tardar el último día de funciones de los funcionarios salientes, lo cual no ha sucedido. Tal circunstancia constituye una flagrante, sistemática y continuada violación a la Constitución Federal.






En el artículo Consejeros electorales, ¿le tocan al juez? de Pedro Salazar Ugarte (El Universal, 9 de junio de 2011), su autor sugirió que dado que todos los poderes tienen la responsabilidad de velar por la vigencia del orden constitucional, cuando esto no sucede le corresponde al Poder Judicial en última instancia garantizar la integridad del mismo.






El argumento de Pedro Salazar toma relevancia porque el 20 de julio pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió un juicio promovido por aspirantes registrados a consejeros electorales en contra de la omisión del Congreso del estado de Sonora de designar a los consejeros que habrán de integrar el Consejo Estatal Electoral de dicha entidad dentro de los plazos establecidos por ley.






El Tribunal Electoral ordenó al Congreso del estado que a más tardar en 15 días concluyera con el procedimiento de designación de los consejeros electorales, por considerar literalmente que "se ha apartado de lo que establece la ley, máxime que la designación debe estimarse de carácter urgente por las funciones que realiza el Consejo Electoral y para evitar que se vean afectadas de manera importante las actividades de ese órgano administrativo electoral; que es obligación del Congreso actuar apegado a derecho".






El criterio del Tribunal es aplaudible. Sin embargo, es una pena que cuando tuvo enfrente el caso de los consejeros del IFE en el recurso RAP-211/2010, del 24 de diciembre de 2010, se haya pronunciado en un sentido tan distinto. En esa sentencia, el Tribunal resolvió acerca de la reestructuración que tuvo que hacer el Consejo General del IFE en la integración de sus comisiones por falta de consejeros. En su sentencia el tribunal se pronunció sobre la inefable circunstancia que vive dicho órgano, de la siguiente manera: "...tiene justificación en circunstancias especiales y extraordinarias derivadas de las vacantes de tres consejeros electorales cuyos sucesores a la fecha no han sido designados; por tanto las actuaciones del órgano deben regirse bajo parámetros de tipo extraordinario".






En ese caso, el TEPJF, órgano de control constitucional en la materia, pasó por alto que la falta de designación de tres consejeros no constituía un caso particular no previsto por el orden jurídico sino que en sí mismo se trataba de un caso extraordinario de trasgresión al orden jurídico y constitucional.






El hecho de que el tribunal catalogara una circunstancia derivada de un incumplimiento constitucional como "especial y extraordinaria" (como si se tratara de una laguna legal) y, por tanto, justificable, implica que avaló la fractura del orden constitucional por la Cámara de Diputados.






En efecto, en esta sentencia el máximo órgano jurisdiccional electoral reconoció que, dado que se tenía una desintegración permanente del Consejo General del IFE, ello justificaba que las comisiones del instituto no se integraran conforme lo establece el código electoral.






Al igual que lo resolvió en el caso del Congreso de Sonora, el tribunal debió reconocer que los hechos planteados emanaban de la inconstitucionalidad de un acto con repercusiones en la esfera electoral y por tanto, antes de seguir avalando actos derivados de una violación a la Constitución, tenía que haber establecido un plazo perentorio a la Cámara de Diputados para el cumplimiento inmediato de su obligación.






Recordemos que las violaciones graves a la Constitución y las omisiones en perjuicio del interés público fundamental son causales de juicio político. En este caso acreditadas.






Se antoja muy difícil que el Congreso hubiese sancionado a los diputados por la gravísima violación a sus obligaciones (no mantener la integración constitucional de un órgano de Estado, como es el IFE), pero cuando menos el tribunal habría cumplido su encomienda de velar por la irrestricta vigencia del orden constitucional. Qué lástima.










El autor es analista político y consultor electoral.


Correo electrónico: talancon.jaime@gmail.com


Twitter: @_Talancon_






















Dilemas de la encuesta en el PRD






Análisis La metodología política. Seleccionar a un candidato a través de una encuesta implica privilegiar la popularidad; la metodología responde a una lógica fundamentalmente política






Alejandro Moreno






(28 agosto 2011).- Ahora que el PRD ya aprobó la aplicación de una encuesta para seleccionar a su candidato presidencial en 2012, vale la pena hacer algunas breves reflexiones.






La encuesta abre una discusión de tipo técnico-metodológico, pero lo cierto es que se trata fundamentalmente de un asunto político. Los resultados dependen completamente de la población a la que se consulte. Como se muestra en el cuadro, derivado de la más reciente encuesta nacional de Grupo REFORMA, la población abierta de electores registrados (todos los que tienen credencial para votar vigente) inclina la balanza a favor de Marcelo Ebrard por encima de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aquí se incluyen los partidarios de todos los colores, así que el resultado podría ser tan engañoso como aquellas encuestas que en 1999 daban el triunfo de la elección interna del PRI a Roberto Madrazo. Entre priistas el que llevaba la preferencia, por mucho, era Francisco Labastida. Definir quién participa en la encuesta y quién no es una pregunta que evoca el sentido de representación política y no los métodos de muestreo.






Si los resultados se obtienen solamente considerando a los seguidores de los partidos de izquierda, la cosa cambia. Entre los seguidores del PRD, PT y Convergencia, la preferencia por López Obrador es casi de tres a uno sobre Ebrard. Probablemente una consulta o una elección directa reflejarían este balance a favor del tabasqueño, pero incluso una consulta o mecanismo de participación podría discrepar de la encuesta, ya que está de por medio el factor: salir a votar o no. Esto depende tanto de la motivación de los potenciales votantes como de las capacidades de movilización de los candidatos.






El segmento de los independientes resulta atractivo porque buena parte de los esfuerzos de las campañas electorales se concentra en ganar su voto (aunque primero hay que convencerles de que acudan a votar, y basta recordar que solamente uno de cada tres electores independientes ha acudido a las urnas en las elecciones recientes, promediando las federales de 2000 a 2006). Según la encuesta de REFORMA, Ebrard tiene una ligera ventaja sobre López Obrador entre los independientes, pero destaca el hecho de que a un tercio de ellos realmente no les importa mucho quién sea el candidato de la izquierda (el 34 por ciento no quiere a ninguno o le es indiferente). Apostar la selección del candidato al votante independiente es un albur, pero ciertamente se entiende que es un segmento deseable y ganable, con el mensaje y la campaña apropiados.






Como bien dijo el tabasqueño, entre priistas y panistas "le dan una paliza". Según lo confirma la encuesta de REFORMA, López Obrador queda situado por abajo de Ebrard en lo que parece más un voto anti AMLO que una preferencia genuina por Marcelo. Los seguidores de esos partidos no son muy probables de votar por el candidato de la izquierda en la elección presidencial, por lo menos no en esta elección. Tendrían que darse motivos convincentes para ejercer un "voto útil". Pero para eso habría que convencer a los priistas de no votar por quien se vislumbra como su más probable candidato, Enrique Peña Nieto, o pedirle a los panistas que no respalden al candidato blanquiazul, lo cual, aunque en estos momentos se ve un poco más factible que en el caso del PRI, también resulta poco probable, sobre todo por el resentimiento que el electorado blanquiazul puede aún tener en contra de López Obrador.






Me atrevo a decir que el candidato de la izquierda en 2012 dependerá fundamentalmente de los votos de izquierda y de un segmento (aún indeterminado en cuanto a su tamaño) de independientes. En estos momentos el electorado independiente parece cautivado por la imagen de Peña Nieto, aunque eso también puede cambiar.






Dejar la selección del candidato a una encuesta implica varios riesgos y ciertamente plantea la necesidad de una muestra grande. Esto significa un excelente negocio para las empresas que se hagan cargo de hacerla. Como alguna vez comentó Michael Traugott, ex presidente de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, la selección de la empresa o empresas también se vuelve político y aún una muestra grande implicaría riesgos, sobre todo si el resultado es un empate técnico (es decir, que la diferencia entre primero y segundo esté dentro del margen de error de la encuesta). Dicho resultado, como ya mostramos, depende de la población a la que se quiera preguntar, un asunto que será eminentemente político, no técnico. Sirva la encuesta para ayudar al lector a darse cuenta de esa problemática.


















AMLO vs. Ebrard






En estos momentos, la encuesta entre simpatizantes del PRD, PT y Convergencia favorece a López Obrador; entre población abierta la balanza favorece a Ebrard.










De los siguientes políticos, ¿cuál prefiere que sea el candidato presidencial del PRD en 2012?










CON CREDENCIAL PARA VOTAR






Andrés Manuel López Obrador 33%


Marcelo Ebrard 36%


Otro 1%


N/NS 30%


















VOTANTES DEL PRD


Andrés Manuel López Obrador 66%


Marcelo Ebrard 27%


N/NS 7%


















VOTANTES DEL PRD, PT Y CONVERGENCIA


Andrés Manuel López Obrador 66%


Marcelo Ebrard 25%


N/NS 9%


















ELECTORES INDEPENDIENTES


Andrés Manuel López Obrador 29%


Marcelo Ebrard 35%


Otro 2%


N/NS 34%


















VOTANTES DEL PRI


Andrés Manuel López Obrador 30%


Marcelo Ebrard 43%


Otro 1%


N/NS 26%


















VOTANTES DEL PAN


Andrés Manuel López Obrador 26%


Marcelo Ebrard 45%


Otro 2%


N/NS 27%


















N/NS: Ninguno/No sabe.


Fuente: Grupo REFORMA, encuesta nacional en vivienda realizada del 22 al 24 de julio a mil 515 entrevistados.






































La cultura política






















(28 agosto 2011).- Téngalo presente






Los rumbos de la democracia y las elecciones en el siglo XXI. Congreso internacional y nacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y la UNAM. Martes 30 a sábado 3 de septiembre, 9:00 horas. Palacio de Minería. Tacuba 5, Centro Histórico. Programa completo y participantes: http://bit.ly/olawef






Coloquios






Totalidades y complejidades: crítica a la ciencia reduccionista. Víctor Flores Olea, John Saxe Fernández, Andrés Barreda, José María Calderón. Lunes 29 a viernes 2, 10:00 horas. Auditorios del CEIICH, Torre II de Humanidades. Ciudad Universitaria. Informes: http://bit.ly/pT2cFT y 5623 0027.










Conferencias






Desempleo e inactividad juvenil: causas, consecuencias y respuestas. Alfredo Sánchez-Castañeda, Ascención Morales, Gabriela Mendizábal, Elena Rueda, Óscar Zavala, Guillermo Ruiz, entre otros. Lunes 29 y martes 30, 9:00 horas. Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: http://bit.ly/p4nWtO y 5622 7474 ext. 1735.










Elecciones 2012: perspectivas para un cambio político en Venezuela. Leopoldo López. Organiza Ethos fundación. Martes 30, 19:00 horas. Enrique Rebsamen 1108, Del Valle. Informes: 5335 0370.










El Consejo de Seguridad de la ONU y la justicia penal internacional. Jessica Almqvist. Miércoles 31, 12:00 horas. Aula de Seminarios Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474 ext. 1735.










Los movimientos en contra de la inseguridad y las políticas públicas. Miguel Armando López Leyva. Miércoles 31, 12:00 horas. Salón 1 del Instituto Mora. Informes: 5598 3777.










The nature of law and reasons for action. Brian Bix. Jueves 1o. 11:00 horas. Sala Felipe Sánchez Román del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.










Hogar e identidad: narrativas domésticas en el México urbano. Ann Varley. Jueves 1o., 12:00 horas. Salón 5 del Instituto Mora. Informes: 5598 3777.














Convocatorias






Género y justicia 2011. Concurso de reportaje escrito sobre temas relacionados con derechos humanos, género y justicia. Convocan el Programa de Equidad de Género en la SCJN, ONU-Derechos Humanos, ONU-Mujeres y Periodistas de a pie. Fecha límite de entrega: 16 de enero 2012. informes: 1719 3600 ext. 1074.














Foros






Democracia y medios. Criterios de monitoreo rumbo al proceso electoral federal 2011-2012. Benito Nacif, Alfredo Figueroa, Ricardo Raphael, Manuel Guerrero, Mario Campos, Salvador Camarena, entre otros. Organizan IFE y Universidad Iberoamericana. Lunes 29, 9:00 horas. Prol. Paseo de la Reforma 880, edificio T, piso 5, Col. Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4197.










Jóvenes hacia la democracia. Gloria Alcocer, Marco Antonio Baños, Alfredo Nateras, Lorenzo Córdova, Suhayla Bazbaz, entre otros. Lunes 29, 9:00 horas. Auditorio del Instituto Federal Electoral. Viaducto Tlalpan 100, Arenal Tepepan. Informes: 5534 4628. Programa: http://bit.ly/nxGUUA






La innovación social: un aporte a la equidad. Organiza Indesol, CEPAL, Cemefi, IFAI y Fundación W.K. Kellogg. Alicia Bárcena, Jorge V. Villalobos, Enrique González, Ana María León y Alejandro Villanueva. Lunes 29, 9:00 horas. Pabellón de Usos Múltiples del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Segunda cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen, Coyoacán. Informes: 5554 0390 ext. 68224.










Implementación de las Cortes de Drogas. Horacio Martínez, Marcela López, Simón Tavera, Luis Solís, Jesús Demetrio Cadena, Manuel Horacio Cavazos, entre otros. Martes 30 y miércoles 31, 16:00 horas. Sala de seminarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan Centro. Informes: 5487 1500. Programa: http://bit.ly/nIqUd6






El rescate de la memoria colectiva sobre la desaparición forzada. Fritz Glockner, Gabriel Hernández Tinajero, Ximena Antillón, Nadin Reyes, Blanca Hernández, Santiago Corcuera, Sergio Méndez Silva, José Rosario Marroquín, Julio Mata, María Sirvent Bravo-Ahuja, Alan García, José Enrique González y Berenisse Vásquez. Miércoles 31, 9:30 horas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Universidad 1449, Florida. Informes: 5229 5600 ext. 1611.














Libros






Décadas de inestabilidad y amenazas. México, 1821-1848 de Josefina Zoraida Vázquez. Colmex. Conjunto de artículos sobre el periodo de transición entre el esplendor de la Nueva España y el inicio de la Reforma.










México para los mexicanos. La Revolución y sus adversarios de Lorenzo Meyer. Colmex. Antología de textos escritos a lo largo de cuatro décadas, que recrean y explican los temas relacionados con dos de los principales procesos políticos que acompañaron a la Revolución Mexicana: nacionalismo y autoritarismo.










Poder y política en los estudios internacionales editado por Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz y Gustavo Vega. Colmex. Análisis de las relaciones entre México y Estados Unidos en los ámbitos político, económico y social. Texto estructurado en dos ejes: dimensión múltiple del poder de las naciones y la interacción de los Estados y el sistema internacional.














Presentaciones






Mapeo de Migración desde las Américas. Tania Shephard y Aarón Díaz. Lunes 29, 10:30 horas. Salón de Seminarios del CISAN. Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.










Transparencia y Desarrollo Urbano en el DF de Emilio Saldaña. InfoDF. Óscar Guerra, Salvador Guerrero, Daniel Escotto, Manuel Perló, José María Bilbao y el autor. Jueves 1o., 18:00 horas. Instituto de Acceso a la Información Pública del DF. La Morena 865, Narvarte. Informes: 5636 2120.










Structural factors and the "War on Drugs" effects on the upsurge in homicides in Mexico. Eduardo Rodríguez-Oreggia y Miguel Flores. Jueves 1o., 16:30 horas. Salón 2247 de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.










Derecho de menores de Ruth Villanueva Castilleja. Porrúa. Antonio Sánchez, Luis Rodríguez y Mónica Cruz. Jueves 1o., 18:00 horas. Auditorio del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. Cuarta y quinta cerrada de Jardín, Ampliación Cosmopolita. Informes: 5345 5917.










En busca de Edvard Munch de Héctor Ceballos Garibay. Fontamara. Jueves 1o., 19.00 horas. Casa de cultura Jesús Reyes Heroles. Francisco Sosa 202, Coyoacán. Informes: 5659 3937.










Partidos políticos en el Distrito Federal: avances, estancamientos y retrocesos coordinado por Francisco Reveles. Gernika. Manuel Oropeza, Obdulio Ávila, Jaime Aguilar Álvarez y el autor. Viernes 2, 17:00 horas. Aula C 4 del Palacio de Minería. Informes: 5622 9419.














Seminarios






Historia global y los orígenes de la globalización. Roberto Breña, Luis Manuel Cuevas, Antonio Ibarra y Ernest Sánchez. Lunes 29, 17:00 horas. Salón 2247 de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.










Diálogo entre el sector productivo y académico, y cultura industrial en México. Víctor Ugalde, Ana Luisa González, Carlos González, entre otros. Martes 30 a jueves 1o., 10:00 horas. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.














Televisión






Observatorio 2012. Especialistas analizan los derechos humanos, seguridad alimentaria, vejez, cultura, tecnología, educación, seguridad, política y discriminación en México de cara a las elecciones federales de 2012. Conducen Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Pedro Salazar. Todos los martes a las 21:00 horas. TV UNAM. Canal 411 de Cablevisión y 255 de Sky.










La beatificación exprés de Juan Pablo II. Razones e hipótesis. Hugo José Suárez, Fernando González, Alberto Athié y Rodrigo Guerra. Sábado 3, 9:00 horas. Canal 22.










Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com






















REVISTA PROCESO No. 1817


















El narcoterrorismo echa raíces


Jorge Carrasco Araizaga






Un “doliente” Felipe Calderón ante la tragedia de Monterrey, donde 52 personas murieron asesinadas tras un ataque al Casino Royale, tiene como antecedente un mandatario cuya popularidad va en picada y un panismo que se halla en riesgo de perder la Presidencia, un territorio nacional controlado en amplias regiones por narcotraficantes y por políticos corruptos, un Estado, pues, declaradamente fallido. El acto terrorista contra esa casa de apuestas activó las alarmas en el Pentágono, que desplazó de inmediato a expertos militares desde Afganistán e Irak hasta las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, en prevención de una eventual incursión del narcoterrorismo en su territorio.


El ataque del jueves 25 al Casino Royale, en el centro de Monterrey, consolidó la transformación del narcotráfico en terrorismo en México a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde el temor de una mayor violencia narcoterrorista llevó al Pentágono a desplazar de Irak y Afganistán hacia el Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, a militares de alto rango expertos en antiterrorismo.


Altos oficiales de Estados Unidos que participaron en la persecución de Al Qaeda y ahora están involucrados en el combate al narcotráfico, se han dedicado a elaborar material de inteligencia sobre los cárteles mexicanos con un propósito definido: evitar que la violencia se extienda hacia territorio de su país, el principal mercado de drogas ilegales.


Contenida aún al territorio mexicano, la violencia puede escalar más por tratarse de una confrontación entre empresas delictivas que buscan afectar sus respectivos intereses económicos y políticos. No sería extraño, advierte el consultor uruguayo Edgardo Buscaglia, que se incrementen los ataques contra objetivos políticos, como lo hizo la delincuencia organizada en Italia, Colombia y Rusia.


La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a admitir por primera vez la existencia en México de terrorismo vinculado a la delincuencia organizada, a pesar de que, desde el 15 de septiembre de 2008, el primer ataque contra población civil se registró en Morelia, Michoacán, a manos de presuntos zetas.


Un segundo acto de terror ocurrió el 15 de julio del año pasado, al estallar un coche bomba en el centro de Ciudad Juárez en plena hora de actividad. La acción fue adjudicada a La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez.


El atentado en Monterrey quintuplicó el número de víctimas mortales causadas en Michoacán y Chihuahua, aunque en el ataque en Morelia, ocurrido durante la celebración del Grito de Independencia, hubo más de 100 heridos.


De acuerdo con Buscaglia, el gobierno de Calderón pudo evitar esa nueva agresión: Si después del ataque en Morelia hubiera solicitado a la ONU incluir a los narcotraficantes mexicanos en la lista internacional de terroristas, se habría desplegado una acción internacional para contener a estos grupos.


“La omisión y la negligencia son imperdonables” porque gobiernos como los de los tres países mencionados llevaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a esos grupos para ser perseguidos internacionalmente, dice desde su condición de asesor de esa organización en delincuencia organizada.


A diferencia de la lista que elabora el gobierno de Estados Unidos, la de Naciones Unidas tiene legitimidad. Pero además, facilita recursos y cooperación internacional, con lo que se evita la proliferación de mercenarios estadunidenses, observa el también profesor e investigador que ha trabajado en universidades e institutos de Estados Unidos, de países europeos, de Argentina y de México.


Desde el momento mismo del ataque al casino, el gobierno de Calderón, a través del vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, lo calificó como un acto de terror.


Como abogado, el presidente Calderón sabe que cuando menciona actos de terrorismo hace una aseveración jurídica, prevista en convenciones internacionales. Ya no tiene mucho espacio para dejar de ir a la ONU y cumplir con esa acción legal plasmada en una Convención ratificada por el Senado mexicano, dice el experto a Proceso.


Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al Qaeda en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1373 en la que, entre otras consideraciones, refiere “la conexión estrecha entre el terrorismo internacional y la delincuencia trasnacional organizada, las drogas ilícitas, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales potencialmente letales.


Además, los Estados miembros de la ONU están obligados a congelar las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas y de las instituciones financieras o empresariales que les den servicio, así como actuar contra los funcionarios públicos y políticos que los apoyen.






Delincuencia de alta intensidad






Si México lleva el caso a Naciones Unidas, “lograríamos una cooperación internacional muy amplia”, como ocurrió en el caso de Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que se les retiraron todos los apoyos en el mundo, empezando por el cierre de las “embajadas virtuales” que tenían en varios países, incluido México.


Pero Buscaglia no ve en Calderón disposición para que el organismo internacional haga esa declaratoria, con la que se tendría la cooperación de las unidades antiterroristas de varios países, no sólo de Estados Unidos: “Tengo la sospecha de que por razones mediáticas no quiere llevar adelante esa acción” por las implicaciones en lo que ha sido su principal acción de gobierno.


Estados Unidos “tampoco está muy entusiasmado” en que los narcotraficantes mexicanos sean incluidos en la lista de la ONU porque “tendría una amenaza formalmente declarada en su frontera sur”. Además, estaría obligado a establecer controles fronterizos que causarían impacto económico y social.


Ni México ni Estados Unidos han querido dar ese paso formal. Washington prefiere manejar el problema sólo como un asunto que tiene con México. El viernes 26, un día después del atentado en Monterrey, el diario The New York Times publicó que Estados Unidos ha permitido a agentes mexicanos encubiertos perseguir a narcotraficantes mexicanos en territorio estadunidense.


Conocida como Operación Boomerang, ese tipo de acciones fue permitido desde hace dos años como consecuencia de la violencia desatada precisamente en el corredor industrial que forman Monterrey y Nuevo Laredo, en Texas.


El diario recuerda que hace pocos meses, el gobierno de Calderón aprobó el establecimiento de agentes de la DEA, operativos de la CIA y militares retirados de Estados Unidos en una instalación militar, precisamente en el norte de México, “para ayudar a conducir operaciones de inteligencia y reforzar el trabajo de una “célula de fusión” similar que ya opera en la Ciudad de México y que fue dada a conocer por Proceso en su edición 1776 en noviembre de 2010. Además, ha permitido la participación de elementos de diversas agencias estadunidenses en investigaciones, detenciones y labores de vigilancia en aeropuertos.


En su edición del viernes 26, el periódico neoyorquino también mencionó la forma en que está operando el Pentágono: “De manera regular revisa las partes de la responsabilidad militar en la lucha contra las drogas, poniendo particular atención en las lecciones de casi una década de operaciones de contraterrorismo en Afganistán e Irak”.


Varios oficiales de alto nivel, con años de experiencia en combatir a Al Qaeda y grupos afiliados fueron movilizados al Comando Norte, como se conoce al centro responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en América del Norte, ubicado en Colorado Springs, al norte de Nuevo México. Su nueva tarea es elaborar información de inteligencia sobre las redes de la droga mexicanas.


“Esos militares están tratando de llevar lo que hicieron en Afganistán y hacer lo mismo en México”, citó el diario apoyado en fuentes oficiales no identificadas.


El señalamiento del Times confirma la visión ya expresada por Paul Rexton, quien fue asesor antinarcóticos de la OTAN en Kabul, Afganistán, y que recientemente estuvo en la frontera México-estadunidense para investigar sobre la violencia de los cárteles mexicanos desde la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos.


Actual profesor de Estudios de Seguridad Nacional en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Rexton publicó apenas el 12 de junio pasado en el sitio electrónico smallwarsjournal.com el texto: México, un mosaico de la guerra de los cárteles, en el que asegura que el país vive una violencia de alta intensidad que se traduce en un conflicto multidimensional, de múltiples partes y múltiples escenarios de conflicto armado entre grupos criminales que tienen metas esencialmente delictivas… y en el que el Estado es parte del conflicto (Proceso 1815).


Asegura que México vive una delincuencia de alta intensidad por “una guerra motivada por empresarios violentos que buscan predominar sobre otros y el Estado para controlar o tener una porción importante del mercado ilegal hipercompetitivo” de las drogas y otras actividades delictivas. De acuerdo con Rexton, la violencia como la de Monterrey “es un medio, no un fin”.






Por una salida multilateral






En otro texto publicado en el mismo portal el 30 de junio, titulado México: ¿el narco accidental?, Rexton recuerda que durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó las operaciones antinarco de forma secundaria ante su cruzada anticomunista, pero cuando el gobierno de Bill Clinton desarrolló el Plan Colombia, en el periodo que siguió a la Guerra Fría, “las operaciones de contrainsurgencia fueron conducidas bajo la tapadera de operaciones antinarcóticos”.


Asegura que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las operaciones antidrogas se han subsumido bajo el contraterrorismo. “Cada presidente de Estados Unidos ha estado en condiciones de incrementar o disminuir el perfil de la batalla de Colombia contra el narcotráfico apoyado en el ambiente internacional prevaleciente”. En México, no fue el caso, por lo que se creó la Iniciativa Mérida, que no consideraba ataques como el perpetrado en el Casino Royale.


Son muchos los analistas estadunidenses que insisten en que el combate al narcotráfico en México siga una estrategia militar antidrogas para detener la violencia en su frontera, por lo que piden que Estados Unidos desplace su “imperativo estratégico” de Afganistán e Irak a México.


Edgardo Buscaglia insiste en la salida multilateral: “México debe decirle de manera formal a la ONU las acciones que están realizando los cárteles mexicanos. Eso sería un paso enorme hacia la cooperación internacional. Sin ella, no puede; es un problema que ya se le salió de las manos”.


Una segunda medida que propone es ir contra la base patrimonial de esos grupos, tal como han hecho 17 países que han incluido a grupos armados que cometen actos terroristas.


Son los casos, entre otros, del Medio Oriente, Líbano, Perú, Colombia, Rusia, que al ser incluidos en la lista de la ONU “se les comenzó a desmantelar con una efectividad que no se veía antes. No es un invento. Cuando ha pasado, caen políticos, como en Colombia: No es que desaparezca la delincuencia organizada, sino que se atomiza, se transforma y se vuelve menos violenta”.


Pero en México, “siempre se protege a esas personas”, pese a estar demostrado que el aumento de la violencia se debe a que las organizaciones delictivas atacan las bases patrimoniales y de protección política del grupo adversario.


Ante ello, califica de “mito” la relación que hace Calderón entre el consumo de drogas en Estados Unidos y el aumento de la violencia en México, como lo señaló la mañana del viernes 26 en cadena nacional.


“El consumo de drogas aumentó en Estados Unidos desde hace décadas y antes fue incluso mayor y México no tenía los niveles de violencia que hoy padece. Lo que ha ocurrido es que el Estado mexicano se ha fragmentado y sus recursos ahora son utilizados por los grupos criminales. Cada organización tiene su parte”, dice el consultor que ha trabajado para la ONU en Afganistán y Timor.


Señala “otro mito” de Calderón: pensar que una Ley de seguridad nacional “militarizada, fascistoide, de los años cuarenta”, va a resolver el problema, como también lo hizo ver en su mensaje al reprocharle al Congreso que no haya aprobado su iniciativa de ley.


“El presidente está desesperado. Toma esa ley como un instrumento para delimitar las acciones del Ejército. Es muy miope. Debe replantear las acciones para contener cualquier amenaza que impida al Estado satisfacer la seguridad de la población”, lo cual significa incorporar al Gabinete de Seguridad Nacional a secretarías como la de Desarrollo Social, Hacienda y Economía.


Las Fuerzas Armadas, precisa, son sólo una dimensión de la seguridad nacional, es un enfoque que está a décadas de lo que plantean el propio Estados Unidos o la Unión Europea.


En lugar de eso, “la estrategia miope del gobierno federal ha sido la de esperar que una alianza centrada en el cártel de Sinaloa se consolide en el país. Están esperando lo pasó parcialmente en Tijuana: “pan para hoy, hambre para mañana”.


Buscaglia corrige: “Decir estrategia es un elogio. Se trata de acciones improvisadas, con unas Fuerzas Armadas que no están preparadas para combatir en teatros de operaciones, sin que se actúe contra la protección de los grupos criminales y sin que se haya hecho algo a largo plazo para la prevención social”.


Advierte que la violencia va a seguir escalando, no porque los delincuentes sean irracionales, sino porque se trata de empresas que en su afán de control atacan centros patrimoniales y políticos de sus adversarios. Tan sólo en el caso de los alcaldes, ya son 26 los asesinados.


Insiste: La violencia se mantendrá mientras no se desmantelen las redes de protección a esos grupos, pero peor aún puede dar lugar a escenas que ya se han visto en América Latina con ataques a centros comerciales o bombas en estadios o cines.


Cuando los grupos delictivos se transforman en terroristas y empiezan a atacar objetivos comerciales de grupos rivales, también atacan a políticos, congresistas, jueces; es decir, “el corazón mismo del poder que los ha protegido”.














Hasta los panistas advierten: y viene más…


Álvaro Delgado






Rebasado por la violencia, omiso en el combate a la corrupción y concentrado ya en lo electoral, el gobierno de Felipe Calderón se agotó en su quinto año, concluye el dipu­tado panista Manuel Clouthier Carrillo, quien visualiza más tragedias como la ocurrida en el Casino Royale de Monterrey, el jueves 25, por el vacío de poder en el ocaso del sexenio:


“El año que entra habrá vacío de poder, el gobierno ya no va a hacer nada en seguridad y entonces ese vacío de poder se va a llenar con mayores espacios de incertidumbre y de tragedias para la sociedad, como lo estamos viendo hoy.”


–¿Es un sexenio perdido?


–Es un sexenio acabado. Ya se acabó para efectos de seguridad para los mexicanos. Ya no van a hacer nada. Si no lo hicieron en cinco años, ya no lo van a hacer hoy ni lo van a hacer el último año de gobierno.


–¿Por ineptitud, por impotencia o por complicidad?


–Ahí, ya lo hemos platicado en el pasado, caben todas las vertientes.


Crítico de la estrategia de Calderón por no atreverse a atacar la “narcopolítica” de Sinaloa y al cártel encabezado por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, como lo declaró, en febrero del año pasado en entrevista con Proceso, Clou­thier Carrillo insiste:


“Este sexenio, para efectos de combate al crimen organizado, ya se acabó. Le queda el año electoral. Para Sinaloa, y en general para México, yo no espero nada del gobierno calderonista en términos de combate al crimen organizado. Es su último año. Nadie se va a atrever a hacer las cosas.”


El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) evoca a su padre, el excandidato presidencial Manuel Clouthier del Rincón, para asegurar que los funcionarios del gobierno de Calderón, el próximo año, “se van a dedicar a flotar y esto va a generar un vacío de poder, que el crimen organizado va a llenar.


“Aplico la frase de mi padre: En la política no hay espacios vacíos, en la criminalidad tampoco. El espacio que no llena la autoridad como Estado, el crimen organizado lo está llenando, de tal manera que el año que entra lo que visualizo, con tristeza, es que vamos a encontrar un vacío de poder, al venir menguando el poder del presidente Calderón, y que las cosas se van agravar todavía más.”


Pone como ejemplo el ataque al casino de Monterrey, que dejó 52 muertos calcinados: “Yo esperaba que esto se viera hasta el año que entra y, sin embargo, la omisión del Estado ya está, y cuando hablo del Estado me refiero a todos sus órdenes, las instituciones, los militares, en fin”.


Dice coincidir con el juez Giovanni Falcone, quien enfrentó a la mafia en Italia, quien postulaba que la arrogancia de los criminales es proporcional a la ausencia del Estado. “Lo creo firmemente: Lo que ha sucedido en México, el nivel al que han llegado las cosas, es porque no hay Estado. Hay un Estado corrupto, omiso, irresponsable, en fin, una asquerosidad el Estado en general”.






Tregua a debate






Y es que tras la balacera en el estadio de futbol de Torreón, el asesinato “político” del periodista sinaloense Humberto Millán y la muerte de 52 personas en Monterrey, crímenes ocurridos en cinco días, prominentes miembros del PAN ven rebasado al gobierno de Calderón y han dado voces de alarma.


Luego del incendio en el casino de Monterrey, y en respaldo a los tres días de luto nacional decretado por Calderón, el CEN del PAN, presidido por Gustavo Madero, anunció la suspensión de la sesión del Consejo Nacional, previsto para el sábado 27, y los cinco aspirantes a la candidatura presidencial cancelaron sus actividades.


En el repudio a la acción criminal, el expresidente Vicente Fox fue el único audaz: Propuso que un grupo de expertos “convoque a los grupos violentos a una tregua”, se expida “una ley de amnistía” y se valore regularizar las drogas, entre otras medidas que conforman una “vía alterna” a la estrategia de Calderón.


“He tomado la decisión de convertirme en una voz que convoca a México entero a un camino de paz, armonía, no violencia”, expuso el expresidente. “Lamento mucho tener que ser una voz discordante, (pero) los hechos nos dicen que no es con violencia como se combate la violencia”.


Y sin aludir a Calderón, con quien está políticamente confrontado, añadió: “A los tomadores de decisiones les hago un llamado a revisar por qué no funciona, por qué no estamos avanzando, por qué la falta de un sentido de urgencia en las tareas por realizar”.


Aunque los senadores del PAN descalificaron las propuestas de Fox, tuvieron que reconocer que el gobierno de Calderón está rebasado, aunque involucraron también a los otros poderes del Estado.


“En el combate al crimen organizado no se puede dar ninguna tregua, es lo que la sociedad está demandando, no podemos dejar que nos ganen, no es posible permitir que esto siga avanzando de esta manera y el Estado debe de combatir al crimen organizado con toda la fuerza del Estado”, expresó el coordinador parlamentario, José González Morfín.


Pero el senador Ricardo García Cervantes, distante de las posiciones oficiales, ya había advertido, antes del ataque en Monterrey, que las acciones gubernamentales contra el crimen son insuficientes.


El legislador, nacido en Torreón, Coahuila, se refirió en la sesión de la Comisión Permanente, el miércoles, al abandono que sufre la región de La Laguna, que ilustró con dos casos: Los reos que salían por las noche del penal de Gómez Palacio para asesinar ciudadanos y la balacera ocurrida, el sábado 20, en las inmediaciones del estadio Nuevo Corona, durante el partido de Santos contra Morelia.


“Actos como ése que ha costado la vida a numerosas víctimas y muchos otros como el sucedido en el estadio de futbol el fin de semana, causando angustia y pánico a 20 mil aficionados (niños, mujeres, jóvenes y hombres), son señales de lo que sería una crisis en cualquier parte el mundo y aquí sólo es ‘una llamada de atención’, como lo calificó Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional”, expresó.


Hablando como ciudadano –“no creo que algún partido político sea sello de garantía, todos estamos rebasados y descalificados por la realidad”–, García Cervantes aludió a las contradicciones entre autoridades para explicar que lo ocurrido en el estadio “fortalece la sospecha de la protección que se brinda desde el poder a grupos criminales”.


Y reprochó: “Combatir el poder de fuego sólo con más fuego es ineficaz. En esta guerra que libra el Estado mexicano no he visto los golpes al crimen organizado en materia de lavado de dinero para desmantelar las redes que financian las actividades del narcotráfico con las que se compran armas, se pagan sicarios y se fomenta la corrupción infiltrando y cooptando a autoridades”.


Planteó: “Otra vertiente que se sumaría en la estrategia es ir en serio contra el lavado de dinero, pues tampoco seamos ingenuos, hay mucha gente que ha estado prohijando esta situación por años, como cómplices de los criminales, lavando dinero y haciendo negocios”.






Crímenes políticos






Clouthier Carrillo piensa lo mismo y alude a los centro de apuestas como el que fue deliberadamente incendiado en Monterrey: “Los casinos en México, la mayoría de ellos, son centros de lavado de dinero. Esto lo sabemos los ciudadanos y lo sabe la autoridad, y la pregunta es por qué se autorizaron y por qué hoy no se investiga a fondo en términos de centros de lavado de dinero”.


Y como García Cervantes, quien condena el abandono de la región de La Laguna, Clouthier insiste en que Calderón no quiso atacar el narcotráfico en Sinaloa: “Esto que estoy diciendo significa que los sinaloenses ya nos fregamos. Si no le entraron en los cinco años anteriores, si no le entraron este año que tenían a su gobernador, Mario López Valdés, ya no se hizo nada”.


Añade: “Quiero insistir en este punto, porque ellos pudieron decir que no era gobernador de ellos Jesús Aguilar Padilla, pero a Malova lo hicieron ellos candidato. El presidente lo hizo candidato, no sé si sea gobernador de él, pero candidato sí fue, de manera que si no le entran ahorita quiere decir que para efectos prácticos los sinaloenses ya no tenemos ninguna esperanza de que el gobierno calderonista vaya a tener atención a Sinaloa”.


Pero en general, insiste, no se ha atacado al crimen en México, sobre todo la corrupción: “Los malos están coludidos con la autoridad y en muchísimos casos los malos son la autoridad. Aunque a muchos políticos y especialmente al presidente Calderón no les guste, muchas veces los malos son las autoridades. Por eso vengo sosteniendo la necesidad de que se combata la corrupción que le da sustento al crimen organizado. Y eso no lo hemos visto en este país”.


Otro aspecto que condena Clouthier Carrillo es el asesinato de periodistas, como el de Humberto Millán Salazar, secuestrado y asesinado el miércoles 24, en Culiacán, y sobre el cual periodistas del estado publicaron, el viernes 26, un duro desplegado dirigido a Calderón y a López Valdés para exigirles el esclarecimiento de quien “en su ejercicio profesional, critico, mordaz, se caracterizaba por destapar las cloacas de la clase política”.


El desplegado decía: “El asesinato de Humberto Millán Salazar nos manda una señal devastadora para el ejercicio periodístico. Y constituye una advertencia, de la clase política, a la que el periodista cuestionó con su crítica aguda, de que en Sinaloa hay intocables. Exigimos que su compromiso por esclarecer los hechos no sea una retórica hueca. Ya estamos hartos de la simulación institucional”.


El legislador, quien dirigió el diario Noroeste, conocía bien a Millán: “Era un periodista que permanentemente escribía sobre la clase política. Nunca se metió a hacer análisis de crimen organizado ni era joto, porque ahora cuando matan dicen que era homosexual o traía líos de falda o estaba metido con el crimen organizado. Aquí ninguna de las tres le aplican a Humberto. De manera que tiene que investigarse a la clase política en Sinaloa”.


–¿Fue crimen político?


–Así lo considero, no puede ser de otra manera. Él era un periodista que permanentemente señalaba a la clase política.


Y por ello, el diputado panista advierte que en el atentado contra el casino de Monterrey debe también investigarse la vertiente política y no sólo la criminal: “No se puede, de manera lineal, pensar que en estados como Sinaloa y Nuevo León todo proviene del crimen organizado, y no necesariamente. Estas acciones pueden venir de grupos que tienen interés de generar un ambiente que demande el día de mañana una acción autoritaria. Entonces no puede verse ajeno tampoco al ambiente político que ya se vive en el país y que tiene que investigarse esa vertiente también”.


Advierte: “Hay quienes añoran un pasado autoritario, estos pueden estar dispuestos a generar desmadre, generar desorden, incluso disfrazados de crimen organizado para crear un ambiente que demande la acción autoritaria. No se puede seguir viendo bajo la lógica del crimen organizado, sino en la lógica del poder. El año que entra será un año definitorio, porque México se estará debatiendo entre el futuro y el pasado”










En ciernes, una depresión colectiva


José Gil Olmos






Las imágenes de la gente tratando de huir del estadio de futbol en Torreón y las de los cuerpos calcinados o asfixiados del Casino Royale en Monterrey “son devastadoras” e indelebles. Expertos en seguridad y en el trato a víctimas de la violencia advierten que el impacto individual y social de estos eventos será imborrable y que al provocar miedo, terror, desaliento, rabia, frustración, también causarán daños a la cohesión social y la esperanza.


Pero consideran asimismo que eso podría mover la tentación autoritaria del gobierno de Felipe Calderón, quien de hecho ya intenta implementar una política de terror de Estado reforzando su estrategia militar. De igual manera, dicen que esta opción no resolverá el problema del narcotráfico, sino que, por el contrario, aumentará la violencia institucional y la violación de los derechos humanos.


Verónica Martínez Solares doctora en Derecho e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, Inglaterra y en el Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa, Canadá, señala que para las víctimas y las comunidades las consecuencias de estos actos, calificados oficialmente de terrorismo, serán devastadoras.


“Ninguna palabra que pueda ahora expresar reflejará, para ellas, la justa dimensión de todo aquello por lo que están pasando, por lo que estamos pasando. No sólo es la pérdida de sus seres queridos, sus hijos, padres, madres, amigos, compañeros. Es la pérdida de la dignidad humana y de la esperanza, la destrucción de la forma en que cada uno de ellos concebía el mundo, sus sueños y proyectos. Es la pérdida de su dignidad porque a veces son vistos por el sistema como meros ‘daños colaterales’ o estadísticas.­


“Es la pérdida de la esperanza y del sentimiento vital porque, por lo general, estos hechos van acompañados de impunidad y, cuando se denuncian, las autoridades no alcanzan a protegerlos adecuadamente. Hasta ahora, el mismo Estado se ha hecho parte de estas tragedias, ya sea por acción, omisión o aquiescencia.”


Especializada en atención a víctimas, prevención del delito y seguridad ciudadana, Martínez Solares analiza los impactos que tendrán en la sociedad mexicana los últimos actos violentos perpetrados por el crimen organizado en Coahuila, Ciudad Juárez, Michoacán y Monterrey. Afirma que pueden derivar en el ahondamiento de una crisis social porque “la esencia del caos es el terror”.


Integrante del consejo directivo de la Organización Internacional para el Apoyo a Víctimas (IOVA) y consultora experta para el Banco Mundial, el Centro Internacional para Ciudades Sustentables, ONU Hábitat, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, la investigadora señala que se están abriendo numerosas heridas y cunden los resentimientos, el malestar, el rencor, la desconfianza y los deseos de venganza.


Considera que el miedo “puede disparar muchas respuestas que legitimen inclusive acciones violatorias de derechos humanos, que atenten contra las formas de convivencia democrática y desemboquen en formas de ‘justicia por propia mano’, que de justicia sólo tienen el nombre”.


Y advierte: “La lógica del miedo es también una forma de dominación y control social muy poderosa. Causa parálisis social, confusión, aislamiento, amurallamientos, segregación, pero también pánico social, paranoia y fenómenos masivos. El miedo alimenta la pérdida de la identidad individual y social. Poco a poco vamos dejando de creer en la posibilidad de proyectos colectivos, lo que provoca una ruptura profunda en el tejido social: crece la desconfianza en los grupos y en las relaciones sociales. Genera impotencia, frustración y desesperanza para construir nuestra propia historia fuera de la violencia”.


–¿Qué puede provocar la inmovilidad en la sociedad, qué consecuencias puede traer en una situación de violencia como la que vivimos? –se le pregunta.


–Existe un fuerte sentimiento de desesperanza o de indiferencia. O aun peor: un sentimiento de desesperanza aprendida por medio del cual no importa cuánto nos estemos esforzando como sociedad para que cambien las cosas. Éstas parecen no estar cambiado, o sí lo han hecho, pero no para bien. El miedo y la desesperanza contribuyen al rompimiento de la cohesión social, y por lo tanto del tejido social. Favorecen el autoritarismo y legitiman la violación de derechos humanos en nombre de la seguridad.


Y dice con esperanza: “Pero si por algo nos hemos caracterizado como sociedad es por apoyarnos en los momentos difíciles: tengo la certeza de que ahora, con las familias de las víctimas, hay alguien, un amigo o amiga, otro familiar, inclusive otros sobrevivientes, que están con ellos, acompañándolos, escuchándolos, compartiendo su dolor, y eso es invaluable”.


–¿Cómo tratar un trauma que ocasiona miedo, terror, desesperanza, desilusión?


–Para las víctimas, los servicios de apoyo y la reparación del daño serán fundamentales. Por reparación del daño no hablo sólo de compensar económicamente a las víctimas, que así se ha entendido a la reparación. Esa sólo es una parte, porque ¿cuánto cuesta la vida de un ser querido? Falta trabajar mucho en los procesos de recuperación y de justicia restaurativa; en la reconstrucción del sentido de la vida en las familias, pero también en el sentido de la vida colectiva en las comunidades.


–¿Qué recomendaciones se hacen para tratar a las víctimas y a la sociedad después de recibir el impacto de un hecho de esta naturaleza?


–Más allá de los servicios de atención a víctimas con los que cuentan los gobiernos federal y estatal, el trato debe ser compasivo y respetuoso, y la atención, digna, empática y suficiente.


Pero no sólo eso, añade, sino que también debe haber justicia. “Queda otra forma casi siempre ignorada: es preciso hacer justicia. Cualquier atención queda vacía, sin sentido, cuando no hay justicia para las víctimas, cuando son utilizadas mediática y políticamente, cuando quedan como una estadística de bajas y no como el centro de la justicia y de las acciones del Estado”.


Sin embargo, apunta, no todo está perdido. “Ya existen esfuerzos más o menos organizados, valiosos esfuerzos principalmente de las víctimas de esta guerra, por romper esa inmovilidad. Ese es el espíritu que no nos debe abandonar: no ser cómplices de lo que sucede, no sucumbir al terror, no acallar el sufrimiento y el dolor de quienes están llevando la peor parte: las víctimas. De lo contrario, el conflicto violento puede transmutar hacia varias formas, inclusive hacia un conflicto armado interno, cuando se cree o percibe que todo lo demás simplemente no funciona”.






Sin liderazgos






El doctor Mario Arroyo, experto en seguridad, reducción del delito y prevención de la violencia, plantea que, además del miedo y los efectos postraumáticos individuales y colectivos que traerán consigo estos actos de terrorismo, la sociedad mexicana enfrentará una escalada de violencia, así como una falta de líderes sociales que hablen con la gente y la organicen para enfrentar la política belicista de Felipe Calderón.


Director del Centro de Estudios para Prevención de la Violencia, capacitador en reducción del delito para América Latina por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y coordinador del Programa de Acción Específico de Prevención de la Violencia 2007-2012 para la Secretaría de Salud, el doctor Arroyo sostiene que con estas acciones el crimen organizado está “ridiculizando” al gobierno federal, estableciendo una política de terror y miedo.


“El impacto social se va a venir en diversos flancos; uno de ellos es que echa abajo esa tendencia oficial de los gobiernos federal y locales de negar la realidad. Además, sitúa en el entorno internacional lo que está pasando en Monterrey, la ciudad más industrializada del país.


“Los impactos sociales no sólo van a ser a nivel individual, en el terreno estrictamente psicológico de eventos traumáticos, de síndrome de estrés postraumático en niños y las personas más vulnerables. También expondrá el estado de indefensión que hay en la sociedad y en sectores como los empresarios.


–¿Algunas de las implicaciones serían el aislamiento y la inmovilidad social?


–En el caso mexicano tenemos pocos antecedentes para saber qué es lo que va a ocurrir. En el caso de Morelia, lo que sucedió al año siguiente de los granadazos en la plaza el día del Grito fue un retraimiento de las actividades públicas. La gente se refugió en sus casas, se alteró significativamente la vida social, pero como los acontecimientos siguieron, existe una suerte de resistencia y de arrojo de la población que empieza a normalizar la violencia.


“Esa es una de las opciones que han seguido las sociedades: incorporar esos eventos a su vida cotidiana; la otra es que se retraiga la vida pública, como ocurre en ciudades como Torreón u otras del país, como Matamoros o Reynosa, donde hay un deterioro absoluto de la cohesión social y una afectación directa a la vida comunitaria.


“En Monterrey no se ve claro. Creo que la dinámica de la sociedad está muy desa­gregada porque está muy fragmentada en clases sociales. No hay específicamente una comunidad en el estricto sentido de la palabra y este asilamiento natural, geográfico y socioeconómico del área metropolitana de Monterrey da la impresión de que sí podría agudizarse el retraimiento de la gente a raíz de este tipo de acontecimientos.”


El especialista considera positivo aunque tardío el reconocimiento por parte del gobierno federal de que estos son actos de terrorismo, pero también advierte de las consecuencias de ese reconocimiento.


“Hay dos políticas que normalmente los países suelen seguir en torno a situaciones de inseguridad o de violencia como la que se está viviendo en este caso en Monterrey. Una es la política estadunidense que consiste básicamente en promover o continuar el miedo o el pánico para introducir legislaciones de corte autoritario o represivo que persiguen propósitos políticos de otra naturaleza. El riesgo que se corre con esto es la tentación autoritaria de avanzar en un estado de seguridad violando garantías individuales o no respetando derechos humanos.”


La otra, precisa, es la británica que consiste en hacer entender a la sociedad que existen riesgos, amenazas y que es una responsabilidad de gobierno y ciudadanos estar preparados ante los posibles riesgos con protocolos de seguridad en escuelas, centros comerciales, transporte. En esta política no se usa el miedo sino la cultura de la seguridad para hacer partícipe a la sociedad.


En el caso mexicano, de acuerdo con los antecedentes, sostiene que se optará por la vía bélica, por el recurso de imponer el orden a costa de lo que sea, lo cual es un error porque causará mayores niveles de violencia.


–¿Cuál sería el impacto de esta política en la colectividad?


–Lo que se tiene es la depresión colectiva, y obviamente al entrar en ese estado depende mucho de las condiciones físicas y emocionales de cada individuo. Es un efecto de cascada, de emociones negativas, y aquí se presenta otro problema porque usualmente tendría que ser la autoridad la que se pusiera en el liderazgo para trasmitir tranquilidad, pero al no tener legitimidad y adolecer de gran falta de credibilidad, eso genera más angustia.


“Justamente en estos momentos es cuando ciertas personas se encumbran como líderes, pero esa es otra tragedia porque tenemos una gran desconfianza en nuestros líderes, no tienen legitimidad. Carecemos de una voz que nos explique lo que ocurre y eso es fundamental. Esa es una de las asignaturas pendientes.”


Sentencia: “Quiero ser enfático y duro: no necesitamos de burócratas que cobran por quincena y que desconocen el tema de seguridad. Necesitamos de profesionales de la seguridad y que tengan amor por el país. Puede sonar romántico, pero se requieren personas de esa naturaleza, y si no las tenemos hay que empezar a formarlas”.














La urdimbre mafiosa que engendró el PAN


Jesusa Cervantes






Podría decirse que el ataque terrorista al Casino Royale de Monterrey estaba más que anunciado. Voces de la oposición advirtieron que los casinos eran un peligro: junto a ellos, señalaron, se desarrollan estructuras tipo mafioso que explotan la trata de blancas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Una legisladora perredista pidió a la PGR que investigara algunas casas de apuestas regiomontanas, pero la ignoraron. Y Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, afirma que el gobierno federal es responsable de la proliferación de los casinos por “quitar el dique a la prohibición del juego”, con lo que puso en peligro “la seguridad del país”.


El gobierno emanado del PAN legalizó el juego, dejó de supervisar en los estados la operación de los casinos, provocó un crecimiento desbocado de las casas de apuestas –de 122 a 550 en una década– y “se coludió con poderosas organizaciones”, con lo que puso en peligro “la seguridad” del país. Una muestra de ello fue el ataque terrorista perpetrado contra el Casino Royale de Monterrey el jueves 25, con saldo de 52 muertos.


Hace menos de dos meses, en su edición 1810, Proceso dio cuenta de cómo imperan en los casinos de Monterrey la anarquía, los abusos y ciertas actividades ligadas al narcotráfico, como el lavado de dinero. Además, operan centros de apuestas ilegales –que según algunas organizaciones empresariales son poco más del doble de los legales–, las cuales dejan de pagar al Estado por concepto de impuestos al menos 2 mil millones de pesos anuales.


Concesionarios que pidieron el anonimato afirmaron a este semanario: “Vemos con gran preocupación que los establecimientos que operan de manera ilegal son caldo de cultivo para la participación del crimen organizado; existen datos que arrojan que dichos lugares son utilizados como pantallas en la red de estrategias para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas”.


Igualmente mencionaban la corrupción gubernamental: “Es evidente que detrás de cada uno de los 185 casinos ilegales detectados existe la participación, por acción o por omisión, de funcionarios públicos desleales. Existe la fuerte presunción de que los casinos ilegales se utilizan para blanquear dinero producto del crimen organizado” (Proceso 1810).


El 17 de septiembre de 2004 el entonces presidente Vicente Fox emitió el decreto de Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, promovido por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel y respaldado por el titular de Hacienda del sexenio foxista, Francisco Gil Díaz.


La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de octubre de 2004 por considerar que el reglamento violaba La Ley Federal de Juegos y Sorteos; finalmente los magistrados fallaron a favor del Ejecutivo.


De 1973 a 2000 –bajo gobiernos priistas– el país tenía 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas, aunque sólo operaban 122. Al fallar la Corte en pro del gobierno federal en 2005, Creel otorgó siete permisos para que se establecieran en el país 198 establecimientos; el 17 de marzo de ese año autorizó cinco más y el 29 de abril, en un solo día, avaló 193, se indica en el reporte de la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para revisar la entrega de los nuevos permisos y que presidió el legislador federal priista Héctor Gutiérrez de la Garza.


Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, a la fecha hay 26 concesionarios autorizados que han instalado en todo el país 550 casas de apuestas, aunque tienen permiso para abrir 840. La asociación no precisa si los que están en funciones son legales o ilegales.


De acuerdo con el estudio de uno de los permisionarios más poderosos –por su número de centros y sus redes políticas y quien pidió el anonimato por temor a represalias– en 2010 había 311 casinos en el país, de los cuales sólo 126 eran legales.






Sin dique, la inseguridad






Uno de los políticos que durante 12 años verificó que no se instalaran juegos de apuestas en el país, primero como director de Gobierno y luego como secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, acusa al gobierno federal panista de “quitar el dique a la prohibición del juego”, generar “la explosión” de casas de juego y poner en peligro “la seguridad del país”.


Recuerda que desde el presidente Lázaro Cárdenas el Estado mexicano consideró la instalación de los casinos un inconveniente para la salud social “porque traen la posibilidad de muchas cosas, como prostitución, trata de blancas, etcétera.


“La explosión y las consecuencias empiezan al abrir en 2005 un reglamento. El gobierno panista rompe, quita el dique que se puso en Gobernación. ¿Y por qué el tema está en Gobernación y no en Turismo? Porque es un tema delicado, por todo lo que implica: narcotráfico, trata de blancas, lavado de dinero, y pone en peligro la seguridad nacional”, sostiene.


–¿Los casinos ponen en peligro la seguridad del país?


–Todo lo que sea promover actividades riesgosas pone en peligro la seguridad. Por eso tienes una política que te dice: “Esto no conviene para la seguridad del país”.


El exgobernador de Puebla sostiene que el gobierno panista legalizó el juego a través de un reglamento que está por encima de la Ley de Juegos y Sorteos. “Fox siempre buscó pasar por encima de las leyes con la creación de reglamentos –como lo hizo con el de energía eléctrica, para permitir la entrada de trasnacionales a la producción de energía y someterse a intereses económicos–. La actitud de Fox siempre fue ligera en materia legal, como lo es también la de Calderón.


“Se empieza a resquebrajar la línea de defensa de ‘no al juego’ al salto panista de buscar la legalización del juego a través de un reglamento; es un cambio ético, político y económico. Es un cambio, ¡es el gobierno panista!”, acusa.


El exsecretario de Gobernación considera que ante el ataque al Casino Royale, no se puede considerar que el gobierno federal cayó en omisión, y los acusa de “colusión”.


“¡En estos hechos hay colusión, no hay omisión! Porque la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación es estar gobernando todo… y todo es todo. Es el instrumento de control del país, el control para la gobernabilidad. La gobernabilidad está en Gobernación, es el pivote. Por eso está ahí el dique de cerrar el paso a los casinos.”


Y amplía: “Si existe un mecanismo para que los presidentes municipales participen en el aval de los casinos, pues Gobernación tiene que intervenir; si los jueces federales están dando amparos, pues tiene que intervenir. Gobernación tiene la obligación de hacerlo permanentemente y no puede considerar por autonomía estatal o municipal que un juez o un presidente municipal dejen pasar la instalación de casinos que no tienen permiso. Eso es falso, la autonomía tiene límites”.






Advertencia ignorada






El pasado 2 de mayo, la diputada federal perredista Lizbeth García Coronado advirtió a las autoridades de Gobernación y de la Procuraduría General de la República las irregularidades que estaban ocurriendo con varios permisionarios, demandó una investigación y, en tanto se resolviera, la suspensión de actividades en los casinos.


Entre los permisionarios denunciados está Atracciones y Emociones Vallarta, operadora del Royale de Monterrey, que cuenta con un permiso desde 1992 pero a la que el gobierno de Calderón le autorizó –el 10 de junio de 2009– la instalación de otros 41 centros de apuestas.


Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, en Nuevo León hay 57 casinos. Antes del reglamento propuesto por Creel tenía cinco (cuatro en Monterrey); con el exsecretario de Gobernación se instalaron 10 (dos en Monterrey) y a partir del sexenio de Calderón empezaron a operar otros 42.


Según el estudio de uno de los permisionarios que pidió el anonimato, en esa entidad operan en la ilegalidad 24 casinos; le sigue el Distrito Federal con 24 y luego Coahuila con 16.


En Nuevo León han sido justamente las administraciones locales panistas las que les han permitido validar el permiso nacional e instalar los casinos. Por ejemplo, Adalberto Madero, alcalde de Monterrey de 2006 a 2009, autorizó la instalación de 10, entre ellos el Royale entre cuyos propietarios hay tres parientes suyos: Rodrigo Madero Covarrubias y sus dos hijos José Francisco y Agustín Madero Dávila. Otro caso es el del exedil panista de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado, quien autorizó dos, y la actual presidenta municipal de Guadalupe, Ivonne Álvarez, que ya autorizó tres.


Lizbeth García Coronado, quien advirtió de la ilegalidad, documentó que el Royale permitía juegos prohibidos, como naipes, ruleta y dados. Otros tres casinos propiedad de los Madero fueron denunciados: el Jubileé, el Crystal Palace y el Paradise.


Con este último se relaciona al secretario de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Esiquio Martínez Hernández, quien entregó al Paradise un amparo, el 1276/2007, contra una visita de inspección y clausura y un día después recibió en su cuenta personal 500 mil pesos, según información no desmentida difundida por el periódico Reforma.


Además “este año la PGR incluyó en su indagatoria una llamada anónima donde se dice que los dueños del Paradise lavan dinero de la organización de Los Zetas”, reportó Reforma, el 4 de junio pasado, cuando dio a conocer parte del expediente contra el secretario del juzgado.


A éste se le detectaron varios depósitos por un total de 9.5 millones de pesos; provenían de 13 entidades y 12% era de Nuevo León. Entre los depositantes está el abogado Santiago Francisco Rosario, del Bufete Becerra Pocoroba, que fundó el actual diputado federal Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien durante años fue encargado de las finanzas del Grupo CIE, que tiene permiso para operar 130 centros de apuestas y un hipódromo.


Además denunció que están en la ilegalidad el Folliati, Viva México!, New York, Miravalle Palace, Red, Club 209, Hollywood en Degollado, y Hollywood en la carretera nacional kilómetro 271, La Isla del Tesoro, Revolución, Poker Room y Windland.


Otra de las advertencias de la legisladora y denunciadas ante PGR fue la entrega de permiso de Gobernación a Entretenimiento Chihuahua para instalar 120 centros de apuestas. La diputada considera que ese permiso es apócrifo y revela que esa razón social no está en los registros de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos.


Finalmente dio a conocer que la Secretaría de Gobernación, el 22 de marzo pasado, revalidó el permiso a Operadora Megasport para operar 31 centros de apuestas y un hipódromo, luego de que un juzgado federal demandó su activación, que la propia secretaría había suspendido por incumplimiento de requisitos.


A tres meses de la denuncia, Gobernación no ha respondido a la legisladora y la PGR no ha dicho si dio seguimiento a las denuncias.






¿Quiénes son?






Bartlett, quien acusa al gobierno de coludirse con “organizaciones” –prefiere no aclarar si se trata de organizaciones económicas o de narcotráfico– para el establecimiento de casinos, advierte que Gobernación “rompió el dique de contención a casinos” por razones poderosas.


“Cuando rompes los diques lo haces por razones poderosas; hay poderosas organizaciones y poderosos intereses.”


–¿Son organizaciones criminales o empresariales?


–No sé… bueno, si hay colusión con autoridades y organizaciones, pues ahí ya son ilegales ¿no?


El exsecretario considera que es tiempo de saber quién y para quién se realizó “toda esta urdimbre” de autorizar casinos; “se habla de muchos dueños, de personalidades… el gobierno supo que iba a haber esta explosión de casinos, pero hay que ver quién está detrás, qué organizaciones o individuos, y hay que checar si son empresariales o criminales”.


Durante el recorrido que Proceso hizo la primera semana de julio pasado en Monterrey por diversos casinos se habló también con autoridades de la delegación de Gobernación, quienes, pidiendo el anonimato, revelaron que desde el 18 de septiembre de 2009, cuando realizaron un operativo en un restaurante llamado La Costilla al momento en que se realizaban apuestas ilegales de más de 100 mil dólares, recibieron la orden de las oficinas centrales de no realizar más inspecciones.


La Costilla era propiedad de Rogelio Garza Cantú, también dueño del casino Revolución y quien fue ejecutado el 26 de junio de 2009.


Desde entonces la delegación de Gobernación en Monterrey no verifica que en los casinos se realicen apuestas ilegales.


Bartlett dijo que esta falta de verificación sólo puede obedecer a la “colusión” del gobierno.


–Con esta apertura a los casinos, ¿usted cree que el gobierno ignoraba los riesgos a los que exponía a la población, como lo ocurrido en el Royale?


–Creo que los autorizaron con plena conciencia. El rompimiento del dique, la decisión de Estado de permitir la existencia de lugares de juego con apuestas es deliberado rompimiento, es un cambio de política radical. Y una vez que existe el camino ilegal, irregular, y el fallo de la Corte que avaló el reglamento de Creel, pues con todo respeto le digo que no habían hecho una nueva ley y la que hay prohíbe esos lugares; por lo tanto el reglamento tampoco puede ser.


El reglamento no puede ir un milímetro más allá de la ley y si lo haces es romper abiertamente el estado de derecho, dice y agrega: “Hay un juego en Gobernación con este tema en donde algunos sí tienen permiso, otros no; donde hay jueces que dan amparos, ayuntamientos que permiten la instalación y no pasa nada. Tan no pasa que ya hay más de 700 casinos en todo el país en sólo una década de panismo. Eso también es una colusión de Gobernación y ahí está un efecto (refiriéndose al Royale).


Sostiene que el gobierno no se puede decir engañado de las consecuencias que traería abrir las puertas a los casinos pues desde siempre el PRI se opuso y dio sus razones: los casinos traen muchos problemas de inseguridad, drogas, etcétera.


“Estamos viendo las consecuencias de un mal gobierno de Fox y Calderón; me preguntas si habrán previsto lo que está pasando y sostengo que sí porque esos son los efectos de la autorización.”


–Calderón habló de terrorismo, ¿no abrió él las puertas a ello con sus actos?


–Son dos temas que se juntan: su guerra contra el narcotráfico, censurada por todos, es una guerra que genera problemas. Porque es terrorismo el cobro de piso que sucede en Ciudad Juárez, los coches bomba, y ahora incendian un casino. Eso fue un acto de terrorismo, espeluznante, deshumanizado; pero eso nos lleva al otro problema que son los casinos. Las casas de juego que operan en un estado que no respeta el derecho, porque la responsabilidad de la Secretaria de Gobernación es vigilar eso, entonces sí es terrorismo y entran (gobierno) en un pantano del que ya no salen. El tema de casinos te lleva a un fenómeno que está destruyendo al país: la ausencia de un estado de derecho.


–¿Lo ocurrido en el Casino Royale era predecible?


–Siempre.


Y concluye: “Hay un estudio que dice que uno de los riesgos de un país, de su seguridad, es el mal gobierno”.


El Sistema de Administración Tributaria anunció la noche del viernes 26 que realiza 11 auditorías a casinos en Nuevo León: nueve en Monterrey (uno de ellos es el Hollywood), una en Apodaca (el Abu Dhabi) y otra en San Pedro, donde sólo opera el Alegro, propiedad de Entretenimiento Vallarta, empresa dueña del Royale.














Del juego al fuego


Columba Vértiz de la Fuente






Consternadas y sin atención, muchas personas buscaban los cuerpos de familiares, amigos o compañeros de trabajo; les ofrecían mostrarles la lista y no lo cumplían… Algunos empleados que se salvaron, estremecidos por la catástrofe, deploraban también haber perdido el empleo, y unos más se proponían ya no laborar en los casinos porque, decían, todos han sido baleados, excepto el de Jorge Hank… Una extrabajadora, indignada, señalaba que sólo si un hijo del presidente, del gobernador o del procurador hubieran estado entre las víctimas los funcionarios se comprometerían “a luchar de verdad por el ciudadano”.


MONTERREY, NL.- “¿Por qué?, ¿por qué matan a gente trabajadora e inocente? ¡No es justo! ¡No…!”


Es Julia, quien reconoce el cuerpo de su hija, del mismo nombre. Tenía 24 años. En tanto, varios grupos lloran en la entrada del Servicio Médico Forense (Semefo).


La joven Julia era soltera y trabajaba en el Casino Royale. Su mamá prosigue consternada:


“Aún no la puedo sacar. Esperaremos el resultado de la autopsia. Creo que murió por el humo.”


Casi todo el rostro lo tiene mojado. Ya no puede hablar y su mirada se halla perdida. Su otra hija que la acompaña aún no da crédito.


Según médicos forenses, llegaron 52 cuerpos, de los cuales 42 son mujeres. Han sido identificados 46. Corre la voz de que los demás quedaron totalmente quemados.


La mañana del viernes 26 es nublada, pero la temperatura llega a 24 grados. Nadie está quieto. La oficina de información es un torbellino: gente entrando y saliendo todo el tiempo.


En el Semefo no hay lista de los fallecidos ni de los que han sido identificados. Los presentes reflejan dolor y tristeza. Cerca de 15 personas, instaladas en la entrada de la morgue, buscan familiares y amigos. Se molestan porque no hay quién les informe. La mayoría pretende hallar a mujeres mayores de 60 años a las que gustaba “distraerse en el lugar”.


Sale Luis de donde yacen los cuerpos, con los ojos rojos.


Vio a su primo Jesús, de 30 años, otro trabajador del Royale:


“Está muerto, está muerto… apenas llevaba una semana allí. No encontraba trabajo. Buscaba, buscaba y buscaba, y nada. De repente aquí le dieron chamba. Dejó hijos chicos. ¡No se vale!, ¡no se vale!…”


No habla más ni menciona su nombre completo:


“No quiero que me hagan propaganda. Sólo exijo que el gobierno ya pare todo esto. ¿De qué se trata? Que viene al rato el presidente… ¿a qué? Si sólo viene a hacer acto de presencia para la foto, lo considero como burla. En lugar de que ayude a los familiares de los asesinados y de verdad haga algo por Monterrey… Y nada. Donde sea, te matan sin deberla ni temerla.”


Prefiere no continuar, pero golpea con su puño derecho la pared. Suena su celular y se aleja para contestarlo.






“Calderón sólo es un teatrero”






María ya casi no ve por la inflamación de sus ojos:


“Vine a identificar a mi mamá; ella trabajaba en ese sitio. Ya la identifiqué. Me dicen que no tengo servicio para el panteón, y a muchos les están dando. Mi mamá tenía 58 años. Era muy trabajadora. No puedo creer que esté muerta, no puedo. Le encontraron quemaduras, aún no me dicen cómo falleció. Ya no quiero saber, ¿para qué? Qué triste, qué triste…”


Una mujer humilde de 60 años busca a una amiga de su edad que siempre estaba en el segundo piso:


“No la encuentro. No tengo su celular. Creo que no tiene familia. No hay listas de nada. Ojalá y aparezca. Me dicen que para entrar a la morgue debo traer su acta de nacimiento o una credencial de elector de ella o una foto de ella. No tengo nada de eso. Y debe acompañarme un familiar. Ya me voy porque me siento muy mal, se me baja la presión.”


Le ofrecen comida gratis en una carpa pequeña instalada a unos 10 metros. Y una psicóloga de la Secretaría de Salud de Nuevo León le proporciona sus datos, “por si necesita el servicio”.


También las funerarias aprovechan el momento, dan su publicidad, como Valle de la Paz. Los empleados de Protecto, empresa que asesora “en momentos difíciles” para “soluciones rápidas”, ofrecen su tarjeta de presentación, que reza: “Cremaciones, traslados, locales y foráneos”.


Policías, guardias, médicos, gente de la procuraduría, periodistas, abogados, familiares de víctimas, salen y entran de la pequeña oficina de información. A todos les piden los documentos para que puedan ver la lista, pero no la muestran.


Algunas sillas de plástico instaladas en la entrada del depósito de cadáveres se hallan ocupadas por familiares de fallecidos. No paran de sollozar. No platican nada entre ellos, no pueden.


Unos hacen fila. Les explican con detalle lo que deben entregar, pero no entienden, sólo muestran su tristeza y preocupación.


“En estos momentos me siento muy nerviosa, parece que estoy volando, no estoy concentrada”, externa Carmen, quien busca a su mamá de 58 años que acudió con amigas al casino.


Don Gabriel, de siete décadas cumplidas, cuenta que busca a su esposa. Se reserva su nombre:


“No entiendo nada, no tengo cabeza para nada, para qué demonios viene Calderón, sólo es un teatrero, queremos soluciones, ya no podemos, todo está muy mal.”


Tres familias de evidente buena posición económica esperan los cuerpos de sus muertos. No dan declaraciones. Sólo exigen que se acabe la violencia.


“Ya no podemos más –señala uno de ellos, un muchacho de unos 20 años–, este gobierno no hace nada”, lamenta.


Todo es caos. Muchos continúan preguntando por la lista. Siguen saliendo de la morgue personas desconsoladas. Se niegan a las entrevistas. Y nadie los consuela.


Atrás del Semefo se ubica el Hospital Universitario. Allí, de los 10 heridos que ingresaron, sólo permanecen tres. Dos son mujeres que, en breve, serán dadas de alta. Tampoco existe una lista. No hay ventanilla alguna para informar.


Un chofer que espera a una de las internadas, su prima, exige a través de este medio:


“Los políticos de ahora no merecen ningún respeto. Por fortuna mi ser querido está bien. Pero no debió morir tanta gente. Han dejado que México se hunda en todos los sentidos. Si no pueden terminar con el crimen organizado, que renuncien ya, pero ya…”






Por “los verdaderos culpables”






Es el jueves más difícil que ha vivido Monterrey. Así lo consideran sus habitantes. Son las 16:30 horas. La avenida San Jerónimo se ha cerrado, y el tráfico de autos se ve a lo lejos. Sobresalen los sonidos de diferentes sirenas. Hay 14 patrullas. En tanto, los bomberos intentan apagar el fuego del local de apuestas. Ambulancias del gobierno y privadas pasan entre el humo que apesta.


La fachada del Royale –edificio con 10 mil metros cuadrados de construcción– ha sido totalmente destruida. Una de sus paredes laterales, que daba a la avenida San Jerónimo, se derrumbó. Los dos pisos son consumidos por el fuego.


El Ejército vigila, lo mismo que personal de la procuraduría y de la policía federal y local. Pero no dan cuenta de nada. La gente que, desesperada y asustada, se les acerca para saber de sus conocidos, amigos o familiares, sólo escucha: “Llame a Locatel”.


Lo que queda del Royale no se aprecia bien por el humo. Se ve que la cocina y el restaurante son lo más dañado del edificio, en el primer piso. En la entrada se encontraba el Bingo, un juego de azar al que concurría la mayor parte de los clientes. Atrás eran los baños. Arriba, dicen, se hallaban las maquinitas.


Sacan y sacan cuerpos. No dejan que se acerque nadie. Primero eran seis, luego 23, siguió creciendo la cifra: 36.


Pasan las horas.


Una joven jugadora sale del local en estado de shock:


“Entraron tres tipos. Uno estaba todo pelón. Me sacaron con su arma. Ya no sé más. Mucha gente salió por la azotea. Yo sí vi que se llevaban a algunos… no sé, no sé. Rociaron gasolina. Ya no quiero decir más.”


Laura García llega por su tía Elsa Martínez de Morales, de 72 años:


“Venía a jugar. No saben nada de su paradero. Ni ella se ha reportado, y no contesta su celular. Quiero gritar y llorar…”


Temerosa, una señora indaga el destino de su mamá, Petra Bustos Velázquez, de 63 años:


“Siempre juega aquí. Venía con mi hermana Ana, quien sí alcanzó a salir, pero de mi mamá no sabemos nada.”


Su hermana le contó que entraron dos personas con armamento y empezaron a sacar a la gente. “Cuando mi hermana se regresó a buscar a mi mamá, uno con su arma le dijo que se saliera”.


Señala que “no iban contra la gente, sino contra el casino. Rociaron todo con gasolina y a varios los sacaron a punto de pistola”.


Su hermana fue trasladada al Hospital Universitario porque se le bajó el azúcar. “Se puso muy mala, pero de mi mamá nadie nos quiere dar razón, no hay nada de información”.


Finaliza llorando:


“Qué miedo. Qué tristeza. Todo está todo fuera de control.”


Ya es de noche. Después de tres horas el fuego es controlado. El casino queda destruido. Sólo se alcanzan a apreciar escombros de color negro. Son las 20:30 horas. Llega el procurador general de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza, quien informa que son 40 los muertos, cifra que “podría incrementarse”. No relaciona el suceso con el crimen organizado hasta “realizar las investigaciones”.


Tampoco hace contacto con la gente que espera algún dato de sus familiares. Algunos se enojan:


“Sólo viene a hacer su show y no sabe nada, no dice nada, y no hay listas, nada. Queremos saber a quiénes enviaron al hospital. Sólo quieren aparecer en la televisión.”


Trabajadora de la cocina del Royale desde hace un año, Clara Ibarra, de 29 años, mira con abatimiento el inmueble destruido. Cuenta a este semanario:


“Vine a ver a mis compañeros. Salí a las tres de la tarde, más temprano que de costumbre. Lo que nunca hago, siempre me quedo hasta más tarde, a las cuatro. Llegando a casa me enteré de lo que pasó. Me salvé.”


–¿Cuánta gente estaba trabajando a la hora del hecho?


–Había un buen en el turno, cerca de cien.


–¿Cuántos clientes dejó?


–Había pocos porque era temprano, unos 80. Si hubiera sido a las siete u ocho de la noche estaríamos hablando de más muertos. Es jueves de tardeada. Empezaba a las cinco. Consistía en promociones que dábamos cada hora. Había Bingo, maquinitas y apuestas de carreras.


Una mesera amiga suya, que salió ilesa, le narró:


“Llegaron apuntándoles y los sacaron. Que la intención no era agredir a la gente, pero aventaron las bombas y la gente salió volando. Les valió. Me preocupa que no encontramos a una compañera llamada Julia.”


Con agobio, expresa que era su fuente de trabajo “y ahora ya se acabó”. Sigue:


“Tengo miedo. Ya no sabes si estás bien en un trabajo. Estás luchando por ganarte la vida y llega alguien y te la quita nomás porque sí. Les pedimos a las autoridades que paren esto porque al paso que vamos ya no habrá Monterrey, de tanta gente que se ha muerto injustamente.


“La gente que venía aquí era adulta, acudía a distraerse. Sobre todo mujeres. Eran personas mayores que no tenían la facilidad para pararse y correr. Podían ser sus papás o abuelitos y les valió. Ojalá y las autoridades encuentren a los culpables, pero a los verdaderos.”






Al país “se lo cargó la chingada”






Siguen sacando cuerpos del Royale. No paran el rescate. Las sirenas aún suenan en todo su estertor. Se ha controlado el fuego, el humo disminuyó. Otra trabajadora, que no quiso ser nombrada, asegura que todo estaba monitoreado: “Hay gente que debe tener imágenes de quiénes eran y cómo llegaron”.


Conmovida, agrega que toda la gente fallecida se asfixió. “Ya con tanto humo, cómo corres”.


El olor a quemado es fuerte. Se observan los dos pisos en cenizas. Nada se salvó.


Por la parte de atrás, cuatro trabajadoras, de 30 a 45 años, del turno de la noche, recuerdan que hace seis meses ya había sido baleado el casino. Las citaron para ver a la supervisora, pero no la encontraron. Su rostro muestra confusión y susto. Manifiestan “mucha, pero mucha tristeza”, y se dicen preocupadas “por haber perdido el trabajo”.


Una resalta:


“Bueno, es mejor estar vivas. Me siento muy mal por la gente que murió. Me siento impotente. Estoy mal, muy mal. Ya es mucho castigo. Cada rato hay balazos.”


Piden no escribir su nombre. Una de ellas alza la voz:


“Ahora quiero trabajar en otro lado, ya no en un casino, no, porque en todos ha habido balazos. Pero esto es una tragedia. No es posible que pase esto, ya es demasiado. Bueno, dicen que el casino es de Jorge Hank, pero no sabemos.”


La voz de otra de ellas sobresale:


“Cuentan que el casino Caliente, que sí es de Hank, es el único que se ha salvado, no le han hecho nada.”


Se acerca un joven. Desea saber si hay una lista. No halla a su hermano, que era guardia de seguridad en el Royale, Francisco Leobardo Robledo Guerrero, de 30 años. Tenía menos de un año trabajando ahí:


“No se ha contactado desde que sucedieron las cosas. No sabemos nada de él. Nadie nos responde. No hay atención. Del lado de San Jerónimo llegó el procurador, y sus guaruras no me dejaron acercarme. ¿De qué se trata? Dicen que nos ayudarán, y no es cierto.


“La situación está muy grave, muy grave, y nadie se responsabiliza.”


De regreso a la avenida San Jerónimo, dos varones se abrazan. Uno llora desconsoladamente… grita. Le avisaron que su hermana estaba en la morgue, Liliana González Zamarripa, de 25 años. Había acudido a jugar.


Junto a ellos, María Aurelia Monsiváis Estrada quería saber de su hermana María Guadalupe, de 26 años, que recargaba fichas:


“Laboraba en la parte de enfrente. Dicen que no nos van a dar información de los que salieron a pie, sólo de los que enviaron a los hospitales. Vamos al hospital y no nos dan nada.


“Mire, nada más de ver el edificio, duele. No es posible que personas inocentes con familia estén ahí tiradas, algunas tapadas. ¿Cómo es que hay gente que no se tienta el corazón para hacer este tipo de cosas? Dicen que tal vez a los que estaban hasta adelante los dejaron salir, pero no se sabe. ¡Dios mío!”


Un grupo de hombres, bien vestidos, de clase media alta, se mueven de un lado para otro. Sus ojos están desorbitados. Sólo uno comenta que no encuentran a su esposa y a tres hermanas de ella:


“¿Cómo se ha llegado a este extremo con el gobierno? No hace nada, se queda con los brazos cruzados, sigue haciéndose de la vista gorda…”


Mientras tanto, la cifra de muertos ya subió a 51; al principio, se rumoraba que sumaban 75.


Claudia Treviño pide auxilio. No da con su tía Elsa Martínez de Morales, de 72 años:


“Por favor. Nadie me informa. No sabemos nada. Mi tía venía con frecuencia. Es muy, muy triste, es una catástrofe. Pinche gobierno.”


Se resbala su llanto.


Un integrante de la Cruz Verde asegura que unos murieron quemados, pero la mayoría se intoxicaron, y que nadie recibió balazos.


Otra trabajadora del Royale, del turno de la mañana, cuenta:


“El casino estaba abierto las 24 horas. En total laboramos 170 personas. A esa hora se calcula que había 300 gentes, entre clientes y personal. La salida de emergencia, que está en la azotea, estaba muy chiquita. Conocía a muchos compañeros. ¡Qué horror y tristeza!”


No intenta contenerse:


“No puede ser que pase esto. ¿Cómo regresarles la vida? No le deseo nada malo a nadie, pero me hubiera gustado que un hijo del presidente hubiera estado aquí, un hijo del gobernador o un hijo del procurador. Para que sintieran este dolor y se comprometieran a luchar de verdad por el ciudadano. Lástima, los jodidos siempre son los más jodidos, y les vale.


“Perdón por lo que digo, pero a este país ya se lo llevó la chingada. Puras mentiras nos dicen, no somos pendejos.”


Se limpia sus ojos con su suéter:


“Estoy cansada de todo esto, disculpen.”














En este país no hay culpables…


Luciano Campos Garza






MONTERREY, NL.- El ataque al Casino Royale en esta ciudad, que provocó la muerte de 52 personas, demostró que la corrupción abona el terreno para el accionar de las bandas criminales. Además, el desorden que impera en la instalación de esos lugares y la imposibilidad de los municipios para cerrarlos ha creado en la sociedad la sospecha de que se trata de centros de lavado de dinero.


Ahora el problema alcanzó niveles de tragedia con el crimen cometido por un comando el jueves 25 a las 3:48 de la tarde en ese centro de apuestas que funcionaba por “la complicidad de autoridades encabezadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (TCA) del estado, afirmó Fernando Larrazábal Bretón, alcalde de Monterrey.


El panista Larrazábal es uno de los funcionarios que alegó inocencia momentos después de ocurrido éste, el peor atentado terrorista contra la población civil en la historia reciente de México.


En una exhibición de autoridades contrapunteándose públicamente, en medio del dolor generado por el ataque de la delincuencia organizada, el alcalde fue refutado al aire en una televisora local por la presidenta del TCA, Juana María Treviño Torres, quien responsabilizó al ayuntamiento al señalar que la tragedia fue provocada por Protección Civil municipal, cuyo personal debió revisar que hubiera puertas de emergencia (no las había).


En medio del drama, Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador priista de Nuevo León, habló en televisión para decir que no era momento de buscar responsables, y en defensa de Treviño Torres señaló que, en todo caso, el peso de la tragedia podía caer en Protección Civil de Monterrey.


No ha sido mencionado el nombre del grupo delictivo al que pertenecen los homicidas, por los que el gobierno federal ofrece una recompensa de 30 millones de pesos.


En respuesta a la tragedia, el jueves por la noche llegó a Monterrey el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y al día siguiente Felipe Calderón. Colocaron una corona de guirnaldas en memoria de los caídos y el presidente decretó tres días de duelo nacional. Por la tarde del viernes 26, el Ejército efectuó operativos en varios casinos del área metropolitana.


Mientras los familiares buscan a sus muertos en el servicio forense del estado, sigue el problema de la proliferación de giros negros abiertos en Monterrey contra la voluntad del municipio.






Corrupción criminal






Un video de una cámara de seguridad en el exterior del centro de apuestas muestra al comando que llega en cuatro vehículos: un Minicooper blanco con franjas negras, una camioneta negra, una camioneta Equinox gris y otro sedán gris.


Entre ocho y nueve sicarios actuaron en 2 minutos y 30 segundos: de uno de sus vehículos bajaron recipientes que contenían un líquido inflamable e incendiaron una de las entradas del casino en cuyo interior había unas 300 personas entre clientes y trabajadores. El fuego dejó atrapadas a cientos de personas.


Algunas escaparon por la puerta principal antes de que el incendio se extendiera y cancelara también esta posibilidad. Otras, ante el estruendo de las explosiones, fueron a la planta superior o se encerraron en baños u oficinas, donde murieron asfixiadas y carbonizadas. Había una puerta lateral que parecía salida de emergencia, pero no había forma de pasar por ahí.


Contra lo que dicen algunos testimonios, la procuraduría estatal sostiene que no hay evidencia de que hubiera disparos dentro del casino.


A las seis de la tarde, rescatistas de Protección Civil del estado y del municipio comenzaron a sacar cadáveres. El edificio humeante complicaba la labor. Retroexcavadoras que hacían trabajos de vialidad en un área cercana fueron llevadas al edificio para que abrieran boquetes en las paredes por las que el humo salió y a través de los cuales pudieron entrar los bomberos para sacar más cuerpos que fueron enviados al anfiteatro del Hospital Universitario.


Conforme avanzaban los trabajos de recuperación de cadáveres se extrañaba en el lugar la presencia de las autoridades. Ningún funcionario se presentó, sino hasta las nueve de la noche, cuando llegó el procurador estatal Adrián de la Garza Santos, quien dio la información preliminar.


En el transcurso de la tarde, Larrazábal convocó a una conferencia de prensa para comenzar el reparto de culpas. Ahí se enlazó con las televisoras locales para presentar documentos con los que demostraba que el 4 de mayo había ordenado clausurar el Casino Royale por unos trabajos de ampliación que no tenían permiso municipal.


Treviño Torres interrumpió la transmisión para aclarar que los propietarios del casino promovieron un juicio de nulidad para impedir que el lugar fuera cerrado y se les concedió la suspensión el 31 de mayo, pues nada les impedía remodelar el lugar.


Larrazábal señaló que los magistrados fueron engañados pues los empresarios querían agregarle 568 metros cuadrados de construcción al lugar que ocupa un área de 17 mil 423 metros, haciéndoles creer que estaban remozando. Señaló el alcalde que el 8 de junio solicitó al magistrado José Alfonso Solís Navarro que acudiera a hacer una inspección física, pero éste se negó.


La magistrada le contestó que la actuación de su colega fue dentro de la ley: “El Tribunal no abre casinos. Sólo califica, en este caso, lo que la autoridad estatal o municipal presente como actos o resoluciones apegadas a derecho; en este caso el municipio, en apariencia, actuaba de manera ilegal porque, al menos cuando se presenta la demanda, tenemos la versión de quien presenta el juicio en el sentido de que se trataba de remodelación”.


La funcionaria recordó que el Casino Royale operaba con autorización del municipio y de la Secretaría de Gobernación.


Al final del debate Larrazábal acusó directamente de la tragedia a los magistrados del TCA y a la Secretaría de Gobernación por entregar de manera desordenada permisos para la apertura de casinos. “A la Secretaría de Gobernación le hemos enviado dos exhortos por petición del cabildo y no han venido a Nuevo León a revisar los casinos”.


Treviño señaló como responsable a la Dirección de Protección Civil del municipio por no haber revisado las instalaciones del casino: “Si estos negocios están en juicio de amparo, Protección Civil debe hacer su chamba y estar checando estos negocios donde hay concentración de público”.


El gobernador Medina también apareció en televisión para anunciar que la investigación será atraída por la Procuraduría General de la República y que la estatal será coadyuvante. Pidió la intervención de Gobernación para que revise los permisos de operación de los casinos.


“Espero que se resuelva de una vez por todas en este país el otorgamiento de permisos para casinos. Hay un desorden legal. Se otorgan permisos del gobierno federal que luego tienen que ser aceptados por los cabildos, lo que deja con lagunas legales el procedimiento, y luego nos enfocamos en denuncias y procedimientos en un tribunal y otro.”


Sin embargo apuntó la responsabilidad hacia la autoridad municipal: “Entiendo que es Protección Civil de los municipios, por tratarse de un permiso municipal”.


Al finalizar el día se contaban 52 muertos, de los cuales 42 eran mujeres. Del total de cadáveres el viernes en la tarde 46 habían sido identificados. Los seis restantes, carbonizados, requerían un análisis mayor.


El viernes 26 por la mañana Blake Mora encontró en los periódicos locales una solicitud del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, para que se cierren definitivamente dos casinos que están clausurados de manera temporal en su municipio: el Alegro y el Sport Zone. También le pidió que se oponga al otorgamiento de permiso para la apertura de un establecimiento proyectado y aún sin nombre.


El funcionario federal no respondió.






Protección oficial






Algunos de los establecimientos conocidos como giros negros operan en esta ciudad amparados por el TCA, integrado por tres magistrados que se han ocupado de permitir que 36 de estos negocios trabajen sin restricciones pese a la disposición municipal de clausurarlos.


José Adrián González Navarro, director jurídico del municipio, señala directamente a Juana María Treviño, presidenta, y a los dos magistrados de las salas ordinarias, Alfonso Solís Navarro y Aurora Gámez.


Monterrey enfrenta el mismo problema de San Pedro, donde el alcalde Mauricio Fernández ha acusado directamente a los mismos jueces de corruptos. En esta ciudad hay 12 casinos que operan contra la disposición municipal y gracias a los magistrados del TCA, dependiente del gobierno estatal.


Pero ahora el ayuntamiento debe enfrentar litigios fuera del estado, pues por lo menos un juez federal de Saltillo ya entregó amparos a casinos que el municipio ve como ilegales, una acción que el alcalde Larrazábal tacha por lo menos de sospechosa.


Larrazábal, quien estuvo en la reunión que el viernes 26 tuvieron el presidente Calderón y el gobernador Medina, dijo que los otros casinos que operan en la ilegalidad están en una situación de riesgo similar a la del Royale, pero que el ayuntamiento está imposibilitado para actuar.


“Hay 12 casinos de diferentes propietarios que no tienen ninguna licencia del gobierno de Monterrey y que pueden estar en un riesgo similar. Los contenciosos administrativos o el juez federal de Coahuila están impidiendo que el municipio pueda siquiera revisar sus procedimientos e instalaciones, con los amparos y suspensiones que están otorgando.”






Los magistrados, el nuevo problema






Además de tratar de controlar a los negocios que venden alcohol en la localidad, el municipio tiene que lidiar con los magistrados que, “indebidamente” –según señala González Navarro–, han otorgado suspensiones para que sigan trabajando.


Hay 23 negocios amparados, con juicios que se llevan en el TCA que les ha otorgado protección para que sigan operando. Otros expedientes son de 13 casinos que operan o están en construcción en esta capital, entre los que está el Royale.


El municipio no quiere que operen porque están fuera de la norma y son reiterativos violadores del horario. Pero los negocios siguen funcionando sin respetar límites, gracias a la protección del TCA, que se encarga de dirimir disputas entre el municipio o el estado contra particulares que se dicen afectados por acciones de esas instancias.


“El nudo burocrático que permite a los jueces dar una suspensión a los antros rebeldes se basa en el criterio arbitrario de los magistrados”, dice el funcionario, quien señala que una vez que el TCA otorga el amparo, el municipio está imposibilitado de actuar.


González Navarro pone un ejemplo hipotético, la construcción de un casino. El municipio la detecta y como no permitirá su apertura, decide clausurar la edificación. Ante esto el propietario pide y obtiene una suspensión en el TCA, que le notifica al ayuntamiento que debe darle el derecho de audiencia al propietario del inmueble.


El ayuntamiento le notifica al TCA que ya dio ese derecho de audiencia y que el dueño no pudo comprobar que tenía licencia para construir el casino porque el municipio no se la dio. Pese a todo el Tribunal le entrega la suspensión al quejoso.


Dice González: “Yo le pregunto al Contencioso ¿para qué me necesitas si no le di el permiso de construcción ni de cambio de uso de suelo para que se instale como casino, pero tú a través de suspensiones le das un derecho que nunca le di yo como municipio?”.


“El acto administrativo por el que inició el negocio es una licencia y si no tienes ésta, no tienes derecho y no puedes operar. ¿Por qué le das una suspensión? Esto recae en Alfonso Solís y Aurora Gámez, los dos magistrados.”


Aunque no se atreve a señalar a los jueces como corruptos, como lo hizo recientemente el alcalde de San Pedro, sí menciona que han asumido criterios contradictorios.


“En los casos normales donde no hay influencia de nadie, la resolución de la sala superior (la que lleva Juana María Treviño) es que para dar una suspensión se necesita tener una licencia, pero por una razón que no entiendo o por falta de conocimiento de los mismos criterios del tribunal, las salas ordinarias dan suspensiones sin licencia”.


De los 13 casinos uno ha obtenido, además de la protección del TCA, un amparo de un juez de Coahuila. Antes la protección constitucional la proporcionaban los tres jueces federales que hay en Nuevo León.


Mauricio Fernández promovió ante el Consejo de la Judicatura Federal que fuera suspendido Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa en el estado, por haber entregado, indebidamente según el edil, un amparo a la empresa Entretenimiento de México y Producciones Móviles (Proceso 1810).


El juez fue suspendido a partir del 1 de junio y está sujeto a una auditoría. A partir de la sanción, los otros dos jueces en la entidad se inhibieron de entregar amparos para expedientes polémicos, como los de los casinos. Por eso, el particular que quería el amparo en Nuevo León tuvo que obtenerlo en Coahuila.


El 14 de julio, Monterrey clausuró tres casinos: Winland, Crowne y Miravalle. Al día siguiente bajó las cortinas de Foliati y California Palace. El 18 de julio San Pedro cerró el Alegre, que había cambiado su nombre a Golden Island. El ayuntamiento argumentó violaciones a la Ley de Hacienda de los Municipios.


Sin embargo, el juez segundo de Distrito con sede en Saltillo, Juan Miguel García Malo, otorgó una suspensión a los casinos Crowne, Jubileé y Viva México! en Monterrey. En San Pedro también le dio protección al Golden Island que, sin embargo, sigue clausurado por un recurso de revisión que interpuso el municipio.


El 22 de julio Larrazábal denunció que el juez saltillense pudo actuar en contubernio con los empresarios de las apuestas. Consideró que será complicado para el municipio litigar con jueces de otras entidades federativas.


Se quejó de la actuación de la Secretaría de Gobernación: “Es una burla para la autoridad del municipio. Para poder abrir un casino, uno de los requisitos es la anuencia de la ciudad donde se va a instalar. Pero es increíble que Gobernación les permita que operen de manera ilegal, violando las disposiciones locales. Cómo es posible que operen 12 casinos con el amparo de jueces o de Gobernación”.


Este mes el ayuntamiento regiomontano emprendió una limpia de antros en el centro de la ciudad. El lunes 1, inspectores municipales clausuraron el Bar Sabino Gordo, donde el 8 de julio fueron asesinadas 20 personas, entre clientes y empleados, por un problema relacionado con el narcomenudeo.


El ayuntamiento se basó en la investigación emprendida por la procuraduría estatal, en la que se comprobó que en ese lugar vendían drogas, motivo suficiente para el cierre definitivo.


El sábado 13, con el apoyo de más de mil policías municipales, estatales, federales y soldados, fueron clausurados 21 antros por diversas faltas administrativas. Cuatro de estos lugares fueron cerrados de manera definitiva.














Guía de turistas en un México en llamas


Jenaro Villamil






Con expresiones y actitudes de osado explorador de Discovery Channel, el presidente Felipe Calderón rebajó su investidura para servir de guía de turistas a los conductores de la serie televisiva The royal tour, a quienes llevó a las pirámides de Chichén Itzá y de Teotihuacán, a bucear en los arrecifes de Cozumel, a descender al Sótano de las Golondrinas, a bogar en una laguna de la Lacandonia… El mandatario mexicano quiere enviar un mensaje: los sitios turísticos mexicanos son seguros para los extranjeros, no están contaminados por la violencia del crimen organizado que envuelve en llamas al país…


–¿Está asustado? –le pregunta Peter Greenberg, veterano conductor de series turísticas de CBS News, a Felipe Calderón.


–No –exclama el mandatario mexicano mientras desciende como deportista de alto riesgo al Sótano de las Golondrinas, en San Luis Potosí.


“De hecho estoy disfrutando… Tengo otras tareas que son más difíciles y peligrosas en mi ejercicio como presidente”, completa Calderón en un inglés de guía de turistas.


El corte del video promocional de la serie The royal tour, que será estrenada el próximo 22 de septiembre, nos transporta a una imagen de Felipe Calderón en su despacho en Los Pinos con la banda presidencial terciada. Diserta sobre el combate al crimen organizado. Insiste en que éste es un problema que no amenaza las zonas turísticas ni a los visitantes extranjeros.


Los tiroteos en Monterrey, Ciudad Juárez, Torreón o Acapulco, zona turística por excelencia, no se mencionan en la serie. Tampoco el hecho de que una encuesta de Consulta Mitofsky levantada en marzo de 2011 reveló que 62% de los 3 mil entrevistados considera que “las cosas se están saliendo de control” en la guerra de Calderón contra el crimen organizado.


The royal tour, serie patrocinada por la Fundación José Cuervo, de la compañía tequilera, se suma a la teleserie El Equipo –financiada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y transmitida por el Canal 2 de Televisa entre el 9 y el 15 de mayo pasados– y a la nueva serie La Teniente, grabada con el apoyo de la Secretaría de la Marina para TV Azteca y cuyo estreno se pospuso a marzo o abril de 2012.


Ni estas teleseries ni los spots y los infomerciales que se han difundido en vísperas del V Informe de Gobierno de Felipe Calderón han modificado la percepción pública frente al fenómeno del crimen organizado. La Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, elaborada por la UNAM y divulgada el martes 23, revela que 75% de los entrevistados reclama transparentar la información sobre la lucha contra el narcotráfico. Cerca de 70% afirmó que “en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno”.


El mismo Calderón ha minimizado esta percepción pública del riesgo frente a las secuelas del combate al crimen organizado. Apenas el pasado 20 de mayo durante la Cumbre Global de Viajes y Turismo, en Las Vegas, el mandatario expresó ante Peter Greenberg:


–Yo vi a miles de spring breakers divirtiéndose en México y lo que yo tengo entendido es que los únicos shots (disparos) que recibieron eran de tequila, y nada pasó.


Greenberg festejó la ocurrencia, al igual que los consejeros del World Travel and Touring Council. Y Calderón insistió: “La violencia y el crimen no están afectando a los turistas, y además se lo están pasando bien. Se pueden contar con la mano los incidentes con turistas extranjeros”.


Guía de turistas






Alguna relación promocional debe existir entre los shots de tequila mencionados por Calderón y la Fundación José Cuervo, productora del tequila del mismo nombre y patrocinadora de la serie The royal tour, grabada por el canal de televisión restringida VMe.


Gracias a ese patrocinio Calderón abandonó durante varios fines de semana sus funciones como primer mandatario para convertirse en guía de turistas en esta serie que empezó a grabarse en febrero de 2011.


En Tequila, Jalisco, después de capturar su imagen cabalgando en un nacimiento de aguas termales, cortando agave y envasando una botella, Calderón se reunió con los empresarios Francisco González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera; Miguel Ángel Domínguez, presidente del Consejo Regulador del Tequila y Juan Beckman, presidente de la Fundación José Cuervo.


En el video promocional de The royal tour, difundido en YouTube y en la BBC World, se ve a Calderón disfrazado de buzo en el cenote sagrado de Chichén Itzá, enfundado en una guayabera contando en inglés los escalones de la pirámide de Kukulcán, rapeleando o remando en ríos, usando machetes como si fuera un experto agavero o guiando a su invitado-conductor por el santuario de la mariposa monarca en Michoacán.


La culminación de esta “aventura muy especial” es un paneo de 360 grados con la figura de Calderón solitario y triunfante en la cúspide de la pirámide de Teotihuacán, mirando el esplendor prehispánico.


“Esta no es la típica visita turística y este no es el guía tradicional”, afirma el anuncio de la BBC. Calderón se unió a un selecto club de mandatarios que han participado en The royal tour, como el rey Abdullah II de Jordania o el expresidente peruano Alejandro Toledo, quien abandonó la Presidencia de su país con 22% de aceptación, el índice más bajo en la historia de esa nación andina.


Peter Greenberg explica en el video que mientras exploraba con el presidente mexicano “las poco conocidas gemas del país”, Calderón “también me llevó dentro de su búnker de seguridad” y “discute la batalla contra los cárteles de la droga y lo que realmente representa para los turistas”.


Este el objetivo de The royal tour. Empeñado en convertir a México en la quinta potencia turística, Calderón insistió desde enero de 2011 que éste sería el “año del turismo en México”.






“El Equipo”, sin rendir cuentas






Proceso reseñó en su edición 1802 el estreno en Canal 2 de Televisa de una “telefarsa” para publicitar los logros de la SSP, encabezada por Genaro García Luna, el mismo funcionario que ha promovido “recreaciones” televisivas de detenciones de presuntos delincuentes o que transforma en reality shows las detenciones de capos del narcotráfico.


El costo oficial de la teleserie fue de 118 millones de pesos, según el contrato OM/DGRMSG/AD/022/2012 de la SSP, pero otras fuentes internas de esa dependencia insistieron ante Proceso en que el costo real ascendió a 150 millones de pesos.


La respuesta de la SSP a la solicitud de acceso a la información número 0002200 0722511 evadió responder si hubo pago o no por la utilización de equipos, helicópteros, armamento, instalaciones y demás objetos mostrados en las series El Equipo y Drenaje profundo, ésta transmitida por TV Azteca pero con menos impacto que la primera.


La Unidad de Asuntos Jurídicos de la SSP le respondió al Instituto Federal de Acceso a la Información: “No contamos con expedientes que contengan datos de la información solicitada” y desconoce si hubo pago alguno.


El Equipo generó una polémica pública por la utilización de estas instalaciones, aeronaves, armas y el búnker de la SSP para promover la ficción de un grupo de agentes especiales e incorruptibles que enfrenta a los narcotraficantes.


La producción corrió a cargo de Pedro Torres, director de Filmmates Group, dedicado a financiar con recursos de los gobiernos estatales producciones espectaculares que van desde spots hasta teleseries o informes de gobierno. El guión fue de Luis Felipe Ybarra y el director fue Carlos García Agraz.


El éxito de El Equipo fue menor al esperado a pesar del escándalo generado en los medios. El primer capítulo tuvo un rating de 17.5 puntos, menor a los 23 puntos que tuvo la telenovela El triunfo del amor, transmitida en el mismo horario. Y al final la serie terminó con un rating de apenas 13 puntos.


La polémica en torno a la producción y financiamiento de esta serie no ha culminado. El miércoles 24 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de la Función Pública que investigue las posibles irregularidades en el uso y destino de los recursos humanos y materiales asignados a la SSP y a la Policía Federal en la producción de El Equipo.


El punto de acuerdo también le solicitó a García Luna que en cinco días hábiles informe a detalle sobre “la relación del total de campañas publicitarias que desarrolla la secretaría a su cargo; el costo de cada una; el renglón del gasto que resultó afectado, como términos y condiciones del contrato”.






Demanda penal contra SSP






La diputada federal perredista Leticia Quezada, quien acusó a la SSP de violar el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos desde que se estrenó El Equipo, presentó el lunes 22 ante la procuradora general de la República Marisela Morales una denuncia por presunto ejercicio indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, entre otros delitos, contra la secretaría que encabeza García Luna.


En su denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, Quezada Contreras argumenta que en la producción de la teleserie:


“1.- Se hizo uso de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, mismas que han sido catalogadas como estratégicas y de seguridad nacional, específicamente en el Centro de Mando de la Policía Federal de la delegación Iztapalapa, así como en las instalaciones subterráneas de su Centro de Inteligencia ubicado en Avenida Constituyentes que concentra la base de datos criminal Plataforma México.


“Ha trascendido que la grabación se realizó durante más de dos meses aprovechando las acciones de entrenamiento, despliegue, traslado y ejercicio de las distintas divisiones de la Policía Federal y sus elementos que se encuentran adscritos al Centro de Mando de Iztapalapa.


“2.- Se hizo uso de armamento propiedad del Estado Mexicano y asignado a la Secretaría de Seguridad Pública.


“3.- Se utilizó efectivos de la Secretaría de Seguridad como ‘extras’, distrayendo en consecuencia de sus cargos y funciones encomendadas a un número indeterminado de policías adscritos a la Policía Federal.


“4.- Se usó indumentaria oficial de los miembros de la Policía Federal, así como identificaciones oficiales, vehículos terrestres e incluso helicópteros Black Hawk, donados por Estados Unidos de Norteamérica como parte de la Iniciativa Mérida, todo ello propiedad del Estado Mexicano y asignado a la Secretaría de Seguridad Pública.


“5.- Se utilizaron las técnicas que los agentes federales utilizan para localizar e identificar a los sospechosos.


“6.- Se distrajeron recursos humanos de la Policía Federal para ‘capacitar’ a los actores que aparecían en el elenco principal de la serie El Equipo.”


La demanda reprocha que “ninguna de las unidades administrativas involucradas tienen información sobre si los equipos, helicópteros, armamento, instalaciones y demás objetos mostrados” en la serie “son patrimonio de alguna dependencia federal”.


También desconocen si hubo algún pago de Televisa para utilizar objetos señalados inmediatamente y no existe información sobe si los pilotos de helicópteros o conductores de vehículos blindados “están adscritos a alguna dependencia o bien son actores que utilizaron el patrimonio público”.


En síntesis, afirma en su demanda la legisladora Quezada, “los servidores públicos del sector central de la Secretaría de Seguridad Pública tienen información sumamente delicada, pues se relaciona con seguridad nacional, hecho que de suyo resulta motivo suficiente para que se inicien las indagatorias pertinentes en el marco de la averiguación previa respectiva”.






La Marina y “La teniente”






No habían amainado las secuelas del fracaso de El Equipo cuando el viernes 19 MVS Noticias reveló en el espacio conducido por Carmen Aristegui que la Secretaría de Marina también promueve una teleserie, pero en TV Azteca, llamada La teniente.


Según el reportero Juan Omar Fierro, la teleserie prevé la grabación de 24 capítulos para una primera temporada con locaciones en instalaciones navales de Acapulco, Cancún, Isla Mujeres, Veracruz y el Distrito Federal, así como en el mar. La trama incluye el uso de embarcaciones y aeronaves de la Armada de México para escenificar el rescate de migrantes, una alerta por el hallazgo de una bomba en la Ciudad de México, el plagio de un buque de guerra y el combate a “piratas modernos”.


La información señaló que desde el 28 de julio pasado el hangar de la Secretaría de Marina en el aeropuerto de la Ciudad de México se utilizó para apoyar a Televisión Azteca en el traslado de 120 personas a Acapulco.


El mismo día la Unidad de Comunicación de la Secretaría de Marina confirmó al periódico El Universal que sí se producirá la serie La teniente, pero se apresuró a afirmar que la dependencia “no pagará un solo peso” para la realización del programa.


Alberto Santini, director de Azteca 13 y Azteca Novelas, afirmó que La teniente promoverá la labor de la Secretaría de Marina.


“Estamos contentos de lo que está pasando y de lo que hace la Marina para ayudar y estar con los mexicanos para salvaguardarnos y es importante lo que se está haciendo con esta obra maestra”, afirmó el directivo de TV Azteca.


La producción de la serie correrá a cargo de Benjamín Salinas y Roberto González y el costo aproximado sería de 5 millones de dólares, pero no quedó claro quién la patrocinará.


Hasta ahora sólo se han grabado tres capítulos en el Distrito Federal, Acapulco e Isla Mujeres y la transmisión se pospuso hasta abril o marzo de 2012 frente al escándalo que se generó por el caso de El Equipo. Algunos reportes internos de la Secretaría de Marina indican que la serie se podría cancelar, aunque insisten en que ninguno de los elementos participa como “extra” y que todo está dentro del marco de los reglamentos.


Para la diputada Quezada el problema con esta serie es el mismo que con El Equipo: “La utilización de recursos públicos y la falta de transparencia en los convenios entre estas dependencias y las televisoras”.


–La Secretaría de Marina insiste en que no destinaron ningún peso en la producción –se le comenta.


–La Marina dice que no pero ¿a poco una televisión comercial va a producir gratis algo para favorecer a una dependencia gubernamental? –se pregunta la legisladora.


“Esto de las teleseries es una burla muy fuerte. Es una forma de operar del gobierno de Calderón para lavar la imagen nacional e internacional”, sentenció la legisladora.


















Ante el Quinto Informe, inútil despilfarro en imagen


Arturo Rodríguez García






Desesperado ante el desastre nacional que tiene ante sí, el gobierno de Felipe Calderón ha dilapidado más de 17 mil millones de pesos en sólo tres años para promover la imagen de su administración y la suya propia. Pero no obstante el gasto multimillonario, sus niveles de aprobación entre la ciudadanía se encuentran a la baja en vísperas de la presentación de su Quinto Informe de Gobierno.


Con los indicadores más bajos de aprobación ciudadana en 11 años de gobiernos panistas, Felipe Calderón llega a su Quinto Informe de Gobierno. A fin de promover su imagen ha incursionado en estrategias de mercadotecnia política que van del talk show a las series televisivas; de la saturación de spots en medios electrónicos al uso de las redes sociales; del discurso que confronta al que concilia y llama a la unidad…


Un día puede vérsele montado en una yegua para emular a Francisco I. Madero en la Marcha de la Lealtad; otro, trepa a un F-5 con chamarra de piel al estilo de la película Top-Gun. A la menor provocación porta camiseta de futbolista o con el pretexto de promover el turismo aparece en la pantalla de televisión vestido de espeleólogo o con traje de buzo.


Pero detrás de lo anecdótico hay un gasto en publicidad oficial que supera todos los registros históricos: sólo en 2010 se erogaron 4 mil 558 millones de pesos en este rubro, un monto que supera en 2.5 veces lo presupuestado para ese mismo año (mil 780 millones de pesos) y cinco veces mayor que lo gastado por Vicente Fox en su último año de gobierno.


El proyecto Publicidad Oficial en México, creado por los organismos Fundar y Artichle 19, con apoyo del Open Society Institute, demostró que el gasto en difusión supera los 151 pesos por habitante.


De acuerdo con su estudio más reciente, con los casi 17 mil millones de pesos derrochados por Calderón en difusión entre 2007 y 2011 se hubieran podido construir 17 hospitales de especialidades; u 89 unidades de tratamiento de leucemia; o dotar de medicinas al Seguro Popular de Michoacán durante 708 años o, inclusive, otorgarle 809 veces más presupuesto a las acciones de prevención y participación ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


Una comparación con otros países muestra la magnitud de la dilapidación: sólo en 2009, México gastó dos veces más en publicidad oficial que Francia o Argentina, tres veces más que España y cinco veces más que Canadá.


En el sitio electrónico se indica que en 2010 el gobierno federal erogó 4 mil 558 millones 604 mil 674 de pesos en publicidad, cuando se habían presupuestado mil 670 millones; es decir, casi triplicó el monto original.


De acuerdo con reportes de la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación contenidos en su Informe sobre la ejecución de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en el primer semestre de 2011 sólo se habían gastado poco más de mil millones de pesos en el rubro.


La Presidencia de la República habría erogado, según ese informe, apenas 8 millones 147 mil pesos, en tanto las dependencias que más gastaron fueron la Secretaría de Turismo, con 437 millones de pesos, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 390 millones, cuyo titular, Ernesto Cordero, es aspirante a la candidatura presidencial.


No obstante, Presidencia utilizó la mayor parte de los tiempos oficiales en medios electrónicos, con 30% de televisión y cerca de un 15% de radio.


Durante el primer semestre de 2011, las dependencias que conforman el gabinete de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la de Seguridad Pública (SSP), la de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR), destinaron de manera conjunta casi 102 millones de pesos al rubro de difusión.


La SSP fue la dependencia que acaparó mayor presupuesto con 23 millones de pesos; sin embargo, sólo la serie de televisión El Equipo, habría costado 118 millones de pesos, contratados desde el año pasado. De hecho, otras contrataciones podrían no reflejarse en el informe de la Segob, pues éste no contempla recursos comprometidos ni pagos pendientes.






Discurso extraviado






A partir del 4 de mayo último, Calderón modificó la forma de comunicar en su gobierno. Con extravíos en el discurso, reparto de culpas y ejercicios publicitarios de prueba y error, ha intentado revertir sus bajos niveles de aceptación. Inclusive, de manera inusual, concedió dos entrevistas ese mismo día: una a Joaquín López Dóriga y otra a Javier Alatorre.


Los discursos del presidente son largos y pueden ser soporíferos. En cada alocución ante inversionistas extranjeros intenta convencerlos de que México es más rentable que Brasil, Rusia, India y China, economías emergentes conocidas como BRIC.


Desde hace algunas semanas, Calderón presume de maneja la economía mejor que Estados Unidos. También afirma que su gobierno pronto alcanzará la cobertura universal de salud y en educación básica y, naturalmente, que su “estrategia” de combate al crimen organizado es la correcta.


A partir del 4 de mayo, en el período de peor calificación a su gobierno, Calderón dio un viraje a su discurso agresivo y retador. Comenzó a llamar a la unidad en torno a su guerra, luego de un mes de descalificar al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.


De acuerdo con el consultor Darío Mendoza, el diálogo celebrado el 23 de junio en el Castillo de Chapultepec con el mencionado Movimiento fue muy provechoso para Calderón, en términos de mercadotecnia política y no le costó un solo centavo.


Un seguimiento de los mensajes de Calderón en los días posteriores al Diálogo de Chapultepec demuestra que el mandatario utilizó en su provecho el discurso de las víctimas, al que pocas veces su gobierno había prestado atención.


El 27 de junio aseguró que trabajaba por construir un país “donde las víctimas recibieran apoyo”. Tres días después, en la sesión del Consejo de Seguridad Pública, hizo citas textuales del Diálogo de Chapultepec y exhortó a los presentes a que escucharan a las víctimas, como hizo él en “la experiencia intensa del diálogo”.


Como avanzaba el mes de julio y no se convocaba al periodo extraordinario de sesiones para aprobar la Ley de Seguridad Nacional, descalificó al Congreso; como no se sostuvo la detención de Jorge Hank Rhon, criticó al Poder Judicial. Además, acusó a los gobernadores de no hacer su trabajo en materia de seguridad, mientras que los integrantes de su gabinete repiten, como él, que urge depurar a las policías locales.


Así, en medio de la confrontación, el incumplimiento de los acuerdos del Diálogo de Chapultepec y una radicalización de la violencia, su Quinto Informe es precedido por el tiroteo registrado el sábado 20 en el estadio Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón, donde se jugaba el partido Monarcas-Santos, y por el ataque al Casino Royale de Monterrey, el jueves 25, donde murieron 52 personas.


Éste último caso, obligó al gobierno de Calderón a admitir por primera vez un acto terrorista y a convocar a la unidad a los dirigentes de los partidos políticos, los titulares de los poderes y los gobernadores, precisamente con los que se ha confrontado en los últimos meses.






Promoción gratuita






En varias ocasiones Calderón se ha tomado la foto con equipos de futbol. El 18 de enero recibió al club Monterrey; el 9 de junio abanderó selecciones nacionales, y un mes después acudió a Mundo Futbol y al Salón de la Fama. El 11 de julio, celebró el triunfo de la selección Sub 17, y el 22 del mismo mes recibió al Club Pumas.


El presidente no desaprovecha la ocasión de aparecer al lado de personajes famosos, como en mayo pasado cuando recibió en Los Pinos al cantante Bono, de U2. Con tal de aparecer en los medios de comunicación incluso se vale de la fama de los delincuentes.


En un informe correspondiente a julio pasado la agencia de seguridad Stratfor señaló que con la difusión masiva de los interrogatorios a capos del narcotráfico detenidos Calderón hacía proselitismo electoral. Con ello, se indicó, el mandatario trata de convencer a los mexicanos de la eficiencia de la lucha que emprendió contra el crimen organizado, con miras a 2012.


Para Stratfor, la difusión de interrogatorios a capos detenidos es “claramente una herramienta de propaganda para las autoridades mexicanas que luchan por convencer a un público descontento de la utilidad de la guerra contra los cárteles de la droga”.


A partir del 25 de enero pasado, al inaugurar la Convención Nacional de Turismo, Calderón anticipó que se convertiría en guía de turistas para mejorar la imagen del país. Desde entonces ha encabezado excursiones con inversionistas y periodistas extranjeros por lugares turísticos de México. Recientemente se disfrazó de espeleólogo, de buzo y hasta se lanzó por una tirolesa.


El gobierno calderonista se ha valido de un nuevo formato publicitario: las series televisivas como El Equipo, de la SSP y La Teniente, de la Semar. A éstas se suma The royal tour, de la cadena estadunidense CBS.


Otra de las “innovaciones” calderonistas en términos de publicidad es la realización de un foro semejante a un talk show llamado “Diálogo Ciudadano”. En el ámbito de la mercadotecnia política a este instrumento se le conoce como town halls meeting, utilizado generalmente en elecciones y con el que Calderón inició la difusión de su Quinto Informe de Gobierno.


En este foro participaron 100 personas, la mayoría ciudadanos que han realizado gestiones en el gobierno y que, con gastos pagados por la Presidencia de la República, acudieron a la capital del país para grabar el programa que se difundió por televisión el pasado 14 de agosto.


A un cuestionario enviado por Proceso, la Presidencia respondió que Leonardo Curzio aceptó conducir gratis el programa que no tuvo costo para el gobierno. El formato y las reglas son desconocidas pues apenas se dijo que una tómbola con los nombres de los asistentes serviría para definir quién sería el afortunado que podría preguntarle lo que quisiera al presidente Calderón, siempre y cuando “fueran directo al grano”. Por lo que toca a los gastos de traslado Presidencia negó esta información y aclaró que sólo la proporcionaría mediante una solicitud oficial.


De los 55 minutos que duró el programa, 32 fueron usados por Calderón; de éstos, 14 minutos con 17 segundos los dedicó a promover su política de seguridad. “El Presidente del Empleo”, destinó a ese tema apenas un minuto con 14 segundos de perorata.


Durante la transmisión, el mandatario se enfocó en defender su lucha contra el crimen organizado y responsabilizar a los gobernadores de los estados, a los Estados Unidos y, al pasado, de los problemas del país. Hubo pocas intervenciones ciudadanas, algunas con elogios y felicitaciones.


De acuerdo con el consultor Ulises Beltrán, el town halls meeting, es un instrumento común en Estados Unidos y se utiliza sobre todo en campañas políticas. Para armar el programa se busca a personas que puedan ser afines a las políticas o los temas tratados. El ejercicio, abunda el especialista, busca dar credibilidad a las políticas y acciones mediante la interacción con la gente proyectando la idea de que quien conduce el programa escucha las preguntas y da respuestas espontáneas.


Darío Mendoza, también consultor en mercadotecnia, explica que en América Latina, los presidentes Álvaro Colom, Hugo Chávez y, en su tiempo, Álvaro Uribe, recurrieron a este instrumento, con la diferencia respecto al formato empleado por Calderón, que considera más acartonado.


“Su discurso es seguridad y el tema bloquea el canal. Si no es espontáneo no se percibe auténtico y se desgasta el ejercicio, se hace monótono… salir mucho en la tele puede ser contraproducente.”


El 25 de agosto, Presidencia de la República informó de un nuevo formato en el que se realizan preguntas directas de los ciudadanos a través de la herramienta Google moderator que transmite texto o video.


Además, inició la transmisión de mensajes temáticos en los que Calderón aparece hablando junto a obras de su sexenio, y que fue anunciado a través del blog que Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia, posteó el 26 de agosto.






A la baja






Los estudios de opinión realizados al segundo trimestre de 2011 demuestran que la aprobación de Calderón ha caído en los niveles más bajos de los 11 años de gobiernos panistas.


En cuanto a aprobación, Consulta Mitofsky midió en julio que sólo 53.2% lo aprueba contra un 4.5% que lo desaprueba. Buendía y Laredo coincide en 53% de aprobación, en agosto.


Respecto al rumbo del país, Mitfosky obtuvo que 59% cree que es el equivocado, en tanto sólo 32.3% considera que es el correcto. En las mediciones mensuales, Mitofsky registra la peor calificación mensual de las administraciones panistas con 63% de los encuestados que cree que el rumbo es el equivocado.


Por su parte, Buendía y Laredo obtuvo que 39% creía, al segundo trimestre de 2011, que el país va por mal camino; 55% pide cambio de rumbo, y sólo 21%, continuidad.


Los resultados de Mitofsky atienden a otros aspectos: en cuanto a la guerra, el resultado es devastador: 56.3% de la población cree que la guerra la va ganando el crimen organizado y sólo 18.8% estima que la gana el gobierno. En 2010, la percepción era distinta: 39% creía que ganaba el crimen organizado y 36.8% que el vencedor era el gobierno.


De acuerdo con el mismo estudio, el presidente, la policía y el ejército tuvieron también su peor nivel de confianza. De 12 instituciones medidas por su nivel de confianza, el presidente quedó en octavo lugar.


En mayo pasado, Roy Campos, director de Mitofsky, dio a conocer que en 54 meses de gobierno la población se encontraba dividida: 49% aprobó el trabajo de Calderón y un similar 49% lo reprobó; esa fue la primera medida trimestral en que su aprobación bajó de 50%.


Y fue ese mes cuando inició el cambio en el discurso, la transmisión de series como El Equipo y los cambios en la estrategia de comunicación.